el conflicto del campo de 2008: consolidación del modelo ... · resumen en el mes de marzo de 2008...
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Tesis presentada para la obtención del grado deLicenciado en Sociología
Director: Varesi, Gastón Angel
Cita sugerida:Armengol, G. (2015). El conflicto del campo de 2008: Consolidación del modelo sectorialde agro-negocios y crisis de hegemonía. Trabajo final de grado. Universidad Nacional deLa Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En MemoriaAcadémica. Disponible en:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1183/te.1183.pdf
Armengol, Germán
El conflicto del campo de 2008:Consolidación del modelosectorial de agro-negocios ycrisis de hegemonía
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
Licenciatura en Sociología
Trabajo Final
“El conflicto del campo de 2008. Consolidación del modelo
sectorial de agro-negocios y crisis de hegemonía”
Alumno: Armengol Germán
Número de Legajo: 61221/2
E-mail: [email protected]
Director: Dr. Varesi, Gastón Ángel
LA PLATA, OCTUBRE DE 2015
RESUMEN
En el mes de marzo de 2008 se desató en Argentina el llamado conflicto del
“campo” entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y este sector, a raíz de la
modificación en el sistema de retenciones que se venía aplicando a la exportación de
cereales y oleaginosas. Teniendo en cuanta que el conflicto se transformó en un hito de
la historia argentina reciente, el presente trabajo busca aportar en la construcción de un
marco interpretativo para el abordaje del mismo, que nos permita comprender las causas
por las cuales la inicial reacción gremial-corporativa frente a la medida rápidamente se
transformó en una disputa de dimensiones políticas a partir de la conformación de dos
polos antagónicos (Gobierno/patronales agrarias), que en su lógica de construcción
fueron tensando y agudizando el conflicto hasta poner en crisis el proyecto político-
económico del Gobierno. Para ello, entendemos necesario encuadrar el conflicto en el
marco de una puja redistributiva en un contexto de reconfiguración del modelo de
acumulación a partir de la salida de la convertibilidad del año 2002, y al mismo tiempo,
indagar en las particularidades de la construcción de hegemonía en que se sustentan uno
y otro proyecto político-económico. En ese sentido, partimos de un análisis del modelo
sectorial de agro-negocios, articulando sus rasgos y dinámicas con las del modelo de
acumulación a nivel nacional, constituyendo la base socio-económico que nos permitan
aportar a la comprensión del conflicto agrario, viendo cómo dichas lógicas estructurales
se articularon con el proceso del conflicto político y la disputa por la hegemonía.
PALABRAS CLAVE
MODELO DE ACUMULACION - MODELO SECTORIAL DE AGRO-NEGOCIOS -
PUJA DISTRIBUTIVA - HEGEMONIA.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 4
Capítulo 1: ANTECEDENTES Y ENFOQUE 7
1.1 Estado del arte 7
1.2 Abordaje teórico-conceptual 13
Capítulo 2: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL AGRO
ARGENTINO
20
2.1 Transformaciones de largo plazo en el agro argentino 20
2.2 La nueva estructura productiva 23
Capítulo 3: MODELO SECTORIAL DE AGRO-NEGOCIO 28
3.1 Rol y peso específico del modelo sectorial de agro-negocio dentro
del conjunto del modelo de acumulación
28
3.2 Los actores involucrados 35
Capítulo 4: LA CONSTRUCCION DE HEGEMONIA EN EL
PROYECTO POLITICO-ECONOMICO
41
CONSIDERACIONES FINALES 54
BIBLIOGRAFÍA 60
FUENTES DOCUMENTALES 64
DISCURSOS 65
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un marco interpretativo para un
abordaje sobre el llamado conflicto del “campo” que se desató en marzo del año 2008 y
que, a la luz de los hechos, se transformó en un hito de la historia argentina reciente.
La implementación por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a
través del Ministerio de Economía1, de una modificación en el sistema de retenciones
que se venía aplicando a la exportación de cereales y oleaginosas suscitó una reacción
inmediata gremial-corporativa de los actores directamente afectados, liderados por las
patronales agrarias, pero que rápidamente fue desbordando este carácter inicial para
transformarse en una disputa de dimensiones políticas a partir de la conformación de
dos polos antagónicos (Gobierno/patronales agrarias) que en su lógica de construcción
fueron tensando y agudizando el conflicto.
La medida en sí implicó la implementación de un sistema de retenciones móviles
en un contexto de fuerte alza sostenida de los precios internacionales de los
commodities en general y de la soja en particular2. Con esto el Gobierno buscaba, no
sólo capturar parte de las rentas y ganancias extraordinarias obtenidas por el sector (y
derivarlas a otras fracciones sociales), sino también ejercer una política antiinflacionaria
al desacoplar los precios externos de los internos.
En primer lugar, haremos una descripción de las transformaciones estructurales
acaecidas en el sector agro-industrial argentino en el transcurso del siglo XX, haciendo
1 La Resolución del Ministerio de Economía Nº 125 del 10 de marzo de 2008 establecía un sistema deretenciones (derechos de exportación) móviles para cereales y oleaginosas y nuevos valores deporcentajes que variaban según el precio internacional de los productos. A su vez, aumentaba fuertementela alícuota para la soja y girasol pero disminuía levemente para trigo y maíz.2 A partir de julio de 2007 todas las commodities de exportación sufrieron una suba importante. El trigoalcanzó u$s 226 en junio del 2007, la soja u$s 281 y poco después en septiembre llegó a los u$s 350mientras que el girasol superó los u$s 400. A partir de entonces las alzas fueron vertiginosas: la soja logróun máximo de u$s 548 en julio del 2008 (véase Giarracca y Teubal 2009).
4
hincapié en algunos puntos de inflexión en este proceso que desembocan en lo que
vamos a denominar (y desarrollar) específicamente como modelo de agro-negocios,
actualmente vigente. Entendemos al modelo de agro-negocios como un modelo
sectorial, el cual constituye un concepto de menor rango, de mayor especificidad,
dentro del modelo de acumulación a escala nacional.3
A su vez, describimos cómo se fueron cristalizando las relaciones de fuerza y el
rol del Estado, en el proceso de conformación del modelo de acumulación en que se
enmarca el modelo de agro-negocios, y qué factores influyeron luego en el momento del
conflicto. Para esto trabajamos con el concepto de hegemonía de Gramsci, que nos
permitirá describir los componentes políticos e ideológicos que se fueron vinculando
complejamente con la dinámica del modelo de acumulación.
Articulando ambos conceptos, modelo de acumulación (y más particularmente
modelo sectorial) y hegemonía, indagamos en las causas del conflicto, las
particularidades de su desarrollo y las características de los actores involucrados,
buscando aportar a la comprensión de un conflicto entre el Gobierno y un sector de la
economía argentina que, paradójicamente (o no), se encontraba en fuerte expansión y
con márgenes de rentabilidad extraordinarios (y con excelentes perspectivas a futuro).
El abordaje metodológico que empleamos parte de una estrategia que articula
técnicas cuantitativas de análisis de indicadores socio-económicos (P.B.I. general y
agropecuario [INDEC], índices ligados a la producción agrícola [Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca)], uso y tenencia del suelo [censos agropecuarios],
cotización de los commodities [Bolsa de Valores de Rosario], entre otros) articuladas
3 El uso del concepto fue sugerido por el Director de la presente Tesina.
5
con técnicas cualitativas, basadas principalmente en el análisis de documentos y
discursos de los actores involucrados en el problema de estudio.
6
Capítulo 1: ANTECEDENTES Y ENFOQUE
1.1 Estado del arte
La importancia que el denominado conflicto del campo ha tenido en la historia
reciente argentina se puede ver también en la cantidad de producción académica que ha
abordado el tema desde una multiplicidad de enfoques.
Podemos mencionar algunas investigaciones como las de Basualdo (2008, 2011),
relacionado con las transformaciones tecnológicas y productivas en el agro pampeano
marcando la continuidad del predominio de los grandes terratenientes y la expansión del
arrendamiento entre pequeños y medianos propietarios, dando lugar a alianzas
sectoriales inéditas; Bisang (2008), mirando la relación de las transformaciones del agro
argentino, el flujo de grandes capitales internacionales y el rol del Estado; Katz, (2008),
marcando la disputa por la renta agraria entre los eternos dueños de la tierra y las
administraciones que pretenden orientar el excedente hacia otros sectores de la
sociedad; Reboratti (2010), con una mirada puesta en las transformaciones tecnológicas
y productivas a partir del proceso de “sojización” del agro argentino; Varesi (2010a),
explorando la relación entre el modelo de acumulación de la post-convertibilidad y el
circuito productivo sojero argentino, entre otros, todos ellos poniendo el foco en las
transformaciones estructurales del agro argentino.
Por otro lado, tenemos las investigaciones que hacen hincapié en las lógicas
políticas e ideológicas que se suscitaron en torno al conflicto. Entre ellas podemos
destacar las de Giarracca, Teubal y Palmisano (2008), cuyo trabajo reconstruye una
7
cronología y una periodización del conflicto. Rzezak (2008), con un análisis original,
aborda de manera introductoria el tema desde cuatro grandes enfoques teórico-
conceptuales (el análisis discursivo, la teoría de los juegos, el estructuralismo y la teoría
de la hegemonía) buscando la contribución que esta mirada multidisciplinar tendría para
entender el conflicto y sus consecuencias. Ibañez y Cabral (2008), indagan en el papel
de los medios de comunicación en el conflicto campo/gobierno y la relación medios,
grupos económicos y Estado. Gras y Hernández (2009), identifican actores, expectativas
y sus diversos modos de representación y formas de expresión. Finalmente, Mengo y
Pizarro (2010), desde un enfoque de análisis del discurso (los tres primeros de la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde que se inició el conflicto) describen el
pasaje de la confrontación al “campo” hasta la convocatoria al diálogo.
A su vez tenemos un abanico de posicionamientos frente a la sustentabilidad del
modelo de agro-negocios y de las consecuencias del proceso de “sojización” del campo.
Comencemos con el análisis de Osvaldo Barsky y Mabel Dávila en el libro “La
rebelión del campo” (2008). Estos autores, que hacen un minucioso abordaje del
desarrollo del agro argentino, parte del cual tomamos para este trabajo, presentan una
mirada más bien haciendo hincapié en lo que podríamos describir como “excesos” de
los actores involucrados, pero sobre todo, en una falta de regulación, control y
planificación por parte del Estado Nacional muy abocado a captar las bondades de las
ganancias extraordinarias generadas por las actuales circunstancias históricas.
Los autores no ponen en duda los niveles de rentabilidad que vienen obteniendo
los actores del sector, incluso citando indudables fuentes respecto a los elevados
márgenes de ganancia y un excelente estudio realizado en el año 2006 por Eduardo
Trigo y Eugenio Cap, donde se estiman los beneficios netos generados por la soja
8
resistente a herbicidas, de donde se desprende que para la década que va de 1996 al
2005 se llegó a la suma de 19,7 mil millones de dólares; y que fueron distribuidos de la
siguiente manera: 77,45% para los productores, 13,39% para el Estado Nacional por
impuestos a las exportaciones, 5,25% para los proveedores de herbicidas y 3,9% para
los proveedores de semilla.
En primer lugar, afirman que la expansión de la soja no implica la falta de otros
alimentos básicos de la canasta familiar. Así, la producción de trigo, maíz, leche y carne
para abastecer el mercado interno no peligrarían frente a la expansión de la soja y que
las tendencias muestran que los excedentes exportables de estos bienes son muy
significativos, más allá de lo que afirmen algunos dirigentes de las entidades del
“campo”.4 El cambio tecnológico ha permitido incrementar la productividad a través de
semillas transgénicas, sofisticación de la maquinaria agrícola, siembra directa, la
utilización de fertilizantes y agroquímicos, la expansión de la frontera agrícola con el
avance hacia zonas no cultivadas por razones climáticas (la siembra directa permite
cultivar en zonas consideradas de insuficiencia hídrica) y al combinarse la soja como
segundo cultivo anual con el trigo, la consolidación del asesoramiento técnico como un
elemento esencial de la producción y estructuración de una poderosa red de productores,
el aporte de los contratistas de maquinarias, los asesores privados, investigadores y
extensionistas del sector público (INTA, CONICET, Universidades, etc.), entre otros
factores.
En el caso del trigo y maíz, aunque a menores ritmos, la expansión fue
simultánea y no está en contradicción con la expansión de la soja.
4 http://www.lanacion.com.ar/1137204-en-2010-el-pais-importara-carne-y-trigo-dijo-biolcati Segúnsostuvo Biolcati: Apoyado en un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) de laRural, el dirigente vaticinó incluso que en 2010 el país tendrá que importar carne y trigo.
9
En segundo lugar, no se puede hablar de monocultivo pese al gran crecimiento
que ha tenido la soja, ya que se ha expandido también la producción de trigo, maíz y
más recientemente el girasol, al tiempo que se está dando una significativa recuperación
del algodón. La producción ganadera estaría también acompañando fuertemente este
proceso de expansión sojero5.
Tampoco serían nocivos los efectos generados por el modelo en términos de
empleo. Si bien los cultivos de soja, trigo y maíz que crecieron en gran medida
conllevan una menor ocupación por hectárea, no debe dejarse de lado, afirman, el hecho
de que la expansión productiva en materia de frontera agrícola, tanto espacial como
temporal (doble cultivo), implica un mecanismo compensador en materia de absorción
de empleo en términos absolutos. El impacto negativo que produce el avance de esta
agricultura más intensiva en tecnología y capital sobre el empleo directo, según Barsky
y Dávila, sería compensado “aguas abajo” en el encadenamiento sojero (acopio,
aceitera, puertos, transporte, etc.) y de servicios conexos, generando un aumento
indirecto de empleo, sin que esto implique absorber la mano de obra que deja la
explotación rural de labranza tradicional6.
En relación con lo medioambiental, para los autores la deforestación que se da,
sobre todo en el noreste de nuestro país, no es producto sólo de la siembra de soja sino
que afirman que tanto los restantes cultivos como la ganadería suponen la aplicación de
la misma tecnología para adecuar los suelos. Por otro lado, no habría problemas de
conservación sino fuera porque el proceso está concentrado en ciertas zonas del Chaco
húmedo y subhúmedo, en donde el desmonte ha avanzado de manera más severa;
5 Vale aclarar que autores como Reboratti (2010) plantean un punto de vista opuesto señalando lacuantiosa pérdida de cabezas de ganado por el avance de la sojización.6 Trabajos como el del CENDA (2008) sostienen. por el contrario, como la principal causa de la escasageneración de empleo del sector, a la implementación del paquete tecnológico vinculado a la producciónde soja.
10
tendencia ésta que se remediaría con el diseño de políticas estatales de ordenamiento
territorial que lleven a la creación de áreas protegidas que impidan la eliminación
masiva del ecosistema natural.
La degradación de los suelos se da en los casos en donde no se rota el cultivo,
sembrando soja de primera y de segunda. Es imprescindible la rotación con trigo y maíz
para mejorar el aporte de carbono al suelo. La siembra directa implica una gran
recuperación de los suelos pero no si se combina con el monocultivo.
Por otra parte, Barsky y Dávila señalan respecto a la supuesta contaminación que
produciría el uso de agroquímicos, que los herbicidas totales encabezados por el
glifosato, que tienen una alta efectividad para controlar todo tipo de malezas y no tiene
efecto residual, permitieron reducir el consumo de atrazina, un herbicida de acción
residual sumamente tóxico.
En definitiva, sostienen, todos los impactos negativos pueden ser mitigados con
prácticas conservacionistas como la rotación, siembra directa y el uso de agroquímicos
de menor toxicidad.
No hay en el trabajo una crítica al modelo en sí, sino más bien a la falta de
políticas que permitan encausarlo evitando los excesos; o en su defecto, una alternativa
dentro de esta misma lógica del agro-negocio sin los efectos colaterales indeseados.
En cambio, autores como Miguel Teubal (2008) e Irma Lorena Acosta Reveles
(2008), entre otros, plantean que no hay una sin la otra.
Estos autores comparten la idea de que el conflicto tuvo como epicentro la lucha
por las retenciones, en cómo se repartían las rentas extraordinarias generadas por el alza
de los precios internacionales de los commodities entre el Gobierno y los distintos
11
sectores del campo, y no una discusión respecto al modelo de agro-negocios en sí, como
discursivamente se pretendía instalar desde ambos “bandos”.
Ninguno de los aspectos negativos del modelo, tanto sociales, económicos,
culturales, medioambientales o sanitarios, han sido considerados lo suficientemente
importantes como para merecer la modificación del rumbo, y ni siquiera lo han sido
como para que los actores involucrados aborden en profundidad la discusión acerca del
modelo en vigencia.
El modelo, sostienen estos autores críticos, tiene como contrapartida la
especialización, tanto en el país como a nivel regional, en la producción y exportación
de unos pocos productos primarios, demasiado expuestos a los vaivenes de la economía
mundial por el grado de desregulación actual en el que se encuentran, producto del
desmantelamiento casi total de las instituciones que antes cumplían esa función bajo una
lógica de desarrollo bastante distinta a la presente.
Esta nueva lógica del agro-negocio no sólo no se sustenta en la seguridad
alimentaria, en la necesidad de ser autosuficiente en la provisión de los alimentos que
consume la población, en definitiva, en sostener la base productiva agroalimentaria, sino
que por el contrario a la especialización se le agrega el avance hacia una mayor
apropiación privada de los recursos naturales, el aprovechamiento irrestricto del agua,
tierra y bosques; el empobrecimiento del suelo derivado de la tendencia al monocultivo
y del abuso de los agrotóxicos y los cambios radicales en el uso del suelo.
Desde lo estratégico, el crecimiento de la soja transgénica coloca al país en un
lugar de dependencia respecto a las grandes empresas multinacionales, como lo
demuestra el dominio que ejercen Monsanto y Novartis, por ejemplo, que no sólo
proveen semillas sino también el paquete tecnológico y los agroquímicos.
12
Por otro lado, social y culturalmente, el modelo ha llevado a la desaparición de
gran parte de la agricultura familiar y de los trabajadores rurales.
Tenemos entonces un proceso de desarrollo tecnológico y biotecnológico que ha
jugado un papel vital en el proceso de exclusión social desde los mercados de trabajo,
de tierras y de insumos productivos, bajo el criterio de la mayor ganancia posible en
menor tiempo.
Tampoco hay que soslayar dos elementos que pueden contribuir a acelerar la
continua expansión del modelo. Por un lado, la necesidad de desarrollar los bio-
combustibles debido al interés de Estados Unidos y otras potencias por sustituir el
petróleo por otras fuentes energéticas; y, por otro, el papel que empieza a tener China en
el panorama mundial, constituyéndose en un gran y creciente demandante de soja.
1.2 Abordaje teórico-conceptual
Como abordaje teórico-conceptual principal del tema del conflicto agrario
haremos un análisis enfocado desde la teoría socioeconómica estructuralista, que en
Latinoamérica tuvo su auge en la década del 60 y 70 con la denominada “Teoría de la
dependencia”. Ésta sostiene la idea de una dinámica de funcionamiento del capitalismo
como interrelacionado en un sistema interdependiente, que explicaría las crisis
económicas de los países de nuestra región (América Latina) por factores
fundamentalmente económicos vinculados con la relación de dependencia entre
“periferia” y “centro” (Wallerstein, 1974 y Dos Santos, 1978, entre otros). Dentro de
esta corriente teórica nos vamos a apoyar más precisamente en los fundamentos
13
planteados por autores como Cardoso y Faletto (1976), para quienes la relación de
dependencia se sustenta en la confluencia de los factores económicos propios de la
dinámica de inserción capitalista dependiente de cada país, junto con factores político-
sociales vinculados al comportamiento de grandes empresarios y su relación con el
Estado y con otros actores importantes del sistema.
Para el caso específicamente argentino, abordado por autores como Nochteff
(1995), Pucciarelli (1999) y Castellani (2007), hablamos de un proceso de puja
distributiva entre distintas fracciones del capital, vinculadas por un lado con el
desarrollo industrial y, por el otro, con la exportación de materias primas7.
Esto será complementado con un análisis de las relaciones de fuerza visto desde
la óptica de la construcción de hegemonía, en términos gramscianos (Gramsci, 2003;
2008), introduciendo variables que nos permitan entender a grandes rasgos la
articulación de los distintos actores sociales en una dimensión más relacionada al
proyecto político-económico. Asimismo, entendemos importante ver el rol que el Estado
cumple en la reproducción ampliada del capital que caracteriza el modelo de
acumulación y en la construcción de alianzas que le permitan llevar adelante un
proyecto político-económico determinado.
A los efectos del abordaje de corte económico en primer término planteado en el
párrafo inicial, tomaremos como primera variable el modelo de acumulación
característico del período que nos ocupa. Para ello resulta necesario realizar una
aproximación a la definición de lo que en el presente trabajo entendemos por tal. 7 Rzezak sostiene que “Dada la creciente diversificación e integración vertical y horizontal que caracterizadesde los años ´60, y especialmente desde mediados de la década del ´70, al conjunto de los gruposeconómicos de nuestro país (véanse Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989; Azpiazu y Basualdo, 1990;Castellani, 2004; Basualdo, 2006), este concepto es, en realidad, más bien analítico. En ese contexto,como destacan Giarracca y Teubal (2006:77 y ss.), el sector “agroexportador” debería ser denominadomás bien como sector agroindustrial, en razón de su íntima relación, sobre todo a partir de la década del´90, con la incorporación tecnológica de maquinarias y otros mecanismos organizativos que, como en elcaso de los fondos de inversión, permiten la reducción integral de sus costos” (2008:13).
14
Para empezar decimos que, cuando hablamos de modelo de acumulación,
estamos definiendo a éste como un subperíodo particular dentro del régimen de
acumulación (Varesi, 2013a). El caso de estudio se enmarca así en el período más
prolongado que arrancó con el golpe cívico-militar de marzo del 76 y que significó, tal
como formula Basualdo (2008), el inicio de una fase de transición con el despliegue de
nuevas alianzas y contradicciones sociales que responden a importantes modificaciones
estructurales que se originaron en décadas anteriores y que persisten en la actualidad.
Hablamos de un período de drásticas reformas al proceso de acumulación de capital
hasta entonces vigente, basado en la sustitución de importaciones, implementado
mediante un proyecto político-económico de Gobierno basado en una sistemática y
feroz represión que quebró el cuadro de relaciones de fuerza que permitía a las clases
subalternas mantener un relativo equilibrio en términos de hegemonía con la clase
dominante, volcando definitivamente la balanza a favor de los segundos. Esto permitió
preparar el terreno para una profunda transformación de las bases económicas, políticas
y culturales de la sociedad argentina en su conjunto. Se inició así una etapa de
neoliberalismo signado por la apertura económica y reforma financiera, generando un
proceso de especulación y de valorización financiera que, por primera vez, llevó a que
el patrón de acumulación pase por el sector financiero en lugar del sector industrial.
Como señala Basualdo:
“… uno de los elementos decisivos de la política económica dictatorial para reestructurar la
economía argentina consistió en la aplicación de políticas monetaristas, para lo cual fue
fundamental la reforma financiera implementada a mediados de 1977. Una de las consecuencias
centrales de la misma fue eliminar la posibilidad de que el sector estatal se financie mediante la
emisión de dinero por parte del Banco Central (BCRA), obligándolo a endeudarse con el sistema
financiero. Como el sector público es el mayor tomador de crédito de la economía argentina, esta
15
medida determinó que las elevadas tasas de interés de aquellos años fueran el precio relativo
predominante de la economía argentina” (2008:33).
Como se mencionó antes, hablamos de cambios estructurales que llevaron a la
ruptura del proceso de reproducción ampliada del capital hasta entonces vigente,
cerrando el régimen de acumulación de industrialización por sustitución de
importaciones (ISI).
Dentro del marco de este régimen de acumulación neoliberal se desarrollaron
distintos modelos de acumulación. Siguiendo a Varesi entendemos por modelo de
acumulación “la forma que adquiere el proceso de reproducción ampliada de capital
(Marx, 2007 [1885]) en un espacio y tiempo determinado, en el cual se observan
relaciones de regularidad y prelación en sus elementos estructurales y superestructurales
en un nivel de mayor especificidad que en el régimen de acumulación que lo contiene”
(2013a:39). Al tratarse de un recorte analítico delimitado por espacio y tiempo, y
cumpliendo con las demás características, podemos encontrar distintos modelos de
acumulación como momentos singulares dentro de un mismo régimen de acumulación8,
de modo que esta herramienta teórica nos permite identificar subperíodos temporales
más breves abordados con niveles de mucha menor abstracción, mirando al interior de
los procesos de acumulación las diferencias en las políticas aplicadas, cambios en las
variables económicas y en las relaciones entre las fracciones de clase. Por último,
mientras que el modelo de acumulación se acota a una sola formación social, en este
caso el modelo de acumulación a nivel nacional, el régimen de acumulación puede
comprender un amplio conjunto de formaciones sociales.
8 “…así tanto el modelo liberal-corporativo (en el sentido Pucciarelli, 2004b) que caracterizó a ladictadura y el modelo de la convertibilidad podrían considerarse como distintos modelos dentro delrégimen de acumulación neoliberal instaurado en Argentina a partir del golpe de Estado de 1976.”(Varesi, 2013a:38)
16
En concordancia con estos conceptos teóricos y buscando una mayor
especificidad en nuestro análisis vamos a seguir el camino metodológico de descender
aún más en el nivel de abstracción. Para esto, tomando las sugerencias formuladas por
Varesi (Director de la Tesina), vamos a trabajar con un desagregado de menor escala del
concepto de modelo de acumulación, que para el objeto del presente estudio vamos a
denominar modelo sectorial de acumulación. Esto nos va a permitir indagar y describir
las dinámicas que se desarrollan en los ámbitos más específicamente relacionados con el
modelo sectorial del agro-negocio.
Asimismo, abordar el tema conceptualmente desde una óptica de construcción
de hegemonía nos permitirá articular las condiciones estructurales con las relaciones de
fuerza entre las distintas fracciones del capital.
El concepto de hegemonía refiere en primer término a la dirección política de un
grupo sobre otro, pero Gramsci va a hacer énfasis además en la dirección ideológico-
cultural. Entiende así la hegemonía como una relación social que atraviesa distintas
dimensiones partiendo de relaciones de poder de carácter económico que provienen del
desarrollo de las fuerza productivas y de la posición y función que ocupan los agentes
en la producción pero que se realiza en las superestructuras a través de una concepción
del mundo que encarna la visión general y expresa los intereses del grupo dirigente, al
tiempo que se plasma de formas diversas en el sentido común, en las prácticas
cotidianas y en su momento más desarrollado, funda un tipo particular de Estado
(Gramsci, 2003; 2008). Gramsci describe el “momento” de la hegemonía:
“donde se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y
futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico y pueden y
deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más
estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras
17
complejas, […] determinando además los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y
moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano
corporativo sino sobre un plano “universal” y creando así la hegemonía de un grupo social
fundamental sobre una serie de grupos subordinados” (2003:72).
Concibe la hegemonía como la construcción, a partir del consenso9, que permite el paso
a una esfera de dirección intelectual y moral, hasta el punto de que la clase pase del
particularismo al universalismo y dirija así a otros grupos “La supremacía de un grupo
social se manifiesta de dos maneras, como dominio y como dirección intelectual y
moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a ‘liquidar’ o
a someter incluso con la fuerza armada y es dirigente de los grupos afines y aliados”
(Gramsci, 2003:37). En este proceso de construcción de hegemonía el Estado adquiere
entonces su forma particular. Gramsci pretende superar las miradas “instrumentalistas”
o “mecanicistas” sobre el Estado imperantes en el marxismo clásico, que veían a este
como simple instrumento de dominación de una clase y espejo de las condiciones
estructurales existentes. La forma particular que adquiere el Estado sería entonces fruto
de las relaciones mucho más complejas que se dan entre sociedad y Estado; no se puede
simplemente ver como un conjunto de aparatos que se encuentran por encima y al
margen de la sociedad, que son utilizados por la clase dominante a su antojo para
asegurar su predominio. Tampoco se puede reducir la interpretación de su existencia
únicamente a la de un aparato de coerción (Estado en sentido restringido), sino que
logra mantener su poder mediante una compleja red de instituciones y organismos que
en el seno de la sociedad civil, además de organizar/expresar su propia unidad como
clase, organizan el consenso de las clases subalternas, para la reproducción del sistema
de dominación. Esto sería el proceso de construcción de hegemonía donde “El Estado es
9 En Gramsci tanto la coerción como el consenso son constitutivos de la política, lo que varía es cuál delos dos componentes predomina: si predomina la coerción, predomina el dominio, en cambio, sipredomina el consenso, ahí entramos en el terreno de la hegemonía.
18
concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones
favorables para la máxima expansión del mismo grupo; pero este desarrollo y esta
expansión son concebidas y presentadas como la fuerza motriz de una expansión
universal, de un desarrollo de todas las fuerzas nacionales” (Gramsci, 2003:58).
19
Capítulo 2: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL AGRO ARGENTINO
2.1 Transformaciones de largo plazo en el agro argentino
La imagen del campo argentino visto como compuesto por grandes terratenientes
y una multiplicidad de chacareros de diferentes capacidades productivas ha sido
fuertemente trastocada en los últimos 50 o 60 años.
La considerable inversión y tecnificación que se empieza a dar a partir ya de la
década del 50 en la zona agropecuaria pampeana comienzan a dibujar un mapa
diferente. Uno de los aspectos decisivos fue la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956, que jugó un papel relevante como el gran
convertidor de la oferta tecnológica disponible en el nivel internacional para la
agricultura de clima templado (este no es un dato menor, como veremos luego). Sumado
a esto la acción de la industria privada de semillas y agroquímicos.
Desde entonces se va a dar un progresivo incremento de la producción agrícola
y, consecuentemente, del PBI agropecuario que se expandió entre 1970 y 1984 a una
tasa media anual del 2,8%; y en particular, el relativo a los cultivos creció en el período
indicado a una tasa media de 4,4%, debido fundamentalmente al crecimiento de
oleaginosas, básicamente soja (12,5%) (Barsky y Dávila, 2008).
Los importantes cambios tecnológicos introducidos en la región pampeana y, en
menor medida, el desplazamiento de tierras de uso tradicionalmente ganadero hacia la
agricultura, hacen a esta expansión en la producción de cereales y oleaginosas a un
20
ritmo creciente llegando a la cosecha 1984-85 de 44 millones de toneladas, cuatro veces
más que en el 50-54 y 60% más que en el 72-73. Como contrapartida se da en la zona
una caída de la actividad ganadera vacuna y ovina.
Este crecimiento de la agricultura pampeana se dio más que nada por el gran
cambio tecnológico introducido que permitió generar promedialmente rentabilidades
adecuadas pese a las oscilaciones permanentes de los precios de los productos,
empujados por el aumento de la demanda internacional.
El cambio tecnológico consiste en la introducción de la semilla mejorada10 de
trigo, maíz, sorgo, sorgo granífero, girasol, y la difusión masiva de la soja acompañados
todos de novedosos y complejos paquetes tecnológicos para su implementación. El uso
de herbicidas fue muy importante en el control de las malezas, imprescindible para el
cultivo de la soja. Como dato podemos mencionar que el empleo de herbicidas para
control de las malezas, que tradicionalmente se realizaba con medios mecánicos, se
cuadruplicó entre 1970 y 1985.
Puntualmente, desde los ’70 a nuestros días se produce un intenso proceso de
sojización, basado en la preeminencia de la producción de soja en detrimento, ya no
sólo de la actividad ganadera sino también de otros productos agropecuarios. Este
modelo va a tener su profundización en los ’90 a partir de la liberalización de la soja
transgénica en el mercado nacional. La Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos de
la Nación autorizó en el año 1996, mediante Resolución Nº 167/96, la producción y
comercialización de las semillas GM (genéticamente modificada) que, conjuntamente
con un descenso de los aranceles a la importación de agroquímicos y maquinarias en el
marco de la apertura comercial, implicó un importante punto de inflexión.10 Se trata del reemplazo de la semilla convencional por semilla transgénica que permiten el uso deherbicidas para controlar malezas durante el crecimiento del cultivo sin afectar a la planta. Los dos másdifundidos son la soja RR (Roundup Ready) y el maíz Bt.
21
Lo que se da con este proceso es un cambio muy destacado en las formas de
producir, en la utilización del suelo y en los resultados económicos de la producción
agrícola, impulsada por una fuerte demanda internacional.
Todo esto no hubiera sido posible de no gestarse un marco institucional que
permitiera la consolidación de un modelo sectorial de agro-negocios en el país, forjado a
partir de la dictadura militar de 1976, enmarcado en la globalización y el predominio del
capital financiero. Hablamos del surgimiento de un nuevo modelo de acumulación
sectorial para el agro y el sistema agroalimentario basado en el control por parte de
grandes empresas transnacionales de sectores claves del sistema agroalimentario a partir
del proceso de desregulación encarado. Estas empresas tienen una lógica diferente a la
lógica agroindustrial imperante hasta ese momento, basado en la producción de los
chacareros, de cooperativas de producción y comercialización, de industrias nacionales,
de cadenas agroindustriales que, si bien tendían a la exportación, no descuidaban la
producción de alimentos orientados al consumo popular masivo.
El momento culmine de este proceso de desregulación y de cambio de lógica de
acumulación agroindustrial se da en el año 1991 con la eliminación de todas las Juntas
reguladoras de la actividad agropecuaria (Junta Nacional de Granos, de Carnes, etc.)
que operaban desde los ’30. Este viraje hizo del agro argentino uno de los más
desregulados del mundo, sujeto abiertamente a los vaivenes de la economía mundial. De
esta desregulación y desmantelamiento de estructuras estatales existentes no escapó el
INTA, cuyo banco de semillas pasó a ser parte del conocimiento con el que contarían las
corporaciones que llegaban al país de la mano del agro-negocio.
Por otro lado, se flexibilizaron las leyes de arrendamiento mediante el nuevo
contrato por cosecha, y surgió la figura del contratista, con o sin tierra propia. Se
22
privatizaron los silos y los puertos y se fue configurando un nuevo complejo
agroexportador dominado por las grandes exportadoras.
La lógica reinante se sustenta en la producción de commodities orientados a la
exportación, basándose en tecnología de punta y un cambio en la escala de las unidades
productivas. Este cambio de la forma de producir implicó la desaparición de unas
87.000 unidades productivas11 (sólo si miramos los datos estadísticos intercensales
correspondientes a los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002) consideradas
ineficientes en el marco de las condiciones imperantes para el nuevo modelo de agro-
negocios, por la imposibilidad de estos actores de acoplarse al proceso modernizador.
2.2 La nueva estructura productiva
Como dijimos en la introducción, la fisonomía rural del país ha cambiado
radicalmente en el último cuarto de siglo, siendo argentina uno de los mejores ejemplos
de acelerada reconversión productiva hacia este nuevo modelo de agro-negocios. Para
autores como García y Rofman (2009) las diferencias en el escenario agrícola argentino
siempre existieron, siendo lo particular de la época su exacerbación; llevando esto a
agrandar la brecha entre los que se acoplaron al proceso “modernizador” de la
agricultura en el capitalismo de escala global y quienes quedan al margen del sistema.
Así, los autores describen un “campo” inmerso en una determinada estructura de poder
que a grandes rasgos muestra un modelo basado en el agrobusiness, contrapuesto a otro
de agricultura familiar. Los cambios serían el resultado de múltiples dinámicas que
11 Teubal (2008), a partir de comparar datos provistos por el Censo Nacional Agropecuario de 1988 y 2002.
23
interactúan a nivel local, nacional y global, comandada por esta última. Otros, como
Bisang y Gutman (2003), entienden que el impacto de la llamada “revolución verde”
(difusión de la agricultura científica en el agro) ha sido acotado y tardío en el escenario
local pero de una intensidad que llevó a una transformación drástica a partir de la
apertura económica y la desregulación estatal de la década del 90.
Como bien resume Acosta Reveles (2008) hay una creciente especialización
regional hacia los cereales y las oleaginosas, y en especial de la soja, con una escalada
ininterrumpida de innovaciones tecnológicas con fuerte presencia empresarial y ascenso
en la productividad del trabajo; una cada vez más alta rentabilidad de los negocios
agrarios junto con la disminución de los riesgos, con sólida presencia internacional y la
consolidación de complejos agroindustriales articulados horizontal y verticalmente.
No es un proceso aislado sino que se puede encuadrar perfectamente en el
avance del capitalismo agrario transnacional. De este modo, la sojización creciente de
los campos argentinos es un claro ejemplo del modo en que el capital avanza en su
proceso de concentración y centralización, basando el desarrollo tecnológico en la
racionalidad de la búsqueda de la mayor ganancia en el menor tiempo posible.
Durante los años 90 se dio un crecimiento importante en la producción de
cereales y oleaginosas, pasando de 35 millones de toneladas durante la década del ’80 a
más de 63 millones al final de los ’90. Durante la primera década del nuevo siglo siguió
la expansión hasta llegar a las 96 millones de toneladas en las últimas cosechas. El
motor de este crecimiento está en la soja que aumenta espectacularmente sobre los
demás cultivos por su mayor rentabilidad frente a otras producciones agrícolas y
ganaderas12. A principios de los ’80 la soja significaba el 10% de la producción total de
12 Según Basualdo, “el crecimiento de la soja no implica el desplazamiento masivo de los otros cultivos relevantes del agro pampeano, sino una expansión diferencial, salvo en el caso del girasol” (2008:35).
24
granos, diez años después llegaba al 28% y desde el 2002 a la fecha representa, con
algunas fluctuaciones, más del 50% de la producción total de cereales y oleaginosas13.
El gran crecimiento de la producción fue posible por la expansión de la frontera
agrícola como consecuencia de un proceso de transformación en el uso del suelo (doble
cultivo) sustentado en el cambio tecnológico que, si bien arrancó por los años ’60 tuvo
una profundización del desarrollo en los ‘90, permitiendo también el avance agrícola
hacia tierras marginales y un gran aumento de los rendimientos en las mejores tierras.
Se pasó de cultivar 20 millones de hectáreas a principio de los ’80, a más de 30 millones
en la campaña 2006/0714. También se invirtió la relación entre cereales y oleaginosas, y
del total del área sembrada la soja representa un poco más de la mitad.
Los ejes de esta modernización están en la implementación de la siembra directa,
la incorporación de maquinaria de mayor tamaño y complejidad, el aumento del uso de
fertilizantes, herbicidas y otros agroquímicos, la incorporación de tecnología de gestión
de la empresa y el crecimiento del uso de transgénicos (sobre todo soja y maíz). En la
actualidad, el 70% de la superficie sembrada se realiza con siembra directa y casi el
100% de la soja es transgénica (Barsky y Dávila, 2008). El paquete tecnológico para
soja fue conformándose gradualmente desde la incorporación del doble cultivo con trigo
en la década del ’70, la siembra directa y finalmente el avance genético y su sinergia
con la aplicación de glifosato (herbicida). La ventaja de la soja con respecto a otros
cultivos se debe a su bajo costo de implantación, relacionado con escasa o nula
aplicación de fertilizantes, el empleo de semilla propia o comprada ilegalmente y el bajo
precio del herbicida utilizado (glifosato). A esto se suma el mejor precio que tiene
13 Datos provistos por Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2008).14 Datos provistos por Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2008).
25
respecto a otros granos. En promedio ya a partir del año 2006 la soja tenía un margen
bruto de 305 u$s/ha, 107 el maíz y 198 el girasol (Basrky y Dávila, 2008).
En cuanto al llamado complejo sojero en el país se puede decir que es uno de los
más modernos y avanzados a nivel mundial. Argentina es el primer exportador mundial
de aceite y harina de soja llegando los productos a más de 100 países. Moviliza una
importante gama de servicios y gira alrededor de ella una intensa actividad comercial y
de transporte, generadora de ocupación indirecta.
Del poroto se extrae 80% de aceite y 18% de harina. Alrededor del 30% de la
producción de poroto se exporta como tal mientras que el resto se industrializa, en su
gran mayoría en las aceiteras, donde se obtiene harina y aceites.15 Más del 90% de estos
productos se exportan.
Respecto a la generación de empleo existen miradas divergentes16 pero
ciertamente esta industria no ha permitido absorber la mano de obra desplazada de la
labranza tradicional, dado que es capital intensiva y presenta un alto grado de
tecnificación, lo que implica que no sea una gran empleadora de mano de obra directa.
No cabe duda que el procedimiento es eficiente en lo productivo, y que disminuye
drásticamente el gasto energético tanto en mano de obra como en consumo de
combustibles. Se calcula que una explotación que trabaja con siembra directa ahorra
cerca del 35% en el costo de labores/año, de aproximadamente un 25% en maquinaria y
un 35% en el uso de tractor. Y cierto es también que la masiva introducción de esta
tecnología crea nuevos empleos, pero son escasos respecto a los que se suprimen,
corresponden a labores que exigen alguna calificación especial o conciernen a otra
15A partir de la promoción de la producción de biodiesel (sobre todo a base de soja) la Argentina se haconstituido como uno de los países líderes en la producción uso y comercialización a nivel mundial deeste combustible de alto valor agregado. Al respecto, consultar http://inta.gob.ar/documentos/produccion-de-biodiesel-a-partir-de-aceite-de-soja.-contexto-y-evolucion-reciente-1/16 Véase Acosta Reveles (2008), entre otros.
26
categoría de trabajadores (administrativos, supervisores, capacitadores, operarios de
maquinaria, agrónomos, etc.). Los conocimientos tradicionales dejan de ser útiles y el
quehacer del trabajador se limita a las tecnologías del proceso y de producto sugeridas
por los proveedores de insumos, para lo que se requiere capacitación en el uso de los
plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. Los insumos los recibe el productor como un
“paquete integrado” que se acompaña de servicios de asesoría e indicaciones precisas
para su óptimo aprovechamiento. Producir bajo estas condiciones requiere de elevadas
sumas de inversión en insumos, maquinaria y equipos, implementos, servicios
profesionales, etc., de ahí que la mayor parte de los productores necesiten
obligadamente de los servicios de los contratistas.
La producción de soja se concentra en la región pampeana. La zona núcleo está
formada por el oeste de Buenos Aires, sur de la Provincia de Santa Fe y el oeste de
Córdoba. Los productores de granos generalmente no se encuentran integrados a la
cadena productiva y venden su producción a los acopiadores, a la industria, por medio
de cooperativas o directamente al exterior. Los principales actores mundiales del
negocio se encuentran operando en el país, con plantas y puertos propios, instalaciones
de acopio en el interior, proveyendo fertilizantes y otros insumos a los productores;
hablamos de Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina (Dreyfus), Aceitera General
Deheza y Nidera, entre otras, empresas todas que están dentro de las 10 principales
exportadoras del país.
27
Capítulo 3: MODELO SECTORIAL DE AGRO-NEGOCIO
3.1 Rol y peso específico del modelo sectorial del agro-negocio dentro del conjunto
del modelo de acumulación
Ya realizamos una aproximación al sector desde el punto de vista de lo
productivo indagando algunas características del modelo sectorial desarrollado en el
agro argentino. Vamos a centrarnos ahora en la relación del modelo sectorial con el
conjunto de la economía nacional, con el modelo de acumulación en su globalidad, y su
papel como generador de ingresos y de desarrollo del país.
La producción agropecuaria en nuestro país para el año 2008 (año del conflicto)
no superó el 6% del PBI, muy por debajo de la industria manufacturera y de los
servicios. Si hablamos en términos de generación de riqueza, existen sectores mucho
más importantes por sus aportes cuantitativos17.
En cuanto a los aportes del sector a las arcas del Estado Nacional se ha
destacado la discusión en torno a las llamadas “retenciones a las exportaciones”
(derechos de exportación) que, desde lo cuantitativo, dicha política no ocupa los
primeros lugares en materia de recaudación pero, por otra parte, tiende a generar un
efecto que busca limitar la inflación al desacoplar los precios internos de los crecientes
valores internacionales (y su repercusión en el conjunto de la economía) y permitiría
aportar algo de previsibilidad para posibles inversiones en el sector agropecuario.
17 Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, INDEC, Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas.
28
Para encontrar el por qué de la centralidad social y política de conflicto con este
sector y poder explicar las razones de la magnitud misma del conflicto es necesario
primero mirar la constante e histórica tensión entre los bienes agroalimentarios que el
país debe exportar para obtener divisas (necesarias para sostener el proceso de
industrialización y desarrollo) y los “bienes salarios” que componen la canasta básica de
alimentos que consume la fuerza de trabajo. Este proceso de puja distributiva entre
distintas fracciones del capital, vinculadas por un lado con el desarrollo industrial y, por
el otro, con la exportación de materias primas es lo que sostenemos como abordaje
teórico-conceptual en nuestro marco teórico. Rzezak (2008) sostiene que en el contexto
de esta fuerte disputa intersectorial, el conflicto Gobierno/”campo” por retenciones,
podemos ver una especie de nuevo desarrollismo o “neo-desarrollismo” (por las nuevas
características de diversificación e integración del sector) con una feroz puja por las
divisas provenientes del sector agroexportador entre Estado, asalariados y grupos
vinculados con el desarrollo industrial, por un lado, y los sectores ligados al complejo
agroexportador, por el otro. Mientras que el Estado intenta hacerse de esas divisas con
el fin de desarrollar su política pro-industrializadora, y su consecuente redistribución
hacia los asalariados y sectores populares en general, los sectores agroexportadores
buscan, a costa de la posibilidad de la implementación de dicha política, incrementar su
elevada rentabilidad.
O sea que, la situación del agro argentino directamente impacta en el
funcionamiento de la economía nacional al ser el proveedor de la dieta nacional casi en
su totalidad, lo que a su vez determina en gran medida los costos de la mano de obra y
el nivel de los salarios, vía índice inflacionario; y, por otro lado, provee a la economía
una parte decisiva del ingreso de divisas, superando actualmente el 50% del total
29
nacional (vale aclarar que históricamente representaron alrededor del 75%), vitales para
cualquier proyecto de desarrollo industrial (Lindemboim, 2008).
Pero esta dependencia no es nueva sino que, mediante diferentes instrumentos,
estas políticas las vienen aplicando los sucesivos gobiernos con mayor o menor
centralidad, absorbiendo en determinados momentos históricos recursos muy por
encima de los montos actuales, lo que nos permite desechar esto como causa central del
conflicto contemporáneo18.
Como apunta Marcelo Gómez en su trabajo “La soja de la discordia. Los
sentidos y estrategias en la movilización de la pequeña burguesía” (2008), la resistencia
de los empresarios vernáculos obedece a otras razones que tienen que ver con quién y
cómo (o sea, para qué) van a ser manejados esos recursos; cómo va a ser el proceso de
acumulación/distribución final de esos fondos. En este sentido Basualdo expresa,
“En estas circunstancias, se inicia en marzo de 2008 la confrontación analizada, que
indica la intención del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al
mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de
acumulación de capital. En efecto, no se trata de una reacción sectorial ante un impuesto
confiscatorio, ya que, como fue señalado, el nuevo régimen de retenciones le reconocía a los
productores un incremento del 45 por ciento en su rentabilidad, sino de incrementar sus
beneficios y ocupar el centro de la escena política y económica definiendo un patrón de
acumulación de capital en donde tanto los asalariados como la producción industrial operen de
allí en más en función de sus propios requerimientos de expansión” (2008;47-48).
Pero para que este sector pudiera llegar a plantear esta disputa se tuvo que dar
primero, producto de las transformaciones estructurales descriptas en los capítulos18 Para una breve reseña de la historia de las retenciones en el país verhttp://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-104397-2008-05-18.html
30
precedentes, un proceso de concentración económica que Varesi (2010a; 2014) describe
como triple proceso de concentración del uso de la tierra, el capital y la organización y
gestión del proceso productivo.
Todo esto se enmarca en un proceso de contradicción que se da entre una lógica
signada por la intervención estatal a partir de la salida de convertibilidad, más allá de las
discusiones respecto a la derivación de esos recursos, y la propia lógica capitalista de
buscar maximizar ganancias dentro del libre mercado que claramente predominan en las
fracciones vinculadas al agro-negocio, lógicas heredadas de las políticas de
desregulación neoliberal establecidas en los años 90.
Esto nos permite comprender un poco más el por qué de la magnitud del impacto
social que tuvo el llamado “conflicto del campo”, con crispados enfrentamientos entre
los directamente afectados (y los no tanto) por la suba de las retenciones y los
defensores de las medidas oficiales, enmarcado en una falsa dicotomía; con cortes de
ruta, desabastecimiento, lockouts patronales, acusaciones de intentos de golpe, etc., que
visto desde la sola variable de las retenciones parece sobredimensionado, tanto para
unos como para otros.
Las transformaciones sociales en el agro argentino, como ya señalamos, han sido
muy importantes en la última década19. La nueva dinámica generada involucra ahora
fuertemente a proveedores de maquinaria agrícola, transportistas, servicios y casas
comerciales y ha consolidado económica y socialmente una gran trama de agentes
sociales (rurales y urbanos). A este conjunto, se agrega también el tema del
financiamiento de los municipios que dependen de la situación económica local para
19 Resulta importante señalar que a estas transformaciones acaecidas las precedió un proceso de reformaestructural del Estado (y su relación con los agentes económicos) que entre otras cosas implicó unadrástica desregulación y liberalización del proceso productivo. Para más detalle ver Gras y Hernández(2009).
31
recaudar sus tributos. Ésta es, fruto tal vez de la ausencia de políticas de desarrollo
genuino, la base social fuertemente unida por la defensa de los excedentes generados
por la producción agrícola y los procesos vinculados industrialmente que saldría a
oponerse a la medida.
Al margen de los análisis concretos que puedan realizar los actores “afectados”
sobre su situación y sus demandas en función de esto, es interesante un elemento que
señalan Barsky y Dávila (2008) y que tiene que ver con la visibilidad del impuesto. Una
quita a precios internacionales conocidos por los productores y su acento en los
productos agropecuarios, lo hace mucho más visible que otras formas de obtener
recursos del sector, como puede ser el tipo de cambio atrasado, que no son vistas como
discriminación sectorial.
Detrás de la “menos visible” política de Estado de cambio elevado,
implementada a partir del año 2002, en un contexto de salida de la crisis, se oculta una
fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores vinculados a la exportación de
bienes y servicios, y en particular al sector agropecuario exportador de materias primas.
Como señala Varesi (2013a:321),
“El desarrollo de las políticas fundacionales del modelo de acumulación post- convertibilidad
marcó las dinámicas socio-económicas generales a nivel nacional y constituyó un nuevo punto
de inflexión en el desarrollo del agro, en términos amplios, y particularmente en el circuito
sojero. Como vimos, la devaluación generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo
favoreciendo a los agentes ligados a la exportación. Asimismo, la pesificación asimétrica de
deudas y depósitos promovió transferencias de recursos desde el capital financiero a los agentes
productivos que luego fueron cubiertas con compensaciones estatales a los bancos a través de la
política de “salvataje” al capital financiero.”
32
Como vemos, la disputa que se dio entre las distintas fracciones del capital en
cómo salir de la crisis de la convertibilidad se produjo a favor de quienes se inclinaban
por la devaluación20. Esto perjudicó inicialmente a los asalariados y benefició
fuertemente a los productores agropecuarios, dado el atraso en los costos, incluidos los
salarios rurales, los precios de los combustibles subsidiados por el Estado y otros
insumos. A esta bonanza inicial, muy poco recordada por los beneficiarios, se le suma la
ya mencionada pesificación de sus deudas, que permitió licuar el fuerte endeudamiento
en dólares de los productores con los bancos y facilitó a muchos operar con capital
propio. Todo esto representó una gran transferencia de recursos al sector agropecuario
que impulsado por los elevados precios internacionales experimentó un continuo
crecimiento acelerado, al cual las llamadas retenciones no afectaban (ni afectan
podríamos decir) demasiado (o por lo menos en las proporciones en que se quieren
hacer creer al conjunto de la sociedad), y que por el contrario, fueron incrementando el
poder económico de las fracciones vinculados al agro-negocio. Cabe aclarar que este
proceso no benefició de igual manera a los distintos agentes económicos ligados al
agro-negocio, desarrollándose al interior desigualdades respecto a la captación de la
renta pero que, como veremos más adelante, no significó una postura de
cuestionamiento al mismo, sino más bien, lo contrario.
Pero metámonos un poco en la incidencia que tiene una política de retenciones
como la que lleva adelante el Gobierno Nacional en materia de redistribución de
ingresos, argumento este esgrimido de manera permanente cada vez que el tema es
discutido.
20 A grandes rasgos, el capital productivo y exportador (tanto agropecuario como industrial) buscaban la devaluación para mejorar su competitividad y sacar mejor provecho de los capitales fugados por estos al exterior; mientras que el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizadas intentaban mantener el valor de sus activos mediante una dolarización.
33
Si lo miramos desde los datos reales de los ingresos vamos a ver que no tiene tal
consistencia y que, más allá del relativo éxito en materia de precios internos, no puede
ser el eje de la redistribución y del desarrollo local.
Para el año 2007 el Ministerio de Economía de la Nación informó que la
recaudación impositiva total ascendía a 200 mil millones de pesos, de la cual el
conjunto de las retenciones (incluidas las agropecuarias) representaba apenas un 10%.
Hay que recordar que para la fecha las retenciones fijadas para la soja oscilaban
alrededor del 35%, lo cual nos permite estimar, afirma Lindeinboim (2008), que las
posibilidades de modificación en la alícuota implicarían un incremento de algo así como
uno o dos puntos del ingreso fiscal total.
Pensándolo en términos estratégicos, y sumado al poco peso redistributivo que
tendría la medida, no se puede sustentar un proceso de cambio radical en una política
con base tan endeble, sujeta a las condiciones internacionales hoy favorables pero que
en definitiva obedecen a circunstancias coyunturales de los ciclos de la economía
mundial.
No obstante ello, como ya señalamos anteriormente en presente capítulo, se
empezó a generar aquí una primer contradicción en el modelo de acumulación dado que
la política redistributiva a la que se apela con la aplicación de las retenciones móviles,
captando las rentas extraordinarias obtenidas por el sector para volcarlas a otras
fracciones sociales, chocaba con la lógica inherente al desarrollo de las fracciones
vinculadas al agro-negocio.
3.2 Los actores involucrados
34
Para meternos a ver quien es quien en la conformación de este nuevo modelo
sectorial de agro-negocios tenemos que empezar señalando lo heterogénea que es la
situación agraria existente. Aquella foto tradicional del agro dividido entre grandes
terratenientes ganaderos y pequeños productores “chacareros” arrendatarios dedicados a
la producción agrícola hace tiempo que desapareció. Hoy están involucrados una
diversidad de actores que años atrás eran impensados como parte del mundo de la
producción agraria.
Pero antes de meternos con los nuevos actores económicos del modelo sectorial
resulta necesario describir un poco la relación entre productores y propiedad, o sea,
mirar los cambios en el régimen de tenencia de la tierra.
A partir de 1947, y hasta 1960, se dieron profundos cambios respecto a la
estructura existente, pasando los propietarios de 34,3% a 51,1%, haciendo caer el
arrendamiento en un 53,2%, que pasa a representar el 20%21. El proceso arrancó por el
año 43 con diversas leyes y medidas que favorecían a los arrendatarios22, entre las que
se destacaba la política de créditos subsidiados favoreciendo la compra de tierras23.
Sin embargo, se inició inmediatamente una nueva etapa que se destaca por la
caída de la propiedad exclusiva y el incremento de formas combinadas de tenencia de la
tierra (propiedad y arrendamiento, propiedad y contratismo).
La nueva situación se ve claramente en el censo agropecuario de 2002, con una
importante disminución de las unidades con propiedad privada de forma exclusiva y un
21 Según cifras de los Censos Nacionales Agropecuarios, del año 1947 a 1960.22 Ley de arrendamientos y aparcería Nº 13.246, que establecía rebajas en los precios de losarrendamientos y suspensión de los desalojos.23 Financiación para compra de tierras por medio de prestamos del Banco de la Nación y el BancoHipotecario Nacional. Para más detalle, Lattuada, Mario (2012).
35
marcado crecimiento de unidades en arrendamiento y de las que combinan propiedad
con arrendamiento. Esto significa una reversión de la tendencia de las décadas
anteriores, mostrando el crecimiento del arrendamiento a gran escala y la incursión de
grandes capitales en el rubro. Todo ello indica que los pequeños y medianos productores
ceden la gestión de sus unidades a otros actores, casi siempre propietarios agrarios de
mayor capacidad económica, contratistas, etc. Esto está directamente relacionado con
los cambios tecnológicos que imponen la necesidad de mayor escala en el tamaño de la
propiedad para generar la “rentabilidad adecuada”.
Se ha incrementado el tamaño promedio de las unidades (entre 1960 y 1988 de
272,8 ha a 374,5 ha) bajo distintas formas de propiedad, no tanto a costa de la
subdivisión de explotaciones mayores de 5000 ha, sino más bien por la desaparición de
53.661 unidades de menos de 100 ha, de las cuales la mayor parte tenía menos de 25 hs,
reforzando la franja del número de explotaciones entre 1000 y 5000 ha, todas ellas
consideradas ineficientes según la lógica del nuevo modelo sectorial de agro-negocios
en vigencia24.
Tenemos entonces el auge de este nuevo actor social y económico que es el
rentista. Este sujeto, que muchas veces tiene pocas hectáreas, y poco capital necesario
para tecnología o para comprar el equipo necesario para plantar soja, a raíz de lo cual
arrienda “rentablemente” su tierra y se radica en la ciudad o pueblo sin dejar de ser parte
interesada en el proceso de conformación y consolidación del modelo de agro-negocios.
Recapitulando un poco y tratando de armar el cuadro de manera más completa,
tenemos ahora una agricultura con fuerte penetración de capitales (muchos de ellos
extra agrarios) altamente especulativos que encuentran en el agro (y en la soja en
24 Véase Barsky y Dávila (2008).
36
particular), un marco adecuado para asegurar una excelente rentabilidad, lo que lleva a
profundas transformaciones en la estructura productiva y en la manera de labrar la
tierra, combinando de una manera totalmente distinta los factores productivos que
intervienen en el proceso productivo agrario.
La propiedad de la tierra en sí ya no es central en esta nueva forma de
articulación entre tierra y capital, y acá es donde entran a jugar de manera cada vez más
importante los llamados “pools de siembra” como organizador de la explotación y como
nexo con los capitales extra agrarios del sector financiero. Lo que en principio fue, a
comienzos de la década del ’90, una forma de integrar a productores agropecuarios que
necesitaban ganar escala para sobrevivir, se fue complejizando con la incursión de
operadores financieros que reúnen fondos de diversas fuentes para invertir en el campo
y que actúan anónimamente.
La definición formal de “pool de siembra” establecida por el INTA nos dice que:
“Pool de siembra es cualquiera de las combinaciones posibles por las que el cultivo se lleva
adelante. Una forma frecuente es la combinación del dueño de la tierra, un contratista (de
maquinaria) y un ingeniero agrónomo, que convienen una producción aportando cada uno sus
recursos (tierra, labores e insumos respectivamente) y se reparten utilidades de acuerdo a su
participación. El organizador propone un plan de actividades de siembra y, una vez armado, se lo
ofrece a potenciales inversores. La tierra en que se siembra es de terceros y la contratación es
arrendamiento o aparcería. Las labores son realizadas por contratistas de la zona y la
comercialización se realiza a través de determinados acopiadores, industriales o exportadores.”25
El mismo organismo nos dice que:
25 Definición dada por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) a través de su página web: http://anterior.inta.gov.ar/extension/finan/tool/pool.htm
37
“su éxito se basa en tres ejes: la selección de los campos (buenas tierras y a buen
precio), la comercialización y compra de insumos, la organización, fundamento de la eficacia y
transparencia del negocio. El riesgo inherente a la producción agrícola se diluye a través de la
diversificación de producción y zonas.”26
Y agrega las ventajas del pool de siembra:
“Permite el aumento de la escala y consecuentemente del poder de negociación;
constituye una fuente interesante de recursos para la producción agropecuaria; hace más
eficiente el uso de los factores, al aumentar la producción y disminuir los costos; no constituye
una fuente de financiera para los productores, aunque sí para el sector; de los agentes del sector,
los beneficiarios son los contratistas (bien equipados) y empresas de servicios.”27
En muchos casos son iniciativas locales en que se articulan pequeños capitalistas
urbanos con un profesional que gestiona tierras en arriendo y organiza los procesos
productivos con distintos contratistas. Usan la figura jurídica de Unión Transitoria de
Empresas y en los últimos años se ha ido refinando el marco legal y su seguridad
jurídica a través de la figura de fideicomiso.
Pero existen incluso actores de mayor dimensión que los pools, organizados por
los llamados fondos de inversión (inicialmente llamados Fondos Agrícolas de Inversión
Directa), generalmente grandes empresas financiero-agropecuarias28, que les permite
ganar en escala, flexibilizarse y buscar oportunidades de inversión altamente rentables.29
Los pools de siembra se combinan con el nuevo contratismo (los contratos por una
cosecha) que tuvo un auge importante en los últimos años. Y de esta situación nace la
26 Idem.27 Idem.28 Según Barsky y Dávila,(2008:98), “los casos más conocidos son Los Grobo y El Tejar que administranalrededor de 150.000 hectáreas cada uno, de las cuales sólo un 10% es actualmente de su propiedad. Lalógica es no invertir en tierras, arrendando, ni en capital maquinaria, utilizando contratistas”.29 Varesi (2013a:326) “…han surgido poderosas empresas agropecuarias basadas en el usufructo de unamodalidad similar al pool de siembra, en tanto mantienen la lógica de articular los diversos factoresproductivos ganando escala, concentrando gestión y conllevando consecuencias similares a nivelterritorial, pero que en vez de estar fundados en un fondo de inversión o confluencia de agentes, actúan através de grandes redes de contratos pergeñados desde la empresa misma.”
38
figura social y económica del rentista, que antes describimos, y que algunos autores
describen como los nuevos clientes “abonados” de los bares y confiterías locales.
Resulta imprescindible, para tener un panorama más completo de la composición
de estos actores, introducir el enfoque que realiza Basualdo (2008), remarcando la
centralidad de los propietarios (grandes sobre todo) en base a datos empíricos
correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, pero que dada las características de la
región (núcleo central de mayor productividad y concentración) permite establecer una
aproximación a la problemática en general. De este modo, menciona una etapa inicial a
mediados de los 90 de expansión producto de la conjunción de incremento de los
precios internacionales y la consolidación de nuevas tecnologías que elevan la
productividad del agro pampeano, donde la rentabilidad agrícola supera la financiera y
empuja fuertemente la expansión de la producción30. Pero esta producción, de naturaleza
financiera, no sólo tuvo para el autor una presencia minoritaria sino que declinó
sensiblemente con la crisis de la convertibilidad. Pese a las innumerables afirmaciones
acerca del rol preponderante de los “pools de siembra” en la producción agrícola,
incluso postulándolo como principal protagonista productivo y cabeza de la nueva
forma de producción, los datos censales resaltados por Basualdo mostrarían que el actor
principal y decisivo del sector sigue siendo el propietario rural. Lo que se da son nuevas
formas de combinar el proceso productivo perdiendo centralidad la tenencia misma de
la tierra. En esta nueva faceta se destaca un descenso de los propietarios que sólo
explotan sus tierras y un aumento marcado de quienes arriendan, pero los propietarios
que a su vez arriendan superan ampliamente a los “arrendatarios puros”. Esto permite
inferir que esta nueva forma de producción agrícola que constituye el “pool de siembra”
30 Según Basualdo (2008), a partir del 76 el ciclo del campo ya no se rige sólo por la diferencia derentabilidad entre ganado y agricultura, pasando de uno a otro en un ciclo según sus rentabilidades, dadoque se le suma a las dos anteriores la valorización financiera como margen de rentabilidad para definir eldestino del excedente sectorial.
39
está integrado principalmente por los mismos propietarios que expanden su producción
por esta vía y no sólo por actores financieros extra agrarios. Es muy interesante el
análisis realizado por Basualdo dado que nos señala la centralidad de los grandes
terratenientes en esta nueva dinámica del uso de los diferentes factores que hacen a la
producción del sector, su capacidad de diversificación y acople al proceso de
modernización.
40
Capítulo 4: LA CONSTRUCCION DE HEGEMONIA EN EL PROYECTO
POLITICO-ECONOMICO.
Habiendo descripto las transformaciones en el modelo de acumulación en la que
se enmarcaron la puja distributiva que fue conformando lo que llamamos el modelo de
agro-negocios, introducimos ahora el concepto de hegemonía procurando entender, a
grandes rasgos, la articulación entre este proceso y los distintos actores sociales en una
dimensión más relacionada al proyecto político-económico. Lo que buscamos es
comprender mejor el “conflicto del campo” mirando las disputas que se fueron dando en
el plano de la construcción de hegemonía, tomando ésta como la dirección política,
ideológica y cultural de un grupo social sobre otros.
En este camino, siguiendo los lineamientos teóricos de lo que Gramsci (2003,
2008) entendía por hegemonía, partimos de la base de que todas las relaciones de poder
que hacen a la construcción de hegemonía tienen su ligazón estructural, lo que nos lleva
ineludiblemente a indagar (tal como venimos haciendo en los capítulos precedentes)
cómo se fueron desarrollando las relaciones de poder de carácter económico; y
específicamente, cómo éstas fueron derivando en la conformación de algunas
contradicciones surgidas del devenir del modelo de acumulación, que, tornándose en
antagonismos, ponen en juego la dirección política, ideológica y cultural de un proyecto
41
determinado31. Esto es lo que entendemos se expresó en un conflicto de las dimensiones
e importancia que tuvo el conflicto agrario del 2008.
En términos específicamente políticos, el conflicto fue una confrontación que
dividió el escenario en dos polos beligerantes. Un genuino antagonismo que por sus
características llevó la disputa rápidamente del plano gremial al plano de la lucha por la
hegemonía32. Acá es donde empezamos a ver cómo los fenómenos estructurales van
cambiando las relaciones de fuerzas sociales33 en función del poder económico que
adquieren unos y otros. En este nuevo contexto son las fracciones vinculadas al agro-
negocio las que se tornan dominantes, representadas en el conflicto por las patronales de
las entidades del “campo”, que rápidamente se levantan en protesta por los cambios en
la política de retenciones, y que se van a aglutinar en la denominada “Mesa de Enlace”.
El conflicto en sí se inició con la implementación por parte del Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, a través del Ministerio de Economía, de la
modificación en el sistema de retenciones que se venía aplicando a la exportación de
cereales y oleaginosas y que suscitó una reacción gremial-corporativa inmediata de los
actores directamente afectados, liderados por las patronales agrarias agrupadas en la
Mesa de Enlace. Esta reacción inicial rápidamente fue desbordando este carácter
31 Como señala Varesi,“pensar las contradicciones como tensiones que surgen de la unidad de los distintosy contrarios dentro de una totalidad, motivando su movimiento, y emergen de la estructura, aunque nuncalo hacen de modo directo sino que se encuentran sobredeterminadas (Althusser, 1988 [1962]) por unamultiplicidad de factores, tales como el contexto mundial, el pasado nacional y las particularidades de lassuperestructuras. A su vez, las contradicciones, en determinadas condiciones, pueden volverseantagónicas (Tse- Tung, 1968 [1937]). Así, las categorías de contradicción y antagonismo, nos convocan aindagar de forma dialéctica los componentes económicos y políticos de los procesos históricos, sinreducir unos a otros, sino viendo su especificidad y articulación específica en el caso bajo análisis”(2014:2).32 Varesi (2014) desarrolla en profundidad esta idea, complejizando el abordaje de la misma a partir de laincorporación del concepto de territorialidad en interrelación con hegemonía y acumulación.33 Este concepto lo empleamos siguiendo lo que Gramsci (2003) entiende como relaciones de poder decarácter económico que provienen del desarrollo de las fuerzas productivas y de la posición y función queocupan los agentes en la producción.
42
gremial inicial para transformarse en una disputa de dimensiones políticas que en su
lógica de construcción fueron tensando y agudizando el conflicto.
La medida consistía en la implementación de un sistema de retenciones móviles
en un contexto de fuerte alza sostenida de los precios internacionales de los
commodities en general y de la soja en particular, buscando con esto el Gobierno no
sólo capturar parte de las rentas extraordinarias obtenidas por el sector (y derivarlas a
otras fracciones sociales), sino también utilizarlas como política antiinflacionaria al
desacoplar los precios externos de los internos. El Ministro de Economía Lousteau
afirmó en la presentación de la Resolución que,
“con estas medidas se pretende un mayor equilibrio hacia el interior de la actividad
agropecuaria, un mayor desacople de los valores internacionales con los precios domésticos y
todo esto en pos de una mayor producción que permita que como país aumentemos los saldos
exportables y proveamos al mundo lo que el mundo está necesitando, al mismo tiempo de
garantizar productos a precios razonables para las familias argentinas” (Barsky y Dávila,
2008:237).
El sector agrario que, tal como lo fuimos describiendo a lo largo del presente
trabajo, fue claramente favorecido con las políticas implementadas a partir de la salida
de la convertibilidad, mediante la transferencia de recursos que implicó la pesificación
asimétrica de las deudas en dólares, la favorable política cambiaria y los subsidios a
combustibles y servicios en general, acompañado por una fuerte demanda internacional
de commodities con precios en alza, es el que se va a constituir como nuevo mascarón
de proa de un conjunto más vasto de actores políticos, sociales y económicos que van a
cuestionar el modelo de acumulación vigente.
Este nucleamiento de hecho de las cuatro principales asociaciones nacionales de
productores agropecuarios de Argentina: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la
43
Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y
CONINAGRO, se forjó el 12 de marzo de 2008 mediante una primera reunión de
emergencia de las entidades que la constituyen con motivo de enfrentarse a la
implementación de las modificaciones.
Desde un principio, la no segmentación entre los productores destinatarios de la
medida, que implicó un impacto regresivo en la aplicación de la misma, como así
también la errática política comunicacional del Gobierno, fueron dos factores
importantes en la exacerbación del conflicto. Tuvieron, junto con la falta de consulta
previa a los distintos actores involucrados y, sobre todas las cosas, el rol estratégico de
grupos mediáticos concentrados, un peso central en la construcción del antagonismo de
los dos polos beligerantes.
En este punto resulta importante detenernos en la descripción de las
construcciones identitarias que fueron conformando a unos y otros. Para ello
abordaremos brevemente las estrategias político-discursivas que fueron aplicando tanto
el Gobierno como los sectores agroexportadores para legitimar sus respectivos
posicionamientos.
En primer lugar, se generó una fuerte disputa político-ideológica respecto de
quien era el genuino representante del “Pueblo”. Así el polo “campo”, bajo la
conducción de la Mesa de Enlace y apoyado fuertemente por gran parte de los medios
de comunicación masivos, tendió desde un principio a la homogeneización y
articulación de las demandas de los heterogéneos componentes y expresiones del sector,
buscando a su vez poner la discusión en el marco de un aggiornado debate entre
federalismo y centralismo.
44
Planteado así, los “pueblos” del interior, que son quienes conocen y trabajan
esta tierra y además quienes producen los bienes que consumen los argentinos, ven
confiscados parte de sus legítimas ganancias por este poder central que constituye el
Gobierno Nacional. Esto se puede ver en pronunciamientos como el de Eduardo Buzzi
(Presidente de la FAA), quien afirma que “Bajo el pretexto de la sojización se recurre a
medidas fiscalistas y recuadatorias" (La Nación, 12/03/2008); o las expresiones de
Mario LLambías (Presidente de CRA) quien sostuvo que “El Gobierno es poco
agradecido hacia un cultivo que sacó al país de la crisis en 2001 y que, si se rota
adecuadamente, es bueno. Es una lástima que nos sigan usando como fuente de recursos
para remediar los problemas de caja" (La Nación, 12/03/2008); "Esto no es más que una
nueva agresión a un sector que está haciendo todo lo posible para aprovechar la
situación internacional en beneficio de todo el país. Sin embargo, en el Gobierno, sin
pensar en el largo plazo, se toman estas medidas cortoplacistas", opinó el presidente de
la SRA, Luciano Miguens (La Nación, 12/03/2008). A su vez, en un comunicado
conjunto redactado por la Mesa de Enlace titulado “El campo dice basta” afirman que,
“Es una medida con una clara intención recaudatoria y de neto corte fiscal, que
discrimina a las provincias y a los pueblos del interior”34.
Por otro lado, podemos ver claramente cómo el polo “campo” en su estrategia de
construcción política logra rápidamente articular una serie de demandas que van mucho
más allá de la simple eliminación de las retenciones móviles. Si bien esta demanda le
permite ocultar la situación divergente al interior del sector y aglutinarse férreamente
frente al otro polo, subyace a esto la recuperación de viejos (o no tantos) imaginarios del
campo como granero del mundo o el eje vertebrador de la generación de riquezas del
país; ideas éstas que, a su vez, se enmarcan en la concepción de que el “campo” debe
34 Comunicado publicado en diversos periódicos de tirada nacional y local, entre ellos Clarín 13/03/08.
45
ser despojado de las trabas e injerencias con que el Estado (corrupto e ineficiente)
interviene en el sector para que este desarrolle su plena potencialidad.
El Gobierno Nacional, por su parte, caracterizó de entrada la protesta como un
ataque contra el gobierno y el pueblo, englobando a ambos en un “nosotros” al que “el
campo” perjudicaba con el “lock out patronal” que desabastece la mesa del conjunto de
los argentinos. Pero sobre todas las cosas, desde el polo oficialista se reflota y
reconstruye la idea de la confrontación entre “pueblo” y “oligarquía”, donde el
gobierno, sustentado en el carácter redistribucionista de la medida (incluso detallando el
uso que le dará a los recursos obtenidos, a partir del “Plan de redistribución social”),
antepone el bienestar colectivo frente a una “oligarquía” que sólo defiende intereses
sectoriales y un país para pocos, asociada al neoliberalismo y a las prácticas golpistas
para imponer sus intereses. El día 14 de marzo el dirigente camionero Hugo Moyano
afirmó, “Están usando métodos golpistas. Es una actitud mezquina y miserable de la
aristocracia del campo” (Página 12, 15/03/2008). “Esta es una medida de fuerza injusta
tomada por dirigentes ruralistas que sólo piensan en sus ganancias”, sentenció el
ministro del interior Randazzo, agregando que los campos habían quintuplicado sus
valores (Página 12, 15/03/2008). A su vez, el diputado oficialista Edgardo Depetri y el
titular de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D’Elía, sostuvieron que “vuelve con
mucha fuerza, la pelea pueblo versus antipueblo”. Además, argumentaron que el sector
se benefició con la devaluación y ahora “se resisten a la presión fiscal que se ejerce
sobre ellos, para tener una Argentina más equitativa, con más salud, educación y
trabajo” (Página 12, 15/03/2008).
Como vemos, los primeros días del conflicto estuvieron signados por un
vertiginoso ritmo de ascenso en el nivel de confrontación y por una creciente
polarización reforzada de un lado y del otro. El Gobierno sostenía que no había diálogo
46
posible si no se levantaba el paro, y la Mesa de Enlace respondía que la única
posibilidad de levantar la medida de fuerza era que se diera marcha atrás con las
retenciones móviles. Los primeros avances por parte del Gobierno, proponiendo bajar
las retenciones a los granos para los pequeños y medianos productores, fueron
inmediatamente rechazados por todos los representantes de la Mesa de Enlace. Mario
Llambías (CRA) señaló: “Primero, en el Gobierno tienen que entender que estamos muy
unidos en esta lucha, y no van a ganar nada intentando ganarse sólo a algunos y tratando
de dividirnos. Segundo, la medida de las retenciones destruye a toda la producción
agrícola, sin distinción de grandes y chicos; entonces, se debe volver atrás para todos”
(La Nación, 17/03/2008). Acá reside el principal logro de la Mesa de Enlace, que es
sostener la unidad del reclamo pese a la divergente situación al interior del sector,
incorporando un amplio abanico de reclamos que arrancan con la derogación de la
Resolución Nº 125 pero que luego pasó a cuestionar el modelo productivo, el rol de las
instituciones y hasta la figura presidencial.
Decíamos que el conflicto rápidamente se tensó y polarizó. Al día siguiente del
anuncio de las medidas (11 de marzo de 2008) ya se había conformado la Mesa de
Enlace y en forma unánime las entidades integrantes convocaban a una medida de
protesta. Esta implicaba el cese de comercialización de productos agropecuarios en todo
el país por 24 horas, dándole un plazo hasta el viernes 14 al Gobierno para que deje sin
efecto la suba anunciada. De no producirse esto, la medida se extendería hasta el
miércoles 19. Una vez iniciado el conflicto empezaron a manifestar su adhesión
diversas entidades relacionadas con el agro, como la Federación Argentina de
Contratistas de Máquinas Agrícolas, las Bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos
Aires, Córdoba y Entre Ríos, y las de comercio de Rosario y Santa Fe, la Federación de
47
Acopiadores de Granos, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, la Cámara de
la Industria Aceitera, entre otros.
Luego de una pasividad inicial por parte del Gobierno frente a la rápida reacción
del polo “campo” a las medidas implementadas, el conflicto fue fluctuando en
intensidad en función de las declaraciones de uno y otro polo, pero sobre todo siguiendo
el tenor de los discursos de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Así, el 25 de marzo la presidenta pronuncia un discurso que va a marcar el
primer pico en el fuerte enfrentamiento verbal que se venía dando hasta allí y que va a
significar un aumento en la tensión y reforzamiento de la polarización antes
mencionada, denominando a los piquetes que se venían realizando como “piquetes de la
abundancia”, en contraposición a los “piquetes de la miseria” que representaban las
acciones de los desocupados en los 90.
Como reacción inmediata a esto se produjeron cacerolazos en diversas ciudades
del país en disconformidad con la respuesta del gobierno nacional al planteo del
“campo”. A su vez, se intensificó el repertorio de acción colectiva que venía
desplegando el polo “campo”, incrementando los innumerables piquetes que se
suscitaron en las rutas ya en los primeros días del conflicto conjuntamente con las
asambleas con alta participación de los actores involucrados, producto de lo cual
recrudecía el desabastecimiento en varias regiones del país.
Del lado de los adherentes al Gobierno Nacional, en forma simultánea a los
cacerolazos, se produjo una movilización a Plaza de Mayo encabezada por el dirigente
de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía reivindicando el lugar para “el
Pueblo”.
48
El corte de ruta representó la medida emblema del sector no sólo por la alta
efectividad y visibilidad que implicaba, sino porque en la práctica era una apropiación y
resignificación de herramientas de lucha de la resistencia al neoliberalismo por parte de
las clases subalternas durante los 90. Como señala Varesi:
“El corte de ruta se constituyó en la principal medida, la cual mostró el carácter
decisivo que tuvo en el conflicto la dimensión territorial, en tanto la propia organización y los
tiempos del circuito productivo y la expansión de su frontera, habilitaron la diseminación de
numerosos “piquetes” en las múltiples provincias sojeras. Además, la propia alteración de la
relación campo-ciudad instituida por el agronegocio a partir de las nuevas lógicas de propiedad,
financiamiento y movilización de excedentes, permitió al polo agrario contar con apoyo en las
grandes ciudades (donde habitan muchos de los propietarios, se encuentran los financistas y se
derivan excedentes, por ejemplo, en forma de inversión inmobiliaria), a pesar de que éstas
quedaban al borde del desabastecimiento por las medidas de fuerza.” (2014:8).
Quienes más se apropiaron de las herramientas descriptas, incluso actuando por
fuera o desbordando los mandatos de la Mesa de Enlace, fueron los llamados
“autoconvocados”, integrado por productores rurales (con o sin pertenencia institucional
a entidades gremiales) apoyados por pobladores que se identificaban con éstos, muy
movilizados, logrando un protagonismo político y social muy importante.
Si bien los actores del universo agrario tienen larga historia de movilización por
los intereses sectoriales que los incumben, es necesario marcar que estamos en
presencia de actores movilizados que son producto de la nueva realidad del medio,
forjado en las transformaciones que se dieron en términos tecnológicos y productivos
(como venimos describiendo en el presente trabajo) y que derivaron en cambios
profundos en la construcción simbólica e identitaria.35
35 Para más detalle véase Gras y Hernández (2009).
49
Tras álgidos momentos de tensión, el 27 de marzo la presidenta convoca al
diálogo y entabla negociaciones con los integrantes de la Mesa de Enlace que redundan
en el anuncio del día 2 de abril de la suspensión de las medidas por el lapso de un mes
para trabajar en forma conjunta en la elaboración de políticas para el sector
agropecuario.
Durante este período de tregua es reemplazado el Ministro de Economía Martín
Lousteau por Carlos Fernández, se toman algunas medidas tendientes a favorecer a los
pequeños productores, se crea la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y
Agricultura Familiar y se otorga una ampliación de cupos de exportación de carnes que
no se consumen en el mercado interno. Pero al momento de sentarse a discutir las
retenciones a las exportaciones de soja, girasol y trigo se vuelve a tensar la discusión.
Esta vez la tregua se rompe a partir de un cruce mediático entre Eduardo Buzzi
(Federación Agraria) y el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández el día 6 de mayo.
Consecuencia de esto la Mesa de Enlace anuncia nuevas medidas de protesta.
Este nuevo ciclo de protestas va a ser el preludio de dos actos significativos a
desarrollarse el día 25 de mayo. Si bien medió un discurso conciliador de la presidenta
el día 14 de mayo, no se logró retomar el diálogo aunque sí la interrupción de las
medidas de fuerza a partir del día 20. El “campo” organiza en Rosario (núcleo
financiero y operativo del comercio de granos del país) y en una fecha significativa
como el 25 de mayo un masivo acto donde concurre un abanico muy heterogéneo de
actores que confluyen en el polo “campo”, encabezado por la Mesa de Enlace. Por su
parte el Gobierno, en el acto oficial por la celebración del de la Revolución de Mayo,
refuerza sin hacer alusión directa al conflicto, la idea de anteponer los intereses del país
y de la patria por sobre los sectoriales e individuales. Esta misma línea va a marcar las
expresiones de los funcionarios en declaraciones públicas en los días siguientes. Como
50
ejemplo podemos mencionar las declaraciones del Ministro Julio De Vido, quien en el
marco del Congreso Ordinario de la Confederación Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT), advirtió que “no es hora para tibios”, “aquellos que están a favor
del modelo deben decirlo porque ahora el que no suma resta”, y concluyó: “Se están
moviendo fuerzas en la Argentina que están en contra de este proyecto y, a veces, no lo
presentan claramente."
La reacción del polo “campo” no se hizo esperar y rápidamente se anunció la
reposición e intensificación de las medidas de fuerza. En este período se empezó a notar
claramente la estrategia de polarización haciéndose extensiva a amplios sectores de la
sociedad y, particularmente, en las definiciones de políticos de todos los niveles
institucionales.
El conflicto mostró en esos días su pico de tensión incluyendo despejes de cortes
de ruta mediante el uso de la fuerza pública, arresto de dirigentes rurales que se
resistían, masivas marchas de cacerolazos, escarches a dirigentes identificados con el
Gobierno (en muchos casos muy violentos), como así también marchas y actos en apoyo
al Gobierno. Sólo se logró bajar las tensiones cuando la presidenta anunció el día 18 de
junio el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para fijar las retenciones
anunciadas por la Resolución Nº 125 del Ministerio de Economía.
Aquí comenzó lo que Giarracca, Teubal y Palmisano (2008) denominan “La
etapa institucional”. Luego de intensas negociaciones políticas de ambos bandos el
proyecto, con la incorporación de algunas modificaciones para compensar a los
pequeños productores, y tras más de 20 horas de debate obtuvo media sanción en la
Cámara de Diputados (129 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones). Girado al
Senado y luego de dos semanas de discusión, en sesión del día 16 de julio, se rechaza el
51
proyecto de ley merced al desempate del vicepresidente de la Nación y presidente del
Senado Ingeniero Julio Cesar Cobos.
El cierre de esta etapa se dio con la publicación del Decreto 1176 que derogó la
Resolución 125 y sus modificatorias, retrotrayendo en materia de retenciones los valores
a los que regían hasta el 10 de marzo de 2008.
En este proceso brevemente descripto encontramos, como señala Varesi (2013a),
que desde la perspectiva del Gobierno Nacional, se plantea una polarización que se
manifiesta entre el resurgimiento resignificado de dos pasados, un “nosotros”
kirchnerista que a partir del 2003 reformula la identidad peronista y un “ellos” que
pretende volver a la Argentina neoliberal de la mano de quienes se encolumnan detrás
de la Mesa de Enlace.
“La disputa rápidamente traspasa la lucha por la demanda en torno a las retenciones sino que
comenzaba a expresar, en el discurso del polo “campo”, una disputa entre una Argentina agraria
que precisaba de la liberación de las trabas “distrorsivas” para poder aflorar vs la Argentina
estatista, donde Estado aparece ligado a las características de corrupción e ineficiencia, haciendo
visible la dimensión hegemónica que fue cobrando el conflicto. Se genera un efecto a nivel
ideológico que avanza hacia la restauración de distintos componentes de la idea de Estado
mínimo puesta en crisis hacia 2001: la libertad de mercado como consustancial de la libertad del
individuo, la acción de Estado como perturbación al mercado, la idea de que el mercado utiliza
mejor los recursos que el gobierno y que el desarrollo nacional se alcanza, por ende, a través de
más mercado libre.” (2013:348-349).
Pese a la heterogeneidad que se escondía detrás del llamado “campo” y los
intentos del gobierno nacional para quebrar su unidad con distintas medidas
compensatorias36 con el objeto de diferenciar a los productores al interior del polo, el
36 Las Resoluciones Nº 284 y 285/08 procuraban el reintegro del aumento en las retenciones para lospequeños productores que exportaban menos de 500 toneladas; se creó la Subsecretaría de DesarrolloAgropecuario y Agricultura Familiar; se estableció una compensación por lejanía de los puertos y la
52
conflicto se fue agudizando y polarizando cada vez más. En este profundizar del
antagonismo los medios masivos de comunicación fueron una pieza clave.
Entendemos los medios de comunicación como actores centrales en el desarrollo
del conflicto en particular, y en la conformación de los distintos proyectos políticos que
pugnan por imponerse, en general. Estos grupos empresariales multimediáticos
diversificados y concentrados en pocas manos, como plantean Ibañez y Cabral (2008),
son actores privilegiados en la construcción de la realidad social debido a que imponen
agenda y configuran marcos de percepción y, en el caso que nos ocupa, cumplieron
particularmente un rol estratégico señalando y caracterizando los actores legítimos
dentro del conflicto. Los autores identifican y desarrollan cuatro estrategias discursivas
empleadas por los actores mencionados: polarización del conflicto (Campo/Gobierno),
personificación (Alfredo De Angeli /Cristina Fernández), estigmatización/oclusión de
actores y el carácter pedagógico/pasional del discurso mediático. Asimismo, afirman
que el abordaje mediática del conflicto vela la trama conflictual de intereses económicos
y políticos invisibilizando a otros actores sociales que plantean reformas y denuncias
más profundas, que cuestionan el sistema de acumulación capitalista.
En el conflicto del gobierno con el “campo” se puede ver cómo se emplearon
por parte de estos actores multimediáticos, claramente volcados a favor de los intereses
de las patronales rurales, no sólo las estrategias discursivas desarrolladas por Ibañez y
Cabral, sino también herramientas que describen como:
“Montajes fragmentarios, pantallas divididas en “vivo” con las voces de “los
protagonistas” los mismos actores y escenarios en una cadena de eslabones equivalentes de canal
en canal/ de tv, a grafica y radio. Espectáculo que imposibilita, una vez mas, poder contar con
modificación de la tasa que limitaba el funcionamiento de los llamados “mercados a futuro”, entre otras.
53
otras voces y encuadres que muestren la densidad, los intereses y las tramas conflictuales de las
que forma parte este conflicto particular.” (2008:10).
Tratando de definir con mayor profundidad posible el rol de los medios masivos
de comunicación durante el conflicto, retomando la línea de la construcción identitaria
de cada uno de los polos antagónicos, podemos decir que en términos de Gramsci estos
cumplieron el rol de intelectual orgánico, como cohesionantes y concientizantes de
intereses y fines en pos de su organización. Pero como particularidad del conflicto
podemos afirmar, siguiendo a Varesi (2013a), que los medios de comunicación,
habituados a posicionarse “por encima” de los conflictos coyunturales en un rol más
estratégico de orientación para la clase en su conjunto, se alinearon explícitamente con
las fuerzas opositoras emergentes. En este sentido, el autor sostiene:
“… grupos mediáticos que componían el “Estado Mayor intelectual” de la clase
dominante en su conjunto dejaron de lado esta distancia para tomar una posición específica y
convertirse en el intelectual orgánico de un alineamiento opositor que comenzó a cobrar forma
con este conflicto singular, adquiriendo gradualmente rasgos propios. Así, un conjunto de los
principales medios masivos de comunicación empezaron a actuar como intelectual orgánico, ya
no de la clase dominante en su conjunto, sino de este nuevo aglomerado de fuerzas opositoras
con el fin de conformarlo como fuerza alternativa con capacidad de disputar y vencer a su
antagonista.” (Varesi, 2013a:360-361).
Las características del conflicto nos muestran que se trató de un
cuestionamiento a los fundamentos y a las bases en las que se sustentó el
proceso de armonización iniciado a partir de la salida de la convertibilidad. O
sea, un cuestionamiento a la hegemonía del proyecto político-económico en el
Gobierno.
54
CONSIDERACIONES FINALES
Lo primero que hay que decir es que distribuir recursos genera siempre disputa y
conflicto y el conflicto del campo es un claro ejemplo de ello.
Los hechos que sucedieron a partir del 11 de marzo de 2008 fueron de una
magnitud tal que trastocaron y modificaron las bases de apoyo del proyecto político-
económico que se había iniciado con la salida de la convertibilidad en el año 2002,
produciéndose en el marco de la puja distributiva modificaciones en los alineamientos
de las distintas fracciones del capital.
La falta de consulta previa con los actores afectados por la medida, la no
segmentación en función de la escala de los productores, el carácter tangente y directo
de la quita, junto con la errática política comunicacional del Gobierno, fueron todos
factores que sólo precipitaron el desenlace de crisis de hegemonía que se venía gestando
a medida que se agudizaban las contradicciones en torno al modelo de acumulación
vigente.
Los más de 4 meses que duró el conflicto, desde el anuncio de la Resolución 125
hasta el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos, se gestó un proceso en el
cual maduraron, tal como lo desarrollamos en el capítulo precedente, un conjunto de
contradicciones inherentes al modelo de acumulación que, merced al carácter político
que rápidamente adquirió la inicial protesta sectorial, se tornaron antagónicas generando
un cuestionamiento al proyecto hegemónico del Gobierno, buscando cambiar las bases
socio-económicas del mismo.
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Desarrollamos las transformaciones estructurales acaecidas en el sector agro-
industrial argentino en el transcurso del siglo XX, a partir del análisis de la
especificidad de las características particulares del modelo sectorial denominado
modelo de agro-negocios, y describimos asimismo cómo las fracciones vinculas al
mismo fueron aumentando su poder a partir del nuevo modelo de acumulación gestado
en la pos-convertibilidad. La devaluación que implicó la salida de la paridad cambiaria,
estableciendo a partir de entonces un tipo de cambio competitivo y muy favorable a
estos sectores (y que tiende a ser perjudicial para los asalariados), conllevó un
beneficioso atraso en los costos, incluidos los salarios rurales. Al mismo tiempo se
implementaron políticas activas hacia el sector mediante precios de los combustibles
subsidiados por el Estado y la pesificación de sus deudas, que permitió licuar el fuerte
endeudamiento en dólares de los productores con los bancos y facilitó a muchos operar
con capital propio. Todo esto implicó una fenomenal transferencia de recursos hacia los
sectores vinculados a la exportación de bienes y servicios, y en particular al sector
agropecuario exportador de materias primas, que, a su vez, coexistieron con un
sostenido crecimiento de los precios internacionales de los commodities.
Lo que nos lleva a pensar, tal como sostiene Varesi (2013a), que no fue una crisis
de los sectores afectados por la medida lo que los llevó a la protesta sino, más bien, su
fortalecimiento en el marco del cambio de las relaciones de fuerza. Incluso, al momento
del conflicto se encontraba en fuerte expansión, con márgenes de rentabilidad
extraordinarios y con excelentes perspectivas a futuro.
En este proceso de transformación del agro en particular marcamos como
primero se forjó, a partir de la dictadura militar de 1976, un marco institucional
sustentado en la globalización y el predominio del capital financiero, que permitió la
consolidación de éste modelo sectorial de agro-negocios en el país. Y que en su
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momento de mayor penetración implicó un descarnado proceso de desregulación del
sector, eliminando, a partir del año 1991, las Juntas reguladoras de la actividad
agropecuaria (Junta Nacional de Granos, de Carnes, etc.) que operaban desde los ’30. El
desmantelamiento de estructuras estatales, como el caso del INTA, significó al mismo
tiempo una gran transferencia de conocimiento, dado que su banco de semillas pasó a
ser parte del conocimiento con el que contarían las corporaciones que llegaban al país
de la mano del agro-negocio. A esto hay que agregarle la flexibilización de las leyes de
arrendamiento mediante el nuevo contrato por cosecha, que permitió el surgimiento de
la figura del contratista, con o sin tierra propia. Se privatizaron los silos y los puertos y
se fue configurando un nuevo complejo agroexportador dominado por las grandes
exportadoras. Este viraje hizo del agro argentino uno de los más desregulados del
mundo, sujeto abiertamente a los vaivenes de la economía mundial.
El resultado de este proceso fue una modificación en la lógica reinante para el
sector, con eje ahora en la producción de commodities orientados a la exportación,
basándose en tecnología de punta y un cambio en la escala de las unidades productivas.
Este cambio de la forma de producir implicó la desaparición, entre Censo Nacional
Agropecuario de 1988 y 2002, de unas 87.000 unidades productivas consideradas
ineficientes en el marco de las condiciones imperantes para el nuevo modelo de agro-
negocios, por la imposibilidad de estos actores de acoplarse al proceso modernizador.
El cambio de lógica tensa aún más la puja distributiva entre las distintas
fracciones del capital, que a lo largo de la historia se ha dado entre sectores vinculados a
la producción de los bienes agroalimentarios, los cuales el país tiende a exportar para
obtener divisas (necesarias para sostener el proceso de industrialización y desarrollo), y
los “bienes salarios” que componen la canasta básica de alimentos que consume la
fuerza de trabajo. Rzezak (2008) sostiene que en el contexto de esta fuerte disputa
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intersectorial, el conflicto Gobierno/”campo” por retenciones, podemos ver una especie
de nuevo desarrollismo o “neo-desarrollismo” (por las nuevas características de
diversificación e integración del sector) con una feroz puja por las divisas provenientes
del sector agroexportador entre Estado, asalariados y grupos vinculados con el
desarrollo industrial, por un lado, y los sectores ligados al complejo agroexportador, por
el otro. Mientras que el Estado intenta hacerse de esas divisas con el fin de desarrollar
su política pro-industrialización, y su consecuente redistribución hacia los asalariados y
sectores populares en general, los sectores agroexportadores buscan, a costa de la
posibilidad de la implementación de dicha política, incrementar su elevada rentabilidad.
Acá tenemos entonces una importante contradicción entre un sector que se
expande y acumula fuerzas a partir de una dinámica neoliberal de fuerte desregulación y
liberalización de la economía, incrementando fuertemente su tasa de ganancia; y un
proceso que se empieza a dar a partir del 2002 con creciente intervención del Estado
que se hace de parte de los excedentes generados por el sector agroindustrial exportador
para distribuir a otras fracciones del capital, asalariados y sectores populares en general,
tal como se menciona en el párrafo precedente.
Este proyecto político-económico hegemónico neo-desarrollista vigente entra en
crisis a partir del conflicto con el campo al ser cuestionados los pilares fundamentales a
partir de los cuales logra el consenso necesario para imponerse. La acumulación de
fuerzas de los sectores vinculados al agro-negocio le permiten a éstos, a partir de un
nuevo consenso sustentado en la consolidación económica y socialmente de una gran
trama de agentes sociales (rurales y urbanos) y con otros tantos que el estratégico rol de
los medios de comunicación se encargan de encolumnar, tomar la iniciativa política para
plantear su construcción en un plano más “universal” y superador de la instancia
meramente corporativa.
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Acá es donde se empieza a ver la conformación de los dos polos beligerantes, y
su vertiginoso desenlace tiene que ver con la estrategia de polarización en que se
sustentaba la lógica de construcción de ambos. Podemos decir que la fortaleza de los
dirigentes del polo “campo” estuvo en su capacidad de conducir y subordinar un
conjunto de actores económicos y sociales muy disímiles y muy desigualmente
beneficiados por el modelo. Esto se logró en parte por el repertorio de acción colectiva
desplegado, que incluyó el uso de herramientas de acción asociadas a las luchas de los
sectores subalternos en momentos de crisis como fueron los piquetes, cortes de ruta,
asambleas e, incluso, los escraches. Pero, en parte también, se debe al papel clave (y
novedoso) que tuvieron en el conflicto los grandes grupos multimediáticos,
abandonando su histórica función de intelectual orgánico del conjunto de las clases
dominantes, inclinándose decididamente a favor de una fracción en particular, la
representada por las patronales rurales, como punta de lanza para plantear un proyecto
político-económico alternativo. Queda pendiente profundizar en qué grado la medida se
trató de intereses concretos en común, dado el grado de diversificación de esta fracción
del capital, o del posicionamientos a partir de la agudización de las contradicciones.
Respecto al polo “Gobierno”, si bien puede verse como una derrota en términos
de capacidad de sostener la medida y doblegar en parte a los sectores vinculados al
agro-negocio, lo cierto es que se transformó en un conflicto que abrió aguas, alineando a
gran parte de los actores sociales en uno u otro proyecto político-económico que van
definiendo dos polos claramente antagónicos. Podemos decir que el conflicto es
germen, por voluntad o necesidad, de la intensificación identitaria del proyecto político-
económico que encarnan.
En definitiva, lo que sostenemos es que se puso en crisis el proceso (iniciado a partir de
la salida de la convertibilidad) de armonización promovido por el Estado como proyecto
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político-económico, cuestionando las retenciones (y la intervención del Estado) y se
empezó a cristalizar un corrimiento en la alineación al interior de los sectores
dominantes, conformándose claramente un polo adversario al Gobierno, que pasó a ser
el escenario de la confrontación por la hegemonía en el país hasta nuestros días.
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