el cajon de herminio finalmente fue para el partido justicialista
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Director: Viguera, Aníbal Omar
Giménez, Sebastián Reinaldo
Tesis presentada para la obtención del grado de Licenciado en Sociología
Cita sugerida Giménez, S. R. (2007) El cajón de Herminio finalmente fue para el Partido Justicialista [en línea]. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.587/te.587.pdf
El cajón de Herminio finalmente fue para el Partido Justicialista
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
TRABAJO FINAL
El cajón de Herminio finalmente fue
para el Partido Justicialista
Alumno: Sebastián R. Giménez Legajo: 71131/7 Correo electrónico: [email protected] Director: Aníbal Viguera Fecha: 05/12/2007
Abstract
En las elecciones presidenciales de abril de 2003 tres históricos dirigentes del Partido
Justicialista (Carlos Menem, Adolfo Rodriguez Saa y Néstor Kirchner) se presentaron
como candidatos a ocupar la presidencia de la Nación; sin embargo, la candidatura
oficial del tradicional partido quedó vacante y los distintos candidatos crearon para la
ocasión etiquetas partidarias nuevas (Frente por la Lealtad, Alianza Frente Movimiento
Popular, Frente para la Victoria).
El trabajo de tesis presentado procura reconstruir los factores tanto de largo plazo como
coyunturales que condujeron a la fragmentación del PJ en distintas unidades partidarias.
Consideraremos para ello, en un primer momento, procesos relacionados con la
desindicalización partidaria, el vaciamiento de la burocracia del partido y la
reconversión ideológica; en un segundo momento, nos centraremos en la reconstrucción
del proceso político específico operado entre 1999 y 2003, año en que se efectiviza la
ruptura del PJ.
La fractura del Partido Justicialista constituye un hecho de gran relevancia puesto que
significó una inflexión histórica en la organización partidaria del peronismo y marcó un
cambio en el sistema partidario argentino que dejó de estructurarse en torno a partidos
políticos sólidos.
Términos clave
Sociología Política – Partidos Políticos – Partido Justicialista – Peronismo – Sistema
Político
2
Indice
Introducción __________________________________________________ Primera parte: Las Transformaciones del Partido Justicialista (1983-1999)_
1- Del partido de base sindical al partido clientelista_____________ 2-Vaciamiento de la burocracia partidaria_____________________ 3- Reconversión ideológica y crisis identitaria___________________
Segunda parte: Hacia la fragmentación partidaria: reconstrucción del proceso político (1999-2003)_____________________________ _________
1-El Partido Justicialista tras la derrota en las presidenciales de 1999__________________________________________________________
2- La crisis de la Alianza y el advenimiento del PJ al poder________ 3- El gobierno de Duhalde__________________________________
Conclusiones_ _________________________________________________ Bibliografía___________________________________________________
04 07 09 15 19 22 24 39 55 67 79
3
Introducción En las elecciones presidenciales de abril de 2003 tres históricos dirigentes del Partido
Justicialista (Carlos Menem, Adolfo Rodriguez Saa y Néstor Kirchner) se presentaron
como candidatos a ocupar la presidencia de la Nación; sin embargo, la candidatura
oficial del tradicional partido quedó vacante y los distintos candidatos crearon para la
ocasión etiquetas partidarias nuevas (respectivamente: Frente por la Lealtad, Alianza
Frente Movimiento Popular, Frente para la Victoria).
El presente trabajo de tesis se propone como objetivo reconstruir el proceso político que
condujo a la fractura del Partido Justicialista. La desaparición del justicialismo de la
escena política nacional no es algo históricamente necesario ni evidente; las divisiones y
los antagonismos fueron características inherentes a la organización desde sus mismos
orígenes, manifiestos en las distintas disputas por las que estuvo atravesado:
organizacionales entre políticos y sindicalistas, ideológicas entre izquierda y derecha, y
propiamente de poder entre distintas facciones. A lo largo de su historia, sin embargo, el
Justicialismo desarrolló mecanismos para sortear esas dificultades (mediación del líder
carismático, división del partido en ramas con “cuotas” de representación, elecciones
internas) de manera tal que nunca se había presentado dividido a elecciones
presidenciales. Por otra parte, si bien su caudal electoral se había visto reducido en los
últimos años, en el momento de la ruptura seguía siendo la principal fuerza política a
nivel nacional en Argentina.
En este trabajo sostendremos que la fragmentación en distintas unidades partidarias fue
el resultado de un complejo proceso en el que intervinieron factores tanto de largo plazo
como coyunturales por un lado, y externos e internos a la organización partidaria por el
otro, que derivó en una dispersión de las fuerzas del partido y sentó los precedentes para
una posterior desaparición del Partido Justicialista de la escena nacional.
4
A los fines de la presentación, hemos decidido organizar el trabajo en dos partes
centrales: en la primera de ellas se abarcará el período comprendido entre 1983 y 1999;
basándonos en la bibliografía existente, señalaremos los grandes desafíos que el
justicialismo debió hacer frente en el período de la post dictadura, relacionados, por un
lado, con la desestructuración del modelo nacional-popular (matriz societal que había
constituido el marco natural de acción del peronismo) operada por la dictadura militar
instalada en 1976 y, por otro, con problemas de organización internos producto de la
muerte del líder. Desarrollaremos en este apartado la manera en que el partido respondió
a ese contexto, atravesando un profundo proceso de reorganización interna y de
reconversión ideológica, y señalaremos las tensiones que se fueron acumulando en la
resolución de esos desafíos.
En la segunda parte nos centraremos en el período 1999-2003. Fundamentalmente a
partir de material de archivo, reconstruiremos el proceso político iniciado con la derrota
en las elecciones presidenciales de 1999 del candidato oficial del PJ, Eduardo Duhalde.
En los dos años de gobierno de la Alianza, el PJ no logró estructurarse como “partido
opositor”; disgregado en fracciones antagónicas, se hicieron manifiestos en este período
los límites de la institucionalización partidaria y la relevancia de primer orden que
durante los 90’ había tenido el control del Estado nacional como factor de cohesión de
las distintas unidades del justicialismo. En un segundo momento, nos referiremos a la
crisis de 2001, desatada en octubre de ese año con la “crisis de representación” que
reflejaron las elecciones legislativas, y resuelta parcialmente a principios de enero con
la asunción de Eduardo Duhalde a la primera magistratura; en este apartado centraremos
la atención en la manera en que la crisis del PJ y la del estado nacional se imbricaron y
retroalimentaron mutuamente. Por último, un tercer apartado apuntará a reconstruir las
distintas alternativas puestas en juego para solucionar el “problema de la sucesión”
5
durante 2002, hasta desembocar este proceso en la dispersión de las fuerzas del partido,
evidente en la presentación de listas diferenciadas de los candidatos justicialistas.
Por último, en las Conclusiones dejaremos planteadas algunas de las continuidades y
rupturas llevadas adelante por el proyecto encabezado por el Presidente Néstor Kirchner
en lo pertinente a su relación con el Partido Justicialista.
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Primera parte
LAS TRANSFORMACIONES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA (1983-1999)
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La crisis política al interior del Partido Justicialista que en 2003 desembocó en la
fractura partidaria tenía una larga historia. En este apartado procuramos detenernos en
las raíces “estructurales” (o de largo plazo) de la crisis política. Consideramos que la
reconstrucción histórica de la fragmentación partidaria del justicialismo debe tener
como punto de partida la peculiar manera en que el PJ se enfrentó a la desestructuración
de la “matriz societal” dentro de la cual se había desarrollado (y que en gran parte había
contribuido a gestar): el modelo nacional-popular.
El objetivo de este apartado es, a partir de un análisis de la bibliografía existente sobre
el tema, poner de manifiesto los procesos que atravesó el PJ para adaptarse al contexto
político y económico de la post dictadura. La reconstrucción de estos procesos tiene
como horizonte la descomposición del Partido Justicialista a nivel nacional luego de la
derrota de Duhalde en 1999 y la simultánea persistencia del justicialismo en las
provincias, por lo que se enfatizarán los procesos que imposibilitaron el armado de una
estructura a nivel nacional. Por lo tanto, no realizaremos aquí un relato histórico
exhaustivo del derrotero del justicialismo en los primeros 15 años de vida democrática,
sino que enfatizaremos tres procesos que están en la base de la descomposición
partidaria pos 99’: en primer lugar, la desindicalización del PJ y los nuevos vínculos
construidos con los sectores populares; en segundo lugar, el papel desempeñado por la
burocracia partidaria; por último, la desintegración ideológica e identitaria del
peronismo.
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1. Del partido de base sindical al partido clientelista
Las transformaciones en la relación entre el peronismo y la clase trabajadora en los
primeros años de vida democrática deben ser colocadas bajo el telón de fondo de la
reestructuración en todos los niveles de la vida social que introdujo la dictadura militar
instalada en 1976.
Los objetivos perseguidos por los militares pasaban fundamentalmente por la
desarticulación del modelo nacional popular surgido con el peronismo a principios de
los años cuarenta que, según su visión, dotaba a los sectores populares, y sobre todo a
los sindicatos, de un poder “excesivo” que debía ser acotado. El disciplinamiento de los
actores sociales vinculados a la Argentina “populista” se operó a través de instrumentos
represivos y de política económica (Novaro y Palermo, 2003: 36-37; Abós, 1984: 69).
La represión incluyó el secuestro, muchas veces seguidos de la tortura y la desaparición,
de aquellos actores que cuestionaban el statu quo, principalmente de representantes
gremiales y delegados de base, y la suspensión de la actividad sindical (muchos
sindicatos fueron intervenidos, se prohibió el derecho de huelga y se anularon normas
de avanzada de la Ley de Contrato de Trabajo). En el diseño de la política económica
estuvo presente una nueva “derecha liberal tecnocrática” (Canelo, 2004), que desde sus
puestos en el gabinete de Martinez de Hoz promovió la apertura comercial y la
desregulación del sistema financiero, medidas que en su conjunto contribuyeron a una
fuerte desindustrialización de la economía argentina (en 1983 el PBI industrial era 25%
menor que el de 1970) y, en consecuencia, hicieron su aporte al disciplinamiento de los
sectores populares1.
1 “La política sindical de la Junta Militar fue como una tenaza con dos pinzas: por un lado se descargó sobre el movimiento obrero una feroz represión, acompañada de una auténtica batería de normas prohibitivas. Por el otro, la política económica impulsada por la dictadura tenía como explícito objetivo debilitar, reducir y acorralar a la clase obrera y de esta forma, atacando sus propias bases sociales, se cerraba la trampa sobre la organización sindical” (Abós, 1984: 69).
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El triunfo de la Unión Cívica Radical en las elecciones celebradas en 1983 puso de
manifiesto las grandes transformaciones que se habían operado en la sociedad argentina
en los últimos años. El peronismo comprobó en los hechos que el tiempo de su supuesta
“mayoría natural” había concluido; la erosión del peso de los sindicatos en la sociedad
era paralela a su desprestigio en la opinión pública, hábilmente influenciada por
Alfonsin, quien extendió la crítica a la corporación militar hacia las corporaciones en
general a través de la denuncia de un “pacto militar sindical”.
Sobre esta base se renueva el conflicto que había contenido en su seno el justicialismo
desde sus mismos orígenes: la disputa entre los sindicalistas y los políticos
profesionales por la hegemonía al interior del movimiento2. En las décadas anteriores,
la proscripción del PJ y la concentración de recursos financieros y organizativos en
manos de los sindicatos habían relegado a los políticos a un papel secundario. El
régimen democrático les ofrecía ahora a los dirigentes partidarios dos oportunidades
para competir con éxito en la interna peronista: en primer lugar, un marco político-
cultural favorable a la organización y la dirigencia partidarias versus las corporativas; en
segundo lugar, puestos en el Estado que permitían el acceso a recursos para construir
bases propias a través de la distribución de recursos de patronazgo.
Por otra parte, el contexto económico ofrecía la posibilidad de vincularse con los
sectores populares sin depender de la mediación de las estructuras sindicales. Las
políticas sociales y económicas regresivas implementadas por la Junta militar arrojaron
a amplias capas de la población al sector informal de la economía (manifiesto en los
índices crecientes de desocupación, subocupación y precariedad laboral); en lo sucesivo,
los gobiernos democráticos, lejos de aportar a la construcción de una sociedad más
igualitaria, continuaron con el despojo de recursos materiales, sociales y culturales de
2 Sobre este tema ver Mackinnon, 2002.
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los sectores populares; la profundización de las políticas neoliberales durante la gestión
menemista cristalizó la fractura social y la desigualdad estructural entre las clases
sociales.
Los políticos justicialistas verían en esta población una oportunidad para construir bases
propias de seguidores. Como muestra Steven Levitsky, los dirigentes políticos a cargo
de intendencias y gobernaciones implementaron una nueva estrategia para captar los
votos de los sectores populares: el clientelismo. El autor define al clientelismo como un
“patrón informal de organización política en el cual los recursos del Estado son la
principal moneda en el intercambio político entre los actores partidarios de mayor y
menor nivel” (Levitsky, 2005: 170). A partir de un extenso trabajo de campo, Levitsky
(2001, 2005) reconstruye el funcionamiento de la “desorganización organizada” (así
define al PJ) consistente en una vasta red informal de Unidades Básicas, Agrupaciones
y líneas internas en su gran mayoría autónomas de la burocracia partidaria. Las
organizaciones clientelistas se ocupan de organizar a los sectores fragmentados y
heterogéneos de los desocupados a nivel local brindando recursos de patronazgo a
cambio de apoyo en las elecciones.
Las organizaciones clientelistas surgen impulsadas por la Renovación en los 80’, un
sector del PJ liderado por gobernadores e intendentes cuyo objetivo consiste en
“modernizar” el partido, lo cual implicaba desde su visión aflojar los lazos de
dependencia del partido con los sindicatos en orden de ampliar la base electoral. El fin
que perseguían no consistía en la desindicalización lisa y llana del partido, sino más
bien procuraban convertir al PJ en un partido socialdemócrata en el que los sindicalistas
tuviesen una participación importante pero subordinada a la dirigencia política. Es así
que hacia fines de los 80’ el clientelismo convivía con una fuerte presencia sindical. En
los 90’, por el contrario, los sindicatos son desplazados de la coalición dominante del PJ
11
y el clientelismo se convierte en la principal herramienta de vinculación con las bases.
Levitsky afirma que “si durante los ochenta esas organizaciones habían actuado como
‘partidos colaterales’ ayudando a los miembros del PJ a independizarse de los
sindicatos, en la del 90’ se convirtieron en el único camino viable” (Levitsky, 2005:
170).
Consideramos que el trabajo de Levitsky es de un valor inestimable a la hora de analizar
los cambios producidos en el PJ en la década del 90’. Sin embargo, la rápida
descomposición del PJ sobrevenida luego de que Menem dejara la presidencia en 1999
obliga a relativizar las conclusiones del autor referidas al éxito del PJ en su adaptación
al contexto neoliberal. Sostenemos que si bien el clientelismo fue una estrategia eficaz
para seguir manteniendo los vínculos con los sectores populares en un contexto de
desindustrialización y neoliberalismo, a mediano plazo, generó efectos sobre la
organización que dificultaron la formación de un liderazgo partidario nacional estable.
En este sentido, la desindicalización del partido resultó, en términos institucionales, un
arma de doble filo: por un lado, desprenderse de la influencia sindical permitió al PJ
captar votos de la clase media independiente, tradicionalmente reacia al sesgo más
corporativista del peronismo; también le permitió virar al neoliberalismo sin tener que
enfrentar grandes resistencias internas. Pero, por otra parte, contribuyó a acentuar la
descentralización del partido; si bien la relación con el resto de los actores del
movimiento, tanto con el líder como con la dirigencia política, no estuvo exenta de
conflictos, el sindicalismo hizo un aporte fundamental a la unidad del peronismo: su
poderosa estructura extendida a lo largo de todo el territorio nacional, nucleada en una
conducción unificada, era una fuente permanente de homogeneización y cohesión de las
bases. El clientelismo se caracteriza, por el contrario, por la organización local de las
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bases3; las organizaciones clientelistas son las que tienen a su cargo la distribución de
recursos materiales entre los habitantes del barrio y, lo que resulta especialmente
relevante, son las que organizan las campañas y movilizan a los afiliados en las
elecciones. Los dirigentes locales que controlan los aparatos partidarios son acreedores,
de este modo, de una enorme cuota de poder.
Dado el carácter segmentado y descentralizado4 del Partido Justicialista, la fortaleza de
los liderazgos regionales no implica (necesariamente) una correspondiente solidez del
liderazgo nacional, debido al amplio margen de autonomía política con el que cuentan
los caudillos territoriales. Las organizaciones clientelistas, contrariamente a la
organización sindical, se caracterizan por su alto grado de dispersión, por lo que la
coordinación en aras de la formación de alianzas nacionales estables se enfrenta fuertes
límites.
En definitiva, el clientelismo resultó ser un gran obstáculo en el armado de una
coalición nacional, debido principalmente a que acentúa la tendencia hacia la
regionalización del poder mientras produce un desgaste en las estructuras organizativas
que en períodos anteriores habían sustentado la estabilidad de los liderazgos nacionales.
Hay que subrayar además que, en la década del 90’, el poder de la dirigencia local se
vio acrecentado por dos factores: en primer lugar, la “descentralización administrativa”
implicó la transferencia a los niveles subnacionales de funciones que anteriormente 3 Conviene aclarar que el predominio de lo local no es un fenómeno exclusivo del PJ, sino algo que fue cobrando en general mayor relevancia en la política argentina desde los 80’ y que el peronismo replica. Dos nos parecen ser las causas principales de este proceso: en primer lugar, la desestructuración de la sociedad salarial que se había conformado en los años del primer peronismo; como afirma Merklen: “la figura de lo local se convirtió progresivamente en el principal componente de la inscripción social de una masa creciente de individuos y de familias que no pueden definir su status social ni organizar la reproducción de su vida cotidiana a partir de los frutos del trabajo. El proceso de ‘desafiliación’ (…) encuentra un sustituto de reafiliación en la inscripción territorial” (Merklen, 2005: 59). En segundo lugar, la crisis del Estado nacional que, desde el Proceso, irá renunciando progresivamente a su rol de promotor del bienestar social y relegará en los estados provinciales las funciones básicas de la reproducción social, como la salud y la educación. En definitiva, estos factores tienen su origen en la desestructuración de la matriz nacional-popular que había organizado las relaciones sociales y políticas en Argentina desde la década del 40’ hasta la dictadura militar. 4 “Segmentado” hace referencia a que las subunidades del partido no están ligadas horizontalmente; “fragmentado” a que no están ligadas verticalmente (Levitsky, 2005: 86)
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ejecutaba el gobierno nacional (salud, educación, entre otras)5; esto llevó a poner en
manos de los políticos locales mayores recursos de patronazgo para construir
organizaciones propias. En segundo lugar, en esta década muchos líderes regionales
utilizaron los recursos institucionales de la organización federal del país (que permite
modificar el calendario electoral, crear normas electorales propias a nivel distrital, y
modificar la constitución) para impulsar profundas reformas políticas que tendieron a
crear subsistemas electorales regionales. En este sentido, Cherny y Vommaro afirman
que las reformas políticas de los 90’ contribuyeron a generar lógicas de funcionamiento
en las instancias locales que presentan una ruptura respecto de las nacionales; según los
autores, en la última década “el margen de maniobra de los actores subnacionales (esto
es, la capacidad de los líderes regionales para desarrollar estrategias políticas propias,
alianzas electorales, alianzas de gobierno, discursos y orientaciones políticas) aumentó
de un modo tal que pareciera expresar una discontinuidad respecto de la estructuración
nacional de la política provincial” (Cherny y Vommaro, 2004: 148).
5 Oscar Oszlak (2003) sostiene que “en los últimos diez años se produjo una ‘fuga’ de empleo público del estado nacional hacia los estados subnacionales. Las provincias y municipios se han constituido en fuertes empleadores, forzados por las transferencias unilaterales de gestiones desde la Nación, por las crisis de sus economías y por la continuada vigencia del nepotismo político” (pag. 525). Conviene subrayar paralelamente que este traspaso de responsabilidades a los gobiernos provinciales fue acompañado de una cada vez mayor dependencia económica de las provincias de los recursos que envía el gobierno nacional. Oszlak, en el mismo trabajo afirma: “La crisis económica de las provincias, unida a los magros ingresos tributarios obtenidos de fuentes locales, incrementaron la dependencia de los estados subnacionales de la coparticipación impositiva, las transferencias y adelantos del gobierno nacional y un creciente endeudamiento (…) En promedio, las provincias no consiguen cubrir más que el 40% de sus ingresos totales a partir de fuentes tributarias propias. Décadas atrás, el gobierno transfería a las provincias apenas un 5% del presupuesto total de las mismas, mientras que ahora ese financiemiento cubre más del 60% de las finanzas provinciales (Oszlak, 2003: 522-525). Véase también sobre este tema el análisis de Benton (2003).
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2. Vaciamiento de la burocracia partidaria
Mientras que la desindicalización (con las ventajas y límites que conlleva) es un hecho
novedoso, las dificultades del PJ por conformar una burocracia central fuerte se
remontan a las etapas de formación del justicialismo, como consecuencia de sus
orígenes carismáticos y movimientistas.
Según Angelo Panebianco, en un partido carismático “el líder tiene un enorme control
sobre la organización en trance de formarse, debido a que el partido no tiene una
existencia autónoma del líder”. La identificación del partido con el líder hace que la
organización se caracterice por la ausencia de reglas y de patrones de carrera política, al
tiempo que carece de una clara división del trabajo. “Las lealtades directas y la
delegación personal y arbitraria de la autoridad ejercida por el líder de la organización
son los únicos criterios sobre los que se basa su funcionamiento” (Panebianco,
1988:144). Por lo tanto, los partidos carismáticos tienden a ser muy inestables, y la gran
mayoría de ellos se disuelve una vez que desaparecen sus líderes fundadores.
En el caso del peronismo, conspiraba además contra el establecimiento de una
burocracia fuerte el carácter “movimientista” de la organización. El movimientismo le
permitió incorporar a una amplísima variedad de subunidades con distintas finalidades
(sindicatos, partidos provinciales, organizaciones armadas revolucionarias, bandas
paramilitares) en sus distintas formas de expresión. En la gran mayoría de los casos,
este conjunto heterogéneo de agrupaciones operaba con un margen de autonomía muy
grande, sin una estructura de autoridad reconocida a nivel nacional, manifiesto en los
límites siempre difusos y fluidos de la organización6.
6 Al respecto, Levitsky sostiene que “cualquiera podía considerarse peronista, crear una organización y formar parte de él (…) Los subgrupos peronistas no requerían el reconocimiento oficial para constituirse y las estrategias que elaboraban y aplicaban permanentemente no estaban aprobadas desde arriba" (Levitsky, 2005: 55).
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La estrategia movimientista era resultado de la escasa representatividad del sistema
político y del rol subordinado del PJ. Como quiera que sea, esta forma de organización
contribuyó a dotar de mayor centralidad al liderazgo de Perón y a debilitar aún más al
PJ.
La muerte de Perón en 1974 y la conformación de un sistema de partidos en la argentina
de la posdictadura favorecieron los esfuerzos tendientes hacia la institucionalización del
partido y la “partidización” del movimiento realizados por los dirigentes nucleados en la
Renovación. Estos se proponían, ante la desaparición del líder, generar un reforzamiento
de las reglas y procedimientos impersonales de la organización e implementar
mecanismos burocráticos en la selección de dirigentes y en la toma de decisiones.
Además, procuraban que la burocracia partidaria concentrara el poder otrora disperso en
la multiplicidad de organizaciones peronistas.
Ana M. Mustapic señala que el vacío a llenar en el justicialismo después de la muerte de
Perón se refería a dos aspectos: en primer lugar, había que buscar una nueva fuente de
legitimidad para la toma de decisiones; en segundo lugar estaba la necesidad de
encontrar nuevos mecanismos de interpretación de las reglas. A esta doble función, los
nuevos dirigentes del PJ “terminaron colocándola por un lado, en la única fuente de
legitimidad no sujeta a disputas, la masa de afiliados, y, por otro, en la regla de la
mayoría, que no necesita ser interpretada. En otros términos, la innovación de fondo
operada en el justicialismo fue su democratización. El PJ encontró así una fórmula
sucesoria” (Mustapic, 2002: 152-153)7.
7 A continuación, Mustapic señala que la modalidad en que se dio esta fórmula sucesoria generó efectos sobre la organización y la dinámica internas del partido. “Con el proceso de democratización interna, el poder de decisión comenzó a fluir de abajo hacia arriba… La combinación entre descentralización y democratización generó el fraccionamiento del poder y los recursos en el interior del partido, y ello, a su vez, terminó alentando la mayor autonomía a las diversas sub-unidades que lo componen” (Mustapic, 2002: 154).
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El éxito de los renovadores en las elecciones de 1987 y 1989 y la celebración de
internas partidarias para elegir candidato presidencial en 1988 significaron un avance en
el proceso de institucionalización. Se señaló entonces que el PJ había adquirido el modo
de funcionamiento clásico de todo partido moderno.
Sin embargo, en el mediano plazo los resultados efectivos tendieron a ser escasos. En
este sentido hay que señalar que las elecciones internas para elegir candidatos
presidenciales no se volvieron a repetir en los años sucesivos; por su parte, en los años
de su gestión al frente de la Presidencia de la Nación (1989-1999), Menem se valió del
fuerte peso que el líder tiene en la tradición peronista para cultivar un estilo de
conducción fuertemente personalista que excluyó a los actores partidarios de la toma de
decisiones; según Novaro y Palermo el de Menem fue “un gobierno del peronismo, pero
no del Partido Justicialista” (Novaro y Palermo, 1996: 433).
En su relación con los factores de poder del peronismo Menem privilegió los recursos
que ponía a su disposición el control del aparato estatal; los mecanismos de
participación provistos por los estatutos del partido fueron vaciados de contenido y de
funciones, por lo que el PJ se quedó sin lazos de vinculación y sin instancias de
coordinación. Menem se encargó de llenar el partido con sus operadores más fieles, por
lo que, en las raras veces que se reunía el consejo partidario, era sólo para ratificar y
apoyar las medidas llevadas adelante por él8.
Paralelamente, el papel predominante que las organizaciones clientelistas comenzaron a
tener a partir de los 90’ contribuyó a erosionar aún más la estructura burocrática del PJ.
Esto se debe a que el clientelismo conlleva un modo de construcción política informal, 8 En el libro de Levitsky (2005) se pueden encontrar varias entrevistas con burócratas del PJ que resultan ilustrativas del carácter meramente decorativo que tuvo en los 90’ la burocracia partidaria. Como ejemplo, citamos la declaración de Roberto García, presidente del Consejo Nacional del PJ desde 1990 hasta 1998: “…hubo tres fases en mi presidencia. En la primera, yo redactaba los comunicados del partido y los llevaba a que fueran aprobados por el gobierno antes de firmarlos. En la segunda, el gobierno me enviaba los comunicados ya preparados y yo los revisaba y firmaba. En la tercera, me enteraba de los comunicados por los periódicos. Entonces me di cuenta que había llegado la hora de renunciar” (p. 233).
17
en tanto las organizaciones que controlan los recursos y los patrones de carrera política
(agrupaciones, líneas internas) son autónomas de la burocracia partidaria (ni siquiera
son contempladas por los estatutos del partido) y en gran medida dependientes de los
recursos estatales.
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3. Reconversión Ideológica y crisis identitaria
Panebianco indica que son dos los procesos que conducen a la institucionalización de un
partido: el desarrollo de intereses en el mantenimiento de la organización (distribución
de incentivos selectivos, como cargos de prestigio, posibilidades de carrera, etc) y el
desarrollo de lealtades organizativas (distribución de incentivos colectivos,
fundamentalmente de identidad) (Panebianco, 1990: 116).
En el apartado anterior se señaló la dificultad del PJ por desarrollar una burocracia
partidaria que incentivara a la dirigencia a permanecer en el partido y a hacer carrera
dentro del mismo. Hasta la década del 80’ la sólida identidad peronista actuó como
contrapeso a esta carencia estructural y fue en gran medida el factor centrípeto que
permitió contener en el movimiento a sectores sociales e ideológicos heterogéneos (y en
algunos casos contradictorios) entre sí.
Los componentes que caracterizaron tradicionalmente a esta identidad son, en primer
lugar, un reconocimiento de los trabajadores, y en especial de su organización
institucional a través de los sindicatos, como una fuerza social destinada a jugar un rol
protagónico en el desarrollo de la nación. En segundo lugar, una política económica
industrialista y mercado internista. Por último, la centralidad del Estado como garante
de los derechos de los trabajadores y como promotor del desarrollo económico.
El viraje programático hacia el neoliberalismo y la alianza con los sectores que en la
ideología peronista eran reconocidos como “enemigos” (el gran empresariado nacional e
internacional, la “patria financiera”, los organismos internacionales de crédito)
realizados por Menem en los 90’, redefinieron de una manera drástica lo que debía
entenderse por “peronismo”, en tanto las políticas de gobierno y el discurso del nuevo
“líder” iban a contracorriente de la experiencia histórica del movimiento. Canelo apunta
que “la particular ruptura realizada por el menemismo en relación con el ‘peronismo
19
tradicional’ (se encuentra en) la disolución del adversario social, construida no sólo a
partir de la ausencia de ‘opresor’ para los sectores populares, sino también en la
constitución de un nuevo ‘pacto’ con aquéllos sectores que, en el pasado, habían hecho
del antiperonismo una identidad inclaudicable” (Canelo, 2005: 9)9.
La reconversión ideológica suscitada en estos años impactó tanto a nivel de la dirigencia
política como en las bases. A nivel dirigencial se impuso la subordinación de la política
a la economía (Pucciarelli, 2002) o, para decirlo de otro modo, la técnica absorbió a lo
político, que dejó de concebirse como una instancia productora de proyectos sociales y
políticos. En gran medida como consecuencia del estrecho margen de acción del Estado
frente a las nuevas fuerzas de la globalización, y de la simultánea crisis de las ideologías
socialistas sobrevenidas con la caída del muro de Berlín, la dirigencia política
justicialista tiró por la borda los proyectos de integración social que había sustentado en
el pasado, refugiándose en un discurso neoliberal presentado como “ineluctable” en el
camino hacia la modernización del país.
En la relación con los sectores populares y con la clase obrera, la identidad peronista
desde sus orígenes presentó una ambigüedad entre una identidad obrerista que afirmaba
una conciencia de clase y una contracultura popular (lo que Daniel James denomina
“cultura herética del peronismo” (James, 2005)) por una parte, y una exaltación de la
figura del pobre como humillado y excluido por la otra. Según Martucelli y Svampa, en
el peronismo
“nos encontramos con dos vías heterogéneas, pero en gran parte
complementarias de la integración social: por un lado, a través de la afirmación
de los sectores obreros como fuerza social nacional y de consolidación de
9 De manera análoga, Palermo y Novaro hacen referencia a la “desactivación de la alteridad populista” operada por el menemismo (1996: 377-393).
20
valores como la justicia social y la dignidad del trabajo; por otro lado, a través
del reconocimiento de la figura del “pobre”, históricamente desposeído, al cual
apuntaban las políticas sociales compensatorias. En el modelo peronista
hallamos tanto la puesta en ejercicio activo de los derechos del trabajador como
el mantenimiento y el reforzamiento de principios asistencialistas y clientelares”
(Martucelli y Svampa, 1997: 27).
El predominio de la relación clientelar con los sectores populares a partir de los 90’
provocó un desgaste de los componentes más clasistas de la identidad peronista y
reforzó el elemento asistencial. El peronismo tendió a convertirse cada vez más en una
red material de intercambio de bienes y favores (Auyero, 2001), por lo que los lazos
ideológicos pasaron a tener un lugar subordinado.
A largo plazo, esta transformación de los vínculos con los sectores populares conspira
contra la supervivencia del PJ puesto que se encontrará cada vez más expuesto a la
defección “por abajo” de sectores tradicionalmente considerados “cautivos” del
peronismo (Pousadela, 2004), fenómeno que se acentuará en un contexto de escasez de
los recursos materiales para contener a los sectores populares.
21
Segunda parte Hacia la fragmentación partidaria: reconstrucción del proceso
político (1999-2003)
22
Tras la derrota de Duhalde en las elecciones presidenciales de 1999 el Partido
Justicialista no volvió a recomponerse como partido político a nivel nacional; en las
elecciones nacionales que se realizarían en el país a partir de entonces, el PJ no volvería
a presentar candidatos oficiales.
El presente apartado apunta a reconstruir el proceso de fragmentación partidaria
centrando la atención en las formas particulares y cambiantes de las relaciones de fuerza
que se establecieron entre las distintas fracciones del justicialismo. Para su estudio,
parece conveniente distinguir tres etapas: la primera, comprendida entre diciembre de
1999 y octubre de 2001, está caracterizada por la situación de “empate” entre las
distintas fracciones del justicialismo que pretendían convertirse en corriente
hegemónica al interior del mismo; en la segunda etapa, iniciada con el agotamiento del
caudal político de la Alianza en el gobierno a partir del duro revés que sufrió en las
elecciones legislativas de octubre de 2001, se potencia al extremo el faccionalismo al
interior del PJ, en la medida en que el vacío político dejado por la Alianza volvió
necesario definir espacios de poder y liderazgos frente a una eventual renuncia del
presidente De la Rua. La tercera etapa se abre con la presidencia de Eduardo Duhalde y
el triunfo del “peronismo bonaerense” a principios de enero de 2002. Esta etapa tuvo
dos momentos decisivos: un primer momento de intentos por parte de Duhalde de
resolución de la crisis interna mediante canales partidarios y de conformación de un
bloque unido frente al menemismo, que terminó en el fracaso en enero de 2003; un
segundo momento de reconocimiento de la fragmentación partidaria y de
autoimpugnación del PJ.
Las elecciones de mayo de 2003 pusieron fin, con un rotundo fracaso, a la estrategia de
unificación partidaria desplegada por Duhalde y otros dirigentes del justicialismo.
23
1. El Partido Justicialista tras la derrota en las presidenciales de 1999 (Diciembre
de 1999-Octubre de 2001)
El proceso que llevaría a la fragmentación irreversible del PJ a nivel nacional tuvo su
origen en la derrota electoral del candidato oficial del PJ Eduardo Duhalde en los
comicios presidenciales de octubre de 1999. Un análisis de dichas elecciones es de una
gran importancia para comprender la dinámica del justicialismo en los siguientes años.
Por sobre todo hay que remarcar la diferencia en el tiempo entre las elecciones a nivel
nacional y subnacional: sólo en seis distritos se eligió ejecutivo provincial el mismo día
que presidente de la Nación; el resultado fue una importante fluctuación entre la disputa
presidencial y la de gobernadores: Fernando De la Rua, el candidato de la Alianza
UCR-Frepaso, se impuso en 20 de los 24 distritos; sin embargo, el PJ obtuvo la
gobernación en 14 provincias, mientras la Alianza lo hizo sólo en 8 de ellas (Cheresky,
2004: 22). El resultado del ciclo electoral10 en su conjunto no había resultado pues
negativo para el justicialismo: retuvo la gobernación en la mayoría de las provincias,
entre las cuales figuraban las tres de mayor peso económico y poblacional (Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe)11 y consolidó su influencia en el poder legislativo,
obteniendo la primera minoría en las Cámaras de Senadores y Diputados.
La dificultad del justicialismo por trasladar los votos obtenidos en las provincias hacia
el candidato presidencial es demostrativa del sinnúmero de obstáculos que encontró
Duhalde en su frustrada carrera hacia la presidencia, provenientes no tanto de la
oposición, como de su partido de origen. Estos obstáculos se relacionaban, en primer
lugar, con la nula predisposición de Menem de delegar el poder en un dirigente
10 El ciclo electoral de 1999 se inició en las elecciones provinciales de Córdoba en diciembre de 1998 y concluyó en mayo de 2000 con la elección del Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 11 El resto de las provincias son: Tierra del Fuego (Carlos Manfredotti); Santa Cruz (Néstor Kirchner); San Luis (Adolfo Rodriguez Saa); La Pampa (Ruben Marín); Santiago del Estero (Carlos Juarez); La Rioja (Angel Maza); Tucumán (Julio Miranda); Salta (Juan Carlos Romero); Formosa (Gildo Insfrán); Misiones (Carlos Rovira) y Jujuy (Eduardo Fellner).
24
poderoso que muy probablemente trataría desde la conducción del Ejecutivo Nacional
de construir una alianza hegemónica que lo excluiría de los primeros planos de la
política partidaria y nacional12.
En segundo lugar, Duhalde debió lidiar con las resistencias que los gobernadores
justicialistas presentaban frente a su candidatura. El hecho de que la gran mayoría de
ellos adelantaran las elecciones en sus distritos es ilustrativo de la escasa disposición a
cooperar en el armado de la candidatura de Duhalde; esta estrategia permitió a los
gobernadores justicialistas asegurarse el triunfo en sus provincias al mismo tiempo que
se despegaban de una eventual derrota del partido en el orden nacional13. Para entender
el fondo de esta táctica nos parece pertinente citar largamente al analista Rosendo Fraga,
quien apunta que:
“este partido (el PJ) cuenta con 3.526.735 afiliados. Es decir que está afiliado a
él algo más del 15 por ciento del padrón electoral (…) En la provincia de
Buenos Aires hay 1.328.121 afiliados del PJ, lo que representa el 37,7 por
ciento del total. Esto explica por qué Duhalde es el único dirigente del partido
con capacidad y una base de poder propia para disputar a Menem el liderazgo
del partido. Dicho porcentaje es muy relevante, pero es exactamente el
porcentaje del padrón electoral nacional que tiene la provincia. Buenos Aires
12 Para conjurar esta posibilidad utilizó diversas estrategias tendientes a generar incertidumbre sobre el futuro, como alentar rumores de impulsar candidatos paralelos o, con más fuerza, tratar de presentarse él mismo como candidato a Presidente, promoviendo la consigna de la re-reelección. Difundir el rumor de una tercera presidencia le sirvió a Menem además para mantener al partido cohesionado en el tramo final de su gobierno y evitar una crisis de gobernabilidad. Duhalde hizo público su malestar frente a la situación, declarando que “Menem no demuestra ningún interés en ganar las elecciones” (“Duhalde cree que Menem no apuesta al triunfo del PJ”, en La Nación, 17/12/1998). 13 Un periodista señalaba que “no son pocos los dirigentes justicialistas -para no hablar de los menemistas- que parecen haber bajado los brazos frente a las elecciones presidenciales. ‘La mayoría está jugando al poder, pero no al gobierno’, fue la interpretación de un dirigente partidario. La cuestión es cómo conservar poder, incluso desde la oposición a un gobierno aliancista, y empezar a dirimir el liderazgo del peronismo para después de las elecciones” (“Jugar al gobierno o jugar al poder”, en La Nación, 08/08/1999)
25
tiene el 37,7 por ciento del padrón justicialista y el 38 por ciento del padrón
electoral nacional.
La siguen, por porcentaje de afiliados, Santa Fe, con el 7,7 por ciento; Córdoba,
con el 7,2; Entre Ríos, con el 5,3, y luego están Tucumán y la Capital, con el 4,7
por ciento cada una. Así, los cinco distritos que siguen a Buenos Aires reúnen
en conjunto el 24,9 por ciento del total del padrón justicialista. Esto muestra que
para enfrentar a Buenos Aires, se requiere como punto de partida, por lo menos,
contar con Santa Fe y Córdoba.
En el otro extremo, sumadas Catamarca, Chubut, Neuquén, Río Negro, San
Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, estas siete provincias reúnen el 6,2 por
ciento del padrón de afiliados. Es decir que las siete provincias con menos
afiliados representan en conjunto la sexta parte de la provincia de Buenos Aires.
La posición de la mayoría de los catorce gobernadores del PJ, favorable a
Menem en su pugna con Duhalde, puede explicarse por el hecho de que no
quieren enfrentarse con el titular del Ejecutivo en un año electoral, en el cual
necesitan el apoyo del gobierno nacional. Pero también existe la percepción en
los caudillos justicialistas del interior de que si por primera vez en la historia
argentina el caudillo político de la provincia de Buenos Aires llega a la
presidencia de la Nación -como sería el caso de Duhalde-, ello podría producir
un desequilibrio en el funcionamiento del sistema político institucional en
perjuicio del interior” (“La geografía y la interna del PJ”, en La Nación,
16/03/1999; subrayado nuestro).
El eje territorial (o “geopolítico”) como factor predominante de organización de la lucha
interna del justicialismo constituye una novedad en la historia partidaria. Si bien nunca
26
había estado ausente, su presencia se veía subordinada a las dos cuestiones centrales que
habían recorrido al peronismo desde sus orígenes: el liderazgo carismático y la disputa
de los “políticos” frente a los sindicalistas. La desaparición del líder y el reemplazo de
su función por mecanismos electorales, y el descenso del sindicalismo en la escala de
poder, colocaron en el primer plano de la vida política a los líderes regionales
(intendentes y, sobre todo, gobernadores); y con ellos se desarrolló una lógica de
competencia específica que no gira en torno a la representación de ciertos sectores
sociales ni de propuestas ideológicas sino que, asentada en los aparatos clientelares, se
debate por el peso relativo de los mismos en la escena nacional.
La autonomía de los respectivos feudos territoriales y la escasa interconexión existente
entre ellos condujo a una ruptura de las solidaridades que se supone debe existir en un
partido político. Es decir, si sectores del propio partido conciben como perjudicial el
hecho de que un candidato de sus filas gane las elecciones presidenciales significa que
incluso la existencia del partido como tal puede ser cuestionada. En este sentido, por
ejemplo, el mismo Kirchner dirá más tarde: “Si usted me pregunta cuál es la ideología
del peronismo, le respondería: una inmensa confederación de partidos provinciales con
liderazgos territoriales muy definidos... Lo único que había en el justicialismo era
unidad jurídica, porque en sus seno había corrientes abiertamente contradictorias y
excluyentes, diría” (Kirchner y Di Tella, 2003; citado en Cheresky, 2006: 49).
La fragmentación en unidades territoriales se desarrolló en la década del 90’, pero su
potencial rupturista quedó opacado por la concentración del poder del estado en manos
de un justicialista, que utilizó los recursos que ponía a su disposición como mecanismo
para cohesionar una estructura sumamente descentralizada.
Las tensiones acumuladas por esta peculiar distribución institucional del poder hicieron
eclosión al dejar de ocupar Menem la presidencia de la Nación; antes de analizar la
27
forma específica que adquirió la lucha entre líderes regionales se impone hacer una
breve digresión acerca de la política de Alianza para con las provincias, marco dentro
del cual se desarrollará la misma.
Las políticas de la Alianza
La política impulsada por el Gobierno de la Alianza significó una profundización de las
políticas neoliberales que se habían desarrollado durante la gestión menemista, lo que se
tradujo en un trastocamiento de la relación de la Nación con las provincias y, por ende,
con los gobernadores justicialistas.
En la década del 90’ las provincias, como se dijo en el capítulo anterior, pasaron a
depender en mucha mayor medida de los recursos económicos enviados desde el
gobierno central. A su vez, éste dependía políticamente de los dirigentes locales, puesto
que en sus manos estaba el control de los aparatos partidarios, fundamental para ganar
elecciones y para garantizar la gobernabilidad. Además, el apoyo de los representantes
provinciales en el Parlamento es de una importancia capital para la aprobación de leyes
en el Congreso. De esta manera, Menem encontró serias resistencias de los líderes del
interior para imponer sus estrategias y candidatos. Levitsky indica que “fue limitada la
capacidad de los dirigentes menemistas para transformar las filiales provinciales y
locales. El peronismo tradicional se mantuvo, en gran medida, intacto hasta fines de los
años noventa” (Levistsky, 2005: 251).
Los gobernadores lograron así mantenerse en gran parte a salvo de los programas de
reforma neoliberal14. Según Palermo y Novaro, “el gobierno trató durante esos años con
guantes de seda a las provincias (…) los gobernadores dispusieron (en términos
14 Aclaramos que lo que se mantuvo al margen de las políticas neoliberales fueron las redes clientelares, no las provincias como unidades regionales de producción, que sufrieron muy profundamente el embate del neoliberalismo. Sobre este tema véase Feletti y Lozano, 1994.
28
relativos) de mayores recursos, y ello les permitió mantener sus aparatos públicos
relativamente al margen del ajuste estructural” (Palermo y Novaro, 1996: 360).
El trato benevolente con las provincias generó una tensión entre el “ala política” y el
“ala económica” en el gabinete menemista (Gerchunoff y Torre, 1996); esta última,
cuyo principal referente era Domingo Cavallo, pretendía avanzar a sangre y fuego con
el ajuste en las provincias, a las que veía como la principal causante del déficit estatal
(Cavallo, en entrevistas con medios de comunicación, atribuía los problemas
económicos de mediados de la década a que las provincias se negaban a realizar el
ajuste y a privatizar empresas deficitarias, mientras que consumían ingentes recursos en
“gasto social”) (Palermo y Novaro, 1996: 440). Dichas iniciativas fueron
sistemáticamente frenadas por el “ala política” que, más sensible a los intereses de las
instituciones y actores que tradicionalmente formaron parte de la coalición peronista,
visualizaba la inconveniencia estratégica de contrariar a la dirigencia local.
El gobierno de la Alianza inició, ni bien asume el gobierno, un ataque frontal a las bases
de sustentación de los clientelismos provinciales. La Alianza había asumido el gobierno
con un discurso que apuntaba a corregir los comportamientos políticos corruptos
generalizados en los 90’, pero nada ofrecía de alternativo en términos de políticas
económicas y sociales; en el transcurso de la campaña se había cuidado de no generar
recelos en los sectores del establishment, asegurando que el “modelo” no sería
modificado en lo sustancial (se defendería la convertibilidad a rajatabla y no se daría
marcha atrás con las privatizacioneas) y que harían lo posible para reducir el déficit
fiscal.
De esta manera, los “ajustes” se fueron sucediendo uno tras otro, con la novedad de que
ahora el peso de los mismos recaía también (y sobre todo) en las cuentas provinciales15.
15 La discusión sobre la aprobación del Presupuesto para el año 2001reveló en gran medida esta situación. Así, Clarín afirmaba que “la preocupación de los gobernadores pasa por el recorte de 700 millones de
29
Los ajustes aplicados apuntaban a eliminar subsidios y exenciones impositivas que
habían beneficiado a las economías regionales (en la Patagonia se pretendía acabar con
los subsidios a las tarifas de gas y con la exención de los impuestos a los combustibles,
mientras que a las provincias del norte se quería dejar de enviar el Fondo Especial del
Tabaco) y a recortar partidas en educación y obras públicas (se eliminó el “fondo de
incentivo docente” y se dejaron de mandar Aportes del Tesoro Nacional, una fuente de
ingresos discrecional de uso generalizado durante la gestión menemista).
Por otra parte, la distribución de subsidios a los desocupados experimentaron un doble
giro: por un lado, se vieron drásticamente reducidos, como consecuencia de la política
más general destinada a lograr el equilibro en las cuentas públicas; por otro, se intentó
apartar a los punteros del PJ del manejo de los planes sociales (Svampa y Pereyra, 2003:
94-100). La “política social” implementada por el nuevo gobierno consistía, según el
encargado de diseñarla, el Jefe de Gabinete Rodolfo Terragno, en “imprimir al área
social la racionalidad que ya se aplicó a la economía”, en orden de “eliminar unidades
ejecutoras, burocracias y gastos administrativos” (“La lucha por liderar lo social”, en La
Nación, 26/07/2000).
Los gobernadores peronistas percibían, correctamente, que la eliminación de esos
“gastos ineficientes” implicaba un ataque a sus aparatos clientelares. Dejar al
descubierto las redes asistenciales del partido en un contexto de prolongada recesión
económica y crecimiento de la desocupación, aumentaba el riesgo de que se produjeran
dólares que prevé el proyecto de Presupuesto y que, dicen, perjudica a las provincias. En las reuniones donde se cocinó el documento final, los mandatarios acordaron exigirle a la Nación que la guadaña del ministro José Luis Machinea pase por el rubro ‘gastos nacionales’ y no por el ítem ‘gastos provinciales’ como, aseguran, contempla el proyecto que está a punto de ser tratado en Diputados” (Clarín, 18/10/2000). Esta “puja distributiva regional” se reeditaría frente a cada anuncio de ajuste del gobierno; los más drásticos fueron los de Lopez Murphi, en mayo de 2001, y el de Cavallo con su propuesta de “déficit cero”.
30
los tan temidos “estallidos sociales”16 y de que ese malestar fuera canalizado por
organizaciones independientes del Partido Justicialista (y, en muchos casos, en abierto
enfrentamiento con este), que habían empezado a crecer exponencialmente desde la
llegada de la Alianza al poder.
La ofensiva aliancista suscitó la reacción de los actores justicialistas; sin embargo, lejos
de constituirse como un bloque unificado, el PJ estará tensionado por distintas
fracciones. A grandes rasgos, se pueden reconocer dos líneas: por un lado, la
“burocracia partidaria”; por otro, los gobernadores. A continuación analizaremos
separadamente cada una de ellas.
La Burocracia partidaria
En un artículo de su sección política, La Nación señalaba a comienzos de 2000 que “el
justicialismo aún no ha logrado, después de la derrota electoral de octubre último,
definir su perfil opositor”17. En una nota sugestivamente titulada “La atomización
domina el nuevo mapa de poder del PJ”, Clarín (20/02/2000) afirmaba que “es difícil
recordar una etapa más caótica y atomizada que la que atraviesa hoy el justicialismo”, y
detallaba como “componentes del conflicto nacional”, “la pérdida de identidad, y por lo
tanto de ejes de reunificación; la indefinición del componente social; la carencia de
conducción aceptada como tal y la dispersión estratégica y táctica”.
16 Las manifestaciones populares en contra de los ajustes y la política neoliberal fueron cobrando mayor vigor frente a la falta de respuestas por parte del gobierno. A principios de mayo un corte de la ruta 34 en las localidades de General Mosconi y Tartagal (provincia de Salta) fue desalojado mediante una durísima represión. Este sería el primer conflicto importante protagonizado por desocupados, al que le siguieron cortes en todo el país, el más importante de los cuales fue el que se realizó entre fines de octubre y principios de noviembre en La Matanza. Como afirman Svampa y Pereyra (2003) “el ingreso definitivo a la escena nacional (de los desocupados) se concretó durante el año 2000, debido tanto al incumplimiento del gobierno de la Alianza de los acuerdos firmados en la ruta, como a la súbita restricción en el número de planes sociales” (pag., 97) A la protesta de los desocupados se sumaron las centrales sindicales (CGT y CTA) que a fines de julio empezaron a movilizar contra el gobierno. 17 “Una jugada con la mirada en el 2003”, en La Nación, 19/01/2000.
31
El vacío en la conducción hacía referencia a los intentos fallidos que en esos meses
protagonizaban Menem y Duhalde (únicos dos dirigentes con reconocimiento en todo el
país) para alinear a gobernadores y legisladores detrás de su liderazgo. Mientras que el
primero se quejaba de que “no puede ser que cada uno salga a responderle a De la Rua
por su cuenta”18 y llamaba a terminar con la “anarquía y la orfandad partidarias”19,
Duhalde reclamaba que “el partido no puede seguir sin una voz que defina la acción”20.
Para suscitar la obediencia del resto de los actores peronistas trataban de hacer valer sus
credenciales como titulares del PJ nacional.
Recordemos que, antes de retirarse de la Presidencia, Menem se había proclamado, en
un cuestionado congreso en julio de 199821, presidente del Consejo Nacional del partido
hasta 2003, con la convicción de que estar al frente de la burocracia partidaria le iba a
asegurar la retención del liderazgo en el justicialismo y, desde esa reserva de poder,
gravitar para construir su candidatura presidencial en los próximos cuatro años.
Con este objetivo, durante el año 2000 llamó en reiteradas oportunidades a reuniones
del Consejo Nacional en las que buscaba juntar a la conducción del PJ, a los
gobernadores y legisladores, con el propósito de homogeneizar al peronismo y
presentarse como interlocutor de la oposición ante el Gobierno.
Las convocatorias tuvieron escaso eco en los gobernadores (salvo excepciones como las
de Ruben Marín -La Pampa- y Angel Maza -La Rioja-), lo que llevó a que las reuniones
fueran suspendidas (las primeras dos convocatorias que hizo Menem tuvieron que ser
canceladas, La Nación 30/01/2000; 17/02/2000) o contaran con poca repercusión (La
Nación 06/04/2000; 27/07/2000). Como vimos en el capítulo anterior, las reuniones del
18 "El PJ intentará recupertar poder”, en La Nación, 14/01/2000 19 “Menem no logra reunir a sus partidarios”, en La Nación, 30/01/2000 20 “Promesa para reconstruir el PJ”, en Clarín, 08/07/2000 21 De 788 congresales que tiene el PJ sólo estuvieron presentes 415, al no presentarse las delegaciones de Buenos Aires, Sante Fe y Santa Cruz (La Nación, 18/07/1998). Duhalde presentaría en los subsiguientes meses varias impugnaciones ante la justicia para anular las decisiones del congreso, al que consideraba ilegal.
32
Consejo para discutir políticas eran algo más bien raro y no eran una práctica
internalizada en el partido.
Eduardo Duhalde era el presidente del otro órgano partidario, el Congreso Nacional del
PJ, al que también intentó infructuosamente reunir en más de una ocasión. El ex
candidato presidencial contaba con que el apoyo de Ruckauf y del distrito con más peso
en la Argentina le daban créditos suficientes como para remover a Menem de la
conducción del partido e impulsar una renovación de la dirigencia. El argumento de
Duhalde para cuestionar la legitimidad de la presidencia partidaria del ex primer
mandatario era que “Menem es sólo la conducción formal del partido. La real es la que
tiene definitivamente el poder: son los gobernadores quienes deben hacer coincidir
políticas con el Gobierno nacional”22. Duhalde insistió durante todo el período en este
punto23, a lo que Menem respondía que “un partido opositor no se dirige al mismo
tiempo que se reclaman fondos al gobierno nacional” (La Nación, 06/04/2000). Las
razones de Duhalde que, por otra parte, muestran la debilidad de la burocracia por sí
misma, que sin el apoyo de quienes ostentan cargos públicos no tiene ningún tipo de
influencia, chocaban contra la realidad de que quienes contaban con el “poder real”
también le esquivaban a sus estrategias. En efecto, a pesar de que según la Carta
Orgánica el Congreso debe reunirse una vez por año, nunca pudo sesionar en estos dos
años.
Las postergaciones indefinidas de que fueron objetos las reuniones del Partido
Justicialista impidieron que se realizara en el partido un análisis profundo de la derrota
que había sufrido en las últimas elecciones24, mientras que no había posicionamientos
22 “Nueva carga contra Menem”, en Clarín, 17/02/2000 23 Ver, por ejemplo, La Nación 08/07/2000: “la reconstrucción del movimiento justicialista debe hacerse desde el poder real, que son los gobernadores” 24 Quizás podría parecer una ingenuidad pretender que el justicialismo, visto por lo general como un partido “pragmático” que sólo busca el poder, reflexiones y diagnostique sobre su situación coyuntural. Sin embargo, basta tener en cuenta los profundos debates al interior del partido luego de la derrota de
33
ni propuestas programáticas coherentes en un momento de profunda crisis social,
económica y política. Durante este período no hubo un clivaje fundamental que
permitiera la formación de un polo predominante medianamente estable y consistente,
lo que derivó en un faccionalismo extremo25.
La figura de Menem fue un obstáculo importante para cualquier intento de regeneración
del PJ. Al resto de la dirigencia justicialista le era muy difícil oponerse lisa y llanamente
a quien había ejercido durante diez años el liderazgo del partido. Su reticencia a dar un
paso al costado y promover el surgimiento de nuevos líderes, como el hecho de no ceder
su cargo al frente de la burocracia del Partido Justicialista contribuyó en gran medida a
acentuar las estrategias del resto de los gobernadores a construir poder por fuera de los
canales partidarios, una estrategia de por sí con larga tradición en el peronismo,
generando de esta manera un mayor desgaste de la ya muy débil estructura burocrática
del PJ.
Por su parte, Eduardo Duhalde contaba con un recurso extra invalorable: el control
sobre el aparato clientelar de la provincia de Buenos Aires; el caudillo bonaerense se
cuidó de dejar en sus manos las riendas del aparato más importante de Argentina,
promoviendo como sucesor a un dirigente como Ruckauf, sin base territorial propia en
1983, cuyas cumbres más conocidas fueron los congresos partidarios de fines de 1984 y principios de 1985 para no ver ese razonamiento como tan naiv. En el debate de los 80’, que giró alrededor de la cuestión “partido o movimiento” intervinieron por lo demás no sólo políticos y sindicalistas, sino también intelectuales y periodistas. 25 Eduardo Basualdo analiza la interna del PJ centrando la atención en la disputa no resuelta que desde mediados de los 90’ enfrentó a Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y a encontrar las razones de fondo de este conflicto en proyectos político-económicos antagónicos. De esta manera, se presenta a Menem como el representante de los capitales extranjeros (compuesto por empresas privatizadas y el sector financiero) y a Duhalde como el garante de los intereses de los grandes grupos económicos locales (principalmente la oligarquía diversificada). Según este autor, la identificación de cada uno de ellos con una fracción de las clases dominantes condujo a la elaboración de programas ideológicos a largo plazo, tendiente el primero a una dolarización de la economía y a la integración en la economía internacional de nuestro país a través del ALCA, y el segundo, contrariamente, a una devaluación y a la promoción del MERCOSUR. Sostenemos que si bien esta línea analítica sirve para explicar el enfrentamiento entre estos dos dirigentes, no se puede hacer extensivo al resto de los actores justicialistas, cuyas alianzas fluidas y cambiantes responden a un clivaje por sobre todo territorial.
34
la provincia. De esta manera se aseguraba un canal de construcción política paralelo al
obsoleto de la burocracia.
La debilidad de los órganos burocráticos del PJ no dio lugar a que se produjera una
traducción en términos programático-políticos de las tensiones que atravesaban a los
dirigentes territoriales.
En el partido no hubo, por lo tanto, una instancia de mediación de los conflictos motivo
por el cual las tensiones acumuladas se expresaron potenciadas, lo que conspiró contra
la estabilidad institucional del PJ.
Estrategia de los gobernadores: Grandes versus chicas
La ofensiva aliancista suscitó la reacción de los gobernadores justicialistas, quienes se
reunieron en sucesivas ocasiones para ofrecer resistencias a las medidas que les
resultaban especialmente perjudiciales. Todos coincidían en dos puntos básicos: en
primer lugar, frente a la burocracia partidaria, pensaban que lo mejor era no intervenir
en la disputa entre Menem y Duhalde, que inevitablemente los relegaría a un segundo
plano; en segundo lugar, frente al gobierno, actuar como una oposición “moderada”,
haciendo valer sus intereses pero no de una manera que recuerde al peronismo
corporativo de los 80’.
A partir de allí empezaban las diferencias. El principal campo de disputa pasará por
quién tiene la voz legítima para hablar en nombre del peronismo en su conjunto.
Relegados los dirigentes que hasta ese momento habían hegemonizado el discurso
“peronista” (Menem y Duhalde) y apartados definitivamente los dirigentes del
sindicalismo de la coalición de poder del PJ26, quienes tenían más chances para ocupar
26 La política de reformas de la Alianza también alcanzó a los sindicatos: el Gobierno intentó iniciar la desregulación de las obras sociales mientras avanzaba en las leyes de “flexibilización laboral”, a lo que las centrales sindicales respondieron con medidas de fuerza. Los legisladores del PJ dieron su apoyo para la aprobación de tales leyes, y los gobernadores se mostraron contrarios a los llamados a huelga general
35
ese lugar eran los gobernadores de las provincias de mayor caudal electoral (las
provincias “grandes” empezarían a llamarse), en ese momento gobernadas por Carlos
Ruckauf (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba) y Carlos Reutemann (Santa
Fe). El peso económico y poblacional de estas tres provincias se complementaba con
una fuerte presencia en la Cámara de Diputados, lo que aseguraba que sus medidas y sus
discursos tuvieran una permanente repercusión en los medios de comunicación y, por
ende, influencia sobre la “opinión pública”.
Los gobernadores de las provincias chicas, por el contrario, contaban con aparatos
partidarios relativamente pequeños en comparación con las grandes; y también se
encontraban en una situación desventajosa en lo que hace a obtener el reconocimiento
de la “gente”; es probable que la gran mayoría de la población que no perteneciera a sus
provincias de origen ni siquiera conociera sus nombres. Para contrarrestar su frágil
punto de partida decidieron actuar en conjunto, de manera de impedir que sus reclamos
fueran desoídos y quedar rezagados detrás de la figura de los gobernadores “estrella”
(como les llamaban irónicamente a los tres restantes). A mediados de febrero se aliaron
en una línea interna que denominaron Frente Federal Solidario27 que reunía a los 11
gobernadores de las provincias “chicas”. Si separados no contaban con muchos recursos
para imponer sus decisiones, conjuntamente sumaban una considerable cantidad de
legisladores28 para negociar políticas con el gobierno (sobre todo en la Cámara de
Senadores su gravitación era por demás relevante, dada la “sobrerepresentacion” de los
propiciados pos los líderes sindicales, lo que generó un intercambio fuerte de entredichos entre sindicalistas y dirigentes del partido (ver La Nación, 26/04/2000). 27 La Nación informaba el día 17 de febrero de 2000 que “Las dificultades que implica acercar a Menem y Duhalde, rivales políticos durante los últimos dos años, y la independencia con la que se mueven Ruckauf, De la Sota y Reutemann, decidieron al resto de los gobernadores del PJ a conformar un ‘Frente Federal’, que fijará posturas unívocas en el partido y frente al gobierno nacional”. Días más tarde, Clarín decía que “surgió en los últimos días el denominado Frente Federal Solidario de Gobernadores. Son nueve caudillos de provincias chicas que intentan crear un propio polo de poder interno, distanciado del eje de la pelea Menem-Duhalde y del protagonismo de sus primos ricos, Ruckauf, Reutemann y De la Sota” (Clarin, 20/02/2000). 28 Según La Nación, “el grupo tiene adhesión incondicional de 40 diputados y 22 senadores” (13/03/2000).
36
distritos poco poblados en esa instancia) y para cuestionar la representatividad nacional
de quienes hablaban en nombre del justicialismo.
A lo largo de todo el periodo estudiado el Frente Federal Solidario mantendrá un nivel
de cohesión sorprendente si se tiene en cuenta la heterogeneidad ideológica que había
en su interior: entre sus componentes se encontraban gobernadores que habían apoyado
incondicionalmente las políticas menemistas (como Angel Maza, de La Rioja y Ruben
Marin, de La Pampa) y otros que se definían más cercanos al “populismo duhaldista”
(como es el caso de Néstor Kirchner, de Santa Cruz). A su vez, coexistían caudillos
fuertemente tradicionales con líderes con más predicamento en las clases medias.
La coherencia entre los gobernadores de las provincias “grandes” no era mayor: en la
disputa entre Menem y Duhalde, Reutemann se mostraba favorable al primero, Ruckauf
al segundo, mientras que de la Sota manejaba hábilmente una posición intermedia que le
permitía hacer equilibrio entre ambos, logrando ganar seguidores de uno y otro bando.
La postura compartida por los tres consistía en cerrar filas para que de ellos surgiera el
candidato presidencial para las elecciones de 2003, lo que generaba mayores recelos
entre los “chicos”.
Más allá de las disidencias en cada uno de los bloques internos, la dinámica del Partido
Justicialista en la oposición estuvo motorizada por la relación conflictiva que entre ellos
se entabló, como se reflejaba cada vez que se imponía la toma de decisiones sobre temas
peculiarmente relevantes (como ser el Proyecto de Presupuesto, la flexbilización
laboral, la ley de Emergencia económica, postura ante los ajustes, en los que cada sector
quería obtener la mayor parte de la tajada).
La movilización de recursos por parte de los dos bandos planteó una situación de
“empate” entre las provincias “grandes” y las “chicas”, que hacia principios de mayo
de 2001 empezó a derivar en divisiones en el bloque parlamentario del PJ: el
37
“Subbloque Federal”, liderado por Duhalde reunía a los diputados justicialistas
bonaerenses, 31 de los 100 del PJ; el sector “Independiente”, que nucleaba a los
legisladores de las provincias chicas, sumaba también en ocasiones el apoyo de Córdoba
y Santa Fe. Además, Menem todavía contaba con un grupo de representantes fieles que
seguían sus directivas, aunque se encontraban cada vez más aislados del resto.
38
2. La crisis de la Alianza y el advenimiento del PJ al poder (Octubre-Diciembre de
2001)
Las elecciones legislativas realizadas el 14 de octubre de 2001 marcan un punto de
inflexión en la historia del sistema partidario que se había conformado con el retorno de
la democracia en 1983. Si en los años posteriores a la dictadura militar los partidos
políticos expresaron y canalizaron las demandas de la sociedad, generando amplias
adhesiones por parte de la ciudadanía, 15 años después eran el blanco de los ataques de
una sociedad que los responsabilizaba por la crisis socioeconómica que atravesaba el
país.
El malestar ciudadano se reflejó en la progresión inédita del voto en blanco y el voto
nulo, que alcanzó casi el 25% del total de votos emitidos, mientras un cuarto de la
población directamente se abstuvo de ir a votar.
El principal afectado por la “crisis de representación” fue el partido de gobierno, la
Alianza, que experimentó una monumental reducción del caudal de votos: obtuvo 4
millones y medio de sufragios menos que los que había conseguido en 1999, lo que
representa una reducción del 59,7%. En comparación, los resultados logrados por el PJ
no podían ser considerados del todo negativos: perdió “sólo” 667 mil votos (un 12,2%
del caudal cosechado en 1999) (Datos extraídos de Torre, 2003: 654).
El agotamiento del modelo económico sustentado en la convertibilidad y la falta de
diagnósticos certeros sobre cómo superar la crisis se conjugaron en la Alianza con una
coalición política débil e ineficaz, que convirtió la difícil situación de fines de 1999 en
una crisis explosiva. Durante los dos años de gobierno de la Alianza, el PBI se contrajo
en un 12%, la desocupación se ubicó en un 18,3% (muy cerca del récord histórico de
1995, cuando alcanzó el 18,5%) y la deuda externa llegó a representar un 40% del PBI;
financiar los vencimientos de esta última consumía cada vez más recursos públicos. El
39
gabinete económico aliancista, a cargo primero de José Luis Machinea, luego de
Ricardo Lopez Murphi y, por último, de Domingo Cavallo, fue adoptando medidas cada
vez más ortodoxas y recesivas: el problema consistía para ellos en que la Argentina no
era lo suficientemente confiable para los inversores, lo que se reflejaba en el aumento
constante del “riesgo país”; la solución pasó entonces por disminuir el déficit fiscal,
desviando los recursos públicos hacia el pago de la deuda.
Por otra parte, la Alianza experimentó un rotundo fracaso en lo que había sido su leit
motiv de campaña: la corrección de comportamientos políticos corruptos. A poco de
asumir, el gobierno se vio acosado por denuncias de corrupción, que involucraban a
funcionarios de alto rango. El “escándalo” de las coimas en el Senado llevó a la
renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez y, con ella, la Alianza UCR-Frepaso quedó
virtualmente destruida. El alejamiento de Alvarez del gobierno allanó el terreno para
que sectores del establishment financiero y empresarial accedieran a puestos clave de
gobierno29. Profundizar la alianza con los sectores más concentrados de la economía
implicaba necesariamente ir perdiendo mayores apoyos sociales y políticos; a lo largo
de estos meses, el gobierno no sólo perdería vínculos con el Frepaso, sino incluso
muchos sectores de la UCR empezaron a pasar a la oposición. A fines de diciembre de
2000 se conformó el ARI (Argentinos por una República de Iguales), un movimiento
político liderado por Elisa Carrió que nucleaba a disidentes de la UCR y a sectores del
PJ 30; además, ante los sucesivos ajustes y la demora del gobierno en enviar los fondos
29 Clarín relacionaba la renuncia de Alvarez con una estrategia consistente en que “para revertir las desconfianzas de los mercados internacionales sobre la marcha del país, De la Rua debería tender a sacarse de encima a Chacho, idealmente también a Machinea , para ejecutar en acuerdo con los poderes reales del PJ una política económica más ortodoxa” (“El miedo a Menem”, 18/10/2000). Días más tarde, el mismo diario informaba que “la llegada de Cavallo a la Casa Rosada es impulsada por banqueros de primerísima línea y algunos grupos empresariales (…) Durante una reunión reservada, el Consejo Empresario Argentino, analizó los diferentes escenarios que abre la llamada ‘hipótesis Cavallo’. El Consejo, que preside el titular del BankBoston Manuel Sacerdote, reúne a los 30 grupos empresariales más poderosos del país. Entre los empresarios consultados, se cree que la iniciativa tampoco sería mal vista por Techint” (“Cavallo se acerca al Gobierno de la mano del establishment”, en Clarín, 27/10/2000). 30 ver “Disidentes de la Alianza y el PJ se unieron en una corriente”, en La Nación, 28/12/2000
40
de coparticipación, los gobernadores aliancistas encontraban enormes dificultades en la
gestión de sus distritos, motivo por el cual decidieron sumarse a los reclamos de los
gobernadores justicialistas31.
El creciente aislamiento del gobierno de De la Rua, conjuntamente con el agravamiento
de la crisis económica, empezaron a sembrar serias dudas acerca de la probabilidad de
que la Alianza llegue a completar los cuatro años de gestión. Enseguida después de las
elecciones, ante la pregunta de un periodista sobre si creía que De la Rua llegaría al
final de su mandato, Duhalde contestaba: “Esa pregunta me la hace invariablemente el
hombre de la calle. En el cierre de la campaña del 99’ dije: ‘estamos en una vía
ferroviaria, después de la recesión viene otra estación: la depresión y, después, el caos y
la anarquía’. Si el gobierno no ve eso, todo es posible” (“Con un bonaerense en la
fórmula”, en Página 12, 16/10/2001).
El progresivo desmoronamiento del gobierno se aceleró hasta cobrar un ritmo
irrefrenable luego del traspié electoral sufrido en las elecciones legislativas de octubre
de 2001. A partir de este momento se empiezan a plantear en el PJ distintas estrategias
para ir ocupando espacios frente a una eventual caída del gobierno. En estos dos meses
y medio, las luchas entre las fracciones del PJ no variarán los ejes en torno de los cuales
se venían desarrollando desde 1999: por un lado, la disputa entre Menem y Duhalde por
ejercer el liderazgo peronista; por otro lado, entre los gobernadores, la competencia
entre provincias “chicas” y “grandes”. Empero, sí variará enormemente la intensidad de
esos enfrentamientos: el colapso de la Alianza, que ya era percibido por todos como 31 En septiembre de 2001 gobernadores justicialistas y aliancistas se reunieron, en un fuerte gesto político, para presionar al gobierno para hacer coparticipable el impuesto al cheque. La Nación daba cuenta del encuentro de la siguiente manera: “Los mandatarios (justicialistas y aliancistas) se reunieron para acordar una postura unificada frente a la amenaza de recorte en los fondos coparticipables que la Nación gira a las provincias. Esa posibilidad había sido admitida por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ante la necesidad del Gobierno de cumplir con el déficit cero luego del acuerdo firmado FMI. Por primera vez desde que Fernando de la Rúa llegó a la presidencia, los gobernadores del PJ y del oficialismo unificaron sus voces para resistir una medida del Gobierno y, además, impulsar una iniciativa en el Congreso” (en La Nación, “Unánime reclamo de los gobernadores”, 13/09/2001).
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inminente, abrió un período de crisis y, como es sabido, las crisis suelen ser coyunturas
clave en las que se definen los senderos a seguir, por lo que las distintas fuerzas en
pugna redoblarán sus esfuerzos por imprimir un rumbo a los acontecimientos.
A continuación desarrollaremos la manera en que se desenvolvieron los conflictos al
interior del PJ, que culminaron con la caída del gobierno aliancista y la sucesión de
presidentes del PJ hasta el triunfo de Duhalde y del peronismo bonaerense.
Menem y Duhalde
La disputa entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde se organiza alrededor de dos
cuestiones centrales: en primer lugar, continúa la disputa por la conducción del Partido
Justicialista; en segundo lugar, la crisis económica y la escasa sustentabilidad de la
paridad cambiaria, agravada por la masiva fuga de capitales, volvieron inminente la
necesidad de influir sobre las decisiones de gobierno, en función de los fuertes vínculos
que cada uno de ellos mantenía con sectores económicos.
Remarquemos en primer lugar la enorme diferencia de recursos con los que contaron
ambos dirigentes en esta coyuntura. Detenido desde junio, por una causa de venta ilegal
de armas, Menem contó, hasta el día de su liberación, el 20 de noviembre de 2001, con
un margen de maniobra muy estrecho y un escaso poder de convocatoria.
Duhalde, por el contrario, logró con su amplio triunfo en la provincia de Buenos Aires
(superó por más de 30 puntos al candidato de la UCR, Raul Alfonsin) retomar el
protagonismo político que había perdido dos años antes. Aprovechando la debilidad de
su más directo contrincante, retomó su proyecto de desplazar a Menem de la conducción
justicialista, para lo cual convocó a una reunión del Congreso Justicialista, que pudo
efectivizarse a principios del mes de noviembre. En la descripción del acontecimiento,
Clarín subraya:
42
“El Congreso Nacional Justicialista formalizó ayer lo que hace tiempo es
un hecho: delegó la conducción política del partido en una comisión
integrada por sus 14 gobernadores. También decidió relegar al Consejo
Nacional —el órgano ejecutivo que preside Carlos Menem— a cumplir
tareas administrativas y contables (…) Duhalde, titular del Congreso
partidario, encabezó una convocatoria que apenas arañó los objetivos:
de los 916 congresales, un poco más de 450 asistieron al microestadio
del club Lanús. A simple vista quedó claro que el cónclave terminó
siendo un punto de encuentro del PJ bonaerense que, con 273
representantes, marcó abrumadora mayoría” (“Duhalde logró darle un
primer empujón a Menem en la conducción peronista”, en Clarín,
11/11/2001).
Como vemos, persisten los límites por parte de Duhalde de extender la fortaleza
conseguida en su distrito de origen hacia las provincias del interior, con lo cual el
desplazamiento de Menem de la burocracia del PJ podía ser considerada un éxito en
tanto logró concentrar en sus manos el poder de decisión acerca de cuándo cambiar las
autoridades partidarias y cuándo y cómo llamar a internas para elegir candidatos
(cuestiones que serían de una relevancia insoslayable en los próximos meses), pero en lo
que hace a lograr articulaciones amplias a nivel nacional, los intentos de Duhalde
fracasaron una vez más, y corría el riesgo de vaciar al PJ de apoyo político efectivo.
Sólo se hicieron presentes en esa oportunidad unos pocos gobernadores (Rodríguez Sáa
y Kirchner, además de Ruckauf) y la gran mayoría de las provincias no mandó
representantes para avalar las decisiones que de allí surgieran (las ausencias más
43
significativas las marcaron Córdoba y Santa Fe), con lo cual la intención de Duhalde de
realizar un “congreso histórico” para “separar a los liberales del Movimiento Nacional
Justicialista” quedó lejos de alcanzarse.
La avanzada de Duhalde generó la inmediata respuesta de Menem, quien ni bien salió
de su prisión domiciliaria, reasumió la conducción del Consejo Nacional. En la primera
reunión luego de casi un año de inactividad, Menem logró reunir a una gran cantidad de
gobernadores (ocho en total, todos de las provincias “chicas”32), anunció que la
prioridad era mantener unificado al PJ y que iba a impugnar las decisiones que había
tomado Duhalde en su congreso.
Las idas y vueltas, resoluciones e impugnaciones, que se sucedían en los altos mandos
del justicialismo no hacían sino acentuar la fragmentación entre las fracciones del
justicialismo, con el agravante de que devolvían a la sociedad un espectáculo
anacrónico que acentuaba el rechazo generalizado hacia una elite política preocupada
por sus intereses de grupo.
Difícilmente se pueda comprender la encarnizada lucha desatada entre Menem y
Duhalde en estos meses sino tenemos en cuenta un factor que, si bien había estado
presente desde mediados de los 90’, adquiere ahora una urgencia inédita. Nos referimos
al agotamiento del modelo económico que había imperado en el país desde principios de
los 90’, sustentado en la convertibilidad y el endeudamiento externo. La evidencia de
que la convertibilidad había cumplido un ciclo (que se insinuaba desde principios de
año y fue ya inocultable cuando el 1 de diciembre Cavallo decretó la “ley de restricción
fnanciera”, conocida popularmente como “corralito”) tornaba necesario tomar una
decisión respecto a la política monetaria a seguir en el país. La disyuntiva pasaba por
32 Ver “Menem reasumió la jefatura del PJ sin los tres gobernadores fuertes”, en Clarín, 29/11/2001
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devaluar o dolarizar, y tomar uno u otro camino implicaba favorecer y perjudicar
determinados intereses.
Eduardo Duhalde había anunciado ya en su campaña a presidente su vocación de
promover una devaluación, lo que en ese momento había suscitado el rechazo de gran
parte de la ciudadanía que todavía guardaba en la memoria el recuerdo de la
hiperinflación de 1989. Detrás de la postura de Duhalde se encontraba su alianza con los
grandes grupos económicos locales; éstos habían participado del proceso privatizador en
su primera etapa, pero ya a mediados de los 90’ habían vendido sus activos y depositado
sus dividendos en el exterior. Una devaluación los beneficiaría en tanto se multiplicaría
el valor de sus activos al convertirlo a pesos argentinos. Carlos Menem, por el contrario,
durante los diez años que estuvo en la presidencia, afianzó sus vínculos con el capital
extranjero, que obtenía beneficios en el país tanto a partir de la participación en las
empresas privatizadas como a través del endeudamiento del país; la única manera de
asegurar la rentabilidad de sus negocios en Argentina pasaba por la dolarización de la
economía.
Las cuestiones que se estaban definiendo eran demasiado urgentes como para esperar
hasta 2003, siguiendo los tiempos institucionales; más aún cuando De la Rua seguía
presentando sólo incertidumbres respecto de sus medidas. Además, los gobernadores
(como veremos en seguida) no cejaban en su escalonada hacia la Rosada. Menem y
Duhalde empezaron a plantearse entonces cómo ejercer influencia para inclinar al
gobierno a su favor.
Desde mediados de 2001 Duhalde entrevió la posibilidad de involucrarse en el
gobierno33. La escasa capacidad por ejercer su liderazgo en el PJ pensaba que podía ser
contrapesada con cargos ejecutivos en el gobierno nacional; por otra parte, intentó tejer 33 Conjuntamente con Raul Alfonsin y sectores del Frepaso, Duhalde lanzó la propuesta de formación de un “gobierno de unidad nacional”. Véase “Duhalde proyectaría ser jefe de gabinete después de octubre”, en La Nación , 30/08/2001
45
alianzas extrapartidarias desde la construcción de un “Movimiento Productivo” (en el
que incluía, principalmente, a sectores de la Unión Industrial Argentina y del
sindicalismo), para llegar con firmes bases de apoyo en la sociedad. Sin embargo, el
amplio triunfo que obtuvo en su provincia en octubre y la escasa popularidad del
gobierno lo alejaron de esa alternativa y empezó a concebir la posibilidad de una caída
del gobierno y aspirar anticipadamente directo a la presidencia.
La urgencia de Duhalde estuvo alentada además porque Menem, apenas se encontró en
libertad, empezó a tener relaciones cada vez más estrechas con el gobierno de la
Alianza, e incluso impulsó a miembros de su entorno para ocupar importantes puestos
en el gabinete. Así lo señalaban los diarios en el momento:
“En el menemismo gana terreno la percepción de que un sector del establishment
presiona para que Menem intervenga para salir de la crisis y obtener el respaldo
del FMI, con la incorporación al Gobierno de figuras de su confianza.
En ese sentido, el próximo desembarco de Miguel Kiguel en el área de
financiamiento contaría con el visto bueno de Menem y del presidente provisional
del Senado, Ramón Puerta. Kiguel formó parte del equipo del ex ministro de
Economía menemista Roque Fernández.
Esos rumores, que suenan en el menemismo, incluyen a Emilio Cárdenas, del
banco HSBC, como posible sucesor del ministro de Economía, Domingo Cavallo,
en una eventual agudización de la crisis” (“De la Rua calificó como positiva la
reunión con Menem”, en La Nación, 14/12/2001).
La estrategia de Menem de acercarse al gobierno era la contracara de su debilidad por
sumar apoyos partidarios y erigirse como vocero de la oposición justicialista. El apoyo
46
recibido por parte de algunos gobernadores de provincia en las reuniones organizadas
por el Consejo Nacional del PJ eran más el producto de la tentativa de estos últimos por
debilitar al duhaldismo que una confianza en Menem.
Las pujas entre Menem y Duhalde terminarían debilitando a ambos y abriendo una
brecha para que líderes de segunda línea pasaran a un primer plano, aunque sin grandes
consensos entre sí, como veremos a continuación.
Gobernadores
La nueva coyuntura nacional abrió también entre los gobernadores un espacio de lucha
por la definición del liderazgo. El enfrentamiento entre provincias “grandes” y “chicas”
es el principal eje en torno del cual se organiza el conflicto y, al igual que en el caso
anterior, la intensidad del mismo irá in crescendo a lo largo de estos meses.
Las posiciones sostenidas por cada uno de los bloques se encuentran bien resumidas en
la siguiente nota de un periódico luego de una reunión de la que participaron la totalidad
de los gobernadores, a tres días de las elecciones de octubre:
“Estaba la totalidad de los gobernadores justicialistas en el Consejo Federal de
Inversiones (CFI). Los de las provincias grandes y los de las chicas. Cada uno
llegó a tratar de imponer su posición. Los tres primeros, Córdoba, Buenos Aires y
Santa Fe, intentaron insistir con ‘apoyar la gobernabilidad’ para evitar el desastre.
Las chicas, en cambio, impulsaron la idea de ‘aprovechar la cuota de poder que
nos otorgaron los votos’ y exigir que el Estado nacional cumpla con el pago de las
deudas provinciales y la coparticipación a través de distintas medidas de acción
directa. No hubo acuerdo. La reunión fue corta pero intensa. Colmada de fuertes
cruces influidos por las aspiraciones políticas de cada sector y que se sintetizan en
47
cuál grupo hegemonizará la posición del peronismo frente al nuevo escenario que
abrió a partir de los comicios del domingo pasado” (“Dura discusión entre
peronistas: provincias grandes versus provincias chicas”, en Página 12,
18/10/2001).
La vocación de los gobernadores de las provincias “grandes” de garantizar la
gobernabilidad de De la Rua se debía a que contaban con mayor poder de presión para
obtener recursos en la distribución del escaso presupuesto nacional. Por otra parte,
confiaban en que en un proceso eleccionario, la interna justicialista se dirimiría entre
ellos tres.
La “guerra de posiciones” entre los gobernadores se librará principalmente en las
cámaras legislativas del Congreso Nacional. Los gobernadores de las provincias chicas
se encontraron con una ventaja inesperada: la renuncia del vicepresidente Alvarez el año
anterior había dejado vacante la presidencia del Senado; según las leyes de la
Constitución Argentina, el presidente de este cuerpo legislativo es el primero en la línea
de sucesión presidencial. La sobrerrepresentación de las provincias poco pobladas en la
cámara Alta dotaba de un recurso clave a las provincias chicas que, actuando en
conjunto, podían decidir quién ocuparía ese puesto. El impulso de las elecciones
legislativas los lanzó hacia su caza, promoviendo a Ramón Puerta (senador por la
provincia de Misiones) como candidato al cargo34, quien finalmente asumiría el 10 de
diciembre.
Las provincias “grandes” no hicieron demorar su contraataque, que consistió en
quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, donde tenían una amplia
mayoría de legisladores. Eduardo Camaño, legislador por la provincia de Buenos Aires
34 Ver “Una amenaza en Puerta para presidir el Senado”, en Página 12, 17/10/2001
48
y con larga trayectoria en las filas duhaldistas, fue quien finalmente asumió la
presidencia de la Cámara Baja, quedando como segundo en la sucesión presidencial.
La conquista de importantísimos puestos institucionales por parte del PJ dejaron en una
posición de extrema debilidad al gobierno de la Alianza, que debía además hacer frente
a la ola de movilización protagonizada tanto por sectores medios en protesta por la
confiscación de sus ahorros como por los movimientos de trabajadores desocupados que
realizaban cortes de ruta en todos los puntos del país. A ellos se les sumaban los
llamados a huelga general por parte de los sindicalistas y los piquetes llevados a cabo
por pequeños productores del interior; el panorama de inestabilidad que este conjunto de
hechos contribuyó a sembrar se completó a mediados de diciembre con los saqueos a
comercios y supermercados, que comenzaron en localidades del interior del país y el 19
de diciembre hicieron su entrada en el conurbano bonaerense35. El “estallido” tan
temido finalmente se había producido, y el 20 de diciembre Fernando De la Rua
presentó su renuncia a la presidencia36.
35 Para un estudio de la dinámica de los saqueos y la eventual participación de punteros del PJ en los hechos, véase Auyero, 2007 (especialmente pags.145-162). 36 A menudo se ha sostenido que la caída de De la Rua fue la consecuencia de un “complot” perpetrado por el Partido Justicialista. Al respecto señalamos, sin pretender llegar a conclusiones definitivas, algunos elementos para abordar la cuestión: en primer lugar, a partir de la división reinante en las filas del justicialismo que venimos describiendo, es fácil imaginarse que es imposible la existencia de un “complot del PJ”, básicamente porque si algo caracterizaba a este partido era la inexistencia de unidad y coherencia en la acción; más bien habría que preguntarse qué facción del PJ pudo haber impulsado la desestabilización del gobierno. En este sentido, por lo general se suele vincular al peronismo bonaerense, y a sus máximos representantes, Ruckauf y Duhalde, como los principales instigadores de la conspiración; sin embargo, hay que recordar que los saqueos comenzaron en el interior del país; por otra parte, el rol pasivo de Duhalde y Ruckauf en la primer transición permiten por lo menos cuestionar la hipótesis de una mano oscura bonaerense en estos hechos. En segundo lugar, cabe recordar que los aparatos clientelares estaban atravesando una profunda crisis, por lo que no se puede sobrestimar la capacidad de maniobra de la dirigencia para imponer decisiones a las bases, capacidad que incluso en momentos “normales” muchas veces también se ve limitada por el carácter descentralizado del PJ; además, las movilizaciones de mayor repercusión las protagonizaron sectores de las clases medias, sobre las cuales el PJ no tenía en ese momento prácticamente ninguna influencia. No desconocemos la presencia de punteros del PJ en los saqueos (véase Auyero, 2007), pero de esta participación no se pueden extraer conclusiones apresuradamente. Sí interesa remarcar que la dinámica de la contienda interna del justicialismo, por más que persiguiera como objetivo ganar posiciones frente a los rivales partidarios, condujo objetivamente a ocupar puestos institucionales que acentuaron la debilidad del gobierno y aceleraron la caída de De la Rua.
49
Frente a la falta de alternativas políticas institucionales, el poder recayó “naturalmente”
en el Partido Justicialista, que presentaba en ese momento un inédito cuadro de
fragmentación interna. En este marco, la interna del PJ se traslada al Ejecutivo
Nacional, que verá pasar cuatro presidentes justicialistas en una semana.
La interna justicialista se traslada al Ejecutivo Nacional
Conforme a la ley de Acefalía, una vez aceptada la renuncia del primer mandatario, el
presidente del Senado asume la presidencia de la Nación y éste tiene el deber, dentro de
las 48 horas siguientes, de convocar a las Cámaras del Congreso para que se reúnan en
Asamblea y, por mayoría absoluta de votos, elijan a la persona que ejercerá la
presidencia hasta concluir el mandato del presidente saliente. Esa elección solamente
podrá recaer sobre un diputado nacional, un senador nacional o un gobernador de
provincia.
La división prevaleciente en el justicialismo impidió que se consensuara un candidato
para ejercer durante los restantes dos años la presidencia. Las tensiones acumuladas
entre las distintas fracciones en que se encontraba dividido el justicialismo se
expresaron potenciadas, fundamentalmente por la falta de una mediación institucional
partidaria y de un liderazgo mínimamente aceptado, capaces de amortiguar las disputas
internas.
En este contexto, se decidió postergar la disputa por la sucesión. Forzando al máximo la
interpretación de las leyes, se decidió que el gobernador de la provincia de San Luis,
Adolfo Rodríguez Saa, asumiese por dos meses la primera magistratura, para convocar
en marzo a elecciones con ley de lemas, en las que cada candidato sería un sublema y el
lema sería el partido. Este fue el único modo que se encontró para descomprimir en el
corto plazo la interna justicialista; sin embargo, resultó cosechar resultados contrarios a
50
los buscados pues, ante la cercanía de un proceso electoral, los referentes del
justicialismo lanzaron sus candidaturas y no quisieron comprometerse con el flamante
gobierno. La asunción de Rodríguez Saa fue un triunfo del Frente Federal37 que pudo
imponer un presidente en contra del enorme peso de las provincias “grandes”. Sin
embargo, el acuerdo con Rodríguez Saa no iba más allá de marzo; todos los
gobernadores pensaron que era el gran momento para dar el salto hacia la presidencia38.
La ambición de Rodríguez Saa lo llevó a cometer una serie de errores políticos que le
costarían el aislamiento y lo llevarían a la renuncia. A los tres días de asumir hizo saber
públicamente que, en contra de lo decidido en el Congreso en acuerdo con el PJ,
pretendía quedarse en el poder hasta 200339; los gobernadores justicialistas que veían en
el escenario abierto tras la crisis una posibilidad de acceder al poder le quitaron su
apoyo. Por otra parte, la designación de funcionarios con pasado de corrupción
(Manzano, Grosso) generó la reacción popular: nuevamente la gente salió a golpear las
cacerolas y a marchar a la Plaza de Mayo. Acosado por la movilización social, y sin el
apoyo de los gobernadores justicialistas, Rodríguez Saa se vio obligado a presentar su
renuncia40.
Con la caída de Rodríguez Saa, el poder se desplaza de la Cámara Alta a la Baja, y de
las provincias “chicas” a las “grandes” (en su mensaje de renuncia, Rodríguez Saa dejó
traslucir que se iba por un golpe propiciado por las provincias “grandes). Ante la nueva
acefalía, Puerta renunció, dando paso a que la presidencia provisional quedara en manos
de Eduardo Camaño, diputado por la provincia de Buenos Aires. Las fichas se iban
37 Véase “Acuerdo en el PJ, a la medida de todos sus gobernadores”, en Clarín, 22/12/2001 38 La distancia entre las demandas de cambio de la sociedad y los objetivos estrictamente personales que perseguían los dirigentes justicialistas no deja de sorprender. Las encuestas de esos días mostraban que la dirigente con más intención de voto era E. Carrió, con sólo el 10,2%; el justicialista mejor posicionado era Carlos Ruckauf, que apenas alcanzaba el 9% de intención de voto (ver “Carrió y tres del PJ”, en Clarín, 30/12/2001). 39 Véase “Rodríguez Saá avanza contra el pacto”, en La Nación, 27/12/2001 40 Ver “ ‘En vez de catorce vinieron seis, así yo no sigo’ ”, en Clarín, 31/12/2001.
51
acomodando para que el poder quedara en manos de Duhalde. Según el diario La
Nación,
“El Frente Federal Solidario, que nuclea a las once provincias peronistas llamadas
‘chicas’, anunció que no está dispuesto a participar del debate para la elección de
un nuevo presidente que ocupe el cargo hasta las próximas elecciones de marzo
(…) Luego de conocer una fugaz victoria, con el Senado en manos de Puerta y la
Presidencia de la Nación a cargo del ex gobernador puntano, el Frente Federal
quedó atomizado en al menos tres partes. Por un lado está Rodríguez Saá, solo y
sin miras políticas para el futuro inmediato. En el otro extremo están ‘los
sureños’: el santacruceño Néstor Kirchner, que espera con ansias las elecciones de
marzo próximo y el fueguino Carlos Manfredotti. En el medio se ubica la
mayoría… Estos últimos sólo quieren replegarse sobre sí mismos y dejarles la
decisión sobre el futuro presidente a los tres ‘grandes’: Ruckauf, Reutemann y De
la Sota. ‘Ahora, el Frente Federal va a tener una actitud más expectante porque
acaba de tener un rotundo fracaso’, admitió anoche a LA NACION uno de ellos”.
(“Repliegue del Frente Federal”, en La Nación, 31/12/2001).
En la nueva puja por ocupar la presidencia se presentaban dos posturas dentro del
justicialismo: por un lado, De la Sota y Reutemann pretendían un nuevo gobierno de
transición que convocara a elecciones anticipadas con ley de lemas, con el argumento
de que la gravedad de la crisis exigía un presidente avalado por el voto popular. Por otro
lado, la postura sostenida por Duhalde postulaba que el nuevo presidente completara el
mandato de De la Rua; un proceso electoral, razonaba, pondría en evidencia la escasa
52
legitimidad de la dirigencia política; además, nada aseguraba que el justicialismo ganara
las elecciones, frente al crecimiento de figuras ajenas al partido.
Finalmente fue esta segunda postura la que se impuso. Como sostiene Edgardo Mocca:
“el sistema político tardó en reaccionar frente al cataclismo, pero finalmente reaccionó.
Lo hizo a través de la única estructura que conservaba en aquellos días un mínimo de
capacidad operativa y de aptitud para restablecer el orden político: el peronismo
bonaerense” (Mocca, 2004: 84)41. Fue, en efecto, el PJ bonaerense, bajo la figura de su
caudillo principal, Eduardo Duhalde, el que logró capear la crisis y establecer un
horizonte mínimo de estabilidad en el mediano plazo. La sucesión en el PJ quedaba,
empero, lejos de resolverse, como veremos en el próximo apartado.
Varios autores sostienen que la “crisis de representación” acaecida en las elecciones de
octubre de 2001 afectó de modo diferencial a los partidos políticos argentinos,
resultando el PJ el menos perjudicado. Según Torre, “el repudio ciudadano que éstas
(las elecciones de octubre de 2001) pusieron de manifiesto no hizo impacto en todos los
partidos por igual. Este fue comparativamente menor para el PJ; contra el telón de fondo
del drástico encogimiento del electorado de partido, el peronismo logró sobrevivir
todavía como fuerza predominante” (Torre, 2003: 654).
Sostenemos que esto es cierto en tanto el análisis se limite a la “crisis de
representación” manifiesta en las elecciones de octubre. Pero si consideramos la crisis
política general que vivió el país, las consecuencias de ésta no resultaron inocuas para el
justicialismo. Asumir el gobierno estando atravesado por una profunda división interna,
sin un liderazgo sólido y sin una estructura burocrática capaz de mediar entre las
facciones en disputa y de proponer políticas públicas consensuadas por todos los
actores, agotó los últimos recursos de cohesión que todavía quedaban en el PJ,
41 véase también Torre, 2005 y Ollier, 2005.
53
conspirando ostensiblemente contra la estabilidad institucional misma del partido y
contra una resolución eficaz de la crisis. En la coyuntura crítica abierta con la renuncia
de De la Rua, la crisis del país y la del justicialismo se retroalimentaron mutuamente: el
vacío de poder en la escena nacional aumentó la fragmentación partidaria al arreciar la
lucha por el poder, y la fragmentación del PJ, a su vez, tornó más débiles a los
presidentes que asumían, quienes sin un consenso mínimo carecían de la autoridad
necesaria para imponer medidas con la suficiente base de legitimidad.
El desafío de Duhalde consistirá en erigirse como una figura distanciada de los
conflictos partidarios. El control del territorio bonaerense y el apoyo obtenido del resto
de los partidos políticos le dieron el sustento necesario para intentar poner fin a este
círculo vicioso. Uno de los objetivos fundamentales de Duhalde consistió en adoptar
una postura equidistante respecto de los gobernadores justicialistas, cargando con lo
más pesado de la crisis y autoexcluyéndose de presentarse como candidato en 2003.
54
3. El gobierno de Duhalde
Duhalde asumió la presidencia el 1 de enero de 2002 y, desde ella, comenzó a poner en
práctica una nueva estrategia de respuesta a la crisis. Tres grandes flancos se le abrían al
flamante presidente: en primer lugar, debería resolver quién cargaría con el peso de la
crisis económica; en segundo lugar, se le planteaba la cuestión de cómo contener la
protesta social; por último, definir la manera de resolución de la interna justicialista.
Sobre el primer punto sólo diremos que la salida devaluacionista de la convertibilidad
logró revertir el estancamiento económico en que se encontraba el país desde 1998.
Hacia mediados de 2002 se manifestaron los primeros indicios de reactivación
económica. La megadevaluación de un 400% posibilitó el crecimiento de los sectores
ligados a la exportación y el renacimiento de ramas fabriles expulsadas de la producción
con el modelo aperturista de los 90’. La desocupación, que había llegado al inédito
22,5% en el mes de mayo, comenzó a decrecer paulatinamente. Sin embargo, el shock
devaluatorio produjo una escalada de precios, en tanto los salarios siguieron congelados
por un tiempo, al tiempo que muchas empresas lograron presionar al Estado en la
licuación de sus deudas, por lo que los sectores más concentrados de la economía
pudieron descargar (aunque en menor medida que en situaciones similares anteriores) el
peso de la crisis en el resto de la sociedad argentina (Novaro, 2006: 294-297).
Construir diques de contención frente al auge de la movilización de las clases medias y,
sobre todo, de los sectores populares, fue el segundo gran problema de la agenda de
Duhalde. El principal mecanismo de resolución ideado por el nuevo gobierno consistió
en revitalizar los golpeados aparatos clientelistas del Partido Justicialista. El
lanzamiento, a principios de abril, del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, debe
inscribirse dentro de la estrategia de fortalecer los lazos clientelares frente a la amenaza
que significaban los MTD’s (Svampa y Pereyra, 2003: 220-221; Svampa, 2005, 254).
55
Por otra parte, la represión ejercida sobre los sectores más combativos fue utilizada
como mecanismo complementario de disuasión42.
En lo que refiere a la interna justicialista, Duhalde se planteó como objetivo inmediato
armar un bloque de poder de apoyo “federal”, para comprometer a los gobernadores de
los distritos con el nuevo gobierno, demasiado identificado con la provincia de Buenos
Aires. En el mediano plazo, debía enfrentarse con el candente problema de la sucesión:
¿quién sería el candidato oficial del partido para las próximas elecciones?, ¿cómo se lo
elegiría, a través de internas o constituyéndose él en un gobierno “elector”? ¿sería
posible no ya consensuar un candidato, algo por demás pretensioso, sino los
mecanismos para designar a este último sin que el PJ se fracturara?
Ya en los primeros pasos de su gobierno, estaría claro que Duhalde no podría superar el
aislamiento regional en que se encontraba. Para el armado de su gabinete convocó a
gobernadores del interior, quienes le esquivaron a la responsabilidad de involucrarse
institucionalmente en el gobierno43.
Los analistas enfatizan un hecho repetido en la historia del justicialismo: cuando el
partido no está en el poder, por lo general suele adoptar un carácter descentralizado, y es
muy difícil que un solo dirigente se haga del control del partido; por el contrario,
cuando está en el gobierno nacional, el presidente pasa a ser el líder del partido, que por
un tiempo adquiere un funcionamiento más vertical y centralizado (Levitsky, 2005: 99-
101; Mustapic, 2002: 156).
Siguiendo esta línea interpretativa, el gobierno de Duhalde parece ser una notable
excepción, pues en el PJ prevalecieron en estos 18 meses la fragmentación y la división,
42 El 26 de junio la variante represiva se puso trágicamente en práctica; dos jóvenes militantes piqueteros fueron asesinados por la policía en una marcha en la que se reclamaba por trabajo y planes sociales. 43 Néstor Kirchner y José M. de la Sota recibieron pedidos de Duhalde para que se incorporen a su gobierno; estos sólo prestaron un apoyo difuso, e incluso se negaron a que hombres de sus gobiernos provinciales se unieran al duhaldismo. El resultado sería un gabinete con indiscutible predominancia bonaerense: todos los ministros, con la única excepción del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, eran provenientes de Buenos Aires.
56
antes que la unidad. Varios factores influyeron para que Duhalde fracasara en su intento
por imponer obediencia y univocidad en el justicialismo: en primer lugar, la fuente de la
fortaleza de los presidentes suelen ser, antes que todo, los recursos económicos que el
manejo del gobierno pone a su disposición; la situación de quiebra financiera absoluta
del Estado nacional (y la reducción al máximo de sus capacidades institucionales)
(Sidicaro, 2006) en el momento en que asume Duhalde lo privaron de los tentadores
incentivos “materiales” para forzar alianzas con los gobernadores.
En segundo lugar, el hecho de que Duhalde se autoexcluyera de una candidatura para
las elecciones de 2003 disminuyó los costos de encarar una acción opositora, más aún
cuando en sus espaldas cargaba con todo el peso de medidas antipopulares, vistas como
necesarias en el camino de la “normalización” (dichas medidas referían sobre todo a la
devaluación y la represión).
Por último, las heridas que había dejado la crisis sobrevenida luego de la caída de De la
Rua estaban todavía a flor de piel; en esa semana, como vimos, la lucha entre las
distintas fracciones partidarias se potenció hasta el paroxismo; lo que hasta el momento
eran líneas internas dentro del partido, luego de la crisis cristalizaron en facciones
contrarias abiertamente en pugna, con posiciones ya imposibles de reconciliar (se
acusaban mutuamente de la perpetración de golpes de estado, intentos de homicidio,
persecución a través de los organismos de inteligencia). Los lazos de solidaridad entre
los actores justicialistas, débiles antes de la crisis, terminaron de consumirse
definitivamente en el transcurso de ésta. Durante el gobierno de de la Rua, por otra
parte, si bien la identidad peronista estaba cuestionada, pertenecer a la oposición por lo
menos los homologaba en algún punto. Ahora, desaparecido el adversario común, el
peronismo no encontraba ningún eje de reunificación.
57
Sin la legitimidad dada por el voto popular y sin el apoyo de sus propios partidarios, el
gobierno de Duhalde se debatiría en una permanente fragilidad, que ponía en tela de
juicio la capacidad de que efectivamente completara el mandato que había asumido. En
este contexto, la “masacre del Puente Pueyrredón” el 26 de junio y la nueva ola de
movilizaciones populares que contrajo amenazaron con poner en el primer plano
nuevamente un clima de inestabilidad con consecuencias impredecibles44. Fue así que,
acorralado por casi todos los sectores, a principios de julio, Duhalde decidió adelantar
las elecciones para marzo del siguiente año.
Establecido el nuevo calendario electoral45, no tardó en resurgir el (siempre conflictivo)
problema por la sucesión. Aspirantes a la presidencia no faltaban en el partido: Carlos
Menem, Adolfo Rodríguez Saa, Néstor Kirchner y José Manuel De la Sota fueron los
primeros anotados en la carrera hacia la primera magistratura46. Faltaba definir qué
haría Carlos Reutemann, el candidato visto como más potable dentro del gobierno y el
único con índices aceptables de popularidad.
¿Sería capaz el PJ de contener a todos los competidores dentro de su estructura,
estableciendo mecanismos por todos compartidos para definir un candidato acreedor del
apoyo del resto? Por lo pronto, Duhalde emplearía todos los recursos a su disposición
para que esto fuera posible; se propuso, además de garantizar el triunfo del peronismo,
evitar que la presidencia recayese de nuevo en Carlos Menem.
44 Por primera vez en muchísimos años, quizás desde el regreso de la democracia, las clases dominantes (políticas y económicas) temieron un brote revolucionario difícil de encauzar. En su columna de opinión, Morales Solá advertía que el crecimiento de la protesta era una señal de “la aparición, tosca e incipiente, de una corriente revolucionaria en busca del poder (que) no comprende a todo el movimiento piquetero, pero marca la presencia de un discurso turbulento y sublevado por primera vez desde que el conflicto social alcanzó dimensiones enormes” (“Las razones para dejar el poder”, en La Nación, 03/07/2002). 45 El cronograma dispuesto establecía el 27 de marzo como fecha de elección presidencial; el 18 de mayo habría segunda vuelta, para el caso de que ningún candidato obtenga los votos necesarios. El 25 de mayo de 2003 sería el día de la sucesión. 46 Carlos Ruckauf, quien había sido el candidato preferido de Duhalde para la presidencia, se retiró de la competencia al renunciar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en los primeros días de enero para sumarse al gabinete del presidente entrante.
58
Si el control del Estado nacional no le reportaba a Duhalde mayores beneficios en el
acaparamiento de recursos económicos, sí ponía a su disposición recursos legales sobre
los que no dudó en echar mano para inclinar la interna partidaria a su favor; en los
primeros días de agosto, firmó un decreto regulador de las internas partidarias, según el
cual todos los partidos políticos se veían obligados a realizar internas abiertas y
simultáneas47: que ciudadanos independientes sin filiación partidaria alguna
participaran en la interna del PJ tenía la triple ventaja de promover el acercamiento de la
gente con los partidos, quebrado luego del “que se vayan todos”, disminuir las chances
de Menem de acceder a la presidencia (en vistas de que el rechazo de su figura entre los
no peronistas disminuía sus posibilidades de ganar la interna) y, lo más relevante,
excluir a la burocracia partidaria de la decisión sobre cómo y cuándo se realizarían los
comicios. Sobre este último punto digamos que, en realidad, el decreto tenía interés
solamente para el PJ; establecer un sistema nacional para las internas partidarias, en
lugar de determinarlas a través de la carta orgánica de cada partido (como se había
hecho siempre), le interesaba a Duhalde en tanto que se excluía a la burocracia
partidaria, donde estaba igualado en fuerzas con el menemismo, de la disputa por el
mecanismo para elegir candidatos, que implicaría una desgastante pelea.
Quedaba por definir qué candidato recibiría su apoyo para enfrentar a Menem. En este
punto, confiaba en que el control del territorio bonaerense le aseguraría el triunfo a su
delfín. Carlos Reutemann era quien reunía las mejores condiciones para suceder a
Duhalde, tanto por los índices aceptables de popularidad que reflejaban las encuestas
como por la “moderación” que expresaba. Sin embargo, se negó permanentemente a
presentarse como candidato, con argumentos difíciles de comprender, que quizás sólo
escondían una falta de ambición política. El gobernador cordobés, José Manuel De la
47 Véase “Todos podrán votar en la interna de cualquier partido”, en Clarín, 03/08/2002
59
Sota, se convirtió entonces en el elegido por Duhalde para reemplazarlo en la
presidencia48.
Los subsiguientes meses mostrarán que el proyecto de sucesión ideado por Duhalde
sería mucho más difícil de plasmarse en la práctica de lo que había imaginado en un
principio. Su capacidad de convertirse en gobierno “elector” fue cuestionada por la
escasa adhesión popular que suscitaba De la Sota; las encuestas indicaban que eran
candidatos no peronistas los que tenían mayor intención de voto, con el agravante de
que ni siquiera en Buenos Aires el cordobés se ubicaba en los primeros puestos, claro
indicio de que, en lo que hace a la alineación de su tropa, Duhalde se encontró con
serias resistencias por parte de sus bases en la provincia. Sugestivamente, Clarín
indicaba que
“en reuniones con militantes de base, que pertenecen a sectores humildes, varios
intendentes del conurbano —de los duhaldistas puros— se han llevado una gran
sorpresa: les piden que se acerquen ‘al Adolfo’. En boca de un hombre de la
primera sección electoral, en el conurbano norte: ‘Los de abajo lo ven como el
más peronista de todos los precandidatos; lo mismo pasaba con el turco Menem
en el 88’. Esos síntomas son los que preocupan a los hombres de Duhalde”49.
El miedo que en el duhaldismo generaba el crecimiento de Rodríguez Saa no carecía de
fundamentos: Duhalde seguramente recordaba lo que había sucedido en las internas
partidarias de 1988, cuando quien era entonces un gobernador del interior, Menem,
logró quebrar al peronismo bonaerense logrando apoyos entre intendentes del
conurbano, el más importante de los cuales había sido el mismo Duhalde.
48 Véase “Duhalde activa su estructura partidaria en apoyo a De la Sota”, en Clarín, 05/08/2002 49 “En el gobierno lo ven crecer a Rodríguez Saa y se preocupan”, en Clarín, 12/08/2002.
60
A las dificultades por encumbrar a De la Sota se sumó un obstáculo legal: a principios
de octubre, la Justicia, dando lugar a un reclamo hecho por el menemismo, declaró
inconstitucional el decreto que regulaba las internas50. El fallo judicial dejó expuesta en
toda su dramaticidad la ruptura dirigente del Partido justicialista: distribuido el poder
partidario entre Menem y Duhalde, conductores de los máximos órganos del partido,
ambos se adjudicaron la potestad de manejar la convocatoria a las elecciones internas.
Convivieron en esos meses dos fechas y dos mecanismos distintos para elegir
candidatos: el Consejo Nacional, con mayoría menemista, ratificó el 15 de diciembre
como fecha de elección de internas y se asumió como único organizador y contralor de
los comicios, en los cuales se intentaba que votaran sólo los afiliados al partido51. El
Congreso nacional, de predominio duhaldista, fijó como fecha de elección interna el 19
de enero de 2003 y designó otra junta electoral para controlar la contienda52.
Nuevamente, Duhalde utilizó el peso de los congresales de la provincia de Buenos Aires
para dotar de legitimidad la decisión que, jurídicamente, era por demás cuestionable (de
hecho, las impugnaciones de parte de los menemistas no tardaron en llegar a los
tribunales).
El enfrentamiento entre los dos máximos dirigentes del peronismo revelaba un campo
de disputa compartido: ambos pugnaban por el control del PJ y por imponer un
candidato oficial del partido; socializados en su interior, no buscaban la disolución del
justicialismo, al que adjudicaban un rol fundamental en la historia política argentina.
Sin embargo, paradójicamente, será el enfrentamiento entre ellos y la igualdad de
fuerzas con la que contaban, lo que generó la ruptura del partido y abrió las puertas para
que se plantearan estrategias alternativas que, desde dentro del peronismo, cuestionaban
la necesariedad de la existencia del PJ. 50 Véase “Un fallo judicial suspendió las elecciones”, en Clarín, 10/10/2002. 51 Véase “Un clásico: Menem y Duhalde ahora pelean por el control del PJ”, en Clarín, 16/10/2002. 52 Véase “Fuerte jugada contra el poder de Menem”, en La Nación, 30/10/2002.
61
En este sentido, dirigentes con fuertes ambiciones presidenciales y con escaso peso
dentro de la estructura partidaria, como Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saa,
construyeron sus candidaturas en abierto enfrentamiento con el PJ, de manera de no
verse involucrados en una pelea que los tendría como meros espectadores.
El panorama no resultaba para nada alentador respecto de las posibilidades de que el PJ
pudiera dirimir internamente y de manera consensuada una candidatura. Duhalde, quien
en rigor era el único con capacidades para convocar y organizar las internas, no
encontraba ningún sucesor que no le hiciera correr serios riesgos de perder los comicios.
Menem, por su parte, estaba seguro de que en una interna en la que sólo votaran los
peronistas se alzaría como único ganador, pero el solo control de la burocracia partidaria
no le daba el suficiente peso al llamado a elecciones que pretendió realizar. La gran
mayoría de los gobernadores e intendentes poderosos se inclinaba por la
implementación de la ley de lemas, que posibilitaría a todos los candidatos del PJ
competir por la Presidencia; de este modo, resultaría ganador el peronismo (lo que de
otro modo no podía garantizarse) y se evitaría la fractura formal del partido.
Para Duhalde la alternativa de la elección a través del mecanismo de lemas, como
cualquier interna, le significaban el peligro de perder el control a favor de Menem, por
lo que desechó el objetivo inicial de reorganizar al PJ detrás de una fórmula unificada y
se propuso como única meta impedir que Menem accediera a la Presidencia. En enero
de 2003 decidió soltarle la mano a De la Sota y promover al único candidato no
menemista con chances de ganar: Néstor Kirchner. Por otro lado, formalizó la fractura
del PJ al habilitar a todos los candidatos peronistas a presentarse en las elecciones
generales con estructuras partidarias independientes del PJ53.
53 Véase “El PJ nominará a los tres candidatos”, en La Nación, 23/01/2003.
62
La promoción de Kirchner a la presidencia fue la opción menos mala que encontró el
oficialismo a escasos meses del comicio. Duhalde no faltaba a la verdad cuando
afirmaba: “No soy yo quien eligió a Kirchner, en general la opinión de la gente se
inclinaba en un porcentaje alto por él”54. En efecto, el candidato santacruceño no se
caracterizaba por el seguimiento automático de las líneas oficiales: desde el principio
del nuevo gobierno había asumido posiciones críticas y, hacia mediados de año, se
mostró conjuntamente con Aníbal Ibarra y Elisa Carrió reclamando por la renovación de
todos los cargos políticos, lo que le había dado cierta proyección nacional, pero sus
seguidores se encontraban entre la clase media progresista y no en los sectores
populares55.
Los antecedentes antiduhaldistas y renovadores de Kirchner plantearon nuevamente el
problema de la adhesión de los intendentes del conurbano. La Nación informaba que “a
lo largo de Buenos Aires, los caciques peronistas se cruzan llamadas de preocupación.
Dicen que Kirchner no los representa y que podría poner en peligro el liderazgo de
varios jefes comunales”56. Sin embargo, la fuerte presión ejercida por Duhalde y por
Felipe Solá, gobernador de la provincia, y una campaña de “peronización” del candidato
disiparon las dudas iniciales y lograron el apoyo de la mayoría de los intendentes del
conurbano57. Este apoyo fue crucial en la medida en que Kirchner distaba mucho de
tener un armado federal: sólo tenía el respaldo de los gobernadores de la Patagonia, que
sumaban muy pocos votos para la contienda. Las provincias del norte (con la excepción
de Jujuy y Formosa) se inclinaron por Menem, mientras que las del oeste lo hicieron por
Rodríguez Saa; los centros urbanos, como Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe 54 En “Duhalde apura a los dirigentes indecisos”, La Nación, 16/01/2003 55 Kirchner había experimentado desde mediados de año un ascenso en la intención de voto: en junio contaba con el aval de un 4,4% del electorado; en los meses siguientes creció a alrededor del 10%, detrás de Rodriguez Saa, Menem y Elisa Carrió, que rondaban el 15%. En febrero, impulsado por el apoyo oficial, su intención de voto llegó al 20% (encuestas de Mora y Araujo, citadas en Cheresky, 2004: 46). 56 En “Le cuesta a Duhalde alinear a su tropa”, La Nación, 13/01/2003. 57 Un estudio de caso sobre cómo operó el apoyo local en el Gran Buenos Aires hacia el candidato nacional se encuentra en Entin, 2004.
63
fueron hegemonizados por Elisa Carrió y Ricardo Lopez Murphy (Cheresky, 2004a:
54).
Respecto de la fractura del PJ, la alternativa de los “neolemas” significó el fracaso del
partido por concebir un mecanismo capaz de asegurar la unidad partidaria. En términos
institucionales, mostró que el problema por la sucesión no encontró canales viables de
resolución. Recordemos que la definición de las candidaturas había constituido, desde la
muerte de Perón, uno de los más grandes desafíos que debió enfrentar la organización; a
fines de los 80’ se había resuelto a través de la democratización, es decir, delegando en
la masa de afiliados la potestad de decidir el candidato. Sin embargo, en lo sucesivo, la
creación de un orden sucesorio autónomo persistió como problema, en tanto no
volvieron a realizarse elecciones internas para elegir candidatos presidenciales, por lo
que la legitimidad de los mismos estaría en permanente discusión, tal como sucedió con
Duhalde en 1999, que no logró reunir el consenso de todos los actores partidarios.
Además del problema por la sucesión, la crisis de representación se dejó sentir muy
profundamente. Aunque en lo formal el PJ contaba con más de tres millones de
afiliados, la realidad era que la participación de éstos en los órganos de decisión era nula
en la práctica. Como dato ilustrativo, una encuesta realizada a mediados de 2002
indicaba que el 80% de las personas en edad de sufragar no adherían a ningún partido
político y más de la mitad se declaraban políticamente independientes58. En este
contexto, presentarse a través de la candidatura oficial del PJ no garantizaba bajo ningún
aspecto asegurarse el piso histórico del 40%.
Digamos también que la fragmentación de todo el espectro político contribuyó a
desdibujar una oposición no peronista (o antiperonista) que actuara como un incentivo
58 Encuesta realizada por Gallup, citada en La Nación, “En política, la mayoría es independiente”, 30/06/2002
64
para restablecer la unidad partidaria, como sí había sucedido en todas las elecciones
nacionales anteriores desde 1983.
Por otra parte, en esta coyuntura quedó reflejada la debilidad en que se encontraba el
aparato justicialista. La identidad peronista de los sectores populares hacía décadas
venía sufriendo transformaciones, mientras se erosionaba como marco sociocultural de
referencia predominante para inteligir la realidad social y política. Sin embargo, el
peronismo persistió bajo la forma de estructuras partidarias (informales) que actuaban
como redes de mediación política, fundamentales para ganar elecciones. La dificultad
de Duhalde de catapultar un candidato afín, evidente en el caso de De la Sota, y su
incapacidad de convocar a elecciones internas, pese al control sobre el aparato más
populoso del país, dejaron entrever que el peronismo ya no era el sólido aparato
disciplinado de antaño. No bastaba, por lo tanto, con el aporte de las redes clientelares
para ocupar el centro de la escena, en vistas del creciente peso que el electorado
independiente había sabido ganar en la esfera pública.
No sólo en la relación con las bases el aparato estaba en serios problemas, sino también
en lo que hace a la relación de los distintos líderes regionales. En 1999 el malestar hacia
el candidato oficial no se había expresado públicamente, pero se emplearon una serie de
mecanismos que impidieron a Duhalde ganar las elecciones. Ahora la división del
justicialismo era incontenible, y los referentes locales se fragmentaron en su apoyo a los
distintos candidatos a la presidencia.
La suma de estos factores llevó a que, por primera vez desde su formación como partido
político, el PJ no presentara una candidatura unificada sin mediar proscripción alguna.
La única solución que se encontró por el momento fue trasladar la interna a los comicios
generales; en verdad, ninguno de los candidatos hubiese aceptado bajar su candidatura y
65
apoyar al candidato oficial del partido, por lo que fue un reconocimiento de la
imposibilidad de consensuar una salida concertada a la crisis.
66
Conclusiones
67
I
El proceso político descrito en el punto 3 condujo a la presentación en listas
diferenciadas de los candidatos peronistas. Como se recordará, los resultados electorales
de la primera vuelta, efectuada el 27 de abril, arrojaron como ganador a Carlos Menem,
con el 24,45% de los votos, seguido por Néstor Kirchner, con el 22,24%. El
fraccionamiento político obligaba a recurrir por primera vez al ballotage, con fecha
prevista para el 18 de mayo. Sin embargo, el repudio que suscitaba la figura de Menem
lo ubicó frente a un techo insuperable. Las encuestas presagiaban una derrota
contundente del ex presidente (el 70% estaba dispuesto a votar al candidato que se le
opusiera). Con los objetivos de conservar la imagen de “ganador” que había sabido
cultivar, y de debilitar al presidente electo, quien asumiría con un caudal nimio de
votos, Menem decidió retirarse de la segunda vuelta.
Estas elecciones fueron, como se las ha definido, “fuera de lo común” (Cheresky,
2004b): fueron excepcionales, en primer lugar, por el fraccionamiento político inusitado
entre distintos líderes emergentes que basaron su campaña en la elaboración de una
imagen de su personalidad, desplazando a las estructuras partidarias vertebradas a nivel
nacional. De los cinco candidatos con posibilidades de entrar al ballotage, todos
provenían de alguna de las dos familias políticas tradicionales argentinas; Ricardo
Lopez Murphi y Elisa Carrió tenían un pasado de militancia radical, mientras Rodríguez
Saa, Menem y Kirchner eran reconocidos militantes peronistas. Sin embargo, ninguno
de ellos se presentó en representación de su partido, sino creando para la ocasión
estructuras partidarias independientes. En segundo lugar, por la desagregación en el
tiempo del acto eleccionario, que alcanzó en esta oportunidad una magnitud sin
precedentes: sólo tres provincias eligieron gobernador el mismo día que presidente de la
Nación, y en varias provincias se sufragó en tres oportunidades durante 2003; la
68
diferencia con casos anteriores es que ahora las elecciones locales no se hicieron antes
sino después de las elecciones nacionales. Esta ingeniería electoral había sido ideada
por Duhalde para evitar que la división del partido en el orden nacional se replicara en
los distritos subnacionales (Cheresky, 2004b: 21). En verdad, a esta altura de los
acontecimientos, la gran mayoría de los actores justicialistas concebían la separación del
partido como un hecho sólo coyuntural, que se superaría después de las elecciones,
cuando el nuevo presidente (cualquiera de los tres peronistas que asumiera) promoviera
la unificación bajo una nueva conducción.
Sin embargo, quien resultara presidente electo, Néstor Kirchner, fue, en efecto, un
presidente “inesperado”59 (y esto constituye el tercer aspecto poco habitual de las
elecciones): marginal en la estructura partidaria del PJ, con un eximio peso territorial
propio, sin alianzas nacionales y con una concepción ideológica que postulaba que el
peronismo era demasiado heterogéneo para encarar la reconstrucción del país, avanzó
en una política renovadora que no concebía al PJ (ni al peronismo) como el eje de su
proyecto reformista. Mientras, la gran mayoría de los políticos “peronistas” seguía
anclada en un imaginario pre-crisis de 2001, según el cual la fragmentación era una
nueva edición de los cismas que cíclicamente atravesaba el partido, luego de los cuales
surgía un líder aglutinador de los distintos sectores, capaz de garantizar la supervivencia
del “movimiento histórico”60.
Sin embargo, la escasa legitimidad de origen de Kirchner no lo llevó a entablar una
relación armoniosa (y mucho menos de subordinación) con las estructuras partidarias
del justicialismo. Por el contrario, las declaró parte del pasado frente al cual había que
empezar a saldar cuentas.
59 Natanson, 2004. 60 El dicho de Perón “los peronistas son como los gatos: cuando se pelean se reproducen” se dejó escuchar con sus distintas variantes en muchos dirigentes.
69
Kirchner innovó en la conformación de un formato político basado en su capacidad de
presentarse como el organizador de la vida política, a partir de decisiones rápidas y
eficaces, mediante las cuales obtuvo un amplio apoyo de parte de la ciudadanía: la
promoción del juicio a los miembros de la Corte Suprema, la reestructuración y
disminución de la deuda pública, la ofensiva frente a los altos mandos de las Fuerzas
Armadas y la derogación de las leyes de amnistía que beneficiaban a represores que
habían actuado en la última dictadura militar promovieron la identificación de la
sociedad argentina con la avanzada del presidente en contra de las corporaciones,
identificación que se alimentó también de la recuperación económica, con la
consecuente reducción de la pobreza y la desocupación.
La originalidad del presidente residió en llevar adelante dichas medidas sin respaldo
institucional y sin una fuerza nacional mínimamente organizada. En efecto, Kirchner
desestimó al Partido Justicialista como herramienta de gobernabilidad y planteó la
“transversalidad” como una alternativa de construcción política, que implicaba la
formación de una coalición que sumara a los sectores “progresistas” del PJ, sectores de
la UCR y de centro-izquierda, y que incorporara a movimientos sociales, principalmente
movimientos de trabajadores desocupados y el movimiento de derechos humanos.
Haciendo del defecto una virtud, Kirchner sacó provecho de la desinstitucionalización y
la dispersión de las fuerzas políticas (propias y ajenas), visualizando en esta situación de
excepción una posibilidad para ampliar su margen de maniobra y libertad. En este
sentido, en lo que respecta a la relación con su partido de origen, Kirchner se negó a
asumir la presidencia del PJ (algo que le reclamaban gobernadores, legisladores e
intendentes), y entró en abierto enfrentamiento con la conducción de éste en el
recordado Congreso de Parque Norte el 26 de marzo de 2004, cuando luego de una dura
discusión entre Cristina Kirchner e Hilda Duhalde, el oficialismo se retiró del mismo,
70
dejando acéfalo al partido y decretando días después su intervención, con lo cual el PJ
dejó de tener órganos de conducción y, en consecuencia, de tener funcionamiento y
gravitación en la práctica.
El distanciamiento con los sectores tradicionales del justicialismo se produjo, no
casualmente, dos días después de cumplirse el 28 aniversario del golpe de Estado de
1976; Kirchner participó activamente en un acto en la ESMA, en el cual se había
presentado diciendo:
“Yo no vengo en nombre de ningún partido. Este paso que estamos dando hoy no
debe ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales que por allí vienen
especulando mucho más en el resultado electoral o en el qué dirán que en
defender la conciencia y lo que pensaban”61.
Sin ambages, Kirchner identificaba al PJ como una de las “corporaciones tradicionales”
que habían conducido al país a la ruina. Declaración que había tenido algunas
consecuencias prácticas en las elecciones provinciales y locales de 2003, en las que se
había animado a desafiar abiertamente a dirigentes de peso al apoyar fórmulas no
peronistas en las contiendas62.
Puede considerarse que Kirchner, en sus primeros meses de gobierno, revitaliza ciertos
aspectos del peronismo tradicional: en primer lugar, reactiva la “alteridad populista”:
lejos de adherir al discurso tecnocrático que postula la implacable subordinación de la
acción política a las fuerzas de la economía, introduce una dimensión voluntarista que,
61 Citado en “Se ahonda la crisis entre Kirchner y el PJ”, en La Nación, 25/03/2004 62 El caso más paradigmático había sido el de la Ciudad de Buenos Aires, donde Kirchner tomó público partido por Aníbal Ibarra (quien había ganado las elecciones de 1999 a la cabeza de la lista de la Alianza) en contra de Mauricio Macri, avalado por el peronismo local. Más contundentes fueron los apoyos de Kirchner en Catamarca, Misiones, Salta y La Pampa a candidatos que competían directamente contra fórmulas del PJ.
71
combinada con una concepción agónica de la política, definirá adversarios frente a los
cuales la política recobra sentido a favor del “pueblo”. Pero esto contribuirá a alejarlo
aún más de los sectores alineados en el PJ, pues Kirchner situaba a esos adversarios en
“los 90’”, década en la que había gobernado el justicialismo, y la gran mayoría de los
que seguían en sus filas no podían sino sentirlo como una agresión. Por otra parte, la
identificación del presidente con la generación de los 70’ instaló, como hacía mucho
tiempo no sucedía en el partido, una fuerte discusión ideológica63, de la cual el
presidente cosechó más enemistades que acompañantes.
En segundo lugar, Kirchner procuró reeditar el “movimientismo” como estrategia de
acumulación política. Como ya insinuamos, la restitución de la autoridad presidencial
alcanzada por Kirchner se basó en una relación directa con la ciudadanía; pero ésta no
se expresaba en la escena pública a través de su organización en un partido político, sino
por medio de su figura de opinión pública64. La conformación de un “liderazgo de
popularidad” halla sus condiciones de posibilidad en el proceso de metamorfosis de la
representación, que supone un desdibujamiento de los electorados partidarios y de las
identidades políticas sólidas en favor de la conformación de una ciudadanía autónoma
con lealtades heterogéneas que varían significativamente en el tiempo. Kirchner
interpeló exitosamente a ese electorado deletéreo que había quedado “en disponibilidad”
luego de la crisis de representación de 2001 (la popularidad del presidente alcanzó
niveles muy altos, del orden del 70 al 80% en los primeros años de su gobierno); el
apoyo obtenido en la opinión pública suplió la carencia de recursos institucionales del 63 En el Congreso de Parque Norte De la Sota exclamó “Me dolió que (Kirchner) planteara que yo no condeno al terrorismo de Estado. Pero también me dolió cuando lo asesinaron a Rucci”; según la cronista, esto “desató una ensordecedora ovación de los congresales, que entonaron la marcha peronista” (en “Se profundizó la división entre Kirchner y el PJ”, La Nación, 27/03/2004). 64 Cheresky señala al respecto: “La escena apareció configurada por la sintonía entre un presidente que inició una reforma institucional en ámbitos decisivos (…) y una opinión pública que giró bruscamente del escepticismo al entusiasmo. (…) El formato político que se esbozó desde el día de asunción del mando, el 25 de mayo, mantenía las figuras formales del sistema institucional, pero la realidad de la vida política era divergente con los dispositivos institucionales. Instancias representativas y partidos políticos salieron del centro de la escena, sin dejar de ser recursos significativos” (Cheresky, 2004: 38-39).
72
presidente, en la medida en que su fuerte presencia en el espacio público actuó como
disciplinadora en las bancadas legislativas y en algunos opositores partidarios. Sin
embargo, la opinión pública como única referente de legitimidad del proyecto oficial
constituía una base demasiado fluctuante e impredecible para confiar en ellas como
sustento de las reformas que se pretendía encarar. La “transversalidad” se lanzó para
poner al gobierno a resguardo de los vaivenes de la opinión, capitalizando los apoyos
obtenidos en esa instancia en apoyos partidarios organizados en la sociedad (Torre,
2005; Mocca, 2004). Dos resultados potenciales contenía el proyecto transversal: el
primero era la creación de un nuevo partido político progresista programático que, con
base en el PJ, lo trascendiera, y que contribuyera a una reconfiguración del sistema de
partidos alrededor de un clivaje izquierda-derecha. El segundo era una nueva edición
del movimientismo, que se limitara a atraer líderes de otros partidos políticos y
referentes territoriales de fuerzas políticas propias y ajenas; esta alternativa ofrecería
mayor fortaleza electoral, pero acarreaba el peligro de involucrar sectores tan
heterogéneos (muchos comprometidos con la “vieja política” que desde el discurso se
atacaba) que pondrían en peligro el decurso de la tentativa reformista.
Concluida la presidencia de Néstor Kirchner, podemos afirmar que el ya sepultado
proyecto transversal dejó como consecuencia un escenario político más consecuente con
la segunda de las variantes que con la primera. En lo relativo a la relación con el PJ, es
indudable el éxito de Kirchner en su “superación”; en este sentido, un antes y un
después lo marcaron las elecciones legislativas de 2005 cuando, en la poderosa
provincia de Buenos Aires, el armado del presidente compitió directamente con el PJ
duhaldista, el aparato más estructurado del país. En esta ocasión, Cristina Fernández de
Kirchner se midió con Hilda “Chiche” Duhalde, quien llevaba el sello del PJ. El
resultado arrojó una victoria arrolladora de la esposa del presidente en ejercicio (40%
73
contra el 20% de Duhalde). El triunfo del FPV en Buenos Aires tuvo un efecto de
arrastre en el resto de las provincias, en donde en casi todas se presentaron listas
divididas del FPV y el PJ65.
De esta manera, el Frente Para la Victoria, que había surgido de manera sólo coyuntural,
como una etiqueta ad hoc para cumplir el requisito legal de presentarse en las
elecciones, terminó siendo la única base partidaria del oficialismo. Sin embargo, no se
realizó ningún esfuerzo por promover su institucionalización66; la acumulación política
del oficialismo nacional se basa en una red de alianzas tan amplia como multiforme,
guiada en pocos casos por afinidades programáticas y, en la mayoría de ellos, por la
posibilidad de obtención de recursos que pertenecer a la misma pone a disposición.
En este sentido, sostenemos que la política de la transversalidad tuvo resultados
efectivos en lo que hace a la desarticulación de la escena política, desplegando en todas
sus potencialidades procesos que se habían desatado en la crisis de 2001: nos referimos
a la fragmentación del PJ y a la disgregación del régimen de partidos. En lo referente a
la construcción de nuevos clivajes y organizaciones, el oficialismo no avanzó más allá
de lo necesario para seguir consiguiendo triunfos electorales. La consecuencia más
directa es una escena política extremadamente confusa caracterizada por variados cruces
que opacaron y borraron las fronteras y pertenencias partidarias permanentes; por sobre
todo, es en los niveles locales (provincias y municipios) donde la ininteligibilidad del
escenario se agrava: una enorme multiplicidad de pequeños partidos surgen en esas
instancias, muchos de los cuales llevan en sus boletas a los mismos candidatos para las 65 Esto sucedió, además de Buenos Aires, en Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan, Misiones y Santiago del Estero. En otras provincias no hubo competencia y el PJ adoptó el nombre del FPV: Capital federal, Tucumán, Mendoza, Rio Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego, córdoba, Entre Rios, Neuquén y Corrientes. Salta, La Pampa y Neuquen fueron las únicas tres provincias en las que el PJ se presentó unificado y con ese sello (Rodriguez, 2007: 116). 66 El FPV no cuenta con una burocracia central ni con órganos oficiales que tomen decisiones independientes del presidente nacional; los vínculos con las bases son informales (¿alguien conoce a algún afiliado al FPV?), mientras que no hay vínculos explícitos ni mucho menos homogéneos con unidades provinciales, con lo cual las fronteras son extremadamente fluidas y ambiguas. El financiamiento es poco transparente y proviene casi en su totalidad de fondos del Estado nacional.
74
instancias mayores -fenómeno que se dio en llamar “listas colectoras” y que revela la
crisis de los partidos en una de sus funciones principales: la selección de candidatos67-.
Con ello, también entra en una situación crítica otra de las funciones de los partidos,
constituida por el ordenamiento de las opciones disponibles. La oferta política argentina
había tenido, desde principios de la década del 40’ un firme sustento en las arraigadas
identidades políticas de una ciudadanía que dividía su voto entre un polo peronista y
otro no peronista. El colapso del radicalismo como opción partidaria y las pretensiones
de parte del oficialismo de desbordar los límites del peronismo, estableciendo alianzas
con gobernadores e intendentes radicales y socialistas, tornó opacas las alternativas
ofrecidas por los candidatos, cuando no indescifrables.
67 La incapacidad para seleccionar candidatos pone de manifiesto, otra vez, el problema por la sucesión; en la esfera nacional el problema fue resuelto delegando Kirchner el poder en su esposa, algo por demás indicativo de la extrema debilidad de la organización partidaria del oficialismo
75
II
En el transcurso de esta tesina hemos apuntado a la reconstrucción del proceso de
fractura del Partido Justicialista. Para ello, tomamos en consideración, en un primer
momento, factores de largo alcance, relacionados con la desindicalización del partido, el
vaciamiento de la burocracia partidaria, la crisis del peronismo como identidad en los
sectores populares y la transformación del formato de representación en las democracias
occidentales. En un segundo momento nos centramos en la reconstrucción del proceso
político que culminó en la fragmentación partidaria en las elecciones presidenciales de
2003; tomando como punto de partida la derrota del candidato justicialista en 1999,
analizamos las distintas fuerzas en pugna al interior del justicialismo, las consecuencias
negativas que la crisis de 2001 trajo aparejadas, y el intento frustrado de recomposición
partidaria encabezado por Duhalde en su paso por la presidencia. Por último, vimos
brevemente cómo el liderazgo de Kirchner había contribuido a profundizar la ruptura
del justicialismo.
Para terminar, nos parece relevante dejar planteados algunos interrogantes sobre la
posible evolución a futuro del Partido Justicialista. La extrema flexibilidad del sistema
partidario argentino y, en particular, del “peronismo” como actor político, obligan a
permanecer cautos en las afirmaciones. Dejemos en claro entonces que, de lo dicho
hasta aquí, no se puede inferir la desaparición lisa y llana del PJ; o, para decirlo de otra
manera, no es improbable (y mucho menos imposible) el resurgimiento del PJ luego de
cuatro años de ausencia en los primeros planos de la vida política nacional.
Al parecer, el futuro del Partido Justicialista depende hoy de manera determinante de los
cálculos estratégicos que se haga desde la presidencia sobre la conveniencia o no de
utilizar los mecanismos organizativos del justicialismo en provecho del proyecto oficial.
La cuestión de “con quién gobernar” (que había estado en el origen de la operación
76
política de la transversalidad) sigue todavía irresuelta. El énfasis que desde el día
posterior a las elecciones ha puesto Néstor Kirchner en que su función en el futuro
gobierno será la creación de una fuerza política organizada permite entrever que en un
futuro no muy lejano asistiremos al lanzamiento de una corriente estructurada bajo el
formato más acorde a un partido “clásico”. La pregunta sobre si eso significará la
revitalización del PJ parece estar todavía en debate; la indefinición del kirchnerismo
sobre esta cuestión es producto, sostenemos, de la naturaleza en gran medida
contradictoria que lo subyace: su proyecto original estuvo marcado por la tentativa de
aunar la base política tradicional del peronismo (los sectores populares) con un sector
mayoritario de las clases medias. En tanto los primeros fueron los principales
beneficiados por una serie de políticas públicas las destinadas al mejoramiento del
empleo y los salarios, las segundas fueron las destinatarias de políticas “republicanas”,
entre las que se anotan principalmente la revisión de los crímenes de la última dictadura
y la remoción de los jueces de la Corte Suprema. La fuerza y vitalidad del kirchnerismo
en su primera época estuvieron dadas por la explotación provechosa de esta
articulación.
Sin embargo, en el último año de gobierno, más precisamente desde las elecciones en
Misiones a fines de octubre de 2006, cuando el presidente apoyó a al gobernador en
ejercicio Carlos Rovira en su intento de reformar la Constitución provincial que le
permitiría la posibilidad de la reelección indefinida, empezó a conformarse con fuerza
un discurso opositor que buscó identificar al kirchnerismo con los “males endémicos”
del peronismo, esto es, abusivo control del poder, clientelismo, ataques a la libertad de
expresión (sobre todo de prensa), escándalos de corrupción, etc. Los resultados de las
elecciones presidenciales de 2007 mostraron un éxito de esta oposición (encarnada en
dirigentes como Elisa Carrió y Roberto Lavagna); según los análisis electorales,
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“Cristina Fernández de Kirchner logró el voto más uniforme y masivamente pobre de
todos los presidentes electos desde 1983” (Bonvecchi y Novaro, “Kirchner, la clase
media y el peronismo”, en Página 12, 02/11/2007).
Con esto, el proyecto kirchnerista inicial, tendiente a superar la dicotomía peronismo-
antiperonismo encontró una resistencia inesperada; recordemos que si algo caraterizó al
kirchnerismo fue su reticencia a emplear los recursos simbólicos más caros a la
tradición peronista: no sólo rechazó al PJ como herramienta de gobernabilidad, también
limitó al máximo las referencias a Perón y Evita, en sus actos no se cantaba la marcha
peronista ni se dejaba ver la tradicional simbología partidaria. El surgimiento de un
discurso antiperonista enfrenta entonces al oficialismo al siguiente dilema: refugiarse en
la seguridad de los votantes peronistas, reflotando al Partido Justicialista o insistir una
vez más en la viabilidad de una coalición electoral con los sectores medios, lo cual le
dejaría un flanco abierto demasiado peligroso en la competencia por el voto popular, en
vistas de la reciente reaparición del duhaldismo y otros sectores que impulsan la
reorganización del PJ.
De la resolución que se adopte a ese dilema depende la suerte del Partido Justicialista en
el futuro próximo.
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