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REVISTA MENSUAL

SEPTIEMBRE DE 2009

AÑO VIII • Nº 111

TRES PESOS

ISSN 1669-9122

El baile de la gambeta “Vientos de guerra”, anunciaba el presidente Chávez para sintetizar la agudización del conflicto, que comienza a mostrar su cara militar. El ejemplo de Honduras, con la salida golpista por parte de un empresariado asustado ante el curso de los acontecimientos, nos muestra el desarrollo lógico de los planes desestabilizadores también en nuestro país. Por ello, la disputa por el control de la información cobra cada vez mayor relevancia. En ese marco, desde el mes de septiembre, y por primera vez en la historia, el pueblo argentino puede disfrutar, por TV abierta y en directo, de todos los partidos del campeonato local de su deporte popular por excelencia, el fútbol.

EQUIPO DE TRABAJO Redacción: Claudio Adrianzén Bei, José María Dunn, Sebastián Juncal, Julián Kan, Pablo Lombardi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, María Florencia Socoloff, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Corrección: Martín Yuchak y Claudio Adrianzén Bei. Dibujo de tapa: Colectivo El Furgón Responsable de la publicación: Alejandro Viegas. Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: [email protected] Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Uruguay: La República (LR)– Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12); Crónica (CR)

El baile de la gambeta

3. Vientos de guerra. Latinoamérica: tensiones que se profundizan Por Julián Kan, María Florencia Socoloff y Claudio Adrianzén Bei 11. La patria sojera ataca de nuevo. Manifiesto sojero y planes industriales Por Diego Tavormina 18. ¡Para el pueblo lo que es del pueblo! Fútbol y medios: la construcción de ideas en la pelea política Por Pablo Lombardi 23. La Cruzada por los pobres. Trabajo o asistencialismo Por José María Dunn 27. Planes políticos. Dispersión opositora, “radicalización K” y política en el movimiento obrero Por Martín Yuchak

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Latinoamérica: tensiones que se profundizan

Vientos de guerra

Julián Kan, María Florencia Socoloff y Claudio Adrianzén Bei

La región, entre bases y cumbres En el mes de julio, observábamos las preocupaciones de varios mandatarios de la región por la instalación de las bases militares en Colombia. Los cuestionamientos de “Lula” Da Silva, Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner se sumaban a las manifestaciones de rechazo por parte de Venezuela, Bolivia y Ecuador, dejando so-lamente al Gobierno de Perú como único y firme aliado del colombiano Uribe en la región para defender la avan-zada militar norteamericana. A comienzos de Agosto, Uribe adelantaba que no participaría de la Cumbre de UNASUR que tendría lugar en Quito el día 10 de agosto, en el marco de la asunción del ecuatoriano Rafael Correa como presidente de un nuevo mandato gubernamental, luego del apoyo popular en las urnas que recibiera la reforma constitucional de dicho país. A dicha asunción se sumaba la de Correa a la presidencia pro témpore de UNASUR. Así, Uribe daba señales de que el proyecto de instalación de las bases norteamericanas en su país no tenía vuelta atrás, estando dispuesto a llevarlo adelante a pesar de la negativa de los miembros de UNASUR. La Cumbre había sido señalada por Chávez como el lugar propicio para abordar el tema de las bases militares: “Esta semana he conversado con varios jefes de Estado de nuestro continente del peligro que representan las nuevas bases militares gringas para Venezuela. Es evidente que és-te será un tema central en la próxima reunión de UNASUR” (P12 3/8). En ese marco, se tensaba la situación política en la región, dando lugar a uno de los meses más movi-dos en el tablero político regional. Enfrentamientos ver-bales, amenazas de ruptura diplomática y comercial, anuncios de defensa militar ante invasiones, todo ello se sucedería durante el mes de agosto. En los días previos a la cumbre de Quito, Brasil ma-nifestaba mayor preocupación y Ecuador anunciaba que se preparaba para la defensa. El canciller Celso Amorim señalaba: “Lo que preocupa a Brasil es una presencia militar fuerte cuyo objetivo y capacidad parecen ir mucho más allá de lo que pueda ser la necesidad interna de Colombia” (LN 3/10). El presidente de Ecuador, Correa, anunciaba que “su país se está preparando para la defensa. Nosotros no estamos en carrera armamentista, pero no voy a permitir nunca más que a mansalva entren aviones y no los podamos siquiera detectar” (LN 3/8). Además, ante la flamante asunción al frente de UN-SAUR, se pronunciaba a favor de “restarle relevancia” a la OEA, potenciando el Consejo de Defensa Sudamerica-no: “Para evitar la posibilidad de un conflicto en la región, cual-quier país que se atreva a agredir a otro país deberá saber que ten-drá una sanción muy fuerte del resto de las naciones de la región” (P12 4/8). Para contrapesar su anunciada ausencia en la Cumbre, Uribe salía de viaje por la región para entrevistarse con varios jefes de estado de Sudamérica y darles detalles del acuerdo militar con EE.UU., salvo con Venezuela y

Ecuador, con quienes las relaciones diplomáticas están cortadas. El resultado de la gira –donde el argumento principal de Uribe fue que no se trataba de bases milita-res norteamericanas, sino que las fuerzas militares nor-teamericanas usarían bases colombianas– fue el espera-do. Por un lado, el único aliado firme de Colombia en la región, el Perú de Alan García, apoyó incondicionalmen-te la iniciativa. “La historia reconocerá mucho y muy pronto lo mucho que ha hecho usted por Colombia y por todo el continente” (LN 5/8), declaraba Alan García en la reunión con Uri-be, quien en la visita a los 7 países vecinos no realizó contactos con la prensa. Chile y Paraguay, a pesar de haber manifestado preocupación por la instalación de las bases, mantuvieron una postura de no intromisión por tratarse de una decisión soberana de Colombia. Por otro lado, y como era de esperar, los primeros mandatarios de Bolivia, Brasil y Argentina manifestaron posturas que os-cilaron entre el rechazo, la preocupación e inquietud y la inconveniencia, a pesar de respetar la soberana decisión de Colombia. En las palabras del asesor de Lula en polí-tica exterior, Marco Aurelio García, encontramos la sín-tesis de estos posicionamientos: “Nuestro país respeta las de-cisiones soberanas de cada país en la región pero nuestra percepción es que las bases extranjeras en la región parecen una herencia de la Guerra Fría y la Guerra Fría acabó” (LN 5/8). Luego del paso de Uribe por Brasilia, García señaló: “No creo que sea positivo establecer bases cuyo alcance y objetivos no están muy claros cerca de una frontera en la región amazónica que muchas veces es objeto de codicia internacional” (P12 7/8). Y aunque Brasil aceptó, mal que le pese, que sea una decisión soberana de Colombia, exigió toda la información y las garantías sobre los movimientos norteamericanos en las bases co-lombianas (LN 7/8). En la reunión con Uribe, la presi-denta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, señaló la “inconveniencia” de las bases y le manifestó que Colom-bia “con este hecho se convertía en un factor de perturbación para Latinoamérica” (C 6/8). Evo Morales fue quién más enér-gicamente rechazó la instalación de las bases: “Permitir las bases es una agresión a la democracia” (P12 7/8). Aunque también, algo más diplomática pero no por ello menos ambigua, la postura de Uruguay fue de claro rechazo a la instalación de bases militares de un país extranjero en la región. Su presidente Tabaré Vázquez señaló que soste-nía “la posición histórica de Uruguay contraria a la existencia o establecimientos de bases militares extranjeras no sólo en el país si-no también en cualquier territorio de América Latina” (LN 7/8).

Luego de la gira, Argentina y Brasil se manifestaban a favor de que el tema sea tratado en la Cumbre de UNA-SUR. A su vez, entre la gira de Uribe y la realización de la cumbre, la nota la dio el presidente de los Estado Uni-dos, Barack Obama, quién salió a negar que su país tenga un acuerdo militar firmado con Colombia: “No lo he auto-rizado y no me lo han pedido. Esta es una continuación de la asis-tencia que le hemos provisto. No tenemos la intención de enviar un

4 Vientos de guerra gran número de tropas adicionales a Colombia” (P12 8/8). Lue-go fustigó sin nombrar a Hugo Chávez: “Algunos en la re-gión están intentando jugar un papel utilizando la tradicional retó-rica antiyanqui” (P12 8/8). Sin convencer mucho, habló por primera vez sobre el tema, señalando que, como había dicho en Trinidad y Tobago en la última Cumbre de las Américas, EE.UU. intenta ahora no tener la inje-rencia en la región que se le criticaba “No queremos dictar lo que sucede en nuestros vecinos. Eso es lo que estamos haciendo” (P12 8/8). Lo que resulta llamativo es que si no existe tal nuevo acuerdo, y el mismo es una prolongación del ya firmado, dicha ratificación va en detrimento de la anun-ciada promesa de recortar fondos del Plan Colombia anunciada como parte de los ajustes presupuestarios para erradicar el déficit fiscal dejado por el gobierno de Bush. Una posible explicación radica en que, entre el anuncio de recortes de gastos en el Plan Colombia y el intento de mirar de otra manera a la región realizado en Trinidad y Tobago, estuvo el retiro de la base militar de Manta, que EE.UU. mantenía desde hace 10 años en Ecuador. La primera de las cumbres de la UNASUR del mes de agosto se desarrolló en Ecuador, en el marco de la asunción de Rafael Correa. Tuvo una corta duración, tal como estaba programado de antemano, producto de la abultada agenda protocolar por la asunción de Correa. No hubo acuerdo entre los cancilleres acerca de cómo tratar el tema de la instalación de las bases militares en Colombia, y esto se agravaba por la ausencia del presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Las posturas oscilaron entre el rechazo y el aviso de un probable conflicto militar en la región de parte de Vene-zuela, Ecuador y Bolivia; una manifestación de preocu-pación y alerta por parte de Argentina y Brasil; y una postura de no intromisión en decisiones soberanas de otros países por parte de Paraguay y Chile. Perú, el único aliado fuerte de Uribe, con la excusa de la llegada tarde a la asunción de Correa por problemas en el vuelo, decidió no participar de la cumbre.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez fue el que comenzó a abordar, de manera informal –por estar fuera de protocolo– pero con alto contenido político, el im-pacto regional que traen las bases: “El gobierno de Colombia hoy defiende la tesis del ataque preventivo, está a la orden de las provocaciones. Venezuela está en la lista. El anuncio de instala-ción de bases en territorio colombiano puede convertirse en una tra-

gedia. Cumplo con mi obligación moral de alertar: vientos de guerra comienzan a soplar” (P12 11/8).

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, insistía en “no transformar la UNASUR en un club de amigos rodeados de ene-migos” y esbozaba la propuesta de invitar a Barack Oba-ma para que asista a una nueva cumbre de la UNASUR para explicar el plan norteamericano en la región y poder tratarlo “profundamente” (LN 11/8). La presidenta de Ar-gentina, Cristina Fernández de Kirchner, apoyaba la pro-puesta de Lula y ofrecía la Argentina como país neutral al que Uribe podría asistir de realizarse allí la cumbre. Pero ante la propuesta de invitar a Obama sentó posición: “No podemos permitir que nos hayan exportado la crisis interna-cional, la gripe A y ahora esta situación de beligerancia” (LN 11/8). Apenas dos días después, el presidente colombia-no respondía satisfactoriamente a la invitación realizada

por Cristina Fernández de Kirchner y se comprometía a participar de la cumbre que tendría lugar a fines de mes en la ciudad de Barilo-che (P12 13/8).

En el marco de la crisis entre Colombia y Venezuela, el gobierno de Chávez buscó afianzar la relación comercial bilateral entre Argentina y Venezuela para sustituir a Colombia como socio comercial y las importa-ciones provenientes de ese país. Alimentos, automotores y autopartes y lácteos encabezaban los rubros a negociar entre los funcionarios de producción y comercio de ambos países en la visita realizada a Caracas por Cristina Fer-nández de Kirchner luego de la estadía de ambos en Ecuador. 100 empresarios argentinos acompañaron a

la presidenta y a los funcionarios para ser parte de los nuevos acuerdos que incrementarían en mil millones de dólares el intercambio comercial, que el año anterior as-cendía a 1500 millones de dólares. El ministro de comer-cio de Venezuela, Eduardo Samán, graficaba la impor-tancia política de este acuerdo en el marco del conflicto entre los países caribeños de América del Sur: “Vamos a comprarle a la industria automotriz argentina, que es de muy bue-na calidad. Esos 10 mil carros que nosotros le íbamos a comprar a Colombia, que ahora se los compre Obama” (CR 11/8).

Unos días después de la cumbre de Quito, Álvaro Uri-be anunciaba que ya se habían cerrado las negociaciones por el acuerdo con EE.UU. para la instalación de las ba-ses. Con el objetivo de perseguir la “derrota total del terro-rismo narcotraficante”, justificaba Uribe su defensa del acuerdo firmado (LN 15/8). Así ponía de manifiesto la

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táctica desplegada durante todo el mes y sobre todo en la Cumbre de Bariloche: las bases ayudarían a extinguir el terrorismo y el narcotráfico, sinónimo de FARC, organi-zación que estaría estrechamente vinculada con los go-biernos de Chávez (armas), Ecuador (dinero en la cam-paña y frontera limítrofe), Bolivia (producción de coca), según las elucubraciones del gobierno colombiano. Por esos días Uribe recibía el apoyo de Felipe Calderón, pre-sidente de México: “El narcotráfico no actúa de manera aisla-da, ni actúa tampoco solo en ámbitos nacionales (…). El crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional (…). Obama fue muy categóri-co al señalar que, contario a lo que se ha señalado, no hay preten-sión de EE.UU. de establecer nuevas bases militares o algo así” (P12 14/8). Si bien el gobierno de Calderón, del dere-chista partido PAN del ex presidente neoliberal Vicente FOX, había reencausado la relación con la región –bastante resquebrajada por Fox producto de su alinea-miento automático con EE.UU. para instalar el ALCA y los roces diplomáticos ocurridos con Cuba–, los nuevos acuerdos comerciales con EE.UU. y el apoyo al gobierno de Uribe lo vuelven a poner nuevamente en su lugar de aliado incondicional de EE.UU. en America Latina, en la misma medida que Colombia y Perú.

Unos días antes de realizarse la Cumbre de UNASUR en Bariloche, y luego del acuerdo firmado entre los go-biernos de Colombia y EE.UU., este último anunciaba –a través de un comunicado del Departamento de Esta-do– que no participaría de la misma por no pertenecer a la UNASUR, aduciendo que “Colombia tiene suficiente capa-cidad como para explicarse por sí misma. No necesita nuestra ayu-da” (LN 24/8). En ese marco, ya se presagiaba que la po-larización sería entre Uribe y el resto de los mandatarios de la región, en función de los grados de rechazo a las bases por parte de estos. Al respecto, el presidente Chá-vez anunciaba que llevaría documentación sobre el co-mando de movilidad aérea de EE.UU. que relevaba deta-lles de que “a Colombia la están convirtiendo en una base estadounidense” (P12 24/8).

El día anterior a la cumbre, los tensos vientos comen-zaron a soplar sobre el Llao Llao, el conocido y lujoso hotel rodeado por la imponente vista de los lagos y mon-tañas de Bariloche. La polémica sobre la televisación o no del evento (por la fuerte disputa verbal que se anun-ciaba), así como otro nuevo cruce entre Venezuela y Co-lombia, con acusaciones de narco-estado por parte de Chávez hacia el país vecino y el anuncio de la prepara-ción de la rotura de las relaciones diplomáticas entre am-bos países, daban condimento a lo que sería una de las cumbres de presidentes más recordadas, producto de la aguerrida discusión que tuvo lugar. Además, el presiden-te de Venezuela publicaba una solicitada en algunos dia-rios de gran tirada dirigida a los presidentes miembros de la UNASUR apelando a la historia de la región, para re-flexionar sobre el futuro de la integración latinoamerica-na en esta etapa de conflicto por la instalación de las ba-ses militares.

Y la cumbre fue áspera. Uribe comenzó con un fuerte discurso acerca del terrorismo en la región, exponiendo a las cámaras televisivas fotos de las acciones de las FARC

(Uribe había sido uno de los que sostenía en los días previos que había que televisar la cumbre en directo), en-trelazando los conceptos de terrorismo, narcotráfico y FARC con fotos e imágenes. Además, solicitó que la UNASUR considere a las FARC como grupo terrorista y no como fuerza beligerante e hizo también hincapié en la idea de que las cuestionadas bases pertenecen a Colombia, pero que recibirían ayuda norteamericana con el objetivo de la lucha contra el narcoterrorismo.

Las largas respuestas de Chávez y Correa contuvieron mucha información que fue mostrada ante las cámaras. Por el lado venezolano, Chávez hizo hincapié en varios párrafos del “Libro Blanco” del Comando de Movilidad Aérea del Comando Sur de EE.UU. donde detalló los in-tereses de la primera potencia mundial sobre la región, entendiendo a las bases como una expresión de los mis-mos. Por el lado de Correa, en uno de los discursos más profundos, invitó a discutir qué significa terrorismo en la región y dónde radica el principal problema del narcotrá-fico, señalando a Colombia como el principal productor de drogas, cuyo problema no ha podido resolver desde que EE.UU. lo asiste con ayuda militar y económica. Al respecto, daba ejemplos sobre Ecuador: “Sin la base de Manta y sin la DEA, ya llevamos el doble del promedio histórico en el secuestro de drogas” (P12 29/8). Además, retó a Co-lombia y a la región a discutir si hoy en día no se usa como excusa el terrorismo y el narcotráfico para descali-ficar a gobiernos que han criticado a EE.UU. –como Venezuela, Bolivia y Ecuador–, y si no estábamos ante un escenario como el de la Guerra Fría, donde potencias extranjeras usaban pretextos políticos para intervenir.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien estaba en desacuerdo con la presencia de los medios –porque decía que así no se podía hablar “a calzón quitado”–, intentó contener el clima tenso para evitar la rotura de la UNA-SUR, a la que su gobierno ha apostado fuertemente en los últimos años. Pero tampoco pudo evitar mostrar su clara disconformidad con la instalación de las bases. De buen tono pero en forma desafiante, encaró a Uribe se-ñalando que si las bases son colombianas, están desde hace varios años y “todavía no solucionaron el problema de la guerrilla y el narcotráfico debemos repensar qué otras cosas podemos hacer en UNASUR para solucionar el problema” (P12 29/8). Y, en relación con los EE.UU., selló: “Los grandes consu-midores no están en nuestro continente. Sería bueno que en vez de combatir dentro de nuestras fronteras que lo hagan en sus fronteras, pero los consumidores no son electores” (P12 29/8).

Por su lado, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez reafirmó su posición de los días previos, al rechazar cualquier instalación en la región de bases extranjeras e incluso apoyó al gobierno argentino en el tema Malvinas.

A su vez, la presidenta chilena Bachelet mostró pre-ocupación una vez más por el tema pero, al igual que su par paraguayo Fernando Lugo, por tratarse de una deci-sión soberana, abogó por el respeto a la misma y por la exigencia de más información.

Ante la obviedad de que el tema no tenía vuelta atrás para Colombia, Brasil fue uno de los que demandó que Colombia diera garantías de que es algo específico de su territorio y que no afectará a los países de la región, pos-

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tura que terminó siendo acompañada por todos los paí-ses, evitando de ese modo que se rompiese la UNSAUR.

Sin embargo, en los posicionamientos previos, queda-ban claras las mismas tendencias de la cumbre anterior y que hemos visto en el recorrido del debate regional en el transcurso del mes de agosto:

-Rechazo directo por parte de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

-Rechazo a la presencia de bases extranjeras y preocu-pación y exigencia de garantías a Colombia por tratarse de una decisión soberana: Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay (en ese orden).

-Apoyo a la intervención norteamericana en suelo lati-noamericano: Perú y Colombia.

La importancia de la discusión descrita no se encuen-tra en sí misma, sino que debemos analizarla en el con-texto regional actual y en los puntos más álgidos de la polarización entre bloques. Por ello, cobra particular trascendencia que continuemos observando el desenvol-vimiento del conflicto fronteras adentro de Honduras, donde el golpe militar que derrocó al presidente demo-crático electo por el voto popular, Manuel Zelaya, sigue su curso sin observarse, por el momento, atisbo de solu-ción.

Honduras: el eslabón más débil de la cadena Venimos analizando, en las últimas ediciones del Aná-

lisis..., el golpe cívico-militar en Honduras, perpetrado el pasado 28 de junio contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya, entendiendo al mismo no sólo como una avanzada de las fuerzas del imperialismo norteamericano sobre la región, ante el avance de proyectos políticos au-tónomos que quiebran la tradicional subordinación al grande del Norte (como ser el caso del ALBA, del cual Honduras llegó a ser miembro), sino también como un “ensayo” de las derechas latinoamericanas, en su intento por detener la profundización de proyectos políticos po-pulares.

En este sentido, el proceso hondureño excede los lími-tes del pequeño país centroamericano, poniendo de ma-nifiesto los desafíos que los gobiernos latinoamericanos tienen, tanto al interior de cada país como a nivel regio-nal, en la defensa de los intereses nacionales y regionales frente a un Estados Unidos que, lleno de tensiones in-ternas, no deja de tener en la mira a su tradicional patio trasero.

En Honduras, las indefiniciones con respecto al desti-no del país y al de su legítimo presidente han llegado a un límite, en el cual una salida diplomática es cada vez más lejana. Zelaya mantiene un rumbo errático, visitando a los países de la región así como a los Estados Unidos en búsca de apoyo, logrando el beneplácito de la mayoría de los países sudamericanos incluyendo a Perú y México, tradicionales bastiones norteamericanos.

Sin embargo, lo cierto es que el gobierno de facto lide-rado por Michelleti se mantiene aún en el poder, frus-trando cualquier salida diplomática posible, ya sea pro-veniente de la OEA o del presidente costarricense Oscar Arias, mediador en el conflicto. El último recurso de Ze-laya fue rechazado por el gobierno de facto, quien se negó

a aceptar los puntos del “Acuerdo de San José”, pro-puesto por la última misión de la OEA, acompañada por diplomáticos latinoamericanos. Fue la Corte Suprema la que, aduciendo cuestiones legales pendientes, impugnó un posible acuerdo, reafirmando que el gobierno de Mi-chelleti era resultado de una “sucesión constitucional” (P12 24/8). Sumando argumentos a la intransigencia del gobierno de facto frente a un posible regreso del primer mandatario legítimo, la vicecanciller de facto afirmó: “El retorno de Zelaya no es negociable. Nuestro único objetivo son las elecciones del próximo 29 de noviembre” (P12 24/8).

Claramente, el conflicto se encuentra en una encruci-jada en la cual los golpistas apelan al paso del tiempo como estrategia para sostener el gobierno y cubrirlo con el velo democrático del llamado a elecciones. Ante la po-sibilidad de cerrar este capítulo por medio de las eleccio-nes, Zelaya les ha solicitado a los gobiernos latinoameri-canos rechazar la legitimidad de ese acto electoral. En este sentido, en la última Cumbre del MERCOSUR fue aprobada su solicitud, logrando que los países del bloque desconocieran cualquier decisión unilateral (P12 14/8) motivada por el gobierno golpista, siendo la misma me-dida apoyada por los cancilleres de la UNASUR (LN 10/8).

Sin embargo, es en Estados Unidos donde Zelaya tie-ne puesta su atención. En su visita a Brasil, se apoyó en las declaraciones de Lula –respetado por Obama, según lo ha manifestado en varias oportunidades– en las cuales afirmaba: “Agradecemos el esfuerzo norteamericano a favor de la restitución de Zelaya, pero las acciones adoptadas hasta ahora fue-ron tibias y por lo tanto no fueron suficientes” (P12 13/8).

Por su parte, Zelaya ha apostado a la resistencia del pueblo, convocándolo a una posible “insurrección”, a la vez que ha intentado presionar a los Estados Unidos pa-ra que tomen medidas económicas firmes contra los gol-pistas, afirmando que “las medidas que hasta el momento han tomado han sido tibias, de manos suaves con los golpistas. Estados Unidos puede hacer más. Honduras es una economía pequeña que depende en un 90 por ciento de Estados Unidos (…). Si se toman sanciones comerciales y personales contra los golpistas, el golpe no resiste cinco minutos. Estados Unidos tiene la suficiente fuerza” (P12 20/8).

Es claro, entonces, que el destino del pequeño país hondureño se encuentra más entre los pasillos del Par-lamento norteamericano que entre los endebles límites territoriales. Y en aquel terreno, como en tierras hondu-reñas, Zelaya es un exiliado, sus fuerzas son exiguas fren-te a un núcleo golpista estrechamente vinculado con los sectores republicanos –y algunos demócratas– norteame-ricanos. Años de “relaciones carnales” entre los sectores económicos y políticos hondureños más concentrados y los sectores conservadores norteamericanos les han permitido a los golpistas caminar libremente por tierras norteamericanas y lograr apoyos como el del secretario de Asuntos Legales de Washington, quien afirmaba que “reconocemos que la insistencia del presidente Zelaya en tomar ac-ciones provocadoras contribuyó a la polarización de la sociedad hondureña y condujo a una confrontación que desató los eventos que llevaron a su destitución” (P12 07/8), cuestionando no sólo


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la denominación de “golpe” sino afirmando que la causa del conflicto era el propio Zelaya.

La cúpula empresarial hondureña, que apoyó el golpe sin fisuras, así como la Iglesia y la mayoría del Parlamen-to, se declaró públicamente dispuesta a financiar el régi-men de facto (LN 21/8) y tan solo requiere de sus aliados norteamericanos que logren evitar la ruptura del flujo comercial para sostenerse en el poder (LN 17/8), dejan-do que el tiempo siga su curso.

Mientras tanto, en el pequeño país centroamericano, la fuerte violencia mediante la cual el golpe logra sostenerse en el tiempo no ha logrado mitigar al Frente de Resisten-cia liderado por organizaciones sociales, comunidades originarias y gremios docentes. Las denuncias de repre-sión, los muertos en extrañas circunstancias, las deten-ciones ilegales continúan su curso, recordando los peores años de la dictadura. Cada vez es más incierto el destino de Honduras, claras son, sin embargo, las consecuencias de una victoria del gobierno golpista para el resto de La-tinoamérica. Estas se traslucen en las declaraciones de Zelaya en México: “No basta condenar el golpe, sino también medir la gravedad del asunto, porque esto puede ser un mal ejemplo y un golpe para la democracia en toda la región” (P12 5/8), de-claración a la que se suma la afirmación de Correa de que “después de Zelaya, el próximo soy yo, por determinadas condicio-nes del país al que quieren desestabilizar” (LN 2/8).

El derrocamiento de presidentes constitucionales, la desestabilización, serán sólo una cara de las futuras bata-llas a las que se deberán enfrentar las fuerzas populares.

Venezuela y Ecuador: la profundización del “Socialismo del Siglo XXI”

El otro costado de la polarización se hace mani-fiesto en los procesos de Venezuela y Ecuador, en los cuales se profundiza el autodenominado Socialismo del Si-glo XXI, logrando avances en todos los planos.

Dos hechos marcaron el rumbo de la revolución bolivariana en Venezuela en el último mes: por una par-te, la creciente intervención popular en el control de los medios de difusión masiva; por otro, la nueva ley de educación aprobada por el Parlamento venezolano.

Así, promediando el mes, el Parlamento Bolivariano logró aprobar la nueva ley de educación que incorpora amplias transformaciones al sistema educativo venezola-no, promoviendo el rol del “Estado educador” y la inter-vención de los “Consejos Comunales” en el sistema edu-cativo (LN 15/8). Fuente de conflictos, los diversos artículos de la ley reafirman el rol del Estado en la defini-ción de los contenidos, dejando afuera de todo el sistema educativo a la Iglesia (P12 15/8). Sobre este controverti-do punto, la ley explicita que “las familias tienen el derecho y la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo con sus convicciones y de conformidad con la libertad reli-giosa y de culto, prevista en la Constitución” (P12 15/8), cir-cunscribiendo cualquier tipo de intervención religiosa al ámbito privado familiar, relegando, así, a la institución eclesial de la educación formal.

Los defensores de la nueva ley afirmaron que “esta ley es necesaria para cambiar los paradigmas de la sociedad. Salir de las aulas de clases hacia la comunidad. Enseñar a amar a nuestra

patria, a defenderla” (C 12/8). En defensa del proyecto, Chávez afirmó: “Tenemos que desmontar el sistema de educación burguesa capitalista”, destacando que la ley “comienza a sem-brar los valores de la sociedad nueva”, dejando de lado un sis-tema educativo elitista y reafirmando el carácter socialista de la revolución y de la ley: “Aquí hay una batalla de pobres contra ricos, de opresores y oprimidos, de explotadores y explotados, y a mí me eligieron los pobres” (LN 16/8).

En otro plano, pero en el mismo sentido, el proce-so bolivariano enfrentó el pasado mes los embates de los medios de comunicación, fervientes opositores al régi-men. El conflicto giró en torno del cierre de varias emi-soras de radio. La medida fue adoptada como resultado de la negativa de los empresarios de dichos medios a presentarse en la “actualización de datos” respecto de la propiedad de los mismos. Ante las críticas recibidas des-de esos mismos medios, el líder bolivariano afirmaba: “No es que hemos cerrado emisoras de radio (...) las hemos recupe-rado. Ahora son del pueblo y no de la burguesía, (...) forma parte de la lucha contra (...) las mentiras de la burguesía y la oligar-quía” (LN 2/8).

Sin duda, en los procesos de socialización y democra-tización de la propiedad, los medios de comunicación populares se han expandido a lo largo de la región, en una búsqueda por denunciar y limitar la acción de los medios masivos de comunicación en la desestabilización de los gobiernos, particularmente en los países del AL-BA1. Evidencia de ello es el hostigamiento que los me-dios han iniciado contra el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Un conflicto suscitado por la difusión de un video clandestino que intentaba desprestigiar al primer mandatario puso de manifiesto la creciente disputa por la propiedad de los medios, arma de los sectores empresa-rios contra los gobiernos populares. En el discurso de asunción a su segundo mandato, Correa afirmaba: “Coin-cido plenamente con quienes sostienen que la vigencia de la demo-cracia exige medios de información libres, independientes y críticos; pero una cosa es la existencia de medios dotados de esas caracterís-ticas y otra muy distinta la suplantación de la opinión pública por los intereses privados de esas empresas” (P12 11/8).

El caso de Ecuador demuestra claramente la polariza-ción creciente en la región y la profundización de los procesos sociales populares. El segundo mandato que inició Correa en el mes de agosto fue el resultado de la introducción de la reelección presidencial en la Carta Magna, votada por la mayoría de la Asamblea Constitu-yente. De igual forma que en Venezuela y Bolivia, los procesos populares han podido plasmar mediante refor-mas de la Constitución las profundas transformaciones en sus sistemas políticos, económicos y educativos. Co-rrea manifestaba al pueblo ecuatoriano, así como a los demás mandatarios latinoamericanos presentes para la asunción –que coincidía con la reunión de UNASUR–, que “la revolución ciudadana es irreversible y nada ni nadie la po-drán detener. Radicalizaremos todas las reformas que comenzamos en esta nueva época de Ecuador para lograr una sociedad más in-

1 Recuérdese el rol de los medios de comunicación en el Golpe co-ntra Chávez, en la matanza de Pando y en el intento de desestabiliza-ción del gobierno de Evo Morales, así como el reciente apoyo de los medios masivos de comunicación al golpe de Estado en Honduras.

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cluyente, solidaria y equitativa” (P12 11/8). La claridad del mensaje manifiesta el firme accionar con el cual los pro-pulsores del proyecto del ALBA han difundido en la re-gión el Socialismo del Siglo XXI.

Estos tres ejemplos muestran tan sólo cómo la pro-fundización de los procesos de transformación regional se imbrinca en un contexto de crisis en el cual los Esta-dos Unidos intentan mantener, aunque sea parcialmente, su poder sobre la región, utilizando para ello las contra-dicciones y tensiones internas en pos de implantar su control sobre los gobiernos y los recursos. La profundi-zación de los cambios que llevan adelante Venezuela, Bolivia o Ecuador, muestran lo difícil de esa tarea para el otrora “Tío Sam”.

Latinoamérica como espejo Como venimos analizando, las tensiones políticas y

sociales se siguen acrecentando en el continente, cuyo te-rritorio de disputa está cada vez más en el cono sur. El hecho de que se hayan desarrollado dos cumbres de emergencia en menos de un mes, con la presencia de la casi totalidad de los países de la región, muestra el grado de importancia creciente que toman los hechos “nacio-nales” en el resto de los países del hemisferio. Así, la Ar-gentina no es ajena a esas repercusiones que están cada día un poco más en “sintonía” con lo que sucede en otros países. O, dicho de otra manera, los conflictos polí-ticos son cada vez más homogéneos y regionales; ningún país se puede aislar de ellos. La crisis, financiera, política y social, unifica cada vez más las dinámicas de cada na-ción. Los temas y problemas de los países de América Latina, casi al decir de San Martín y Bolivar, son cada mes un poco más los mismos.

Así, estos hechos que hemos descripto anteriormente, donde se destacan el avance de las bases norteamericanas en suelo colombiano, el golpe en Honduras y las refor-mas educativas y de medios en Venezuela y Ecuador, no pasaron desapercibidos para la política y los formadores de opinión locales, quienes, sin mucho esfuerzo, los “comentaron” o analizaron, con un ojo puesto en las tensiones sociales y políticas locales. Veamos, entonces, qué dijeron algunos destacados analistas gráficos durante el mes de agosto acerca de la región y, en muchos casos sin mediar alegorías, acerca de nuestro país.

Al compás del anuncio acerca del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que el Ejecutivo nacional envío al Congreso y que, aún al cierre de esta edición, está en plena disputa política y social, vimos al gobierno boliva-riano de Venezuela tomar la decisión de cerrar grandes emisoras por incumplir las leyes de propiedad. El diario de la familia Mitre, La Nación, ferviente opositor al pro-yecto presentado por el gobierno de Cristina Kirchner, destacaba la medida de Chávez en un editorial titulado: “Otro ataque contra la prensa libre”. “La proliferación de gobiernos de marcadas tendencias populistas en América latina es un hecho incontrovertible que está trayendo aparejadas no pocas tensiones políticas. Tales son los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde los gobiernos hostilizan cada vez más a los periódicos y los periodistas independientes mientras las liber-tades de expresión y de prensa se restringen sistemáticamente. Si

bien todos ellos son motivo de honda preocupación por parte de las organizaciones y asociaciones creadas para preservarlas y defender-las, la situación del caso venezolano es la de mayor gravedad. Se trata del gobierno que más ha vulnerado y avasallado esas liber-tades en los últimos años. (...) Tan inconsistente es el proyecto que no fija, por ejemplo, quién dirá qué es bueno y qué es malo para el Estado, hoy encarnado en una sola persona: el presidente Chávez. (...) Una prensa activa, vigilante y crítica del ejercicio del poder es la mejor garantía para impedir que quienes lo ocupan incurran en excesos o abusos como Chávez.” (LN 5/8). El eje, vemos, es una supuesta oposición maniquea en la cual, de un lado, están los gobiernos autoritarios –en igual sentido que, veremos en otro artículo de este número, se manifesta-ron con relación al proyecto del gobierno kirchnerista–, encarnados en uno o dos personajes (aquí, Chávez) y, del otro, la “prensa libre e independiente”, que vela por la verdad y lo que “la gente” quiere y necesita.

En igual sentido, el mismo día, se manifestaba el co-lumnista del diario Clarín, Marcelo Moreno, quien seña-laba, asimilando las medidas de Chávez a lo sucedido en Honduras, que “hay otro golpe en marcha en otro país latinoa-mericano y salvo algunos organismos de derechos humanos y asocia-ciones de prensa, no han sonado alarmas en la región. No es menor lo que pretende el presidente Hugo Chávez: mandará al congreso un proyecto para eliminara la libertad de expresión en Venezuela” (C 5/8).

Un par de días después, el analista del diario La Na-ción Jorge Elías iba un paso más allá, relacionando el “ataque” a los medios masivos por parte del gobierno chavista con la “falta de oposición política” en ese país; o, dicho en otros términos, defendiendo el rol de la opo-sición, en alianza con los medios masivos de comunica-ción, como “contrapeso” de los gobiernos “populistas”: “Simón Bolivar define la opinión pública como ‘el objeto más sa-grado’ y la imprenta como ‘la artillería del pensamiento’. Renuncia a los poderes ilimitados, reclamados ahora por Hugo Chávez. Ex-alta el ‘derecho de expresar’ opiniones por ser ‘el primero y más es-timable del hombre en sociedad; la misma ley jamás podrá prohi-birlo’. ¿En qué fuente abreva, entonces, su más fiel devoto del siglo XXI, el presidente de Venezuela, para arropar un truculento pro-yecto de ley especial contra delitos mediáticos en medio de la clausu-ra de 34 emisoras, las amenazas contra otras 250 y los ataques contra la cadena de televisión Globovisión tras el cuestionado cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV)? (...) No hay político sin tachas ni gobierno sin culpas. Chávez viene radicalizándose desde el conato de golpe de Estado en 2002. Enarbola desde entonces un furioso decálogo: los medios forman parte de la crisis porque hacen y difunden la agenda de la oposición; el discurso presidencial debe apuntar contra ellos; el debate debe brillar por su ausencia, y la prensa alternativa, ejercida por sus partidarios, debe desplazar a la tradicional, ejercida por opositores” (LN 9/8). Medios masivos y oposición, vemos, están íntimamente ligados en Vene-zuela, y ese es, veremos, el modelo a seguir.

Hacia fin de mes el gobierno del proceso que encabeza Hugo Chávez, como vimos, daría un nuevo motivo de preocupación para las elites locales: una nueva Ley de Educación general era aprobada en Venezuela. Así anali-zaba lo sucedido el diario de los Mitre desde su columna editorial: “En lo que puede considerarse una nueva escalada hacia el pensamiento único, la Asamblea Nacional de Venezuela


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aprobó la ley de educación a partir de la cual la formación de los niños y los jóvenes se convertirá en un campo de adoctrinamiento político. (...) El alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, de visita en Buenos Aires, mantuvo ayer una reunión con las comisio-nes de Libertad de Expresión y del Mercosur del Congreso argen-tino durante la cual transmitió su preocupación por las mordazas a la libertad de expresión en su país. La diputada Paula Bertol (Pro), autora con sus pares Silvana Giudici (UCR) y Fernando Iglesias (Coalición Cívica) de un proyecto de declaración en el cual expresan su inquietud por el cierre de emisoras de radio y televisión y la intención de penar los llamados delitos mediáticos en Venezue-la, halló ‘alarmantes similitudes entre el gobierno de Chávez y el kirchnerista’” (LN 26/8).

Vemos cómo, cada vez más, la oposición política local imprime un sesgo regional a las disputas locales, recono-ciendo que las tensiones son las mismas, aunque la forma local que toman tengan manifestaciones distintas.

En relación con el establecimiento de las bases nor-teamericanas en Colombia y la reacción contraria que genera en la casi totalidad de los gobiernos de la región, el analista internacional del diario La Nación con domici-lio en Miami, Andrés Oppenheimer, señalaba que el te-ma estaba, como el título de su texto indicaba, “mal pre-sentado”. Veamos cómo es la manera “correcta” de pensar el conflicto: “Lo más sorprendente de la indignación suscitada en América del Sur por los planes de Colombia de per-mitir ‘bases militares norteamericanas’ en su territorio es que tal vez esos planes ni siquiera existan y que todo este lío no sea más que una gran metida de pata de Colombia en la forma en que pre-sentó el asunto. Yo mismo me sorprendí cuando el canciller colom-biano, Jaime Bermúdez, me dijo en una entrevista que ‘no hay un solo centímetro en Colombia en el cual vaya a haber una base nor-teamericana’”. Así presentado el problema, casi podríamos preguntarnos si no estamos todos locos y viendo fan-tasmas… O, dicho de otra manera, la “palabra” de los funcionarios colombianos y estadounidenses es suficien-te prueba de verdad. Sigamos: “‘Son bases colombianas, ope-radas y comandadas por colombianos, en las cuales habrá acceso re-gulado para personal de Estados Unidos’, me dijo Bermúdez. (...) Mi opinión: si los gobiernos de Colombia y Estados Unidos están diciendo la verdad, estamos frente a un error garrafal en la forma en que Colombia ha presentado este asunto. Colombia debería haber etiquetado este acuerdo de alguna manera más acertada para impedir que otros hablasen de ‘bases estadounidenses’ en Colom-bia”.

Bueno, el argumento (sic) cierra perfecto, por su circu-laridad: no son bases yanquis porque colombianos y es-tadounidenses dicen que no son bases yanquis. Sin em-bargo, sobre el final, el “argumento” se cae solo, y la verdadera opinión del periodista emerge, clarificando que lo que este conflicto regional muestra es el grado de ten-siones que, como venimos analizando, se profundizan en el continente: “Uribe perfectamente podría decirles a sus colegas: ‘Perfecto, hablemos de los acuerdos militares de todos, incluyendo los recientes acuerdos militares de Venezuela con Rusia e Irán, o de la masiva presencia de asesores militares cubanos en Venezuela, o de la ayuda de Venezuela y Ecuador a los grupos guerrilleros co-lombianos, verificada y certificada por Interpol’. Si los países su-damericanos quisieran una discusión franca sobre acuerdos milita-res, deberían tenerla y enfocarla sobre todos los pactos –públicos y

secretos– que se están llevando a cabo en la región”. Es decir, sí es un “pacto militar” entre EE.UU. y Colombia, y en el otro extremo se hayan los países enrolados en el ALBA, y con relaciones extra continentales con Rusia e Irán, países no dignos de la sonrisa yanqui.

Quien realizará un análisis más preciso y de conjunto será el brillante analista internacional Jorge Castro (presi-dente del Instituto de Planeamiento Estratégico y Secre-tario de Planeamiento Estratégico del gobierno de Carlos Menem) en su columna dominical en el diario Clarín: “La política exterior de Estados Unidos en América del Sur se funda en dos premisas: la percepción de que si existió una era de hegemonía estadounidense en la región, ésta ha quedado atrás, qui-zás en forma definitiva. Luego, la constatación de que, no obstante la importancia comercial, económica y demográfica de América del Sur, la región no está dentro de las prioridades mundiales nortea-mericanas, centradas en Medio Oriente (Irak, Afganistán, Irán), y en Asia (China, India).” Primero, busca discutir la impor-tancia que las bases norteamericanas tendrían para los in-tereses actuales del Gobierno yanqui, quien estaría direc-cionando, supuestamente, su mirada hacia el otro hemisferio. “La preocupación estratégica central de Estados Unidos en la región es el arco andino, caracterizado por un alto ni-vel de pobreza y marginalidad, y con actores sociales, en gran parte indígenas, definitivamente movilizados. Su rasgo común es la debi-lidad institucional, y la virtual desaparición del sistema de partidos políticos, sustituido por diversas formas de ‘democracia plebiscita-ria’ que, por su naturaleza, son regímenes inestables y volátiles.” Lo segundo es mostrar que las acciones norteamericanas no están centradas en Venezuela o Brasil, sino más bien en países como Colombia, Perú o Bolivia, trabajando so-bre la hasta hace poco separación entre los países del Mercosur y los de la CAN, Comunidad Andina de Na-ciones, hoy enterrada políticamente. “La posibilidad de que Palanquero constituya una amenaza sobre la Amazonia brasileña conviene cruzarla con la reciente visita a Brasilia de James Jones, asesor de Seguridad de Barack Obama. Jones transmitió una ofer-ta: venderle a Brasil 36 cazabombarderos F-18 Super Hornet, con transferencia de tecnología y fabricación local. Es el arma ofensiva más avanzada del arsenal bélico norteamericano. Es difícil pensar en un asalto estadounidense sobre el Amazonas lanzado desde Pa-lanquero. En los últimos cinco años se profundizó la fractura de América del Sur. Un grupo de países, encabezado por Brasil, ace-leró su integración en el mundo globalizado. Otro, liderado por Venezuela, acentuó su desconexión y rechazo al sistema mundial. Es una fractura que revela una creciente divergencia en la inserción de la región en el mundo.” (C30/8). Por último, busca de-mostrar la supuesta incongruencia de que EE.UU. ame-nace la Amazonia brasileña si, a la vez, le vende armas de defensa, desconociendo la historia del continente y, por lo menos, de los conflictos armados en Medio Oriente en los últimos 25 años, donde EE.UU. dirigió y dirige guerras contra sus ex aliados. Hacia el final, sin embargo, se reitera el argumento del diario de los Mitre acerca de los modelos a seguir: Brasil, y su “institucionalidad” acorde a los deseos “occidentales”, o Venezuela y sus “totalitarismos” populistas.

Debemos seguir con mucha atención el análisis de Jorge Castro. Su mirada suele ir varios pasos delante de

10 Vientos de guerra

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la coyuntura2. La disputa por los recursos juega un rol central en el devenir de la región, y el papel de Brasil, por ser poseedor de reservas naturales (tierra, agua, petróleo) de una magnitud trascendente, cobra cada vez mayor significado. Esto, junto a su rol en el desarrollo industrial con asiento en San Pablo, hacen de Brasil un actor fun-damental en la política internacional, encabezando cla-ramente a toda Sudamérica como su mayor potencia. Y a ello se deben los coqueteos del gobierno de Obama, in-tentando separarlo de su deber histórico como cabeza del proceso de unión latinoamericana, para llevarlo al te-rreno de gran potencia que permita a través suyo una penetración mayor del capital financiero internacional y por tanto, el aborto de los procesos populares que veni-mos observando en la región.

2 Para ello sólo debemos observar parte de su currículum: 2005, Co-lumnista internacional del Diario Perfil. Desde 2000, Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. 1998/1999, Secretario de Pla-neamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación. Desde 1984, Columnista de Política Internacional del diario La Nación. 1986/1997, Director Adjunto del Diario El Cronista Comercial de Buenos Aires (en 1991 Jefe de la Sección de Economía Internacional y Editoriales y Jefe de Editores. 1986/1997, Columnista del Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. 1983/1986, Jefe de la Sección Polí-tica Internacional del Diario El Tiempo Argentino; Editor Ejecutivo y Columnista el Suplemento Semanal “Claves”. Desde 1992, Profesor de Política Exterior Argentina en el Curso Superior de las Fuerzas Armadas.


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Manifiesto sojero y planes industriales

La patria sojera ataca de nuevo

Por Diego Tavormina

El manifiesto Héctor Huergo, director del suplemento Rural del dia-

rio Clarín y hombre de los pooles sojeros, redactó un do-ble artículo en el diario La Nación donde definió los ejes centrales del proyecto de país sojero exportador, su justi-ficación histórica y su proyección necesaria en la Argen-tina. Verdadero manifiesto sojero, aparecieron allí ca-balmente expresados los intereses de la nativa oligarquía terrateniente y de los capitales más concentrados del mundo (capital financiero) vinculado al negocio agrope-cuario exportador (pooles).

“Entre 1994 y 1996, la producción agrícola argentina se había estabilizado en 45 millones de toneladas. Diez años después, al-canzaba a los cien millones. El hito fundamental fue la liberación al mercado, en marzo de 1996, de la soja modificada genéticamen-te. Se había desatado la Segunda Revolución de las Pampas. El experimento K intenta abortarla. Un pecado.

“Como todo parto natural, sin anestesia y sin asistencia, fue do-loroso y difícil. El que perdía ritmo quedaba sangrando en el cami-no. Durante muchos años, la Argentina agropecuaria había pade-cido una tenaza mortal. El ‘modelo’ se fundamentó, históricamente, en dos pilares: la necesidad de mantener bajos los precios de los alimentos y el objetivo de proteger a la industria. La convertibilidad pasará a la histo-ria como un período tremendamente traumático para el campo. Pe-ro debe concedérsele un atributo positivo: el uno a uno sirvió para terminar con el doble estándar. Por primera vez, se vendía con el mismo dólar con el que se compraba. Así, se abarató la tecnología y eclosionó el espíritu innovador”.

Si la “primera revolución de las pampas” tuvo como pilares la matanza de las poblaciones nativas y la expro-piación de sus tierras por parte de un reducido grupo de familias (que Huergo denominará “corrimiento de la frontera”), la “segunda revolución” no es otra que la im-posición también por la fuerza (en la última dictadura militar) del capital financiero en la Argentina y su pro-fundización en los noventa, cuando el capital más con-centrado a escala mundial realiza su hegemonía (luego de la crisis de la hiperinflación en 1989). Sin explicitarlo, 1880 y 1976 son las fechas clave del esquema histórico de Huergo. Mitre, Sarmiento, Roca, Martínez de Hoz, Cavallo, sus hombres clave. En el medio, el accidente histórico nacional: el peronismo y la protección a las in-dustrias y al trabajo local. De esta manera, Huergo ter-mina reivindicando a las políticas aplicadas en la década del noventa, con eje en la convertibilidad, las que aniqui-laron de un golpe a una fracción entera de capitales me-dios vinculados a la producción industrial, y que se mani-festó en un proceso enorme de concentración de capital: formación de grupos económicos, transnacionalización del capital, privatización, etc. (los que se “quedaban san-grando en el camino” de Huergo).

Se formaba así el núcleo sojero exportador: “Se levantó sobre el Paraná el mayor complejo agroindustrial del mundo, con-

centrado en los productos de mayor demanda. Y por allí sale tam-bién la mayor parte del maíz, el sorgo, el girasol y hasta los mine-rales que el país exporta a todo el mundo.

“Un camino de mil millas se inicia con un primer paso. El cam-po y la agroindustria habían dado unos cuantos. Toda la sociedad se benefició con ello. Para eso, la clave es dejar de considerar la pro-ducción agropecuaria una actividad primaria. Detrás de una lla-mada ‘materia prima’, como el maíz, hay una inmensa cascada de industrias altamente competitivas. Hay biotecnología, de la más so-fisticada, en las nuevas semillas. Hay fertilizantes, herbicidas, in-secticidas y fungicidas”. El ardid de Huergo, y de todos los que se dedican a justificar un proyecto de país basado en la producción de bienes primarios, se reduce a reempla-zar el concepto “actividad primaria” por agro-industria. Con esta categoría se procura ocultar que el despliegue del programa agropecuario tiene como consecuencia in-mediata la desaparición de ramas enteras de la industria. De hecho, si bien detrás de un grano de maíz, como dice Huergo, se encuentra una amplia cadena industrial de al-to contenido tecnológico, se debe afirmar que dicha ca-dena está formada por industrias extranjeras de capital al-tamente concentrado. Los agroquímicos, herbicidas, semillas, etc. son la gran contraparte importada del proyec-to sojero exportador. Por lo tanto, Huergo le dice sí a la industria: pero foránea.

Por eso insistirá: “Vale la pena razonar en torno a algunos mitos, que constituyen la herramienta de los necios frente a la natu-raleza de las cosas. Por ejemplo, que el campo no genera valor agre-gado”. La rama agropecuaria de nuestro país consolida su subordinación como rama de la industria de los países centrales. Subordinación que expresa la identidad de in-tereses entre la oligarquía terrateniente local y el capital financiero de aquellos países. Subordinación que tiene como uno de sus fundamentos la apertura comercial irrestricta y su consecuente, como hemos dicho recién, imposibilidad de desarrollar una industria local.

Finalmente, Huergo revela la proyección necesaria del programa agroexportador: “La clave es comprender que es en la generación de ventajas competitivas donde reside la viabilidad de una economía de largo plazo. La producción de alimentos en estas pampas es un ejemplo paradigmático y así lo ve el mundo. Podemos llegar a 120 millones de toneladas para 2015. Duplicar la produc-ción agrícola en los próximos cinco años significa pasar de 15.000 a 30.000 millones de dólares de exportaciones” (LN 31/8 y 1/9). En síntesis: que la producción de soja y otros bie-nes primarios sean la rueda casi exclusiva de la economía nacional.

En la misma línea, una serie de editoriales del diario La Nación, órgano de doctrina de la oligarquía terrateniente, se dedicó con sistematicidad a marcar los ejes centrales de dicho proyecto. Uno de ellos se destacó por ilustrar la argumentación de que no es necesario desarrollar en la Argentina una industria con base en la tecnología: “Entre 2003 y 2007 se invirtió la relación de los términos de intercambio y, en poco tiempo, el costo de una notebook pasó de 25 toneladas

12 La patria sojera ataca de nuevo de soja a sólo 2,5 toneladas”; con lo cual critica duramente “la conjunción de fuerzas que han extraído hasta el 40% de su ri-queza (del sector agropecuario, claro está) para derivarla a sectores ineficientes por sí solos de la economía nacional” (LN 25/8).

Con este mismo espíritu liberal, sin disimular el odio y el pánico, el editorialista del diario de los Mitre denun-ciaba: “El gobierno de Cristina Kirchner viene realizando una de-fensa sistemática de la intervención estatal sobre todas las esferas de la vida pública. (Pero) se ha llegado al extremo de impedir el ejer-cicio de derechos contractuales y hasta derechos políticos, en lo que luce como una presión violatoria de la protección constitucional al derecho de propiedad” (LN 28/8). Haciendo referencia, en su última línea, al impedimento aplicado a una multina-cional a concentrarse y a elegir presidente propio en el directorio, La Nación, sin eufemismos, llamaba la aten-ción sobre una amenazada propiedad privada frente al “delictivo” Estado interventor. Como veremos, la de-nuncia reiterada sobre un supuesto desmantelamiento de la propiedad privada estará fundamentalmente orientada a la fracción más concentrada del capital con negocios en la industria, organizada en la Unión Industrial.

Retenciones y relaciones de fuerza

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El mes de agosto estuvo atravesado por un fuerte de-bate que tuvo como escenario central el Congreso de la Nación. El mismo giró en torno de la capacidad del Po-der Ejecutivo de ejercer ciertos poderes que le son nece-sarios para ejecutar políticas clave (y que se ha denomi-nado como “superpoderes”). Una de las cuestiones que está contenida en esas prerrogativas del Ejecutivo es la facultad de imponer, suspender o modificar los derechos a las exportaciones o retenciones. Dispositivo clave de la política económica oficial, denostado por las entidades agropecuarias y la oposición política.

Frente a los sistemáticos reclamos por bajar las reten-ciones a la soja y eliminarla para los casos del trigo y el maíz, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió, sintetizando, la posición oficial: “Los números no dan, si usted me dice que tiene una alternativa para sacar recursos de otro lado estudiémosla” (CR 2/9).

La respuesta no tardaría en llegar desde la columna editorial del diario La Nación: “Las retenciones deben dismi-nuirse y, simultáneamente, debe trabajarse sobre el gasto público para reducirlo y mejorar su calidad. También debe lograrse retor-nar al crédito externo. Hoy la cruda realidad reclama el cambio” (LN 6/8). Las posiciones quedaban así explicitadas: o paga el sector más competitivo a escala mundial (la renta agraria), o se aplican ajustes en el gasto público, con la consecuente caída de las compañías que dependen de subsidios y del trabajo generado desde el Estado, finan-ciándose el déficit, con la vuelta, además, al endeuda-

miento externo. Salida esta última que cuenta con el lob-by de los capitales especulativos foráneos que, en el marco de la actual crisis global, no encuentran lugar ren-table donde invertir si no es expoliando las economías de los países dependientes.

En síntesis, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el PS y el PJ no kirchnerista actuaron en conjunto con los titu-lares de Coninagro y CRA, y FAA haciendo manifiesta una postura unificada: rebaja en las retenciones agrope-cuarias (reducir de 0 a 10% los derechos que paga el tri-go, el maíz y el girasol; y entre un 25 y 30% para la soja); impedir que el gobierno obtenga una prórroga en las fa-cultades “delegadas” en el Ejecutivo por parte de Legis-lativo. Junto a estos también se posicionó el vicepresi-dente Julio Cobos, quién abiertamente defendió la baja de retenciones: “No es contradictorio una disminución de las re-tenciones con un aumento fiscal” (CR 3/4).

Por otro lado, algunas expresiones políticas no oficia-listas se posicionaron a favor de que el Ejecutivo man-tenga la capacidad de fijar la variación de los derechos a la exportación. Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur afirmaba: “Estamos en un momento político delicado que no ad-mite la virulencia de la Mesa de Enlace. El productor debe pregun-tarse sinceramente quién es el devastador fiscal, si el Estado o las multinacionales exportadores como Cargill o Bunge, que estafaron al fisco y a los productores”. Por su parte, Martín Sabbatella, diputado electo por Nuevo Encuentro: “Debe ser el ejecuti-vo el que fije las retenciones. Hay herramientas de gestión económi-ca que deben continuar” (C 5/8).

Pocos días después, en ambas cámaras se votaba a favor de la prórroga de las facultades del Ejecutivo. En Diputados, entre los 136 votos positivos que acompañaron al Frente Para la Victoria se encontraron los de los diputados del Encuentro Popular y Social y un sector de Solidaridad e Igualdad (SI), mientras se abstenían los bloques de Proyecto Sur, Diálogo por Bs.As. (Miguel Bonasso), y

cuatro diputados de SI. Al mismo tiempo, la oposición política sufría algunas fisuras evidentes: el Frente Cívico por Catamarca y Consenso Federal por Río Negro (co-bismo) votaron con el oficialismo. En la Cámara de Se-nadores el proyecto oficialista se imponía 38 a 30, con-tando con algunos peronistas que venían votando con la oposición y con la adhesión de los senadores del ex ARI de Tierra del Fuego y del Movimiento Popular Neuqui-no.

Tras esta indiscutible victoria en el Congreso, la prime-ra de peso tras las elecciones del 28 de junio, el presiden-te de la FAA, Eduardo Buzzi, reconocía la situación de fuerzas antagónicas “empatadas”: “El kirchnerismo está


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fuerte y parado en el centro del ring y listo para dar batalla. No es-tá languideciendo como muchos pensaban”; a lo que el segundo de Buzzi, Ulises Forte, agregaba: “Hay mucha bronca y des-ánimo en los productores pero la efervescencia de 2008 no está más” (LN 14/8).

Las palabras Luego de la cómoda e inesperada victoria del oficia-

lismo en el Congreso, los dirigentes de las entidades agropecuarias comenzaron a preparar un nuevo hecho de protesta. Si el proyecto industrial estaba “en el centro del ring” había que lanzarle algún golpe certero.

Hugo Biolcati, titular de la SRA, subía el tono de sus intervenciones públicas, retomando la vía del ataque al Gobierno, apoyándose en la “cruzada por los pobres”, analizada en otro artículo de este mismo Análisis…: “En lugar de combatir la miseria como es su obligación y su deber, la es-trategia de los Kirchner pasa hoy por demonizar la creación de ri-queza y desconocer el esfuerzo de los sectores productivos para llevar bienestar a todos los rincones de la Patria”. El mismo día, el presidente de Carbap, Pedro Apaolaza, se sumaba a las diatribas: “Hay ánimo de plan de lucha, lo que no hay para nada es la intención de cortar la ruta. Pero hay que demostrar que uno no está de acuerdo porque nada ha cambiado y estamos peor” (LN 24/8). Evidentemente había que levantar el desánimo y la poca efervescencia de las bases patronales.

Dos días después la Mesa de Enlace anunciaba un nuevo boicot contra el gobierno nacional (ver apartado). Eduardo Buzzi se ponía a la cabeza del reclamo dicien-do: “Estamos en los albores de una nueva resolución 125. No sé si la reacción va a ser superior a la del año pasado, pero va a ser muy similar” (LN 26/8).

Como veremos más adelante, Buzzi contradecía con esta altisonante advertencia su propia caracterización del estado de fuerzas del sector agropecuario, muy similar a la de Forte.

En rigor, los dirigentes agropecuarios en general admi-tirían una merma en la capacidad de movilización de sus bases. Desde la CRA, Ricardo Buryaille reconocía, tras haberse lanzado la medida de fuerza: “El productor está to-talmente desanimado y la gente va a mirar para el costado. No se-rá otro marzo de 2008” (P12 27/8).

Dirigentes nacionales de la UCR, CC, Unión Pro y Ju-lio Cobos volvían a posicionarse con las entidades agro-pecuarias en su protesta, afirmando generalidades caren-tes de contenido en cuanto a qué políticas aplicar en lo inmediato y más parecidas a slogans orientados al efecto mediático: “El Gobierno quiere tener de rodillas al campo” (Gerardo Morales, UCR), o “Cristina Kirchner tira por la borda el acuerdo legislativo” (Julio Cobos).

Cerrando el mes y con el hecho de protesta agrope-cuario en pleno despliegue (se convocó hasta el viernes 3 de septiembre), las expresiones agropecuarias realizaban un primer balance del hecho de protesta. Tal vez la más significativa sea la publicada en el diario La Nación, en una de cuyas notas periodísticas se hacía una suerte de reconocimiento a la escasa capacidad de movilización: “En la Comisión de Enlace del campo crece la convicción de que, a juzgar por la escasa movilización de los productores, ocho días de paro son demasiados para un sector en crisis que ya no cree posible

un cambio de política del Gobierno. Por eso, la medida de fuerza no se extenderá más allá de este viernes. En la mayoría de los casos las manifestaciones no superaron el centenar de manifestantes” (LN 31/8).

Fisuras de la patria sojera La poca capacidad de movilización de la Mesa de En-

lace tal vez se explique por el menor grado de unidad lo-grado, hecho que se hizo manifiesto con la aparición de fisuras entre algunas entidades y dentro de la dirección de FAA.

Mientras en el Congreso se debatía la prórroga de fa-cultades al Ejecutivo, el titular de la FAA de Entre Ríos, el mediático Alfredo De Angeli, cuya figura hacía rato no aparecía en las tapas de los diarios, encabezaba un hecho de intimidación y presión sobre algunos senadores. Se-cundado por una centena de propietarios, caminó dentro del Congreso encarando a los legisladores de la Cámara Alta, a los que les reclamaba que voten “con el campo y co-ntra el gobierno”, habiendo advertido frente a las cámaras que “si los senadores aprueban el proyecto va a salir un plan de lucha. Muchos ya están hablando de un paro agropecuario” o “vamos a ir senador por senador” (LN 18/8).

Ante esto Buzzi decidió diferenciarse públicamente: “No nos deja bien parado a la mayoría de los productores. No tie-ne relación con lo que la sociedad está esperando” (CR 22/8); lle-gando a decir, inclusive: “Cuando De Angeli se corta solo es el Luis D’Elía del campo. Hay que lograr una tregua. La gente votó en contra de la confrontación” (C 24/8).

El presidente de la FAA se movía tratando de evitar una situación de corte destituyente: “Yo no hablo de acuerdo ni de diálogo ni de pacto, hablo de una necesidad de tregua que pa-cifique, tranquilice, cree una perspectiva y las condiciones para que podamos avanzar en otro instrumento necesario en este país, que es el Consejo Económico Social” (P12 22/8).

Contradiciéndolo, ese mismo día De Angeli arengaba: “Hasta que el Gobierno no haga una agenda en serio, no habrá tregua” (LN 22/8).

En una extensa nota realizada por La Nación, Eduar-do Buzzi recalcaba: “No hay una acción beligerante ni destitu-yente. Es el momento de llegar a algún tipo de acuerdo. La sobre exposición, esa asamblea que se hizo, en ese marco y con esos tonos y con ese nivel de agresividad hizo que muchos se tomaran de ahí y empezaran a catalogarnos como ‘la derecha’. No podemos reprodu-cir lo mismo que repudiamos y que repudia la sociedad: la gente vo-tó en contra de la confrontación”.

Incluso, separándose de las argumentaciones políticas de las otras entidades agropecuarias de la Mesa de Enla-ce, Buzzi definía: “El nudo de un gobierno progresista debería llevar a que haya menos concentración, más democratización, más calidad institucional, más horizontalidad. Siento que estuve en el lugar que tenía que estar. Si la FAA no asumía con toda fuerza el conflicto, desaparecía. Hay que crear un socialismo argentino res-petando la propiedad privada, con un Estado que intervenga de manera reguladora y no de manera elefantiásica ni estatizando todo de vuelta” (LN 23/8).

Nadie está obligado a creerle a Buzzi su adhesión al socialismo, pero es menos creíble imaginar a Biolcati de-finirse de esta manera, fundamentalmente respecto de la regulación del Estado. Tal vez, una de las razones que

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generaba tantos disensos intra entidades rurales fuera el proyecto de ley de arrendamientos que, a instancias de la Federación Agraria, presentaba en el Congreso el bloque SI.

Arrendamientos El proyecto de una nueva ley de arrendamientos se ba-

sa, fundamentalmente, en el beneficio de los pequeños propietarios de tierras por medio de la aplicación de con-troles a las grandes empresas que invierten en el negocio agropecuario. Por ejemplo, propone limitar los contratos de los arrendatarios a una superficie de hasta diez unida-des económicas, al tiempo que los propietarios no po-drán arrendar a un solo arrendatario más que esas diez unidades. Con esto se reduce lisa y llanamente el tamaño de las explotaciones, a contrapelo de los intereses de los grandes pooles sojeros. Otro de los ejes de la ley es el au-mento de la duración de los contratos a 5 años, en lugar de los 3 o 1 año actuales, garantizándole cierta estabili-dad al pequeño propietario, siempre a merced de las de-cisiones arbitrarias de los grandes grupos financieros vinculados al negocio agrícola.

Organizaciones como Aapresid, vinculada a los pooles sojeros y a los capitales financieros dedicados a la pro-ducción biotecnológica y grandes grupos como los Gro-bo, y las entidades rurales SRA, CRA y Coninagro se manifestaron abiertamente en contra del proyecto de marras. Cabeza del grupo los Grobo, Gustavo Groboco-patel afirmó: “Es una ley antidesarrollo” (C 22/8). Inclusive, aunque con un poco de retraso, la propia FAA, ideóloga original del proyecto de arrendamientos, salió a “despe-garse” del redactado por el diputado Macaluse (de SI), cerrando filas en el seno de la Mesa de Enlace y quedan-do bajo la dirección de la SRA. Podemos especular sobre los temblores internos que sacudieron a la FAA tras el rechazo a una ley que, en términos generales, garantiza la reproducción de sus asociados.

Una vez más La Nación establecía los ejes ideológicos de la disputa: “Desde esta columna editorial hemos manifestado nuestra oposición al proyecto modificatorio de la legislación sobre contratos rurales. Entre los reparos que pueden formulársele a la iniciativa se encuentra la inconveniencia de alterar un equilibrio en-tre las partes contratantes” (LN 1/9). El mito liberal parte del supuesto (falso) de que hay un equilibrio entre partes que el Estado, con su intervención, altera. No reconoce que los grandes pooles, como manifestación del capital más concentrado, someten y expolian (hasta la expropia-ción futura) a los pequeños y más débiles propietarios. Con todo, el argumento de la SRA y La Nación logró ordenar la actitud de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, quedando el proyecto de arrendamientos “en el aire”.

El país normal del establishment industrial La Asociación Empresaria Argentina, entidad de cúpula

del capital que nuclea a las 200 compañías más concentra-das que operan en el país, continuó jugando su protagó-nico papel de criticona de las políticas económicas del Gobierno, asumido desde la disputa por la resolución 125. En su repudio a la intervención estatal en la econo-

mía, AEA funcionó claramente como la voz empresarial vinculada al proyecto de la Mesa de Enlace: “La seguridad jurídica, la previsibilidad y la estabilidad de las reglas de juego son condiciones absolutamente necesarias para el normal desenvolvi-miento de las empresas, la preservación y creación de empleos y la decisión de realizar inversiones en nuestro país. En el último tiem-po se han reiterado intervenciones públicas discriminatorias e injus-tificadas en diversos ámbitos de la actividad privada”. Y llamó a respetar “los derechos y garantías establecidos por la Constitución nacional” (LN 16/8). La advertencia final no carecía de dureza dado que asociaba políticas económicas clave con la violación de la ley de leyes.

También, desde la Bolsa de Cereales de Rosario, Jorge Weskamp criticó “los constantes ataques contra la seguridad ju-rídica y económica de los inversores” (C 21/8).

Mientras tanto, la primera línea de la dirigencia indus-trial asistía, como hecho político significativo, a la inau-guración de la Exposición Rural, acto que organiza anualmente la SRA. La Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina del Comercio y la Copal (que nuclea a las industrias alimenticias, estrechamente vinculadas al sector agropecuario) coincidieron en que el gobierno de-bería incorporar a las entidades rurales a un Consejo Económico y Social, hasta ahora muerto antes de nacer. Ya hemos comentado en varias oportunidades el alinea-miento de la entidad industrial conducida por los capita-les más concentrados a escala local, con la Mesa de Enla-ce.

El presidente de Fiat y hombre de la UIA, Cristiano Ratazzi, fue uno de los principales exponentes de este alejamiento de la UIA respecto del Gobierno y su posicionamiento subordinado a la oligarquía terra-teniente. En el acto de Palermo, Ratazzi expresó la lí-nea librecambista haciendo uso de la ironía y repitien-do el argumento de corte destituyente que vincula las políticas oficiales con la violación de la Consti-tución: “Vi que el Gobierno autoriza a exportar trigo y maíz, pero yo pensé que era parte de la Constitución el libre comercio” (LN 2/8). El mismo Ratazzi, en una entrevista especial del diario La Nación definía la posición de un sector cla-ve de la industria en la Argentina: “Hay que seguir el camino de Chile y Brasil. Llevar a cero la inflación, crear un fuerte supe-rávit fiscal. Nosotros hicimos el camino inverso, con alta inflación. Por eso los salarios, en vez de aumentar por productividad, en 3 o 4 puntos, aumentan por una inflación que no se sabe de cuánto es. Por otro lado, hay que empezar a hacer orden. Hay que salir del default, hablar con los holdouts, hablar lo más rápido posible con el FMI, arreglar de una manera sensata las tarifas, disminuir los impuestos distorsivos. Hay que revertir esta idea de que el Estado haga todo y privatizar lo más posible todo lo que se pueda. Hay que hacer un país normal y serio. Hay que incentivar al campo. Las retenciones son el peor impuesto porque desincentiva a la pro-ducción. Si el Estado necesita más plata para financiar los gastos, tendríamos que ver cuánto tiene que gastar. Hay miles de maneras sin aplicar las retenciones. Por ejemplo, aumentar el impuesto a las ganancias. El mercado establece los precios de una manera más ló-gica y más balanceada que esas cabezas pensantes que ponen los precios” (LN 30/8). La posición de uno de las dirigentes de la UIA y del sector automotriz coincidía en muchos de sus puntos con el programa lanzado por la Mesa de


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Enlace. Los contenidos clave del acuerdo que enlaza al sector agropecuario con la industria concentrada son: bajar las retenciones, ajustar el gasto público, volver a saldar el dé-ficit con los préstamos del FMI, mantener a raya a los sa-larios y, como corolario, privatizar reduciendo la capaci-dad del Estado en cuanto al control de recursos estratégicos. Quedaba nuevamente en evidencia cómo la fracción más concentrada de la industria que opera en la Argentina dejó de reconocer al kirchnerismo como ex-presión política suya, coincidiendo más con La Nación en que el derrotero del “intervencionista” gobierno de Cristina Kirchner pone en juego el derecho a la pro-piedad.

Industriales K Frente al acuerdo Mesa de Enlace–UIA, la línea oficial

industrialista con distribución de la riqueza fue claramen-te expuesta por la presidenta del Banco Nación, Merce-des Marcó del Pont. En el cierre del congreso organizado por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, apuntó: “Para avanzar en la industrialización hay que captar rentas extraordinarias y transferirlas a otros sectores del estrato más bajo. La enseñanza que tuvimos con la resolución 125 tiene que ser un indicio de que todo lo que se quiere hacer en mate-ria de profundización de la redistribución del ingreso va a generar muchos conflictos” (P12 26/8). Quedaba sentada la posición oficial, diametralmente opuesta al proyecto sojero (del que abreva el establishment industrial): aplicar retenciones a la renta extraordinaria del agro como base para finan-ciar industrias que requieren auxilio estatal y protección arancelaria.

En cuanto a esto último, en agosto el Gobierno aplicó una serie de restricciones al ingreso de algunos bienes importados que al provenir de industrias mucho más avanzadas en términos tecnológicos y, por lo tanto, com-petitivas, dejarían sin mercado a las industrias locales. In-cluso dada la situación global de crisis, las industrias de los países centrales procuran ganar mercados de países dependientes ingresando a precios de dumping (más ba-jos que lo estipulado en la Organización Mundial del Comercio) lo que supone una práctica comercial desleal, porque apuesta a destruir la industria local y una vez ga-nado ese mercado, ajustar hacia arriba el precio del pro-ducto.

Concientes de esto, las entidades de capitales medios y pequeños salieron a apoyar la medida oficial. Por un la-do, las cámaras de fábricas de productos electrónica (Afarte), de artefactos de gas (Cafagas), de electrodomés-ticos (Cafed), de industrias de refrigeración (Cairaa), apo-yadas por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y por la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (FedeHogar), avalaron abier-tamente la medida en una solicitada publicada en los dia-rios: “Han aparecido en los medios de comunicación críticas acerca de las restricciones a las importaciones de productos terminados. Frente a ellas, los Industriales de Artefactos para el Hogar advier-ten al consumidor que las mismas son desmesuradas, cuando no in-teresadas, y que las medidas adoptadas contribuyen a mantener su empleo y su poder de compra. El Estado y la Industria Nacional se han articulado para defender el TRABAJO y las INVER-

SIONES realizadas en el país. Como consecuencia de la crisis mundial se generan excedentes de producción en diversas regiones del mundo y se multiplican prácticas comerciales desleales. No pue-de desconocerse la gravedad que todo ello implicaría, de no ser ad-ministrado. Por ello, solicitamos a Ud. tenga a bien comprender la situación y evaluar favorablemente la actitud asumida por el Esta-do y compartida por nuestra Industria” (LN 13/8).

En los mismos términos se manifestó la Confedera-ción Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ce-lebró el freno a las importaciones organizando una Jor-nada en Defensa de la Industria Nacional, donde su titular Osvaldo Cornide reconoció: “Sin la administración del comercio exterior del último año, la Argentina hubiera perdido 988 millones de dólares de producción nacional y se hubiesen des-truido 560 mil puestos de trabajo” (P12 14/8). También las cámaras de la Industria del Calzado, del Juguete y Textil se alinearon a favor de la política proteccionista.

Era esperable el silencio de la UIA al respecto. Sus in-tervenciones en agosto dejaban en claro que el sector del capital que sirve de base a la política económica del kirchnerismo se redujo significativamente. No sin con-tradicciones internas, como hemos visto en otras edicio-nes del Análisis…, la Unión Industrial dejó de referen-ciarse en el plan económico del kirchnerismo, siendo las fracciones más débiles (menos competitivas), medianas y pequeñas, las que continúan manteniendo su adhesión abierta al proyecto industrialista oficial. Pero éstas, en sí, constituyen una fuerza muy flaca para conducir la pro-fundización del proyecto industrialista. Profundización que se corresponde con el alejamiento de la fracción hegemónica en la UIA y con el protagonismo del movi-miento obrero que puja por consolidar y ampliar la dis-tribución de la riqueza.

16 La patria sojera ataca de nuevo

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Breve síntesis de las principales medidas de fuerza de las patronales rurales.

Forjando la unidad de los que luchan SRA y CRA: los mayores terratenientes de la pampa húmeda Coninagro: los grandes comercializadores de la cadena FAA: los medianos y pequeños propietarios (entre 100 y 500 hectáreas) Del 12 al 15 de julio de 2006. Llamado sólo por la CRA, luego de actos y asambleas locales, fue un boicot agropecuario de cuatro días consistente en “no comprar ni vender” hacienda, granos e insumos. La SRA no adhirió institucionalmente pero aconsejaba y sugería a sus asociados no realizar actividades ya que “tenemos los mismos reclamos”. Por su parte, CONINAGRO declaraba que no era momento para un paro “aunque entendemos las preocupaciones de los producto-res”. Finalmente, la FAA rechazaba la medida de CRA, pero fue precisamente al finalizar esta medida de fuerza, que la FAA comenzó a ubicarse políticamente en oposición a las políticas del gobierno nacional. Del 3 al 11 de diciembre de 2006. Así, cinco meses después, la FAA y la CRA llamaron al boicot agropecuario (no en-viar ni ganado ni granos al mercado) por nueve días con movilizaciones como cortes de ruta, asambleas, tractorazos, etc. Se plegó la SRA, mientras Coninagro dejó a sus asociados en libertad de acción. Otras cámaras empresarias senta-ron posición frente a la medida. La cadena agroindustrial se mostró dividida: a favor del boicot se declararon la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales –que reúne a gigantes como Cargill, Bunge, Dreyfus–, las seis Bolsas de Cereales del país y la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA). En co-ntra del boicot: la COPAL, la Asociación de Productores Exportadores (APEA), los transportistas de FADEEAC, las cen-trales bancarias ABA, ADEBA, los fabricantes de maquinaria agrícola y las cámaras del azúcar y el pollo. Se notó la diferencia entre los grandes y los pequeños durante la propia medida de fuerza: frente al tradicional liberalis-mo de la SRA, Buzzi (FAA) reclamó intervención del Estado con mecanismos como “la Junta Nacional de Granos o la de Carnes”. Pero al mismo tiempo, al profundizarse la política oficial frente a las entidades, la SRA mostró ser la entidad a cargo de la dirección estratégica: frenó el llamado a nuevas medidas de fuerza que hacían la CARBAP y la FAA: “la Ru-ral entiende que no se puede hacer paros todos los meses”. Igual posición adoptó CONINAGRO, pues ambas entidades percibían la nula adhesión social a la causa de los propietarios y arrendatarios rurales, por indiferencia o por expreso re-chazo. Del 27 de abril al 11 de mayo de 2007. CARBAP (la regional más poderosa de la CRA, que agrupa a productores que concentran el 55% de la producción de carnes y el 70% de trigo) convocó a un boicot agropecuario por 15 días, que se tradujo en desabastecimiento (80% menos vacunos en el Mercado de Liniers). La medida se combinaba con una instan-cia de diálogo entre el Gobierno y las otras tres entidades patronales, encabezadas por la SRA, cuyo titular, Luciano Mi-guens, expresaba en una columna de La Nación: “No hace falta decir que esta realidad no nos gusta..La SRA fue funda-da sobre los principios del libre mercado, la desregulación y la apertura externa. Sin embargo, otro de sus principios característicos, el respeto irrestricto por las instituciones, nos obliga a aceptar esa realidad que no podemos cambiar y, por lo tanto, a buscar caminos para convivir con ella”. Durante el siguiente boicot, dejarían de lado semejante resigna-ción. Del 12 de marzo al 2 de abril de 2008. Apenas un día después de la publicación de la resolución 125 que establecía re-tenciones móviles a los productos del agro, las cuatro entidades anunciaban la suspensión de la comercialización de granos, aceite, carne y leche por dos días. Sucesivas prórrogas estiraron la medida a un total de 21 días, a la par de rea-lizar centenares de acciones conjuntas cada día entre movilizaciones, actos, asambleas y cortes de rutas. Las cuatro en-tidades agropecuarias emitieron un duro comunicado conjunto con el título: “El campo dice basta”. El martes 25, frente a un “violento” discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se combinó la manifestación de algunos miles de caceroleros de sectores medios y altos de la Capital Federal con la extensión por tiempo indeterminado del boicot y los cortes de ruta, con lo que el conflicto entraba en una nueva fase: el desabastecimiento del conjunto de los bienes ali-menticios y la generación de caos social. El 2 de abril, SRA, CRA, Coninagro y FAA suspendían –no levantaban– las medidas de lucha por 30 días, y ejecutaban un prolijo repliegue. Sus reclamos quedaban plasmados en los siguientes ítems: retrotraer el esquema de retenciones modificado el 11 de marzo; reapertura total de las exportaciones de carne e incentivos económicos a la ganadería; suba del precio de la leche; cese del control de precios internos. En definitiva, for-zar el cambio en la intervención estatal en la economía nacional. Del 8 de mayo al 20 de junio de 2008 se prolongó un nuevo boicot, con un par de breves intervalos. Cumplido el plazo de suspensión de medidas, la Comisión de Enlace reinició el boicot y el desabastecimiento a las ciudades, llamando a no comercializar granos y a movilizarse a la vera de las rutas. La pausa parcial de una semana servía para poner en condiciones las rutas y el ánimo social para la realización de un acto masivo en Rosario el 25 de mayo. Tras el acto, el día 28 volvieron formalmente los cortes y el desabastecimiento. El levantamiento anunciado por la Mesa de Enlace para el día lunes 9 tuvo un acatamiento dispar, pues no se pudo controlar del todo el comportamiento de las “bases” aposta-das en la ruta. Se sumó a esto que los transportistas de granos bloquearon las rutas reclamando el fin del conflicto “entre el Gobierno y el Campo”. El 14 de junio se detuvo a dirigentes rurales por su responsabilidad en los cortes y se repitieron –en menor escala– cacerolazos urbanos: el escenario queda abierto a la reanudación formal de las medidas de fuerza el día 16. En seguida, el martes 17, Cristina Kirchner envió al Congreso la resolución 125, para que se decidiera su dero-gación, ratificación o reforma. Tras esto, las entidades agropecuarias, concientes de que la disputa pasaba a otro terre-no, combinaban el repliegue –levantando cortes de ruta y dando por finalizado el boicot– con un plan sistemático de trac-torazos, movilizaciones al costado de las rutas, asambleas, y un acto masivo el 15 de julio (un día antes de la sesión) en el Monumento a los Españoles del barrio de Palermo, la zona más acomodada de la ciudad de Buenos Aires. Todo acompañado de un discurso amenazante y desestabilizador hacia el gobierno y los legisladores oficialistas. Con el acto de Palermo, la oligarquía se presentaba al frente de una fuerza social que incluía a los medianos y pequeños propieta-rios rurales, a las capas medias rurales, a gran parte de los sectores medios urbanos, y a un sector minoritario pero sig-nificativo del movimiento obrero organizado y hasta a organizaciones populares como la CCC. Estuvieron presentes allí


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una diversidad de partidos políticos: desde la Coalición Cívica, la UCR y el macrismo, pasando por la vieja estructura del PJ vinculada tanto al duhaldismo como al menemismo, hasta partidos maoístas como el PCR, trotskistas como el MST, y socialdemócratas como el Partido Nuevo cordobés o el Partido Socialista. Las más de 100 mil personas de ese acto hacían evidente cómo de marzo a julio se logró identificar el interés del sector con el interés general, algo que la fuer-za social gobernante sufrió bajo la forma del desprendimiento de sectores industriales y de una porción minoritaria del movimiento obrero de su seno. Del 3 al 8 de octubre de 2008. A mediados de septiembre comenzaron los preparativos de otro boicot mediante asam-bleas locales. Repitiendo la modalidad utilizada en marzo, las cuatro entidades convocaron conjuntamente al boicot de 6 días mostrando explícitamente, y como un ejemplo, a un “campo unido”. Desde la SRA, su presidente, Hugo Biolcati, afirmaba: “Queremos que el ejemplo de la unidad del campo sea seguido, por ejemplo, por los partidos políticos, que no esperen a 2011 para lograr una buena base de sustentación”. A pesar del esfuerzo –observable en evitar “los excesos de las bases”– por conservar el consenso alcanzado entre marzo y julio, fue visible la menor repercusión mediática y el menor apoyo político de los gobiernos provinciales, además de la escuálida manifestación de apenas 5.000 personas para acto de cierre de la protesta en San Pedro. Sin la 125 como justificación de sus medidas de fuerza, las entidades no lograron mostrarse frente a la sociedad como víctimas de la política y la violencia oficial. Del 20 al 24 de febrero de 2009. Ya iniciado el año electoral, se preparó otro plan de lucha contra la política económica del gobierno nacional: reuniones y asambleas en distintos puntos de Bs. As., Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos al costado de las rutas; no comercialización de granos y carnes hacia el final de febrero durante una semana con acto incluido en la ciudad de Leones, Córdoba, para medir el poder actual de convocatoria. El boicot reiteró la situación del anterior: el acto de cierre convocaba mucho menos de lo previsto y se suspendía una concentración posterior en Córdoba capital, evi-denciándose la caída del apoyo social a los reclamos ruralistas. El propio Llambías de CRA admitía que los productores sabrían en marzo la magnitud de sus pérdidas y deberían entonces convencer a la sociedad de que su situación era ahora peor que hace un año. Sin la 125, se complica la victimización frente al gobierno. Del 21 al 27 de marzo de 2009. El intento de capitalizar una oportunidad de victimizarse llegaría el 19 de marzo. Mien-tras la oposición fracasaba en su convocatoria legislativa para reducir las retenciones en el Congreso, la Presidenta anunciaba que 30% de los ingresos percibidos por el Estado nacional por la venta externa de granos pasaba a ser co-participable con todas las provincias, quienes a su vez deberán coparticipar 30% de dicho monto hacia los municipios. Conocida la medida, la Mesa de Enlace convocó a un nuevo boicot comercial agrario con cortes de ruta en rechazo a la política económica del Gobierno, esta vez por ocho días. La convocatoria lograda en el acto de cierre en Armstrong, lo-calidad del corazón sojero santafesino, quedaba muy lejos de la multitud esperada, mostrando el mismo cuadro de las medidas anteriores: el propio diario La Nación habla de 3500 asistentes.

18 ¡Para el pueblo lo que es del pueblo!

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Fútbol y Medios: La construcción de ideas en la pelea política

¡Para el pueblo lo que es del pueblo!

Por Pablo Lombardi “El fútbol es popular porque la estupidez es popular”

Jorge Luis Borges

“Y porque sí, porque sobran las bolas, de matarla con el pecho y no tirarla afuera”

Bersuit Vergarabat, “El baile de la gambeta”

El conflicto entre la alianza social en el Gobierno y las pa-tronales del campo por las retenciones a la renta agraria “extraordinaria”, desnudó la importancia crucial de la lu-cha de ideas, lucha en el plano teórico.

De este modo, la oligarquía terrateniente desarrolló y desarrolla toda una batería de palabras e imágenes –transmitidas en los medios tanto gráficos como audiovi-suales– con el objetivo de que su interés particular de clase sea percibido y asumido por el conjunto de la so-ciedad –fundamentalmente las capas medias así como ciertos sectores de la clase trabajadora– como interés propio, interés general.

Ahora bien, en el plano de la lucha teórica se dan dos momentos. Por un lado la argumentación se basa en la defensa de los intereses propios (discurso “a favor de” los intereses representados) y por el otro la cons-trucción de un discurso “en contra de” (para socavar y deslegitimar en el plano de las ideas la fuerza adversaria).

En el enfrentamiento que venimos analizando, el “dis-curso a favor” fue construido sobre las ideas-fuerza de “la patria gauchesca”, “la competitividad mundial” y “el campo somos todos”, entre otras formulaciones discursivas. Al mismo tiempo, la artillería del discurso “en contra de” apunta sobre todo a cuestiones de forma –ver Análisis… N° 109, julio de 2009–, ocultando el contenido de la lu-cha, la pelea por los dos modelos de país que está en dis-puta.

En este escenario “de conflicto con el campo” y ya pa-sada la mitad del año pasado, desde el gobierno se co-menzaba a delinear una política de Medios de Comuni-cación para democratizar el acceso a la información –bastión desde el cual los grupos económicos lanzan su artillería argumentativa las 24 horas del día, los 365 días del año–, poniendo el eje en el ataque a los monopolios informativos hoy hegemónicos en el manejo de los me-dios gráficos y audiovisuales en la Argentina.

Fue y sigue siendo central el papel que juegan los Me-dios de Comunicación Masivos (MCM) –casi todos en-cuadrados en el discurso anti-gobierno– en desarrollar y amplificar el mensaje de “descontento social”, “crispa-ción” y “clima destituyente” hacia el conjunto de la so-ciedad. Se decía que los medios eran el cuarto poder, pero –citando a Cristina Fernández de Kirchner– “hoy podría-mos decir que los Medios de Comunicación son el Primer Poder”, y que si el control de los mismos está en manos de los grupos económicos concentrados, los intereses que les trasmitirán a la sociedad, sin lugar a dudas serán los pro-pios, haciendo sentir y vivir al conjunto del pueblo los

intereses de los sectores dominantes como los intereses de todos.

A principios de este año, el 18 de marzo, la Presidenta de la Nación presentó formalmente, en el teatro Argen-tino de la Plata, el proyecto de Ley de Servicios de Co-municación Audiovisual, más conocido como “Ley de Medios”, que se plantea reemplazar al decreto-ley 22.285 impuesto por la última dictadura militar.

De ahí en mas, el nivel de agresividad que tuvieron los medios –y centralmente el Grupo Clarín (a través del diario que lleva el mismo nombre, canal 13, TN y dece-nas de radios, paginas web, acceso a internet, producto-ras de cine y televisión, etc.– en instalar las ideas-fuerzas del anti-gobierno superaron todos los umbrales conoci-dos hasta el momento, llegando a tildar de “fascista y dic-tador” al actual gobierno elegido por el voto popular y pasando por los debates que se desarrollaron alrededor de las elecciones legislativas del 28 de junio y sus resulta-dos, que ya hemos tratado con su especificidad, en nu-meros anterios del Analisis…

Ya en el mes de agosto –con la decisión del gobierno, por un lado, de hacerse cargo de la transmisión del fút-bol en forma gratuita para todo el país a través de la tele-visión pública y, por otro, de enviar el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para su tra-tamiento al Congreso– nos acercamos a una profundiza-ción de la lucha entre ambas fuerzas por el control de la información, elemento fundamental en la disputa por la hegemonía.

Pasemos entonces a ver cómo se fueron sucediendo los hechos durante el último mes.

¡¡¡Locos x el Fútbol!!! A comienzos de mes, y a partir de la situación de irregu-laridad en la que se encontraban la mayoría de los clubes de fútbol en cuanto a las deudas con los jugadores, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en reunión de su Comité Ejecutivo, tomó dos decisiones. Primero, sus-pender el comienzo de latemporada, hasta tanto no se resolviese la situación económica de los clubes. Segundo, poner en discusión la situación contractual con Televi-sión Satelital Codificada (TSC), quien maneja los dere-chos de la televisación de los partidos del deporte popu-lar por excelencia en nuestras tierras. De la reunión, se lanzó un comunicado con dos puntos centrales:

“La Televisión nos ofrecen una solución de forma y este Comité Ejecutivo quiere una solución de fondo”.


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“No se trata de justos y pecadores. Tampoco de clubes bien administrados. Se trata de una realidad por la que atra-viesan todos los clubes”.

La discusión que se dio en la reunión de Comité Eje-cutivo pasaba por garantizar que “la TV le diera al fútbol, lo que el fútbol vale”, según palabras de los protagonistas. Y que no se entre en falsas discusiones sobre el mal manejo administrativo de los clubes y demás temas del manage-ment futbolero: “Acá de lo que se trata es de romper un negocio millonario que beneficia a los grupos económicos de siempre y perju-dica a los clubes que cumplen un rol social insustituible”, recla-maba un dirigente de la B Nacional.

Por su parte, Julio Grondona, presidente de la AFA, sostenía: “Con la plata que hoy nos da la TV no alcanza. El fútbol no se merece este monto. Nosotros de una vez por todas que-remos de la TV cifras acordes a lo que genera el fútbol, así los clu-bes no tienen que mal vender a sus jugadores como única salida” (C 5/8).

Y en la misma línea el granate Alejandro Marón, presi-dente de Lanús y hombre de peso en la AFA, afirmaba: “Estamos acostumbrados a ceder; pero el fútbol hoy reclama los re-cursos que merece. Queremos una solución de fondo y no seguir con los parches” (LN 5/8).

Rápidamente, los dueños de la pelota televisiva, salie-ron al cruce de las decisiones tomadas en la reunión del Comité Ejecutivo. El Director de contenidos de la Red Intercable, organización que agrupa a más de 500 opera-dores de cable en toda la Argentina y Presidente de la Asociación Pampeana de TV Cable, Lucio Gamaleri, re-trucaba: “La TV por cable contribuye de manera significativa a sostener el fútbol argentino”.

Todo PATAS para ARRIBA, diría Eduardo Galeano. No es que el fútbol en manos de los operadores privados de cable representa un negocio formidable para ellos y sus intereses privados, sino que es al revés, y nos veni-mos a enterar –según los dichos de Gamaleri– que es la televisión por cable quien sostiene al fútbol, ¿Qué sería del fútbol sin la TV por Cable? Pero sus dichos revela-dores no se detienen y siguen: “La tendencia mundial es que al fútbol lo paguen quienes lo quieren ver. (…) Esto es democráti-co, porque cada uno decide lo que quiere ver y paga por ello y no le impone nada al resto, lo contrario sería autoritario” (LN 5/8). Traducida, la frase diría algo así: democracia es aquello que se puede comprar y vender, y autoritarismo es todo aquello que se oponga a la libre opción de compra y ven-ta. ¡Cualquier parecido con la realidad, dicha por los gu-rúes del libre mercado y la no intervención por parte del Estado en la circulación de capitales –cuyos frutos hemos visto en la actual crisis económica mundial– es pura coincidencia!

Pero esto no fue lo único. A estos dichos se le sumó Marcelo Bombau, titular de la empresa Torneos y Com-petencia (TyC), diciendo: “Los propietarios de los derechos de televisación nos enteramos que hay un pacto entre Grondona, no la AFA sino Grondona, con Néstor Kirchner. Un pacto que desco-nocen muchísimos dirigentes. Aparentemente es algo que también no sólo contemplaría un pacto del Gobierno con la AFA sino con un compromiso o una promesa en lo personal para el señor Gron-dona. (…) Rescindir contratos que están siendo íntegramente cum-plidos, lo consideramos una expropiación sin ningún tipo de

asidero” (C y LN 9/8). ¿Qué nos dice el señor Bombau, tan preocupado por el bienestar del fútbol argentino? Que lo que se pone en discusión no son los intereses económicos del grupo empresario al cual representa, si-no espurios acuerdos personales que afectarían a la AFA, agregando que Grondona es un corrupto y Néstor Kirchner quien lo corrompe.

Veamos ahora cómo construyen las ideas que intenta instalar y los argumentos con las que se sostienen. Pri-mero vimos que, para ellos, democracia es sinónimo de li-bre mercado. Si es así, la única libertad que existe es la de hacer negocios. “Y todo lo que se le oponga es autoritario”. Dicho de otro modo, todo debe transformarse en una mercancía, y no hay lugar para que el esparcimiento y el deporte sean un derecho social de todas las personas. En este mundo, todos deben tener un precio y quien se oponga pagará las consecuencias. Así es como continúa Bombau construyendo el antikirchnerismo, ligando al gobierno con el autoritarismo, por ser un gobierno ex-propiador, al no defender la propiedad privada, tan en discusión últimamente entre los países del hemisferio sur. Y no tranquilo con esto, nos informa que estos es-purios negociados se dan “a las espaldas de toda la dirigencia del fútbol profesional”. Valdría aclararle al señor Bombau –aunque suponemos que ya lo sabe– que la reunión del Consejo Ejecutivo en la cual se tomó la decisión de sus-pender el inicio del Torneo Apertura y poner en discu-sión la situación contractual con TSC contó con el tota-lidad de los representantes de los clubes que componen las categorías que compiten en los campeonatos organi-zados por la AFA.

Pero… ¿Qué es lo que está en juego, si no es la pelota? Lo que está en juego son las diferencias abismales que se manejan a la hora de sentarse la AFA con TSC para acordar los números que le deben pagar por la transmi-sión de los partidos de fútbol. Más precisamente, 596 millones de pesos anuales entre las cifras que reclaman desde la AFA y lo que TSC blanquea de sus ganancias coparticipables hacia la entidad. En la Argentina hay al-rededor de 5.300.000 abonados al cable, suma bastante mayor a la que la firma TSC tiene declarado oficialmente: 1.417.000 abonados. Dicho de otra manera, la TV por cable tiene sus propios “colgados” abonados.

“Hay que blanquear el número de abonados a los canales de fút-bol, con doce pesos por abonado se soluciona todo. (…) Casi seis millones de abonados. 12 pesos más daría 72 millones mensuales, un aumento anual de 864 millones de pesos. (…) ¿Del básico (del servicio del cable) no habrá doce pesos por abonado para el fút-bol?”, se preguntaba Grondona (LN 5/8).

El contrato de la AFA es con la empresa TSC (Televi-sión Satelital Codificada), sociedad compuesta por TyC en un 50% y otro 50% en manos de Tele Red Imagen Sociedad Anónima (TRISA), perteneciente al Grupo Clarín. El vínculo comercial data ya desde el 1º de agosto de 1991 y tiene fecha de finalización en el 2014.

Frente al planteo de la AFA, la empresa TSC ofreció 40 millones más en forma de adelanto, a descontarse paula-


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tinamente de los 22,33 millones de pesos que reciben los clubes por mes, hasta el 2014, para que los clubes hicie-ran frente a las deudas impositivas y con Futbolistas Agremiados. Esta propuesta fue rechazada por Julio Grondona, quien convocó a una nueva reunión del Co-mité Ejecutivo de la AFA el día 11 de agosto, a cuya fi-nalización se informó: “Los representantes de la totalidad de los clubes que componen las categorías que compiten en los campeo-natos organizados por la AFA decidieron rescindir el contrato que le otorgaba a TSC la exclusividad de trasmitir los partidos de fút-bol hasta el 2014. (…) La AFA descubrió varios incumplimien-tos del contrato por parte de la empresa TSC y sus asociados” (CR 12/8). “TSC habría incumplido el contrato con la AFA al cambiar su composición accionaria. En efecto, los socios de la em-presa televisiva (participada por TyC y el Grupo Clarín) sufrieron, durante el lapso que duró el contrato, modificaciones en sus accio-nistas. TyC sumó a la empresa DirecTV, mientras Clarín consi-guió fusionar bajo su paraguas a Multicanal y CableVisión, y así la AFA quedó en inferioridad de condiciones de acuerdo a la si-tuación contractual inicial”, señalaba Daniel Vila, Presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Tal vez, otros intereses se colaban en sus palabras. Vila es, junto con el otrora menemista y mediático José Luis Manzano, dueño de un grupo económico de origen mendocino, que –entre otros negocios– controla diarios, radios y canales de televisión (LN 13/8).

Ernesto Cherquis Bialo, vocero de la AFA, explicaba que “las consecuencias serán soportadas por la AFA, según el Art. 94 de su estatuto. Consta en acta que la AFA asumirá todas las responsabilidades que esta situación pueda provocar. (…) La AFA considera que se la ha perjudicado fuertemente y se trabajara jurídicamente en el tema” y agregó que romper este contrato posibilitará “un fútbol con mayor nivel de competitividad, instituciones más sanas e impedirá la venta prematura de jugadores para conseguir dinero, servirá para jerarquizar los campeonatos” (CR12/8).

Por su parte, ya hablando sobre el nuevo esquema de televisación que debería regir, Grondona apelaba a lo más profundo del sentimiento futbolero nacional: “Apuntamos a un fútbol que no discrimine a los medios en cuanto a la obligación informativa y pro-bablemente esto de tener que esperar al domingo a la noche para poder pasar imágenes de los partidos será apenas un ingrato recuerdo” (C 12/8).

¡¡¡El Fútbol es para Todos!!! Ya con un alto grado de discusión, y con diversos acto-res sociales participando de la disputa, quien también sa-lió al cruce de los intereses empresariales fue nada menos que la CGT, a través de un comunicado firmado por su titular y reconocido hincha de Independiente, Hugo Moyano: “Los trabajadores organizados considera-mos que la solución a alcanzar debe contemplar ne-cesariamente el libre acceso del pueblo argentino a los partidos televisados. Si para ello es necesaria la acción reguladora del Estado ¡Bienvenida Sea! No es-capa a consideración de nadie que el fútbol representa el deporte más popular de la Argentina y como tal el que juegan y siguen la mayoría de los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. (…) Nos oponemos al avance de los grupos económicos sobre los derechos de la mayoría de los argentinos a los que se les ha privado de acceder a disfrutar de su esparcimiento

preferido que es el fútbol. (…) El fútbol es para todos” (CR 13/8).

Por su parte, Julio Comparada, presidente de Independiente, agitaba: “Hay cosas que sólo puede garantizar el Estado, el fútbol puede tener ingresos mayores y sustentarse por sí mismo, pero hay que saber que detrás de los clubes hay instituciones civiles que cumplen funciones muy importantes en cuanto a la sociedad, porque mas allá del partido del fin de semana, los clubes somos sociedades de fomento civil, con escuelas, actividades y formación humana para los jóvenes. Que el Estado se preocupe por los clubes es algo muy positivo” (CR14/8).

Rápidamente, desde la tribuna de doctrina de la Patria Sojera, salieron a posicionarse sobre el “peligro estatista”. En la

editorial del dia 15 de agosto, bajo el título “Demagogia de máxima pureza”, el diario La Nación nos decía: “Es muy factible que, por asociarse con la AFA, el Estado despilfarre recursos que podrían servir para disminuir la pobreza”.

De esta manera, los representantes de quienes a los gri-tos, en pleno conflicto por la 125, nos decían que “el que quiera comer lomo que se los pague”, y que acá no importa la mesa de los argentinos, sino mantener los niveles de “competitividad de la Agroindustria y sus precios internacionales”, hoy aparecen muy preocupados por la pobreza. Y la edi-torial continúa “La Asociación del Fútbol Argentino parecería estar en un tris de lograr redondear su más cara ambición: que el Estado nacional, presuntamente en calidad de socio capitalista le aporte, haciéndose cargo de las transmisiones televisivas, (…) los recursos para poder ponerles remedio a los desquicios financieros


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provocados por las pésimas administraciones de sus clubes afilia-dos” (LN 15/8).

Es decir que si el Estado interviene no seria para resol-ver “el libre acceso del pueblo argentino a los partidos televisados” o la situación de “los clubes [que] somos sociedades de fomento civil, con escuelas, actividades y formación humana para los jóve-nes”, sino que lo que resolvería son “los desquicios financieros provocados por las pésimas administraciones de los clubes”. Pero ¿que decía La Nación cuando los principales países del mundo salían a resolver desde el Estado sus desquicios financieros y cubrían el despilfarro de las corporaciones financieras mundiales? Ni siquiera un juego de niños puede ser lo ocurrido en las administraciones de los clu-bes del fútbol comparado con tal situación.

Dos días mas tarde, desde le mismo diario, seguirían diciendo: “El Estado pasaría a controlar de este modo el princi-pal insumo de la industria mediática. (…) La pretensión [del gobierno] es evidente. Que el fútbol transfiera algo de su popula-ridad a un gobierno anémico, no se financia la pasión, sino la falta de pasión”. Acá, ya claramente en el terreno de la disputa política, desde el diario La Nación, al ver imposible des-ligitimar en términos masivos esta medida de Gobierno, intentan desvirtuarla, atribuyéndole principalmente a Kirchner “turbias animosidades” e “intereses personales y revanchistas”. Y para no dejar ningún cabo suelto de los diferentes planos de la lucha política, el diario de los Mitre remata: “Los principales ingresos del fútbol, manejados por una opacidad que hasta los sindicalistas envidian –recordar solo las transacciones con las barras bravas– correrán por cuenta del Esta-do. (…) Para que esta proeza se realice, hace falta que la clase po-lítica, con Kirchner a la cabeza, se ponga un revólver en la sien. La estatización del fútbol puede conceder a Grondona (…) un poder del que ni siquiera Hugo Moyano ni el piquetero mas intransigente disfrutan en estos días” (LN 17/8).

No hay que dejar ningún cabo suelto para los represen-tantes del Proyecto de la Oligarquía Terrateniente. Hay que liquidar al principal sostén de la alianza social en el Gobierno. Hay que deslegitimar a los trabajadores, al movimiento obrero organizado, ocupado y desocupado. Por ello, cualquier situación viene bien para decir que los trabajadores son todos corruptos y violentos en una in-separable unidad entre violencia y corrupción.

Pero hasta aquí no habíamos escuchado a la Cenicienta de la película, el diario Clarín, quien en una nota publica un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), titulando: “AEA cuestionó la injerencia estatal en el sector privado”. El comunicado señalaba: “En el ultimo tiempo se han reiterado intervenciones públicas discriminatorias e injustificadas en diversos ámbitos de la actividad privada. (…) La intervención estatal arbitraria en el vínculo entre la AFA y TSC es un ejemplo particularmente grave de este tipo de injerencia, ya que provoca la ruptura de un contrato entre partes privadas. (…) [AEA] reitera el principio de que el ámbito específico propio de las empresas privadas debe ser respetado. La injerencia estatal indebi-da en dicho ámbito lesiona el dinamismo de la economía, atenta co-ntra el desarrollo económico y social y compromete la vigencia de preceptos constitucionales” (C 16/8).

Ya está arriba descripto quién no cumplió el vínculo contractual entre la AFA y TSC: fueron los mismos gru-pos económicos societarios de dicha empresa, pero pare-

ceria que para la AEA eso no es una cuestión suficiente ni justificada para que el Estado regule la actividad pri-vada, porque en verdad, para los intereses económicos, el Estado no debería intervenir en nada que afecte “su de-mocracia”. Democracia basada en la igualdad formal en-tre los pocos que concentran la propiedad privada de los medios de producción y comunicación, y los muchos que no poseen ningún medio de subsistencia más que su fuerza de trabajo disponible para ser explotada.

Por esto mismo, terminan el comunicado con esta in-terveción: “La injerencia estatal indebida (…) compromete la vigencia de preceptos constitucionales”. Claro está que la Cons-titución de la que se habla es de esa constitución liberal que sentó las bases ya en 1853 del desarrollo de un país agroexportador, asegurando los intereses de las Oligar-quías Terratenientes y Portuarias, y que hoy en sus as-pectos centrales sigue vigente.

Y como si esto fuera poco, la periodista del diario Cla-rín Alejandra Gallo, discípula predilecta del periodista vocero de la UIA en dicho órgano de prensa, Marcelo Bonelli, remata su nota comentando: “Esta no fue la prime-ra vez en que la AEA insiste en marcar los límites entre la inje-rencia del sector público y privado. También había destacado la importancia de mantener intacta esa frontera hace dos meses, cuan-do el venezolano Hugo Chavez nacionalizó tres plantas de Techint, el grupo siderúrgico también perteneciente a AEA al que ya le habían nacionalizado Sidor” (C 16/8). Ya hemos visto en números anteriores del Analisis… cómo la cuestión de la “chavización” y la discusión entre “propiedad privada vs. propiedad estatal” fue utilizada por la alianza social en-frentada al gobierno para cerrar filas y aglutinar a la fuer-za propia, por lo cual no hace falta explayarnos más que en el sentido de ver los recursos argumentativos que uti-lizan reiterativamente sus voceros en la batalla de ideas.

Para el pueblo lo que es del Pueblo… Ya para el día 20 de agosto, la Presidenta de la Nación, en un acto organizado en el predio de Ezeiza de la AFA, y con el acuerdo entre dicha entidad y el Gobierno na-cional ya firmado para la trasmisión de los partidos de primera división en forma gratuita y abierta por Canal 7 para todo el país, decía: “Hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, hemos dado un paso grande en la democrati-zación de la sociedad argentina. (…) La democracia aún esta in-completa en la medida que no garantice a todos el acceso a bienes fundamentales, este es uno de ellos, el derecho al deporte y a ser tra-tado como un ciudadano igual [en terminos reales y no for-males] a otro que tiene mayor poder adquisitivo” (CR 21/8). Y con respecto al contrato en lo específico, agregaba: “He leído que el fútbol iba a ser subsidiado por el Estado. Los que di-cen eso no saben de lo que hablan, el fútbol es un negocio extraor-dinario que no necesita ser subsidiado, sino particpar de sus pro-pias ganacias. (…) El gobierno no quiere hacer negocios, sino ayudar a los clubes que generan negocios millonarios y son cada vez más pobres.

“El Estado reordenará su pauta publicitaria en los próximos meses con el objetivo de poder solventar la actividad. Sin embargo, el gobierno confía en que podrá obtener ganancias más altas a las previstas para la primera parte de la relación, y de ese excedente, el


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50 por ciento irá para la AFA y la otra mitad se usará para fo-mentar el deporte olímpico” (P12 21/8).

Y al referirse al control de las corporaciones mediáticas del fútbol, remató: “Lo importante es que no se vuelvan mono-pólicas, porque cuando eso sucede pretenden adueñarse de la vida de los argentinos y entonces vivimos en una sociedad menos democráti-ca, más extorsiva, (…) te secuestran los goles hasta el domingo, como te secuestran las imágenes y las palabras. Como secuestraron a 30 mil argentinos. No quiero una sociedad de secuestros, quiero una sociedad cada día mas libre”.

De esta manera, por primera vez en la historia del país, el pueblo argentino podía disfrutar de la televisación abierta y en directo de todos los partidos del campeonato nacional de fútbol, su deporte popular por excelencia.

Lo que viene, lo que viene… Ya con la democratización de la televisación del fútbol realizada, y cerrando el mes, el gobierno firmó la iniciati-va para que en el Congreso se debata la nueva “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” y se derogue la norma vigente de la dictadura.

A esto se le suma que en el Congreso se aprobó la pro-rroga por un año de la delegación de facultades extraor-dinarias al Poder Ejecutivo, incluyendo como dato no menor la posibilidad de fijar derechos de exportación –retenciones–, hechos analizados en otro artículo de este mismo número.

Si nos vamos dos meses atrás, y vemos lo que se decía luego de la elecciones del 28 de junio y de la “derrota del Gobierno”, parecía que sólo era cuestión de tiempo ver cuánto duraría el entierro del mismo. El triunfo hege-mónico de la Patronales Agrarias estaba a la vista y se había materializado en los números electorales, en esa condena hacia las formas del gobierno. Pero no les alcan-zó. Lo que se había instalado en el plano de las ideas co-ntra las formas, no pudo materializarse en un plan políti-co opositor. No sólo eso, sino que se agudizaron los enfrentamientos hacia el interior de la oposición política, propio del proceso de descomposición que trae apareja-da la crisis del capitalismo mundial, en donde cada vez son menos las fracciones de burguesía que pueden re-producirse, comenzando a fagocitarse entre sí.

Como ya veíamos arriba, en el doble momento del “a favor” y “en contra” de la argumentación, la alianza so-cial conducida por la Sociedad Rural no puede salirse de la segunda, sin encontrar por el momento representativi-dad política que pueda encuadrar y traccionar al conjutno de la sociedad a favor de su propio proyecto. A partir de la iniciativa del gobierno, y sobre todo por los hechos descriptos del último mes, la recuperación de legitimidad por parte del mismo se basa en la discusion central sobre los modelos de país que hoy se encuentran en disputa y en las medidas que apuntan a profundizar el proyecto Nacional Popular e Industrialista. En este escenario, donde se juegan los intereses de las mayorías, los argu-mentos a favor de las mismas son imbatibles y obtienen un apoyo de la población inobjetable. Habrá que ver en qué medida el Gobierno –y la alianza social que repre-senta– puede mantener el nivel de enfrentamiento contra los intereses económicos concentrados –como en este

caso los monopolios mediáticos–, así como aglutinar a la mayor cantidad de sectores sociales tras de sí, y recuperar el apoyo de la clase media, en un contexto de crisis eco-nómica mundial que lejos está de resolverse y tiende a profundizar el conflicto social.


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Trabajo o asistencialismo

La Cruzada por los pobres

Por José María Dunn Un nuevo escenario se presentó en la disputa de las

dos fuerzas que pujan por imponer plan de gobierno en la Argentina. Esta vez, la discusión giró en torno de “la pobreza”. La oligarquía terrateniente criolla se esforzó, y mucho, por mostrarse preocupada por las consecuencias que la crisis política y económica en que se encuentra el globo entero trae sobre los trabajadores, lo que se tradu-ce en un aumento de la cantidad de pobres. La respuesta inmediata que propusieron es una cadena de subsidios a los sectores sociales más desprotegidos que estén atados a lo que ellos dispongan como excedentes del plan sojero en ciernes. Por su parte, la alianza social en el gobierno, o lo que queda de ella, con el movimiento obrero tratan-do de sacarse el sayo de subordinado, trató de respon-derle con un ambicioso plan de empleo que contendrá en su primer etapa 100 mil puestos de trabajo, princi-palmente destinado a la obra pública y a la construcción de una fuerza social propia para la disputa que se agudiza cada vez más. Bien claras han quedado las posturas: asis-tencialismo, en base a la soja o trabajo, para organizar la fuerza. Echémosle una mirada a esta nueva cara de la pe-lea.

Otra vez la teoría de las gotitas Ni bien comenzado el mes anterior, en el marco de la

inauguración de la Exposición Rural de Palermo, con la Mesa de Enlace en su conjunto y con la histórica presen-cia del titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi en el palco oficial, el presidente de la So-ciedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, basó su discurso en el carácter privado de la renta agraria y desde ahí apuntó los cañones contra las dificultades de la alian-za social gobernante para hacerle frente a la crisis eco-nómica-social en la que se encuentra sumergida la mayo-ría de la población, proponiendo una solución a su medida. Sin embargo, el plan quedó con interrogantes abiertos ya que en ningún momento sintetizaron explíci-tamente su idea, no porque no la tengan, sino porque denunciaría lo inconfesable de la misma: un país a base de sojización de la producción agraria y dádivas a la ma-yor parte de los argentinos que no participen de esa re-partija.

Biolcati haría alarde de ese cinismo de la siguiente ma-nera: “Me pregunto por qué el 27 por ciento de los argentinos pa-dece hambre si el campo es una inmensa fábrica de alimentos y en-tregó en los últimos siete años u$s 30.000 millones que iban a aplicarse en planes sociales. ¿Dónde fue a parar tanto dinero? El campo tiene un plan para terminar con la pobreza” (LN y CR 2/8).

Esta frase del titular de SRA encierra la clara postura de la oligarquía terrateniente con respecto a la generación de riquezas en el país. Los 30 mil millones de dólares que el gobierno nacional cobró a los productores agrarios ba-jo diferentes conceptos de impuestos son de ellos y, por

lo tanto, fueron ellos los que se los dan a la población

en su conjunto, ocultando así que esos ingresos son pro-ducto de un bien común como lo es la fertilidad de la Pampa Húmeda, la cual no es fruto del trabajo sino de millones de años de evolución natural, y por lo tanto de-ben estar en beneficio del común da la población.

Por otra parte, el máximo representante terrateniente no dejó pasar la oportunidad para hostigar a la figura presidencial al afirmar que “somos gente del interior, que con-vivimos con la pobreza, compartiendo los problemas de la gente. No necesitamos el dengue para ir a descubrir la pobreza estructural en Formosa, como lo descubrió la Presidenta este verano. Conocemos mucho más cerca la pobreza que mucha gente de la ciudad” (CR 3/8).

En los días posteriores a este planteó de situación por parte de la cúpula de SRA, la acción mancomunada del aparato campero sacó a la cancha una serie de analistas de turno que tratasen de dar argumento a estas ideas-fuerza. El economista Javier González Fraga escribía en el diario La Nación una columna de opinión en donde graficaba con números la pobreza y achacaba todas las responsabilidades de la misma a la fuerza social gober-nante, antagónica al campo: “El aumento de la pobreza en la Argentina en los últimos dos años es la manifestación más clara de los errores de la política económica que se vienen cometiendo desde 2006.

“La pobreza alcanzó a más del 50 por ciento de la población durante la gran crisis de 2001, pero con el crecimiento hasta el 2007 fue reducida en 27 por ciento, aproximadamente, 10 millo-nes de personas. Pero el problema de pobreza en la Argentina es mucho más que esas estadísticas.

“El problema ha sido la incapacidad de un país, bastante bien dotado de recursos económicos, de generar una clase dirigente, em-presarial y política que logre el consenso para adoptar las políticas que posibiliten la eliminación de este flagelo.

“Todo este deterioro se armó en los últimos 35 años; en 1974, el diez por ciento más rico ganaba ocho veces más que el diez por cien-to más pobre; hoy gana aproximadamente 35 veces más.

“La solución exige recrear las condiciones de confianza para re-cuperar las inversiones y el crecimiento económico. Pero se necesita también la acción inteligente de un gobierno decididamente progre-sista que sus intenciones no se agoten en discursos o en propaganda.

“Hace falta asegurar un ingreso universal para todas las fami-lias con hijos, sin clientelismo. Hace falta asegurar la educación bá-sica y la salud a todos los habitantes” (LN 8/8).

En estas afirmaciones aparecen ya parte de las pro-puestas terratenientes para dar respuesta a la pobreza. Nuevamente la teoría del derrame que esta vez es pre-sentado como asignación universal por hijo. Es clara la exigencia de retomar una senda que garantice a la Mesa de Enlace ingresos suculentos y desde ahí asignar algo a los que no entran en el reparto.

Invertir las responsabilidades del crecimiento de la po-breza y hacer aparecer a los Kirchner y su plan económi-

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co como únicos responsables de esta situación no fue só-lo una arenga de tribuna por parte de Biolcati, sino toda una acción coordinada. Desde una de las usinas de pen-samiento neoliberal, la Fundación FIEL, el economista Roberto Frenkel aseveraba días después del discurso de Biolcati: “Tiene que ver (la recesión) con la situación interna mu-cho más que con la externa. La inversión se desplomó porque em-pezó a caer mucho antes que la crisis internacional. Y cae por el conflicto agropecuario, luego por la fuerte baja que le impusieron al tipo de cambio nominal el año pasado, cuando llevaron el dólar en torno de los $3,15 a $3 para castigar al campo. Eso afectó la in-versión en la industria por que no se sabía adonde íbamos. Y tam-bién afectó la crisis global que pegó en el comercio internacional y en el acceso al crédito por parte de las empresas, porque el Gobierno estaba fuera de los mercados internacionales” (C 3/8).

En la misma línea, días más tarde, este mismo espacio de pensamiento libre cambista, fundado durante la dicta-dura de Onganía y que diera alumnos tales como Ricardo López Murphy, difundiría a través de La Nación algunos números sobre la pobreza: “El valor del conjunto de los ali-mentos básicos que define si los integrantes de un hogar son indigen-tes o no (dependen de si sus ingresos alcanzan para comprar esos productos) se elevó un 14,3 por ciento, en el último año, y se ubicó en julio en $756,10 para una familia formada por un matrimonio joven y dos niños. En tanto, para no ser considerada pobre una familia así integrada debería contar con un ingreso mínimo de 1579,80, cifra superior en un 16,5% a la de julio 2008” (LN 6/8).

Ahora bien, ante esta artillería, el Gobierno nacional no tardaría en responder. El primero en hacerlo sería el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, con su acostumbrada sorna mediática: “Me parece un chiste la Rural hablando de los pobres. Al escucharlos no creo que su ambición haya sido preocuparse por esa situación, creo que fue un discurso que les salió bien” (P12 4/8), señalaba dos días después de los discursos camperos.

Pero quedaría en manos de la presidenta Cristina Fer-nández de Kirchner responderles en forma contundente. En un extenso mensaje, transmitido por cadena nacional, el 14 de agosto la primera mandataria fue rebatiendo los argumentos sojeros uno por uno: “Ha habido y habrá siem-pre una discusión, pero en los últimos días ha habido una discusión acerca de los números de la pobreza y de la efectividad o no de las políticas que hemos abordado. Ustedes saben que siempre hemos concebido que un plan de país, un proyecto de país, de industriali-zación, de valor agregado, de generación de trabajo, de empresas, es el mejor combate contra la pobreza y lo hemos demostrado con los resultados de un país recibido con más de un cuarto de su población en situación de desocupación que hoy está en una desocupación de menos de un digito”.

De esta manera, la presidenta oponía claramente plan contra plan y mostraba las consecuencias de la aplicación de uno u otro. En su argumentación no faltaron los nú-meros: “Nosotros recibimos en el 2003 un presupuesto de 1.083 millones de pesos y hoy estamos en 10.200 millones de pesos al año en asignación para el combate contra la pobreza y la desigualdad, en estos años hemos asignado desde le Ministerio de Desarrollo So-cial 41.000 millones de pesos”, señalaba en clara respuesta a la pregunta de Biolcati.

Estos dichos presidenciales también le respondieron a ciertos eufemismos de la oligarquía campera que exigía equilibrio en los números fiscales. Para decirlo de otra manera, recorte del gasto público y desinversión social en beneficio de un recorte impositivo a los privados: “Ningún gobierno puede hacer subir el gasto indefinidamente y, además, pretender financiarlo mediante impuestos. Menos aún si ese gasto no se traduce en mayor y mejor infraestructura y servicios que le genere ahorros al sector privado o que sustituya otros gastos de las familias y de los contribuyentes. Si lo que se sigue haciendo es extraer para no dar, llega un momento en que la sociedad ya no puede pagar más impuestos sin que aumente la pobreza y se destru-ya la producción. Algo que ya está sucediendo. (…) Las retencio-nes deben disminuirse y simultáneamente debe trabajarse sobre el gasto público para reducirlo y mejorarlo. También debe lograrse re-tornar al crédito externo para poder cubrir un período de transición en lo que debería reducirse más rápidamente los impuestos que el gasto” (LN 6/8).

Al machaque de los números de la pobreza, los secto-res agroindustriales hacían oír su voz en el diario Clarín a través de uno de sus escribas, Ismael Bermúdez: “Ante el agravamiento de la recesión y la crisis, el Gobierno adoptó una ba-tería de medidas económicas, con resultados dispares. Pero entre más de 30 anuncios no figuraron planes específicos para atender la crisis desde el área social. (…) Llamativamente, no hubo medidas orientadas a los sectores más golpeados por la crisis o que ya esta-ban en una situación precaria, con excepción de los $200 por única vez que se les dio a los jubilados a fines de 2008, $150 a los que cobran el Plan Familias y los $100 a los del Plan Jefes y Jefas. (…) Así por la mayor inflación, las suspensiones, el recorte de las horas de trabajo, la perdida de empleos o la menor actividad en los hogares, la capacidad adquisitiva de las familias se deterioro en un 16%.” (C 7/8).

Sin embargo, quien pondría blanco sobre negro en la postura de esta porción del empresariado nacional y tra-taría de acarrear agua para su molino, como ya es cos-tumbre, sería Jaime Campos, Director Ejecutivo de la poderosísima Asociación Empresarial Argentina (AEA). Campos afirmaba en una columna de opinión: “Hay que seguir el camino de los países que han tenido éxito en reducir drás-ticamente la pobreza. En ellos la receta ha sido la misma, movili-zar y promover la actividad en las empresas privadas, ya que son ellas las agentes principales de la generación de riquezas y de em-pleo en la población (…). Es fundamental contar con reglas de juego claras, instituciones fuertes y con un ámbito de mayor previsi-bilidad” (C 8/8).

¿Qué dirá el Santo Padre…? Históricamente acostumbrada a actuar en conjunto, la

oligarquía terrateniente contó con el apoyo de la cúpula de la Iglesia católica para llevar adelante su cruzada por los pobres. De manera no casual se difundió el día ante-rior a conmemorarse San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo para la fe católica, un documento papal que llamaba a poner fin al escándalo de la pobreza en el país. La puesta en escena contó con la “picardía” de la jerar-quía eclesial criolla, al dar conocer un documento papal escrito cuatro meses antes y que había sido mantenido oculto, así como con la presencia mediática de un sin fin de opinólogos de turno.


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“El esfuerzo solidario que contribuya a reducir el escándalo de la pobreza y de la inequidad social en la Argentina dando así cumplimiento a las exigencias evangélicas que exhortan a hacer po-sible una sociedad más justa y solidaria” (CR 7/8), reclamaba un secreto documento papal que fue escrito en abril con motivo de la colecta “Más por Menos” que lleva adelante Caritas Nacional. No debe sorprender que el Papa llame a combatir la pobreza, sino que la cúpula nacional de la Iglesia católica lo haya difundido en medio de las decla-raciones expresadas por la SRA, durante los mismos días en Palermo.

El accionar no concluiría con los dichos del máximo referente católico, sino que sería acompañado por decla-raciones de altos representantes en la Argentina. “El men-saje papal fue impecable. Más allá (de la polémica) por los índices es mucha la gente que tiene cercenada las posibilidades de una vida digna. (…) Al Estado le corresponde velar por la distribución equitativa de la riqueza, pero también favorecer la producción de la riqueza” (C 7/8), aseguraba Fernando María Bargallo, Presidente de Caritas Nacional. Cabe preguntarse si la apreciación de un Estado que favorezca la producción de riqueza no está en línea con lo planteado por las cúpulas camperas y empresariales.

Un poco más tenue en su reclamo, pero en la misma línea, se expresó el Arzobispo de Capital, Jorge Bergo-glio, en su homilía en San Cayetano: “Cuando digo que es-tamos viviendo situaciones escandalosas de pobreza digo que los responsables de esto somos todos. No sirve lavarse las manos y echarle la culpa a los gobernantes” (LN 8/8), aseguró. Las voces de la jerarquía católica se multiplicaron en una an-danada de declaraciones que pretendieron dar sustento moral a la postura de los líderes terratenientes y de sus aliados de las empresas criollas representantes de los ca-pitales más concentrados a nivel mundial. Dos declara-ciones formales para graficar esta postura religiosa. “La pobreza en el país se va difundiendo en progresión geométrica” (LN 15/8), opinó Monseñor Agustín Radrezzani. Para no ser menos, el vocero del Episcopado, Jorge Oester-held, manifestó que “la pobreza está cercana al 40 por ciento. Se hizo mucho para bajarla, pero no alcanza. Hay que redoblar los esfuerzos” (C, LN y P12 19/8).

No toda la comunidad católica es representada por la cúpula eclesial. De esto tomaron nota los curas aglutina-dos en la Opción por los Pobres. Mediante un documen-to que hicieron público el 13 de septiembre, sentaron postura clara sobre el tipo de país que pretenden: “Un re-forzamiento político de los sujetos de poder absolutamente indiferen-tes a la vida de los pobres, sean personajes de la llamada Mesa de Enlace, de agrupaciones empresarias –sean la Unión Industrial o la autodenominada Asociación Cristiana de Dirigentes de Empre-sas–, o sectores de la política muchos de ellos triunfantes en las re-cientes elecciones (…) y ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica que proponen modelos de siglos pasados. (…) Hay fuerzas muy poderosas que quieren frenar todo camino que ayude y aliente espa-cios de vida y justicia: fuerzas que se desentienden totalmente de la realidad de los pobres, aunque los utilicen para sus propios fines; fuerzas que sólo buscan enriquecerse aunque empobrezcan más y más la tierra, las aguas y los hermanos; fuerzas que no temen ma-nipular la opinión pública y si fuera necesario acompañar todo pro-ceso destituyente mirando sólo sus propios intereses y no el bien co-

mún; fuerzas sólo preocupadas por el incremento ilimitado de sus patrimonios sin una genuina preocupación de la distribución de la renta, de la tierra y de la vida digna. (…) palabras y actitudes an-tidemocráticas para nuestro futuro en dirigentes sociales, políticos, sindicalistas y eclesiásticos del país y del extranjero. Un aumento del poder y la influencia de los medios de comunicación, capaces de instalar candidatos y temas, y a su vez de voltearlos sin preocuparse en nada por el bien de la patria y la vida de los pobres” (P12 14/8), sentenciaron con una lucidez que no resiste análi-sis. En este sector de la sociedad la puja de las fuerzas sociales también dejó claro quién está de cada lado.

El mundo nos necesita, fabriquemos pobres “Más de 1.000 millones de personas padecen hambre en el

mundo, según un informe de la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esa abrumadora cifra representa un aumento del 11,5 por ciento en relación con el año último. Es la sexta parte de la población del planeta, cuyo creci-miento no cesa. En 2011, según un informe del Population Refe-rence Bureau, seremos 7.000 millones. También es inadmisible, económica y moralmente, cuanto se haga para desalentar el desarro-llo de la producción agropecuaria, frente a la demanda prioritaria de alimentos del mundo entero” (LN 14/8). Con este editorial, el órgano de difusión de la fuerza campera empuja la idea de armar un país en base a las necesidades del mundo entero. La oligarquía terrateniente no cesa en presentar a la producción sojera como única alternativa para la Ar-gentina en el mundo globalizado. El avance de la sojiza-ción pretende ser presentada como opción para combatir el hambre a nivel mundial a costa de provocar un sin fin de consecuencias a la población autóctona.

La justificación del progreso de la mano de la produc-ción agraria no es sólo defendida por los editorialistas del diario terrateniente, sino también por su más lucido inte-lectual, el siempre libre pensante Mariano Grondona. El Doctor haría una curiosa defensa de la distribución de la riqueza desde su columna dominical. Para él, la distribu-ción del “sobrante”, término peculiar utilizado en sinto-nía con la idea expresada por Biolcati, no debe realizarse entre los más necesitados sino que debe ser reinvertido por los que concentran la renta en sus manos. Por otra parte, reafirmará la postura terrateniente de viabilidad económica argentina sólo con base agraria. De esta ma-nera presentaba estas ideas: “Cada país produce una masa de bienes y servicios. Pero queda un sobrante. Según emplee este so-brante así le irá a un país en materia de desarrollo económico. Si lo emplea en invertir, el próximo año tendrá más sobrante. Si tiene una conciencia social, pero sólo parte de esa suma, se encaminará hacia la distribución en beneficios de los más necesitados. (…) Aquí salta a la vista el craso error en el que hemos caído durante las décadas de nuestra declinación y es bueno destacar que, habien-do pensado en la distribución no ya como un complemento de la in-versión sino como un sustituto de ella, los argentinos hemos perdido de vista el tren del progreso” (LN 9/8).

La ausencia de apreciaciones sobre el tema de la po-breza por parte de los sujetos sociales de la alianza social gobernante puso a los representantes del partido de go-bierno, que responde a dicha alianza, en la tapa de los diarios respondiendo a la andanada de críticas expuestas. Fue Cristina Kirchner la primera en responder desde su

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rol de jefa del ejecutivo nacional: “En lugar de andar haciendo padrones de los pobres, por qué no hacer un padrón de lo ricos para ver cuál es la brecha real entre los que más y menos tie-nen (…) siempre nos exigen publicidad entre los pobres y secretos entre los ricos. El problema no es la pobreza, es la inequidad so-cial. (…) Abordar el problema de la pobreza es generar y estimu-lar oportunidades genuinas de empleo, convencidos de que el trabajo es el mejor antídoto ante la pobreza. Un abordaje diferente a los programas que, con asistencialismo, se desarrollan hasta ahora, ya que tiende a que la gente tenga trabajo y se organice socialmente con las características del movimiento cooperativo” (CR, C y LN 15/8).

Con la despreocupación de no tener que cuidar un lu-gar institucional, el ex presidente Néstor Kirchner res-pondió para la tribuna con dos frases contundentes: “Los argentinos saben quiénes hablan de la pobreza y siempre la genera-ron. La máquina de generar pobreza es la concentración económica. (…). No vamos a hacer el ajuste para que las cuentas cierren. La Presidenta está trabajando para activar la oferta y la demanda. Acá no queremos que los trabajadores tengan salarios de hambre. Y tampoco se llamó a las provincias para decirles que hay que fir-mar un pacto fiscal, para hacer un ajuste” (P12 7/8); “Con una caradurez tremenda hablan de pobreza, cuando ellos mismos la construyeron con sus políticas de toda la vida” (CR 14/8).

Las voces oficialistas no se hicieron esperar. Seleccio-namos dos de ellas. Una por contundente y la otra por inesperada por quien la expresó. “La Rural nunca ha tenido que ver con lo popular y mucho menos con una preocupación con los pobres. Desde su formación, el 10 de julio de 1866, no han tenido mucho que ver con las pasiones populares” (CR 5/8), graficó el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. “No creemos que con una bolsa de mercadería se pelee contra la pobreza, porque esto es condenar a la indignidad a aquel que sufre una situación de exclu-sión. Hay muchos acostumbrados a hablar y hacer diagnósticos so-bre pobreza, pero lo que hay que hacer es pelear contar la pobreza. Porque a la pobreza se la vence con inversión y servicios para todos los vecinos” (CR 23/8), reveló el ex jefe de Gabinete de Ministros y regresado a la intendencia de Tigre Sergio Massa. Es tarea del lector elegir quién es contundente y quién sorprendente.

De esta manera se desarrollaba durante el mes de agosto una nueva “cruzada por los pobres”, en la voz y la pluma de los verdaderos responsables de la situación. Sus causantes, ocultando así las razones profundas de la pobreza, cuya esencia es la explotación del hombre por el hombre, aparecen como los principales críticos de los efectos. La crítica “por izquierda” se centra en la forma en que aparece el problema, no en las verdaderas causas, logrando ocultarlas y distrayendo a gran parte de la po-blación que se escandaliza por la foto. Es la manera de desligar culpas y limpiar conciencias, con el acento pues-to en la caridad.

A estos argumentos se les contestaba, desde la alianza social en el gobierno, con el eje puesto en la “dignifica-ción del trabajo”. Pero como el plan lo ponen quienes “dan” trabajo y no quienes lo ejecutan, rápidamente apa-recen los límites de un sector industrial nacional incapaz históricamente de mantenerse firme en la conducción del denominado “proyecto nacional”.


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Dispersión opositora, “radicalización K” y política en el movimiento obrero

Planes políticos

Por Martín Yuchak “Que la candidatura se la recontrametan en el medio del culo”

(Carlos Reutemann, ex piloto de Fórmula Uno y actual Senador Nacional del Partido Justicialista

por la Provincia de Santa Fé) El famoso “voto no positivo” del vicepresidente Julio Cobos la madrugada del 17 de julio de 2008, al tiempo que sellaba la derrota del gobierno en su intento de aprobar las retenciones móviles a la exportación de pro-ductos primarios, marcaba el punto de partida de la dis-cusión sobre lo que vendrá de la política en lo que resta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y luego del fin del mandato de esta. Se empezaban a discutir candi-daturas y a tejer y destejer alianzas, que tuvieron un pri-mer punto de llegada en las pasadas elecciones legislati-vas del 28 de junio, con el oficialismo victorioso a nivel nacional, pero derrotado en el principal distrito del país, donde había colocado sus mayores fichas. En el marco de una crisis económica mundial que no cede y que se manifiesta en el país de diversos modos, y con los dos principales frentes de pelea abiertos por el gobierno –la lucha contra las patronales del campo y la lucha por una nueva ley de comunicación audiovisual– en plena ebulli-ción, asistimos en el último mes de agosto a la profundi-zación de las disputas por el contenido de las politicas que lanza el gobierno y al despliegue de las –cada vez más– diferentes estrategias que presenta el conjunto del arco opositor

“Consensos” y “compromiso”. Los reclamos a la oposición El principal tópico que se repitió a lo largo de todo el mes fue un reclamo cada vez más subido de tono por la falta de unidad opositora frente al gobierno. Este recla-mo provino tanto de la intelectualidad orgánica al pro-yecto sojero que defienden los grandes dueños de la tie-rra, como de aquellos referentes y aglutinadores del proyecto agroindustrial, defendido por los sectores auto-definidos “productivos” –con eje en el campo pero tam-bién en las industrias subsidiarias del mismo–, que tiene como principal referente político al ex presidente Eduar-do Duhalde.

Dos pesos pesados de estos respectivos sectores apa-recían a principio de mes para “marcar la cancha” por donde transitaría tanto el gobierno como la oposición. Uno es el propio Duhalde. El otro, el inefable paladín de la “oligarquía republicana”, Mariano Grondona.

Comencemos por este último, quien –a través de las páginas de La Nación– hacía un llamado, casi una exi-gencia, a los sectores opositores para que dejen de pelear por quién será candidato en 2011 y se pongan a trabajar ya mismo contra Kirchner: “Si en el tiempo que le queda Kirchner usa su ‘poder residual’ para frustrar la gestión de quien resulte al fin su sucesor, a nuestro país lo esperan horas sombrías.

¿Volveremos, quizás, a un 2001? ¿Podrá impedirlo, en todo ca-so, la ascendente oposición? (…) Si la intención de Kirchner es de-jar tras sí una ‘tierra arrasada’, la única esperanza que le queda al país es la convergencia de los opositores. ¿Hay señales de que esté ocurriendo?

“A los opositores de todo signo habría que recordarles que su prioridad no es todavía ganar las elecciones presidenciales de 2011 sino, antes, ganarle a Kirchner. Sólo después les habrá llegado el momento de competir entre ellos (…). En 2001, cuando caía De la Rúa, el país experimentó la angustiante sensación de anarquía. Para evitar que ella regrese a nosotros, es necesario que la oposi-ción, dejando de anteponer 2011 a 2009, el carro por delante del caballo, vaya conformando una poliarquía, esto es un pluralismo republicano en lugar del hegemonismo que Kirchner impuso en 2003” (LN 2/8).

El contenido es casi transparente. La batalla contra el gobierno es ya. No hay que esperar hasta 2011. La opo-sición debe tomar conciencia de esto y aglutinarse en torno del proyecto terrateniente para derrotar al kirchne-rismo en el Congreso. Y sino están las calles, la desesta-bilización y el golpe, plan que está latente y para nada descartado por este sector, que se viene preparando para ello. La mención del año 2001 lo recuerda con claridad.

Al día siguiente, aparecía el flamante fundador del Movimiento Productivo Argentino, el ex presidente Eduardo Duhalde, quien se halla empeñado en la recons-titución del sistema de partidos políticos, muy atento al peligro que constituye la ausencia de ellos, en tanto rup-tura de la malla de contención de los reclamos populares, con estallidos sociales que nadie sabe hacia qué lado pueden llevar. Luego de argumentar que los dos partidos políticos más importantes del país –PJ y UCR– no están muertos, mencionando que estos dos gobiernan “más del 80% de los municipios (…) desde hace décadas”, el ex presiden-te se dedica a refutar el “mito” de que “la UCR no puede gobernar y sólo el PJ garantiza la gobernabilidad”. Del cual afirma que “es un mito particularmente negativo, por-que si fuera cierto que la UCR no puede gobernar, la responsabilidad del PJ sería casi intolerable y desperta-ría convicciones hegemónicas de alto costo para la sociedad argenti-na (…) ¿Qué impide que los argentinos suscriban pactos similares a los que tanto alaban cuando ven que los hacen los otros? Res-puesta: las tendencias hegemónicas…”. Y, de inmedia-to, pasa a su ya reiterado llamado a la construcción de un bipartidismo sin hegemonismos y con consensos: “¿El error fundante de los fracasos de los últimos años no ha sido la al-quimia de los partidos mayoritarios en propuestas electorales unifi-cadas, como ocurrió con la Alianza y la Concertación del gobierno kirchnerista? ¿No es hora de que gobernadores, legis-ladores e intendentes se reagrupen de acuerdo a sus

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convicciones originarias para iniciar por separado pero alumbrando consensos, la marcha hacia las po-líticas de Estado?” (C 3/8. Resaltados en el texto origi-nal).

El plan está claro: todos contra el kirchnerismo ya, pe-ro cada uno desde su identidad partidaria. Una vez ter-minado con el hegemonismo kirchnerista, alternancia en el poder de ambos partidos –con alianzas ocasionales de cada uno con otras fuerzas, pero nunca entre sí– y conti-nuidad de las “políticas de Estado”. Esto, por un lado, su-pone que el actual gobierno carece de políticas de estado, ocultando que lo que en verdad se ataca del kirchnerismo es el contenido y la direccionalidad de estas políticas, no su falta. Por otro lado, cabría preguntarse: ¿cuál es la ne-cesidad política del bipartidismo propuesto por el ex pre-sidente? La respuesta parece ser: una única política de Estado, que se pinte la cara de un color distinto cada cuatro años, pero que garantice siempre armónicamente las ganancias del empresariado industrial más concentra-do y la renta de los más grandes propietarios de la tierra. A lo que inmediatamente surge un nuevo interrogante: con el grado de profundidad de la crisis, que no deja de provocar cada vez más conflictos de intereses en pos de una torta que se achica compulsivamente y que convierte todo terreno en un campo de batalla, ¿puede ser viable dicho plan?

Hagamos notar que ambos –Duhalde y Grondona, a pesar de expresar cada uno a sectores diferentes de la economía– acuerdan en la necesidad de minarle lo más posible el terreno a las políticas del gobierno, de trazarle desde ahora la agenda, anticipando las políticas del próximo gobierno. Ambos también coinciden en que –en una primera instancia– el sujeto para la realización de este plan se llama oposición.

A ella misma se dirige, nuevamente desde las páginas del órgano de la oligarquía, el historiador Natalio Botana, quien luego de denostar el “temperamento” y la “arrogancia” del oficialismo, apunta hacia el otro lado: “Falta mucho y ya estamos especulando con las candidaturas de 2011.Estas son fugas hacia adelante que eluden la obligación primordial de practi-car, de cara a las dificultades, políticas responsables.

”Una vez que ha pasado la tormenta de la confrontación y cuando, para peor, todavía no se ha dejado de lado esa manía de cultivar la intransigencia, parece cosa de inocentes insistir en la ne-cesidad de que el espíritu de compromiso se haga carne en la diri-gencia” (LN 6/8).

Veamos entonces el comportamiento de la oposición a largo del mes.

Divididos por el diálogo El llamado del gobierno al diálogo a las diferentes fuer-zas políticas contribuía, a comienzos de mes, a profundi-zar las diferencias ya existentes al interior del Acuerdo Cívico y Social (ACyS), conformado por la Coalición Cí-vica (CC), la UCR y el socialismo. El mes comenzaba con dardos cruzados por las dos principales referentes de la CC, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, quien conduce el grupo escindido de la UCR denominado GEN.

Mientras Lilita rechazaba el diálogo y la mesa nacional de la CC emitía un comunicado en el que calificaba a la

mesa convocada por el gobierno de “simulacro de diálogo que sólo sirvió para que el oficialismo intentara reposicionarse luego de su derrota electoral”, el diputado de esa misma fuerza, Horacio Alcuaz –que responde políticamente a Stolbizer, quien sí se había sentado en la mesa con el gobierno– respondía: “Reivindicamos el derecho del GEN a tener posicio-nes independientes en el marco de los acuerdos de la coalición” (LN 4/8). Al día siguiente, Alcuaz subía la apuesta: “Si están tratando de espantarnos, que nos echen y listo”, y sentenciaba: “Nos fuimos de la UCR porque cuatro tipos la manejaban. No vinimos a la CC para que nos maneje una persona”, en clara alusión a Carrió. El mismo día, se sumaba otra voz de la misma fuerza, Enrique Olivera, al rechazo del comuni-cado de la mesa nacional: “Yo tampoco fui consultado”, al tiempo que reclamaba “un sistema de toma de decisiones parti-cipativo” (C 5/8).

Dos días después, Lilita regresaba de unas merecidas vacaciones en Miami y se metía de lleno en la pelea, afirmando sobre el diálogo de la oposición con el go-bierno: “Nunca nos prestaremos a la farsa (…). No fuimos ele-gidos para jugar a las visitas con ministros inexistentes”. Por otro lado, sin nombrarla, apuntaba a profundizar su in-terna con Margarita Stolbizer: “Voy a militar en la provincia de Buenos Aires”. A propósito, se sinceraba la diputada de la CC Patricia Bullrich: “Tenemos distintas culturas políticas, y en la provincia queremos construir una cultura política diferente”. Stolbizer, por su parte, intentaba bajar el tono de la in-terna: “Carrió y yo no tenemos ninguna discrepancia en cuanto a la opinión sobre el Gobierno. Es una diferencia táctica que se so-bredimensionó. Nuestro punto común de confrontación es el Go-bierno” (LN 7/8). Pero la líder de la CC no bajaba el tono de la disputa, más bien lo contrario. En alusión a la acep-tación de ir al diálogo por parte de algunos sectores, sen-tenciaba pesimista: “La oposición le ha concedido una ventaja política al Gobierno para aumentar su capacidad de daño y esto ha sido un error. Fue funcional al gobierno. (…) Yo no sé cómo se re-compone esto. La oposición ha empeorado la situación. A una se-mana de las elecciones no se podía ser tan ingenuo, tan cómplice. Tengo tristeza por el pueblo” (C 9/8). Entonces, se metía en el cuadrilátero el presidente de la UCR, el jujeño Gerardo Morales, criticando el personalismo de Carrió: “Respeto la posición individual y ciudadana de Lilita, pero por encima de las cuestiones personales (…) tenemos que pensar en organizaciones co-lectivas que le sirvan a la sociedad” (CR, P12 y LN 9/8).

Y para completar, aparecía ese mismo día el vicepresi-dente Julio César Cleto Cobos, quien la descalificaba, di-ciendo que “ella no ha tenido un cargo ejecutivo que le dé la ex-periencia necesaria, como gobernar una provincia, que es muy importante cuando uno pretende gobernar un país”. E insistía, como los anteriores: “Aquí la verdad no la tiene uno solo” (LN 9/8). Y Cleto disciplinaba de inmediato a su tropa. El diputado Daniel Katz, integrante de la corriente que lidera el vicepresidente, Consenso Federal (ConFe) se re-fería a Carrió como la “piedra en el zapato del Acuerdo Cívico y Social” (C y CR 12/8), advirtiendo que “confronta, descali-fica y pone todo en torno de sus propias expectativas” (CR 12/8). Y volvía Morales, castigando a Cobos y Carrió por avivar lo que ya a esas alturas era un verdadero “culebrón opo-sitor”: “Es de una gran irresponsabilidad que dentro del ACyS sigamos dando una pelea pública por diferencias personales, sin po-


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ner más energía en atender los temas que la gente nos pidió que atendamos” (P12 y CR 14/8).

Entre tanto, la UCR se despachaba contra el diálogo convocado por el ejecutivo, calificándolo como una “ma-niobra perversa” (P12 14/8); excusa perfecta para que des-de el sector de la chaqueña invocasen una razón que siempre habían tenido: “Ahora todos repiten lo que decía Lili-ta y todos nosotros, cuando considerábamos que el ámbito natural para el diálogo era el Congreso y no la Casa Rosada”, sostenía Patricia Bullrich (CR 17/8). A lo que Morales contestaba con sus principios dialoguistas universales: “Tengo una gran diferencia con Carrió, ya que sostengo que siempre es posible retomar el diálogo político” (CR 18/8). Y el cobismo, en la voz del intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, los castigaba a todos, a Lilita por intentar “condicionar y distor-sionar el proceso de reunificación del radicalismo”, y a Morales por ser “muy complaciente” con aquella (P12 18/8).

En tanto, el GEN de Margarita Stolbizer amenazaba por esos días con romper filas, en abierto desacuerdo a la definición de la mesa nacional de la CC –para quien “re-iterar el error de concurrir [al diálogo con el gobierno] podría significar pacticismo o complicidad” (LN 19/8)–, y a la pro-puesta del sector “lilitense” de convertir a la CC en un partido político (CR 18/8). A propósito, se sinceraba Gerardo Milman, diputado electo del espacio de Stolbi-zer: “Para hacer un partido único tenemos que tener una base pro-gramática en común, y no la tenemos” (LN 20/8).

Mientras, Margarita se acercaba peligrosamente a Cle-to: “El espacio que Carrió va dejando, por no convocar a diferen-tes sectores, tal vez lo empiece a ocupar Cobos”, afirmaba (CR 21/8). Y se sinceraba, con aires de indignación: “Me resul-ta inexplicable lo que está ocurriendo” (C 21/8).

Por su parte, lo que parecía para muchos casi un hecho consumado –la reunificación de la UCR– se ensuciaba hacia fin de mes, ante la noticia de que el 9 y 10 de octu-bre se reunirían Mario Negri, Ernesto Sanz y Ricardo Al-fonsín para lanzar el movimiento Renovación Federal, línea interna que le disputaría al cobismo la conducción de la UCR. “Es preocupante porque vuelve el modelo del viejo ra-dicalismo, de líneas y peleas internas y no de cara a la sociedad”, se enojaba Mario Meoni, dirigente cercano a Cobos, y se desbocaba: “Claramente la intención es armar una runfla para disputar la conducción”. Y cerraba el “culebrón” el propio Cobos, con una amenaza a todos los que lo ven como el candidato opositor mejor posicionado para 2001: “Si el próximo titular de la UCR no es una persona de mi confianza, vayan buscándose otro candidato a presidente” (P12 30/8).

Así, por el lado radical, la oposición quedaba enredada en su propia lucha facciosa, dándole razones al enojo de Mariano Grondona ya analizado.

“Des-Unión Pro” y otros avatares del justicialismo Dentro del tan triunfante como tambalenate espacio Unión Pro –que aglutinan los justicialistas Francisco de Narváez, Felipe Solá y el ex presidente de Boca Juniors y actual jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri–, las co-sas no se presentaron mucho más armónicas.

Las internas se reanudaron a comienzos de mes, cuan-do De Narváez y Macri acordaron lanzar, en un acto, el

proyecto “Macri Presidente”, guardando para el sector de Solá un lugar casi de espectador. Conocidas las aspi-raciones de este último por disputar la presidencia en 2011, la movida fue leída como una provocación. “Eso se llama ruptura”, le dijo a De Narváez (C 9/8). Finalmente acordaron que iría con una postura peronista. Pero la tensión continuaba latente.

Finalmente, el 10 de agosto se realizaba el acto con la consigna “Mauricio presidente, Francisco gobernador”, pero con una presencia enérgica de Solá, quien afirmó allí que Unión Pro buscará “el poder en 2011”. Al tiempo que ma-nifestó el propósito de “enterrar cualquier pelea personal con tal de no traicionar a los que nos votaron”. En el mismo acto, De Narváez intentaba bajar el tono de la interna: “Tene-mos dos candidatos a presidente, Felipe Solá y Mauricio Macri, y los acompaño, pero no es tiempo de hablar de candidaturas sino de construir liderazgos” (P12 y CR 11/8).

Para seguir calentando la interna, el diputado Jorge Sarghini –integrante de la corriente Rumbo Peronista, que encabeza el secretario general de las 62 Organizacio-nes Peronistas Jerónimo “Momo” Venegas– planteó que “el peronismo no tiene que ser la pata de proyectos de terceros” (P12 14/8), en clara oposición a que desde el peronismo se apoye a Mauricio Macri como candidato. Mientras tanto, el colombiano De Narváez realizaba una consulta a la Corte Suprema de Justicia para saber si, llegado el ca-so, podría aspirar a la presidencia de la Nación…

Pero sin duda, quien más preocupado está por definir un candidato opositor que surja del seno del PJ es el in-fatigable Eduardo Duhalde. En este sentido, se reunía junto a su esposa “Chiche” con el ex gobernador de En-tre Ríos, Jorge Busti. De ese encuentro, salió un comuni-cado en el que llamaban al PJ a ser “una alternativa creíble y esperanzadora para el 2011” (LN y CR 18/8).

El mismo día, en la misma página del mismo matutino, aparecía la noticia del lanzamiento de la escuela de for-mación de dirigentes políticos del Movimiento Producti-vo Argentino (MPA), que dirige el mismo Duhalde, y cu-yo cuerpo docente se compone de nombres tales como Eduardo Buzzi, Mario Llambías, José Ignacio de Mendi-guren, Jerónimo Venegas, monseñor Jorge Casaretto, Jorge Sarghini, Samuel Cabanchik, Orlando Ferreres, Jorge Todesca, Rogelio Frigerio (h), Rosendo Fraga y Claudio Lozano. “Es una escuela de productivismo”, la defi-nió el presidente del MPA, el ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires Carlos Brown; y añadió: “Ya estamos en el poskirchnerismo y me parece fantástico que los dirigentes que formamos cambien el estilo improvisado, sin norte y agresivo del kirchnerismo” (LN 18/8).

Por su parte, el mencionado “Momo” Venegas se su-maba a las voces que postulan un candidato para 2011 surgido del PJ, en este caso Felipe Solá. “Ya está trabajan-do para eso”, anunciaba. Y en referencia a Unión Pro, sos-tenía: “Esa alianza fue hasta el 28 de junio, y después de eso no-sotros tenemos que organizar el peronismo”. También apuntaba contra quienes postulan a Mauricio Macri como candida-to dentro del PJ: “No podría porque ni siquiera está afiliado” (LN 18/8). Al mismo tiempo, realizaba una apología de Eduardo Duhalde, afirmando que “tiene espaldas suficientes para ocupar cualquier lugar en el peronismo”, resaltando su


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compromiso para la reestructuración del partido en fun-ción de las presidenciales de 2011.

Y de tanto darle fuego a la olla pejotista, esta comenzó a desbordarse. Carlos Reutemann, a quien gran parte del PJ –y Duhalde particularmente– viene presionando para que lance su candidatura presidencial sorpendió a pro-pios y extraños con un comentario mordaz: “De cara a 2011, el mejor candidato que tiene el justicialismo es Eduardo Duhalde”. Y argumentaba: “Analizando cómo está el país y sabiendo cómo conoce el paño interno del PJ y que tiene mucha ex-periencia, en una situación interna que no se sabe cómo se va a re-solver, da la impresión de que Duhalde es el mejor candidato”. Y añadió: “Él me tira la pelota a mí”, en relación a los dichos del ex presidente, acerca de que “Lole” es el mejor posi-cionado para 2011 (LN, C, P12 y CR 19/8).

A esta movida se sumaba el presidente de la UCeDé, Jorge Pereyra de Olazábal: “La crisis que vive el país sólo puede ser conducida por un hombre de la experiencia y el conoci-miento de Eduardo Duhalde” (C 19/8).

Las palabras de Reutemann, que muchos minimizaron y otros interpretaron como una de las típicas ironías del ex piloto, no pueden dejar de traslucir la crisis profunda al interior del PJ –y de todo el arco opositor en general–, donde muchos quieren llegar al sillón de Rivadavia, pero a sabiendas también de que –con el grado de politización y polarización creciente en la base de la sociedad argenti-na– dicho sillón puede transformarse rápidamente en una silla eléctrica.

Rápida de reflejos, “Chiche” Duhalde respondía al día siguiente los dichos de “Lole”: “La verdad, nos descolocó un poquito a todos. (…) La gran preocupación de mi marido es cómo puede colaborar. Yo puedo coincidir que es una persona de gran experiencia. Pero en la Argentina tiene que haber mucha gente con capacidad para conducir. Estamos faltos de liderazgo” (LN 20/8).

Pero “Lole” no sólo tenía que atender las presiones por su candidatura. Esa misma semana, la senadora Roxana Latorre –hasta el momento aliada incondicional del ex piloto– firmaba “en disidencia total” el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el po-lémico proyecto que prorroga por un año la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, permitiendo de este modo que se tratase en el recinto senatorial. Frente a es-to, Reutemann resolvió expulsar a Latorre del bloque Santa Fe Federal, que tenía a ambos como únicos inte-grantes. “Es un golpe enorme. (…) Hace un año y medio veni-mos en una batalla campal y no le encuentro ninguna explicación razonable”, se lamentaba el senador. Por su parte, la sena-dora le ponía nombre de entidad a las causas de su ex-pulsión: “Tiene que ver con la posición de la Sociedad Rural de Santa Fe, que fueron a cuestionarle mi firma”. No obstante, decía seguir reconociendo “en Reutemann a mi jefe político y sigo pensando que es el mejor candidato presidencial para 2011” (LN 20/8). Al día siguiente, ampliaba: “A mí me llamó po-derosamente la atención que un sector de la Sociedad Rural de Ro-sario pusiera tanto énfasis en mi voto en comisión (…). Creo que hay un sector importante de la sociedad que está planteando que los Kirchner se vayan ya. Yo quiero que nos controlen cómo votamos, pero creo que hay que ser cuidadoso y no cruzar la raya” (LN 21/8). Desde las patronales del campo, efectivamente, se

tiraba con artillería pesada sobre la senadora: “La provin-cia de Santa Fe no se va a olvidar nunca de su traición”, sostuvo el dirigente de la Federación Agraria entrerriana Alfredo De Ángeli. Latorre, por su lado, respondía que no tenía que “rendir examen de lealtad”, e inistía: “Hay instituciones y sectores de la ciudadanía que están con una ansiedad muy grande queriendo la entrega anticipada del poder”(C 21/8), despren-diéndose abiertamente de la línea golpista que vienen construyendo diferentes sectores opositores, fundamen-talmente aquellos ligados a la propiedad de la tierra. Al día siguiente, la senadora denunciaba amenazas y su casa quedaba bajo custodia policial…

Pero allí no terminaba el “culebrón pejotista”. Días después, Latorre declaraba que Reutemann la había lla-mado para pedirle la renuncia: “Me dijo que la iba a pasar muy mal en la provincia si no renunciaba”. Y se defendía: “Yo no voy a renunciar. La única manera de que deje la banca es si me destituye el Senado. Si Reutemann quiere, que renuncie él”. Al mismo tiempo, señalaba que ella venía denunciando los movimientos golpistas de la oligarquía y que “Reute-mann me llamó y me dijo ‘dejate de declarar eso, que los Kirchner se vayan cuando se tengan que ir’ (…) Y yo, aunque fui y voy a seguir siendo opositora, no lo puedo dejar pasar. (…) Mirado con el diario del lunes, quizá no debería haber firmado nada, pero era una pelea que se había perdido antes. Concretamente cuando el campo, que se cree que es el gobierno, no juntó los votos necesarios, como sí pasó con la 125” (P12 24/8. Subrayado nuestro).

Quedaba así al descubierto la existencia de una ten-dencia dentro las patronales agropecuarias que plantea el derrocamiento forzado del gobierno de Cristina Fernán-dez. Lo que hay que resaltar es el hecho de que la denun-cia no provino de ninguna voz afín al gobierno, sino desde el seno mismo de la oposición.

Entonces, “Lole” disparó hacia el gobierno, a quien acusaba de estar detrás del “affair Latorre”, con una frase que seguramente será usada en las futuras escuelas de formación política: “Si lo hicieron para bajarme de una supues-ta candidatura me importa recontra tres pitos. Que la candidatura se la recontrametan en el medio del culo” (LN, C, CR 25/8).

Más tarde, aparecería un comunicado firmado por los diputados del bloque Santa Fe Federal Jorge Obeid, Wal-ter Agosto y Ariel Dalla Fontana, respaldando al senador en la disputa: “Reafirmamos nuestro reconocimiento a la conduc-ción de Carlos Reutemann y manifestamos nuestro apoyo incondi-cional tanto a su gestión como senador de la Nación como a su candidatura presidencial para el año 2011”, sostenían (CR 28/8).

Y todo parece indicar que en esta provincia de Santa Fe se juega y jugará gran parte de la política futura. Pues de allí provino a fin de mes otro movimiento inesperado de parte de una opositora. La diputada María del Carmen Alarcón, figura emblemática del grupo Pampa Sur, pala-dina de las patronales rurales en la disputa por las reten-ciones móviles el año pasado –quien había sido expulsa-da del bloque del Frente Para la Victoria por dicha conducta–, rompía filas aceptando un cargo en el Poder Ejecutivo Nacional, al frente de la Secretaría de Integra-ción Nacional, dependiente de la Jefatura de Gabinete que conduce Aníbal Fernández. Más allá de las funciones


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que formalmente cumplirá Alarcón en la Secretaría –articular desde el gobierno con los sectores rurales para la resolución de conflictos–, interesa nuevamente que otro referente de la oposición –tal como lo hizo Roxana Latorre– se aparte abiertamente de la línea golpista con la que coquetea gran parte del ruralismo. Así lo justificaba: “Para cualquier dirigente es muy riesgoso, lo que se puede perder es mucho, pero sigo confrontando o me paro desde otra posición y bus-co caminos para solucionar las cosas. No quiero profundizar más la polarización”, al tiempo que cuestionaba abiertamente el nuevo boicot comercial patronal declarado por la Mesa de Enlace, con un contundente “no estamos para siete días de paro” (LN 27/8).

Mientras, Felipe Solá sí se animaba a lanzar su candi-datura presidencial, en un acto con toda la mística pero-nista celebrado en Luján, en abierta oposición al otro candidato que tiene Unión Pro, Mauricio Macri, quien, al igual que De Narváez, no asistió al evento. “Es difícil que el peronismo acepte a Macri”, reflexionaba Solá. Y también disparaba explícitamente contra los sectores ruralistas que se adjudican la victoria del 28 de junio: “No vinimos para que Biolcati se golpee el pecho diciendo que ganó”. Al mismo tiempo, lanzaba una advertencia hacia el interior del PJ, planteando que “si nos obligan a tener otro partido, lo haremos, con otro nombre si es necesario, pero no vamos a aflojar” (CR 23/8). Desde el seno del Pro, no tardó en llegar la répli-ca. “El intento de encasillar a Mauricio en la derecha y lejos del peronismo refleja más que nada el temor que tiene el propio Felipe Solá por ver cómo se recicla de su paso por el kirchnerismo”, lanzó el peronista Pro Daniel Amoroso (P12 23/8). En fin, “Des-Unión Pro”, los llamaba el diario Crónica, en su su-plemento dominical Democracia, hacia fin de mes (CR 30/8)

Y para cerrar, un nuevo competidor se lanzaba, tam-bién desde el PJ, a la carrera hacia 2011: el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, con un acto en la localidad de Piedra del Águila, Neuquén, donde lo acompañaban el intendente local y el secretario general de la CGT local y ningún referente del PJ. Allí afirmó su intención de construir “poder desde abajo hacia arriba” y que no va a ser el “delfín político de nadie” (LN 29/8 y CR 30/8).

Como vemos, al igual que en el escenario radical, de-ntro del PJ la lucha facciosa tampoco permite observar ningún atisbo de la claridad y serenidad reclamadas por Mariano Grondona a la oposición. De esta manera, su consigna “A los opositores de todo signo habría que recordarles que su prioridad no es todavía ganar las elecciones presidenciales de 2011 sino, antes, ganarle a Kirchner. Sólo después les habrá llega-do el momento de competir entre ellos” parece caer en saco ro-to.

De las advertencias al cachetazo Tal clima de enfrentamiento y fragmentación a lo largo y a lo ancho de todo el espectro opositor –que luego de la derrota de Kirchner en las últimas elecciones parecía ini-ciar un camino de crecimiento infinito– provocaba una dura reacción de la oligarquía terrateniente, al ver la im-posibilidad de que alguno de los espacios opositores sea capaz de vertebrar un proyecto –encarnado en un candi-dato– que subordine a diferentes sectores sociales y polí-

ticos detrás de su interés de clase, consistente en conti-nuar acumulando capital mediante la renta de la tierra. Y en el mismo sentido, chorreaba la furia desde este sector, al ver a los principales referentes de la oposición dispa-rándose entre ellos, en lugar de poner en primer lugar la guerra contra el enemigo principal que es el kirchneris-mo.

Así lo expresaban los dueños de la tierra, a través de un editorial de La Nación, titulado “La fragmentación de la dirigencia”. Veamos: “La dirigencia argentina ostenta un patoló-gico estado de fragmentación. Este rasgo no se reduce al incesante internismo de la política. Se extiende por toda la sociedad civil, mi-nando la vida empresarial, sindical, social y cultural”. Para co-menzar, se trata a la sociedad argentina como una socie-dad “enferma de fragmentación”. Pero de inmediato se pasa a disparar directamente sobre el cuerpo de la oposi-ción: “En el terreno de la vida partidaria, las manifestaciones de este mal se multiplican, como lo demuestra el panorama que ofrece la oposición al Gobierno. Todos los convenios que se realizaron du-rante la campaña electoral parecen estar hoy rotos”. Desazón al ver roto lo que asomaba el 28 de junio. Este es el detalle: “Entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer estalló una rencilla, y entre la líder de la Coalición Cívica y el vicepresidente de la Na-ción, Julio Cobos, otra. (…) La cohesión con la que el Acuerdo Cívico y Social se ofreció al electorado en 16 distritos, el último 28 de junio, parece hoy un espejismo retrospectivo”. La principal es-peranza democrática de la oligarquía se desmoronaba. Por otro lado: “Entre la dirigencia peronista existe una disper-sión parecida. (…) Francisco de Narváez tuvo que hacer gestiones especiales para que Felipe Solá lo acompañara en un acto público. Y Solá medita si no será más conveniente abandonar el proyecto común en homenaje a una candidatura presidencial que compite con la de Mauricio Macri”. En el peronismo disidente tampoco entienden razones. “¿Qué diálogo puede reclamar del oficialis-mo una oposición cuyos dirigentes no dialogan ente ellos ni son ca-paces de construir una sólida agenda legislativa común?”, se sin-ceraba el editorialista, colocando a la oposición en un lugar casi ilegítimo a la hora de reclamar canales de diá-logo con el gobierno. Más adelante, continúa: “Hay otro fenómeno que es, a la vez, causa y consecuencia de esta fragmenta-ción: el egocentrismo. La escasa capacidad para el acuerdo ha mi-nado a las instituciones de la sociedad política y civil. La atrofia de nuestro sistema de partidos dejó a la vida pública en manos de grandes protagonistas individuales, que se mueven sin más órbita que la que fijan sus propios diagnósticos o ensueños, obedecidos por seguidores que no tienen más estructuración que la de un cardu-men”. El reclamo, casi con desesperación, es hacia los partidos políticos, para que vuelvan a actuar como malla de contención de los reclamos populares. En el mismo sentido: “Cualquier intento de coordinación se frustra por motivos cada vez más superficiales y anecdóticos. El mapa más perfecto pa-ra contemplar estas divisiones es el Congreso, que se ha convertido en un mosaico de minorías” (LN 19/8). Las quejas oligárqui-cas se trasladan ahora al Congreso, donde aquella tiene puestas todas las fichas para cuando asuman los nuevos representantes en diciembre, como modo de advertencia a los futuros y presentes legisladores. En síntesis, la opo-sición política recibía, de este modo, un cachetazo de parte del sector terrateniente, para que no se desgaste en


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luchas intestinas y juegue todo a la pelea contra Kirch-ner.

En el mismo sentido, se expresaba el titular de la Fede-ración Agraria Eduardo Buzzi en una entrevista: “Hay una oposición que está en un proceso de debate y de reacomoda-miento, donde queda marcada la ausencia de liderazgos que agluti-nen, que ordenen. La oposición tiene que plantearse una forma de revisión de sus conductas” (LN 23/8). Y finalmente, los ca-chetazos llegaban de parte del titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, en un almuerzo empresarial con el vicepresidente y precandidato opositor Julio Co-bos. Allí, se despachaba contundente: “Nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Pero si ustedes, como oposición, no se organi-zan, estamos perdidos” (LN 27/8).

Señor montonero Gobierno, renuncie... En tanto, desde diversos sectores comenzaba a rondar la idea de que, pasadas las elecciones, los cambios deberían comenzar ya, independientemente de que el mandato le-gítimo de los actuales legisladores vence en diciembre y el de la presidenta en 2011. Así, un coro de voces clama-ba por apurar el cambio de rumbo de las políticas guber-namentales, hoy, aquí y ahora.

Uno de ellos fue el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Felipe Cavallo, quien afirmaba que “Cristina Kirchner debe continuar siendo jefe de Estado hasta el 10 de diciembre de 2011, pero es im-prescindible que se constituya un nuevo Gobierno. Debe identificar algún dirigente político en condiciones de conseguir las mayorías necesarias en ambas cámaras del Congreso Nacional y encomendarle esa misión. Debe darle completa libertad para elegir y designar a todos los ministros y demás funcionarios ejecutivos, salvo aquellos secretarios que depen-dan directamente de la Presidencia”. Clarito, el nuevo gobier-no –“la transición”– debe comenzar ya. Además, el re-contra ex ministro tiene el nombre de la persona que se encargaría de esta ardua tarea: “En mi opinión, el mejor can-didato para jugar ese rol es Duhalde, quien no puede escaparle al bulto porque es el principal responsable” (CR 2/8. Resaltado nuestro), sumando más presiones sobre el ex Presidente y cargándole la responsabilidad de haber colocado a los Kirchner en el gobierno.

Y hablando de Duhalde… Él mismo volvía a aparecer para intentar marcar la agenda de este “nuevo gobierno”, afirmando, por un lado, que “el Gobierno tiene fecha de ven-cimiento, como las botellas de leche… Tiene una fecha de venci-miento, que es diciembre de 2011”. Y advertía, en tono de amenaza: “Espero que no pase como con algunos productos que se echan a perder antes; tenemos que trabajar para que este gobierno concluya, para que vaya entendiendo el mensaje”.

Viniendo de un experimentado cacique del conurbano bonaerense, es claro el clima desestabilizador que se in-tenta construir. Luego, pasa revista de los contenidos hacia donde es necesario “rumbear” la política: “Fíjese qué pide la AEA a la Presidenta: son 10 puntos que implican vivir en un país normal, donde el empresario, primero, sea rodeado de pres-tigio social. Acá parece que a los grandes empresarios hay que des-confiarles, cuando, en realidad, tenemos que lograr tener muchos más grandes empresarios que superen la frontera del país (…). Hay que terminar con esto de llevarnos mal con el sector de la pro-

ducción. Existe una economía financiera, especulativa, rentística, usurera, que le hizo un daño enorme a la Argentina. Y hay un so-lo camino para recuperarnos: se llama producción. Y, desgraciada-mente, el Gobierno no entiende nada de eso” (LN 9/8).

Frente a este complicado escenario, reaparecía en la arena política el diputado electo Néstor Kirchner. En un acto en Quilmes, y acompañado del gobernador Daniel Scioli, llamaba a profundizar el camino comenzado en 2003: “Vamos a tener que demostrar ahora, como lo hicimos en 2001, que podemos superar la crisis institucional. Somos capaces de dar los desafíos que requiere el modelo. Voy a asumir como di-putado nacional y esa será una nueva experiencia en mi vida. Aprenderé con humildad y defenderé esta transformación y la con-vivencia. Existen sectores de poder que a veces presionan para ob-tener cosas. Pero la política debe ir resolviendo las cuestiones de este país”. Y culminaba, apuntando a la batalla de ideas y a la construcción de sentidos que se libra actualmente dentro de las fuerzas peronistas: “Sabemos que existen dos modelos, uno de exclusión y concentración y el de los que aspiramos a que la Argentina se reconstruya con inclusión. Sepan que el peronismo as-pira a construir un país inclusivo para todos” (CR 7/8).

Una semana después, la UCR –como mencionamos arriba– rompía el diálogo con el ejecutivo, despachándo-se con un documento que calificaba el mismo como “maniobra perversa que buscaba legitimar la hegemonía K” (LN 14/8). Y Kirchner contestaba, reafirmando el rumbo del gobierno: “El diálogo no significa ni conceder ni ponerse de rodi-llas”. Y luego, denunciaba abiertamente el clima golpista generado por diversos sectores: “Algunos tratan de generar permanentemente políticas de inestabilidad para impedir que el Gobierno siga avanzando y profundizando el modelo. (…) Pon-drán trabas, pero la decisión de llevar adelante el modelo es absolu-tamente definitiva. (…) Vamos a seguir caminando las calles para construir el proyecto nacional y popular que merecemos” (LN 14/8).

Con esta tensa atmósfera política, saldría a escena una larga batería de voces, que colocaban el tema de la “radi-calización kirchnerista” en el centro de su argumenta-ción, como modo de construir consenso alrededor de una idea, que va tomando cada vez más cuerpo: “Los Kirchner se tienen que ir ya”. Pasen y vean…

Ricardo Kirschbaum, Editor General del diario Clarín: “El Poder Ejecutivo demostró que está dispuesto a conservar hasta donde pueda el control de la política, evitando mostrar que está cediendo. (…) Las cosas ahora han cambia-do. Y mucho. Sin embargo, persiste una inercia invencible de conducción que se resiste a la nueva realidad y que mantiene invariable una forma cerrada de hacer política” (C 5/8). El razonamiento es simple. La realidad cambió, la gente votó en contra de este Gobierno, pero este no escu-cha. Entonces hay que echarlo de prepo.

Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación: “El Gobierno se abroquela alrededor de sus malas políticas y de sus peores formas. (…) ‘Che Viviani, ¿cuánto nos durará Cobos a nosotros?’ Esa frase, casi golpista, pertenece a un diálogo temerario y amenazante entre Hugo Moyano, líder de la CGT, y el dirigente de los taxistas Jorge Viviani. (…) Las formas de Moyano son, a todas luces, incompatibles con la democracia. Su principal so-cio político, Kirchner, debe demostrar que en la adversidad él


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sigue siendo compatible con el sistema político, el mismo que una inmensa mayoría de los argentinos eligió para vivir su vi-da de contrastes inmemoriales” (LN 9/8). Dos cosas. La primera, continuar disparando sobre el movimiento obrero organizado, convertido ya en el principal sos-tén político del modelo que lleva adelante el Gobier-no Nacional. La segunda, con acento hondureño, justificar la necesidad de dar un Golpe de Estado mostrando que en realidad el golpista es el propio Gobierno, porque viola las normas de convivencia democrática.

Joaquín Morales Solá (bis), golpista: “La radicaliza-ción sale de los parajes de Néstor Kirchner, que Cristina com-parte. Ningúna concesión a nadie. Esa es la orden. Ningún argumento en contra es escuchado. (…) ¿Para qué tanta radi-calización y tanta intransigencia? ¿Quiere Kirchner encontrar los argumentos para dar por terminada la experiencia de su esposa en el Gobierno?” (LN 12/8). Podríamos reescri-bir la pregunta retórica lanzada desde el corazón de la oligarquía: “Cambien de rumbo. No nos obliguen a tener que voltear al Gobierno a través de la violen-cia. Podemos hacerlo como lo hicimos tantas veces en la historia del país”.

Lilita Carrió, vecina de Barrio Norte: “[El Gobier-no] no cambia de posición frente a la derrota electoral, sino que la radicaliza, en contra del campo, de los sectores medios, etcétera. (…) Necesitaba oxígeno para radicalizarse” (C 13/8). Nuevamente, no escuchan a las urnas, por lo tanto…

Felipe Solá, bonaerense: “Quieren resistir. No hay un modelo, sino las aspiraciones de Kirchner para el futuro”. Y se refirió a la nueva estrategia oficialista: “La llaman cronoterapia y consiste en dejar que el tiempo haga olvidar a los argentinos del sopapo que le dimos a Kirchner” (LN 15/8).

Editorial del diario La Nación, Tribuna de Doctri-na, titulado “Volver a la Constitución”: “El ejecutivo ha asumido un rol hegemónico que le ha permitido concentrar en sus manos un número importantísimo de facultades en materia económica, en detrimento tanto del Legislativo como de la competencia de las provincias y en clara oposición a la forma representativa, republicana y federal adoptada por la ley fun-damental de la Nación”. Uno. Este gobierno ha caído en la inconstitucionalidad al corroer la división de poderes, por lo tanto, es ilegítimo. Sigamos: “La pri-mera década del siglo XXI en la Argentina quedará marcada por un palmario proceso de desconocimiento sistemático del or-den constitucional, en particular en lo que concierne a la au-téntica división de poderes en la democracia republicana hecha ley en 1853/60. Nunca en la década transcurrida, como en las elecciones de junio último, hubo un pronunciamiento popu-lar más rotundo de oposición a este estado de cosas”. Dos. Frente a este atropello, la gente ya decidió con su vo-to que esto no va más, ¿qué esperan entonces los Kirchner para irse del Gobierno? Entonces: “Los di-putados y senadores de la Nación mal podrían desconocer los nuevos vientos que soplan en la República. La cuestión de las retenciones podría servir, pues, por la inmensa repercusión con la cual aún se prolonga en la sociedad, como el caso testigo de enmienda de un comportamiento político que no podría haber

conducido, como lo ha hecho, a peores destinos”. Tres. Como los K no dan el brazo a torcer, son testarudos, nos queda el Congreso, allí está la responsabilidad, aquí y ahora, sin esperar al recambio de representantes ni a las elecciones presidenciales, de modificar el rumbo de la política, como ya ha quedado grabado en la heroica batalla por las retenciones móviles. Eso es lo que se espera de ellos: “Ojalá que esta vez las esperanzas que han empezado a asomar no se vean frustradas por la tor-peza de nuestra dirigencia. Es preciso que, de una vez por to-das, entendamos que si no nos ajustamos al gobierno de la ley, será imposible que podamos superar nuestra creciente decaden-cia”. Cuatro. La oposición tiene que ponerse los pan-talones largos en esta cruzada constitucional, repu-blicana y anti-decadencia. Para terminar: “Como se ve, es mucho y de notable significación institucional el trabajo que el Congreso de la Nación tiene por delante. Convendrá al interés general de los argentinos que lo encare ya mismo con decisión” (LN 16/8). Cinco. Con suspiros hondureños, hay que preparar el terreno para que el Congreso se haga cargo del Gobierno y le dé forma constitucional al eventual Golpe de Estado que nos veremos obliga-dos a perpetrar en defensa de la democracia.

Julio Blanck, editorialista del Grupo Clarín: “Ganar tiempo, para los Kirchner, es evitar la asfixia política que coloque la última palabra sobre sus decisiones en manos de otros. Eso podrá suceder en diciembre, cuando la composi-ción del Congreso refleje la extensión y profundidad de su de-rrota en junio. Hasta entonces, seguirán ejerciendo en todo lo que puedan un poder que sigue siendo legal aunque su legi-timidad haya sido jaqueada hasta la médula por el vo-to popular” (C 21/8. Resaltados del autor). Este go-bierno es aún legal, pero ya no es legítimo. Por eso se dedica a producir maniobras dilatorias, tales como el llamado a un diálogo de juguete, para distraer a la opinión pública y recuperar fuerzas tras bastidores. Por consiguiente, nada debemos aceptar los ciuda-danos de bien de todo lo que haga el Goberno de acá hasta que asuma el nuevo Congreso.

Esbozos de salto a lo político Uno de los temas que venimos señalando en las páginas de los últimos Análisis… es el protagonismo cada vez más visible que comienza a tener el movimiento obrero organizado en el juego de la política nacional. Empujado por una crisis económica y política que llega hasta el se-no de las organizaciones sindicales, ante las dificultades crecientes para dar respuesta desde las estrategias por largo tiempo dominantes en el movimiento sindical, y en el marco de una polarización y politización crecientes en el conjunto de la sociedad, un sector de la clase obrera organizada comienza a dar algunos pasos en el camino de pasar del reclamo sectorial por vender su fuerza de trabajo en mejores condiciones a la discusión y la pelea por qué modelo de país necesitan los trabajadores.

Un hito en ese camino fue sin duda la movilización del 30 de abril en la 9 de Julio, en defensa del modelo que lleva adelante el Gobierno nacional (ver Análisis… Nº 107). Este mismo camino es el que halló contradicciones al interior mismo del movimiento obrero durante el pa-


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sado mes de julio, quedando la principal central sindical, la CGT, al borde de la ruptura por el enfrentamiento po-lítico entre el sector de los gremios que apoyan la con-ducción de Hugo Moyano –principalmente el núcleo de lo que fuera el Movimiento de Trabajadores Argentino (MTA)– y aquellos que se oponen a la misma, y que fue-ron la “pata sindical” que avaló las políticas neoliberales de los ’90.

Durante el pasado mes, se manifestó nuevamente esta tensión entre lo gremial y lo político en el movimiento obre-ro, con los primeros pasos de la “corriente de opinión político-sindical” para salir a disputar políticamente en la sociedad desde la clase trabajadora.

A comienzos de mes, señalaba este terreno de disputa el mismísimo Eduardo Duhalde, tomando abierta posi-ción por uno de los bandos en pugna. En un reportaje ya citado, decía, a propósito de la conducción moyanista: “No me gusta cómo se está manejando. La CGT es de todos los trabajadores. Esta costumbre de tener a la CGT como apéndice del justicialismo no es buena”. Y cerraba: “Siempre hubo gente de otros partidos incorporada. El peronismo tiene las 62 Or-ganizaciones para hacer política” (LN 9/8. Resaltado nuestro).

Bajo el argumento del pluralismo sindical, de darles lu-gar a todas las tendencias dentro de la central sindical, se oculta en realidad el intento de mantener a raya al movi-miento obrero. Que no se pase de rosca y que se man-tenga en los reclamos por mejoras salariales y por condi-ciones de trabajo en cada rama particular. Tenemos un ejemplo claro del miedo que genera a un referente de los intereses de un sector empresario la idea de la clase obre-ra discutiendo y actuando más allá de los marcos sindica-les. El problema de fondo no es una CGT “como apéndice del justicialismo”. El problema es una CGT jugando en política.

Con esta discusión de fondo, la CGT intervendría en el conflicto por los aumentos de luz y gas recibidos. No obstante –a diferencia de lo que hicieron otros sectores políticos y gran parte de la prensa– los dardos no se dis-paraban contra el Gobierno, sino contra las empresas que realizaban los aumentos. Así, en el comunicado emi-tido por la CGT al respecto, se sostiene que en caso de haber habido una facturación indebida, “sería de extrema gravedad porque implicaría, no un mero error, sino una clara ma-niobra política para provocar descontento social y crear un clima de desestabilización alentado desde determinados círculos de poder eco-nómico que añoran el regreso a las políticas neoliberales” (C 21/8). El documento hace mención explícita a los mode-los de país que se enfrentan cada vez con mayor grado de profundidad y de qué lado juega la central sindical, al tiempo que denuncia las actitudes golpistas de las empre-sas de servicios públicos privatizadas.

Días después, se anunciaba que aquellos gremios de la CGT que conformaran en su momento el MTA, junto con la Confederación de Trabajadores del Transporte, se reunirían para formar “una corriente de opinión político-sindical” (C 18/8). Al mismo tiempo, seguía sonando –como venía haciéndolo desde hace algún tiempo– la fi-gura de Moyano como candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Allí se reunían el 19 de agos-

to en la Unión de Sindicatos de la Industra Maderera (Usimra) más de 50 gremios y convocaban a un encuen-tro en Mar del Palta para el 18 de septiembre, para lanzar oficialmente “la corriente”, que se menciona como una corriente que jugará en la interna del peronismo. Luego de la reunión, Moyano salía al encuentro de los rumores sobre su potencial candidatura, cambiando el eje de la discusión: “Lo importante es lo que piensen los trabajadores. Yo por ahora no soy candidato a nada” (CR 20/8), planteando que lo que hay que discutir son modelos, rumbos a se-guir en la política, y no candidaturas.

Desde la vereda de enfrente de la central sindical, salía al cruce de estos planteos políticos el titular del gremio de la alimentación y ex titular de la CGT, Héctor Daer: “No tenemos el mesianismo de pretender un Partido Laborista que lleve a un candidato del movimiento obrero, sino que el sindicalismo tenga un rol protagónico” (LN 29/8). El hablar de un “rol protagónico del sindicalismo” es significativo. En el mismo sentido que Duhalde, señala Daer su oposición rotunda a cualquier esbozo de salto a la arena de la lucha política por parte de los trabajadores organizados.

En esta tensión cada vez más creciente entre la lucha gremial-corporativa –posición dominante tanto al interior de las dos CGT como de la CTA– y estos esbozos de salto a la lucha política, tensión contradictoria entre pararse y mirar el país desde lo particular o hacerlo desde lo gene-ral –esto es, tendencialmente, desde el conjunto de la cla-se trabajadora–, se halla compenetrado el movimiento obrero por estos días.

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