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Ejecuciones extrajudiciales. Boletín n.° 9.
EEJECUCIONESJECUCIONES E EXTRAJUDICIALESXTRAJUDICIALES1 ENEN C COLOMBIAOLOMBIA
1° de enero a 31 de marzo de 2010
Mesa de trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales: Observatorio de derechos Humanos y dih de la CCEEU, Corporación Jurídica Libertad, Cajar, CCJ, Cospacc, Humanidad Vigente, Minga, Banco de Datos del Cinep, Comité de Derechos Humanos del Bajo Ariari, Sembrar, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Reiniciar, Paz con Dignidad Colombia, Redher, Corporación Yira Castro, Justapaz, Comisión Interclesial de Justicia y Paz, Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”, Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. Acompañante: Peace Brigades International.
Dirección de contacto: Observatorio de derechos humanos
y derecho humanitario de la Coordinación ColombiaEuropaEstados Unidos
Bogotá (Colombia): avenida carrera 24 (Parkway) n.° 37 54 Teléfonos: 2887187 2883875 2881132.
Email: [email protected]ágina web: www.ddhhcolombia.org.co
1 De acuerdo con la definición extendida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las ejecuciones extrajudiciales, es la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de agentes estatales; “una forma de pena sin proceso o pena extralegal, aplicado al margen de un proceso legal y en contravención al principio de legalidad”, “que establece que "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”
I. PANORAMA
General
Estados Unidos dice que “falsos positivos” sigue siendo un problema especialmente grave. El 11 de marzo de 2010, El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en el que advierte que el problema de “falsos positivos” en Colombia sigue siendo extremadamente grave. Aunque el reporte aclara que no se trata de una "política oficial del Gobierno" colombiano, advierte que es muy duro el anotar cierta planificación en este tipo de asesinatos.
Dice que, aunque en menor grado, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Colombia siguieron siendo un problema en el país durante el 2009 y que "...el número de casos, las zonas geográficas, y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que estos asesinatos fueron cometidos de una manera sistemática por parte de elementos significativos dentro de los militares".
Según el Departamento de Estado, hubo una reducción en los casos de los llamados 'falsos positivos' con relación al 2008, pero luego cita un informe de la ONU en el que se documentan varias de estas muertes en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, y Vichada.
De acuerdo al informe, durante el año se registró igualmente colaboración de miembros de las fuerzas armadas con grupos paramilitares y bandas emergentes, en violación a las órdenes del gobierno. Esta colaboración, sostiene, pudo haber propiciado ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, se pudo haber traducido en participación directa2.
Los “falsos positivos”, no son cosa del pasado. El 18
2 'Falsos positivos son un problema extremadamente serio en Colombia', dice informe de DD.HH. de E.U., El Tiempo.com, 12 de marzo de 2010. http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/informe-de-derechos-humanos-de-estados-unidos-colombia_7391887-1
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de marzo de 2010, en un comunicado público, el Centro de Investigación de Educación Popular Programa por la paz (Cinep/PPP), tras las declaraciones del candidato presidencial Juan Manuel Santos que dicen: “sobre el tema de los falsos positivos puedo asegurar que ya se acabaron. Los acabé yo con el apoyo del presidente Uribe y del Comandante General de las Fuerzas Militares. Desde octubre de 2008 no ha vuelto a haber un solo falso positivo. Hasta el Cinep ha dicho que lo que se hizo fue suficiente. Lo que hay que hacer ahora es llevar a juicio a los culpables y liberar a los inocentes”, afirmó:
El Cinep/PPP reitera, como bien anunció a través del informe especial “De los falsos positivos a la Intolerancia Social y las Amenazas colectivas en octubre del año pasado”, que ciertamente hubo una disminución importante en los casos de ‘falsos positivos’ que se han presentado en el país a partir de noviembre de 2008. Las acciones ejecutadas por el Ministerio de Defensa en contra de las ejecuciones extrajudiciales contribuyeron positivamente a esta disminución del fenómeno, pero no fueron las únicas. También fueron fundamentales la apropiación del tema por parte de sectores sociales y políticos, la visibilidad adquirida en la agenda mediática, la preocupación manifiesta por parte de diferentes ONG, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comunidad Internacional, así como las investigaciones de los casos denunciados por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.
Adicionalmente, el CINEP/PPP ha accedido a información que le permite afirmar que se dieron nueve casos de falsos positivos desde noviembre de 2008 hasta diciembre 31 de 2009 (de los cuales 7 son ejecuciones extrajudiciales y 2 son detenciones arbitrarias), lo que contradice la afirmación del candidato presidencial de que “no ha vuelto a haber uno solo”3.
3 Cinep/PPP, “Falsos positivos no han desaparecido”, Bogotá, 18
Justicia
Capturados militares por asesinato de una persona en La Guajira. El 15 de enero de 2010, en Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de dos suboficiales y dos soldados por su presunta responsabilidad en el homicidio de Rafael Arcángel Cabarcas, el 8 de marzo de 2007, en el corregimiento Los Pondones, municipio de San Juan del Cesar (Guajira), a quien presentaron como guerrillero muerto en combate.
Adelantado el proceso se estableció que no hubo enfrentamiento armado y que la víctima no pertenecía a ningún grupo insurgente4.
Capturado militar implicado en asesinato de joven habitante de la calle. El 15 de enero de 2010, en Medellín (Antioquia), capturaron a un soldado profesional, orgánico del batallón Juan del Corral de la Cuarta Brigada del Ejército nacional, acusado del asesinato de José Jhodier Castaño Escalante (19 años de edad), el 16 de febrero de 2008 en la vereda San José, en Cocorná (Antioquia). Según el informe militar el hoy occiso hacia parte de un grupo ilegal armado. La familia de la víctima declaró a la Fiscalía que el joven fue reportado como desaparecido meses antes de su muerte.
Los investigadores establecieron que el supuesto combatiente era en realidad un habitante de la calle5.
Condenado reclutador de Tolu Viejo. El 18 de enero de 2010, un Juez Especializado de Sincelejo condenó a 38 meses de prisión a Andrés Rafael Corrales Narváez, alias ‘El Gringo’, como responsable del delito de concierto para delinquir agravado.Corrales Narváez fue procesado por reclutar jóvenes
de marzo de 2010. 4 Fiscalía General de la Nación, Suboficiales y soldado asegurados por homicidio agravado, Barranquilla, 15 de enero de 2010. 5 Fiscalía General de la Nación, Aseguran a soldado por homicidio de habitante de la calle, Medellín, 15 de enero de 2010.
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en el municipio de Tolú Viejo (Sucre) para supuestos trabajos en fincas de los departamentos de Córdoba y Sucre, que luego aparecieron en diferentes poblaciones, como guerrilleros abatidos por el Ejército, en supuestos combates.
El fiscal del caso, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, estableció que entre julio y agosto de 2007 fueron reclutados y asesinados en la región un total de diez jóvenes, mientras que otro más permanece desaparecido, en hechos en los que participó Corrales Narváez6.
A juicio militares implicados en la muerte de Edwin Legarda. El 25 de enero de 2010, en Popayán (Cauca), se llevó a cabo el juicio oral en contra de siete miembros del Batallón José Hilario López, por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado del indígena José Edwin Legarda Vásquez, asesinado el 16 de de diciembre de 2008, cuando se desplazaban en un vehículo por la vía que de Inzá conduce a Popayán.
Los hoy procesados fueron aprehendidos el primero de mayo de 2009, luego de que un Juez de Control de Garantía de Totoró (Cauca) emitiera las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía7.
Capturados militares por asesinato de un desmovilizado de las AUC. El 29 de enero de 2010, en Medellín fueron capturados un suboficial retirado del Ejército y cuatro soldados profesionales activos por el homicidio de Juan Carlos Santos Ortega, desmovilizado del Bloque La Mojana de las autodefensas, el 3 de noviembre de 2007.
El fiscal del caso, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, estableció que la víctima fue contactada en Sincelejo para trabajar en una finca ganadera de la zona. Sin embargo, luego de acudir al lugar, desapareció y, días después, su cuerpo fue
6 Fiscalía General de la Nación, Condenado reclutador, Sincelejo, 18 de enero de 2010. 7 Fiscalía General de la Nación, A juicio militares por muerte de indígena, Popayán, 25 de enero de 2010.
presentado por el Ejército como abatido en un enfrentamiento en zona rural del municipio de San Benito Abad (Sucre)8.
Capturados militares por el asesinato de campesino en 1999. El 26 de febrero de 2010, en Medellín (Antioquia), un cabo primero y un soldado profesional fueron acusados por la Fiscalía, por su presunta responsabilidad en el homicidio del campesino José Abelardo Dávila Betancur, el 10 de marzo de 1999, en la vereda La Quiebra del municipio de Sonsón (Antioquia). La víctima fue reportada como dada de baja en combate entre las Farc y el Ejército.
Uno de los integrantes de la patrulla del Batallón Granaderos de la Cuarta Brigada declaró a la Fiscalía, que uno de sus superiores le ordenó entregarle uno de sus camuflados, para vestir al occiso y hacerlo pasar como guerrillero9.
El 25 de febrero de 2010, en Bogotá, la Fiscalía demostró ante el Juzgado 21 Penal del Circuito de Medellín la responsabilidad de nueve militares en el homicidio agravado de Diego Alfonso Ortíz Muñoz el 4 de junio de 2005 en el barrio La Sierra de Medellín (Antioquia), donde tropas de la IV Brigada del Ejército reportaron que una operación de registro y control respondieron a los disparos hechos, supuestamente, por cuatro hombres que iban ser requisados por los militares.
Durante la investigación el fiscal a cargo del proceso recaudó pruebas testimoniales y técnicas, como la de absorción atómica y la de balística, que desvirtuaron la versión entregada por los hoy sentenciados10.
Comandante del Ejército acusado de asesinar a dos personas en Córdoba. El 1° de marzo de 2010, la Fiscalía imputó a un ex comandante del grupo antisecuestro de élite (Gaula) del Ejército como 8 Fiscalía General de la Nación, Capturados militares por homicidio de desmovilizado, Bogotá, 29 de enero de 2010. 9 Fiscalía General de la Nación, Por crimen de campesino a juicio militares, Medellin, 26 de febrero de 2010. 10 Fiscalía General de la Nación, Condenados militares por homicidio agravado de joven, Bogotá. 25 de julio de 2010.
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presunto responsable del homicidio de Fabio Enrique Taborda Ávila y otra persona sin identificar, el 12 de marzo de 2007 en la hacienda San Antonio, entre los municipios cordobeses de Cereté y San Pelayo (Córdoba) a quienes reportaron como delincuentes muertos en combate.
La investigación ha establecido que no hubo enfrentamiento armado y que el fusil "hechizo" incautado a los presuntos delincuentes estaba inservible11.
Capturado Sargento del Ejército nacional por ejecución extrajudicial. El 29 de marzo de 2010, en Barranquilla (Atlántico), un Fiscal de derechos humanos y dih profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra un Sargento del Ejército implicado en el asesinato de Tatiana Patricia Arrieta Dueñas, el 26 de marzo de 2006 en el municipio El Molino (La Guajira). De acuerdo a la información, la víctima fue reportada como guerrillera muerta en combate con el batallón Rondón. En la investigación, el Fiscal estableció que no hubo combate y que la mujer no era insurgente12.
Impunidad
Militares libres por vencimiento de términos. Entre enero y marzo de 2010, cerca de 40 militares implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales quedaron en libertad por vencimiento de términos. A continuación una breve cronología de los hechos:
• El 7 de enero de 2010, el Juez cuarto de control de garantías de Soacha, concedió libertad a 17 militares, procesados por su
11 Ex comandante de Gaula del Ejército, imputado por doble homicidio, Agencia Efe. Bogotá, 1° de febrero de 2010. http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu29087-ex-comandante-de-gaula-del-ejercito-imputado-por-doble-homicidio.htm 12 Aseguran sargento por homicidio agravado, Diario La Libertad, Barranquilla, 31 de marzo de 2010.
presunta responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de tres jóvenes que fueron reportados como muertos en supuestos combates en Ocaña (Norte de Santander).
El funcionario judicial dijo durante una audiencia, que duró más de tres horas, que si bien los abogados de los tres suboficiales y 14 soldados profesionales, que estuvieron adscritos al Batallón Boyacá del Ejército, utilizaron maniobras dilatorias durante el proceso, pasados 99 días desde cuando la Fiscalía radicó el escrito de acusación, el Juez Especializado de Cundinamarca que llevaba el proceso, no comenzó la audiencia de juicio y de acuerdo con la ley, una persona puede quedar libre por vencimiento de términos si el juez de su caso no ha iniciado la etapa de juicio noventa días después de haberse radicado el escrito de acusación13.
• El 11 de enero de 2010, dos oficiales, un suboficial y tres soldados profesionales que fueron detenidos de manera preventiva, quedaron libres por vencimiento de términos. Pese a la gravedad del proceso, pasó el tiempo reglamentario para que los funcionarios judiciales ordenaran que siguieran presos14.
• El 2 de febrero de 2010, quedó en libertad un mayor involucrado en la desaparición y homicidio de Jonathan Soto Bermúdez y Julio Cesar Meza, ocurrido el 27 de enero de 2008 en Ocaña (Norte de Santander), otro de los casos de ejecuciones extrajudiciales de Soacha. Durante audiencia de apelación y por vencimiento de términos fue confirmada esta decisión15.
13 Por vencimiento de términos libres 17 militares involucrados en falsos positivos, Caracol Radio.com, Bogotá, 7 de enero de 2010. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=934778 14 Libres seis militares involucrados en ejecuciones de jóvenes de Soacha,
Revista Semana.com, Bogotá, 12 de enero de 2010. http://www.semana.com/noticias-justicia/libres-seis-militares-involucrados-ejecuciones-jovenes-soacha/133597.aspx 15 Por vencimiento de términos, en libertad otro militar involucrado en ‘falsos positivos’, Semana.com, Bogotá, 2 de febrero de 2010.
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• El 19 de marzo de 2010, un oficial, tres suboficiales y 11 soldados sindicados de dar muerte a Julián Oviedo y de presentarlo como muerte en combate en marzo de 2008 quedaron en libertad por vencimiento de términos. Los restos de Oviedo aparecieron en una fosa común en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander)16.
• El 24 de marzo de 2010, un Juez de control de garantías ordenó la libertad de un suboficial y nueve soldados pertenecientes a la Brigada Decimosexta, investigados por ser los autores del homicidio de un ganadero el 4 de octubre de 2009. La decisión se dio debido a que la Fiscalía no presentó pruebas contundentes para la acusación17.
Festejos y dádivas para militares implicados en ejecuciones extrajudiciales. El 25 de enero de 2010, los uniformados procesados por los 'falsos positivos' de Soacha, que quedaron libres por vencimiento de términos y que fueron confinados en la Escuela de Artillería, al sur de Bogotá, por orden del Ministerio de Defensa, fueron objeto de una jornada que incluyó orientación sicológica, payasos y almuerzo con lechona.
El encuentro, que fue programado por el Departamento de Derechos Humanos de las Fuerzas Militares, incluyó la presencia de las familias de los uniformados, algunas de las cuales fueron trasladadas desde diferentes zonas.
Los 46 hombres hacen parte del grupo de militares que recobró la libertad desde comienzos de este año y que, en tres tandas, fueron "confinados" por orden del Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas
16 Por vencimiento de términos, libres otros 15 militares, El Nuevo Siglo.com, Bogotá 20 de marzo de 2010. http://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/generales/818-por-vencimiento-de-terminos-libres-otros-15-militares-.html17 Por vencimiento de terminos libres 10 militares acusados de homicidio a ganadero en Casanare, Llanera.com, 25 de marzo de 2010.
Militares, hasta que se aclare su situación jurídica. El evento arrancó a las 8:00 de la mañana con una misa a la que asistieron dos generales de la institución y posteriormente hubo una conferencia a cargo de varios sicólogos18.
Cementerio clandestino en la Macarena. El 29 de enero de 2010, se conoció que en un paraje de la La Macarena (Meta), el Ejército de Colombia podría estar creando desde 2005 la mayor fosa común de América Latina. Según los propios residentes, en testimonios corroborados por organismos de derechos humanos, en un descampado entre la base militar y el aeropuerto, hay unos 2.000 cadáveres enterrados sin identificación. Los militares aseguran que todos ellos son “guerrilleros muertos en combate”. Pero en La Macarena creen que la fosa podría albergar a los cientos de desaparecidos que padece el municipio, ubicado en el corredor más caliente de la guerra contra las Fuerzas Armadas Unidas de Colombia (Farc).
El alcalde de La Macarena, Eliecer Vargas Moreno, estima que en la fosa común podría haber entre 1.500 y 2.000 cadáveres y denunció que su población “se convirtió en el sitio de la disposición de los muertos de la guerra”. El exceso de cadáveres por metro cuadrado está contaminando las aguas que abastecen a La Macarena, de acuerdo con denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo.
La Fiscalía colombiana ya fue informada de la existencia de la fosa común, pero realizará exhumaciones “entre el 9 y el 21 de marzo”, pasadas las elecciones legislativas. Mientras tanto, el Ejército insiste en que los cuerpos enterrados en La Macarena corresponden a guerrilleros muertos en combate. El general Javier Flórez, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, adscrita a la Fuerza Omega, sostuvo incluso que sus hombres “no hacen ningún
18 Payasos, aromaterapia y lechona para los 46 militares sindicados de 'falsos positivos', El Tiempo.com, Bogotá, 26 de enero de 2010. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/payasos-aromaterapia-y-lechona-para-los-46-militares-sindicados-de-falsos-positivos_7037447-1
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levantamiento” de cadáveres, sino que dejan esa tarea a la Policía Judicial (Dijin).
Sin embargo, la versión del Ejército no coincide con el relato del encargado de enterrar a los muertos en La Macarena: “llegan helicópteros militares con cadáveres que depositan en una casilla junto a la fosa. Dos o tres días después los cuerpos se pudren y él tiene que enterrarlos y colocarles un número”19.
Actos dilatorios que contribuyen a la impunidad. El 1° de febrero con ocasión de la venidera audiencia en contra de 10 militares implicados en la masacre de San José de Apartadó (Antioquia), se denunció una serie de actos dilatorios para entorpecer el proceso, entre los que se encuentran: la perdida de expedientes, el cambio de abogados, hostigamientos, prácticas difamatorias y amenazantes, estigmatizaciones y señalamientos contra la comunidad, sus acompañantes y los abogados de las víctimas; y la provocación de vencimiento de términos. Esta situación se repite una y otra vez en casos de ejecuciones extrajudiciales y parapolítica con lo cual se busca ganar tiempo en favor de los acusados y lograr su libertad. Esta situación se fortalece con la creación de una entidad llamada Defensoría Técnica Militar (Demil)20, que se encarga
19 Federico Rivas Molina, Tumbas NN en el corazón de Colombia, Critica de la Argentina.com, Argentina, 29 de noviembre de 2010. http://ddhhcolombia.org.co/node/400 20 De acuerdo a Lilian Ivonne Polania Orjuela. Coordinadora Imagen Justicia Penal Militar, “en relación con el proyecto de Defensoría Técnica Militar es importante destacar que está orientado a conformar un grupo interinstitucional de abogados especializados, para asumir la defensa de los miembros de la Fuerza Pública que actualmente se encuentran desprotegidos jurídicamente.Estos dos últimos pilares obedecen a que no se concibe un sistema acusatorio sin un cuerpo de investigación constituido por personal militar e integrantes del CTI, la DIJIN y la Fiscalía General de la Nación y sin una defensa técnica especializada que garantice el debido proceso y el respeto a los derechos de los sindicados.Sumado a los esfuerzos citados la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar ha implementado un plan integral de imagen institucional enfocado a la opinión pública y a los integrantes de las FF.MM y de Policía. Para ello se ha diseñado una cartilla y un CD interactivo denominado el “ABC de la Justicia Penal Militar”, con el objetivo de generar un acercamiento con los colombianos brindándoles una serie de conceptos básicos acerca de la legislación penal castrense.
de llevar la defensa de los casos cometidos por militares y cuyos mandos decisorios hacen parte de la cúpula del ejército que cumple otras funciones incluso sobre zonas en cuestión de los procesos21.
Entre algunas de las irregularidades para dilatar el proceso, encontramos22:
• De manera extraña el día 16 de diciembre de 2009, en el caso de la masacre de San José de Apartadó, los sujetos procesales fueron informados que desde el 5 de diciembre en Medellín (Antioquia) se habían recibido pruebas que implicaban a los militares pero no fueron entregadas para que hicieran parte del expediente. Esta situación desencadenó en una suspensión de la audiencia, disponiéndose la continuidad de la misma para los días 4 y 5 de febrero de 2010.
• En torno a los orígenes y articulación de DEMIL con los Manuales de Derecho Operacional, indicó Jean Carlo Mejía Azuero, en su calidad de Decano de la Universidad Militar Nueva Granada que: “Este tipo de derecho, viene haciendo una evolución bastante grande, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica y en las naciones aliadas. Colombia, y esto es un hecho notorio, es actualmente el principal aliado de USA en la región; de hecho, varios grupos de militares colombianos han obtenido cursos, seminarios y diplomados sobre derecho operacional, principalmente con la participación del Comando Sur del Ejército americano y a través de la escuela internacional de Derechos Humanos, DIH y justicia penal militar, adscrita a la dirección ejecutiva de la justicia castrense”. Esta idea del derecho operacional en Colombia, ha mostrado desarrollos
El producto de estas acciones, apoyadas por el Gobierno Nacional y el Comando Sur de Estados Unidos, es una nueva Justicia Penal Militar reformada, ágil, oportuna, eficaz y transparente. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=8044221 5 años de impunidad: masacre en comunidad de paz, dhcolombia.co, Bogotá, 1° de febrero de 2010. http://www.dhcolombia.info/spip.php?article85122 Corporación Jurídica Utopia, Inminente la libertad de 10 militares implicados en masacre de 8 personas en Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Medellín, 25 de enero de 2010.
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puntuales en la entronización de la figura del asesor jurídico operacional, el desarrollo de reglas de encuentro para el conflicto armado no internacional, la creación de la defensoría militar (DEMIL), incluso contando con un departamento de guerra jurídica23.
• En relación con la Defensoría Militar Integral (DEMIL), en el caso de la masacre de San José de Apartadó (Antioquia), los actores populares advirtieron al Consejo Superior de la Judicatura y a la Opinión Pública presuntas irregularidades:
El Inspector General del Ejército es a su vez miembro de la junta directiva de DEMIL
La casi totalidad de los miembros del Ejército Nacional que están siendo objeto de juzgamiento, cuentan con la defensa de integrantes de la Defensoría Militar Integral (Demil), la cual a pesar de ser una entidad de carácter privado, esta conformada por:
El Jefe del Estado Mayor Conjunto y Segundo Comandante del Ejército, quien se desempeña como Presidente24.
Inspector General del Ejército, quien se desempeña como Vocal25.
Jefe de Desarrollo Humano del Ejército, quien
23 MEJIA AZUERO Jean Carlo, Armas de precisión y el respeto al derecho operacional en Colombia. Tiradores escogidos. Garantía de cumplimiento del derecho internacional de los conflictos armados, 14 de febrero de 2008, disponible en: http://www.umng.edu.co/docs/revderecho/rev1de2008/ArmasPrecision.pdf Descargado el 19 de enero de 2010.24 Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Presidente de DEMIL es el GENERAL CARLOS OMARIO LEMUS PEDRAZA, quien en la actualidad se desempeña como Agregado Militar de la Embajada de Colombia en Chile.25 Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como Vocal, es el MAYOR GENERAL LUIS ALBERTO ARDILA SILVA, Jefe del Estado Mayor Conjunto y Segundo Comandante del Ejército Nacional.
se desempeña como Segundo Vocal26.
Jefe del Departamento de Personal del Ejército, quien se desempeña como Tercer Vocal27.
Director de Bienestar y Disciplina del Ejército, quien actúa como Tesorero”28.
Asesinado Juez de Penas de Soacha. El 1° de marzo de 2010, en en la calle 66 con décima en el sector de Chapinero en Bogotá, fue asesinado Hernando Patiño Riaño, Juez de Ejecución de Penas de Soacha. El crimen fue cometido por dos sicarios que les dispararon cuando salia de su vivienda. La Policía y la Fiscalía verifican los casos que adelantaba el juez para establecer si hay alguna relación entre los procesos y su asesinato29.
Amenazas contra madres de Soacha. El 27 de enero de 2010, se conoció que las madres de unos 20 jóvenes de Soacha, ejecutados extrajudicialmente tras ser reclutados bajo engaño, han recibido once amenazas durante la gestión judicial del caso.
El abogado Fernando Escobar, personero de Soacha, advirtió de que él y sus subalternos también han recibido en conjunto siete amenazas relacionadas con el "Caso Soacha", el más emblemático de los llamados en el país "falsos positivos", asesinato de civiles a
26 Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como Segundo Vocal el MAYOR GENERAL CARLOS
ORLANDO QUIROGA FERREIRA, Inspector General del Ejército.27 Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como Tercer Vocal el CORONEL ENRIQUE TORRES
ARIZA, quien se desempeñó como Comandante de la VI Brigada del Ejército Nacional y en la actualidad adelanta curso de ascenso para Brigadier General.28 Según el Certificado R027300124 expedido el 20 de enero de 2010 por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña como tesorero es el CORONEL OSCAR ORLANDO LOPEZ BARRETO, quien registra como último cargo el de Jefe de Acción Integral del Ejército.29 Sicarios asesinan a Juez de Soacha, Caracol Radio.com, Bogotá, 1° de marzo de 2010.
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manos de militares que los presentan como rebeldes muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.
El titular de la Personería de Soacha precisó que la más reciente amenaza data del pasado día 23 y es la primera en la que los destinatarios son tanto las madres de las víctimas como los funcionarios de esa dependencia municipal, así como los miembros de una organización no gubernamental (ONG) de la localidad que reúne a familiares de los jóvenes30.
Amenazas en contra de Bayron Góngora. El 12 de febrero de 2010, en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín (Antioquia) se conoció que un grupo armado ilegal, asentado en el sector fue contratado para atentar contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, quien ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictiva en la que pudieron haber incurrido los Generales: del Ejército Mario Montoya y de la Policía Leonardo Gallego, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos31.
Al respecto, los diputados del Congreso español que participaron en la Misión de verificación de la situación derechos humanos realizada en Colombia entre el 23 y el 30 de enero de 2010, manifestaron su preocupación y solidaridad con los integrantes de la Corporación Jurídica Libertad y llamaron a las “...autoridades colombianas a proteger adecuadamente a las personas que ejercen el fundamental derecho de la defensa de los Derechos 30 Madres de 'falsos positivos' han recibido once amenazas, Agencia Efe.com, 27 de enero de 2010. 31 Corporación Jurídica Libertad, Denuncia Pública, Bogotá, 12 de febrero de 2010.
Humanos” de acuerdo al ejercicio de protección manifestado por parte del Estado durante su visita32.
Opinión
Indigna la falta de seriedad en los procesos por ejecuciones extrajudiciales. Hay indignación por la liberación de 29 militares acusados de las ejecuciones de 11 jóvenes de Soacha, la realidad es que el estado de los demás procesos en el país es bastante más lamentable. En los 45 casos de ejecuciones que hay en el Catatumbo, los militares vinculados a procesos no han pasado de la investigación preliminar. Y los únicos condenados han sido sólo unos cuantos soldados. En Meta y Antioquia, que es donde más casos de falsos positivos se han denunciado, el balance es aún más precario, y en realidad desde hace dos años los procesos se encuentran estancados33.
Cuando un juez tomó la decisión de liberar a los uniformados, Colombia empezó a subir el primer peldaño de un camino rodeado de garantías judiciales, sociales y políticas para los militares implicados en esos delitos atroces, y de obstáculos de todo orden para las madres de las víctimas. Hacia delante veremos, más pronto de lo que se piensa, otras libertades por vencimiento de términos, la prolongación infinita de los procesos, nulidades o fallos absolutorios por falta de pruebas, salvo que el país y la comunidad internacional se sacudan su indiferencia, de un lado, o su exagerado candor y prudencia diplomática, del otro.
La retórica suele ocultar las verdades, y aquí sí que saben usarla los políticos y gobernantes. Pero son los hechos y no las palabras los que determinan la cruda realidad34.
32 Diputados del Congreso Espeñol, Nos han llegado alarmantes noticias de Colombia, España, 18 de febrero de 2010. 33 María Jimena Duzan, El muerto que quedó vivo, Revista Semana.com, Bogotá, 16 de enero de 2010. 34 Cecilia Orozco Tascón, Calmando conciencia, El Espectador.com, 12 de enero de 2010, http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/cecilia-orozco-tascon/columna181681-calmando-conciencia
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II. CASOS
Asesinatos
Niño recién nacido resulta muerto en bombardeo militar. El 19 de febrero de 2010, hacia las 11:30 de la mañana en Carepa (Antioquia), falleció un niño de un mes de nacido quien junto con su familia había resultado herido en un bombardeo llevado a cabo por integrantes del Ejército nacional el 30 de enero de 201035. De acuerdo a las denuncias, entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana, sobre el Resguardo Urada Jiguamiando en Alto Guayabal, Carepa (Antioquia), se escucharon sobrevuelos de helicópteros y ráfagas de fusil. Posteriormente, hacia las 3:30 de la mañana los indígenas escucharon helicópteros que aparecieron como fantasmas y arrojaron bombas cerca a las viviendas. Como consecuencia, una de las viviendas quedó destruida. En esta vivienda habían cinco personas: tres adultos y dos niños, uno de 8 años y otro de 20 días de nacido. Todos, excepto el menor de 8 años quedaron gravemente heridos. Además de la vivienda afectada, fueron destruidos los cultivos de pan coger y muchos árboles.
Estas víctimas pertenecen a una comunidad indígena que ha sufrido desplazamiento y hostigamiento de los diferentes actores armados: Ejército, paramilitares y guerrilla y que llevaba sólo un año de haber regresado a este territorio36.
Entre el 5 y 6 de febrero de 2010, una Misión Humanitaria, se desplazó a Alto de Guayabal para verificar lo ocurrido el 30 de enero y pudieron comprobar que:
• Aproximadamente cien metros a la redonda del lugar de los hechos, el bosque estaba completamente devastado y quemado. Había desaparecido cualquier signo de naturaleza (arbustos, hierba o árboles). Sólo quedaba
35 Organización Indígena de Antioquia, Comunicado Público, Medellin, 22 de agosto de 2010. 36 Organización Indígena de Antioquia, Denuncia Pública, Medellín, 1° de febrero de 2010.
tierra quemada y varios huecos de aproximadamente 2 metros de diámetro por un metro de profundidad, dentro de los cuales se encontraron restos metálicos armas explosivas y metrallas. También se halló un casquillo de proyectil de alto calibre tipo M 60 con las que están dotados los helicópteros de las Fuerzas Armadas.
• José Nérito Rubiano Bariquim, recibió varios impactos de metralla en su cuerpo, quedando inmovilizado desde la cintura hasta sus extremidades inferiores e inconsciente por la onda explosiva del artefacto bélico. Su esposa, la señora Marta Ligia Majoré, recibió impactos de metralla en su rodilla derecha y varias esquirlas en el abdomen. Además del aturdimiento y la pérdida de conciencia momentánea por la onda explosiva. Los tres menores que se encontraban en el lugar no fueron impactados, pero fueron arrojados fuera de la vivienda por la onda explosiva, aturdidos y con pérdida momentánea de la conciencia. Momentos después de recobrar la conciencia, la menor Celina Rubiano tomó a su pequeño y al niño Jony Rubiano y huyó hacia el caserío a dar la noticia y en busca de ayuda. Una vez recibida la noticia en la comunidad, se comisionó a un grupo de cien indígenas para desplazarse hasta el sitio del bombardeo, donde había recibido el ataque la familia Rubiano Majoré.
• Tropas de la décima séptima Brigada del Ejército Nacional al mando del Mayor Oscar Góez, al percatarse de los hechos trasladaron en helicóptero a José Nerito a un hospital le dieron auxilio médico a Marta Ligia, entregaron al menor Jony Rubiano Majoré a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Apartadó (Antioquia) y trasladaron a Celina y su hijo de 20 días de nacido a las instalaciones de la Brigada, en donde permanecieron durante dos días.
• Durante los días 30 y 31 de enero de 2010, el
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general de la Brigada XVII Hernan Giraldo, el Brigadier Sergio Mantilla, comandante de la VII División y el Brigadier de CACOM 3 Barranquilla sostuvieron reuniones con los líderes de la comunidad en la que manifestaron su intención de indemnizar a los afectados y reconocieron su responsabilidad en los hechos.
• El 11 de febrero de 2010, cuatro días después de la visita de la Misión Humanitaria, tropas del Ejército nacional, se instalaron nuevamente en la comunidad de Alto Guayabal37.
Dos campesinos asesinados y presentados como guerrilleros en Guaviare. El 27 de enero de 2010, en el municipio de Miraflores (Guaviare), fueron asesinados José Helí Gamboa Benilla y Henry López Romero, y fue herida una niña de un año de edad presuntamente por miembros del Ejército Nacional.
De acuerdo a la denuncia, los militares llegaron a la finca de propiedad de Henry López Romero en donde se encontraba con su familia y 12 campesinos, a quienes obligaron a tenderse en el suelo procediendo a ejecutar a José Helí Gamboa Benilla y a Henry López Romero, ambos integrantes de la junta de acción comunal de la vereda. La ejecución de Henry López Romero se registró en presencia de su esposa y sus hijas e hijos, una de las cuales a pesar de tan solo tener un año de edad fue herida en una pierna por miembros del Ejército Nacional.
Los cadáveres de Henry López y José Helí fueron trasladados al municipio de San José del Guaviare en donde fueron presentados por el Ejército como miembros de un grupo guerrillero “muertos en combate”.
Asesinados un hombre y un niño en Aipe, al parecer por integrantes del Gaula. El 25 de marzo de 2010, en el municipio de Aipe (Huila), fueron
37 Misión Humanitaria de Verificación de situación en Alto de Guayabal, Informe Misión, 15 de febrero de 2010.
asesinados Jorge Eliécer Soto Mahecha y el niño Didier Alexander Clavijo Jiménez, y herido el niño José Guillermo Valencia Pérdomo (8 años de edad), presuntamente por miembros del Gaula adscritos al Ejército Nacional. El cadáver del señor Jorge Eliécer Soto fue presentado como el de un “extorsionista del frente 66 del grupo guerrillero Farc”.
Ese día seis integrantes del Ejército Nacional que vestían de civil y se identificaban con chalecos del Gaula entraron disparando indiscriminadamente en contra de la población ubicada en la vereda Santa Rita del municipio de Aipe (Huila), asesinando al campesino Jorge Eliécer y al niño s Didier Alexander, quien se encontraba jugando en compañía de sus hermanas. Los disparos llegaron hasta la institución educativa Santa Rita, en donde resultó herido en una de sus piernas el niño José Guillermo Valencia mientras presentaba un examen en el tablero del salón de clases.
La madre del niño asesinado relató que los militares “se bajaron de la camioneta fue disparando”. La madre del niño herido manifestó que su hijo resultó herido “porque esta gente bajó por la escuela dando bala”, e identificó a los perpetradores como integrantes del “Gaula que venían en esa camioneta blindada de vidrios oscuros y cuando yo vi el hombre ese, se que salió dando bala pero yo no escuché tiros de otro lado sino las balas que ellos daban”.
La madre de Jorge Eliécer Soto, a propósito del asesinato de su hijo manifestó: “Lo mataron desgraciadamente ellos. Y sabe qué pasó, por la tarde todo el mundo lo había visto tirado ahí en el suelo como estaba sin una agujita ni nada sino los papeles y enseguida lo iban a camuflar. Y cómo lo hicieron, lo pasaron como guerrillero y viendo que no era un guerrillero”.
A pesar de que el Ejército insiste en que estas muertes se registraron en repuesta a un combate con un grupo guerrillero, un líder de la comunidad afirmó que “El Ejército no tuvo enfrentamientos con nadie. Ellos dicen que hubo combates, eso es una gran mentira; pregúntele a cualquier persona, llegaron disparando,
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lo hicieron en el matadero, en el colegio. No les importó que hubiera mujeres”. Uno de los niños de la comunidad relata: “Me persiguieron y me iban a dar plomo, pensaban que yo era guerrillero. Yo tengo apenas 12 años”.
La Novena Brigada, con sede en el municipio de Neiva (Huila), ha afirmado que la investigación de los hechos estará a cargo del Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar38.
Amenazas, hostigamientos, señalamientos.
Amenazas y hostigamientos a pobladores de Arauca. Entre el 3 de enero y el 26 de febrero de 2010 en Arauca se presentó una serie de violaciones a los derechos humanos, cometidas al parecer por miembros del batallón Navas Pardo, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército nacional. A continuación reseñamos algunos casos:
El 3 de enero de 2010, a la 1:00 de la tarde aproximadamente, en el caserío la hermosa del municipio de Tame (Arauca), se presentó un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Pública e integrantes de un grupo guerrillero. Como producto de este enfrentamiento fue herido Juan Gregorio Ortega, quemada una vivienda y un artefacto explosivo sin detonar, quedo en otra vivienda. Integrantes de la Fuerza Pública ayudaron a las víctimas.
El 6 de enero de 2010, hacia las 12:00 del día, en la veredas La Hermosa y La Horqueta de Tame, sobrevolaron dos helicópteros ametrallando la zona y causando traumas Psicológicos a los niños y habitantes de la región. El 13 de febrero de 2010, a las 10:00 de la mañana, aproximadamente, fue detenida Emilse Urive, integrante de la comunidad indígena Caño Claro. De acuerdo a la denuncia, durante la retención que duró 2 horas aproximadamente, los
38 Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública 1° de noviembre de 2008 a 31 de marzo de 2010. Bogotá, mayo de 2010.
agresores intentaron violarla carnalmente y la obligaron a agarrar objetos de guerra de uso privativo de las fuerzas armadas, la grabaron en un vídeo y la obligaron a declararse como insurgente armada y le prometieron dinero por ello.
El 26 de febrero de 2010, en horas de la madrugada, en el caserío de la vereda la Hermosa, en Tame, integrantes del Ejército nacional se acantonaron en el Centro educativo de la vereda. Allí durante la realización de la Asamblea mensual, de la Junta de Acción Comunal, la comunidad fue sometida a controles drásticos por parte de los militares, quienes los retuvieron en el lugar hasta la 1:00 de la tarde cuando tras dejarlos ir, realizaron disparos al aire39.
Panfletos amenazantes en Arauca. El 22 de enero de 2010, en la vereda Rancho Pilón en Puerto Nariño de Saravena (Arauca), fueron distribuidos en la zona céntrica, unos panfletos amenazantes suscritos por un supuesto grupo de “limpieza social” que se hace llamar La Mano Negra. En el panfleto se anuncia que a partir de ese día se dará “...muerte a milicianos, guerrilleros, ladrones, homosexuales, drogadictos y a toda persona que se preste para llevar información a los grupos armados ilegales”40.
Agresiones del Esmad en contra de manifestantes en Tauramena. El 15 de febrero de 2010, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, en Tauramena (Casanare), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), atropelló en forma violenta a un numeroso piquete de trabajadores de contratistas de la British Petroleum y Ocensa, que desde hacia dos semanas mantenían una protesta ante los atropellos laborales en los campos de esa región. De acuerdo a la denuncia, la arremetida del Esmad dejó tres heridos por la acción de los bastones policiales y decenas de
39 Fundación Comité de Derechos Humanos “Joel Sierra”, Denuncia Pública, Saravena, 8 de marzo de 2010. 40 Fundación Comité de Derechos Humanos “Joel Sierra”, Alerta Temprana, Saravena, 25 de enero de 2010.
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asfixiados, entre ellos un niño, por los gases lacrimógenos41.
Agresiones del Ejército en contra de pobladores de El Melcocho. El 26 de febrero de 2010, campesinos de las veredas La Cristalina, El Porvenir, El Roblal, El Cocuyo y El Retiro, que conforman el Cañón del Melcocho ubicado entre los Municipios de Carmen de Viboral y Cocorná, en la subregión del Oriente Antioqueño, denunciaron que desde el mes de diciembre de 2009, han sido víctimas de constantes agresiones por parte de efectivos del Grupo de Caballería Mecanizada No 4 “Juan del Corral” adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. A continuación reseñamos algunos casos:
• En los últimos días, soldados pertenecientes a la Cuarta Brigada en compañía de cuatro reinsertados de grupos armados al margen de la ley, han sido observados sembrando minas antipersonales y organizando caletas con armas en los territorios de Cañón del Melcocho, en donde según afirman las comunidades, no existe la presencia de este tipo de armas ni el tránsito de la guerrilla y por el contrario, dichos lugares son áreas con un gran potencial en recursos hídricos y mineros que se presume prontamente serán explotados por poderosas empresas interesadas en este tipo de recursos. Al parecer, el sembrado de minas se está haciendo, con la idea de obtener privilegios y beneficios por los hallazgos de material explosivo.
• Durante los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010, soldados del Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 “Juan del Corral” (GMJCO), realizaron retenes y control de alimentos a los habitantes de las cinco veredas del Cañón del Melcocho, con el argumento de que una determinada cantidad de víveres iba dirigida a la guerrilla. La
41 Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Uso, Denuncia Pública, Bogotá, 15 de febrero de 2010.
ejecución de dicha práctica no es nueva, por el contrario es constante y reiterativa en los últimos años42.
Amenazas contra líderes campesinos de Sumapaz. El 12 de marzo de 2010, en Sumapaz (Cundinamarca), se conoció un documento que apareció en varias veredas de la región, titulado “proceso de judicialización contra milicias de los frentes 51 y 53 de la ONT FARC ubicados en la localidad 20 del DC”. En este documento se relacionan los nombres, con fotografía de 18 campesinos líderes de la región y de tres reinsertados de la guerrilla. Este hecho ocurre luego de que el 26 de diciembre de 2009, guerrilleros de las Farc, sostuvieron varios combates con el Ejército nacional y quemaron dos vehículos en la vereda la Unión43.
Detenciones
Detención arbitraria de Dubier de Jesús Areiza. El 3 de febrero de 2010, en el sector el Alto del corregimiento de puerto Valdivia en la vereda las Américas del municipio de Valdivia (Antioquia), el campesino Dubier de Jesús Areiza, fue detenido por efectivos del batallón Rifles, quienes lo condujeron a la sede del batallón en donde luego de fotografiarlo enviaron las fotos por correo electrónico a un informante en Taraza para su “reconocimiento”. Luego de seis horas y sin conducirlo ante alguna autoridad judicial competente, lo pusieron en libertad, previa firma de un acta de “buen trato”.
De regreso a su vivienda, nuevamente fue interceptados por militares (al parecer del mismo batallón), quienes lo señalaron de miliciano, lo increparon por los electrodomésticos que tiene en su finca y le advirtieron que estaban observándolo y que era mejor que no saliera de noche44.
42 Corporación Jurídica Libertad, Acción Urgente, Medellín, 26 de febrero de 2010. 43 Se anuncia proceso jurídico contra líderes campesinos de Sumapaz, Prensa Rural, Bogotá, 12 de marzo de 2010. 44 Asociación Campesina del Bajo Antioqueño (Asobac),
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Detención arbitraria de escolta de la Corporación Sembrar. El 10 de febrero de 2010, hacia las 11:00 de la mañana en Fusagasugá (Cundinamarca), fue detenido ilegal y arbitrariamente por parte de la Policía Nacional, Horacio Puerta Barrera, escolta asignado por el Departamento Administrativa de Seguridad (Das) al esquema colectivo de protección de la Corporación Sembrar. De acuerdo a la denuncia, Horacio se encontraba en una misión de protección de uno de los integrantes de la Corporación Sembrar que debía realizar labores propias de su cargo en Chinauta (Cundinamarca) y de esto tenían conocimiento las autoridades de Chinauta, puesto que como es lo usual, hacia las 10:45 de la mañana, Horacio reportó su misión en la subestación de policía de ese lugar. Sin embargo, hacia las 10:58 de la mañana, a la entrada de Fusagasugá, fue obligado a detenerse en un retén puesto por la Policía Nacional con el objetivo de hacer una requisa.
Horacio se identificó como escolta contratista del Das, enseñando a los agentes los documentos que soportaban su misión y el salvoconducto respectivo del arma de dotación. Acción que no fue atendida por los agentes de policía que procedieron a partir su carné de trabajo, requisaron de manera excesiva la camioneta, (mientras afirmaban que al tratarse de una camioneta del Das quien sabe cuántos millones llevarán encaletados), incautaron su arma de dotación y procedieron a detenerlo acusándolo de porte ilegal de armas y el homicidio de una persona cerca a la vía por la que transitaba.
Hacia las 4:30 de la tarde, Horacio fue presentado ante el juez de garantías para la realización de las respectivas audiencias las cuales estuvieron enmarcadas por múltiples irregularidades, entre las que se encuentran i) en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso le imputó a Horacio, la comisión del delito de porte ilegal de arma de fuego, obviando su condición de escolta contratista del Das y la legalidad del porte del arma de fuego que le fue suministrada por este ente oficial para el desarrollo de
Denuncia Pública, Antioquia, 16 de febrero de 2010.
su labor; ii) hasta último momento, la Fiscal ocultó evidencia como el testimonio de la esposa de la persona asesinada en el que se demuestra que el hecho pudo deberse a situaciones que nada tenían que ver con Horacio; iii) Al finalizar la audiencia, el abogado Jorge Molano, y funcionarios de la Corporacion Sembrar, entre quienes se encontraba, la Presidenta y el Tesorero fueron fotografiados e intimidados por parte de miembros de la Policía nacional que se encontraban en el recinto; iv) durante el desarrollo de la audiencia Jorge Molano denunció públicamente las amenazas y extorsiones que integrantes de la Policía le estaban haciendo a la víctima. Posteriormente, una mujer vestida de civil quien sin identificarse debidamente, dijo ser de la Policía nacional lo indagó sobre su lugar de estudios, actividades y su lugar de trabajo.
Al finalizar la tarde, del mismo 10 de febrero, salió el reporte de balística que indicaba que el arma de Horacio Puerta no fue disparada45.
45 Corporación Sembrar, Denuncia Pública, Bogotá, 10 de febrero de 2010.
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