efectos de la producción de recursos naturales sobre el
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Efectos de la producción de recursos naturales sobre el conflicto armado colombiano, un
estudio sobre la producción de banano y el nivel de violencia en el Eje Bananero de Urabá.
Memoria de Grado para optar por el título de Economista
Por:
Karen Mendez Herrera
Director
Hernando Zuleta
Universidad de los Andes
2016
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Resumen
Este estudio busca establecer los mecanismos a través de los cuales el cultivo de banano en
el Eje Bananero del Urabá antioqueño, ha incidido en los niveles de violencia, en particular,
en el desplazamiento forzado y los homicidios. Lo anterior, con el fin de alimentar el debate
sobre la dinámica existente entre recursos naturales y violencia, adelantado en la literatura
de la economía política del conflicto armado. Los resultados de esta investigación sugieren
que ante la débil presencia institucional en la zona, las características de la producción de
banano en Urabá, sirvieron como complemento, para que los grupos armados tuvieran rentas
que facilitaban su financiación, haciéndolos más sostenibles en el tiempo y aumentando la
violencia por el control de este territorio y sus recursos.
Palabras clave: economía política del conflicto armado, desplazamiento forzado, banano,
Eje Bananero.
Código JEL: N5, Q1, R1
Introducción
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En Colombia, el narcotráfico ha estado indiscutiblemente ligado a la violencia, sin embargo,
no solo los recursos ilícitos como la droga incitan o fomentan la actividad armada, los
recursos lícitos también pueden relacionarse con las dinámicas del conflicto. En este sentido,
es importante analizar cómo los procesos de extracción, producción y distribución de los
recursos naturales, entendidos como aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza
sin la intervención del hombre, pueden causar o incidir sobre los niveles de violencia. Lo
anterior, bajo un marco legal, con el fin de considerar los recursos que dominan las economías
regionales. Por lo tanto, este estudio busca examinar como los procesos económicos y
sociales que se asocian a la producción de los recursos naturales que dominan las economías
regionales de Colombia, pueden determinar o influir y de qué manera, las dinámicas del
conflicto armado.
Sin embargo, dada la amplia variedad de recursos naturales con los que cuenta el país, además
de los diferentes contextos en los que son producidos, esta memoria hará un estudio teórico
de cómo los recursos naturales pueden influenciar el conflicto armado, enfocándose en
particular, en un bien agrícola, el banano. Así, se hará un estudio de caso en el Eje Bananero,
ubicado en la zona de Urabá, en el departamento de Antioquia, con el fin de establecer la
incidencia del cultivo de Banano en el Eje Bananero, en los niveles de violencia de la región.
En particular, en los niveles de homicidio y desplazamiento forzado. En ese sentido, ¿qué
factores económicos, institucionales y sociales del cultivo de Banano se asocian a esta
violencia? para examinar dicha relación, se entenderá como variable dependiente las
dinámicas del conflicto armado, mientras que las características de la producción del banano
serán las variables explicativas.
Esto, con el fin de demostrar la relación entre la producción de banano y el conflicto, en la
medida que si bien los grupos armados ilegales no llegaron en principio a la zona por el
control de este recurso, estos grupos sí han tenido estabilidad financiera por las rentas
provenientes de este, hecho que les permitió imponerse en la zona a través de dinámicas
violentas y es por esta vía, como el recurso contribuye a la prolongación del conflicto, lo que
a su vez llevaría a que los diferentes grupos armados se disputaran el control del territorio y
sus recursos.
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Lo anterior, por medio de la elaboración de un panel de datos que contiene información
detallada de los niveles de violencia en los municipios a estudiar –Chigorodo, Carepa,
Apartadó y Turbo- así como datos sobre la producción de banano en la zona, en el periodo
de 1987 hasta el año 2015.
Por lo tanto, estudiar la relación entre los niveles de violencia y la producción de recursos
naturales, resulta de gran importancia en la medida en que revela fallas dentro del sistema
económico y político en Colombia, y en la medida que estas fallas se identifiquen,
contribuyen a prevenir el surgimiento de nuevas formas de criminalidad que nacen fuera de
la confrontación armada. En efecto, bajo el actual contexto de post conflicto, tener en cuenta
esta relación puede prevenir dinámicas de guerra que provienen de la producción de los
recursos y evitar el resurgimiento de nuevas formas de criminalidad. Así como también
esclarece otras fuentes de financiación de los grupos armados que permiten su viabilidad.
A continuación se hace una breve revisión de literatura –Sección I-, tanto en la academia
internacional como en el país, para luego hacer un estudio de caso en el Eje bananero de
Urabá -Sección II-, el cual se divide en dos etapas; una primera ola de violencia con la llegada
de las guerrillas, así como una segunda ola de violencia con la llegada paramilitar, sobre esta
última etapa se procede a hacer un estudio cuantitativo –Sección III- para demostrar la
relación causal entre la producción de bananos y los niveles de violencia y finalmente las
conclusiones –Sección IV-.
I. Revisión de Literatura
i. Relación entre los recursos naturales y el conflicto
Varios estudios de la economía política internacional han contribuido a explicar las
condiciones mediante las cuales los recursos naturales pueden incidir sobre la guerra civil.
En general, no hay consenso sobre los efectos que los recursos pueden tener sobre el nivel de
violencia, sin embargo, hay algunas relaciones que dan luz sobre las dinámicas que explican
esta causalidad.
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Collier y Hoeffler (2000) evalúan las causas de guerra de 161 países entre 1900-1999 y
encuentran que los Estados con un alto porcentaje de exportación de recursos naturales
respecto al PIB, son los que mayor riesgo de guerra civil tienen. Particularmente, afirman
que los países con un porcentaje de exportación de bienes primarios mayor al 35% respecto
al PIB, tienen mayor riesgo de guerra civil: “una alta tasa de exportación de commodities
primarios es la más fuerte influencia individual en el riesgo de un conflicto” (Collier y
Hoeffler, 2000). En efecto, un primer aspecto es la dependencia económica a los recursos
naturales, en la medida en que estos abundan, facilitan y crean oportunidades para un
financiamiento sostenible de los grupos armados.
Por lo tanto, los recursos naturales permiten la viabilidad económica de la guerra, esto,
porque por sus características, los combatientes pueden acceder a ellos y extraerlos
directamente y venderlos (como es el caso de los oro y droga en Colombia), o, porque con
extorciones pueden capturar las rentas de aquellos que producen los recursos, lo que genera
entonces viabilidad financiera a los grupos armados, aspecto que no suele suceder en
economías más diversificadas e industrializadas, que no permiten el acceso a este tipo de
rentas.
De esta manera, la supervivencia de los grupos armados depende en gran medida de su
financiamiento, y es esta viabilidad económica a través de los recursos naturales lo que ha
permitido el desarrollo de economías de guerra extractivas. “When resource revenue flows
to the rebels, it is likely to prolong a conflict, and without this funding they are more likely
to be forced to the negotiation or become extinct” (Ross, 2003). Por tanto si no tiene ingresos
su existencia se ve muy limitada, pero al tener poder sobre los recursos se facilita su
estabilidad.
Al respecto de este argumento (Fearon y Laitin, 2003) están de acuerdo con que los recursos
naturales facilitan la financiación de los grupos armados, lo que a su vez aumenta el riesgo
de guerra. Sin embargo, no encuentran apropiado usar el porcentaje de exportaciones de
recursos primarios respecto al PIB, como una buena medida para analizar las oportunidades
de financiación de los grupos armados. Esto, porque la base de datos que usan (Collier y
Hoeffler, 2000) para establecer dicha causalidad, no refleja la producción de drogas o la
extracción de piedras preciosas, sino que se centra en la extracción de petróleo y en los
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cultivos comerciales, los cuales, no se relacionan directamente con la financiación de los
rebeldes. En efecto, resaltan que ciertos recursos, particularmente los no renovables son los
que tienen un efecto causal, mientras que los cultivos comerciales consideran no pueden tener
efecto alguno sobre la guerra, dado que los productos naturales cultivables no son producidos
por los rebeldes; los cultivos comerciales o productos agrícolas “son difíciles de explotar
eficazmente sin el control de un sistema nacional de distribución y puertos” (Fearon y Laitin,
2003), sugiriendo entonces que es poco probable que los grupos armados tengan una
economía agrícola para extraer rentas que este disfrazada en la legalidad.
En efecto usar el porcentaje de exportaciones solo sería útil si la única relación entre la
exportación de estos bienes primarios y la guerra fuera a través de las rentas que se obtienen
por medio de la extorción a los sectores que extraen petróleo, lo que por una parte tiene
validez, pues las rentas de estos recursos inciden en el inicio del conflicto (Ross, 2004). Por
otra parte, también se resalta que las rentas provenientes de cultivos comerciales no tendrían
validez en la causalidad evaluada, ya que dado que el aumento en las exportaciones de
recursos primarios también aumenta los ingresos del Estado y, siendo así, “¿Por qué deberían
salir los rebeldes más favorecidos por esta fuente de ingresos que el gobierno?” (Fearon,
2005).
Igualmente, (Ross, 2004) desarrolla un estudio sobre la guerra civil presente en 13 países,
incluido Colombia, donde encuentra evidencia para afirmar que commodities primarios,
como los provenientes de la agricultura legal, parecen no estar relacionados con la guerra
civil, al menos en estos trece casos”. Pero si encuentra que la riqueza en determinados
recursos naturales tiene efectos sobre el inicio o la duración de la guerra. En términos
generales, encuentra que solo algunos recursos resultan significativos; la explotación del
petróleo se correlaciona con el origen de los conflictos armados -particularmente de orden
separatista-, mientras que la extracción de piedras preciosas, los cultivos de droga y los
recursos minerales diferentes al petróleo se relacionan con su continuidad.
Sin embargo, a pesar de encontrar una relación entre los recursos naturales y la guerra, Ross
(2004) critica la capacidad explicativa de esta relación, ya que esta puede tener problemas de
endogeneidad, porque la explotación de recursos naturales puede o bien causar, o ser causada
por las guerras civiles, así como una correlación espuria, debido a que las guerras civiles y la
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dependencia hacia los recursos naturales, puedan ser el efecto de una tercer variable como la
debilidad estatal. En consecuencia, se podría generar una correlación estadísticamente
significativa, lo que permite que se planteen modelos incorrectos.
Y en este último punto de la debilidad estatal, la literatura muestra que un país que obtiene
una gran parte del ingreso nacional a partir de la exportación de productos básicos puede
tener un aparato estatal relativamente débil, esto, porque sus instituciones extractivas no
resultan lo suficientemente fuertes para enfrentar los problemas sociales o económicos que
puedan dan lugar a una rebelión. Así, “la (débil) relación entre las exportaciones de productos
primarios y el riesgo de una guerra civil puede ser debido a que la exportación de productos
básicos es una medida ruidosa de la baja capacidad estatal, debido a los ingresos” (Fearon,
2005). Igualmente, el efecto de debilidad estatal puede incidir por varios canales, como lo es
hecho que al no ofrecer seguridad, el Estado tenga poco poder para atraer inversión en otros
sectores de la economía, lo que le hace más dependiente de los recursos naturales, mostrando
otro problema de causalidad en esta relación.
En consecuencia, no solo no existe conceso sobre la relación causal de los recursos naturales
y los niveles de violencia. Sino que además se evidencia que el problema de estos estudios
macro reside en que al tratar de agrupar todas las dinámicas y contextos que caracterizan la
relación entre los recursos naturales y el conflicto en un único modelo, se termina por
simplificar las relaciones de violencia, ocultando las lógicas de relaciones históricas,
económicas, políticas e incluso geográficas, del interior de los países.
ii. Relación entre los recursos naturales y el conflicto en Colombia
La literatura que relaciona la influencia que tiene los recursos naturales sobre el conflicto
armado colombiano, se ha inclinado en caracterizar esta relación a través de dos variables,
los choques y las rentas (Collier y Hoeffler, 2005). En cuanto a los choques, estos pueden
entenderse como sucesos exógenos que inciden sobre la producción de un bien, como los
cambios en el precio de los commodities, lo cual puede tener efectos sobre los niveles de
violencia en Colombia. Por otra parte, las rentas que provienen de los recursos están
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ampliamente ligadas al conflicto, ya sea por medio de la extorción, o la explotación directa
del recurso.
En cuanto a los choques, es un aspecto negativo que los ingresos colombianos dependan
ampliamente de los recursos naturales, pues dicha dependencia da lugar a que la economía
quede sujeta al precio internacional del mismo. Así, la volatilidad de los precios de los
recursos incentiva a los grupos armados a dominar los recursos. En esta línea de cambios en
el precio de los commodities, (Dube y Vargas, 2007) usan una metodología de diferencias en
diferencias, para encontrar que choques en el precio internacional del café y del petróleo
colombiano, afectan el nivel de conflicto armado. En particular, una caída en el precio del
café al final de los años 90, incrementó la violencia en los municipios cafeteros, pues esto
disminuyó los salarios, así como el costo de oportunidad del reclutamiento armado. Mientras
que, aumentos en el precio internacional petróleo, implicaron un mayor presupuesto local y
con ello, la extorción por parte de los grupos armados creció, principalmente, por parte de
los paramilitares. En efecto, el precio de los bienes con uso de mano de obra intensiva como
el café, inciden en el conflicto a través del efecto del costo de oportunidad, mientras que el
precio de los bienes con uso intensivo de capital como el petróleo, incide en el conflicto por
medio de la extorción.
Por su parte, las rentas se entienden como ese ingreso que es generado por los recursos
naturales en la región donde se encuentran, las cuales pueden ser apropiadas de distintas
maneras por los grupos armados ilegales. En este sentido, no es casualidad que de acuerdo
con un informe de Sintraminercol el 80% de las violaciones de los derechos humanos que
ocurrieron en Colombia en la década del 2000 al 2010, se produjeran en regiones minero-
energéticas y que el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares (Observatorio
Internacional DDR, 2012), hecho que acentúa que los recursos extraíbles como el petróleo,
el carbón y el oro sean un combustible de la guerra. De hecho si se tiene en cuenta el aumento
en los precios internacionales de las materias primas, así como los fuertes programas de lucha
contra los cultivos ilícitos, los incentivos de los actores armados ilegales para diversificar sus
portafolios fueron mayores, lo que daría lugar a que se involucraran o directamente en la
explotación ilegal de recursos a media escala con la minería ilegal, o indirectamente con las
extorciones y o un sistema de cooptación de recursos.
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Así, de acuerdo con (Rettberg, 2015), en Colombia se ha desarrollado una sofisticada
economía de guerra paralela al narcotráfico, donde recursos minerales, como el carbón, el
ferroníquel, el oro y el petróleo, así como varios productos agrícolas como el banano y el
aceite de palma, también se han vinculado a las actividades económicas de los actores
ilegales. En esta nueva economía, los grupos armados ilegales se han involucrado tanto en la
explotación directa de recursos, como en un sistema de cooptación indirecta, con el fin de
tener nuevos ingresos y lavar dinero proveniente de cultivos ilícitos, por lo general, con el
intermedio de la violencia. En el sector petrolero por ejemplo, los grupos armados han
logrado involucrase indirectamente a través de la cooptación de las regalías destinadas a las
regiones, esto, por medio del control político y local en las regiones, o a través de coerción
selectiva como es el caso de Arauca (Rettberg, Leiteritz y Nasi, 2014).
En el sector minero, los grupos armados se han involucrado directamente en la extracción
del oro, no solo por las rentas que producen la subida en el precio internacional de este
recurso, sino también, porque la facilidad del mismo para el lavado de activos. Así, al
contrario de la cocaína, “el oro es un producto legal que no se puede rastrear fácilmente.
Minas que no producían –o producían muy poco–, volvieron a activar o reforzar la extracción
aurífera gracias a la importación ilegal de lingotes de oro comprados en el mercado
internacional con el dinero del narcotráfico, para ser después fundidos y reportados como si
fueran producto de la explotación de esas minas” (Observatorio Internacional DDR, 2012).
Adicionalmente, ante los esfuerzos del Estado contra el narcotráfico, el costo y los riegos de
la producción de drogas aumentaron, y en este sentido “es lógico que los actores armados
ilegales buscaran compensar sus pérdidas económicas con otro tipo de actividades
similarmente rentables –como la minería ilegal de oro-” (Observatorio Internacional DDR,
2012), bien que les permitió tener cierta libertad de movilidad económica en los mercados
legales.
Ahora, en cuanto a los bienes agrícolas, el banano y la palma de aceite se han caracterizado
por generar rentas provenientes de la extorción, así como por aumentar los desplazamientos
en las zonas que se cultivan como en Magdalena y Urabá. En el caso del aceite de palma, los
grupos paramilitares al servicio de algunos terratenientes, están asociados con instigar el
desplazamiento forzado de bananeros en el Eje Bananero de Magdalena, con el fin de utilizar
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esta tierra para cultivar palma de aceite. El desplazamiento forzado ha sido precedido por
olas de masacres y homicidios selectivos con el fin de producir terror en las comunidades
locales, así como de extorciones para financiar el sostenimiento de los actores armados
(Goebertus, 2008).
Así, dada las distintas dinámicas que ocurren alrededor de cada recurso, este estudio optara
por enfocarse en uno solo bien agrícola, el banano de Urabá, a fin de establecer la relación
de este recurso con las dinámicas violentas.
II. La producción de bananos y las dinámicas de violencia en el Eje Bananero
Este estudio se centra en la producción de bananos que tiene lugar en los municipios de
Turbo, Chigorodo, Carepa y Apartado, ubicados en el departamento de Antioquia, en la zona
conocida como el Eje Bananero del Urabá Antioqueno. Lo anterior, con el fin de establecer
¿cómo incide el cultivo de Banano en el Eje Bananero, en los niveles de violencia de la
región? en particular, en los niveles de homicidios, masacres y desplazamiento forzado. Y en
ese sentido, ¿qué factores económicos, institucionales y sociales del cultivo de Banano se
asocian a esta violencia?
Fuente: Colombia Plural. Eje Bananero.
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El Eje Bananero, región ubicada en el noroeste de Colombia, ha sido históricamente una zona
geoestratégica relevante; no solo por su condición de puerto a través del Golfo de Urabá, sino
también, por su cercanía con sistemas montañosos y selváticos, como el Nudo de Paramillo
y la reserva forestal Serranía de Abibe, características que han hecho de la región un territorio
clave para controlar el ingreso de mercancías de contrabando y el tráfico ilegal de armas y
estupefacientes, lo que ha desembocado en una cruenta competencia de Grupos Armados
Ilegales (GAI) —las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y los grupos paramilitares de derecha—
por el control de este territorio y sus recursos (Leiteritz , Nasi y Rettberg, 2009). No obstante,
esta región se caracteriza principalmente por ser una inmensa planicie cubierta de enormes
plantaciones de banano, recurso que domina la economía de la región. Es en este sentido en
donde se quiere establecer el tipo de relación que existe entre la producción de este recurso
y la presencia de GAI.
Para empezar, el cultivo de banano en Colombia comienza a finales del siglo XIX, cuando
las transnacionales bananeras -United Brands (Chiquita), Castle & Cooke (Dole) y
Delmonte- llegan a la región del Magdalena y posteriormente a Urabá, para manejar la
producción y comercialización de esta fruta en el país (Uniban, 2016). Sin embargo, es al
final de los años cincuenta cuando comienza el desarrollo agroindustrial de la producción de
banano en Urabá, el cual se caracterizó por ser una economía de enclave sin mayor regulación
estatal. En particular, la comercialización de banano en la región inicia en 1963, cuando la
Frutera Sevilla, filial de la United Brands, financia junto con el Gobierno el cultivo de la fruta
de exportación alrededor del golfo de Urabá (Hough, 2010). Si bien con esta iniciativa la
Frutera buscaba comprar el banano de los productores locales, para luego proceder a
comercializarlo en el exterior, algunos desacuerdos en esta relación terminaron dando lugar
un sector exportador de banano de carácter regional, competitivo en el mercado global, e
independiente de las multinacionales. Así, en el año 1966 nace la Unión de Bananeros de
Urabá (UNIBAN), la comercializadora internacional colombiana líder en la actividad
agroindustrial, logística y comercial de banano y plátano, igualmente, en este mismo año la
Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) -bajo otra razón social-, evoluciona
como el gremio bananero de productores de Urabá. A su vez, cabe anotar que este proceso
de consolidación empresarial regional abría paso a la formación de una élite local, con
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productores bananeros que llegarían a dominar la política económica y local de la región
(Brown, 2013, p. 2577).
Bajo esta dinámica de crecimiento agroindustrial, en los años 60s y parte de los 70s, la región
registra altas inversiones empresariales con el fin de promover el desarrollo de la industria
bananera, que para la década de los 70s, ya se había convertido en un dinamizador de las
exportaciones colombianas (Agudelo, 2011). Pero es de resaltar que el éxito de la industria
se basaba en el fuerte control territorial que ejercían los intereses privados de la nueva elite
local, caracterizados tanto por la desposesión de tierras de agricultores de pequeña escala,
como por la híper-explotación de una fuerza de trabajo recién proletarizada, cuyos excesos
laborales sobre los trabajadores demarcarían el escenario para un futuro conflicto armado; en
este sentido, Hough (2010) afirma que las nuevas elites agrarias, tanto bananeras como
ganaderas de la región, habían logrado tomar el control de las tierras planas más productivas,
luego de desalojar a los campesinos que las ocupaban, a menudo, por medio de la fuerza.
Este desplazamiento masivo cumplió un doble propósito, en primer lugar, no solo logro
despejar las tierras tanto para la ganadería como para los cultivos de banano, sino que además,
generó una nueva fuerza de trabajo desposeída de tierras, que alimentaria la mano de obra
necesaria para la creciente producción de banano (Brown, 2013). Al respecto, (Uribe, 2001)
destaca la debilidad institucional del Estado colombiano para explicar la facilidad con que
los intereses privados pudieron ejercer tal control territorial.
En particular, este nuevo proletariado que no solo procedía de la región sino también de
colonos migrantes, se caracterizaba por tener condiciones laborales deficientes. Si bien el
salario en las plantaciones de banano era nominalmente mejor que en otros sectores de la
economía rural, estos no compensaban la calidad de vida, pues los trabajadores carecían de
seguridad, contrato o prestaciones, además de largos días de trabajo sin garantías en salud y
vivienda tanto para estos como para sus familias (Carroll, 2010). De hecho, en una encuesta
realizada en 1979 por la Universidad de Antioquia sobre las plantaciones bananeras, esta
reveló que sólo el 6,6% de los campamentos de trabajo tenía agua potable, sólo un tercio
tenía letrinas y sólo la mitad tenía electricidad (Carroll, 2010, p. 65). Por otra parte, a lo largo
de los años sesenta y hasta comienzos de los ochentas, los esfuerzos de sindicalización fueron
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contrarrestados por la represión, incluyendo el despido o el asesinato de obreros y
ocupaciones militares en plantaciones de banano:
Se despedía del trabajo a quien en una finca promoviese la actividad sindical;
por eso las reuniones se hacían clandestinamente y, cuando la afiliación
sindical amenazaba con crecer, se recurría entonces a métodos más
intimidantes con ayuda de la fuerza pública y, en no pocos casos, se perpetró
el asesinato de los sindicalistas (Ortiz, 2007, p. 96).
De esta manera, los trabajadores enfrentaron barreras significativas a la sindicalización,
impuestas por el alto nivel de organización e influencia política de los productores y a la falta
de instituciones estatales para proteger los intereses laborales (Brown, 2013).
Por otra parte, adicional a las condiciones laborales deplorables de los trabajadores, cabe
resaltar que el crecimiento de esta industria atrajo la migración de muchos colonos, lo que
aumentó el número de pobladores en la zona, crecimiento poblacional que no estuvo
acompañado de inversión pública en escuelas, hospitales, vivienda, acueducto y
alcantarillado, factor que generaría un enorme protagonismo de sindicatos, ligas campesinas
y juntas de acción comunal en la región, a partir de mediados de la década de los ochenta
(Agudelo, 2011).
i. I ola de violencia, las guerrillas izquierdistas FARC y el EPL
Paralelamente, a mediados de los años sesenta y comienzos de los setenta, los movimientos
guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de
Liberación (EPL) comenzaban su aparición en la región. En 1967, entre los límites de Urabá
y Córdoba, se sitúa el EPL como la expresión armada del Partido Comunista Marxista-
Leninista (PC-ML), el cual se encontraba realizando trabajo político con el campesinado en
zonas rurales del nordeste colombiano, en un escenario de disputas entre colonos y
terratenientes (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010).
Desde sus orígenes, el EPL “se dedicó a organizar a los trabajadores bananeros y a enseñarles
técnicas de autodefensa y, de paso, a desarrollar uno de los más poderosos y lucrativos focos
de secuestro y extorsión que se hayan visto en el país” (Semana, 1988). Por otra parte, años
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más tarde de la llegada del EPL, una comisión de menos de diez hombres llega a fundar el V
Frente de las FARC en 1973, luego de que en la IV Conferencia de este grupo armado, sus
comandantes nacionales decidieran expandir sus fuerzas hacia otras zonas de país, en donde
se trazaron las directrices de crecimiento y fortalecimiento ideológico y político de atracción
al campesinado y de trabajo militar (Ortiz, 2007, p. 132). Así, las FARC se establecen en
San José de Apartadó, donde con el Partido Comunista (PC)1 tenían un trabajo de bases
sociales entre campesinos y obreros de la naciente agroindustria bananera. Cabe anotar que
en el proceso de desplazamiento generado con la llegada de la agroindustria bananera, los
colonos que originariamente habitaban las tierras planas que se cubrieron de plantaciones, se
vieron forzados a irse a la periferia, como lo fue el corregimiento de San José de Apartado.
En este sentido, no es casualidad que las FARC llegaran a este corregimiento a construir su
base social.
Durante la década de los setentas, ambas guerrillas se dedicaron a montar sus bases sociales
en la región, a través de un proyecto sindical que buscaba defender los derechos de los
trabajadores en las plantaciones y fomentar las invasiones de tierras. Lo anterior, justificado
en el contexto laboral previamente mencionado, caracterizado no solo por los abusos en las
condiciones laborales de los trabajadores, sino también, por la concentración de tierra por
parte de las empresas bananeras, que junto con la pobreza rural, proporcionaron la
oportunidad a los insurgentes armados de formar vínculos con las comunidades campesinas
y los sindicatos bananeros presentes (Brown, 2013). Por ejemplo, en el caso de las FARC,
los campesinos desplazados y frecuentemente amenazados producto de las plantaciones
bananeras, fueron la base de apoyo fundamental para la naciente guerrilla, quien a medida
que ganaba influencia en las zonas de asentamiento campesino, llegó a desempeñar funciones
de institución pública; de acuerdo con Uribe (2001), en el corregimiento de San José de
Apartadó, las FARC se encargaban de la distribución y el asentamiento de tierras, de la
definición de los derechos de posesión, controlaban la tala y el uso el agua, obligaban a los
patrones locales a adherirse a los salarios mínimos y a crear condiciones de vida adecuadas
para los trabajadores, ayudaban a las organizaciones sociales a realizar obras públicas a
1 De acuerdo con Ortiz, este proceso se puede describir como una II Fase de las FARC, ya que a comienzos de
los años 60 existían como autodefensas o células del partido comunista, condicionados a la dirigencia del mismo
y a los requerimientos veredales.
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pequeña escala, e incluso, ejecutaban funciones jurídicas. En efecto, esta actividad solidificó
la legitimidad de los movimientos guerrilleros y sus relaciones con las comunidades
circundantes.
De esta manera, a finales de los años setentas los grupos armados no solo tenían
reconocimiento social, sino que además, la presencia de estas guerrilleras empezaba a
alimentar la lucha de los pequeños sindicatos - los dos sindicatos más importantes que
representaban a los bananeros de la época eran Sintagro, vinculado al EPL que existía desde
1972 y Sintrabanano, vinculado a las FARC y originado en 1964-, las organizaciones
campesinas y los movimientos de pobladores urbanos, quienes radicalizaron sus posiciones
y promovieron paros cívicos, así como luchas violentas por la recuperación de la tierra,
apoyados igualmente, por los grupos políticos de izquierda PC y PC-ML (Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010). Bajo esta dinámica, el escenario
de las confrontaciones entre patronos y obreros se empezaba a confundir con la disputa por
el poder político y control territorial.
Pero en Urabá no todo era lucha sindical, ambas guerrillas extorsionaban con boletos y
vacunas y secuestraban a los empresarios bananeros para financiarse (Verdad abierta, 2016).
Así, para las organizaciones armadas, especialmente para las FARC, la zona bananera
representaba tanto un campo de acción política, como un sitio de acción militar, que servía
como una fuente de ganancias financieras derivadas del secuestro y la extorción,
principalmente de empresarios bananeros (Uribe, 2001). Por su parte, el EPL más fortalecido
que nunca, también tenía en jaque a muchos empresarios bananeros; mataban a los
administradores que no pagaban extorsión, secuestraban y quemaban las fincas (Las2orillas,
2013). De hecho, en un reportaje de la revista Semana, los habitantes de la zona dieron cuenta
que la situación llego al punto en que hubo gente que no solo fue secuestrada tres veces, sino
que además, existieron familias que tuvieron que pagar un rescate a las FARC y otro al EPL.
Y en este sentido, la extorción se entiende como un factor económico clave que permitió
sostener las actividades de las guerrillas izquierdistas en la región.
Esta situación, sumada al ambiente de agitación social, con paros y ralentización de la
producción no solo llevaron a que en 1983 se negociaran un número significativo de
convenciones laborales entre propietarios de haciendas y trabajadores en Urabá (Agudelo,
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2011), sino que también llevaron a que en 1984 el Presidente Betancur iniciara un proceso
de paz y a un cese al fuego con las FARC y EPL, hecho que permitiría una organización
sindical más abierta y una postura más neutral del Gobierno frente a los conflictos laborales,
lo que se traduciría en una expansión guerrillera.
Así, por medio de la tregua, los partidos políticos de izquierda que ya contaban con suficiente
legitimidad y apoyo electoral, comenzaron a ganar las elecciones locales y con ello a cambiar
las relaciones laborales. En efecto, en 1985 el éxito electoral del Partido Unión Patriótica
(UP)2 en la región bananera fue clave para desafiar el control de las élites agrarias, pues una
vez elegidos, los representantes de izquierda promulgaron reformas políticas que
fortalecieron el movimiento sindical bananero y los movimientos ilegales vinculados a las
comunidades de trabajadores bananeros (Carroll, 2010). Como resultado, esta unidad sindical
reforzó el poder de negociación colectiva, permitiendo que los trabajadores lograran
demandas clave, tales como una jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de
tribunales laborales para supervisar las violaciones y un aumento en los salarios promedio
(Carroll, 2010, pág. 73), además, la afiliación sindical en la zona bananera se disparó; el
número de afiliaciones sindicales a Sintagro paso de 300 a 9000 entre 1984 y 1986, mientras
que en Sintrabanano de 100 a cerca 4000 afiliaciones en el mismo periodo (Hough, 2010).
Fue tanto el crecimiento que en 1987, el 87% de las hectáreas plantadas en bananos tenían
representación sindical (Ortiz, 2007). Así, con la llegada de la UP, los lazos entre las FARC
y el EPL se habían estrechado para lograr importantes alianzas en el terreno político.
Sin embargo, a pesar de esta relativa unidad de las guerrillas en el terreno político, la
competencia entre ambas guerrillas por el control territorial y sindical, así como los
antagonismos ideológicos, socavaron esta unidad. La tregua significó un enorme crecimiento
para las guerrillas izquierdistas, que incrementaban sus adeptos a través del proselitismo que
movía a los sindicatos; el EPL por ejemplo, “pasó de tener 80 combatientes a 400 en dos
frentes guerrilleros. La influencia del Pc-ml se había disparado en el llamado eje bananero”
(Corporacion Nuevo Arcoiris, 2012). Por su parte, las FARC también aprovecharon para
acaparar nuevos territorios; es así como el Frente V se desdobló y se creó el Frente 18, que
2 Producto los procesos de paz del gobierno Betancur con las FARC en La Uribe, Meta, nació en 1985 la Unión
Patriótica (UP), partido político al que se integraron gran parte de los militantes de PC en Urabá
16
se instaló en los límites de Córdoba y Urabá, donde una facción del EPL estaba asentada.
Esto desato una rivalidad entre ambas guerrillas (Verdad abierta, 2016), que se conocería
como la como “guerra sindical”, en donde los sindicalistas y obreros terminaron pagando con
sus vidas las disputas territoriales de las guerrillas3. Esta cruenta guerra pudo moderarse una
vez estos dos sindicatos pierden sus personerías jurídicas luego de un paro cívico que habían
propiciado por 45 días, lo que les obligó a dirigentes de ambos sindicatos a buscar una
estrategia común, fusionándose en mayo de1989 en el mismo espacio sindical Sintrainago.
Sin embargo, este acercamiento entre las guerrillas se rompe en 1991 cuando el EPL se
desmoviliza. De esta manera, los sindicatos fueron vistos por las guerrillas como actores
determinantes para el control de poblaciones y territorios y, en este sentido, las relaciones
laborales de la agroindustria bananera facilitaron el ejercicio de control social y la imposición
ideológica por parte de las guerrillas izquierdistas sobre los trabajadores.
Por lo tanto, el periodo de 1984 a 1990 -con la unión de los dos mayores sindicatos-, está
enmarcado de importantes conquistas laborales pero también de mucha violencia por ambas
partes. Por un lado, los trabajadores sindicalizados pierden el temor y utilizan la amenaza de
las guerrillas que los protegen para obtener reivindicaciones colectivas así como beneficios
personales, es así como se registran homicidios recurrentes de administradores y capataces
de las fincas bananeras, ya que los empresarios acentuaron su ausentismo ante el peligro que
significaba un ataque guerrillero, de hecho, hubo épocas en las que en un municipio bananero
cayeron tres o cuatro administradores por semana (Ortiz, 2007, pp. 98 - 100). Igualmente, a
pesar de la consolidación sindical, se seguían presentando detenciones y asesinatos contra
los líderes sindicales, las cuales se acentuarían a finales de la década de los ochenta con la
llegada de paramilitares. Final y principalmente, el brote de violencia también lo marcaría el
enfrentamiento político y armado de las dos organizaciones guerrilleras por el control del
territorio bananero y sus recursos, donde la población sería la principal víctima de este
enfrentamiento.
3 Uno de los hechos que marcaron ese conflicto fue que las Farc mataron al hijo de alias “Caballo”, un
combatiente del Epl, trabajador bananero que vivía en Currulao. Éste tomó venganza y mató a dos carniceros
que apoyaban al PC. Vino una respuesta de las Farc y masacraron decenas de trabajadores de las fincas
bananeras en la zona. cuenta Mario Agudelo, ex militante del EPL, ex alcalde de Apartadó y ex diputado a la
Asamblea de Antioquia.
17
En síntesis, en el periodo de 1960 a mediados de la de la década de los ochentas, las guerrillas
izquierdistas encontraron en la producción bananera una importante fuente de financiación
para el desarrollo político y militar de su agenda. Así, aunque estas guerrillas no nacieron
con el fin de apropiarse de los recursos provenientes de la extorción bananera, esta extorción
si les permitió fortalecerse en una época en donde el narcotráfico no era su principal fuente
de ingreso, lo que a su vez generó una guerrillas estables que tenían la capacidad de ejercer
con mayor intensidad dinámicas violentas como lo fueron los homicidios y los
desplazamientos. Por otra parte, el desarrollo político también fue posible por las fallas
laborales que tenía el sistema de producción bananero, el cual facilito la ideología de
izquierda en los obreros y con ello el control sindical. Lo anterior, enmarcado en la falta de
presencia estatal, no solo ante el control de estándares de calidad laboral, como de inversión
pública en la zona, sino también, ante la falta de un proceso judicial ante las extorciones,
homicidios y secuestros.
ii. II ola de violencia, la llegada de los paramilitares
Como respuesta a este panorama, las élites políticas y económicas de la zona, representadas
con algunos miembros de Augura (bananeros y ganaderos), del Partido Liberal y una clase
emergente de narcotraficantes4 (quienes habían comenzado a comprar grandes extensiones
de tierra para establecer ranchos ganaderos como medio de lavado de activos) (Hough, 2010),
crean un ejércitos paramilitares locales; cuerpos armado que bajo la ilegalidad, defendían los
intereses económicos y políticos de los terratenientes, por medio de incursiones, detenciones
ilegales, asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos masivos, que dejaron miles de
muertos y decenas de miles de desplazados (Brown, 2013). Lo anterior, no solo en
complicidad de las elites de las sociedades locales, sino también con mandos de las
instituciones armadas (Ortiz, 2007, p. 159).
Así, al finalizar la década del ochenta, entran al norte de Urabá un grupo de autodefensas
comandadas por Fidel Castaño; estas tenían como fin erradicar el dominio guerrillero de la
4 El afán de asegurar territorios de retaguardia y de ampliar capitales y tierras, llevaron a los carteles de la droga
(particularmente el Cartel de Medellín) a establecer alianzas con algunos sectores de las élites tradicionales,
que habían sido especialmente afectadas por la presión de la guerrilla a través del secuestro y la extorsión.
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010)
18
zona y como primer golpe, perpetraron una de las primeras masacres de la magnitud de 30-
40 víctimas, acontecida en Marzo de1988 en las haciendas Honduras y La Negra en un
corregimiento de Turbo, donde decenas de obreros fueron asesinaron delante de sus familias5
(Ortiz, 2007). Este fue el inicio de una persecución mortal en contra de campesinos, obreros,
militantes de los partidos de izquierda y de todos aquellos que se percibían como vinculados
con los movimientos guerrilleros. Es así como las estructuras paramilitares establecen como
estrategia militar expulsar a la base social de la guerrilla y a su vez, “hacerse las codiciadas
rutas del narcotráfico en la región. Rutas que necesitaban todos los capos y carteles del país”
(Las2orillas, 2013), pues en esta época ya estaba en auge del narcotráfico.
Con la llegada de los paramilitares, las FARC cambian su estrategia de operación y en 1990
comienzan a actuar muy fuerte en lo militar -desde el norte de Urabá hacia Córdoba-, con el
fin de consolidar el territorio y defenderlo ante los ataques de las autodefensas.
Paralelamente, en 1991 el EPL se desmovilizaba y se agrupaba en un movimiento político
llamado Esperanza, Paz y Libertad o Esperanzados, que ante la falta de garantías que le
brindaba la poca seguridad estatal, se arma con la facción conocida como los Comandos
Populares, grupos armados que se distribuyen en los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa
(Las2orillas, 2013), sobre quien las FARC desencadenaría una fuerte persecución. A su vez,
la disidencia del EPL que no se desmoviliza conforma el Frente Bernardo Franco, el cual
contó con el apoyo de las FARC (Verdad abierta, 2016). En 1994, esta disidencia, junto con
El Bloque José María Córdoba del V frente las FARC, serían los responsables de la masacre
de La Chinita, un barrio de Apartadó en donde de forma indiscriminada se dispara contra
parte de la población que era militante o simpatizante de los Esperanzados. Esta masacre
seria el inicio de la agudización del conflicto entre los paramilitares y la guerrilla en la zona,
lo que género que muchos de los desmovilizados del EPL empezaran a aliarse con las
autodefensas de Castaño, para enfrentar las agresiones guerrilleras de las FARC en el Eje
Bananero (Rutas del Conflicto, 2016).
5 En las masacres que ocurrieron en 1988 en Urabá, es de resaltar la participación de un conocido administrador
de confianza de uno de los grupos inversionistas bananeros, quien después de las masacres huyo de Urabá. Así
como los estrechos vínculos de este administrador con el Batallón Voltígeros de Carepa, lo que no solo
acentuaba la relación entre los paramilitares y la industria bananera, sino también con miembros de la fuerza
pública. (Ortiz, 2007)
19
A partir de entonces, cuando la guerrilla cometía una masacre en una finca bananera de
influencia política de los esperanzados, las autodefensas respondían con otra en un predio de
influencia de las FARC. Desde entonces, las zonas controladas por las FARC como San José
de Apartado y el sur de Turbo en el Eje Bananero –además de otras zonas de Urabá como
Mutatá o el Darién- fueron de 1995 en adelante áreas de disputa y cruda violencia entre las
ACCU y las FARC. Así, en 1995 se perpetraron masacres como las de la discoteca El
Aracatazo en Chigorodo y en las plantaciones bananeras de Bajo del Oso y los Kunas en
Apartado, o la de Osaka en Carepa (1996), entre otras, donde no solo con homicidios, sino
también con desplazamientos, los actores armados se disputaron tanto el control del territorio,
como los recursos que estos les generaba.
En medio de las fuertes confrontaciones y tras la desaparición de Fidel Castaño en 1994, sus
hermanos Carlos y Vicente Castaño unifican las organizaciones paramilitares de la zona con
el nombre Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), para disputar a las FARC
los terrenos de Urabá, Córdoba, y el Darién chocoano (Ortiz, 2007). Cabe mencionar que
durante la expansión de esta estructura armada, los municipios que presentaron las tasas de
homicidio más altas fueron Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, donde la presión
que ejercieron las ACCU les permitió consolidar su zona de influencia hasta el Urabá
chocoano (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010). Así,
no es casualidad que en el periodo de 1988 y 1995, los homicidios en la región bananera
fueran cuatro veces mayor que en el resto de municipios de Urabá (Agudelo, 2011).
Entre 1994 y 1997 las ACCU se fortalecen considerablemente y en 1997 quedan bajo la
sombra de una sola organización nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en
medio de una guerra en la que ambos, paramilitares y guerrilleros, pusieron en el medio de
fuego cruzado a comerciantes, campesinos, comunidades indígenas, sindicalistas, líderes
políticos y comunitarios. Esa confrontación ocasionó el desplazamiento de cientos de
personas hasta dejar, incluso, sectores deshabitados (Verdad abierta, 2016). Tal fue la
magnitud de la guerra, que Urabá fue catalogada como zona especial de orden público, lo
que conllevo no solo a que los municipios del Eje Bananero fueran puestos bajo control
militar, sino que adicionalmente, este contexto de guerra también dio lugar a que la
gobernación departamental comenzara a formalizar a partir de 1994 las Cooperativas de
20
Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir, las cuales además de proteger a
los terratenientes del acoso, la extorsión y del secuestro de las guerrillas en la zona, también
fueron una fachada del proyecto paramilitar. Específicamente, investigadores judiciales han
comprobado que desde el mismo momento de su constitución, las Convivir tuvieron nexos
con los paramilitares; según lo establecido por la Fiscalía, estas cooperativas captaron y
administraron los fondos aportados por las empresas bananeras y ganaderas, sirvieron de
puente entre los paramilitares e incluso, algunos militares, para coordinar acciones y
realizaron labores de inteligencia a favor de las autodefensas (Verdad Abierta, 2011). Aunque
inicialmente fueron trece las Convivir las que operaron en Urabá, estas terminaron
unificándose en una sola para manejar de manera más eficiente los recursos, donde cuyos
directivos fueron procesados penalmente por nexos con grupos paramilitares.
Por lo tanto, la complicidad de las empresas para financiar la estabilidad paramilitar a través
de un sistema de pagos que no se entendía como extorción, sino como un servicio de
seguridad privada, permitió parte de la estabilidad financiera de las autodefensas. Al respecto,
Raul Hasbún alias “Pedro Bonito”, empresario bananero que también fue un comandante de
la cúpula de las ACCU y uno de los principales estrategas de la estructura de financiación de
las autodefensas en Urabá, da cuenta en medio de una entrevista con el diario Semana, de
cómo él fue el enlace con el gremio bananero y como utilizó las Convivir como fachada para
que los empresarios le dieran plata a los paramilitares. En particular, establece que aprovecho
su condición de empresario y su cercanía con los empresarios bananeros y ganaderos de la
zona para captar recursos para estas asociaciones, donde bajo esta relación, su bloque recibía
tres centavos de dólar mensuales por caja de banano exportada por las empresas asentadas
en la zona, lo que le generaba entradas mensuales de 400 millones aproximadamente, que
sumado a otros 200 de los ganaderos y otros 100 de los comerciantes, podrían sumar 600
millones de pesos mensuales, que terminaban siendo 7.200 millones de pesos anuales. Esta
cifra permaneció aproximadamente los 10 años que delinquieron (Semana, 2012). Por su
parte, Hebert Veloza alias “H.H” quien también era miembro de las ACCU, afirmo que “En
el Urabá Antioqueño, las Convivir eran parte de las autodefensas, a tal punto que con la plata
que ellas recogían se pagaban las armas y se les pagaba a los muchachos” (Verdad Abierta,
2011). Por lo tanto, existen pruebas sustanciales de que los productores y exportadores de
bananos participaron en este proceso, “donde el caso más famoso es el de Chiquita, que
21
admitió haber pagado 1,7 millones de dólares al grupo paramilitar de las AUC” (Brown,
2013). Sin embargo, se ha prestado menos atención al hecho de que toda la industria estaba
haciendo pagos similares a las AUC desde mediados de los 90 hasta al menos 2004 (Brown,
2013)
En efecto, en este proceso de control territorial antiguerrillas ejercido por las fortalecidas
ACCU en el Eje Bananero, se experimentó en la región una de las arremetidas más violentas,
tras lo cual las FARC deciden retirar sus núcleos armados de las ciudades y replegarse a los
territorios montañosos y selváticos como la serranía de Abibe, mientras que el contingente
más grueso lo hizo hacia Mutatá, Dabeiba y Ríosucio (Observatorio del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010). Sin embargo, años siguientes, la
confrontación entre las autodefensas y las FARC se mantuvo vigente en el Urabá antioqueno,
aunque a partir de 1995, la jurisdicción del Eje Bananero es asumida por el Bloque Bananero
de las Autodefensas, constituido por dos frentes: el frente Turbo, comandado por alias “HH”
y el frente Bananero, a cargo de alias “Cepillo” (Ortiz, 2007). Este bloque se desmovilizaría
formalmente en el 2004.
Sin embargo, bajo el periodo de dominación de las autodefensas en el Eje Bananero, las
FARC continuó sus estrategias de recuperación de territorios, particularmente, desde 1998,
en contiendas con las ACCU, hicieron de la región “verdaderos infiernos de fuego cruzado
con secuelas de desplazamiento” (Ortiz, 2007). Un aspecto característico de esta violencia
en el Eje Bananero, fue el asesinato de sindicalistas, ya que de 1991 a 2003 fueron asesinados
en esta zona 632 sindicalistas (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y DIH, 2010) así como campesinos y colonos –en su mayoría indígenas y
afrodescendientes- las victimas de estas disputas.
Luego, con la desmovilización de las ACCU (2004-2006), aparecen estructuras armadas
como las águilas negras y los rastrojos, al parecer disidentes de las antiguas AUC, que tienen
como objetivo controlar territorios importantes para el narcotráfico, sin embargo este es otro
estudio ajeno a la producción de bananos en el Eje Bananero.
En síntesis, los grupos paramilitares no solo se solidifican con las rentas provenientes de la
producción de banano, sino que esto permitió que se impusieran en la zona ejerciendo un
fuerte nivel de violencia con desplazamientos y homicidios, hecho que fue respondido por
22
las FARC de la misma manera, dando lugar a que en la zona se diera una fuerte ola de
violencia atribuida a la competencia de los grupos ilegales por el control del territorio -que
por su condición de puerto ya era determinante para el narcotráfico- y sus recursos –rentas
provenientes de la extorción a los bananeros-. Lo anterior, enmarcado un en un contexto de
una presencia institucional débil, caracterizado no solo por la falta de control en las
extorciones que se presentaban, sino también, en la medida en que los abusos de las guerrillas
no pudieron ser controlados por las fuerzas armadas, así como la falta de garantías del Estado
a través de un buen sistema laboral, así como la falta de inversión pública, generaron un
amplio apoyo social a la guerrillas.
III. Marco empírico y resultados
Para determinar el efecto causal que tuvo la producción de banano en las dinámicas de
violencia del Eje Bananero, se procede a elaborar un panel de datos a nivel municipal anual,
con información sobre el área cultivada de banano tipo exportación en los municipios
productores, proveniente de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. El número de acciones violentas entendidas como homicidios
y personas expulsadas o desplazadas, proviene del Registro Único de Victimas de la Unidad
de Victimas. Adicionalmente se extrae información municipal del DANE y del panel
municipal del CEDE.
No obstante, la información sobre la producción de bananos medida en el área cultivada o en
las toneladas producidas, se encuentra agregada a nivel anual para los territorios del Eje
Bananero de Urabá y de la Zona bananera de Magdalena. En efecto, no se tiene información
sobre la variación de la producción de banano a nivel municipal, hecho que limita el alcance
de los datos. Por lo anterior, para capturar la variación de la producción de bananos y
violencia, este panel de datos considera los municipios del Eje bananero de Urabá, los 6
municipios de la Zona Bananera de Magdalena (Aracataca, Cienaga, Fundación, El Reten,
Santa Marta y Zona Bananera) y 4 municipios de Urabá aldeaños al Eje Bananero que no son
productores de banano sino ganaderos (San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Arboletes y
Necoclí). Esto con el fin de comparar la variación en la violencia entre los municipios no
23
productores de banano y los municipios productores en Urabá, así como también comparar
la variación en la violencia entre los municipios productores de Urabá y Magdalena.
Así, al observar la Imagen 1, se encuentra que al comparar la tasa de homicidio para estas
tres zonas, la tendencia de homicidios en Urabá es similar en los municipios productores y
no productores, sin embargo, la violencia tiene un efecto mayor en el Eje Bananero.
Igualmente, al comparar la tasa de homicidio en los municipios productores, no se encuentra
una tendencia similar después del año 2000, ya que ocurre una sustitución violenta de cultivos
de banano por palma de aceite en Magdalena.
Imagen1: Tasa de homicidios. Datos del Registro Único de Victimas, elaboración propia.
Ocurre un razonamiento similar con los desplazamientos, en donde no solo se evidencia un
efecto mayor en el Eje Bananero, sino que además, se acentúan picos de violencia tanto con
la llegada paramilitar (finales de la década de los ochenta a 1995), así como otro pico en
1998, cuando las FARC buscan retomar el poder en la zona. Con la desmovilización de las
ACCU en 2004-2006, si bien se registran desplazamientos (con una magnitud menor que en
años anteriores), estos responden principalmente a efectos del narcotráfico y no a una
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Eje Bananero Uraba Norte Magdalena
24
dinámica con la economía de la zona, sin embargo, ante la falta de observaciones, este panel
de datos toma en consideración los años hasta 2015.
Imagen 2: Desplazamientos en número de personas expulsadas por municipio. Datos del Registro Único de
Victimas, elaboración propia.
i. Resultados
Se utiliza la metodología de datos panel con efectos fijos –luego de la prueba de hausman-,
para establecer la relación causal entre la producción de bananos y la violencia. Sin embargo,
para tener resultados más precisos, se opta por usar una variable exógena a la producción
interna de banano, ya que esta última puede estar determinada por las dinámicas de violencia
y causar endogeneidad. Así, se usa la variable instrumental precio internacional del banano
en pesos, para establecer la causalidad con la violencia.
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Eje Bananero Uraba Norte Magdalena
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(1) (2) (3)
VARIABLES tasahomicidio tasahomicidio tasahomicidio
areacultivada_banano_agregadaha -0.0178***
(0.00367)
L.tasahomicidio 0.622*** 0.646*** 0.565***
(0.0356) (0.0348) (0.0369)
produccion_banano_agregada -0.000441***
(0.000107)
precio_banano_COP -0.000100***
(1.45e-05)
Constant 267.5*** 246.3*** 206.1***
(42.01) (43.90) (22.80)
Observations 505 505 498
R-squared 0.470 0.463 0.499
Number of divipola 18 18 18
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Tabla 1: rezagos en la tasa de homicidio
En la tabla 1, luego de una regresión de datos panel con efectos fijos y rezagos en la tasa de
homicidios, si bien se encuentra que las variables producción en toneladas, hectáreas
cultivadas y precio internacional del banano en pesos son significativas, estas se relacionan
indirectamente con la violencia. Es decir, aumentos en la producción, área cultivada y en el
precio, daban lugar a una menor tasa de homicidios.
Sin embargo, se aunque se esperaba una relación positiva entre las variables, pues aumentos
en la producción de banano, aumentaban los ingresos de los grupos armados vía extorción o
vía seguridad privada paramilitar, lo que hacía más sostenibles a los grupos armados en el
tiempo y les ampliaba su dominio de violencia. No obstante, intuitivamente esta relación
inversa entre las variables puede explicarse en el hecho que, en el periodo de finales de la
década de los ochenta hasta mediados de la década del 2000, cuando la producción de banano
aumentaba en Urabá, los grupos paramilitares ACCU, tenían una mayor sostenibilidad
financiera vía seguridad privada por parte de las empresas bananeras, lo que permitió que
este grupo se solidificara y fuera más fuerte que las FARC. En efecto, una vez las ACCU
tenían controlada la región, no solo los empresarios bananeros tenían mayores garantías y
protección frente a las presiones de las FARC, sino que además, este último grupo armado
perdió solidez y control en el Eje Bananero, lo que se tradujo a menores índices de homicidios
26
pues ya no habían confrontaciones internas por el control territorial. De esta manera, los
ingresos bananeros reducen la violencia al fortalecer los grupos que controlan el territorio
(ACCU).
(1) (2) (3)
VARIABLES tasadespla tasadespla tasadespla
areacultivada_banano_agregadaha -0.0737
(0.171)
L.tasadespla 0.274*** 0.273*** 0.264***
(0.0437) (0.0437) (0.0439)
produccion_banano_agregada -0.00390
(0.00511)
precio_banano_COP -0.00142**
(0.000655)
Constant 3,487* 4,207** 4,326***
(1,809) (1,985) (846.0)
Observations 505 505 498
R-squared 0.076 0.076 0.082
Number of mpio_dane 18 18 18
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Tabla 2: Rezagos en la tasa de desplazamiento
En cuanto al panel de datos con rezagos en las personas expulsadas, se mantiene la relación
inversa entre el precio internacional del banano en pesos y la tasa de desplazamiento y se
argumentaría el mismo razonamiento dicho de manera previa. Por otra parte, dado que por el
alcance de los datos no se puede evaluar la variación municipal, resultaría más apropiado
hacer un estudio de la variación entre los municipios del Eje Bananero para tener resultados
más acertados.
IV. Conclusiones
Los resultados de esta investigación sugieren que el cultivo de banano incidió en los niveles
de desplazamiento forzado y de homicidios en el Eje Bananero de Urabá a través de dos
dinámicas paralelas: la primera, ante la ausencia de una presencia estatal fuerte fue posible
el cobro de extorsiones por parte de grupos armados ilegales a los productores bananeros,
27
haciendo posible el financiamiento de las guerrillas izquierdistas, lo que a su vez
desencadeno olas de violencia por el control de este territorio y sus recursos, medidos con
desplazamientos y homicidios. La segunda, la falta de garantías estatales permitió a que se
usaran ejércitos antiguerrillas que fueron financiados por los bananeros de la zona, dando
lugar a una segunda ola de violencia.
Sin embargo, estos resultados no permiten concluir que el cultivo de banano sea en sí mismo
un generador de conflicto y desplazamiento, ni que la única forma de evitar estas dinámicas
sea impidiendo su cultivo. Los resultados de esta investigación resaltan que las características
de la producción de banano si ha incentivado el conflicto bajo un contexto institucional débil
y en ese sentido, se incentivan a futuras investigaciones a relacionar la dinámica entre el
cultivo agrícola de banano, el desplazamiento, los homicidios y la financiación de actores
armados.
28
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