EDITORIAL 8 de Junio de 2015 a las 00:00h

Reformas ya, es la consigna

EDITORIAL

La persistencia de los asistentes a las concentraciones en el Parque Central, a pesar de la lluvia, demuestra que

la ciudadana guatemalteca est hablando muy en serio cuando exige cambios inmediatos en la manera de

castigar a los corruptos. Tampoco est dispuesta a dejarse ganar, a pesar de las acciones evidentemente

concertadas con grupos que acarrean gente para provocar embotellamientos, entre otras medidas, no solo

ilegales, sino violentas, porque afectan varios derechos de los ciudadanos y tienen serios efectos negativos en la

vida social y econmica del pas.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polticos ya comenzaron a ser analizadas por el Congreso, pero

tanto los diputados como los partidos insisten en que se pongan en prctica dentro de cuatro aos. Esto es

absurdo y demuestra la mala fe de quienes, en teora, tienen en sus manos reparar todos los errores, y dejan

lugar al retorcimiento de los conceptos y de los textos. Pero adems constituye una clara desobediencia a la

consigna popular, que les ordena actuar de manera distinta a como hasta ahora han efectuado su labor

legislativa.

Es importante saber por qu el pueblo ha expresado una consigna. Este vocablo significa una orden que en las

asociaciones polticas o sindicales da una persona o dirigencia a los subordinados o afiliados. Lo indica el

Diccionario de la Lengua Espaola, o DILE, sustituto del Diccionario de la Real Academia Espaola, o DRAE,

en su calidad de rector del idioma oficial de Guatemala.

En este caso, la persona u organismo dirigente son los ciudadanos; es decir, los jefes de los polticos y sobre

todo de los funcionarios pblicos, quienes encajan en la definicin del vocablo como subordinados. Las reformas a la Ley Electoral, entonces, deben ser puestas en prctica para estas elecciones. La insistencia de

repetirlo se debe a que una desobediencia abierta y vergonzosa a la voluntad popular abre las puertas a la

desesperacin y ello, a su vez, a la posible violencia.

Por esa causa, cualquier sugerencia o insinuacin a que haya bloqueos de carreteras y paros de actividades

ligadas al oficialismo llega a la frontera de la incitacin a la violencia. Otra entidad que debe tener el valor de

actuar con la majestad de la ley es el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto a otorgar finiquitos a candidatos y

revisar los gastos de las campaas partidistas. A los magistrados de ese alto rgano tambin les alcanza el efecto

de la consigna nacional para que las reformas sean realidad durante los prximos comicios.

Es fundamental indicar que la escasez de tiempo no es motivo para decisiones absurdas o imposibles de poner

en prctica. Simplemente significa que se debe decidir rpido y bien, porque se trata de una emergencia. Al

respecto de la propaganda poltica en los medios de comunicacin, Prensa Libre expondr su posicin en un

editorial esta misma semana. Se trata de un tema fundamental para la cimentacin de la democracia, que

obviamente necesita establecer marcos de accin a fin de no convertir a la libre emisin del pensamiento en una

burla o en instrumento antidemocrtico que solo prevalece en sociedades en las que impera la intolerancia.

EDITORIAL 7 de Junio de 2015 a las 00:00h

No es momento para imprudencias

EDITORIAL

El Congreso se encuentra, de nuevo, en el ojo de la tormenta, pues le toca coordinar el esfuerzo de implementar

reformas en varias leyes, a fin de atender, por no decir apaciguar, la ola de protestas en contra de la corrupcin

que ya se acerca a su sptima semana y no tiene visos de ceder.

El impulso de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Polticos, largamente pospuestos por todos los partidos

representados, resulta ahora ser una de las prioridades, con la cual se intenta darles un pequeo dulce a los miles

de descontentos, quienes, por supuesto, no se conformarn con nimiedades.

Sin embargo, el hecho de haber puesto al ms desprestigiado de los organismos del Estado a cargo de recopilar

y dirigir tan aorados cambios no parece haber sido un paso certero, pues a juzgar por las primeras acciones

emprendidas por la partidocracia, todo apunta a que la expectativa nacional chocar con las tcticas dilatorias,

acuerdos bajo la mesa y entuertos legales que han caracterizado a los legisladores, se trate de aquellos con larga

y cuestionada carrera parlamentaria o de los decepcionantes primerizos.

La Conferencia Episcopal, a travs de su comunicado Nos duele Guatemala, puso el dedo en la llaga, al referirse

a la actual legislatura como un organismo con evidente incapacidad, por ineptitud y malicia, para generar

cambios efectivos. En general fue sealada la clase poltica del pas, por su incapacidad dialgica,

comportamiento caudillista y vaco ideolgico.

El pasado jueves se instalaron las mesas que debern discutir reformas a las leyes de Contrataciones del Estado,

de Servicio Civil y Electoral y de Partidos Polticos, al tiempo de coparticipar de una reforma al sistema de

justicia, objetivos que se avizoran difciles y de grave conflicto de intereses para los diputados, ya que todas

esas normativas, de ser cambiadas en favor de la transparencia, golpearan no solo sus vas de financiamiento,

sino tambin el perverso incentivo de ofrecer plazas a cambio de votos o el contar con injerencia en decisiones

judiciales.

Los cambios legales son importantes, urgentes e impostergables, por lo que la poblacin no debe quitar el dedo

del rengln ni la lupa a los congresistas, para que estos no se confundan ni traten de dilatar, manosear o incluir

clusulas truculentas a su favor, pues el pas est urgido de normas que obliguen a todos los ciudadanos, pero

especialmente a los polticos, a manejarse con mayor transparencia, a ceirse a los presupuestos asignados y a

dejar de hacer ofrecimientos aventurados tan solo con el afn de acceder al poder para abusar de l.

En cuanto al presidente de la Repblica, que ahora intenta limpiar su imagen, opacada por los escndalos de

corrupcin encabezados por sus principales allegados, debera limitarse a dejar abierto el campo para las

reformas y, en todo caso, ser un claro colaborador para encontrar soluciones convincentes a la encrucijada, pues

en el actual momento su figura ha quedado muy deteriorada, sobre todo cuando sus colaboradores lo han

abandonado y su gente de confianza incurri en terribles afrentas al erario y a la inteligencia de quienes

sostienen a este Estado.

EDITORIAL 6 de Junio de 2015 a las 00:00h

Otra oportunidad desperdiciada

EDITORIAL

El presidente Otto Prez Molina ha quedado tan debilitado en su mandato que cualquier nombramiento que

haga ser sometido al escrutinio pblico, como acaba de ocurrir con la designacin del exministro de Trabajo y

expostulado a la Vicepresidencia, Carlos Contreras, como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad

Social (IGSS), una entidad que ya lleva demasiados aos envuelta en una crisis de credibilidad y saqueo de sus

recursos por parte de sus dirigentes.

Por un lado, pareciera que el mandatario ha cado en una especie de autismo poltico, probablemente a raz del

desgrane de su gabinete, del desplome de su credibilidad ante la poblacin y de las peticiones de su renuncia, no

solo en las manifestaciones multitudinarias, sino tambin por parte de sectores diversos como los campesinos,

los empresarios, el gremio de abogados y notarios y el estudiantado universitario, entre otras demandas para

sanear el sistema.

Este instinto de fuga, o estrategia de mostrar indiferencia en espera de que se calmen los reclamos, no hace sino

crearle a Prez Molina una atmsfera enrarecida dentro de la cual considera tener el mismo peso moral y

poltico que al inicio de su mandato; ciertamente sigue siendo el presidente, con todas las prerrogativas de ley,

pero eso mismo es su taln de Aquiles, pues al no haber sido capaz de controlar a sus funcionarios, ni siquiera a

los ms cercanos, su autoridad qued menguada, ante los excesos en la administracin pblica.

Una institucin tan emblemtica como el IGSS, que a su vez ha constituido una autntica carnada para todos

aquellos que lucran con la res pblica, merece ya tener una administracin digna, transparente y totalmente libre

de cuestionamientos. Ese no es el caso de Contreras, quien ha tenido una activa participacin en el partido

oficialista e incluso fungi en algn momento como abogado de la defenestrada ex vicepresidenta. Su

designacin resulta poco acertada, debido a los vnculos partidistas, que tambin la hacen susceptible de

impugnaciones legales.

El pas est actualmente sumido en un espritu generalizado de escepticismo, debido a los abusos, negligencia o

incapacidad de las ltimas administraciones de gobierno. La dbil posicin que sostiene el presidente Prez

Molina se carcome an ms al nombrar a un allegado, cuyo perodo tendra vigencia de seis aos, como si fuera

ms bien un intento de guardar un ltimo trozo de influencia, ms all del fenecimiento de su administracin, en

una institucin que ha dejado de cumplir sus ms claros objetivos.

El presidente ha desperdiciado quiz la ltima oportunidad que tena de enviar un mensaje claro acerca de sus

prioridades en favor del autntico combate de la corrupcin. An as, tampoco debera quedarle duda de que la

poblacin no se quedar indiferente y ver en este nombramiento una decisin apresurada, opaca y

convenenciera. Sobre todo cuando se tena la oportunidad de sentar las bases para un autntico cambio en la

direccin del Seguro Social, que maneja millonarios recursos, los cuales son sagrados para quienes s on sus

principales beneficiarios: los afiliados.

EDITORIAL

5 de Junio de 2015 a las 00:00h

Es indispensable seguir la presin

EDITORIAL

La cercana de las elecciones, programadas para dentro de solo 14 semanas, es uno de los principales motivos

para que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polticos sean aprobadas en el Congreso y confirmadas en

la Corte de Constitucionalidad, a fin de que rijan el evento eleccionario que integrar al nuevo gobierno del

pas. Por esa causa es indispensable seguir la presin popular expresada en las manifestaciones sabatinas de las

ltimas semanas, que no solo deben demandar la renuncia del presidente.

Hace tres das, analistas locales e internacionales sealaron que la ciudadana no tiene que aceptar ningn tipo

de medida dilatoria, y lejos de ello trasladar sus protestas a los organismos estatales que deben conocer los

proyectos de cambios a esa ley, adems de dejar la puerta abierta para que sean modificadas las otras tres

normas urgentes; es decir, aquellas relacionadas con el sector justicia, el servicio civil y las compras y

contrataciones estatales.

El presidente del Congreso, Luis Rabb, ha afirmado que recibirn y analizarn las propuestas que reciban, pero

no se ha referido con especificidad al factor tiempo. Este es tambin muy importante para la Corte de

Constitucionalidad, que debe actuar con serenidad pero con sentido claro de la urgencia. Es decir, trabajar

rpido y bien. Todos los involucrados deben tener en cuenta que no hay que malgastar el tiempo con largas

elucubraciones de todo tipo, sino emplearlo con la certeza de que en la tardanza est el peligro.

Por aparte, nuevas voces muy importantes se alzan para unirse a las crticas y las demandas ciudadanas. La

Conferencia Episcopal se uni a la exigencia de que cuanto antes sean realizados los cambios por el Congreso, a

donde deben dirigirse las peticiones y la presin populares, y le hizo un dursimo pero merecido calificativo, al

sealar que hay ineptitud y malicia para componer la Ley Electoral y de Partidos Polticos. De estos ltimos, expres que se caracterizan por la personalidad de quien los organiza, adems de que carecen de plataforma

ideolgica slida y coherente con la realidad del pas.

Esta voz es particularmente importante porque proviene de un sector social que tiene en la tica uno de sus

bastiones principales, y que en otras ocasiones ha criticado la falta de criterios y valores en la sociedad, en

general. Por esa causa emplea trminos como desfachatez. De manera explcita, la Conferencia seala que la ley relacionada con las elecciones y los partidos tiene prioridad.

Cada vez aumenta la comprensible y justificada presin social para que cambie de manera fundamental la forma

de hacer gobierno en Guatemala, basada en aceptar la corrupcin como algo intrnseco y, sobre todo, impune.

En ese sentido, la sociedad debe mantenerse en posicin firme para poner sobre aviso a todos los participantes

en poltica, los partidos, alcaldas, parlamentarios, etctera. La participacin de los jvenes lejos de ser criticable y motivo de mofa, especialmente por dirigentes cuestionables es admirable y despierta las

esperanzas de los adultos. Sin presin, el proceso est en peligro. No verlo es ridculo e irresponsable.

EDITORIAL 4 de Junio de 2015 a las 00:00h

Expertos sealan cambios necesarios

EDITORIAL

La similitud de muchas de las sugerencias fue una caracterstica de la reunin de expertos nacionales y del analista internacional Daniel Zovatto, convocada por la Fundacin Esquipulas. Hablaron de los cambios a la Ley Electoral, de

reformas referentes al financiamiento privado, de afianzar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), del castigo a los

partidos que infrinjan las leyes, as como de la necesidad de que las modificaciones solicitadas por quienes se han manifestado los fines de semana se efecten con sentido de urgencia, pero con serenidad y manteniendo la

constitucionalidad.

Los expertos nacionales mencionaron que la actualizacin de la Ley Electoral y de Partidos Polticos es una urgencia para modificar el sistema y por ello es que se ha despertado la conciencia ciudadana en las protestas en las que se

exigen cambios. En cuanto al financiamiento privado de partidos y de campaas, se dijo que debera ser prohibido o

limitado al 20% del costo total, porque el actual es un modelo perverso y es la caja negra de la democracia, al convertir al Gobierno en un botn de los financistas, pues la campaa electoral se convierte en deuda financiera.

Los partidos solo deberan inscribir candidatos donde haya representacin partidaria; tener democracia interna, con

voto secreto en las asambleas. Se debe prohibir la reeleccin de diputados y alcaldes, y el transfuguismo; permitir el voto en el extranjero y encarcelar a quienes acepten narcodinero.

Las campaas deben tener un mximo de 90 das, con libre acceso a los medios de comunicacin y castigo de suspensin a quienes hagan propaganda anticipada. El TSE debe llevar las actas de las asambleas partidarias, que

ahora son una farsa. Otra ley que debe ser reformada es la del Organismo Legislativo, para reducir el nmero de partidos, darle a estos la propiedad de las curules, para que los trnsfugas queden fuera, con el espritu de fortalecer el

principio de elegir y ser electo.

Zovatto habl del cambio actual de ciudadano elector a ciudadano vigilante, y de hablarles fuerte y cerca del odo a los diputados, que mantienen una actitud autista, por lo que las protestas deben trasladarse del Parque Central al

Legislativo. Acerca de las reformas a la Ley Electoral, seal que estas no deben responder a una especie de carta a

Santa Claus, sino seleccionar aquellas que pueden generar algn cambio positivo.

El TSE, indic, debe ser quien gua y el Congreso, quien haga las reformas, pero la ciudadana debe acercarse sin paciencia a exigirlas. Su calidad de Supremo hace que sus decisiones sean inapelables e inamparables. Insisti en que

los movimientos populares tienen fecha de vencimiento y por ello no se debe aceptar ninguna estrategia dilatoria.

Queda claro, a juicio nuestro, que el foro del martes constituy un aporte muy claro para comprender la urgencia de

las reformas a la Ley Electoral, pero tambin a la que rige al Organismo Legislativo. El tiempo est en contra de que estas elecciones puedan ser tiles para afianzar la democracia, la cual no debe ser reducida a 30 aos de instalada,

cuando un porcentaje mayoritario de la poblacin no haba nacido o estaba en la etapa previa a la mayora de eda

EDITORIAL

3 de Junio de 2015 a las 00:00h

Detectores para pocos o muchos

EDITORIAL

Cada vez son mayores las sorpresas derivadas de la actual crisis poltica del pas. Ayer se dieron dos: la

dimisin del secretario general de la Presidencia, pareja de la hija del gobernante Otto Prez Molina, quien as

aumenta su soledad personal, institucional y poltica en la que se encuentra, lo cual acrecienta su debilidad y

hasta llega a poner en entredicho su continuidad en el cargo, una de las ms fuertes exigencias de algunos

sectores ciudadanos.

Poco despus, el presidente inform que Estados Unidos ofrece, a partir de maana, utilizar detectores de

mentiras, o polgrafos, para hacer las investigaciones relacionadas con la Superintendencia de Administracin

Tributaria, aunque no se darn a conocer los nombres de quienes no pasen las pruebas de los tcnicos

pertenecientes al Departamento del Tesoro y que vengan con la meta de efectuar esas mediciones dirigidas a

luchar contra la corrupcin.

Esta colaboracin estadounidense viene a comprobar la profunda preocupacin existente en W ashington por los

niveles de corrupcin a los que se ha llegado en Guatemala, rechazados con claridad y dureza por los

guatemaltecos a partir del 16 de abril recin pasado, en cuatro manifestaciones pblicas y miles de mensajes a

travs de las redes sociales. Se puede inferir entonces que la crisis no ha terminado y que puede ampliarse a

otros temas, distintos a la renuncia del presidente.

El hecho de que haya sido aceptada la oferta estadounidense solo se puede explicar como una prueba de la

imagen de mentirosos que tienen los funcionarios pblicos. Solo con aparatos tecnolgicos modernos se puede

asegurar la verdad de las declaraciones de estas personas, lo que en realidad significa un convencimiento de que

ha desaparecido ojal no para siempre la confianza en la palabra de quienes llegan a engrosar las filas de la burocracia.

Aunque sea de manera indirecta, lo ocurrido ayer afecta al proceso electoral y a los prximos comicios, porque

los grupos ciudadanos podran solicitar, con la misma lgica de que Estados Unidos ayude a afianzar las

instituciones guatemaltecas, que los polgrafos sean utilizados en todos los candidatos presidenciales, para

diputaciones y para alcaldas y otras figuras partidistas. La pregunta principal se referira al origen de los millonarios fondos utilizados para las campaas, a fin de que expresen si es oscuro o ilegal por provenir de

estructuras criminales. Todo esto es parte de la labor de recuperar la credibilidad en el proceso.

Es necesario sealar que todas estas acciones deben tomarse de inmediato, y en el caso de los integrantes de la

Superintendencia de Administracin Tributaria, darse a conocer. Otra de las exigencias de los ciudadanos es el

fin de la impunidad, que comienza con la informacin sobre quines no pasaron las pruebas, aunque esto sera

insuficiente si se presentara en los tribunales. Estos aparatos son muy usados por empresas y gobiernos para

reclutar personal, por lo que tambin deberan emplearse para evaluar a quienes aspiren a ocupar puestos de

eleccin popular y sobre todo cuando tengan a su cargo el manejo de cifras millonarias pertenecientes al erario.

EDITORIAL

2 de Junio de 2015 a las 00:00h

Irresponsabilidad agrava la crisis

EDITORIAL

Las elocuentes protestas que durante seis semanas se han apoderado de la Plaza de la Constitucin y que en sus ms

recientes convocatorias han exigido la renuncia del presidente Otto Prez Molina son apenas la cara ms visible y sonora de una crisis poltica que sacude al Estado guatemalteco y que cuestiona su funcin, su misin y su

integracin.

Sin embargo, la debacle tiene otras facetas, sintomticas, que a menudo pasan inadvertidas pero que igual representan un estado de cosas que del deterioro ha pasado ya a una fase crtica, por no decir terminal, en la cual se hace necesario

un golpe de timn, que por supuesto las actuales autoridades no tienen las condiciones polticas ni tcnicas para darlo.

Ver a agentes de la Polica Nacional Civil empujando sus unidades, por falta de combustible, debido a una abultada

deuda a proveedores, que se resisten a continuar entregndolo a dependencias pblicas que se han quedado sin capacidad de pago, es una vergonzosa situacin lmite a la que ha contribuido la seguidilla de gobiernos de los

ltimos 15 aos.

Los policas no son los nicos que afrontan esas penurias, como lo testifican los mdicos del Hospital San Juan de

Dios, que ayer estuvieron a punto de paralizar la atencin en la consulta externa, coincidentemente porque no han recibido las asignaciones presupuestarias establecidas, lo cual ha repercutido en un desabastecimiento de insumos que

complica la prestacin de servicios bsicos, un drama que se viene gestando desde hace aos y que, de hecho, fue uno de los caballitos de campaa publicitaria del actual gobierno.

Existe una fuente recurrente de este tipo de conflictos y limitaciones en el servicio pblico, y proviene de la

imprudencia por parte del Ejecutivo, de los principales asesores en el equipo econmico y tambin de los diputados al

Congreso, que incurrieron en el despropsito de aprobar un presupuesto desfinanciado, el cual incluso pretendieron solventar con la inclusin de impuestos que ya se vislumbran ilegales y que, al no recaudarse, por estar suspendidos,

le estn pasando una costosa factura al Gobierno.

La cada en la recaudacin tributaria se ha visto agravada porque los contribuyentes han perdido la confianza en el sistema, debido, sobre todo, al reciente escndalo en Aduanas, aunque ante la Ley esto no constituya una excusa

vlida. No obstante, es innegable el impacto que tiene este tipo de redes de desfalco.

El Gobierno anunci a comienzos del ao un plan de austeridad que ms pronto que tarde se vio burlado, debido a

numerosos gastos superfluos tales como la continuacin en la produccin del estril canal televisivo estatal, la compra por parte del Mineduc de banderines para un anodino campeonato de futbol escolar o el anmalo pago de Q22

millones a una empresa que verti agua con sal en el Lago de Amatitln.

Entre el dispendio y las carencias, el Ejecutivo que va de salida busca ahora tomar la ruta de ms endeudamiento, como si su irresponsabilidad no fuera la causante del agravamiento de una crisis que bien pudo prevenirse.

EDITORIAL

1 de Junio de 2015 a las 00:00h

Continuacin de manifestaciones

EDITORIAL

La tercera presencia masiva de ciudadanos en el parque central capitalino y en los de varios departamentos debe

ser comprendida como lo que es: una expresin clara de que llegaron a repudiar una de las peores lacras del

sistema poltico: la corrupcin. No se puede olvidar que el pueblo guatemalteco, en ms de medio siglo, por

temor o dejadez no expresa abiertamente sus criterios, no se haba manifestado en forma oral o escrita, y mucho

menos con la asistencia espontnea a manifestaciones.

Al analizar con algn detenimiento lo que est ocurriendo desde hace un mes, se puede notar que estas

manifestaciones de repudio comenzaron con una exigencia: la renuncia de la entonces vicepresidenta Roxana

Baldetti, por complicidad de los casi increbles malos manejos de ella y de la serie de achichincles lacayunos,

testaferros, en todas las acciones de gobierno en las que particip.

Lograda esa meta, la exigencia subi de tono al ser dirigida contra el presidente Otto Prez Molina, quien no

supo o no dese comprender el mensaje popular, y si bien forz la salida de la cuestionada funcionaria, se

equivoc al defenderla y alabarla pblicamente. Pronto llegaron las exigencias de renuncia del mandatario,

quien se fue quedando solo y, sobre todo, convirtindose en el smbolo de los males polticos del pas.

Posteriormente, algunos de sus detractores parecieron darse cuenta de los problemas de acefala prctica que

tendr su salida del gobierno.

Es evidente que la presencia de manifestantes se ha mantenido en un nmero similar, pero que se pueden

observar cambios en los sectores sociales participantes. El sbado se hicieron presentes por primera vez

delegaciones indgenas, grupos de artistas y en general el abanico de las peticiones se han ido ampliando. Por

ello, para hacer un clculo de cuntas personas se han presentado al frente del Palacio Nacional es vlido sumar

las cifras de las tres reuniones populares, que han mantenido sus caractersticas iniciales de voluntariedad y de

un orden absoluto.

Cada vez aumentan los temas en las pancartas. Ahora se sealan los urgentes cambios a la Ley Electoral y de

Partidos Polticos, pero que sean efectivas, al menos algunas de ellas, para las elecciones que se encuentran a

apenas 98 das de distancia. Es evidente la relacin entre estos cambios y el posible logro de reducir, al menos,

los casos de corrupcin. Pero esto no tiene posibilidad de logro si no actan de manera correcta quienes tienen

en sus manos la aplicacin del sistema de justicia.

Es imposible lograr resultados distintos con formas iguales y haciendo lo mismo. Por eso urge un pacto

nacional, un compromiso de todos los sectores sociales, para permitir que el proceso electoral llegue al 6 de

septiembre prximo. La peticin de la renuncia del presidente Prez Molina debe ir acompaada de un plan de

accin inmediata, en especial lo referente a los comicios. Las manifestaciones, que no hay motivo para dudar de

su repeticin, deben centrarse en este punto. De lo contrario, pueden desvanecerse por cansancio y con ello abrir

una caja poltica de Pandora.

EDITORIAL

31 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Momento oportuno para la renovacin

EDITORIAL

Las distintas protestas que se han registrado en las ltimas semanas en muchos de los centros urbanos del pas y,

principalmente, en la capital no son ms que la expresin de hasto a frustraciones acumuladas, motivadas

principalmente por la desvergonzada corrupcin, que ha quedado al desnudo en la administracin pblica. A

ello se suma una de las peores crisis financieras estatales, que tiene a muchas otras entidades afrontando

penosas carencias.

Por ahora, el principal foco de descontento apunta a demandar la renuncia del presidente, algo que no ser

suficiente si a la par no se emprende una serie de reformas, y todo ello acompaado de una profunda depuracin

de algunas instituciones, en las que se ha enquistado gente servil, oportunista e inmoral, que han utilizado sus

posiciones para virtualmente saquear las arcas nacionales, ya sea mediante gastos superfluos o bien para simular

plazas que solo engruesan el bolsillo de funcionarios inmorales.

La pestilencia de esa podredumbre, que era un secreto a voces, se hizo evidente para la poblacin con el destape

de por lo menos tres redes criminales incrustadas en el Estado, lo cual ha provocado la justa indignacin

ciudadana, que ms all de las consignas de protesta debe motivar una respuesta sistemtica de los organismos

encargados de efectuar cambios legales y procedimentales, a fin de cerrar las brechas que han permitido la

discrecionalidad, el nepotismo y la malversacin.

Es obvio que no basta con la purga del Gobierno Central, pues la ola de indignacin tambin ha estremecido los

cimientos del Poder Legislativo, donde se concentra el origen de la problemtica nacional, y es por ello que

resulta sospechosa tanta diligencia en buscar la aprobacin de reformas a la Ley Electoral y de Partidos

Polticos, porque adems de ser una de las instituciones ms desprestigiadas y con menor credibilidad, alberga a

algunos de los ms oscuros exponentes del transfuguismo, el chantaje poltico y la bsqueda de privilegios.

El fortalecimiento institucional quedara maltrecho, si las exigencias de renovacin no se extienden al Poder

Judicial, que desde hace aos ha dejado de ser el equilibrio de un tambaleante sistema que lejos de funcionar

con equidad y valores, ha llegado a extremos de estar al servicio de los delincuentes, a travs de los perversos

oficios de ciertos abogados con conexiones e influencias que hace mucho debieron haber s ido defenestrados.

El panorama se pinta cargado de retos, que obviamente requiere de soluciones integrales, estratgicas y libres de

sectarismos polticos y econmicos. Quienes todava tienen la posibilidad de incidir en alguna reforma deben

hacerlo de manera responsable, para no agitar un ambiente que ya no soporta ms abusos de poder ni ms

mentiras disfrazadas de demagogia enmascarada con discursos aparentemente ciudadanos, plagados de citas mal

copiadas o demandas publicitariamente llamativas, pero vacas. La ciudadana se cans de que los polticos se

creyeran muy listos: ahora les toca ser inteligentes, ticos y coherentes.

EDITORIAL

30 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Poca estima por la transparencia

EDITORIAL

En Guatemala, la bsqueda de informacin se ha convertido en un camino tortuoso porque histricamente

ha sido un verdadero reto, pese a que en el mundo se han dado enormes pasos para transparentar la gestin

pblica, algo que en nuestro medio todava no se logra, pues con la puesta en vigencia de la Ley de Acceso

a la Informacin Pblica la situacin no ha mejorado y hasta resulta oneroso requerir datos oficiales.

Pero esa reticencia no solo es histrica, sino que se combina con cierta inmadurez de quienes tienen a su

cargo el manejo de esas unidades, que se convierten en guardianes posiblemente de otros intereses, cuando

en su papel de funcionarios se resisten a cumplir con esos mandatos, lo cual, en algunos extremos, pasa a

ser un requerimiento legalista. Existen muchos ejemplos de ello y cada vez ms son las oficinas que se

suman a este lastre, quizs porque en este pas todava no se entiende el concepto de transparencia.

Un buen ejemplo de cmo funciona esto en otros pases, ms desarrollados, por supuesto, es el accidente

de German Wings, tragedia ocurrida en Francia y sobre la cual, para sorpresa de muchos, surgieron datos a

pocas horas de haberse registrado. La justificacin que dio el fiscal encargado del caso, Brice Robin, fue

que haca pblica la informacin disponible de inmediato porque no solo lo obligaba la ley francesa, sino

que con ello tambin se evitaban especulaciones.

El ejemplo cobra relevancia porque en Guatemala las cosas no avanzan de la misma manera, y ello

conlleva a sacar deducciones anticipadas que podran no ser acertadas pero s lgicas, como sucede con la

informacin sobre el financiamiento de los partidos que deben proporcionar funcionarios del Tribunal

Supremo Electoral. Una daina, por no decir sospechosa, parsimonia predomin en el ms reciente

reporte, que fue actualizado tardamente y tras insistentes peticiones de este y otros medios informativos.

Hasta antes del viernes 29, el ltimo informe disponible era el del primer semestre del 2014, lo cual es

penoso, sobre todo si se toma en cuenta la nueva dinmica que ha impulsado el actual presidente, en

cuanto a la aplicacin de sanciones contenidas en la ley a los partidos que incurrieron en campaa

anticipada. En una etapa de exigencia ciudadana como la que afronta el pas, es de gran relevancia conocer

con celeridad cmo financian esas agrupaciones sus millonarias campaas, por lo cual el departamento a

cargo de recibir esos datos debe cotejar y publicar el informe, como objetivo estratgico, y hacerlos

pblicos en el menor tiempo posible.

Los responsables de la auditora electoral en el TSE deben convencerse de que en estos tiempos los

ciudadanos pueden ser sus mejores aliados en la tarea de fiscalizacin. Basta mostrar la voluntad poltica

de contarles las costillas a estas entidades, que por mucho tiempo han gozado de impunidad. Por supuesto,

deberan comenzar con sanciones ejemplares para aquellos que no entregaron datos, a fin de sentar

precedentes que limpien la poltica y mantengan a salvo la imagen del TSE.

EDITORIAL 29 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Son necesarios ms cambios a la LEPP

EDITORIAL

El Tribunal Supremo Electoral envi ayer al Congreso de la Repblica una carta con las sugerencias que presenta para

reformar la Ley Electoral y de Partidos Polticos (LEPP), en referencia a una iniciativa que fue presentada en el

parlamento y que ya se encuentra en tercera lectura; es decir, a un paso de nacer a la vida jurdica del pas.

Como es lgico, algunas de las sugerencias del TSE y sus efectos son muy positivos, mientras otras merecen ser analizadas con detenimiento, o ser explicadas en el contexto que han tomado en cuenta los magistrados, y por eso en

este editorial se sealan algunos de esos casos.

Uno de los cambios se refiere a que el voto nulo en los comicios sea vinculante y adems tenga incidencias jurdicas.

Es una idea novedosa, buena y necesaria, como lo demuestran las circunstancias, pero falt a los magistrados una explicacin de qu significa esto en la prctica. Asumiendo que en una eleccin la mayora ciudadana anule su voto,

habra qu saber cul sera el efecto. Por ahora, el voto nulo o en blanco simplemente no existe, y reduce el nmero de sufragios tiles para contabilizar los porcentajes que decidan los puestos de quienes participan como aspirantes a los

cargos, ms all del mensaje que el elector pretenda enviar.

Es claro que estas sugerencias merecen un anlisis ms profundo y con toda seguridad sern motivo de discusiones

largas y complejas, como el caso de la paridad de sexo y de etnia para los listados de municipalidades y el Congreso, as como para la integracin de los rganos internos que rigen los partidos polticos. Esto se debe a que los

ciudadanos con estas caractersticas no sern escogidos por su capacidad, o por su idoneidad, sino porque se debe llenar una cifra con determinados requisitos, un hecho que hasta puede llegar a ser considerado como una ofensa.

Son positivas las ideas de crear un consejo ciudadano de auditora social, y convocar al final de cada proceso

eleccionario a la instalacin de una comisin de organizaciones sociales y acadmicas para proponer reformas electorales, as como que se prohban los daos al ornato, y las pintas.

Ciertamente, el TSE dio un paso adelante para lograr reformas a la Ley Electoral, pero falta agregar otras sugerencias, derivadas de las circunstancias actuales. Hacer esto va en la lnea de la decisin de ese ente jurdico-electoral para

incluir temas que responden a las preocupaciones sentidas de la poblacin y a la vez son herramientas efectivas para desarrollar el mandato, y elevarse de urgencia a consulta en la Corte de Constitucionalidad. Resulta muy significativo que esta comunicacin del TSE con el Congreso ocurra el da en que se cumplen 30 aos

del nacimiento de la actual Constitucin de Guatemala, lo que le dio origen a ese tribunal, una institucin que se ha

encargado de afianzar cada proceso electoral a partir de 1985, para darle fiel cumplimiento a lo que la voluntad popular expresa en las urnas. La poltica es y debe ser dinmica, as como adaptarse y responder a las variantes

condiciones de la vida nacional, de lo cual este momento es un excelente ejemplo.

EDITORIAL

28 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Urge revisar las reformas sugeridas

EDITORIAL

Como resultado de la crisis poltica en la que se encuentra el pas, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la

Repblica se han interesado en analizar la iniciativa de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Polticos

(LEPP), que fue comentada hace casi un ao, en julio del 2014, por la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin

embargo, hay una serie de motivos por los cuales resulta inconveniente no revisar las reformas sugeridas.

El Congreso tuvo ese largo tiempo para efectuar ese nuevo anlisis, con las posiciones de la CC, pero no se

interes en hacerlo, por haberse dedicado a actividades muchas veces cuestionables. Ahora tal parece que ha

comenzado una carrera por hacer cambios a la LEPP. La crisis se convirti en un nuevo elemento que hizo

emerger una serie de peligros para el sistema democrtico, los cuales provocaron la reaccin de diversos

sectores nacionales y, en general, de los ciudadanos.

Estas propuestas de modificaciones fueron presentadas por el actual Congreso, cuya credibilidad e imagen se

encuentran muy deterioradas, en momentos en que la ya mencionada crisis incide en el actual proceso electoral.

Por ello es necesario fijarse en si se encuentran adheridas las reformas que han sido sugeridas por instituciones,

expertos en el tema legal, editoriales, columnistas y, en general, representantes de la sociedad guatemalteca,

ahora despertada, alarmada y preocupada por lo que pueda ocurrir si no se hacen los urgentes cambios.

Ciertamente, hay otras leyes de igual importancia que necesitan revisin, pero la que regula las actividades

electorales tiene una urgencia especial, a causa de la cercana de los comicios, que, como consecuencia de todo

lo ocurrido en las ltimas semanas, se manifiestan como un misterio, y por ello en este momento es imposible

hacer predicciones.

El dictamen de la CC aprueba, por ejemplo, que la desobediencia o burla a la Ley de Partidos Polticos sea

castigada con multas, en lugar de sanciones dirigidas a la participacin electoral o a la publicacin, para de esa

manera desmotivar esas acciones. Esto ltimo es un ejemplo de la inconveniencia de que sean los polticos

quienes redacten los cambios. En otro caso, la CC apoya que el nmero mximo de diputados sea de 160,

distribuidos en los distritos.

En otros puntos, los dictmenes de la CC indican ser favorables en un aspecto y desfavorables en otro a las

reformas propuestas. Esto va a ocasionar, sin duda alguna, problemas derivados de las diversas interpretaciones

que se le puedan dar a un texto en esos trminos.

Las modificaciones sugeridas hace ms de un ao por el Congreso, y estudiadas por la CC, fueron decididas en

condiciones diferentes a las actuales. La ciudadana, en general, y los analistas tienen claro que los cambios

deben ser efectuados para aplicarlos en el proceso electoral inmediato, no en uno posterior, porque ello puede

provocar daos talvez irreversibles a la gobernabilidad democrtica del pas. La revisin, lo antes posible y con

criterios de lgica, eliminar nuevos problemas.

EDITORIAL 27 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Mucho descaro en el servicio pblico

EDITORIAL

Existe demasiada desfachatez en el ejercicio del servicio pblico, y en la medida en que la justicia va poniendo su mano sobre la delincuencia de cuello blanco, as tambin se van volviendo ms sutiles los procedimientos para

desfalcar al Estado. Todos los funcionarios que fueron aprehendidos por defraudar al sistema tributario del pas saban

mucho del tema, pero no lo suficiente como para que sus fechoras quedaran impunes por siempre.

Ahora le corresponde a la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde tambin hay fuertes indicios de una defraudacin significativa, la cual se pudo poner al descubierto gracias a la intervencin de la

Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que junto a la Fiscala Especial del Ministerio Pblico ha permitido desarticular algunas de esas bandas, cuyos procedimientos dejan mucho que desear en lo tico y lo

profesional.

En el caso del Seguro Social, vuelve a ser determinante el mecanismo tan complicado para buscar diluir la

responsabilidad de quienes verdaderamente deciden las millonarias compras en esa institucin. Es difcil creer que una junta de licitacin, en la que predominan empleados de segunda lnea y seguramente operando bajo fuertes

presiones, tenga la capacidad de incidir en las acciones de las altas autoridades para establecer la adjudicacin de un contrato, sobre todo cuando se habla de erogaciones de millones de quetzales, que adems se conceden con la notoria

intencin de obtener comisiones.

Ese tipo de detalles revela los altos niveles de corrupcin que imperan en muchas instituciones estatales del pas, en

las cuales, con cada gobierno, los funcionarios no son nombrados por su trayectoria o capacidad, sino por el dudoso mrito de ser amigos o colaboradores cercanos de las autoridades de turno y que van precisamente a servirse de los

recursos y puestos pblicos para generar un beneficio propio o el de un pequeo crculo.

La sola adjudicacin a la empresa Pisa es una muestra de las enormes omisiones en las que incurrieron quienes determinaron esa contratacin, ya sea que lo hayan hecho por dolo o simple descuido. No es difcil suponer que

obtener un convenio de tantos millones solo pudo ser posible mediante prebendas.

Al parecer, la firma ni siquiera contaba con la licencia sanitaria respectiva para prestar servicio a pacientes renales,

para lo cual se requera una mnima especializacin para atencin de calidad. Esto podra explicar por qu ese tratamiento result mortal para algunos afiliados que de manera forzada se vieron empujados a cambiar de proveedor.

En los argumentos que expuso ayer la jueza que lleva este caso existen suficientes evidencias que desnudan muchos

de los procedimientos amaados que desde hace tiempo se siguen a la sombra del Estado, con la diferencia de que hay

13 vctimas directas cuya muerte reclama justicia.

No son las nicas, porque habra que contar cuntos nios han muerto por desnutricin o cuntos pacientes en hospitales, por no contar con insumos que no se compraron debido a que los fondos dest inados a adquirirlos fueron

utilizados de manera anmala e inmoral.

EDITORIAL

26 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Respecto a la Renuncia

EDITORIAL

El desarrollo de los acontecimientos ocurridos en los ltimos das permite tener meridiana claridad sobre el

mayoritario deseo porque el presidente Otto Prez Molina renuncie al cargo. Cada vez son ms las personas y

entidades que se manifiestan en ese sentido, y por eso mismo se hace ms evidente que esta es la peor crisis de

credibilidad sufrida por un gobierno guatemalteco.

La salida forzada de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti provoc la eleccin en el Congreso del licenciado

Alejandro Maldonado Aguirre, por lo cual quienes muestran su oposicin a que contine el gobierno actual

deben, a su vez, hacer sugerencias ms concretas. No se puede olvidar que la designacin del nuevo

vicegobernante se dio luego de dos intentos, en vista de que fueron propuestas ternas con dos personas que no

llenaban los requisitos.

La situacin es enormemente complicada. No es posible tomar una serie de acciones que deberan ser

condicionantes para que la renuncia del actual presidente no se convirtiera en algo puramente simblico, y que,

si bien promovera el ascenso a la Presidencia del vicegobernante Alejandro Maldonado Aguirre , hara que la

eleccin por el Congreso de quien a la vez lo sustituyera en la Vicepresidencia tuviera similares caractersticas a

las que se manifestaron en su designacin.

Es importante indicar que si bien se afianzar ese sentimiento generalizado en pro de la dimisin del actual

presidente, tambin se debe insistir en que toda solucin debe apuntar ms all del cumplimiento de las

condiciones sealadas en las leyes. El cambio de una sola persona, como han indicado algunos analistas, en

realidad no resuelve nada, si no va acompaado de la necesaria y esperada depuracin de miembros de los otros

dos organismos del Estado que dejan mucho que desear.

Otro factor causante de problemas, vale la pena repetir, es el proceso electoral en s, porque de no hacerse

cambios en la manera como son dirigidas y encauzadas las elecciones, los resultados de septiembre y noviembre

pueden ser desastrosos para la democracia. Esto, no porque se hayan burlado los aspectos formales de los

comicios, sino porque el pas haya votado en condiciones de desesperacin y de cansancio ante la manera como

se han dado las cosas en todos los gobiernos de esta etapa democrtica.

El factor tiempo, por su cortedad, conspira contra este momento poltico sin precedentes en el pas. Las

manifestaciones populares se han convertido en una manera muy vlida de expresin del pueblo. Sin embargo,

tambin pueden tornarse en una forma de provocar algn nivel de ingobernabilidad, si dejan de ser ordenadas y

conscientes, representantes de la voluntad limpia de los guatemaltecos.

An no se ha escrito el ltimo captulo de esta crisis. Urgen acuerdos de gobernabilidad para que estos pocos

meses transcurran sin sobresaltos y cambios, y en estos debe participar la mayor cantidad posible de sectores

que hasta ahora se han distinguido por su unidad de criterio en cuanto a hacer lo que a corto y mediano plazos sea mejor para Guatemala.

EDITORIAL

25 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Beatificacin de monseor Romero Editorial

La beatificacin del arzobispo salvadoreo Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras

oficiaba misa, se convirti el sbado pasado en un acontecimiento multitudinario que congreg sin incidentes en

San Salvador a 200 mil personas, entre ellos numerosos representantes catlicos forneos, as como de los

gobiernos del Istmo.

El hecho demuestra la gran importancia que el papa Francisco otorga al martirologio de quien ofrend con su

vida su lucha a favor de los desposedos y contra la represin perpetrada por el rgimen de ese ento nces. Por

ello, las homilas del arzobispo asesinado fueron calificadas, y an lo son ahora, como ideolgicamente

comprometidas, adems de contener un contundente mensaje evanglico de opcin por los pobres.

El asesinato fue una de las causas de la guerra civil que asol al pas por doce aos, con cauda de 75 mil

muertos y 12 mil desaparecidos en los 35 aos pasados desde el alevoso crimen, solo comparable a la masacre

de los seis sacerdotes jesuitas ocurrido algunos aos despus. De la misma manera como ocurre en Guatemala,

en la actualidad el nmero de asesinatos ocurridos diariamente es superior al que se sufra en los cruentos aos

de los conflictos armados internos en ambos pases.

La beatificacin, el paso previo a la canonizacin, convierte en venerable a quien le es otorgada, pero esta

ltima es un proceso muy largo que puede durar siglos, como fue el caso del hermano Pedro de Betancourt. Sin

embargo, monseor Romero es un hombre de estos tiempos, de la Guerra Fra, de las lacerantes condiciones

sociales y econmicas de Centroamrica, que se mantienen con el agregado del enorme aumento de la

poblacin, que provoca una pobreza causante del xodo hacia Estados Unidos. Ello lo hace cercano a los fieles

catlicos del rea.

En la ceremonia hubo smbolos importantes, entre ellos la presencia tanto del expresidente Cristiani, en cuyo

gobierno se firmaron los acuerdos de paz, y de Roberto DAbuisson, hijo del autor intelectual del asesinato y

fundador del partido Arena, ahora situado en la oposicin poltica.

Otro factor en esa lnea fue la carta de halago al nuevo beato, enviada por el presidente de los Estados Unidos

de Amrica, Barack Obama. Pero sobre todo la masiva presencia de ciudadanos hizo despertar la esperanza de

que termine la violencia criminal de las pandillas y dems grupos de sicarios que asolan hoy a los salvadoreos.

El mundo actual es otro, pero las causas de la pobreza an se mantienen y han aumentado. El asesinato de

monseor Romero fue uno de los peores hechos de la guerra en Centroamrica a causa de divisin este-oeste del

mundo. El mejor homenaje que se le puede hacer consiste en trabajar porque mejoren las condiciones de vida de

los centroamericanos, y tambin comprender que la violencia, por ser ciega, no es la manera de dirimir las

diferencias de criterios, de cualquier tipo que estos sean. La violencia contra la cual luch monseor Romero, ya no es poltica, sino social. Su mensaje debe ser escuchado por los criminales comunes.

EDITORIAL

24 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Paliativos a males mayores Editorial

Aunque la actual crisis es una de las ms severas que ha enfrentado gobierno alguno, el presidente y varios de

sus principales allegados no parecen todava tomar conciencia de la gravedad de la situacin, y lejos de adoptar

una solucin madura se pretende maquillar los hechos, con la exigencia de renuncia a ministros y la finalizacin

de intervenciones fallidas, medidas que constituyen paliativos para un mal que necesita remedios mayores.

El jueves 21, el presidente Otto Prez Molina anunci que haba destituido a tres ministros, entre ellos su ms

cercano colaborador, Mauricio Lpez Bonilla, y dej entrever que lo haca con la intencin de allanar el camino

para cualquier investigacin, sobre todo porque dos de los defenestrados funcionarios enfrentan crticas por

compras millonarias, muchas de la cuales se hicieron bajo la modalidad de obviar toda licitacin. En el caso de

la extitular de Ambiente, podra enfrentar cargos por el fraude en la limpieza del Lago de Amatitln.

Todo esto ocurri un da despus de que la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala volviera

a estremecer las estructuras del sistema con la captura de 17 funcionarios del Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social, incluido el presidente de la entidad, ex secretario privado de Prez, a quienes se sindica de

haber favorecido un fraudulento contrato por el servicio de dilisis a los afiliados, un tratamiento deficiente que

lleg a cobrar la vida de unos 15 pacientes y caus complicaciones de salud a un centenar.

Tan solo un da antes, el propio Prez Molina haba negado la posibilidad de nuevas renuncias en su Gabinete e

incluso calific ese extremo de rumores, pese a que, justo tras la separacin del cargo del ministro de Energa y

Minas, rick Archila, haba dejado entrever que s habra otros movimientos en el Gobierno, un titubeo

meditico que no haca sino reflejar la crisis en el Ejecutivo.

Por otra parte, las marchas ciudadanas efectuadas en las ltimas semanas, que piden la renuncia de Prez

Molina, han puesto en jaque al gobierno patriotista, debilitado de por s por hechos como el escndalo en

Aduanas, el informe sobre la composicin del lquido vertido en Amatitln, que no era sino agua con sal, y el

dictamen adverso de la Contralora General de Cuentas sobre el contrato de un sistema de monitoreo migratorio

adquirido por el Ministerio de Gobernacin a un costo que deja muchas dudas.

Es obvio que la posicin del mandatario es precaria, pues ha perdido al ministro que fue prcticamente su jefe

de campaa y que se consideraba su mano derecha, por lo que debe pensarse que debi tener razones poderosas

para tomar esa decisin.

Si a ello se suma que justo cuando comenzaba la crisis su credibilidad estaba ya solo en 10%, de acuerdo con la

Encuesta Libre, y que la misma pudo haberse visto golpeada por su defensa oficiosa de la ex vicepresidenta

Baldetti y los tres cambios hechos a la terna para elegir al sucesor de esta, le queda poco margen de maniobra

frente a una sociedad cuya indignacin no cesa, y esto incluye a cualquier poltico que intente sacar rdito de este momento lgido, punto de quiebre de la historia nacional.

EDITORIAL

23 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Exsecretarios en la picota Editorial

Luego de haber sido aprehendido en su residencia y trasladado a la carceleta de la Torre de Tribunales, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling, integrante de la Corte Suprema de Justicia, le dijo a los

reporteros que cubran el suceso que su mam se encargara de eso.

Una frase que resulta la ms clara evidencia de la forma como se manejan diversos casos en las instituciones

guatemaltecas, donde se han creado redes y posicionado personas encargadas de enderezar entuertos, a travs de conexiones, legalismos e incluso cuestionables resoluciones.

Desgraciadamente esta ha sido la cultura que durante dcadas ha predominado en la vida de muchas instituciones en

el pas, donde las influencias en las altas esferas de poder se han encargado de aceitar los engranajes de una maquinaria que ha llegado a funcionar a la perfeccin pero para hacer dao, y por ello es que la corrupcin ech

races, al punto de que no ser fcil romper con ese pasado oprobioso sobre el que apenas se atisban alternativas de

solucin.

En una de las conversaciones telefnicas presentadas por las autoridades que investigan el fraude al Instituto Guatemaltecco de Seguridad Social, las cuales fueron escuchadas ayer en el juzgado que lleva el caso, se pudo or la

voz del hijo de la magistrada Stalling cuando le deca a otro de los implicados: Estamos moviendo ah para que le den el contrato. Esto no hace ms que ratificar el trfico de influencias enquistado en las instituciones.

En este caso se estima que las comisiones obtenidas por esta estructura, que medraba con los recursos del IGSS, podran ascender a ms de 15 millones de quetzales, por el otorgamiento de un contrato que no solo result doloso,

sino criminal, pues a raz de los deficientes tratamientos a los pacientes renales varios de ellos fallecieron, sin que el dolor de las familias le importara un pice a esta mafia, que abarca incluso a empresas que dicen prestar servicios

mdicos pero que al parecer carecen de cualquier principio tico.

Por otra parte, resulta preocupante que en menos de cuarenta das hayan sido desarticuladas dos estructuras que ahora enfrentan cargos de asociacin ilcita, trfico de influencias y cobro ilegal de comisiones, pero ms espeluznante an

es saber que entre sus cabecillas, sindicados por el MP y la Cicig, figuren el otrora secretario privado de la ex

vicepresidenta Roxana Baldetti, hoy prfugo, y el ex secretario privado del presidente Otto Prez Molina.

Paradjicamente, en ambos casos los funcionarios cuyos subalternos resultaron involucrados han cometido errores garrafales al reaccionar de manera tarda o minimizar el impacto, ya sea con declaraciones a medias, anuncio de

medidas paliativas o destituciones que a todas luces buscan bajar la presin de una sociedad indignada que en diversas manifestaciones ha mostrado su abierto rechazo a la corrupcin.

El caso IGSS es tanto o ms grave que el de Aduanas, pues si bien se trata de recursos pblicos, en este ya se han perdido vidas, directamente por ese ilcito que reclama justicia y una total renuncia a los subterfugios que han

funcionado por demasiado tiempo.

EDITORIAL

22 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Aumenta soledad de Prez Molina Editorial

Los escenarios tanto poltico como jurdico del pas volvieron a cambiar ayer, de manera sorpresiva, al

conocerse las renuncias de siete colaboradores muy cercanos del presidente Otto Prez Molina, cinco de ellos

con participacin en el Gabinete, lo cual evidencia que la ms severa crisis poltica de la historia reciente de

Guatemala est lejos de terminar.

Los funcionarios que salieron del Gobierno fueron el ministro de Gobernacin, Mauricio Lpez Bonilla, y su

viceministro, Edy Jurez; Michelle Martnez, ministra de Ambiente, y el recin nombrado ministro de Energa y

Minas, Edwin Rodas, a quienes acompaaron Ulises Anzueto, secretario de Inteligencia Civil, y los

interventores de Puerto Quetzal y la Empresa Portuaria Nacional.

La explicacin oficial es que se separan para que las investigaciones jurdicas, si es que fueran necesarias, se

lleven a cabo sin la presin que implica su permanencia en el cargo, y todo como un esfuerzo para dar

transparencia a la gestin pblica. Pero la dimisin ms sorprendente fue la de Lpez Bonilla, uno de los

hombres ms cercanos al mandatario, responsable de la promesa bsica de campaa; es decir, de avanzar en el

tema de la seguridad.

La percepcin popular es que el presidente est cada da ms solo, en medio de la mayor crisis poltica que se

recuerde en la historia nacional, a causa de las denuncias de defraudacin y corrupcin hechas hace dos

semanas por la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Pblico, lo

que provoc manifestaciones de protesta popular espontneas y firmes.

Los funcionarios dimitentes, tanto ayer como hace algunos das, incluyendo la ex vicepresidenta, ya no tienen

inmunidad ni derecho de antejuicio, y pueden enfrentarse a los tribunales de justicia, los que a su vez estn en el

ojo de la sociedad civil por su polmica y reciente designacin. De esta forma se podrn comprobar y castigar

las acusaciones diversas y casos francamente inadmisibles y escandalosos. As ser posible iniciar la lucha real

contra la corrupcin, que en Guatemala ha sido acompaante de la impunidad, y si se verificara la realidad de

los rumores, la ciudadana esperar sentencias ejemplares.

As como estn las cosas, cada paso que est dando el Gobierno abre nuevos escenarios con nebulosas

posibilidades. Todo se complica adicionalmente por el desarrollo del evento electoral, que ya comienza a dar

muestras de una enconada batalla que preocupa, por las caractersticas de campaa negra que ha empezado a

florar, y que genera ms incertidumbre en el proceso. Esto, aunque parezca un tema distinto, en realidad debe

tomarse en cuenta.

Estas dimisiones y las que puedan venir en el futuro cercano, debido a nuevas denuncias, pueden convertir cada

da en el posible ltimo desafo del presidente, cuya capacidad de maniobra est siendo puesta a prueba, en

condiciones en las que nunca pens encontrarse: el ms alto riesgo de naufragar y hundirse polticamente.

EDITORIAL

21 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Otro duro golpe del MP y la Cicig Editorial

La captura de Juan de Dios Rodrguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y de

los dems integrantes de la Junta Directiva, entre ellos el presidente del Banco de Guatemala, Julio Surez, y

otras 15 personas relacionadas con la seguridad social, significa un nuevo y duro golpe para el presidente Otto

Prez Molina, por la cercana con quien fue su secretario privado, un funcionario pblico que durante muchos

meses fue sealado de acciones ilegales e incorrectas en el ejercicio del cargo.

Lo ocurrido es un aliento para la justicia, porque no solo evidencia que el sistema legal del pas puede

funcionar, sino porque ocurri el da en que ciudadanos de diversos lugares del pas convergieron en la Plaza de

la Constitucin para exigir la dimisin del mandatario, en manifestaciones que siguieron la misma tnica d e

calma que tuvieron las realizadas durante los dos fines de semana anteriores.

Evidentemente, lo ocurrido ayer se enmarca dentro de las funciones de la Cicig que, a pesar de lo expresado por

sus detractores, demuestra de nuevo su utilidad cuando se puede laborar sin interferencias.

Lo ocurrido ayer en el Centro Histrico presagia tambin que difcilmente cesarn las expresiones de repudio

contra la corrupcin, porque paralelamente se siguen produciendo hallazgos intolerables de ese flagelo, y eso

solo puede despertar mayores muestras de rechazo frente a problemas que han rebalsado la tolerancia de la

sociedad.

Parte de lo mostrado ayer por el rgano investigador evidencia detalles de contratos burdamente manipulados.

La Fiscal seal que en la Procuradura de los Derechos Humanos hay denuncias por la muerte de varios

afiliados al IGSS, lo que agrega un terrible componente, porque se habla de vctimas directas de la corrupcin.

Rodrguez es alguien situado en la periferia inmediata del presidente Prez Molina, quien no escuch los

numerosos sealamientos pblicos contra alguien que mereca averiguaciones internas para evitar que el

mandatario saliera de cualquier manera manchado como consecuencia de aquel nombramiento. Ahora, debe

explicar por qu lo escogi y tom la decisin de no investigarlo.

Lo ocurrido ayer tambin demuestra que quien acepta representar a alguna entidad en la junta directiva de otra

institucin privada o del Estado incurre en responsabilidades, aunque no necesariamente culpabilidad, por las

acciones anmalas o ilegales que sean realizadas. Eso ratifica la obligacin de que quienes no estn de acuerdo

con alguna decisin que en esas instancias se asuma, lo hagan saber con un voto razonado, para evitar

responsabilidades directas sobre esos acuerdos.

Es un hecho que la Cicig continuar con acciones similares a las realizadas ayer, por lo que se puede pensar que

ha comenzado un cambio en lo referente a la aplicacin de las leyes y al castigo contra quienes se involucran en

negociaciones oscuras o delictivas. Ese tipo de ilcitos son los que han causado el hartazgo de la poblacin y

colocado al presidente Prez Molina en la precaria situacin en la que se encuentra.

EDITORIAL

20 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Peticiones de dos grupos adversos Editorial

El sector privado present un plan para terminar con la crisis, y exige combate inmediato de la corrupcin, la anulacin de contratos oscuros, as como continuar con la investigacin de la red La Lnea, eliminar plazas fantasmas, emitir leyes de transparencia, castigar a los involucrados en el caso de la pcima mgica de Amatitln tan apoyada por la ex vicepresidenta Baldetti y otros asuntos igualmente escandalosos en el Ejrcito, el Aeropuerto y muchas otras entidades. Por su parte, los lderes sindicales, entre sus numerosas exigencias, incluyen la investigacin de compras sobrevaloradas en el sistema de salud, el desabastecimiento de medicinas y las acciones de Roxana Baldetti, pero tambin aprobar la ley de desarrollo rural, demandar la renuncia del presidente Prez Molina y del vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, as como nacionalizar la energa; no aprobar privilegios fiscales ni salarios mnimos diferenciados, detener el proceso electoral y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Afirman ser de los de abajo y vamos por los de arriba, para terminar indicando que continuarn los bloqueos si no son acatados sus planteamientos. Como queda claro, la solucin de la crisis pasa por tomar algunas decisiones presidenciales inmediatas que puedan ser consideradas como un paso firme para terminar con ella. Prez Molina est solo, en una de las peores crisis polticas de la historia guatemalteca, y tiene el problema adicional de que ha disminuido mucho la confianza popular en sus palabras. Los lderes sindicales y campesinos que quieren dirigir a los asistentes de hoy al parque central necesitan tomar en cuenta que la forma como se han expresado tiende a la violencia. Nada sera peor que un movimiento cvico que naci y se desarroll de manera pacfica y ejemplar pueda derivar en acciones ilegales que obliguen a la intervencin de las autoridades, que tienen la obligacin de prevenir cualquier extralimitacin. Hasta ahora, la protesta en contra de la corrupcin en los principales centros urbanos del pas ha sido un modelo de civismo que no se debe contaminar, ya que estas manifestaciones han sido incluso elogiadas en otras latitudes. El presidente tiene an posibilidades de solventar de manera adecuada esta crisis si decide tomar en cuenta las peticiones y sugerencias, sobre todo si mantiene su discurso de no estar dispuesto a renunciar. Por ahora, tanto el Cacif como los sectores campesino e indgena han hecho sealamientos, muchos de los cuales se deben tomar en cuenta, y eso debe ser a la mayor brevedad posible.

EDITORIAL

19 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Las declaraciones de Prez Molina Editorial

El presidente Otto Prez Molina, en sus declaraciones de ayer, fij una posicin que en cierta forma permite

visualizar algunos de los necesarios cambios para que el Estado guatemalteco no termine de hundirse. Si bien

seal que no est dispuesto a renunciar, invit a los diversos sectores sociales a participar en la presentacin de

sugerencias para que tengan utilidad los meses que faltan para la entrega del mando.

El mandatario indic que ve la posibilidad de que alguien pueda convocar a los principales actores que han

salido a las calles en las manifestaciones, para que comiencen a analizarse los cambios en el Ejecutivo, el

Legislativo, los partidos polticos y tambin en toda forma, para luchar contra la corrupcin, por medio de

representantes que capitalicen esa energa y que la traduzcan en acciones que respondan a las claras demandas

populares.

A ello agreg, implcitamente, que eran ciertos los sealamientos periodsticos respecto de sus propiedades y

que est dispuesto a regular esa situacin. Esas palabras tienen frente a ellas los problemas derivados de la

disminucin de la credibilidad presidencial, lo que solo puede comenzar a regresar cuando sean hechas realidad.

Lo expresado por el presidente tiene, sin embargo, una serie de requisitos. Primero, el alejamiento real, total y

definitivo de las personas que antes estaban muy cerca de l, en especial la ex vicepresidenta Roxana Baldetti

Elas. Segundo, lograr un acuerdo nacional de gobernabilidad, que indefectiblemente transcurre por acciones

como la devolucin de los fondos obtenidos por la corrupcin.

Ya en la lnea de lo solicitado por el presidente, se puede luchar por que sea creado un grupo de personas

voluntarias para cuestionar y criticar las ideas propuestas y las decisiones sugeridas. Un grupo que busque

defectos y que no se circunscriba a aplaudirlo todo y ver cmo se burlan las leyes. No solo se tratara de

obedecer las normas, sino de aplicar el espritu de estas, la lgica y el juicio puramente tico, dirigido a lo que

es correcto y beneficia a la mayora de ciudadanos.

El tiempo est en contra. Tales decisiones se deben tomar de inmediato, en la lnea de lo que exigen los

manifestantes en las calles y en las redes sociales. El proceso electoral ya comenz y sera imposible retrasarlo.

Pero s es posible hacerle algunos cambios a la Ley Electoral, aunque para la primera vuelta slo quedan 109

das, equivalente al 7.5 por ciento del perodo presidencial. Es fundamental entonces convencer a los sectores de

presentar las ofertas, en la medida de lo solicitado por el presidente.

La presin popular, exitosa en la depuracin del Ejecutivo, puede dirigirse ahora a lograr que las elecciones

sean celebradas bajo condiciones distintas. El peligro mayor lo constituye que alguien llegue por mecanismos

de la democracia y luego la destruya. Para facilitar la confianza popular, son necesarias acciones inmediatas y que lleguen a la yugular de los problemas causados por los abusos en el ejercicio del gobierno.

EDITORIAL

18 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Las obligadas meditaciones Editorial

Las manifestaciones realizadas en sbado pasado en la capital y en muchos departamentos fueron en contra de

la corrupcin en general, y especficamente con la peticin de renuncia del presidente Otto Prez Molina.

Conforme pasen los das ser posible percibir y comprender el alcance de estas acciones espontneas de los

ciudadanos guatemaltecos, que parecen haber decidido ya pasar del marasmo y del conformismo a la accin,

por medio de los mecanismos constitucionales.

Esta semana ser fundamental para el futuro poltico del mandatario, quien deber meditar qu es ms

conveniente para Guatemala, aun cercana al peligro de que todo se salga por la borda. Al respecto ya se ha

dicho suficiente y por ello es momento de considerar otras acciones que permitan introducirle conformidad a

esa mayora ciudadana que se expresa manifestando o haciendo uso de las redes sociales.

Es el momento de reflexionar sobre el futuro inmediato y a mediano plazo. La depuracin del Ejecutivo es un

proceso que puede haber terminado o encontrarse a la mitad del camino. Ahora se debe comenzar a pensar en

cmo se enfrentar a la lamentable realidad de los poderes Legislativo y Judicial. Ambos casos tienen prioridad

e incuso se pueden realizar acciones paralelas. El sistema jurdico tiene ahora la oportunidad de funcionar,

siempre que sus operadores, sobre todo los de alto nivel, analicen las consecuencias de los acontecimientos que

deben ocurrir pronto. Igual ocurre con el Congreso, porque todos son parte de manera directa o indirecta, por

accin o por omisin, de los abusos cometidos.

Los diputados deben tener claro que la exigencia de la renuncia presidencial se encuentra a un paso de una

actitud igual para presionar a la depuracin del Congreso. La crisis alcanza a los tres poderes del Estado y la

mayora de sus divisiones. La poblacin est segura de que los polticos y sus achichincles llegan a robar con

todo descaro. Esta percepcin tendr algn efecto en la actual campaa poltica. Los ciudadanos ya se

preocupan por el origen del dinero de cualquier campaa poltica que tapice calles, pintarrajee carreteras,

rboles, postes, y que convierta las vallas en verdaderos telones que impiden la vista.

Un factor nuevo en la crisis actual lo constituye la enorme cantidad de expresiones de opinin. Entidades

pblicas y privadas se han unido a comentarios en redes sociales y en las pginas editoriales de la Prensa, cuyas

secciones informativas dan a conocer hechos increbles, mientras los comentaristas los ponen en contexto desde

diversas perspectivas. Todo ello se convertir en material histrico para un futuro mediato.

Otro factor indispensable de analizar es la necesidad de comenzar los cambios imprescindibles con las reformas

a la Ley Electoral y de Partidos Polticos. La tarea es enorme y difcil porque parece imposible que los propios

diputados sean quienes se reduzcan los privilegios y las posibilidades de chanchullos. Pero si no es comprendida de nada sirve.

EDITORIAL

17 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Mensajes de las manifestaciones Editorial

Nadie puede, sin caer en el absurdo, intentar siquiera disminuir la importancia de las manifestaciones efectuadas

ayer en el parque central capitalino, en la mayora de cabeceras departamentales del pas y en varias ciudades

extranjeras donde viven guatemaltecos, que tuvieron como consecuencia varias lecciones evidentes para el

sistema poltico nacional, as como para las actuales autoridades y los polticos que se encuentran participando

en la lucha electoral recin iniciada.

En la capital, la lluvia y los rayos que cayeron en la zona norte no hicieron que los participantes se alejaran , lo

cual demuestra el nivel de convencimiento sobre la necesidad de demostrar sus protestas. Las crticas y

mensajes se centraron en pedir la renuncia del presidente Otto Prez Molina, y esto se puede considerar un

remate o colofn de la salida vergonzosa y obligada de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elas.

Las anteriores manifestaciones en la capital tuvieron una mayora de participantes provenientes de los estratos

sociales urbanos medios, pero ayer hubo representantes de grupos populares, universitarios y de las diversas

etnias de Guatemala, que se unieron como pocas veces se haba visto en el pas y que nuevamente actuaron en

total orden, sin un solo incidente de violencia, ni siquiera verbal. Las protestas iban escritas en pancartas, y

cuando los manifestantes alzaron su voz fue para cantar el himno nacional, en la capital, y Luna de Xelaj, en el

parque central de Quetzaltenango, causantes de emociones a quienes vean los hechos en las transmisiones de

televisin.

Una rpida lectura a la prensa de ayer y a la de los otros das de la semana demuestra que la corrupcin se ha

multiplicado en demasiadas instituciones nacionales. Esto explica la actitud de basta ya! que se manifiesta en el

ambiente. Las personas que fueron entrevistadas eran, en su totalidad, menores de 40 aos, y fue el azar quien

las escogi para expresarse. Por eso no se puede decir vlidamente que respondan a ningn tipo de inters

partidista.

En resumen, el Gobierno debe tener claro que la ciudadana ya no desea la continuacin de Otto Prez Molina

como presidente de Guatemala, quien puede hacerlo para que el orden jurdico funcione o plantear soluciones

crebles para la poblacin, lo que se dificulta porque cada vez se evidencia que el sistema anda mal. Se puede

hablar de que la depuracin est localizada ahora en el Organismo Legislativo y que la llegada de Alejandro

Maldonado Aguirre a la Vicepresidencia no hace que el problema termine, sobre todo a causa de su error de

nombrar precipitadamente a un secretario privado que no puede recibir finiquito.

Los organismos Legislativo y Judicial tienen ahora en sus manos la toma de acciones que permitan disminuir la

desconfianza popular. Los ciudadanos han expresado su criterio, que es un castigo a la corrupcin y el desorden.

Se cumple que no es posible engaar a todos todo el tiempo, y que cuando un pueblo se manifiesta como lo han

estado haciendo los guatemaltecos, esa voz es la que origina los necesarios cambios histricos, sobre todo

cuando se demandan con madurez y serenidad.

EDITORIAL

16 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Se debe mantener calma y cordura Editorial

Hoy, a las tres de la tarde, se realizar la tercera manifestacin de ciudadanos guatemaltecos, tanto en el parque

central capitalino como en las plazas principales de los departamentos del pas, convocada por una serie de

grupos ciudadanos desconectados de la actividad poltica partidista, a quienes se han unido otras entidades

nacionales y que repudian la corrupcin.

El reto principal de esta nueva actividad pblica, garantizada plenamente por la Constitucin, consiste, por un

lado, en efectuarla con las mismas caractersticas de orden y de autodisciplina. Han sido beneficiosas las varias

publicaciones respecto de que los participantes se circunscriban a llevar pancartas para manifestar sus peticiones

y exigencias, que pueden hacer a viva voz, as como interpretaciones espontneas del himno nacional.

El Gobierno tiene una buena parte de responsabilidad de que las cosas ocurran sin que suceda nada. Por ello

necesita estar preparado para proteger a los participantes y cumplir con la orden que de nuevo eman ayer de la

Corte de Constitucionalidad. Fue correcto que las medidas a este respecto hayan sido anunciadas, para evitar

malas interpretaciones y situaciones potencialmente peligrosas que echaran por tierra los calificativos

favorables que han despertado las dos anteriores manifestaciones.

Estas medidas precautorias deben ser tomadas y anunciadas sobre todo en las cabeceras departamentales, para

que tambin se mantenga la misma tnica de protestar dentro del ordenamiento legal.

Todas las manifestaciones, con seguridad, incluirn peticiones para la renuncia del presidente de la Repblica,

lo que se explica sobre todo porque en este momento la credibilidad del Ejecutivo est an ms deteriorada que

el mnimo 11 por ciento que arroj la ms reciente encuesta nuestra a escala nacional.

El futuro poltico inmediato se puede dilucidar en lo que ocurra hoy por la tarde. La crisis provoc la salida de

la presin popular, pero an no ha sacudido a ms integrantes de la burocracia de alto nivel, donde se resume la

desconfianza creada hace muchos aos por la forma como siempre han actuado los gobiernos y los partidos

polticos.

Cada vez es ms evidente el nivel de la crisis, porque el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre ya

cometi el primer yerro inesperado e inaceptable, al nombrar de inmediato a un secretario privado que tiene un

historial negativo y que segn la Contralora General de Cuentas no cuenta con finiquito, por tener cuentas

pendientes con la justicia. Esto lo coloca en el riesgo de ser sealado de promover ms de lo mismo. A juicio

nuestro, debe buscar a otra persona, escogida entre quienes carecen de motivos para criticarlos. Como poltico

experimentado que es, el vicegobernante sabe que los pecados en poltica carecen de absolucin.

La lectura de las dos marchas anteriores permite prever que todo ocurrir con normalidad. Se han unido

estudiantes de todas las universidades y por ello puede decirse que los ciudadanos menores de 40 aos

comienzan a hacer presencia en las actividades que se convierten en los ladrillos del edificio de la historia. Maana, esta podr registrar un hecho sin precedentes.

EDITORIAL

15 de Mayo de 2015 a las 00:00h

Termina primera parte de la crisis Editorial

La eleccin en el Congreso del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre para ejercer el cargo de Vicepresidente

de la Repblica hasta el 14 de enero del ao entrante permite pensar que se ha arreglado una parte importante de

la actual crisis poltica, pero an son necesarias otras acciones que lleven a la normalidad y permitan al

recientemente iniciado proceso electoral efectuarse sin contratiempos.

Maldonado Aguirre tiene ms de medio siglo de experiencia poltica personal. Su carrera comenz con el

Movimiento de Liberacin Nacional, del que fue diputado; fue ministro de Educacin de Carlos Arana Osorio,

candidato a la Presidencia por el Partido Nacional Renovador, en alianza con la Democracia Cristiana; diputado

a la asamblea constituyente de 1984 y magistrado de la Corte de Constitucionalidad en tiempo de Vinicio

Cerezo; diputado por el grupsculo poltico Unionista, y por tanto leal a lvaro Arz.

Represent a Guatemala en la Organizacin de las Naciones Unidas y en Ginebra. Recientemente particip en

casos de alto impacto y de gran trascendencia. como el asesinato de monseor Juan Jos Gerardi; detuvo la

extradicin de Ros Montt, anul la sentencia de genocidio y redujo el trmino de la fiscal general Claudia Paz y

Paz, lo que le ha ganado crticas.

Se trata de un jurista con experiencia, capacidad poco comn de oratoria conceptual y profunda. Por ello se le

puede considerar como alguien que, si lo desea, podr tomar las iniciativas necesarias para iniciar el fin de la

crisis.

A diferencia de la anterior vicepresidenta, cuando el gobernante se encuentre fuera del pas, Maldonado Aguirre

puede sustituirlo en una forma muy superior. No hay riesgo de que una declaracin torpe ponga en aprietos al

Gobierno, y su experiencia le permitir impedir el paso de ocurrencias de algunos asesores presidenciales o

integrantes del partido. Tampoco se puede sealar que tenga inters de llegar a la Presidencia, que fue uno de

sus sueos por mucho tiempo, y con el puesto al que llega ahora cerrar su carrera poltica en espera de los

cuatro aos que integrar el Parlamento Centroamericano.

El nuevo vicepresidente no parece ser lo que esperaba el imaginario de los guatemaltecos. Otros consideran que

se arriesga demasiado, por subirse a una embarcacin poltica agujereada por las explosiones de las

manifestaciones populares. Por ello, lo que ocurra maana en la Plaza de la Constitucin y en parques de las

ciudades y poblados departamentales ser un factor que demuestre la necesidad de comenzar los cambio s al

sistema poltico nacional.

La eleccin dentro del Congreso demostr que las instancias funcionan cuando se les da la oportunidad de

hacerlo. Se cumpli con los requisitos legales y ese es un avance muy importante, dadas las circunstancias

polticas del pas. Obviamente, depende de la decisin de Maldonado Aguirre el que su vicepresidencia sea

notoria y til, o que se convierta en anodina. Por su conocimiento de la historia, el vicemandatario tiene claro que quien la desconoce, solo podr repetirla.

EDITORIAL

14 de Mayo de 2015 a las 00:00h

El Congreso debe elegir hoy Editorial

El Congreso decidi ayer posponer la eleccin del vicepresidente de la Repblica, debido a las consecuencias

negativas que traera, segn opositores polticos, la escogencia de personas abiertamente relacionadas con el

gobierno actual, una situacin que debe subsanarse. En ese sentido, ese alto organismo no puede recibir crticas,

las que s deben ser dirigidas al presidente Otto Prez Molina, por tomar medidas equivocadas o por escuchar

consejos malintencionados y peligrosos para la estabilidad del pas.

En la primera terna, el mandatario incluy al ministro de Trabajo, lo que quebrantaba la legalidad. El martes

envi de nuevo el listado, que inclua a Oliverio Garca Rodas, un diputado oficialista que, al renunciar de

manera obligada, hubiera dado lugar a que llegara como diputada Daniela Beltranena, una figura cercana a la ex

vicepresidenta Roxana Baldetti, al igual que su ahora prfugo ex secretario privado Juan Carlos Monzn .

La decisin de los diputados deja tiempo suficiente para que entre ayer en la tarde y hoy a las 10 de la maana

se realicen negociaciones sin mcula, para hacer una excepcin de lo que usualmente ocurre, que son

contubernios causantes de razones para que los guatemaltecos desconfen de la manera como son manejados en

el pas los asuntos del Estado.

Los nombres propuestos en ambas ternas indican que el presidente decidi no escuchar el clamor popular, que

exige a una persona que no sea colaboradora directa del Gobierno. Es otro ejemplo de la lamentable incapacidad

de entender la profundidad de la crisis poltica desatada con fuerza hace ms de tres semanas.

Tales acciones dilatorias solamente provocan que ms cantidad de personas decidan asistir en protesta el sbado

prximo a la Plaza Central. No se puede dejar de recordar que ayer por la tarde se habl en los corrillos

parlamentarios acerca de que funcionara de nuevo la alianza existente entre los partidos Patriota y Lder, tantas

veces sealada de sumar en conjunto los votos necesarios para cualquier acuerdo.

Por fortuna no se atrevieron a hacerlo porque el resto de bancadas haba anunciado su decisin de abandonar el

hemiciclo para que quedara en evidencia que las diferencias entre ambas agrupaciones existen solo en los

discursos.

Si el gobernante ya cambi una vez de terna, puede hacerlo ahora con personas que no estn tan cerca de l

como las propuestas. Evidentemente no se trata de sugerirle que lleve adversarios, pero s de hacerlo meditar

para que no genere ms descontento entre la poblacin, que ya de por s no cree en los polticos y mucho menos

en el Congreso. El nico camino que le queda es enviar una lista de propuestas idneas para concluir el perodo.

En el Congreso tambin se necesita una alta dosis de madurez, la cual debe estar despojada de revanchismo y

banderas polticas que tanto dao le han causado a la democracia. Los guatemaltecos no pueden seguir como

espectadores de un triste espectculo en el que puestos de tanta relevancia se someten a mezquinos intereses o componendas indeseables.

EDITORIAL

10 de Mayo de 2015 a las 00:00h

La justicia contrataca EDITORIAL

Desde que la jueza Marta Sierra de Stalling tom la decisin de beneficiar con fianza a seis de los sindicados de

integrar la red de defraudacin tributaria conocida como La Lnea se saba que algo no andaba bien con ese

fallo. Resultaba difcil comprender el porqu de una resolucin judicial que no solo dejaba en libertad a casi la

tercera parte de los detenidos, sino que entre ellos figuraban algunas de las figuras claves de dicha estructura.

Las nuevas acciones emprendidas por la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la

fiscala especial del Ministerio Pblico ayudan a comprender lo ocurrido, y es que en dos acciones simultneas

fueron capturados nuevamente dos sindicados de encabezar esa estructura de defraudacin al fisco.

Por el otro lado se plante una solicitud de antejuicio en contra de la juzgadora, a quien los investigadores

sindican de cohecho, pues consideran que habra recibido algn beneficio econmico. Asimismo, se detuvo a

abogados que pudieron haber intervenido en la negociacin y en un eventual soborno.

Ciertamente, desde el primer momento el fallo de la jueza haba despertado suspicacias, sobre todo por el

argumento esgrimido, pero de ser ciertas las acusaciones de los investigadores, se tendra una base firme para

empezar a comprender por qu resultan tan ilgicos muchos fallos judiciales, que lejos de abonar a la justicia,

son los que contribuyen enormemente a fomentar la desconfianza en el sistema.

La cooptacin de los poderes del Estado solo se puede combatir con acciones contundentes en contra de las

mafias y sectores que tienen puerta abierta en diversas instancias del Estado, lo cual les permite ayudar desde

las sombras a bandas criminales que medran con los recursos pblicos. El caso de La Lnea ha destapado la

perversa maquinaria de saqueo del Estado, y es por ello que resoluciones judiciales como los de la jueza Sierra

no solo resultan llamativas, sino contraproducentes incluso para la misma imagen del Organismo Judicial.

Una consecuencia similar puede extrapolarse para el principal sindicado de dirigir esa estructura criminal, quien

se encuentra prfugo, nada menos que el ex secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien

desapareci de manera misteriosa, luego de que ella lo alertara telefnicamente, en Corea del Sur, de las

capturas y la causa judicial en su contra. Una accin que, ya sea por dolo o descuido, tambin le cobr la factura

a la exfuncionaria, quien ante la ola de protesta y descontento debi renunciar, en un caso sin precedentes de la

historia nacional.

Una de las frases ms duras de Ivn Velsquez, jefe de la Cicig, durante la conferencia de prensa del pasado

viernes, contena una dosis de empata con el pueblo de Guatemala. El comisionado dijo que senta tristeza al

ver cmo un juez, en cuyas manos est la esperanza de justicia, poda vender sus fallos.

Debe agregarse que resulta pattico e indignante que funcionarios, que han sido juramentados para cumplir con

las