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Introducción

En el análisis del documento “Colombia 2010-2014: Propuestas de Política Pública”, se pueden ilustrar cuatro grandes ejes que se presentan transversalmente en los artículos trabajados: 1.) Mayor participación del sector privado, 2.) Creación de instituciones para regular la acción del Estado, 3.) Fomentar un ambiente de sostenibilidad fiscal y competitividad y 4.) La focalización del gasto público.

1.) Hacia una reforma tributaria estructural.

En primer lugar el planteamiento del autor parte de la crítica al actual sistema tributario colombiano, el cual describe como: “costoso y complejo de administrar, tiene baja productividad y produce un recaudo insuficiente, no redistribuye y está plagado de inequidades horizontales; causa enormes distorsiones en la asignación de recursos entre sectores; y estimula la informalidad y el desempleo, la desintermediación financiera y un uso ineficiente de los combustibles”1

De ahí que se propongan básicamente los siguientes puntos:

1.) Incluir a las personas naturales dentro de la tributación del impuesto a la renta, asemejándose este diseño al modelo chileno en virtud de la “progresividad” y eficiencia, además de efectuarse la eliminación de deducciones y privilegios empresariales y la aplicación de una tasa de impuesto del 20% sobre la utilidad comercial que tenderá a compensarse con la disminución de costos derivados de la generación de externalidades positivas que incentivan la inversión.

En este punto es importante resaltar la ampliación de la base de este impuesto para las personas naturales, reduciendo la exención mínima a cuatro salarios mínimos.

2.) En el marco de promover un equilibrio hacia la eliminación de privilegios empresariales, se postula el establecimiento permanente del impuesto al patrimonio de las personas naturales y la eliminación del impuesto a las transacciones financieras que promuevan el sector financiero con la inclusión de más agentes dentro de ese sistema.

3.) Se concluye que el impuesto sobre el valor agregado debe gravar sobre todos los bienes y servicios a partir de una tasa única del 19%, menos sobre los bienes exportados pues compromete la competitividad al someterlos a doble tributación. Caracterizando al IVA como un impuesto puro al consumo que no someta la inversión ni los bienes de capital.

4.) Con respecto a los parafiscales, se diseña su eliminación con el fin de incentivar el empleo y la formalidad. Compensándose la pérdida de ingresos para instituciones como el SENA y el ICBF con el aumento del impuesto del IVA, el patrimonio e impuesto a la renta tributado por las personas naturales en el marco de esta reforma.

5.) “Se propone igualar los impuestos y las tasas al diesel con los de la gasolina, para evitar continuar subsidiando un crecimiento ineficiente del parque automotor a diesel.” (Ibíd, pp. 50)

Un último aspecto mencionado en el texto, parte de la idea que muchos de los postulados mencionados en la anterior reforma estructural, carecen de viabilidad política por las siguientes razones principalmente:

a.) La existencia de intereses específicos dentro del congreso, produciendo lo comúnmente llamado contaminación política.

b.) De acuerdo con la ampliación del impuesto a la renta hacia personas naturales, el autor visualiza una posibilidad política de instaurar esta reforma en la medida en que está acompañada y relacionada con la eliminación del impuesto a las transferencias financieras.

1 PERRY, Guillermo. “Hacia una reforma tributaria estructural”. En “Colombia 2010-2014: Propuestas de Política Pública. Editores: Steiner, Roberto; Traverso L. Víctor. CAF, Fedesarrollo. Bogotá, D.C., 2010. p. 38

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c.) Con respecto a la eliminación de los parafiscales, Perry indica su inviabilidad política, principalmente por la reacción de diferentes sindicatos. De ahí que el autor sugiera que este punto debe partir de una reforma laboral más que tributaria. Además añade que dicha reestructuración debe ser paulatina, de manera que en un primer momento la relación entre disminución de parafiscales y tamaño de la empresa o nivel de los salarios, sea inversamente proporcional.2

d.) En búsqueda de la viabilidad política para aumentar el impuesto al IVA, Perry sugiere que las personas dentro del SISBEN tengan una compensación en su consumo a partir de programas como Familias en Acción

e.) Además la viabilidad de la reforma se sostiene en la medida en que el gobierno pueda establecer alianzas con los sectores financieros y privados. Así, parte de los cuestionamientos realizados al planteamiento de reforma estructural de Perry, se enmarca en su visualización de una economía que incentiva únicamente la oferta

De la propuesta de Perry, se puede inferir que la base teórica de la que parte, da prioridad a los objetivos de eficiencia, en el sentido en que se impulsa impuestos de fácil recaudo y control; y de neutralidad, cuestión que se pone de manifiesto en su interés por impulsar la equidad horizontal, retirando los privilegios y los impuestos a las rentas de las empresas, sustituyéndolos por impuestos a la renta y al patrimonio de las personas naturales con el fin de, según él, eliminar las distorsiones generadas por el sistema tributario colombiano actual. Lo anterior lo inscribe en la necesidad de que el sistema tributario sea suficiente para alcanzar la sostenibilidad fiscal, esto es, reducir el déficit.

En segundo lugar, se puede decir que el autor no asume que la política fiscal no genere efectos reales, no obstante su apuesta señala que tales efectos pueden surgir solo desde la oferta agregada, por lo cual, por un lado, propone estímulos al capital eliminando los parafiscales, para que se pueda generar mayor empleo e inversión3; y por otro lado desincentiva el consumo mediante el aumento de la tasa básica al IVA y el gravamen de los bienes y servicios exentos o excluidos, luego la demanda agregada cae y así mismo la inflación4.

Este último aspecto afecta en gran medida a la clase media, ya que en primer lugar se ven reducidos los salarios reales, sin mencionar que además tendría que tributar al ampliarse la base gravable a 4 SMLV; y en segundo lugar las propuestas de compensación ante el aumento del IVA solo comprende políticas de focalización para estratos 1 y 2. De esta forma la clase media tendería a desmembrarse y la brecha entre ricos y pobres se haría más amplia.

Otra crítica de la que es susceptible el presente artículo de Guillermo Perry, es aquella que refiere a la definición y uso que le da al término de equidad horizontal y con este al de progresividad. Según vemos el opta por una reforma estructural, a su juicio, más progresiva, sin embargo a lo que realmente apunta él es a lograr una equidad horizontal que elimine las exenciones y privilegios tributarios del actual sistema de tal manera que “dos contribuyentes en circunstancias similares deben pagar impuestos similares” (Ibíd. pp. 14). En este sentido, la progresividad es dejada de lado y aunque por medio de la ampliación de la base grabable del impuesto de renta a personas naturales se logre una equidad vertical (se sugiere que más progresiva), esta vista más a fondo no difiere de la primera, de tal manera que al ser gravado un contribuyente con mayor riqueza con el mismo porcentaje que uno de menor riqueza, ambos terminarían pagando exactamente igual proporcionalmente (aunque este no se presente universal, se dirige a serlo).

De otra parte el aumento de la tasa de impuesto del IVA a un 19% y la eliminación de exenciones de ciertos productos y bienes constituyentes de la canasta familiar, afecta el ingreso disponible de las clases menos favorecidas (sobre todo la clase media y baja que no se encuentra en el SISBEN) a lo que se le suma el gasto social del gobierno (nacional, regional y local) que es bajo y altamente concentrado y por tanto ni observando el ingreso disponible de los menos favorecidos económicamente se evidencia progresividad

2 El aumento en la disminución de los parafiscales es compensado con la disminución del tamaño de las empresas o menores salarios, y viceversa.3 Se podría inferir que el autor supone la existencia de la curva de laffer.4 Cuestión por la que podría ser bien recibida la reforma al sistema tributario.

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alguna, y por ende la persistencia de una sociedad inequitativa e injusta contrariando los mandatos constitucionales.

2.) Las finanzas territoriales en Colombia: ¿Descentralización sin equidad social?

Como segundo elemento de análisis, se plantea el tema de las finanzas territoriales en relación con las transferencias intergubernamentales. La propuesta de Juan Gonzalo Zapata con respecto a la previa discusión se enfoca en la implementación de una mayor descentralización fiscal en Colombia, debido a los resultados en periodos anteriores, señalando que la mayor autonomía municipal y departamental ha contribuido a la eficiencia, en cuanto rendimiento fiscal y, en cierta parte, a que dichas entidades territoriales comiencen a depender de sus recursos propios. No obstante, el autor plantea algunos puntos que pueden entrar en contradicción con esos objetivos de eficiencia y equilibrio en cuanto los departamentos, principalmente, y los municipios tienden a desempeñar un mal uso de los recursos que les son destinados, cuestión que hay que cambiar y reconfigurar a partir del “Sistema de transferencias intergubernamentales-SGP- en tanto aún es la principal fuente de recursos territorial, y la definición de reglas del juego para su administración es importante para el conjunto de las finanzas estatales.”5

En este sentido, dentro de sus perspectivas planteadas para mejorar el rendimiento de los gobiernos subnacionales, el SGP debe modificarse a partir de las siguientes reformas:

Producto de los actos legislativos 2001 y 2007 las transferencias no deben ser porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, sino debe ser soportadas por un criterio poblacional. Aunque en décadas anteriores esta dinámica (% ingresos corrientes) fue importante para financiar los gastos en salud y educación, “infortunadamente este no es un criterio técnico como la capacidad y la potencialidad tributaria local, o la eficiencia del gasto financiado con estos recursos transferidos” 6. En este sentido se plantea que el 80% de las transferencias totales deben ser destinadas bajo dicho criterio poblacional y el 20% bajo un criterio de desempeño fiscal o capacidad de cada uno de los territorios. De ahí que se ignoren criterios como los de pobreza o poblaciones vulnerables, debido a que los programas de asistencia social provienen del presupuesto nacional o de recursos propios de municipios y departamentos no de las transferencias.

Otra implantación que se recomienda hacer a las finanzas territoriales es incorporar a las transferencias intergubernamentales las regalías directas por la explotación de los recursos naturales renovables y liquidar dichas regalías a partir de los criterios de distribución y asignación del sistema de transferencias intergubernamentales que se propone. En esta medida se recomienda poner un techo a las regalías directas que puedan recibir departamentos y municipios correspondientes al 40% del total de transferencias por SGP.7En efecto, los excedentes producto de las regalías directas se destinarían a un fondo de ahorro que se propone en el marco de la estabilización, donde reemplace éste al Fondo Nacional de Regalías.

Las dos propuestas anteriormente expuestas se dan en el marco de mejorar la autonomía e independencia presupuestal de las entidades territoriales en un contexto de profundizar la descentralización fiscal. Así se impulsa hacia dos modificaciones del ámbito municipal y departamental: proponer un Estatuto Tributario Territorial donde se pueda mejorar la gestión tributaria con la inclusión del manejo electrónico de los tributos y, en segunda instancia, acabar con los monopolios de lotería y licores, a partir de un ambiente de competencia, creando simultáneamente una lotería nacional, de manera que ésta medida se presenta como complementaria para el autor.

5 ZAPATA, Juan. “Finanzas Territoriales en Colombia”. En: “Colombia 2010-2014: Propuestas de política pública”. Editores: Steiner, Roberto; Traverso L. Víctor. CAF, Fedesarrollo. Bogotá, D.C., 2010. p. 966 Sin embargo el autor afirma que tampoco hay argumentos para defender que la potencialidad tributaria o la eficiencia del gasto local aumentará conforme a eliminar el criterio previo (porcentaje de ingresos corrientes) reemplazándolo por un criterio demográfico, luego la reforma tiende a presentarse “experimentalmente”, a modo de recomendación.7 Los criterios utilizados se explican a partir de un hecho que expone lo siguiente: “La experiencia en el manejo de las regalías directas en Colombia ha sido negativa […], el gasto ha sido ineficiente. Existen diferencias importantes entre los municipios con un alto volumen de regalías y los que reciben un menor monto por este concepto. Así los que reciben menos hacen un mejor manejo de las regalías puesto que las destinan a financiar proyectos específicos o inversiones en un sector, y el mal manejo se relaciona más con los territorios con bonanzas de regalías.” Ibíd. p. 108

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A pesar de la argumentación que presenta Zapata, hay un elemento o varios que se escapan o no se exponen en su diseño de propuesta, y efectivamente dentro de los artículos trabajados del texto de Fedesarrollo no se menciona una cuestión importante relacionada con los procesos de descentralización y los efectos sobre la democracia.

En un contexto de desmonte de un Estado “centralista y arcaico”, hacia la modernización del aparato administrativo y burocrático colombiano, la descentralización ha sido una salida viable que se ha ido implementando en muchos ámbitos de lo público en cuanto la prestación de servicios (educación, salud, saneamiento básico) y evidentemente, como lo expone el texto, en cuanto las finanzas territoriales. Sin embargo los procesos de descentralización no tiene un margen de alcance suficiente para abarcar temas que se relacionen al mismo tiempo con procesos democráticos y de equidad social- este punto tiende a perderse cuando no tergiversarse-, en otros palabras, fenómenos de descentralización en un Estado no siempre vienen acompañados o traen consecuencias favorables en materia de equidad social.

Debe recordarse que los criterios de descentralización fiscal más que coincidir con dinámicas de eficiencia del gasto a nivel local, en un contexto de carencia absoluta o deficiencias extremas en la prestación de servicios en municipios y departamentos debe representar:

“Resultados alcanzados en la cantidad y calidad de los servicios prestados a la población, por una parte, y en la democratización de la vida local por la otra…la descentralización es un medio no un objetivo en sí mismo: su validez radica principalmente en que conduzca a un mejor papel del Estado en la provisión de los bienes públicos locales.”8

Por lo tanto, retomando el documento de Zapata, plantear el diseño del Sistema de Transferencias Intergubernamentales ignorando los criterios de pobreza y las condiciones vulnerables en las que se encuentran algunas poblaciones de municipios y departamentos tiende a ser compatible de nuevo con una política asistencialista (que en otros artículos del libro se han tratado) y focalizada, incumpliendo en un principio con el fin realmente que enmarca un proceso de descentralización, que si bien encara una mayor autonomía municipal, esta no debe presentarse como un desentendimiento del Estado Central en cuestiones de prestación de servicios y de la política social. Por otro lado el criterio poblacional o demográfico que sostiene Zapata no necesariamente plantea una mayor presencia del Estado en dichos territorios, luego no siempre el mayor número de población representa un verdadero criterio para evaluar el sistema de transferencias. Una opción que tendría más coherencia con una descentralización pensada desde la equidad social sostendría si bien un criterio poblacional también un criterio territorial, es decir, independientemente del número de personas que vivan en dichos territorios, cada una de las entidades territoriales recibirían un porcentaje de las transferencias sin presentarse necesariamente una causa, simplemente por el hecho de ser gobiernos subnacionales, aunque este diseño podría entrar en controversia con el objetivo de eficiencia del gasto local o departamental.

3.) ¿Cómo derrotar el desempleo y la informalidad?

El tercer elemento de análisis que presenta este documento se centra en los aspectos del mercado laboral considerando que éste influye fuertemente en la creación de empleo y en el proceso de formalización del trabajo siendo condición necesaria más no suficiente. De esta manera, Santa María, Steiner y Schutt diagnostican los problemas que se cruzan en medio del proceso de formalización del trabajo y creación de empleo, éstos son: (i) Salario mínimo elevado e inflexible respecto la productividad media del capital, (ii) Existencia de costos no salariales que representan el 60% del salario, (iii) Limitada figura del contrato de aprendizaje que no distingue entre mano de obra productiva o no, (iv) inexistencia de un salario diferenciado para zonas urbanas y rurales en función de su diferencia en productividad, (v) Política social asistencialista que genera incentivos para permanecer en la informalidad.

El mercado laboral es, entonces, segmentado por motivo de que el trabajo por cuenta propia se da por razones de exclusión, y no de complementación, al ser refugio para los que no consiguen un empleo formal. La segmentación se refleja en menores salarios para los trabajadores por cuenta propia con mayor impacto

8 MALDONADO, Alberto. “Resultados del proceso de descentralización territorial: muchos indicios y poca evidencia”. Territorios: Revista de Estudios Regionales y Urbanos, ene-jun2000, Issue 4, p83-103. p. 86

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sobre los menos educados y los más pobres, al ser los impuestos al trabajo9 y la existencia de un salario mínimo legal los elementos que más afectan al proceso de creación y formalización de empleo en la medida que gravan al proceso en sí. En otras palabras, la existencia de los CNS (costos no salariales) afecta a la oferta de empleo al crear costos a las empresas y los empleadores para la creación de empleo formal y a la demanda de empleo al considerar que para los trabajadores es más beneficioso mantenerse en la informalidad y evadir dichos impuestos, caracterizándose por los autores dicha situación como un proceso de exclusión y escape.

De lo anterior se sigue que los gravámenes al salario y al empleo y una política social por medio de subsidios mal focalizados e incentivos para mantenerse en la informalidad como la existente en el país son, si se quiere, generadores de un “círculo vicioso de informalidad”10 financieramente insostenible donde a menos empleo formal mayor necesidad de aumentar el gravamen del salario por medio de los CNS para financiar la política social que a la vez genera más informalidad y por ende menos base gravable. Sin embargo es evidente la preocupación de los autores en proteger un ambiente propicio para el capital y no, como una lectura superficial nos daría a entender, la generación de empleo y formalización laboral que repercute en el bienestar del bien común, puesto que se pelea una redistribución y equidad entre las mismas clases media y baja pero no una política laboral que redistribuya y sobretodo grave la riqueza de los grandes capitales, pues se piensa en una economía desde la oferta.

De igual modo, dicen los autores, el salario mínimo legal vigente (SMLV) en Colombia es extremadamente alto pues representa un 52% del PIB per cápita, siendo esto representación de la contradicción fundamental del modo de producción capitalista expuesta por Karl Marx donde la riqueza producida socialmente se apropia individualmente en tanto se evidencia que el 48% del PIB per cápita está concentrado en un pequeño grupo poblacional. En efecto, la propuesta de este artículo expone profundizar dicha contradicción y reducir el salario mínimo en relación con el PIB de forma que permita mayor empleo formal según los planteamientos de Santa María, Steiner y Schutt sin perjudicar la riqueza de la clase alta, pues son éstos los poseedores de los medios de producción, todo bajo un trasfondo de empleo formal mal remunerado y agregando a esto la propuesta de modificación al régimen fiscal y sobre todo al aumento del IVA a un 19%.

Se propone en este artículo: (i) para reducir el impacto de los altos CNS y la existencia de un SMLV eliminar 13 puntos porcentuales de los primeros de manera gradual de modo que quienes devenguen 1 SMLV dejen de pagar la totalidad de ese 13% y así progresivamente. (ii) Se recomienda modificar el limitado contrato de aprendizaje de modo que distinga entre mano de obra productiva y, por lo tanto, la población joven entre 16 y 24 reciba un 70% del SMLV y después de 6 años y mientras adquieran experiencia el l00%, (iii) Se dice que el Gobierno debe focalizar sus programas sociales en la población más vulnerable y hacer transitorio el mismo, (iv) por último se recomienda que el Gobierno actué prudentemente en el desarrollo de los mandatos constitucionales de tal modo que el aumento en el SMLV se haga en relación con la inflación del año anterior, y aunque en el mismo documento se diga que la política laboral no se apiada de la productividad del trabajo y del capital, los autores no se “apiadan” de los trabajadores ya que no proponen que este aumento se haga en relación de la productividad de la economía repercutiendo en la distribución funcional del ingreso.

En conclusión se plantea una reforma en el mercado laboral acorde con las políticas de mercado de trabajo, donde en un contexto de competencia intercapitalista e incremento en la tasa de explotación11 se busca una flexibilización que elimine las “rigideces” como los CNS y el SMLV en donde se hace más que evidente un enfoque neoclásico y la intención explícita de beneficiar a las condiciones de reproducción de capital por

9 Éstos son los costos no salariales (CNS) dentro de los cuales existen los impuestos puros: Aportes parafiscales, contribuciones de solidaridad en pensiones y salud y contribuciones al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), representan actualmente el 14% del salario.10 SANTA MARÍA, Mauricio., STEINER, Roberto., SCHUTT, Erika. “¿Cómo derrotar el desempleo y la informalidad”. En “Colombia 2010-2014: Propuestas de política pública.” Editores: Steiner, Roberto; Traverso L. Víctor. CAF, Fedesarrollo. Bogotá, D.C., 2010. P. 13811 En este contexto la distribución funcional del ingreso se mantiene estática en detrimento de las clases bajas y medias pues los CNS y el SMLV repercuten en el bienestar de ellas en forma de menor salario o menor empleo y no en una disminución en la tasa de ganancia de los grandes capitales debido a que a costa de los explotados ésta se mantiene no perjudicando a las clases altas.

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encima de todo objetivo social e incluso político tal como lo demuestra su posición frente a las disposiciones de la Corte Constitucional Colombiana.

4. Acceso a los servicios financieros en Colombia: Retos para asegurar la rentabilidad del sistema financiero.

En primer lugar es necesario establecer que para Marulanda, Paredes y Fajury es de esencial importancia la ampliación del acceso a los servicios financieros. Este tema lo ubican en el marco de la lucha contra la pobreza: por un lado la propuesta se justifica en la necesidad de compensar los efectos adversos de algunos choques que puedan empeorar la situación de las familias de bajos recursos, y por el otro señalan el efecto positivo de la bancarización sobre la reducción de la informalidad. Lo anterior resulta problemático si se considera que, las medidas están enfocadas a compensar el riesgo de una familia en estado de vulnerabilidad, buscando que después de un choque adverso “regrese a su condición inicial”, luego si bien se contribuye a que la situación no empeore, no se trata en absoluto de una verdadera lucha contra la pobreza, sino de un mantenimiento de esta, puesto que no se apunta a mejorar las oportunidades reales de las familias vulnerables.

Los autores proponen como instrumentos para alcanzar lo anteriormente enunciado, los diversos servicios financieros12 y la inclusión de la población de bajos recursos a estos. Es así, como inicialmente se reconoce el avance en materia de cobertura y acceso a los servicios financieros que se ha tenido en Colombia durante los últimos cuatro años debido a la política pública que se ha implementado13. No obstante se considera que se debe continuar “progresando” en esta materia. De lo anterior se sigue que, se hace indispensable “la ampliación de la cobertura del sistema financiero colombiano”14, en este punto se presta importante atención al uso de los canales electrónicos ya que permite formalizar las transacciones financieras y disminuye progresivamente el uso del efectivo15.

Para facilitar la bancarización de la población de bajos recursos, se establece la necesidad de generar unos mecanismos “adecuados” que garanticen “la sostenibilidad a largo plazo” y la rentabilidad de los bancos dejando “la prestación del servicio directo a quienes lo saben administrar”16. Así pues, la política pública se debe generar “en el marco de una alianza con el sector privado representado por las instituciones financieras de primer piso”17.

Teniendo en mente lo anterior y siguiendo los lineamientos de la teoría de la regulación, es posible afirmar que el Estado es garante del sistema y de quienes detentan el poder económico a través de su función de acumulación y legitimación, lo cual se evidencia en las propuestas emitidas por Fedesarrollo en el marco de este capítulo. En cuanto a la función de acumulación, el Estado se ve en la necesidad de incurrir por un lado, en gastos de capital, lo cual se materializaría en la propuesta de los autores en la cual, el Estado, debe contribuir a la potenciación del uso de los canales novedosos, puesto que a través del uso y la masificación que promueva de éstos, reduciría los costos en los que incurren las instituciones financieras para el mantenimiento de las plataformas electrónicas; y por el otro, asume gastos sociales. Respecto a este último punto, los gastos sociales se ven reflejados en el proyecto de familias en acción, el cual constituye el pilar fundamental de una política focalizada, esto es, de la conformación de un Estado asistencialista. Se propone una reestructuración en la cual se incentive el ahorro18, definido como “una puerta de entrada” a las familias

12 Ahorro, crédito, transferencias, pagos y seguros.13 Esta política pública, se denomina “banca de las oportunidades”. Los autores señalan que esta constituye “un avance significativo” si se tiene en cuenta que la intervención del gobierno es indispensable para superar las imperfecciones que caracterizan al Estado por medio de la creación de una institucionalidad, que permita la obtención de los niveles deseados de “acceso y penetración (a los servicios financieros) que demanda el desarrollo del País.14 Respecto a este punto sería importante señalar que históricamente se ha demostrado que los países cuyo sistema financiero es grande, las crisis económicas se presentan con mayor frecuencia y magnitud. 15 Según el texto, el uso del efectivo estimula las actividades informales.16 MARULANDA, Beatriz. PAREDES, Mariana. FAJURY, Lizbeth. “Acceso a los servicios financieros en Colombia: retos para el siguiente cuatrienio”. En: “Colombia 2010-2014: propuestas de política pública.” Editores: Steiner, Roberto; Traverso L. Víctor. CAF, Fedesarrollo. Bogotá, D.C., 2010. P. 219.17 Ibíd. p. 20718 Cabe decir que el ahorro que se propone pude incluso resultar absurdo cuando se da un subsidio de $190.000 mensuales.

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de bajos recursos al sistema financiero, así pues se incorporan las personas a las entidades bancarias por medio del programa, y tales entidades obtienen rendimientos del ahorro de dichas personas.

En cuanto a la función de legitimación, se hace claro la importancia de implementar leyes determinadas que faciliten la regulación del sistema; desde la propuesta, esto se refleja en lo conveniente de modificar el marco legal que afecta a las entidades financieras. Las modificaciones que se plantean incluye la eliminación de los límites impuestos por la usura, la certificación diferencial de tasas y la ampliación de los derechos a los acreedores19. Tomando el supuesto de que los microcréditos son más costosos para los bancos en términos de evaluación de riesgos, la eliminación de la tasa de usura implica que los costos de la evaluación de riesgos incurren en la persona o familia, luego la tasa de interés será elevada con respecto a su condición económica y por ello puede ser un desincentivo para las personas de bajos recursos, de esta forma no se lograría la inclusión esperada. De lo anterior se deduce que en realidad la inclusión por créditos no es lo que se piensa estimular, sino por ahorro y seguros.

Finalmente se puede decir que la política pública que se propone en este artículo, es una política dirigida a cumplir funciones de acumulación y legitimación, que apunta a beneficiar a las entidades financieras de primer piso, puesto que les da un margen de autonomía bastante amplio en el sentido en que incentiva el ahorro de las personas (por medio de políticas asistencialistas-focalizadas), elimina las tasas de interés de colocación y les ofrece derechos bastante provechosos, sin establecer nada al respecto de las tasas de interés por captación; luego se pretende una masificación de las transacciones financieras, procurando la rentabilidad de los bancos, aun en detrimento de las personas de escasos recursos que se verán obligadas a pagar altas tasas de interés por un microcrédito de baja cuantía. En este contexto el gobierno debe procurar el mantenimiento de programas focalizados como familias en acción y la realización de campañas educativas para fomentar la cultura del ahorro y los seguros, así el capital que se produce socialmente es apropiado privadamente, en este caso por las entidades financieras de primer piso mediante un matrimonio Estado-Sistema financiero, usando justificaciones como la lucha contra la pobreza o contra la informalidad.

5.) Internacionalización de la Economía Colombiana: Comercio e Inversión

Este artículo pretende la aplicación de diversas normas y/o reformas en la economía colombiana respecto a la internacionalización de la misma, en un contexto de comercio e inversión.

Colombia se encuentra en un bajo nivel de internacionalización a pesar de que hasta el 2008 presentó un alto nivel de crecimiento económico frente a las importaciones y exportaciones, aunque, si se compara con los demás países de la región este progreso ha sido mínimo. Así pues, la principal premisa que se sostiene es que el aumento de la internacionalización del país es fuente de crecimiento económico, donde teniendo un crecimiento constante, variables como bienestar y empleo aumentarán proporcionalmente. En este sentido, se indicaría que el presente autor se mueven dentro de las corrientes neoinstitucionalistas al señalar lo siguiente: “Claro que la internacionalización de una economía por sí sola no garantiza su desarrollo sostenido. En ese sentido, corresponde a las autoridades corregir las distorsiones que la libertad de mercados puede traer”, las instituciones como medios para obtener una sociedad óptima y eficiente. Como se aclaró, no se ve un rechazo por las ideas neoclásicas de liberalización de los mercados, simplemente este proceso debe implementarse con el apoyo de autoridades capaces de corregir dichas imperfecciones que el mercado por sí solo no puede efectuarlo.

En primer lugar se encuentra el objetivo de Lograr mayor acceso a mas mercados; bajo este contexto se da principal importancia la convalidación del TLC con Estados Unidos, puesto que, según Reina, le permitiría a Colombia introducirse en un campo competitivo más exigente, cuestión que contribuye a que este se dé paso a otras propuestas como la oportunidad de conexión comercial con los países asiáticos. El autor resalta este último punto, como un elemento esencial si se quiere una mayor apertura en los mercados, para tal fin se

19 1. Facilitar el uso de activos diversos para garantía real de crédito. 2. Agilizar los procedimientos y reducir los costos para la constitución de garantías reales. 3. Mejorar la calidad y el acceso a la información de los registros. 4. Establecer procedimientos judiciales y extrajudiciales para que un acreedor obtenga la satisfacción del crédito con el producto de la garantía. Ibíd. p. 25.

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hace necesario establecer relaciones comerciales con Asia, por medio de la creación de una agenda que abarque eventos de acercamientos con este continente.

Por otro lado se propone la diversificación de mercado, es decir, buscar otros destinos a las exportaciones, distintos a los países que hasta el momento han sido los principales receptores de estos, como Venezuela y Perú. En este sentido Colombia debe profundizar los propósitos de incursión en los mercados trazados por Proexport, corrigiendo los estímulos a determinados sectores y poniendo en el marco de la competencia a pequeños y grandes empresarios por igual.

En segundo lugar, la propuesta incluye la eliminación del sesgo anti exportador de la economía, para tal fin se debe eliminar el sistema de franjas de precios y evitar la implementación de políticas proteccionistas a determinados sectores; el instrumento adecuado, según el autor, seria la simplificación de los aranceles, esto es igualando las tasas a una tarifa baja.

Como tercer elemento, la propuesta pretende mejorar la competitividad del sector exportador a través de la perfección de la infraestructura vial y proyectos que giren alrededor del progreso en este campo, los cuales deben ir acompañados de un fortalecimiento institucional que permita eficiencia en la ejecución de dichos proyectos y de la internacionalización de la economía colombiana en general.

Se propone una ejecución conjunta de los tres objetivos mencionados anteriormente y la elaboración de una política de regla fiscal, debido a la inviabilidad de una política “anti cíclica” dada la deficiente institucionalidad y “transparencia” del país. Esta regla fiscal debe buscar un ahorro en momentos de auge, y se establece que este ahorro se guarde en el exterior, ayudando en la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano y largo plazo. Finalmente se establece la necesidad de explotar la condición de Colombia, al ser un país megadiverso, en el campo del biocomercio, en el cual por medio de una profundización en la investigación y estudio de tecnologías limpias y su implementación, el país lograría posicionarse en el mercado mundial, logrando un avance significativo en la internacionalización de los mercados.

Al hablar de una apertura económica, y cómo esta sería un gran elemento a tener en cuenta para el crecimiento económico, se podría aceptar la idea de que Reina tiene razón en su propuesta, aunque, la falla que se encuentra es la carencia de un análisis detallado sobre los efectos que tendrían dichas ideas sobre el Sistema Político Colombiano

Si se llegara a realizar un diminuto estudio histórico sobre las repercusiones que las aperturas económicas han tenido sobre algunos países asiáticos y otro latinoamericano, se pensaría dos veces antes de aceptar las ideas de Reina. Algo que se ha de considerar son los ejemplos que pone Reina los cuales se pueden interpretar como ejemplos que deben analizarse. El Primero podría ser el gigante asiático, China. Este país luego de la muerte de Mao, cambia su visión económica en el nuevo orden global, con la llegada de Deng Xiaoping casi a finales de la década de los 70´, este nuevo personaje observaba como sus vecinos asiáticos comenzaban una apertura de mercados, la cual llevaba a un mayor crecimiento y desarrollo económico, por estos motivos el decidió seguir ese mismo ejemplo, pero para llevarlo a cabo necesitaba “….tomar medidas estratégicas para limitar los costos de la apertura. Se centró en la modernización del socialismo, en formar una “dictadura democrática” del partido, con una apertura económica para potenciar la iniciativa privada y el crecimiento económico. Suprimió toda oposición, pero también concedía mayores libertades en otras áreas.”20, En este caso China pudo realizar su apertura económica a través de un sistema político autoritario.

Singapur podría ser el siguiente caso a analizar, donde se puede encontrar gran sostenibilidad económica a costillas de un régimen autoritario21, el cual dice llamar democrático pero dentro de este mismo existe un partido político llamado la PAP, quien se halla en el poder “democráticamente” luego de 36 años. Y un último caso más cercano podría ser la apertura económica que tuvo chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Con ello la historia mostraría cuáles han sido las consecuencias sobre estos tres países al intentar abrir sus mercados, de pronto Colombia podría ser un caso completamente diferente a los tres ya expuestos,

20 María Isabel Negre: "La República Popular China y su economía" en Observatorio de la Economía y la Sociedad de China Nº 02, marzo 2007. 06. Junio. 2011. <http://www.eumed.net/rev/china/>21 Esther Martínez Guerrero: “Sistema político de Singapur” en XII Congreso Internacional de ALADAA 06. Junio. 2011. <http://ceaa.colmex.mx/aladaa/XII%20CONGRESO%20INTERNACIONAL%20DE%20ALADAA/martinezesther.pdf>

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pero hemos de tener esto en consideración resaltando que acabados de salir de un mandato de ocho años, bajo el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, pero seguimos siendo representados por el mismo partido político.

Además cabe resaltar que los procesos de apertura económica en países asiáticos tienen una enorme ventaja que se reflejan en las condiciones livianas en cuanto sus deudas externas, mientras en los países latinoamericanos- incluyendo Colombia- dichos ingresos pesan enormemente sobre sus economías:

“En los estudios comparativos se ha intentado contrastar las “historias exitosas” de Corea del Sur y Taiwan y se insiste en presentar a los primeros como el modelo que deben seguir los segundos. Sin embargo, la mayor parte de estos análisis no tiene en cuenta el contexto histórico de las dos regiones[…]sus relaciones con los centros del poder económico del mundo no han sido similares[…] Durante el tiempo comprendido entre la última década del siglo pasado y la Segunda Guerra Mundial, los países del Este asiático estuvieron bajo el dominio del colonialismo japonés, en tanto que Latinoamérica ha estado la mayor parte de este siglo bajo la égida de Estados Unidos.”22

6.) Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I)

Juan José Perfetti sería un excelente punto de partida para este análisis, los motivos por los cuales se considera dicho acto, es porque si se aborda el pensamiento de este autor desde el inicio del texto no sería tan complejo desmembrar sus postulados, ya que recurre a corrientes de pensamiento antagónicas y críticas hacia las ideas del autor.

De esta forma, PERFETTI se ubica dentro de la escuela neo institucionalista, ya que demuestra algunas de las características expuestas por Salomón Kalmanovitz, donde caracteriza esta corriente de la siguiente manera: “Cada una de ellas se acerca o se aleja en mayor o menor medida de los postulados básicos de la teoría neoclásica: Maximización de una utilidad, racionalidad en la escogencia, escala de valores establecida, información perfecta, competencia adecuada y, por lo tanto, clarificación de los mercados23.”

Se pretende abordar algunas de las características expuestas por Kalmanovitz, y cómo ellas se acercan al pensamiento de PERFETTI. La primera idea que se puede señalar surge en el momento en que el autor comienza a expresarse frente a la relación entre empresas e IES, estableciendo lo siguiente:“…se debe encontrar respuesta a la pregunta de cómo lograr que las empresas, las IES y los centros trabajen mancomunadamente, compartan y optimicen los escasos recurso disponibles, al tiempo que, como fruto de dicho trabajo, le aporten positivamente al desarrollo del país”24Con ello nos ubica en un mundo de escasez donde el productor para maximizar su beneficio ha de tener en cuenta las restricciones técnicas, las cuales determinaran su capacidad de producción. Justo ahí en las restricciones técnicas es donde entrara a jugar la CT+I: Quienes toman en sus manos el papel de “innovar”, junto con las empresas, otorgándole un mayor bienestar a la sociedad colombiana,25 lo cual también conllevaría a un crecimiento económico, donde dicho argumento podría ser ubicado bajo uno de los cinco hechos estilizados expuestos por William Easterley: “Furthermore, an emphasis on TFP growth with increasing returns to technology is more consistent with divergence than models of factor accumulation with decreasing returns”26

Esto expresa algunas de las ideas de PERFETTI, con respecto a la tecnología y la innovación, donde ambas siempre son resaltadas en los momentos en los que él se refiere al crecimiento económico, ofreciéndole gran importancia para que la política pública colombiana haga un esfuerzo financiando constantemente programas de CT+I, ya que llevaría a un crecimiento económico y social27.

22 AHUMADA, Consuelo. “Entre la modernización y la dependencia”. En: El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. El áncora editores, Bogotá, No 26, Diciembre 2000,pp. 6723 “EL NEOINSTITUCIONALISMO COMO ESCUELA” www.banrep.gov.co. 20. Jun. 2003. 2 Jun. 2011. <http://www.banrep.gov.co/junta/publicaciones/salomon/El_%20neoinstitucionalismo_como_escuela.pdf>24 PERFETTI. Juan José. “Ciencia, tecnología e innovación”. En STEINER, Roberto. Y TRAVERSO, Víctor. “Colombia2010-2014: Propuestas de Política Pública”. Bogotá D.C. Fedesarrollo. 2010, p, 34725 Ibid, p. 35126 EASTERLEY, William & LEVINE, Ross. “It’s not factor accumulation: Stylized Facts and Growth Models” World Bank, executive directors. Development Research Group. 2000. p. 227 PERFETTI. Juan José. Óp. Cit. Ibíd. P. 323

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La siguiente relación de PERFETTI con la corriente de pensamiento neo institucional se puede percibir cuando habla de divulgación y difusión de información28, este aporte se refiere a la característica de la información perfecta y simétrica. Desde cierta interpretación este componente resalta la importancia de concederles a los agentes completo conocimiento, y con ello se apoya en uno de los rasgos importantes de su propuesta, el cual pretende volver a la sociedad colombiana más consciente sobre la innovación y la importancia que esta tiene para el país, para permitir una participación dentro de ella, y con ello una mejora de la misma29.

Ya establecida la posición ideológica del autor, se facilita un poco la tarea de criticar su propuesta, la siguiente afirmación podría ser un buen punto de inicio:“Procura ordenar la esfera pública a través de un esquema de instituciones orientadas a lo privado, aniquilando toda pretensión de igualdad económica, social y política, a partir del supuesto de que ya han sido obtenidas por el régimen democrático.”30

La anterio afirmación impulsa una de las últimas ideas tratadas por el autor donde propone un modelo institucional de división y especialización del trabajo,31 planteando la cooperación de tres instituciones: Colciencias, El fondo Francisco José de Caldas y una nueva que se especialice en la innovación. He aquí donde PERFETTI, a través de todo el texto, lanzó la idea de que la innovación estuviera íntimamente relacionada con las empresas, y que los desarrollos que se produjeran a partir de la IES y los centros tecnológico se articularan para mejorar el desempeño con las empresas, proponiendo desde nuestra perspectiva un proyecto innovador pro empresarial, con beneficios ante todo para las empresas, y en ningún momento resaltando cuáles serían los beneficios públicos de esa alianza público-privada, de esta forma da la existencia de un Estado Asistencialista, permitiendo que este intervenga en funciones donde el mercado no es tan eficiente, y en el caso de PERFETTI, este entraría a jugar un papel de inversionista en materias de CT+I. En este sentido:

“The Oslo Manual considers innovation in a broad sense as “the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relations”. However its application in the CIS has generated criticisms since it takes innovation in a narrower sense which may cause a problem in the generation of indicators .The main reasons creating such a problem are that (i) innovation is a hardly measurable component and (ii) it is a consequence of different activities which are difficult to summarize.”32

Se expondría que la premisa anterior abarca algunas de las ideas propuestas por PERFETTI: primero establecer que la innovación debe ser generada dentro de una relación entre las empresas y las universidades, poniendo a los integrantes de estas últimas, los estudiantes, a vincularse con el mercado laboral antes de terminar sus carreras con el fin de buscar esta innovación, necesaria para el país.33

Además su falla de gran proporción es la innovación, y volviendo al postulado anterior, no establece ninguna forma de medir la innovación, solo menciona que Colciencias ha de establecer algunos mecanismos de evaluación34 para este proceso, aun así no nos describe como serían esos mecanismos, dificultando de esta forma el gasto en innovación sin saber si el presupuesto utilizado es proporcional a los beneficios, o si los beneficios son muy bajos en comparación con el gasto estatal.

Conclusiones

28 Ibid.p. 36329 Ibid. P.36330 ´Análisis crítico de las teorías del desarrollo económico”. Vargas Hernández, José Guadalupe. www.revistaeconomia.puj.edu.co. 15. Abril. 2008. 2 Jun.2011. <http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_6/4_Articulo.pdf > P.11931 PERFETTI. Juan José. “Ciencia, tecnología e innovación”. En STEINER, Roberto. Y TRAVERSO, Víctor. “Colombia2010-2014: Propuestas de Política Pública”. Bogotá D.C. Fedesarrollo. 2010. p. 37032 “Comments and Critics on the Discrepancies between the Oslo Manual and the Community Innovation Surveys in Developed and Developing Countries” www.stps.metu.edu.tr. September. 2002. 3. Jun.2011 <http://www.stps.metu.edu.tr/stpswp/series09/0902.pdf>33 PERFETTI. Juan José. Óp. Cit. P. 36634 Ibid, p.368

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Sería adecuado empezar con una crítica muy general y de esta forma seguir un trayecto por una vía la cual se irá resaltando los argumentos más claros que demuestren la existencia de los cuatro ítems ya mencionados en esta introducción. En efecto, esta síntesis se encuentra basada en uno de los aportes del constructivismo estructuralista35, donde se extrae un elemento fundamental de Pierre Bourdieu, en el cual habla del Habitus y el campos, donde el primero es un conjunto de factores subjetivos, el segundo, son las estructuras sociales.36

Es importante empezar desde este punto, ya que en ningún momento los autores del texto tratado, realizan si quiera un pequeño análisis del habitus. Estos personajes resaltan ante todo la importancia del campos, teniendo un sesgo completo sobre las subjetividades. Se centraran especialmente en el campos, pero de este mismo le darán una gran importancia a las instituciones considerándolas como la base de toda evolución económica y social37, y durante todo el análisis vemos como se crearan instituciones con el fin de ejecutar las acciones del Estado, en el segundo artículo la propuesta de una lotería nacional, en el cuarto con la banca de oportunidades, buscan al Estado como un creador de instituciones tecnocráticas, en el quinto buscan mejorar estas instituciones existentes para un mejor proceso de internacionalización y el ultimo busca establecer una institución para la innovación.

Y la mayoría de estas nuevas y viejas instituciones buscan mantener la sostenibilidad fiscal y competitividad, ya que en algunos casos pretenden eliminar ciertos monopolios existentes, los cuales no permiten, aunque sea un poco redundante, una perfecta competencia. Además no puede dejarse de lado que gran parte de ellas fomenta o se halla en la búsqueda de una mayor participación del sector privado, buscando que este juegue el mayor papel dentro de la actividad económica; es así como se reduce el tamaño del Estado y se le asignan las limitadas labores de la ejecución de políticas focalizadas y de la transformación del marco legal a favor de las grandes empresas y el sector financiero.

35 pertenecientes a Pierre Bourdieu y expuestos por José Aranda Sánchez. SÁNCHEZ, JOSÉ. “Constructivismo y análisis de los movimientos sociales” Toluca, México. Ciencia Ergo Sum. 2002. P.22236 Ibíd. P.22337 RODRÍGUEZ, Óscar. “Economía institucional, corriente principal y heterodoxa” Bogotá D.C, Colombia. Revista de economía institucional, No4. Primer semestre/2001. P.61

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MARIA PAULA BAHAMÓN FEO

DIANA XIMENA MACHUCA PÉREZ

MARÍA CAMILA MONCADA GUEVARA

DAVID MAURICIO MARTIN ESPITIA

NELSON CAMILO SÁNCHEZ AMAYA

Presentado al profesor:

ANDRÉS FELIPE MORA

En la asignatura de:

ECONOMÍA PÚBLICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

BOGOTÁ D.C.

2011


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