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Al poder a costa de la vida
SERPAJ -PARAGUAY
Es innegable que se promovió un escenario que termine justificando un juicio político.
Personeros del Partido Colorado y del PLRA pergeñaron acciones que propiciaron estas
muertes y ahora toda esa sangre derramada es aprovechada para intentar sostener
un JUICIO POLITICO al Presidente.
El partido liberal después de cuatro años, saca sus garras y su actuar sucio y
conspirativo para sacar tajada de esta situación y quedarse con la presidencia de la
república, ¿cuál será el costo? en la derecha nunca se puede confiar, sea cual fuese su
lugar.
El desenlace que está teniendo el sangriento montaje de Curuguaty es un jaque mate al
sistema democrático dentro del Estado Social de Derecho que aún se pretende seguir
sosteniendo, se cuenta con todas las instancias para la investigación y aclaración de los
hechos, como debe ser y a partir de eso asumir y castigar a los responsables de la muerte
de los paraguayos.
Estas muertes van sumando y seguirán mientras la inequidad y el acceso a la tierra sean
negados a compatriotas.
La pregunta fundamental en este momento donde se pretende, vía confusión y los
intereses mezquinos de sectores que detentan el poder, someter a juicio político al
Presidente: los que ayer fueron sus aliados ¿hoy son quienes lo ponen en el banquillo de
los acusados?
No negamos la responsabilidad que le compete al Ejecutivo, ni tampoco a los otros
poderes del Estado, pero pretender mirar solamente hasta nuestras narices y no mirar el
proceso de lucha por la tierra en el país es tener una visión simplista y cortoplacista, la
tierra acarrea un drama que data desde la transición y mucho antes. De esto el poder
judicial y legislativo es más que consciente.
Hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones a mirar
fijamente e intentar tener la claridad suficiente para situar lo que está en disputa y por
sobre todo, identificar quiénes son los promotores de la inestabilidad.
Convocamos a manifestaciones pacíficas, a no provocar más violencia.
No podemos permitir la construcción o acceso al poder a costa de muertes de
compatriotas inocentes. No se puede tirar por la borda un proceso de cambio iniciado
por la ciudanía harta de la prepotencia, la corrupción y el autoritarismo, este proceso se
defiende por la vía que corresponde: el respeto a la institucionalidad y no por intereses
mezquinos del sector del poder económico.
Paraguay: El drama de la tierra permanece con muertes, desapariciones y detenciones de campesinos Por Abel Irala
Datos sobre campesinos muertos
Rubén Candia Amarilla, ¿designado o impuesto?
Por Cristina Coronel
La sociedad de los próximos muertos
Por Ramón Corvalán
“Los muertos son nuestros”
Por Magali Casartelli
Algunos datos sobre tierras mal habidas
PENSANDO CURUGUATY. Preguntas, confusiones, ingenuidad
Por Marta Almada
Foto gentileza Base Is
Paraguay: El drama de la tierra permanece con muertes, desapariciones y
detenciones de campesinos
Por Abel Irala
A unos 270 kilómetros de Asunción, en el lugar conocido como Colonia Ybyra Pyta o
Campo Morombi del Distrito de Curuguaty, tuvo lugar un enfrentamiento fatal entre
policías y campesinos. Según los datos que se manejan hasta el momento sólo se pueden
confirmar las bajas totales del cuadro policial que asciende a un número de seis agentes,
entre ellos el jefe y sub jefe del GOE (Grupo de Operaciones Especializadas), grupo que
realizó el operativo con unos doscientos cincuenta efectivos. De los cincuenta o sesenta
campesinos que estaban resistiendo en la ocupación se sabe, provisoriamente, que once
fueron abatidos por la policía, nueve están imputados y el resto está desaparecido.
Las víctimas fatales entre los campesinos asciende a un mínimo de once, nueve cuerpos
fueron encontrados el viernes 15 de junio día que se produjo el trágico hecho, al día
siguiente los pobladores del lugar se organizaron y entraron al campo a buscar más
campesinos, encontraron dos cuerpos y todo indica que podría haber más cadáveres
abandonados en la zona o personas heridas que no están recibiendo atención médica y
no puedan salir del lugar. Los referentes civiles y pobladores en general siguen con las
búsquedas.
Entre los detenidos e imputados por la fiscalía se debe mencionar que se hallan personas
del distrito que ni siquiera se encontraban en la ocupación y que fueron apresadas por ir
al hospital para saber información sobre los heridos que arrojó el enfrentamiento, según
las primeras denuncias que de a poco se van haciendo públicas. Las nueve personas
imputadas, quienes serán procesadas por los delitos de violación de propiedad privada y
homicidio doloso.
Según las versiones que manejan los lugareños, las fuerzas policiales se encargaron de
rematar a los campesinos que resultaron heridos, ejecutándolos y desapareciendo los
cuerpos, impidiendo que éstos fuesen auxiliados o reciban atención médica.
Las tierras ocupadas por el grupo de campesinos que no estaban nucleados bajo ninguna
organización, ya había sido motivo de varias ocupaciones anteriores por otras
organizaciones campesinas y en todos los intentos han sido desalojadas. El político y ex
senador Blas N Riquelme, perteneciente al partido colorado, se apropió
fraudulentamente de esas tierras [1] y actualmente goza de total impunidad erigiéndose
como el supuesto dueño de la propiedad.
El acaparamiento de tierras en manos de un sector minoritario, privilegiado, el avance
del cultivo de la soja y el agronegocio, es motivo de graves conflictos sociales hace
décadas en el Paraguay y una de las principales causas de este triste episodio, las
consecuencias, hasta ahora en el plano político institucional fue la destitución del
Ministro del Interior Carlos Filizzola, lo reemplaza Rubén Candia Amarilla ex Fiscal
General del Estado, reconocido por impulsar en años anteriores toda una campaña de
persecución y criminalización de la luchas sociales. Lo que seguirá, sin dudas será un
nuevo periodo de militarización violentando territorios y comunidades campesinas,
propiciando persecuciones y violaciones de derechos humanos, un clima de alta
inestabilidad política donde los partidos de derecha serán los más privilegiados,
conspiraciones y negociaciones a menos de un años de las próximas elecciones
presidenciales, se abre un terreno propicio para una mayor injerencia de los Estados
Unidos Colombia con su planes de seguridad y control, para garantizar el latifundio y la
inversión privada.
Por ahora se vive en el país un clima tenso, en un escenario bastante complejo, se
visualizan muchos intereses en juego, manipulaciones, conspiraciones y un
avasallamiento total a las familias campesinas empobrecidas.
[1] Ver más en: http://ea.com.py/blas-n-riquelme-y-las-tierras-malhabidas-de-curuguaty/
Foto gentileza Base Is
Rubén Candia Amarilla, ¿designado o impuesto?
Por Cristina Coronel
"Tenemos que tratar de hacer más eficaz el carácter preventivo de los procedimientos,
reevaluar el protocolo por no decir dejarlo sin efecto y ver en qué condiciones hacer
más efectivo el cumplimiento de la ley y que no necesita protocolizarse". Palabras del
nuevo Ministro del Interior.
Ante los hechos sucedidos el pasado viernes 15 de junio en el Departamento de
Canindeyú, distrito de Curuguaty, la puesta a disposición de parte del presidente de la
república al cargo que hasta ese entonces lo tenía el doctor Carlos Filizola, comenzó a
sonar junto con el nombre de nada más y nada menos que el ex Fiscal General del
Estado, Rubén Candia Amarilla. Entre sus hojas de servicio se encuentra una frondosa
adhesión a gobiernos de la época colorada, de hecho su llegada a la fiscalía data de
agosto del 2006 al 2011, dando continuidad a la política implementada por su
antecesor, el doctor Oscar Germán Latorre, que criminaliza las luchas campesinas y a
todas la organizaciones del sector popular. El mismo también ha continuado con la
política del Plan Colombia en estrecho relacionamiento con Álvaro Uribe.
Dentro de su andar se visibiliza que en junio del 2006 realizó una visita oficial al
Ministerio Público de Colombia en el marco del Plan de Acción en materia de seguridad
firmado por Paraguay y Colombia. Los principales puntos tratados citan a la
cooperación técnica ofrecida por el gobierno colombiano, la precaución de la
instauración del componente de las FRAC en Paraguay y el narcotráfico entre otras
cosas.
En el 2010 fue reconocido por la DEA de los Estados Unidos por su labor desplegada
en la lucha contra el Narcotráfico y con el fortalecimiento de esta área.
También en el 2010 fue invitado por el Departamento de Justicia de los EE.UU. para
realizar un recorrido de observación y reunión con representantes de agencias del
gobierno en capítulos como la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y la
piratería.
Entre las tantas cooperaciones se destaca el acuerdo bilateral entre la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID) y el gobierno de Paraguay, en el que
el Ministerio Público fue beneficiario como parte del Programa Umbral.
http://www.ministeriopublico.gov.py/content/c2/inst/comu_prensa/resol/inf_ges/pdf/sexenio/8_gestion_in
terna.pdf
En el siguiente cuadro, elaborado por Base Is, se puede visibilizar el proceso de
criminalización durante su gestión como Fiscal.
Criminalización durante la gestión de Candia Amarilla como Fiscal General del
Estado
Asesinados Imputados Detenidos Fuente
1990 a
2004
87 Sd Sd CDE
2005 0 Sd 62 CODEHUPY
2006 8 Sd 96 CODEHUPY
2007 3 sd 52 CODEHUPY
2008 4 240 557 BASE IS. periodo
agosto diciembre
2009 6 225 539 BASE IS.
2010 30 93 BASE IS.
2011 1 1 BASE IS.
Total 21 496 1400
Con sus antecedentes y con su posición respecto a uno de los grandes logros de
protección y defensa de los derechos humanos como son los protocolos de intervención
de las fuerzas públicas responsables del orden - instrumentos claves para determinar los
pasos que las mismas deben dar ANTES del uso de la fuerza (cachiporras, armas de
fuego, etc.)-, no se comprende su designación como Ministro del Interior en el contexto
en que se dio.
La decisión del nuevo Ministro del Interior de dejar de lado esos protocolos deja al
arbitrio de quien dirige una operación -desalojos, allanamientos y otros- aspectos
básicos que pueden resultar en graves violaciones a los derechos humanos de las
personas. Hay que estar atentos/as ante estos retrocesos que vamos dando en las
supuestas líneas progresistas con esta designación y con lo ocurrido pues aun quedan
varias interrogantes a ser respondidas o esperar que causes van tomando
¿Es realmente el cambio en esta cartera de Estado el que dará solución a los graves
problemas de fondo en país? El problema de la inequidad, el problema de la tierra y el
empobrecimiento del país. ¿Es la ausencia de una política represiva (tenebrosa y
torturante) lo que hace falta para contar con una seguridad desde la perspectiva de los
derechos humanos? ¿Quién necesita protección y garantía en nuestro país? ¿El modelo
de desarrollo agro exportador, el latifundio o las personas que se organizan para luchar
por el pedazo de tierra que les corresponde?
Una ilustración, al estilo del Guernica, del pintor Juan de Dios Valdez
"Oprimidos (policías y campesinos) matando a oprimidos (campesinos y policías) por órdenes del opresor (en
defensa de la propiedad robada por Blas N. Riquelme, una de las mayores lacras del Paraguay). Esto es lo que
reproducimos, legitimamos, defendemos y estamos convencidos de que es lo correcto." Texto: Silvana Brítez y
Sebastian Ocampos. www.ea.com.py
La sociedad de los próximos muertos
Por Ramón Corvalán
La única realidad son los muertos, dice Raúl Zaffaroni en su libro La palabra de los
muertos. Y la palabra viene después, y la escritura, incluso, tarda más. La Comisión de
Verdad y Justicia nos cuenta de que en tiempos del stronismo, una por cada 6.345
personas fue ejecutada extrajudicialmente y 336 personas desaparecidas.
Un jueves 28 de agosto del año 2008 la Comisión de Verdad y Justicia entregó
oficialmente su informe. Un año antes, la Coordinadora de Derechos Humanos del
Paraguay, dio a conocer el Informe Chokokué que daba cuenta de 77 casos de
ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay registrados en el
período 1989 – 2005. De los 77 casos, solamente en tres causas penales fueron
impuestas y cumplidas sanciones penales, condenándose coincidentemente a un sicario
en cada caso, sin llegar a investigar responsabilidades en grado de coautoría, instigación
o complicidad. En los demás casos, la única realidad siguen siendo los muertos.
Para el caso de los muertos en tiempos de dictadura, terminamos el año 2011 con el no
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. También
aquí la única realidad son los muertos…y los desaparecidos que es una forma siniestra
de muerte suspendida porque ni siquiera da lugar al duelo.
Como un persistente transversal de estos muertos, está la lucha por la tierra en
Paraguay, la disputa por hacer real el texto constitucional dedicado a la Reforma
Agraria. Igualmente cerramos el 2011 sin avanzar en eso; igualmente aquí la única
realidad son los muertos.
Con estas realidades que no se deben confundir con justificaciones, llegamos a los
muertos de Kuruguaty, en la finca número 9, propiedad del Estado paraguayo, conforme
al Registro público. También aquí las palabras llegan tarde, y encima confusas. Un juez
afirma que aquello debía ser un allanamiento; los policías y fiscales sostienen que era un
desalojo. Oficialmente se habló de un despliegue para la búsqueda de muertos y
desaparecidos, pero fueron pobladores de la zona quienes realizaron los primeros
hallazgos…porque nadie llegaba.
¿Vale la pena insistir en datos tales como que en los últimos ciento cincuenta años en
Paraguay se produjo un proceso de concentración de la tierra? Incluso hasta llegamos a
ser precisos en los números: en el 2008, el 2,5 por ciento de los propietarios eran dueños
del 85 por ciento de las tierras…pero nuestros mecanismos, instituciones políticas,
judiciales siguieron otra lógica, aquella que no escucha la palabra de nuestros muertos.
Y a eso le llamamos democracia, una construcción que la avanzamos ignorando sus
fundamentos criminales. Esta ignorancia se sostiene en un sistema judicial incapaz de
procesar los eventos que surgen de los conflictos sociales, y cuando esto pasa, la lógica
de la venganza se ocupa del trabajo. Por supuesto, de esto no deriva una sociedad digna,
sino una donde nos preguntamos quienes serán los próximos muertos.
“Los muertos son nuestros”
Por Magali Casartelli
Uno de los primeros comentarios que leí en twitter, apenas iniciaban las informaciones
sobre las muertes en torno al conflicto en Curuguaty, decía, aludiendo a los policías
caídos: “qué denso tener que morir por defender las tierras de Blas N. Riquelme”. Era
como decir: qué fuerte, qué doloroso que el deber de esta gente sea morir por defender
lo que, de buenas a primeras, supone ser la propiedad de una persona tan turbia, tan
dañina.
Me pareció que el mensaje reunía todo lo que debe tener una comunicación eficiente:
mensaje corto y contundente. Expresaba la perplejidad que sentíamos muchos. Porque si
bien todo el tratamiento informativo posterior hizo que la tendencia fuera condenar a los
campesinos como los criminales que propiciaron esto y, en contrapartida, ensalzar a los
policías en lucha contra la ilegalidad, tanto policías como campesinos caídos son
nuestros muertos. Ambos son víctimas de un sistema de relaciones sociales y
económicas que beneficia a gente oscura como Blas N. Riquelme. Este último,
personaje nefasto, que no satisfecho con el exceso inmoral de bienes y propiedades en
posesión (todo bajo sospecha de fraude) se aprovecha de la inoperancia e ineficiencia de
la maquinaria burocrática del Estado, y, avalado en su pretensión de beneficiarse con
tierras que no le corresponden, 16 compatriotas terminan muertos.
Resumiendo el caso de estas tierras, son 2000 hectáreas donadas al Estado por la
empresa La Industrial Paraguaya en 1967. Según el periódico E’a “sólo a través de un
decreto el Estado acepta la donación y a través de la emisión de otro, en el año 2004 las
declara de interés social para la reforma agraria”, pero la lentitud de administraciones
anteriores hizo que nunca se concretara la transferencia a favor del Estado. Esta dejadez
fue aprovechada por este señor para apelar a la figura de usucapión que habilita a quien
sea a reclamar como suyas tierras que viene ocupando por años (La pregunta en este
punto es ¿por qué en este caso no se definió reprimir a balazos para desalojarlo de esa
propiedad?). Sin embargo, como aclara la abogada Milena Pereira, no se puede hacer
usucapión en contra de los bienes del Estado. Y, como el recurso de amparo por
usucapión fue cancelado, desde hace casi dos años, a partir de diciembre de 2010, fue
inscrito nuevamente a nombre de la Industrial Paraguaya. Esta serie de piruetas y mañas
legales hizo que nunca se transparentara la situación de estas tierras que derivó en estas
muertes. En síntesis, luego de 5 días de los trágicos sucesos, tímidamente la prensa
comercial publica que Marina Kue es del Estado (Decreto 1967 - 2004-2010).
Es “denso” que el aparato de seguridad del Estado mande a morir a policías por
defender tierras de un delincuente, es “denso” que campesinos en resistencia y con el
legítimo derecho de hacer uso de la medida de desobediencia civil (ocupación de
tierras) ante años y años de atropello y desatención, mueran. Es “denso” que recién
luego de las muertes “se sepa” que el supuesto dueño no es tal, sino el principal y único
invasor y acaparador.
Andrés Ramírez, abogado especialista en derechos humanos, responde:
El mismo Informe de la CVJ que es permanentemente citado en el contexto de la
masacre de Curuguaty, en su capítulo de Conclusiones y Recomendaciones, responde:
75. Proceder [...] a la recuperación de las tierras mal habidas con los demás bienes mal
habidos por los personeros de la dictadura o sus prestanombres que puedan ser
identificados con base en una investigación del Ministerio Público y de la Procuraduría
General de la República, a fin de que el Estado pueda recuperarlos e ingresarlos a
Rentas Generales de la Nación.- 78. Promover por parte de la Procuraduría General de
la Nación y la Defensoría del Pueblo las acciones judiciales y legales pertinentes para la
recuperación de las propiedades colectivas, comunitarias, campos comunales y espacios
públicos que fueron usurpadas.
Foto www.ea.com.py
La dignidad no se compra, ni se vende. Si no la entendemos así, es porque nos han derrotado y asimilado
Adolfo Pérez Esquivel
PENSANDO CURUGUATY
Preguntas, confusiones, ingenuidad
Por Marta Almada
Nuestra historia reciente puede conducir a desbaratar esperanzas porque durante los
años de la dictadura el poder adquirió formas siniestras, difíciles de entender para
muchos de nosotros. Sin embargo, si asumimos la responsabilidad de preguntarnos por
qué fue posible eso en Paraguay y reconocemos las admirables luchas de quienes lo
resistieron, podemos generar el desenlace contrario y, en lugar de anular la esperanza,
volver a encontrarla.
A lo largo de la historia las sociedades encontraron diferentes formas de reaccionar ante
la vulneración de los Derechos Humanos. En Paraguay durante la dictadura, distintos
sectores de la sociedad vencieron el miedo, salieron al espacio público e inventaron
formas para resistir, fortaleciendo, al mismo tiempo, el lazo social que la Dictadura
pretendía desarticular.
Ahora bien, para que estos derechos se hagan efectivos en el presente, hay que
comprender por qué en otros momentos históricos fueron violados sistemáticamente por
un Estado que tenía que haber sido su garante. Para ello, necesitamos ejercer el
pensamiento crítico porque no alcanza solamente con conocer la historia y decir «ya
pasó, forma parte del pasado, no volverá a repetirse». Tampoco se trata de formular
buenas intenciones, sino de emprender con coraje y honestidad el desafío de analizar
este hecho doloroso y preguntarnos qué y por qué.
Curuguaty nos plantea hoy ese escenario, representa hoy esa página grande llamada
realidad, cargada de complejidades, de confusiones, de hechos que se harán historia,
pero que hoy, sin embargo, necesitamos analizar, reflexionar y coloca en contexto para
explicar y explicarnos ¿qué pasó?, ¿por qué pasó? y nos permita construir en conjunto
un fundamento para la esperanza, para la justicia social, la verdad y la reparación
debida.
Curuguaty nos puede ayudar a ejercitar la memoria, como forma de hilar los hechos y
acontecimientos, o como forma para recordar nuestros compromisos, exigir nuestros
derechos, asumirlos y plantear propuestas con argumentos posibles, eso estaban
haciendo con las ocupaciones los campesinos y campesinas en “Yby Pyta”, con este
hecho nos estaban recordando, a la sociedad, al Estado en su conjunto la eterna deuda
social, histórica, moral y ética para con ellos, los sectores más vulnerabilizados de
nuestra sociedad.
El conflicto en Curuguaty puede servir de andamiaje a la tarea de hacer justicia
mediante su complejidad, su rebeldía, sus recursos, sus debates, sus imágenes, sus
interpelaciones. El terror es ofensivo y, hasta malicioso, en cambio la discusión, el
debate y las investigaciones responsables pueden ser o son las herramientas
privilegiadas para la toma de decisiones y para hacer justicia ante tanta injusticia
denunciada, el medio para que se dé esa necesaria toma de conciencia del problema “la
tenencia de la tierra y la lucha por ella”, problema de fondo, como hoy todos
denominan.
Múltiples fueron las clasificaciones y adjetivaciones mediáticas que se cruzaron y
conjugaron en Curuguaty, graficando el hecho de uno y otro modo y a quienes fueron
sus protagonistas: “Terrorismo de Estado, Jaque mate”, “grupos ideologizados y
subversivos, peligrosos, supuestos campesinos, autodenominados campesinos,
agitadores, asesinos, carperos”; “fue una emboscada, ejecución, masacre”; “las balas
llegaron de arriba, desde el norte, para el sur, de allá, para acá”.
Curuguaty, lucha por la tierra, explica con claridad cómo la ausencia de respuestas, la
falta de implementación de la postergada Reforma Agraria Integral, condena a miles
de paraguayos y paraguayas a la miseria y muestra cómo ante esa ausencia son
desarrollados otros mecanismos que resultan peligrosos, mecanismos para la
eliminación, tortura y desaparición de personas, lo que no sólo implicó en el caso
Curuguaty el fin de muchas vidas, sino también la privación de un duelo, de un entierro
justo, es decir, la posibilidad de inscribir esas muertes dentro de una historia familiar,
social y politica.
El conflicto desarrollado en Curuguaty es complejo porque refiere un hecho límite,
multideterminado por factores políticos, económicos, sociales, culturales. Y esta
complejidad nos exige ser claros en un aspecto: estamos con nuestras posiciones
planteando ideas, pensamientos y razones y tenemos por tanto el compromiso de ser
críticos y responsables, para el efectivo cumplimiento y respeto de los Derechos
Humanos.
En los límites que dibuja un modelo de producción extractivista y agroexportador, que
privilegia a los grandes grupos de poder económico, que hambrea, vacía y des-propone
prácticas y tekos comunitarios, modos de ser y hacer sostenidos en un profundo respeto
a la naturaleza y a su dinámica, hay que hacer Memoria y al menos indignarnos porque
situaciones como las de Curuguaty y otras, sean mediatizadas, manoseadas, traducidas
en show mediático y utilizados para intereses particulares.
Finalmente, la lucha por la tierra no se reduce a la adquisición de ciertas hectáreas de
suelo para la producción, se trata de una lucha frente a un modelo que privilegia el tener
por sobre el ser, que no respeta vidas, ni humanidades, se trata además de plantear en la
agenda política y social la discusión, el debate sobre la desigual distribución de las
riquezas desde el marco de la noviolencia y el respeto a los derechos humanos,
fundamentado en la vida y dignidad de las personas y la naturaleza.
Sabemos que es responsabilidad del Estado llevar adelante políticas concertadas para
avanzar en el respeto y la defensa de los Derechos Humanos, entendemos que este
hecho (Curuguaty) nos dice que es el momento para sentar las bases de una nación en
donde tengan plena vigencia los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y de los pueblos.
Pensemos Curuguaty