Download - Observatorio Exterior de mayo 2014
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diversas manifestaciones por las principales ciudades argelinas hizo un llamamiento al boicot electoral que tuvo mucho eco entre la juventud. Como consecuencia, la tasa de participación fue muy baja, de apenas un 51,7%, algo que por otro lado es un fenómeno habitual en Argelia. Las últimas elecciones presidenciales han puesto de relieve la existencia de una creciente “fractura” generacional dentro de la sociedad argelina. Los votantes de Buteflika proceden de la generación que ha vivido la guerra civil larvada de la década de los noventa y valoran la estabilidad por encima de cualquier otra cosa. Los jóvenes, en cambio, no se sienten representados por un régimen esclerotizado, cuyos líderes siguen siendo prácticamente los mismos desde la independencia en 1962, y no tienen miedo en tomar la calle si es necesario para exigir más democracia y una mayor representatividad. Como se preveía, el triunfo de Buteflika en elecciones del pasado 17 de abril fue incontestable, aunque el porcentaje de votos, del 81,53%, fue inferior al de las dos elecciones presidenciales precedentes (en 2004 ganó con el 90% de los votos y cinco años más tarde lo hizo con el 85%). El rival de Buteflika en las elecciones del 17 de abril fue Ali Benflis, con quien ya se había enfrentado en 2004. Benflis no aceptó bien la derrota y, a pesar de la presencia de observadores internacionales (de la OUA, la Liga Árabe y alguna ONG independiente pero reconocida por Argelia) denunció la existencia de prácticas fraudulentas, como impedir el acceso a observadores en algunos colegios electorales, rápidamente desmentidos desde el gobierno.
Buteflika nombró el pasado 5 de mayo a su gabinete, que está integrado por treinta y cuatro carteras ministeriales, seis de las cuales (cultura, educación, correos, turismo, familia y medio ambiente) están ocupadas por mujeres. El cargo de Primer Ministro recayó de nuevo en Abdelmalek Sellal, que había dimitido para dirigir la campaña electoral del Presidente. La cartera de Finanzas recae en Mohamed Djellab, considerado como un tecnócrata. Por su
parte, la antigua cartera de Energía y Minas queda en el nuevo gobierno escindida en Energía, cuyo titular es Youcef Yousfi, y por otro lado la de Industria y Minas. El hecho de que Buteflika inicie un cuarto mandato de cinco años de duración a tan avanzada edad y con problemas de salud pone de nuevo sobre el tapete la “cuestión sucesoria”. Aunque el régimen argelino es muy opaco en estos asuntos, es posible que se opte por reformar la actual Constitución, bien para introducir la figura de un Vice‐presidente al que se iría “entrenando” en el puesto para acabar sucediendo a Buteflika, o bien para dotar de más poderes al Primer Ministro, haciendo de la Presidencia un cargo de carácter más honorífico y representativo que ejecutivo. El principal problema, sin embargo, sería que el actual jefe del Estado falleciera antes de que la cuestión sucesoria estuviese resuelta. La actual Constitución prevé que el Presidente del Senado (cámara alta) se haga cargo de la presidencia de la nación de manera interina hasta que se organicen nuevas elecciones presidenciales en el plazo
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de dos meses pero este procedimiento formal no garantiza una sucesión sin conflictos si previamente no hay una figura de consenso ya preparada.
CCCHHHIIINNNAAA El gobierno empieza poco a poco a concretar algunas medidas En el último Congreso del Partido Comunista que tuvo lugar el pasado noviembre, las autoridades chinas se propusieron dar más “cancha” al sector privado permitiéndole invertir en sectores hasta entonces acotados a las grandes empresas públicas, con el fin de aumentar la eficiencia en la asignación de recursos y fomentar la competencia entre empresas, todo ello con el fin de dar lugar a la producción de bienes más baratos, de mayor calidad y a un menor coste, tanto en términos económicos como de impacto medioambiental. Estos proyectos estaban formulados de manera muy abstracta. Sin embargo, poco a poco, se están empezando a concretar. Según aparece en la página web del gobierno
central, en la que se citaba una decisión adoptada en una reunión ministerial, el gobierno tendría la intención de permitir a las empresas privadas participar en 80 proyectos en sectores dominados por las grandes compañías estatales, que van desde el ferroviario al petroquímico, pasando por el de las tecnologías de la información, los puertos, las energías renovables o la fabricación de tuberías para oleoductos o gasoductos, entre otros muchos más. Hasta ahora estos
sectores estaban reservados para las grandes SOEs, las empresas estatales o “State‐Owned Enterprises”. En estos momentos, la inversión privada en China representa aproximadamente un 65% de la total y el comportamiento de las empresas total o parcialmente privadas, tanto nacionales como extranjeras, suele ser mejor que el de las públicas en términos de eficiencia, costes y cash‐flow. Lo que ocurre en China es que las SOEs son las principales deudoras de los grandes bancos públicos, quienes se ven obligados a seguir concediendo crédito a las mismas, en una especie de “huída hacia delante” sin fin. Muy recientemente las autoridades chinas han adoptado otra medida relevante y altamente esperada, en este caso para luchar contra los altísimos niveles de contaminación, consecuencia de más de tres décadas de crecimiento e industrialización acelerados. Se trata de la modificación de la todavía vigente ley
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medioambiental, que data de 1989, y que impone a quien contamina unas multas tan bajas que acaba resultando mucho más rentable pagarlas que instalar nuevos equipos menos contaminantes. La nueva ley entrará en vigor el próximo uno de enero y recoge multas muchísimo más contundentes contra los contaminadores.
FFFIIILLLIIIPPPIIINNNAAASSS///CCCHHHIIINNNAAA Por un puñado de arena El Mar del Sur de la China está plagado de pequeñas islas, bajos de arena y atolones deshabitados y apenas conocidos, pero que juegan un papel importante en la diplomacia internacional. No sólo para los países que se disputan su soberanía con China, como Filipinas, Vietnam, Malasia y otros, también lo son para EE.UU. en su política de contención “amistosa” del gigante asiático; por tanto, son claves en las relaciones entre las dos grandes potencias y para el escenario geopolítico. Así, Filipinas se ha convertido, junto a Japón, en la primera línea de contención en el Pacifico, lo que le vale una mayor colaboración y apoyo de Washington, pero conlleva peligros significativos en su relación con Pekín. El peso y la influencia de China en el mundo crece rápidamente no sólo en términos económicos, sino también militares, algo que es visible en la expansión de la flota del Pacífico (China contará con 4 portaaviones para 2020), y conserva, además, unas pretensiones territoriales que provocan crecientes fricciones con sus vecinos. Son bien conocidas las tensiones recurrentes con Japón, agravadas por el recuerdo de la invasión nipona de la Segunda Guerra Mundial en el mar del este de la China. Sin embargo, el número de países implicados y territorios en disputa en el Mar del Sur es incluso mayor. En ambos casos, la disputa se ve avivada por los recursos energéticos y pesqueros de la zona. Sin embargo, en este último escenario está en juego también un principio que puede ser crucial en las relaciones de China con la comunidad internacional en el futuro: la sumisión a las normas y leyes internacionales.
Filipinas ha mantenido históricamente unas relaciones tensas con China como resultado de las pretensiones chinas, basadas en el célebre nine dash line map, o mapa de la línea de nueve trazos, un mapa anterior a la revolución comunista por el cual se otorgaría derechos sobre prácticamente todo el mar del Sur de la China, desde el golfo de Tonkin hasta casi el extremo occidental de la costa norte de Borneo, algo que entra en conflicto flagrante con
los sistemas de reparto territorial marítimo internacionalmente aceptados. El principal elemento de conflicto entre ambos países son los derechos sobre diversos atolones y arrecifes en la costa oeste del archipiélago filipino (Islas Spratlys y los bancos de arena Scarborough). En el pasado Filipinas intentó la vía de la negociación directa, pero el
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pasado 30 de marzo de 2014 el presidente Benigno Aquino, dio un paso que desató la irá en Pekín, al presentar una demanda ante la corte arbitral de las Naciones Unidas para que dicte sentencia sobre la soberanía de las aguas en disputa. Como consecuencia, China ha incrementado su presión en la zona y se han producido ya varias crisis, como la que recientemente supuso el bloqueo durante horas del buque de suministro para el destacamento militar filipino situado en los bancos de Scarborough. Asimismo, también como represalia, en enero China emitió una ley contra la pesca de los buques filipinos en las aguas en disputa y estudia crear una Zona de Defensa Área, similar a la que en noviembre creó graves tensiones con Japón y Corea del Sur. Filipinas se arriesga, además, a sufrir represalias económicas por parte de un país que es el tercer cliente más importante, con casi el 10% de las exportaciones totales. De todas formas, es evidente que Filipinas cuenta con el respaldo de Washington en esta disputa y posiblemente desde la Casa Blanca se haya animado a la presentación de la demanda, para obligar a China a cumplir con la legalidad internacional. De hecho, las relaciones de Filipinas con su tradicional aliado, que pasaron por difíciles momentos después de que la anterior Presidenta Arroyo retirase el pequeño contingente de tropas en Irak para permitir la liberación de un trabajador filipino secuestrado, se encuentran en un momento dulce. Esto se vio ya plasmado en la Declaración de Manila de 2011, que reiteró durante la celebración de su 60 aniversario el Tratado de Defensa Mutua, y se escenificó en la reciente visita de Barak Obama al país, durante la cual se acordó la vuelta de la presencia militar norteamericana en el archipiélago. Sin duda, Filipinas es consciente de que es una prioridad estar al lado de EE.UU., su principal socio comercial e inversor, además del lugar donde residen cerca de 4 mill. de emigrantes filipinos. No obstante, servir de dique de contención entre estos dos colosos en una pugna territorial con la que está llamada a ser la gran potencia de este siglo es un riesgo nada despreciable. Nadie diría que hablamos de poco más que de unos bancos de arena.
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* Déficit primario definido como el déficit total excluidos los gastos de intereses de acuerdo a la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo que impone el Tratado de Maastricht (sistema ESA95) y que difiere de la metodología del Programa de Ajuste Económico
GGGRRREEECCCIIIAAA La vuelta del exilio Tras seis años de recesión, Grecia ha vuelto a los mercados. La buena acogida de las dos emisiones de bonos en abril y mayo ha sido celebrada por las autoridades helenas y europeas como reflejo del retorno de la confianza en el país. La vuelta a la financiación internacional supone, sin duda, un balón de oxígeno que podría permitir el cumplimiento de las obligaciones financieras sin necesidad de recurrir a nuevos paquetes de ayuda de la Troika. No obstante, es prematuro afirmar que el país heleno haya superado la crisis y goce de una adecuada solvencia. Su elevadísima tasa de paro, el creciente endeudamiento público y el anémico crecimiento previsto para 2014 no serán ignorados indefinidamente por los inversores, quienes, hambrientos de rentabilidad y reacios a mantener posiciones en los países emergentes, parecen confiar en que los bonos griegos contarán en todo caso con el respaldo europeo. Según los últimos datos publicados por la oficina estadística griega, en 2013 la economía se contrajo un ‐3,85%. Se trata del sexto año consecutivo de recesión, con una contracción acumulada del PIB del 23,7% durante este periodo. Los datos de empleo no son nada esperanzadores tampoco: Grecia se sitúa entre los máximos europeos de desempleo, con tasas del orden del 27%, que son más del doble de la media de la eurozona. El modelo económico griego, además, genera un problema de déficit público estructural debido a la insuficiente recaudación, la elevada evasión fiscal, los altos niveles de gasto y la ineficiente gestión de los recursos.
2012 2013 2014Tasa de crec del PIB ‐6,98 ‐3,86 0,60Inflación, Final periodo 0,80 ‐1,71 ‐0,04Tasa de desempleo 24,24 27,25 26,26Deficit público (% PIB) ‐8,90 ‐12,70 n.dDeficit público primario (% PIB) * ‐3,90 ‐8,70 n.dDeuda pública (% PIB) 157,19 173,81 174,70Deficit por cc (% PIB) ‐2,39 0,68 0,90
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El presupuesto para 2014, aprobado el pasado mes de diciembre, parte de una previsión de crecimiento del 0,6% para 2014, lo que dada la evolución reciente de la economía es, cuanto menos, optimista. Contempla para 2014 una mayor reducción del gasto (de 44.800 mill.€ a 41.900 mill.€) y un aumento de los ingresos (de 47.300 millones a 49.600 mill.€). Este presupuesto no contó con el apoyo de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), quien consideró que las necesidades reales de financiación eran superiores a lo que estimaba el Gobierno y por eso reclamó medidas de ajuste adicionales. El déficit fiscal constituye una de las claves de la situación económica actual. Grecia ha vuelto a acaparar la atención internacional tras anunciar las autoridades que 2013 cerró con un superávit primario (sin contar el pago de intereses por la deuda) de 1.500 mill.€, equivalente al 0,8% del PIB. Se trata de un dato muy relevante, ya que es el primer excedente fiscal que presenta el país en muchos años, pero, sobre todo, porque
lograrlo era la principal condición que exigía la troika para conceder un tercer rescate al país heleno, cuya negociación ya se ha iniciado. Sin embargo, la cifra en cuestión ha generado una intensa polémica en los últimos días, arrojando muchas más dudas que certezas sobre su credibilidad. La oficina estadística de
la UE, Eurostat, publicó el pasado 23 de abril los datos oficiales de déficit y deuda de los 28 países miembros correspondientes al pasado ejercicio. En el caso de Grecia, el agujero fiscal ascendió a un total de 23.109 mill.€ (‐12,7% del PIB) y la deuda subió a 318.703 millones (175,1%), muy por encima de los datos de 2012 (‐8,9% y 157,2%, respectivamente). Lo más sorprendente es que el superávit primario oficial del 0,8% del PIB cuenta con el aval de la troika. Así, el mismo miércoles en que Eurostat publicó sus cifras y Atenas emitió su comunicado, el portavoz de la Comisión Europea, Simon O'Connor, confirmó que, efectivamente, Grecia presentó un "superávit de 1.500 mill.€, el 0,8% de su PIB, en 2013". La pregunta es obvia: ¿Cómo se pasa de un déficit total del 12,7% a un superávit primario del 0,8%?.
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O'Connor explicó la particular fórmula: restando el pago de intereses de la deuda (‐4% del PIB) y el rescate bancario (‐10,8%), y sumando ciertas partidas extraordinarias como, por ejemplo, las transferencias de los Estados miembros a Grecia correspondientes a los beneficios proporcionados por los bonos griegos en manos de bancos centrales del eurosistema, tal y como refleja el siguiente cuadro: La clave de toda la polémica es que se trata de un cálculo ad hoc, elaborado de forma específica por la troika y Atenas según su particular metodología. Es decir, el superávit primario de Grecia se obtiene mediante una contabilidad que sólo se ha aplicado al caso heleno y que, por tanto, no es comparable con el resto de países de la UE. Las cuentas públicas de Grecia, por tanto, siguen arrojando muchas sombras acerca de su veracidad. La novedad, sin embargo, es que ahora las dudas se han extendido incluso a las cifras que avala la troika. Peor aún, más allá de la utilización o no de una metodología específica, también han surgido dudas acerca de los datos remitidos por Grecia a Eurostat (es decir, acerca del ‐12,7% del PIB de déficit público de partida). Al parecer (según afirma un conocido economista griego, Yanis Varoufakis), Atenas habría contabilizado en la partida de ingresos unos 5.400 millones de euros que, en realidad, proceden del rescate soberano facilitado por la troika. De este modo, en lugar de contar ese dinero como un pasivo (deuda), lo incluye como un activo (ingreso). En concreto, las autoridades helenas han aflorado, de forma imprevista, superávit por valor de 700 millones de euros en las cuentas de la Administración Local y otros 4.700 millones en la Seguridad Social (pensiones públicas), a pesar de que ambos epígrafes presentaban abultados números rojos un año antes. La razón estriba en que el Estado griego “aparcó” en ambas cuentas parte de los fondos inyectados por Europa durante 2013, contabilizándolo como un ingreso, algo que confirman las propias autoridades helenas. La idea de que las autoridades locales y la Seguridad Social cuenten con más de 5.000 millones extra en activos es "completamente ridícula", según Varoufakis.
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Como ya se ha dicho, la presentación de superávit primario era la condición clave que había fijado el Eurogrupo para empezar a negociar un tercer rescate y, por tanto, más medidas para aliviar la deuda helena, tales como una nueva rebaja de los intereses, la ampliación de los plazos de vencimiento e incluso nuevas quitas. Así pues, el conseguir dicho excedente permite ganar tiempo a Bruselas y a Atenas para llegar a un acuerdo, evitando con ello tensiones financieras indeseadas. A su vez, permite celebrar los éxitos de una política de estricta austeridad y elevadísimos costes sociales que ha sido duramente criticada. El pasado 1 de abril la troika, tras siete meses de duras negociaciones con el Gobierno de Atenas, aprobó la entrega de 8.300 mill. €, que se recibirán en tres partes: la primera, 6.300 mill.€, a finales de abril. Posteriormente se desembolsarán 1.000 mill.€ en junio y otros 1.000 mill.€ en julio, siempre que se cumplan los compromisos acordados. Se trata de un acuerdo in extremis, ultimado para permitir afrontar los
compromisos de pago en mayo, si bien en agosto tiene que afrontar otro compromiso de pago superior a los 6.000 mill.€. El presidente del Eurogrupo, el ministro de Economía holandés Jeroen Dijsselbloem, ha advertido que aún es "demasiado pronto" para hablar de la salida del programa. El retraso en la concesión de estos tramos se debe al incumplimiento de la condicionalidad exigida por la troika, constatada en visitas previas al país. Para
poder acceder a este tramo de financiación Grecia ha asumido nuevos compromisos, que incluyen medidas estructurales y de ajuste que van más allá del paquete legislativo que apenas unos días antes había aprobado el parlamento griego en medio de grandes disputas, algunas defecciones de los diputados de la coalición gobernante y fuertes protestas en la calle. Esas normas se empaquetaron en una ley ómnibus e incluían polémicas medidas de liberalización de sectores como el de la leche o las farmacias. En medio de este panorama, la vuelta de Grecia a los mercados de capitales se ha celebrado en algunos medios como un punto de inflexión en el devenir griego. El pasado 10 de abril, el gobierno heleno logró colocar 3.000 mill.€ en bonos a cinco años a menos del 5% de interés, en una operación que tuvo una demanda inmensa, de 20.000 millones. Gracias al efecto de los dos rescates financieros y de los canjes de deuda, el país ha logrado acceso a una 'nueva' vía de financiación. La espectacular demanda, además, ha abaratado sustancialmente los costes de emisión: el Gobierno de Atenas había avanzado que consideraba un éxito colocar los bonos por debajo del 5,3% de interés y el precio se ha desinflado por debajo incluso del umbral del 5%, al quedar fijado en el 4,95%. El contexto de 'tipos cero' y de rentabilidades históricamente bajas en la deuda soberana ha favorecido el regreso de Grecia al mercado de deuda. Esta emisión se ha realizado con el asesoramiento de un pool de bancos internacionales, los cuales se ocuparon de sondear a los potenciales inversores para conocer sus preferencias en materia de tasas, así como los montos que estaban dispuestos a aceptar. El 6 de mayo realizó una segunda colocación de 1.300 mill.€ en
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JJJAAAPPPÓÓÓNNN Nueva batalla nipona en busca del crecimiento Tras 25 años de estancamiento económico, la triple política económica (intensa expansión monetaria, nuevo incremento del gasto público y reformas estructurales), bautizada como Abenomics, ha generado entre muchos japoneses una mezcla de ilusión y esperanza y entre los economistas cierta polémica. Los resultados a medio plazo aun se desconocen. Tras una expansión inicial en la primera mitad de 2013, Japón se desaceleró a finales de año para registrar un nuevo repunte en el primer trimestre de este año, todo ello en un contexto de creciente déficit exterior y aumento de una deuda pública que ya es la mayor del mundo. El año 2013 será, sin duda, recordado como el año de Abenomics en Japón, para bien o para mal, aún es pronto para saberlo. La volatilidad del crecimiento no permite extraer conclusiones. Tras una primera etapa de aceleración económica, que sirvió a los defensores de esta estrategia para reafirmarse, quince meses después la idea de un resurgir nipón parece estar cada vez más lejos. El FMI ha reducido su previsión de crecimiento al 1,4% en 2014, contra el 1,7% anticipado en las anteriores previsiones, y para 2015, el crecimiento será de apenas un 1%. El repunte del primer trimestre de este año no cambia estas previsiones, al considerarse que respondió a una aceleración transitoria del consumo previa al aumento del IVA en el mes de abril. Después de décadas de crecimiento mediocre, durante las cuales China superó a Japón como la segunda economía más importante del mundo, Shinzo Abe llegó al poder en diciembre del 2012 con un enérgico plan que gira en torno a tres pilares, o "tres flechas". En primer lugar, una agresiva flexibilización monetaria, dirigida a poner fin a más de 15 años de deflación. Así, el Banco de Japón (BoJ), presidido por Harukiro Kuroda, se ha comprometido a duplicar su base monetaria hasta 2,9 billones de dólares en 2014, para lograr una meta de inflación de 2% en dos años. Las otras dos aristas de "Abenomics" son una política ágil de estímulos fiscales (en torno al 2% del PIB) y reformas estructurales que impulsen la competitividad. El estímulo fiscal busca, entre otras cosas, aumentar la inversión pública en infraestructuras y la demanda de créditos bancarios, cuya oferta, ya muy amplia, se queda en manos de los bancos por la insuficiencia de prestatarios. También se ha llevado a cabo un aumento del IVA en abril de 2014, con el objetivo de incrementar la recaudación en unos 5 billones de yenes (35.200 millones de euros) durante este ejercicio y en unos 8 billones (56.314 millones de euros) anuales a partir de 2015. Los efectos de la subida ya se han dejado sentir: su anuncio propició un aumento considerable de las compras de última hora en el país asiático, tradicionalmente muy
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sensible a estas subidas, y un frenazo en el gasto de los japoneses en abril, un componente que supone el 60% del PIB nacional. Las reformas estructurales se consideran, unánimemente, como el elemento más importante de las Abenomics, y el factor clave para su éxito. Pretenden mejorar el clima de negocios y poner freno a problemas como la baja rentabilidad de las empresas niponas y la débil evolución demográfica. Para esto último el Gobierno nipón no tendrá más remedio que flexibilizar su sumamente rígida política de inmigración y aumentar la tasa de participación de las mujeres japonesas en la mano de obra. En cuanto al entorno empresarial, deberá simplificar la multitud de normativas (que perjudican la productividad y suponen un freno para la innovación), fomentar las inversiones hacia Japón y reducir la rigidez del sistema laboral. Hasta ahora, el progreso en esta área ha sido bastante decepcionante. Entre los logros podemos citar la incorporación a tratados de libre comercio (como la Asociación Transpacífico) y el establecimiento de zonas empresariales especiales para fomentar la desregulación. No obstante, estas medidas son a todas las luces insuficientes. Caer en la complacencia o centrar la política económica en el estímulo fiscal y monetario tan solo generará crecimiento en el muy corto plazo.
El mero anuncio de esta nueva política económica condujo a una fuerte depreciación del yen (del 20% en términos reales entre diciembre de 2013 y abril 2013), que cayó a su nivel más bajo en décadas. Además, la bolsa se disparó: el índice Nikkei aumentó más de un 50%. La combinación de un yen débil, incrementos en el precio de las acciones y menores tipos de interés reales condujo a un auge en el crecimiento económico (con crecimientos del 1,1% y 0,9% en el primer y segundo trimestre del año). En abril, la producción industrial subió 1,7%, encadenando cinco meses de crecimiento.
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Tasa de crecimiento del PIB
Fuente: Cabinet Office, Japan
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La balanza por cuenta corriente de Japón arrojó en enero un déficit de 1.589 millones de yenes (11,09 millones de euros), el máximo histórico para este mes. Este es el cuarto dato consecutivo en negativo para la balanza de pagos, debido a que el
aumento de la demanda de energía y la depreciación del yen dispararon los costes de las importaciones. Tras el accidente de Fukushima (y la posterior parada de sus nucleares) Japón ha pasado de ser exportador neto a importador neto de energía. Antes de la crisis de Fukushima, casi el 30% de la producción energética de Japón procedía de la energía nuclear; en la actualidad,
Japón sólo cuenta con dos reactores operativos y esta fuente ha sido sustituida, principalmente, por centrales térmicas. Es preocupante, además, el ínfimo crecimiento de las exportaciones en los últimos trimestres, debido en parte a la menor demanda de los mercados asiáticos, pero también al traslado por parte de las empresas japonesas de sus plantas de producción a centros en el extranjero. Esta evolución de la balanza comercial y la expectativa de descenso del consumo debido al aumento de los impuestos alimentan el temor a una desaceleración económica más profunda. A lo anterior se añade una deuda pública que ya es la mayor del mundo y más que duplica su capacidad de producción (243,5% del PIB). No obstante, la rentabilidad exigida a los bonos del gobierno permanece baja, siendo los ahorradores e instituciones japonesas los principales poseedores de la deuda. Si algo parece claro es que el futuro de la economía nipona es incierto. Abenomics, de hecho, ha generado gran controversia entre los economistas. Para algunos no es más que una prolongación de las ya conocidas políticas de Japón si bien aplicadas con un tono más agresivo. Otros defienden que hubiera bastado un impulso fiscal. Una tercera corriente de opinión sostiene que la clave para combatir la deflación reside en la política monetaria. En cualquier caso, existe bastante consenso en cuanto a la necesidad de reforzar la tercera flecha, ya que la única manera de impulsar el PIB potencial a largo plazo, y, con ello, de tener una opción de que la deuda pública, superior al 200%, sea sostenible, es que el país abra su economía doméstica a la competencia, reforme el mercado laboral y combata su demografía extremadamente débil. Además, la mayor confianza en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y una inflación positiva favorecerán que los tipos de interés reales se mantengan bajos, lo que también apoyará el crecimiento. Abe ha instado a las empresas a que suban los salarios para que los consumidores puedan hacer frente al aumento de precios, aunque muchos empresarios se quejan de que todavía no han visto los beneficios de la política económica del gobierno conservador. Una pérdida de confianza y un débil crecimiento económico pondrán una mayor presión sobre el Banco Central para lograr la meta de inflación. El ritmo reformista, las expectativas de inflación y la evolución de los salarios son algunos de los factores que determinarán la manera en que Abenomics pasará a los libros de historia económica.
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MMMAAARRRRRRUUUEEECCCOOOSSS Desafíos del Sistema Financiero Marroquí Si algo ha caracterizado hasta la fecha al sistema financiero marroquí ha sido su resistencia a la crisis financiera global, y en particular a la crisis en la zona euro, algo que se debe en buena medida a que cuenta con un sistema relativamente bien diversificado y profundo en comparación con otras economías emergentes. Se compone de 86 instituciones: 19 bancos, 6 compañías off‐shore, 36 compañías financieras, 13 entidades de microcrédito y 10 compañías de transferencia de fondos. Los activos del sistema bancario (incluyendo tanto los del Banco Central como los de los bancos comerciales) se han incrementado considerablemente en apenas unos años, ya que han pasado de representar el 66% del PIB en 2004 al 148% en 2013. Además, el sistema registra unos niveles de rentabilidad y solvencia favorables. El ratio de rentabilidad (ROE) se situó en torno al 12% a finales de 2012, y el ratio de liquidez de los activos representa el 11%, según las últimas cifras de 2013. Todas estas características, unidas a la baja dependencia de la financiación externa, la reducida inversión en deuda soberana europea y la regulación y supervisión en lo relativo a las transacciones entre los residentes y los países extranjeros explican la resistencia de Marruecos ante la crisis financiera. Sin embargo, existen una serie de desafíos que el sistema debe afrontar de cara a mejorar la intermediación financiera y movilizar los excedentes de las economías domésticas para aumentar el crédito al sector privado. Entre ellos, acometer cambios en la regulación que favorezcan el acceso al crédito a Pymes y particulares, y un mayor grado de apertura en su sistema bancario (las entidades extranjeras sólo concentran el 18% de los activos totales). Desde 2010, el crecimiento del crédito ha descendido, llegando a rondar el 2,8% en 2013. Las razones que justifican esta situación proceden tanto del lado de la oferta como de la demanda. Por el lado de la oferta, los principales factores son: el aumento del déficit fiscal (8% del PIB en los dos últimos años), financiado principalmente por el sistema bancario marroquí, lo que provoca un efecto expulsión sobre el resto de la
economía (el volumen de crédito total concedido al gobierno ha pasado del 10% en 2011 al 16% en 2013); la tensión existente en los mercados mundiales de financiación, y la retirada de los depósitos por parte de los principales depositantes tras el lanzamiento de una nueva ley que permite la incautación de las cuentas bancarias sin necesidad de previo aviso. Por el lado de la demanda, el principal factor es la desaceleración de la actividad no agrícola en
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medio de una débil demanda externa, particularmente en la zona euro, que afecta tanto a la inversión como a la demanda de crédito marroquí. Para mejorar el acceso al crédito para PYMES, las autoridades han fortalecido la transparencia del sistema financiero, han mejorado las herramientas de evaluación de riesgos, y además han adaptado los instrumentos de garantía a las necesidades de las PYMES. No obstante, todavía queda mucho por hacer en este sentido, puesto que el volumen de créditos sobre el total del PIB (72,7%) está aún alejado de las economías más avanzadas. Desde el punto de vista normativo, la adaptación a los estándares de la regulación financiera internacional se hace imprescindible, lo que implicaría el cumplimiento de la legislación presente en Europa, concretamente, Basilea III. No obstante, abordar este tema requerirá extender el perímetro de regulación a las instituciones financieras no bancarias (movilizan el 40% de los activos del sector financiero), fortalecer la supervisión de las entidades bancarias y mejorar las prácticas de gestión del riesgo. El Banco Central ha definido recientemente todos los pormenores del plan para su adhesión gradual a Basilea III. Así por ejemplo, ha incrementado el ratio de capital Tier 1 al 9%. Todas estas reformas ponen de manifiesto las necesidades de mejora del sistema bancario marroquí, que es vulnerable a un deterioro del entorno macroeconómico, pese a ser uno de los más avanzados dentro de las economías emergentes, y pese a mantener una buena situación en los años de crisis internacional.
NNNIIIGGGEEERRRIIIAAA Cómo doblar el PIB en un día El mapa económico de África sufrió un vuelco el domingo 6 de abril, cuando el director de estadística nigeriano comunicó que, tras revisar la cifra del PIB, lo elevaba nada menos que un 89% respecto a lo previamente estimado. Instantáneamente, el tamaño de la economía pasó de 286.000 mill.$ a 510.400 mill.$. Los líderes políticos se felicitaron por el descomunal cambio, que sitúa al país como la mayor economía de toda África, y la 24º del mundo, con un tamaño similar al de Polonia. Los nigerianos no percibieron el súbito cambio en el peso de su cartera, pero su renta per cápita saltó de 1.595 $ a 3.018 $. No es la primera vez que una revisión revoluciona las cifras de un Estado africano. En los últimos años ha sucedido en Zambia, en Burundi, en la R.D. del Congo o en Ghana, en donde, por ejemplo, se aumentó el PIB en más de un 60% en 2010. Sin embargo, la revisión nigeriana ha sido la más espectacular por volumen y consecuencias. Convierte
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a Nigeria en una economía de tamaño muy respetable, y podría reivindicar más protagonismo político, en perjuicio de Sudáfrica. Si la antigua estimación era tan errónea, ¿se puede confiar en la nueva cifra? Existen razones que invitan a la duda. Las estadísticas africanas sufren por la debilidad institucional, la escasez de recursos, la falta de interés y, en algunos casos, incluso pueden ser objeto de manipulación. Muchos gobiernos se inclinan por empujar al alza las estadísticas de renta mientras que, curiosamente, hay algunas naciones que buscan lo contrario, ya que un PIB per cápita bajo puede ayudar a atraer créditos concesionales y ayuda al desarrollo. Todo esto ocasiona que los números del continente sean de precisión cuestionable. Sin embargo, también hay motivos para defender que la nueva cifra nigeriana sí es más realista que la anterior. ¿Qué ha cambiado entre ambas? En primer lugar, el año base ha variado de 1990 a 2010, lo que significa que se ha realizado una nueva estimación exhaustiva de la composición sectorial de la economía nigeriana. En 1990 no había móviles en África, ni internet o servicios on‐line, por lo que estos ramos eran hasta ahora ignorados. Así, telecomunicaciones pasa de menos del 1% del PIB a casi el 11%, y servicios profesionales e inmobiliarios pasa del 5% del PIB al 11%. Respecto a los sectores que
pierden peso relativo, el más perjudicado es el de hidrocarburos, que recorta su porcentaje desde un tercio del PIB a menos de un sexto y, en segundo lugar, la agricultura, que pasa del 35% del PIB al 22%. Además, con el sistema anterior, las cifras se basaban meramente en estimaciones de evolución de la producción. Ahora, los números se cotejan con encuestas de ingresos y gastos, y se ha ampliado el número de empresas cubiertas
para incluir a numerosos negocios de tamaño pequeño y mediano que antes se escapaban al radar de la administración. Por último, la revisión ha contado con la colaboración y el visto bueno de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, algo que nunca está de más. Al dispararse el PIB, los principales ratios macro mejoran sensiblemente. Por ejemplo, el déficit público de 2013 disminuye desde algo más del 3% del PIB al 1,9%, la deuda pública pasa al 12,6% del PIB desde un 24%, y el superávit por cuenta corriente cae del 3,2% del PIB al 1,8%. Las autoridades esperan que los flamantes números seduzcan a nuevos inversores. Además, reivindican el gigantesco potencial de Nigeria, el séptimo país más poblado del planeta (170 mill. de habitantes), con una población muy joven y repleto de recursos naturales.
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Este enorme potencial se encuentra constreñido por el propio Estado nigeriano. En primer lugar, por sus frágiles y corruptas instituciones. Sirva de ejemplo que aún no se sabe si el agujero en las cuentas públicas denunciado por el ex gobernador del banco central nigeriano es de 3.000 mill.$, 10.000 mill.$ o 20.000 mill.$ pero, eso sí, el ex gobernador perdió el cargo hace tres meses por denunciar ese desfalco. El país también sufre por su defectuoso clima de negocios y sus deficientes infraestructuras. De hecho, la red eléctrica nigeriana provee la misma electricidad que la de Qatar, un país minúsculo. Además, la ausencia de seguridad es muy preocupante, en especial en la región norte, donde se vive oficialmente en ‘estado de excepción’ por el enfrentamiento entre el ejército y el grupo terrorista Boko Haram, que embiste regularmente causando miles de víctimas cada año. Estos problemas causan que el crecimiento no permee en las capas sociales más humildes. Se estima que dos tercios de los nigerianos siguen viviendo con menos de 1$ al día, la esperanza de vida es de las más bajas del mundo (52 años), el desempleo se encuentra por encima del 20% y, en general, los indicadores sociales son deplorables. Todo esto recuerda que ser una economía más grande no significa ser una economía mejor. Las autoridades afrontan, por tanto, el reto de mantener el vigor del desarrollo, y lograr que éste beneficie a todos los nigerianos; muy en particular, a los más pobres.
UUUCCCRRRAAANNNIIIAAA La crisis ucraniana y la compleja relación con Rusia
El duro posicionamiento de Rusia en la crisis ucraniana tiene mucho que ver con la actitud de la UE, EE.UU. y del gobierno provisional de Ucrania. La situación política, económica y social de la antigua república soviética ya era más que compleja antes de los eventos de los últimos
meses. Se puede citar, como ejemplo anunciador de la crisis financiera del país, el problema de las subvenciones a la industria a través del precio del gas. La industria química y la siderurgia ucranianas, altamente consumidoras de energía, se han beneficiado a través de las ayudas públicas de un precio del gas de 50$ por 1.000 m3. El precio más bajo propuesto por Gazprom ha sido de 268$ por 1.000 m3 y eso fue en diciembre, antes de la caída de Yanúkovich. El diferencial de precio, a cargo del Estado, ha pesado duramente sobre el déficit público ucraniano, uno de los principales problemas estructurales del país. Por otra parte, la situación de las reservas en divisas del Banco Central lleva meses siendo dramática. A finales de 2013 Ucrania estaba al borde de la suspensión de pagos y la situación no ha cesado de degradarse desde
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entonces. Tampoco olvidemos, para completar el panorama, los sorprendentes niveles de corrupción del país (posición 144 sobre 175 en la clasificación de Transparency International) y de economía sumergida (estimada a 50% del PIB), muy superiores a los de cualquier país europeo de su entorno. Podemos endosar al presidente derrocado, Víctor Yanúkovich, una parte importante de responsabilidad en la crisis actual, ya que se dedicó en los últimos tiempos a mantener un doble juego, entre Moscú y Bruselas, haciendo creer a la población que era posible alcanzar un acuerdo de asociación con la UE, para terminar por aceptar las propuestas de Moscú, probablemente la posición más realista, ya que una Ucrania separada de Rusia no sería viable a corto y medio plazo sin una dolorosa restructuración social. No olvidemos que Rusia siempre ha sido el cliente natural de los productos de una industria pesada ucraniana, que se sitúa físicamente en el este del país, región poblada por una mayoría rusa y que hoy en día es más que obsoleta. Esta realidad, conocida por la población, explica en parte la fuerte adhesión de los habitantes de las provincias de Donetsk y Lougansk a la secesión. Al sentarse a negociar con Kiev la UE ha tenido una actitud que algunos consideran “frívola” y otros ingenua. Para asegurar una situación económica aceptable a la población, en una Ucrania inmersa en un libre mercado europeo y fuera de la esfera de influencia rusa, se hubieran necesitado ingentes sumas de dinero que la UE difícilmente podía financiar. En aras de los intereses estratégicos y también de una filosofía de apertura y expansión europeísta tan bien intencionada como, ahora se ve, no del todo consciente de las consecuencias, han llevado a promover una Ucrania integrada en Europa Occidental, obviando la historia y la estructura económica y social del país. De hecho, uno de los principales errores cometido por la UE en el proceso de acercamiento a Ucrania ha sido el no haber asociado a su potente vecino en el proceso
negociador, ignorando los intereses de la Rusia de Putin. De hecho, la deposición del presidente Víctor Yanúkovitch por los manifestantes de la plaza Maidán y el prácticamente “nombramiento por aclamación” de los ministros del nuevo gobierno provisional, son acciones que han sido consideradas “ilegales” por el Kremlim y un ataque organizado contra los intereses de su país.
Para tensar aún más el conflicto, el gobierno interino, constituido exclusivamente por personas favorables a las tesis de la alianza con la UE, ha tomado decisiones que han desatado la ira de la población pro‐rusa, tales como la anulación de la ley que confiere al idioma ruso estatus de lengua oficial en las regiones con gran proporción de ruso parlantes.
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La reacción de Vladimir Putin, considerada “muy violenta” desde un punto de vista de las relaciones diplomáticas entre naciones, es bastante comprensible, o quizá más bien esperable, si se atiende a la historia de los dos países y, sobre todo, si se analiza con atención la postura de Rusia en cuanto a las relaciones con los países de su “zona de influencia”. Ucrania es independiente desde 1991, pero para los rusos el este ucraniano es Rusia, en particular la península de Crimea, cedida por Nikita Jrushchov en 1954. La precipitación con la que se desintegró la URSS, unida a la tumultuosa historia de la región en el siglo XX, han generado situaciones políticas complejas, nunca resueltas, como, en el caso de Ucrania, la profunda fractura entre el este y el oeste del país. Por otro lado, desde un punto de vista geopolítico, Rusia pretende mantener su “cinturón de seguridad” y sus zonas de influencia económica en las antiguas repúblicas soviéticas. Ucrania es, de lejos, la nación más poblada y con la que Moscú tiene mayores lazos culturales, económicos y estratégicos, al mismo nivel que con Bielorrusia. La Unión Aduanera de Putin tiene poco sentido sin Ucrania. Además, y para que veamos que todo depende del cristal con que se mira, mientras que Ucrania considera que Rusia interfiere en sus asuntos e intenta estrangular su economía como forma de controlarla, las autoridades rusas aducen que han apoyado en los últimos años más que nadie a la economía ucraniana. Prueba de ello es el precio del gas que, en contraprestación por el uso de la base naval de Sebastopol, resultaba ser un 30% más barato que la tarifa que Gazprom aplicaba a Alemania. La rebaja del precio del gas pactada en el acuerdo del 2010 ha representado una subvención real a la economía ucraniana de unos 11.000 mill.$ en tres años. Los prestamos no condicionados y aplazamientos en el pago de la deuda gasista concedidos por Rusia en 2013 (alrededor de 5.000 mill.$ por los dos conceptos) serían también una prueba de la voluntad del Kremlin en ayudar a Ucrania.
Mientras el conflicto sigue escalado, las tropas leales a Kiev preparan una intervención directa en Donetsk, que se autoproclamó república independiente el pasado 11 de mayo, y un empresario, Petro Poroshenko, gana las elecciones presidenciales celebradas el 25 mayo, para evitar el “default” de Ucrania, el FMI ha aprobado un
plan de ayuda de 17.000 mill.$ en dos años, que podría completarse con las aportaciones del BM y de la UE, para llegar a 27.000 mill.$. En teoría, esta “ayuda” permitiría a Ucrania desligarse de Moscú, pagándole sus atrasos y evitando la
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anunciada suspensión de pagos. Sin embargo, dejando las implicaciones diplomáticas al margen, hay que tener en cuenta que la “ayuda” no es una donación. Son préstamos que aumentan el nivel de una deuda exterior que ya sobrepasa el 90% del PIB y que servirían en parte para reembolsar los retrasos debidos al FMI (5.000 mill.$) y correspondientes a programas anteriores, interrumpidos por los incumplimientos de Kiev. El Fondo tiene previsto desbloquear inmediatamente 3.200 mill.$, pero exige para liberar el resto un plan de ahorro draconiano, que solo puede agudizar la crisis social y el conflicto con la población pro‐rusa. Hay razones, pues, para que las dos provincias del este, Donetsk y Lougansk, sigan el mismo camino de Crimea, buscando refugio en lo que consideran ser “la madre Rusia”. Culpar de la situación únicamente a Vladimir Putin, obviando la responsabilidad de la UE y EE.UU. en la crisis, sería un análisis demasiado simplista. Como también lo es olvidar que la actitud de Rusia obedece, en última instancia, al pulso estratégico que mantiene con Europa.
VVVEEENNNEEEZZZUUUEEELLLAAA Cuesta abajo y sin frenos Nicolás Maduro acaba de cumplir un año en la Presidencia que bien podría calificarse de “annus horribilis”. Maduro no tiene el carisma ni la popularidad de Hugo Chávez, pero sí heredó de éste una economía con graves distorsiones productivas, en recesión y con un alarmante problema de inflación. Además, Maduro ha insistido en mantener la misma política económica, con más controles y medidas contrarias a la actividad empresarial, y al mismo tiempo ha intensificado la confrontación con la oposición, lo que no ha hecho más que acelerar una crisis política y económica que seguramente era inevitable. La situación que vive actualmente el país no tiene visos de amainar, más bien al contrario, todo indica que no puede hacer otra cosa que empeorar en los próximos meses. Es cierto que se acaban de anunciar diversas medidas dirigidas a acabar con la escasez y promover la inversión privada, como el uso de los fondos del Fonden y los instrumentos de apoyo financiero chino (tras la reciente vista del Ministro de Exteriores Wang Yi) y que, en el terreno político, el gobierno ha adoptado un tono ligeramente más dialogante (aunque a la oposición le parezca pura táctica política) con la creación de la Conferencia Nacional de Paz, de la que forma parte la Comisión de la Verdad de la Economía, que quizás también supone un cierto alejamiento de la retórica oficial de que los problemas económicos son provocados por el sabotaje económico de la oposición y orquestados en última instancia por EE.UU.. También hay que destacar el acercamiento a Fedecámaras, la asociación empresarial venezolana, precisamente poniendo a su disponibilidad los recursos del Fonden. Sin embargo, sería
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ingenuo pensar que vaya a proclamarse un cambio drástico en la política económica o que estas medidas puedan realmente resolver los problemas de escasez, inflación desorbitada y/o la falta de acceso a divisas, que son a fin de cuantas lo que está avivando el descontento social, incluso entre las filas chavistas. En realidad, incluso con un cambio drástico de gobierno y políticas, que en cualquier caso no es previsible, sería ya difícil controlar la espiral de descontrol monetario que vive de la economía venezolana. Recientemente el gobierno publicó el dato de crecimiento definitivo para 2013. El PIB venezolano, según cifras oficiales, creció un 1,3% el año pasado. El gobierno celebró este discreto crecimiento por ser algo mejor que el de 2012 y por escapar de las tasas negativas. En realidad, analizada en detenimiento esta cifra resulta alarmante, ya que fue posible únicamente por la aportación del sector exterior, gracias a que las importaciones están fuertemente restringidas (se contrajeron un 9,7% en 2013). De haberse mantenido en los niveles de 2012, el PIB venezolano se habría contraído un 3,5% el año pasado. La cifra resulta más escalofriante si pensamos que el país está sumido en una espiral de inflación (se estima en torno al 60%, la más alta del mundo). La razón es la escasez de bienes generada precisamente por los controles a las importaciones (uso de divisas) y por el descontrol del gasto público, financiado en última instancia con las reservas y la impresión de moneda. El déficit público podría situarse este año en torno al 12‐15% del PIB. El margen de maniobra del ejecutivo es cada vez menor. Aunque el gobierno sostiene que tiene unas reservas de divisas en torno a los 50.000 mill.$, lo cierto es que esta cifra incluye los fondos del Fonden, que difícilmente podrán ser utilizados para
defender el tipo de cambio y desahogar la demanda de dólares y a la vez financiar los generosos planes de gasto del gobierno. Las reservas del Banco Central están en torno a los 20.000 mill.$, pero incluyen las reservas de oro. En realidad, las reservas líquidas se estiman actualmente tan solo en unos 6.000 mill.$, lo que ni siquiera cubre un mes de importaciones de bienes y servicios. Ante la creciente escasez de dólares y el
exorbitante precio que la divisa alcanzó en el mercado callejero (más de 80 bolívares por dólar a principios de año), el gobierno introdujo un nuevo sistema de cambio, el SICAD2. Este sistema permite realizar compras de dólares de forma algo más libre y a un precio más cercano al de la calle, lo que supone, en realidad, una nueva devaluación de la moneda. Esto ha permitido reducir algo el margen entre el tipo oficial (6,3 B/$) y el callejero, actualmente en torno a los 50‐60 bolívares por dólar. Sin embargo, la disparidad sigue siendo enorme y el gobierno admite que el SICAD2 no está llevando a cabo más que una parte reducida de las transacciones de divisas. La aceleración de la inflación, que podría llegar al 70% en 2014, no hará más que intensificar la presión sobre el sobrevaluado tipo de cambio. Así pues, prepárense para nuevas devaluaciones y controles de capitales antes o después, algo que, junto con el clima de fuerte crispación social, forma un peligroso coctel, que amenaza con sumir al país en un estado de permanente caos.