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APUNTES DEL CENESII SEMESTRE DE 2003

La crisis institucional del EstadoLa crisis institucional del EstadoLa crisis institucional del EstadoLa crisis institucional del EstadoLa crisis institucional del Estadocolombiano y altercolombiano y altercolombiano y altercolombiano y altercolombiano y alternatinatinatinatinativvvvvasasasasaspara su transformaciónpara su transformaciónpara su transformaciónpara su transformaciónpara su transformación

FABIO RAMIREZ ZORROFABIO RAMIREZ ZORROFABIO RAMIREZ ZORROFABIO RAMIREZ ZORROFABIO RAMIREZ ZORROProfesor Asociado UPTC

Director del CENES

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LA CRISIS INSTITUCIONAL DEL ESTADO COLOMBIANOY ALTERNATIVAS PARA SU TRANSFORMACIÓN

RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:

Colombia presenta unas características en su desarrollo económico y social atípicas enel contexto internacional. Es el país con mayor violencia crónica en el mundo, conmayor número de secuestros, de homicidios. Sin embargo, en el contexto latinoameri-cano su régimen político aparentemente es uno de los más estables, su tasa de creci-miento del PIB en los últimos 30 años solo es superada por Brasil y la estabilidad de laeconomía en términos de control de la inflación y crecimiento económico, es una de lasmás sólidas de la región. Este artículo explora estas contradicciones, analizando laprofunda crisis institucional del Estado colombiano. Para superar la crisis se analiza elpapel del Estado en la economía, las reformas estructurales al interior de los trespoderes públicos, del régimen político en su globalidad, todo lo cual se debe realizardentro de un proceso de reformas y negociación con los grupos armados.

Palabras cPalabras cPalabras cPalabras cPalabras clalalalalavvvvve: e: e: e: e: régimen político, distribución del ingreso, eficiencia, carrera admi-nistrativa, intervención del Estado, privatización.

ABSTRACT:ABSTRACT:ABSTRACT:ABSTRACT:ABSTRACT:

Colombia presents some atypical features in its economic and social developmentinside the international context. Colombia is considered as most chronically violentcountry in the world, including the highest number of homicides and kidnapping.Nevertheless its political regime is seen as one of the most stable countries in LatinAmerica. Its GDP growth rate in the last 30 years is only overcome by that one of Brazil;and the stability of its economy in terms of inflation control and economical growthhas become one of the most solid in the region. This article explores these contradic-tions by analyzing the deep institutional crisis of the Colombian state. To overcomesuch a critical situation, the state role in the economy, the structural reformations inthe three public powers, and the political regime as a whole is analyzed. The resultingoutcome should be carried out inside the reformation process and negotiation with thearmed groups as well.

KeKeKeKeKey wy wy wy wy wororororords: ds: ds: ds: ds: politic regime, income distribution, corruption, clientelismo, efficiency,administrative career, intervention state. privatization.

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1. El régimen político enColombia

La democracia colombiana inspiradadesde sus orígenes en las doctrinasy el pensamiento europeo, instituyócomo base constitutiva del poder,la separación en las tres ramasclásicas: la ejecutiva, la legislativay la judicial. El fin último de estaseparación, radica en limitar elpoder absoluto al estilo medieval delas monarquías, o al estilo de losderrumbados regímenes estalinistas.

El éxito para el funcionamiento delrégimen democrático, consiste no soloen la división y en la diferenciaciónde funciones, de cada una de las tresramas del poder público, que secondicionan y limitan mutuamentepara evitar abusos y arbitrariedades,sino también por la necesariacomplementariedad que debe existirentre ellas, donde todas y cada una, alcumplir independientemente con susfunciones, redunda en el beneficiocomún y en el desenvolvimientoarmonioso de la democracia.

La crisis, en uno o en varios de lospoderes públicos, necesariamentetiene que repercutir en mayor o enmenor grado, en el sistema político ensu conjunto, desbarajustándolo y encasos extremos llevándolo a una cari-catura de democracia, o a la barbarie.

El régimen político colombiano, aldegenerar en clientelismo, se estruc-

tura de tal manera, que dificulta el ejer-cicio de la política por fuera de losmarcos que impone este fenómeno, esdecir, de dar un manejo del sectorpúblico con fines grupistas ypersonalistas y no en beneficio del biencomún o de las mayorías de la pobla-ción, convirtiéndose así, en la princi-pal traba al progreso económico, po-lítico y social del país.

La estructuración del régimen políticocolombiano en torno al clientelismo,lo hace corrupto, la oposición o no aun gobierno, no se determina porconcepciones ideológicas distintas enlos partidos políticos tradicionales,sino más bien por la participación ono que se les ofrezca en el gobiernode turno, convirtiéndose de éstamanera la oposición, en un arma enmanos de los barones electorales, parapresionar al gobierno en la reparticiónburocrática del sector público, dondetanto gobierno como oposición sereparten las empresas e institucionesoficiales, no para administrarlas, sinopara saquearlas.

El clientelismo deforma la democracia,la convierte en una caricatura de ellamisma, para dar paso a la confor-mación de un régimen oligárquico,fomentando desigualdades e iniquida-des, y atizando el clima generalizadode corrupción y violencia en que seencuentra sumido el país.

Montesquieu, con toda razónafirmaba, que el principio constitutivo

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de un régimen despótico es el miedo,es el temor a perder la vida lo queobliga a obedecer. Para la monarquía,al apoyarse en la nobleza y losprivilegios, el honor se convierte enuna fuerza que aglutina a sus miembrosy los homogeneiza en la concepción ymantenimiento de unos valoresdeterminados, que aseguran susprivilegios.

Para la democracia, el principioconstitutivo, es la virtud política,entendida como el predominio delinterés público o del bien común,sobre el interés particular, de allí queel autor insistiera sobre la necesidadde la honestidad del funcionariopúblico, no como algo banal sino fun-damental.1

La corrupción es un cáncer para elprogreso de las naciones, lageneralización de este fenómeno en lasociedad, significa una pesada cargapara ella misma, la cual llegado unmomento y ante la imposibilidad deaislarla, la sociedad en su conjuntotiene que decidir entre permanecer enel atraso y el estancamiento, o extirparla corrupción para poder seguiravanzando por los caminos delprogreso.

En Colombia la confluencia delclientelismo y el narcotráfico, hahecho el problema aún más agudo, nosólo por la permeabilidad de lospartidos tradicionales y los gruposarmados a los dineros calientes, sino

fundamentalmente por los efectos deviolencia que trae consigo y sucapacidad de infiltrarse por los másdiversos poros de la sociedad,repercutiendo en desestabilizar aúnmás al régimen político.

La clase dirigente colombiana, a lolargo del siglo XX, logró en mayor omenor grado, adecuar el funciona-miento del aparato estatal, a las nece-sidades impuestas por el desarrolloeconómico. En el país se desarrolla-ron instituciones e instrumentos depolítica económica, que en manos delEstado incentivaron el desarrollo dela iniciativa privada y permitieron uncrecimiento económico sostenido.

En el contexto latinoamericano, el paísdurante el siglo XX, se caracterizó portener un manejo económicorelativamente coherente, que le evitócaer en los extremos inflacionarios porlos que pasaron muchos de los paísesde la región, o en el atolladero dequienes contrataron una descomunaldeuda externa, o de quienes seinclinaron o se tuvieron que inclinardócilmente ante las presiones deorganismos internacionales.

El crecimiento de la economía, fuesostenido prácticamente a lo largo delsiglo pasado y de país esencialmenterural a principios de siglo, se pasó atener más del 70% de la población enlas ciudades al final del mismo, conun desarrollo industrial relativamenteaceptable, que nos sitúa en el contex-


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to mundial, dentro de un conjunto depaíses de desarrollo económico inter-medio, con grandes potencialidades deprogreso.

Sin embargo, la aguda crisis políticay económica con que terminamos elsiglo XX e iniciamos el XXI, muestraclaramente la tendencia del régimen acolapsar, la clase dirigente no suporesolver el problema agrario, lo querepercutió en el fortalecimiento de unaguerrilla en el campo, y no supoadaptar las instituciones a losrequerimientos exigidos por laglobalización de la economía,quedando la Constituyente del 91 y lasreformas introducidas por el gobiernode Gaviria a mitad de camino, sintransformar los fundamentos delrégimen, para ponerlo en el caminode la modernidad.

El esquema gobierno-oposición, hafracasado porque en Colombia noexiste un partido que gobiernecolectivamente y menos aún, unpartido de oposición que ofrezcareales alternativas de cambio social,sino que existe un gobierno central delpartido liberal o conservador, que seapoya básicamente en los baroneselectorales para ser elegidos.

Estos últimos son quienes realmentemanejan los partidos políticos yquienes como retribución por elmanejo y manipulación del voto popu-lar, reciben la administración local desus feudos electorales o su

participación en algunos ministerios yentes descentralizados, para dedicarseal saqueo a través del tráfico deinfluencias, contratos leoninos y malosmanejos, que es de donde saldrán losdineros para el financiamiento de lapróxima campaña, y para elenriquecimiento o acrecentamiento delas riquezas de quienes se encuentranal frente de los poderes locales,regionales o nacionales.

La solución a la crisis política del país,necesariamente tiene que pasar por larecomposición de los poderes públi-cos, es decir, por la recomposición delEstado, no como un ente abstracto,sino como el instrumento de poder,que configuran las instituciones quepermiten su ejercicio, a través de laPresidencia de la República, las Fuer-zas Armadas, el sistema judicial, lasempresas industriales y comercialesdel Estado, la aduana, el parlamento,la cancillería, la Contraloría, laProcuraduría, el Consejo de Estado ytantas otras que están reclamando deun proceso de modernización.

2. El poder ejecutivo y elsector público

En Colombia, la iniciativa del poderejecutivo es fundamental no sólo paraestablecer estrategias de desarrollo ycrecimiento, sino también para darrespuestas inmediatas a coyunturasimprevistas, conjurar las crisis y enúltimas presentar resultados positivos

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en los indicadores, que inciden en eldesenvolvimiento económico del país.

El ejecutivo a través del presidenteconcentra un gran poder2, donde elejercicio del gobierno depende muchodel manejo que se dé a través de laCasa de Nariño, de los ministerios yde los organismos descentralizados, ydonde las estrategias y políticas quese consideren fundamentalesdesarrollar en el cuatrienio, se hangestado esencialmente con el apoyo deuna élite tecnócrata.

La responsabilidad y el manejo de lapolítica económica en Colombia, noyace, se inspira o surge como directrizo programa de un partido político enel poder, por el contrario, cada vez seabre más el abismo entre los partidospolíticos y los programas de gobierno.El credo político y la identificaciónpartidista obedecen más a lasposibilidades de acceder al poder o ala riqueza, que por una ideología o porla estructuración de programas degobierno con diferencias sustanciales.

Desenvolvimiento del sector públicoen Colombia: Colombia se ha defini-do como un país de economía mixta,donde se combina la libre empresa,con la propiedad estatal. El sector pú-blico, a pesar de tener una participa-ción minoritaria en la conformacióndel Producto Interno Bruto3, de suadecuado o mal funcionamiento, elpaís depende mucho para la estabili-dad política, económica y social.

El inadecuado funcionamiento delEstado, afecta de diversa manera a lossectores de la población, pero de unau otra manera afecta al conjunto de lasociedad. La economía en su totalidad,se ve afectada por la ineficiencia delEstado, en tanto que buena parte de lainfraestructura y muchos de los bienesy servicios suministrados directamentepor éste, son insumos en el procesode producción y circulación de la in-dustria manufacturera, de la minería,la agricultura o el comercio entreotros.

El Consenso de Washington, que enColombia empezó a ser aplicado conla apertura económica del gobiernoGaviria, propugna por un Estado queno sea agente directo del crecimientoeconómico, es decir que no participedirectamente en la provisión de bienesy servicios, con su consiguienteaxioma de establecer una agendaprivatizadora de las empresaspúblicas.4

Privatización o estatización, un falsodilema: la relación del sector privadocon el sector público, es bastantecontradictoria. A este último se lecataloga de ineficiente, pero a la vezse le presiona para que sea el pionero,en la apertura de nuevas ramas indus-triales que impliquen riesgos, o queacudan al salvamento de industrias einstituciones financieras en quiebra,unas veces mediante la concesión decréditos blandos a largo plazo y otrasmediante asumir el control directo de


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la propiedad de las instituciones enquiebra y por tanto de sus pasivos.5

Pasada la crisis, cuando han vuelto asalir a flote empresas, ramas industria-les o instituciones financieras, que escuando empiezan a generar utilidades,de nuevo también vuelve la presiónpara que sean devueltas al sector pri-vado, produciéndose el fenómeno queen el país se ha llamado, la socializa-ción de las pérdidas y la privatizaciónde las utilidades.

Las empresas del sector público porlo general se les entregan a losbarones electorales o a sus testaferrosno para que las administren, sino paraque las saqueen.

La constante general es una polarizaciónentre lo público y lo privado. En esteúltimo sector, existen instituciones quese pueden considerar modelo en cadauna de sus áreas, ya sea que se trate decolegios o universidades de reconocidoprestigio, o de clínicas dotadas de muybuenos equipos y de una excelenteorganización, que permite la prestacióndel servicio en términos casi queóptimos, pero a unos costos, a los cualessólo tiene acceso una minoría de lapoblación.

Por el contrario los ciudadanoscolombianos, que no pueden pagar losservicios privados, obligatoriamentetienen que acudir al Estado, la mayoríano en términos de beneficencia, sinomás bien como retribución de unos

fondos, que se conforman por aporteso deducciones de los salarios de losmismos trabajadores, pero que alpasar a ser administrados por lasclientelas políticas, o por firmasprivadas testaferras de las mismas, sonesquilmados con los malos manejos,condenando así a los usuarios a losvejámenes de los malos servicios.

La ineficiencia “per se” del Estado odel sector público es un sofisma. Elfracaso de las empresas públicas, enbuena parte se debe a la corrupciónde la burocracia partidista, que du-rante muchos años ha ejercido elpoder, disfrutando de unos privilegiosde casta, a costa de la ineficiencia yestancamiento de la economía.

Hay que analizar detenidamente eldesarrollo histórico que han tenido lasnaciones de Europa occidental hoyindustrializadas, donde países comoAlemania, Francia, Suecia, Austria ola misma Inglaterra, ante las presio-nes de movimientos populares, quepolíticamente se expresaron enpartidos socialdemócratas o laboris-tas, dieron gran impulso al sectorpúblico o al sector estatal, para satis-facer masivamente las necesidadessociales de amplios sectores de lapoblación y que hoy en día aún semantienen y se desarrollan con nive-les de eficiencia y eficacia adecuados,equiparables al sector privado.

La necesidad de que el Estado o elsector público asuman funciones que lo

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involucren directamente en laproducción de bienes y servicios, radicaprecisamente en la imposibilidad olimitación del sector privado parasatisfacer con niveles adecuados derentabilidad, necesidades masivas de lapoblación, tales como educación o saludpública; o también por carencia de capi-tal para asumir inversiones cuantiosaspara establecer y operar por ejemplouna red ferrocarrilera o electrificar a unpaís.

En otras palabras, la Colombiasubdesarrollada de hoy, no se puedeequiparar con los países altamenteindustrializados, cuando se habla deprivatización, pues históricamente elEstado ha jugado un papel protagónicofundamental en la gran mayoría depaíses hoy industrializados, en susetapas iniciales e intermedias dedesarrollo económico.

En realidad en las condiciones colom-bianas, solamente el Estado puedesuministrar muchos bienes y servicios,que satisfacen necesidades primariasde la población, o que sirven deinsumos al conjunto de las actividadesproductivas. Por consiguiente el retoa resolver es cómo lograr que dichosbienes y servicios se generen dentrode la forma más eficiente posible,cuando el sector privado está incapa-citado estructuralmente de asumirlosen las escalas requeridas.6

Las mayorías pobres de la poblacióncolombiana, al tener una capacidad de

pago muy reducida, dependen casique en su totalidad de los servicios eneducación o salud que les presta elEstado, para la satisfacción de susmúltiples necesidades.

En muchos casos el sector públicodebe subsidiar a sectores de la pobla-ción que no tienen capacidad de pagopara tener acceso a servicios indispen-sables como salud, educación oalgunos servicios públicos domicilia-rios como lo es el agua potable y elalcantarillado.

La transferencia de subsidios en unmomento dado puede determinarque una institución no sea rentabley el Estado le tenga que transferirfondos para su adecuado funciona-miento, pero la institución puedeprestar un servicio de mejor calidady a menores costos que una institu-ción privada.

En estos casos el Estado es eficiente ensuministrar servicios, y paralelamentepuede estar aplicando una política deredistribución del ingreso y mejorandoel bienestar social de la comunidad,aunque no exista rentabilidad.

En Colombia históricamente el Esta-do ha tenido que acudir a la ayuda delsector privado, ya no sólo con políti-cas de protección en los inicios de laindustrialización, sino también, con laparticipación directa de dinerospúblicos en el salvamento del sectorfinanciero7 ya en varias oportunida-


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des, para no hablar de las tantasempresas y ramas industriales que hannacido gracias a la inversión delEstado, para luego, cuando han ma-durado y han pasado a ser rentables,ser transferidas al sector privado8, ocuando el Estado ha tenido que salir asalvar proyectos perdidos dondeningún particular quiere invertir.

En Colombia los pioneros industria-les han sido muy pocos, y las másde las veces el Estado históricamen-te ha tenido que llenar este vacío,ya sea creando nuevas empresas yramas industriales, ya sea dando cré-ditos baratos e incluso subsidiadosa los industriales para importarbienes de capital y a los exporta-dores subsidios para adquirir lasdivisas necesarias que haganposible dichas importaciones.

A este respecto, para el país ya esclaro, gracias a las investigaciones dedestacados historiadores colombianos,como la industria al llegar a ciertaetapa donde se trasciende o se superael anterior modelo económicoprimario exportador, crece y sedesarrolla a la sombra del Estado.9

Esta situación paternalista, no hacambiado sustancialmente en lasactuales condiciones de internacionali-zación de la economía, cuando en laadministración Pastrana el Estado tuvoque tomar de nuevo la iniciativa parareanimar a un sector financiero enquiebra.

Todo esto nos muestra, que en Colom-bia la oposición a la intervención delEstado en la gran mayoría de los casoses sólo estomacal, aceptándola eincluso exigiéndola, cuando se trata dedefender intereses de los gremios, yasea en la agricultura, la industria, lasfinanzas o en el comercio y por lomenos siendo indiferente cuando setrata de la prestación de serviciosbásicos a la población de bajosrecursos.

Muchas veces se concibe laprivatización, como una salida prácti-ca, de quitarle de las manos laproducción de bienes y servicios alsector público, y así evitar por unaparte la corrupción, y al mismotiempo, ganar en eficiencia al pasar amanos del sector privado dichasresponsabilidades. Se dice, que entremenos recursos productivos maneje elsector público, mayores recursosmanejará el sector privado y de estamanera el conjunto de la sociedadsaldrá ganando.

Aunque la privatización ha demostra-do en muchos sectores, ser una buenaalternativa, para superar algunosfocos de corrupción e ineficiencia enempresas del orden local y nacional,también se ha demostrado la capaci-dad de adaptación de la corrupción,donde por ejemplo, lo que se ganó conla privatización de los puertos, se haperdido en los manejos que se handado en Foncolpuertos.

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Las concesiones, los contratos de pres-tación de servicios, en manos de nues-tros políticos clientelistas, hanagudizado aún más, las prácticascorruptas, entre el sector privado y elsector público. El poder de contrata-ción se ha concentrado en los más al-tos funcionarios desde donde se com-prometen ingentes recursos públicoscon altos sobrecostos de corrupción,se ferian empresas y activos que per-tenecen a todos los colombianos amenos del valor real a cambio de unacomisión por privilegiar el negocio.

Es obvio que el sector privado sóloestará dispuesto a invertir dondeencuentre adecuadas tasas derentabilidad, lo que está mostrando, queno todo lo que está en manos del sectorpúblico es susceptible de privatizar,pues como lo hemos visto, una buenaparte de los bienes y servicios que prestael Estado, están dirigidos a satisfacer lasnecesidades de amplios sectores de lapoblación, que no tienen la capacidadde pago para sufragar los costos ygenerar la rentabilidad que exige la libreempresa.10

No pocas veces, se nos dice, queentonces la intervención del Estado sedebe limitar a ese campo específico,de orientar su intervención a laproducción de bienes y servicios queno sean rentables, pero necesarios encuanto satisfacen necesidadesprimarias de la población, cediendo ala vez al sector privado, todas lasdemás donde exista rentabilidad.

Tomemos las implicaciones de estareflexión y examinémoslas a la luz dela experiencia. Ha sido una constantede la política oficial, reglamentar losexcedentes de las pocas empresaspúblicas eficientes, restringiéndoleslas inversiones, para utilizar así dichosexcedentes en financiar los déficit deotras empresas públicas, o para pagarla deuda externa. Esta prácticaestablece el nocivo mecanismo decastigar a las empresas que generanutilidades en favor de las empresasdeficitarias, lo que significa sancionarla productividad y premiar la impro-ductividad, la corrupción y eldespilfarro.11

Si se le transfirieran a la empresa pri-vada o al capital extranjero, todas lasempresas del Gobierno que en estosmomentos producen utilidad, el Esta-do al renunciar a la generación de unexcedente, se vería seriamente limita-do a establecer siquiera el programamás mínimo de inversiones, tendríaque destinar gran parte de los recur-sos canalizados a través de impuestos,para realizar las transferencias a losservicios que ha determinadosubsidiar, e inevitablemente renuncia-ría a convertirse en un agentedinamizador del desarrollo económi-co, al no tener recursos para reinver-tir en infraestructura, y en otras áreasque se determinen de importancianacional.12

En Colombia no existe una política deprivatizaciones que establezca un norte


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respecto a los sectores y las empresasque prioritariamente se deben privati-zar, a reglamentar la forma en que sedeben invertir los dineros que seobtengan por la venta de activos oempresas públicas, pudiéndose decirque los tres últimos gobiernos se hancaracterizado por una políticacortoplacista respecto a las privati-zaciones, donde prima el afán deconseguir recursos frescos a cualquiercosto, los cuales no pocas veces sedestinan a gastos improductivos o aservir de alimento para la corrupción.

El Estado, tiene que decidir, hastadónde debe llegar su radio de acciónen la producción de bienes y servicios,no interfiriendo con la iniciativaprivada, pero si asegurando elconservar un adecuado equilibrio,entre los subsidios y la rentabilidad,que genere el conjunto del sectorpúblico, para dar cumplimiento a losobjetivos que se trace, sin renunciar aseguir siendo un agente dinamizadorde la economía.

Distorsiones económicas de la co-rrupción en Colombia: el régimenclientelista estructura unas relacionessoterradas e ilegales que no soloinvolucra a la clase política y laburocracia estatal, sino que compro-mete a amplios sectores del enteprivado colombiano y de empresasextranjeras.

El “tango se baila entre dos” dice elrefrán popular, y por tanto todos los

contratos, todos los tráficos deinfluencia, todos los mecanismos decorrupción, tienen su soporte en unaestructurada red en el sector privado,de empresas igualmente corruptas.

La teoría económica, conceptualizasobre una serie de mecanismos demercado, mediante los cuales losactores económicos se relacionan yrealizan sus transacciones, bajo unasleyes que determinan la conformaciónde precios y la distribución de losingresos.

Cuando la corrupción mediatiza lasrelaciones entre el sector público y elsector privado, se da un acuerdo ilegalextraeconómico, estableciéndose unpacto secreto en el que buscan lucrarsemutuamente en detrimento del erario.

El acuerdo se puede mover dentro delos más disímiles márgenes que oscilanentre unos sobrecostos moderados,hasta unas prácticas de saqueo, quevan a parar en una buena proporcióna los bolsillos de una clase políticaparasitaria.

La rentabilidad de la corrupción es lamayor de cuanta práctica ilegal exis-te, en el sentido de que no se aportaningún capital riesgo, sobre el cual sepueda calcular una utilidad, sino quese apropia dineros públicos, bajo laapariencia de legalidad de unoscontratos, de unas ventas privatiza-doras o de unas demandas judicialesamañadas.

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En términos generales la corrupciónse origina en el hecho de que el Estadoes un importante demandante yoferente de bienes y servicios, cuyastransacciones están mediatizadas ensu administración por una éliteparasitaria. Estas transacciones estáncontaminadas con prácticas corruptas,donde la “técnica” de saqueo, consisteprecisamente en darle un manto delegalidad, al desvío de los dinerospúblicos que terminan siendoapropiados, por una red interactúantetanto en el sector público como en elprivado, sobre la cual se soporta elclientelismo.

La corrupción se genera en ejemplospalpables tales como los sobrecostosdel Guavio, del Metro de Medellín,las demandas amañadas enFoncolpuertos, Dragacol o Termorrio,la desviación de créditos del BancoCentral Hipotecario o Banco del Esta-do, las comisiones del Instituto deSeguros Sociales para agilizar lospagos, la lavada de la fachada en elparlamento, los escándalos de despil-farro en las Fuerzas Armadas,Invercolsa, los joint venture deTelecom, todo lo cual nos muestra,más que la ineficiencia del Estado, lacorrupción bajo su forma velada, esel saqueo de los dineros públicos quegobierno tras gobierno, año tras año,carcome por lo menos, cerca del 20%de los recursos públicos del país anual-mente, lo que equivale a cerca de 13millones de millones, o cerca de 5.220millones de dólares para el año 2002.13

El botín de la corrupción se reparteentonces, fundamentalmente entrequienes detentan el poder, sea en larama ejecutiva o en la legislativa oincluso en la judicial, con sus parescontratistas en el sector privado,trátese de empresas nacionales oextranjeras.

En tanto la corrupción tiene que guardaruna apariencia de legalidad, lasinvestigaciones de la contratación porparte de la Contraloría, la Procuraduría,o la Fiscalía, requiere que en estasinstancias se distribuya parte del botín,en forma de sobornos a cambio del“archivo” de los procesos, o en últimainstancia: la decisión de un juez se hacesusceptible de comprar.14

La apropiación y distribución del botínde la corrupción se da directamenteproporcional, al grado de poder quetengan los funcionarios públicos en lasdiferentes ramas de la adminis-tración.15

Al tratarse de una práctica ilegal, laacumulación de capital producida poresta vía, coloca los recursos en unaélite parasitaria que al no estarinvolucrada directamente en una laborproductiva, incentiva la fuga decapitales que van a parar a los paraísosfiscales del Caribe o de Europa, conlas consiguientes secuelas endetrimento de la economía.

Adicionalmente cuando las prácticascorruptas son generalizadas y de cierta


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manera aceptadas entre la clasedirigente tanto en el sector públicocomo en el privado, con probabili-dades muy bajas de sanción por lajusticia, se va generando una culturade ilegalidad, del “más vivo”,generando una serie de prácticasdeshonestas en todos los sectores yestamentos de la sociedad, queredunda en una desidia frente a lanormatividad, que nos ha llevado aque nos situemos a nivel mundial, en-tre los primeros países con mayorevasión de impuestos, con mayoríndice de accidentalidad de tráfico,con mayor violación a los derechoshumanos, con mayor número desecuestros y con la violencia máscrónica a nivel universal.

Esta situación, obviamente va endetrimento de una sociedad quepretenda basar su desarrollo en laproductividad y competitividad de sueconomía.

Los usuarios cautivos de los bienes yservicios que suministra el Estado,tales como los servicios públicosdomiciliarios, se tienen que someter alas altas tarifas indexadas, pero lamayoría de las veces sin lograrcomprender, la relación directa con lacorrupción de la clase política.16

Es el subdesarrollo del sector públicodentro del subdesarrollo del país. Lacorrupción, condena a ciudades ycomunidades enteras a sufrir conracionamientos periódicos, o le niega

la posibilidad a amplios sectores de lapoblación a tener acceso a bienespúblicos de primera necesidad.17

La llamada “inversión social” se haconvertido en una fuente de saqueopara los dineros públicos, dondeincluso, se estima que por cada pesoinvertido, menos del 50% le llega alusuario final, quedando el resto derecursos como botín de la corrupción.

De todo lo anterior se desprende, queel régimen clientelista afecta a la socie-dad en su conjunto, pero por su gradode desprotección afecta especialmentea los empleados, a los trabajadores, alos desempleados, a los pensionados, esdecir a la gran mayoría de la poblacióncolombiana, que no tiene mecanismosde defensa, contra las distorsioneseconómicas generadas por la corrup-ción, siendo de esperar por tanto, quesean estos mismos sectores, los que másse tienen que interesar por dar impulsoa la reforma del Estado, que al hacerloeficiente, redundará en primera instan-cia en el mejoramiento de su nivel devida.

Del Estado Clientelista a la CarreraAdministrativa: si no establecemoscomo dogma, la ineficiencia del sec-tor público, y como vademécum laprivatización, resulta de másprovecho analizar las particula-ridades del país, para explicar lascausas que generan la ineficiencia enColombia y no así en los países deEuropa Occidental.

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Un primer elemento a señalar es lamadurez democrática de los paísesindustrializados, donde no solamenteexiste igualdad de oportunidades parael conjunto de la niñez y la juventud encuanto acceso masivo a la educación,sino que posteriormente cuando lleganal mercado laboral, se dan mecanismosde competencia para tener acceso ymovilidad en los cargos públicos, quese reglamentan de acuerdo a unosparámetros establecidos en normas deuna carrera administrativa.

La forma y el mecanismo, como seestructura el ingreso y los ascensos,así como también los controles y lassanciones disciplinarias, permiten queel elemento humano (tan fundamentalen el éxito de cualquier empresa), nosolamente sea cualificado y se estécualificando permanentemente, sinoque también permite crear lascondiciones favorables para que segeneralicen unos valores éticos y mo-rales donde predomine la honradez,lo cual se ve complementado con elfuncionamiento de un adecuadosistema de justicia, donde quedanpocas fisuras para que se puedacometer dolo en la administraciónpública y al mismo tiempo teneramplias esperanzas de impunidad.

En Colombia no existen mecanismoscompetitivos que permitan crear yestructurar un funcionario medio quese caracterice por la eficiencia y lahonradez. Por el contrario, el sistemaen sus lineamientos generales, está

diseñado, de tal manera, que no es laeducación, la capacitación y losvalores éticos, lo que determina eléxito o el fracaso para el acceso a loscargos públicos, sino que más bien sedepende de la “palanca política”.

Para continuar y ascender en un cargopúblico, se depende de la intriga, delcallar y otorgar, de la lealtadincondicional al jefe y no a lainstitución; en fin se estructura unsistema no para que la administraciónpública cuente con funcionarioseficientes, sino por lo contrario,mediocres en el desempeño de susfunciones, aunque seguramente muyútiles, no para servir de apoyo a losintereses de la institución, sino másbien a los intereses particulares delpadrino político.

Esta situación impide la aplicación delos modernos principios deadministración, que tan buenosresultados han dado en la empresaprivada, donde se administra deacuerdo a objetivos y donde se da unambiente participativo, valorando yestimulando a la persona como algofundamental, para el buen desempeñode la empresa.

Quien ejerce el rol de “palanca” comoquehacer cotidiano, naturalmenteexige una contraprestación, que vadesde el engrosamiento de votoscautivos que se recaudan cada dosaños, hasta la ingerencia directa en lacontratación pública, mediante la


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aplicación del moderno diezmo, del“miti-miti” o del “treinti-treinti-treinti”, que se ha filtrado a la opiniónpública, y que es una prácticacotidiana de nuestro régimen político.

Todos estos fenómenos estánindicando que en el país hay una muyestrecha interdependencia entre elmanejo político y el manejo de la cosapública. Los políticos regionalesconsolidados al disponer de unelectorado cautivo, lo utilizan ya nosólo para perpetuarse en el Congreso,sino también para negociar el apoyo alas candidaturas presidenciales y entodo caso para exigir al poder centralel dominio local de las empresaspúblicas.

La repartición burocrática de lasentidades públicas, está tan integradaal “modus operandi” de la adminis-tración del Estado, que el criterio denombramiento de funcionarios tieneuna connotación de repartición entrefacciones políticas. La gobernabilidadse estructura en torno a la reparticióndel botín burocrático.

Las intrigas y las pugnas entre los ca-ciques y los mandos medios locales nopocas veces redundan en unafrecuente rotación en la dirección y enla planta de personal, de empresasproductoras de bienes y servicios o enorganismos del Estado, lo que creauna ideología en el funcionario tipoque llega a estos establecimientos, del“cuarto de hora”, de exprimir en lo

que pueda a la administración pública,siempre con un sentido de beneficiopersonal o de grupo, pero menospensando en el interés de la comunidado de la entidad a la que pertenece.

Los barones electorales desde hacemucho tiempo han resuelto elproblema que en su momentoatormentó a Echandía: ¿El poder paraqué? El clientelismo ha llegado a talgrado de inmoralidad, nepotismo ydesidia, que el pueblo para ellos se haconvertido en sinónimo de rebaño, aquien sólo vale la pena tener en cuentaen periodos electorales.

El clientelismo al dominar a entes yempresas del Estado, las atrofia y lashace ineficientes operativamente,haciendo casi imposible el desarrollode políticas y programas a mediano ylargo plazo, primando entonces lamiopía administrativa, las políticascortoplacistas y el criterio que en nopocos casos linda con interesesoscuros, de sacar el mayor provechoposible de una entidad o una empresa,a donde se ha llegado (no por el méritopersonal) y donde sólo se puedepermanecer por un favor político.

Se establece un sistema que niega poresencia la eficiencia y que educa a lo-bos, para luego darles a cuidar unrebaño y por ello no es casual laquiebra, el déficit y la ineficienciageneralizada del sector público. Laineficiencia del Estado, encuentra sucausa fundamental en el clientelismo,

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siendo por tanto prioritario, removereste obstáculo.

La separación de las clientelas políticasparasitarias, del manejo del sectorpúblico, de por si representa unarevolución administrativa en lasociedad colombiana, significa unamodernización para el Estadocolombiano, una ampliación de lademocracia y un incremento en lacobertura, cantidad y calidad de losbienes y servicios que pueda producirdirectamente el Estado, es decir unaredistribución del ingreso.18

El cambio en el régimen adminis-trativo del Estado colombiano, seconstituye en una esperanza paralograr el mejoramiento en el nivel ycalidad de vida de millones deciudadanos y en estos momentos seconvierte en la reivindicación socialmás importante y de ampliasdimensiones.

Eliminar el clientelismo permitiríasalvar ingentes recursos que soncarcomidos por el parasitismoclientelista, y potenciaría el despegueeconómico y social del país, al permi-tir que los recursos fluyan por loscauces de la eficiencia y la honestidad,redimensionando el significado de lapolítica y obligando a los partidospolíticos a modernizarse y reestructu-rarse.

La eficiencia del sector público,19 nosólo beneficia a los sectores más pobres

de la población sino que se constituyeen un elemento dinamizador de espe-cial importancia para el conjunto de laeconomía, potenciando así también eldesarrollo del sector privado, al ofre-cerle una mejor infraestructura de fe-rrocarriles, puertos y carreteras, o desuministrarle insumos descargados delos sobrecostos de la ineficiencia, ofre-ciéndole de esta manera la posibilidadde reducir costos, mejorar su eficienciay ser más competitivos en los mercadosinternacionales.

Las fuerzas armadas y la seguri-dad democrática: el monopolio dela fuerza militar es una de las carac-terísticas principales de un Estadomoderno y su constitución en Euro-pa y Estados Unidos, casi siempreestuvo precedida de revoluciones yguerras civiles, hasta llevar a la de-rrota de poderes alternos locales oregionales. Las fuerzas armadas,constituyen el soporte armado delpoder20, cumplen un papel dedisuasión y de represión, cuyo ob-jetivo fundamental es mantener elorden constitucional existente.

Es de aceptación universal que laseguridad interna de una nación y laprotección de las fronteras debe sermonopolio del Estado21. Sin embargoen Colombia en contra de lascorrientes del pensamiento universal,y sobretodo desde mediados de ladécada de los ochenta, ha venido enconstante expansión el fenómeno delo que se ha llamado el paramilita-


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rismo, el cual en no poco grado hacrecido y se ha fortalecido a la sombrao bajo la indiferencia del Estado.

Es claro que cuando una sociedad ensu desarrollo no logra integrar asectores importantes de la población,engendra conflictos, contradiccionesy desigualdades, lo que a su vez tiendeha generar fenómenos sociales quepueden ir desde revoluciones, hastaprocesos de reforma o conflictosarmados.

En Colombia la falta de resolución delproblema agrario, permitió la creacióny el fortalecimiento de unas guerrillasrurales, las cuales a su vez se van aver fortalecidas con el auge del fenó-meno del narcotráfico, la agudizaciónde la corrupción y la crisis económicapor la que atraviesa el país.

La legitimidad de la represión a losgrupos armados por parte del Estado,se ha venido perdiendo, dada lasviolaciones a los derechos humanosque se han presentado al interior delas mismas fuerzas armadas, peroespecialmente por la presencia yfortalecimiento de los grupos para-militares.

La masacre a la Unión Patriótica,independiente de quien la hayaejecutado, de hecho estableció unmensaje de la forma posible de realizarla oposición política en Colombia, loque llevó a la polarización del país y aincentivar la oposición armada frente

al régimen, y a moldear elenfrentamiento bajo la forma de“guerra sucia”.22

El paramilitarismo entonces, se haconvertido en una fuerza que atiza laviolencia y que en lugar de debilitar,ha contribuido al fortalecimiento delos grupos armados en Colombia, puessi bien es cierto que en algunas zonasgeográficas ha logrado desplazar afuerzas guerrilleras, no menos ciertoes que en términos globales se hafortalecido la oposición armada anteel accionar de estas fuerzas ilegítimas,en detrimento de la sociedad en suconjunto.23

La oposición de Estados Unidos a lasfuerzas paramilitares y a la violaciónde los derechos humanos se explicaen que la experiencia les ha mostradoque las alianzas con ejércitoscorruptos, que no respetan ningunanormatividad, es el camino que sueleconducir a una segura derrota.

Así como un gobierno necesita de lalegitimidad que le da el sufragio uni-versal, un ejército requiere legitimarsefrente a la sociedad, ejerciendo larepresión dentro de unos marcos delegalidad, legitimidad y eficiencia, sindejarse arrastrar por las tentaciones dela corrupción, el enriquecimientoilícito, o las alianzas no santas confuerzas irregulares.

Las causas de los conflictos sociales yla crisis en que se halla sumida la

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sociedad colombiana, es responsa-bilidad en primera instancia de la élitebipartidista en el poder, que alcombinarse con unas fuerzas armadas,que han sido permeadas por losmismos vicios de corrupción queafectan a la sociedad civil, nos hanconducido al estado actual, donde elmonopolio de las fuerzas armadas seve cuestionado cada vez más por unasfuerzas guerrilleras y paramilitares,frente a una sociedad atónita que nologra vislumbrar una clara estrategiapolítica para revertir el proceso.24

El fracaso de negociación con lasFARC del gobierno Pastrana, dejóflotando en el ambiente una estrategiade la guerrilla, de utilizar la zona dedistensión y la negociación, no parallegar a acuerdos de paz, sino parafortalecer su lucha armada.25

La reacción de la opinión pública fuela votación masiva por el candidatoque ofrecía dentro de su programa degobierno una confrontación directa alas organizaciones armadas, especial-mente a las FARC. Ya en el ejerciciodel poder, el nuevo gobierno estable-ció el Plan Nacional de Desarrollo2002-2006, “Hacia un Estado Comu-nitario”, donde su eje fundamental, loconstituye la seguridad democrática.

A año y medio del gobierno delPresidente Uribe, independientementede su limitada visión de seguridaddemocrática26, los resultados en losindicadores de violencia son claros:

reducción sensible en el secuestro,las masacres, el desplazamientoforzoso27, los asesinatos a sindicalistas,etc., lo que se explica por un mayorcompromiso y capacidad de fuego delas fuerzas armadas, acompañado deun proceso de depuración en contrade la corrupción interna y sus nexoscon el narcotráfico y la delincuenciacomún, así como también por elproceso de negociación con lasautodefensas o grupos paramilitares.

Este último tópico es bien complejo,pues sin lugar a dudas, la prolifera-ción de estos grupos armados, contri-buyen en buena proporción a atizar elclima de violencia, generando unospoderes locales al estilo feudal, que losconstituye en “señores de la guerra”,con sus secuelas de desplazamientosforzosos, asesinatos, concentraciónen la propiedad de la tierra,“paraimpuestos” a las actividadesproductivas y la polarización delconflicto armado, dentro de sus carac-terísticas de guerra sucia.

Lo que se ha demostrado en esteprimer periodo del Presidente Uribe,es que las fuerzas armadas, dentro deun contexto institucional, pueden sermucho más eficientes en el conflictoarmado, que acudiendo a alianzas“non santas” que las deslegitiman.

La guerra sucia, viene acompañadade un proceso de acumulación decapital, bajo las formas de narco-tráfico, secuestros, expropiación-


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desplazamiento forzoso, que generauna verdadera situación de caos en ríorevuelto y que beneficia a sectoresoscuros en las fuerzas armadas y enlas élites de poder. Las autodefensasque han atizado el fuego de la violen-cia, han surgido y han crecido, nosolamente a la sombra de algunossectores de las fuerzas armadas, sinotambién de sectores prestantes de lasélites dominantes28, han sido la aman-te del régimen político.

Superar la guerra sucia en Colombia,requiere de la desarticulación de lasautodefensas. Un escenario simplifi-cado del conflicto armado, fuerzasinstitucionales-guerrilla, podría quitar-le las características de guerra suciaal conflicto, legitimar la acción repre-siva del Estado, ganar apoyo interna-cional y acercar más las posibilidadesde acuerdos con la guerrilla.

Hasta ahora en la negociación delEstado con las autodefensas, comocondición para un proceso exitoso seha puesto de presente la aprobación dela Ley de alternatividad penal, pero aúnno está muy claro hasta qué punto sereversarán los procesos de concen-tración y apropiación de tierras, se acla-rarán los crímenes de lesa humanidad,la indemnización de las víctimas y lasgarantías para que en el futuro se repri-ma cualquier intento de surgimiento deeste tipo de grupos armados.

Para que la desmovilización de lasautodefensas, vía negociación se

constituya en un proceso irreversible,se requiere de unas fuerzas armadasdepuradas, fortalecidas e institucio-nalizadas29, combinadas con unimparcial y eficiente sistema dejusticia, que garanticen hacia el futurola no tolerancia por parte del Estadoen su conjunto, frente a los nuevosintentos de crear otros grupos deautodefensas, por nuevos actores,incentivados por el narcotráfico osimplemente por las posibilidades deacumulación violenta de capital, quepermite el poder armado en unaregión.

El cese de la violencia, exige de unacuerdo que comprometa a todos losgrupos armados, sin embargo si elgobierno del Presidente Uribe, logradesmovilizar unilateralmente a los gru-pos paramilitares, se habrá dado unpaso importante en el proceso de paz,quitándole presión al conflicto arma-do, generando nuevas y favorablescondiciones a un futuro gobierno paraconcertar la paz y en todo caso sehabrá corregido en parte el errorhistórico del Estado colombiano dehaber sido tolerante en ceder elmonopolio de las fuerzas militares.

3. El poder legislativo y lospartidos políticos

Para que las iniciativas económicas,políticas o sociales tengan éxito, tienenque ser aprobadas por el legislativo,lo que a su vez requiere lograr las

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mayorías parlamentarias, en lo que seha denominado “la gobernabilidad”del país.

La estructuración de la goberna-bilidad, se realiza mediante un proce-so de repartición burocrática delpoder, donde el partido ganador sequeda con la mejor parte del botín,cediendo a la vez parte del mismo alpartido minoritario, supuestamente enla oposición.

El poder legislativo en Colombia atra-viesa por una aguda crisis. El Congre-so Nacional no es el lugar o la tribunadonde se debaten los problemasfundamentales del país; o el lugar don-de se gestan las transformacioneseconómicas, políticas y sociales de lanación, donde incluso es prácticaestablecida que el voto para aprobariniciativas de gobierno, se negocie porprebendas con el ejecutivo.

Los partidos políticos en Colombia sehan convertido en los agenciadores demicroempresas electorales, enorganismos –como lo dice GómezBuendía–, que se reducen y seestructuran en torno a una únicapolítica: la de ganar las elecciones.Estos partidos carecen de visión delfuturo, de grandeza, de gloria, deambiciones y ni siquiera encarnanesperanzas, sus políticas y estrategiasse rigen por el lucro personal.

El trabajo constante y creativo, noentra dentro de sus características,

más bien, sus actividades se reducena cocteles y actos sociales, o a reunio-nes que definen aspectos de la inme-diatez de la política, de los acuerdos,de las alianzas, de las listas, sin que sedefinan estrategias colectivas, parasacar al país del subdesarrolloeconómico, político y social.

El país político, huérfano de dirigen-tes, ha tenido que convivir en unaépoca oscurantista y de mediocridada lo largo ya de varios lustros. Lospolíticos, que han llegado a la presi-dencia de la República desde el frentenacional (con las excepciones deCarlos Lleras Restrepo y AlbertoLleras Camargo), no han llegado a lamitad de su gobierno, y a veces nisiquiera a los primeros cien días,cuando ya tienen el sol a sus espal-das, cuando ya en la población y elelectorado, cunde la pesadez delcontinuismo y de la desesperanza, yen las conciencias empieza hacermella, la frase de siempre de losabstencionistas: “todos son iguales”.30

De esta manera los partidos políticosdejan de ser los voceros de corrientesde opinión y por lo tanto dejan de seralternativa en cuanto a la gestión de laadministración pública, lo que incidedirectamente en que los electores noencuentren diferencias, entre el sinnú-mero de listas y candidatos que lo pro-meten todo en una carrera demagógicay populista, para finalmente nocumplir nada.


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El clientelismo al desvirtuar el debateelectoral, lo único que le estáofreciendo a sus electores, es queelijan a quienes en los siguientes añosse van a dedicar al saqueo de los bienespúblicos.

El clientelismo a nivel específico delpoder legislativo, al convertir a lospartidos políticos tradicionales, elliberal y el conservador, en simplesmaquinarias electorales, tiene laconsecuencia adicional de llevarlos ala crisis ante su imposibilidad deservir de locomotora para el cambio,de ser agente de las reformas y de lasdirectrices que a cada momentorequiere la nación.31

Sin embargo, la actual coyunturapolítica del país, muestra que ante lacrisis de los partidos tradicionales, hansurgido nuevas fuerzas políticas ypartidos en proceso de constitución,con bríos renovadores.

La alcaldía de Bogotá con lasadministraciones Mockus, marcaronuna quiebra regional de la hegemoníabipartidista liberal-conservadora y unasuperación temporal del clientelismo,que se puede ver afianzada con losresultados electorales del pasado 26 deoctubre. Los cambios observados enla ciudad son evidentes, sutransformación urbana y los logrosalcanzados en pocos años, sonnotorios frente a las administracionesbipartidistas anteriores y para alcanzarestos resultados, sin lugar a dudas una

buena proporción, se debe el manejotransparente de los recursos públicos.

La crisis del bipartidismo, no solo seexpresa en el fenómeno Bogotá, sinoque empieza a marcar una tendencia,de preferencias del electorado poropciones distintas al bipartidismotradicional y que en la actualidadcomprende a las ciudades másimportantes del país: Bogotá, Calí,Medellín y departamentos como elValle del Cauca, lo que sumando supoblación, se puede acercar a la mitaddel país, que en estos momentos noestán siendo gobernadas por lospartidos tradicionales.

Reforma a los partidos políticos: elcongreso ha sido envilecido por lapolítica clientelista, haciendo entrar encrisis a la misma institución y porende, distorsionando al conjunto delrégimen democrático y restándolepotencialidades al desarrollo económi-co. Para el país se convierte en unatarea prioritaria reformarlo, para darla posibilidad a los electores de elegira sus representantes, sin los intrinca-dos mecanismos actuales decorrupción.

El fin del clientelismo es requisitoindispensable, para que se puedaadministrar eficientemente al sectorpúblico, de crear una sociedad quebrinde igualdad de oportunidades a susciudadanos. La extirpación delclientelismo, significa la renovaciónpolítica del país, sin la cual es imposi-

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ble, adentrarse con determinación porlos senderos de una sociedadigualitaria.

La esencia de la política clientelista,como la de cualquier empresacomercial, es el lucro, y mientras laélite política tenga abierta la posibilidadde apropiarse de los dineros públicosen las cantidades suficientes, que lepermitan perpetuarse en el poder yacrecentar sus riquezas, seguiránimplementando sus políticas y seaferrarán a ese poder, en una dinámicade auto conservación, o de defensa desus privilegios.

En la medida que se tomen loscorrectivos necesarios que garanticenel alejamiento del control mercantilistaque ejerce la élite política sobre la cosapública, en igual medida se le iráquitando rentabilidad al negocio de lapolítica, y no teniendo los medios olas posibilidades de hacerse a lasgerencias, y a las juntas directivas delos institutos descentralizados, o de lasempresas industriales y comercialesdel Estado, o de las instituciones debeneficencia, o de las cajas deprevisión social, en igual medida, notendrán la posibilidad de lucrarse através de contratos leoninos, dedesfalcos, de recibir dádivas, o detraficar con influencias.

En fin, quitándoles la fuente por dondedesangran al sector público y que seconstituye en el factor de rentabilidaddel quehacer político clientelista, no

tardaría en secarse de igual manera lafuente de corrupción, y la razón deser de ese mismo negocio.

Separar a la élite política, de laadministración de la cosa pública, anuestro modo de ver, se constituye enun objetivo esencial, que debe abocarla reforma del Estado, lo cual necesa-riamente tiene que estar muy estrecha-mente relacionado con la transforma-ción de los partidos políticos, así comotambién con la reforma y reglamenta-ción de la carrera administrativa,donde en adelante, las gerencias,direcciones, composición de lasjuntas directivas, no dependan, delnombramiento del político de turno,sino que se realicen mediante unareglamentación, con unos mecanismosde selección, que se estructuren conbase a la educación, capacidad eidoneidad de los individuos.

La reforma a los partidos políticos, esrequisito esencial, para poderreformar al Estado, pero sabemos, quela modernización depende en lo fun-damental de ellos mismos, de suestructuración y dinámica interna, desu capacidad de organización y de darrespuestas colectivas, a lasnecesidades más sentidas del país.

La reforma del Estado debe ofrecer laposibilidad a los partidos políticos demodernizarse, de superar los viciosclientelistas, de democratizarseinternamente y lograr una cohesión eidentificación partidista en base a


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ideologías, a proyectos y programasde gobierno y no a prebendas comosucede en la actualidad.

Para lograr este objetivo se requiereestablecer como norma constitucionalun Estatuto de los Partidos Políticos,que los obligue a establecer una orga-nización centralizada, orientados aterminar con las microempresas elec-torales, creándoles responsabilidadesprogramáticas, una estricta reglamen-tación de inhabilidades y reformandoel mecanismo de los avales para todoslos cargos de elección popular.

A nivel específico del Congreso comoinstitución, se hace necesario dejarestablecido en la Constitución laprohibición de reelección de losparlamentarios, la abolición de todoslos privilegios salariales y pensionales,nivelando el régimen con los demásservidores públicos.

4. El poder judicial

En Colombia, la rama del poderpúblico, que se encuentra en lascondiciones más lamentables, es larama judicial, que se caracteriza porsu ausencia; es decir por la impuni-dad, que se determina por la violen-cia sistemática ejercida por elnarcotráfico, por la desidia y el aban-dono del Estado que la ha llevado alímites extremos de ineficacia, por elsoborno a que se han hechopermeables muchos de sus funciona-rios, a la desmoralización causada por

la desprotección y el asesinato de susmiembros más honestos, en fin a todaesta serie de fenómenos que hanrepercutido a que simplemente en elpaís no exista justicia.

A primera vista puede parecer muyapresurada una afirmación tan tajantea este respecto, pero si analizamosdetenidamente las cifras, nosencontramos que más del 90% de losdelitos de sangre que ocurren en elpaís y que comprenden asesinatos,matanzas, genocidios, atentados yotros, permanecen en la impunidad.

Los delitos civiles, que van desde losmás cuantiosos, realizados directa-mente por importantes grupos depoder, permanecen en entredicho.Los casos de juzgamiento por enrique-cimiento ilícito, son contados en elpaís, pero vale la pena preguntarse sia la clase política clientelista, le puedeinteresar fortalecer un sistema dejusticia, donde de acuerdo a susprácticas corruptas, ellos serían losprimeros candidatos a ser juzgados.

Los procedimientos que tienen que vercon juicios ordinarios, y que afectanmás comúnmente a amplios sectoresde la población, se acumulan en losjuzgados y se ha vuelto costumbre, quelos afectados tengan que soportarpacientemente la espera de varioslustros para obtener un fallo definitivoen un juicio de sucesión, una disputaen la propiedad, un juicio laboral o unjuicio divisorio.

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La hipertrofia, el atraso, la corrup-ción, que en muchos aspectos es laconsecuencia de la desidia del mismoEstado para con el sector, ha llevadoa una incredulidad generalizada porparte de la población en su sistema dejusticia, que se expresa, en la actitudmuy extendida, de no acudir a lostribunales, unas veces con la resig-nación dolorosa pero preferible desoportar la afrenta, cuando ademásse sabe de antemano la pesadillakafkiana que a diario hacen sufrirlos burócratas en los ineficacesestrados judiciales y las pocas posi-bilidades que existen para que alfinal de cuentas se haga justicia, yotras veces bajo la peligrosa ideolo-gía que se ha venido expandiendocada vez más de “realizar justiciapor su propia mano”.

En un régimen democrático, elservicio público más importante, es elde la justicia, donde el abandono a esteservicio, significa de hecho, larenuncia del Estado a cumplir los máselementales y sagrados derechosconstitucionales de protección a lavida, bienes y honra de los ciudadanosy desarrollar la gestión pública concriterios de lograr el bien común.

La crisis del sistema de justicia es laforma más expedita que encuentra unasociedad de llegar a la arbitrariedad,a la corrupción, a la violencia genera-lizada o para no salir de ella. Laausencia de justicia significa que elEstado ha decidido conciliar con la

impunidad, permitiendo el predomi-nio de la violencia y corrupción,ejercida por grupos delincuenciales opor grupos privilegiados, en detrimen-to del conjunto de la sociedad.

En Colombia, el Estado ha mantenidoen abandono al sistema de justicia, yen tal sentido ha contribuido a generarel clima de violencia, corrupción eimpunidad por el que actualmenteatraviesa el país. La carencia de justiciaen combinación con el fenómeno delclientelismo y sus secuelas deviolencia y conflicto armado, seconvierten en los elementosdeterminantes que originan la crisisactual del Estado Colombiano.

Para cualquier observador despreve-nido, le resulta incomprensibleel abandono secular del Estado paracon el sistema de justicia, dondeaparentemente las causas estarían enla carencia de recursos.

En realidad, allí no residen los proble-mas, baste decir que con una mínimaparte de las sumas destinadas a salvarel sistema financiero, seria suficientepara modernizar el sistema judicial,donde su debilidad se explica por lamisma estructuración clientelista delrégimen político colombiano, que hainstitucionalizado la corrupción y portanto está impedido estructuralmentepara fortalecer la justicia.

La ineficacia en la administración dejusticia, en muchos casos no se debe a


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la falta de recursos, o a la falta demecanismos institucionales pararealizar el control, sino más bien a lasprácticas dolosas agenciadas por elclientelismo, de convertir a lasinstituciones encargadas de controlarla gestión pública, también en fortinesburocráticos y corruptos, donde losintereses de grupo, priman sobre elinterés colectivo, convirtiéndose estasinstituciones en cómplices pasivos delmal manejo de los recursos públicos acambio de prebendas o participaciónen el botín.

La creación de la fiscalía y lasreformas a la justicia introducidas porla administración Gaviria, fueron unpaliativo, donde el problema de fondoha quedado sin resolver.

Aunque no se encuentren directamen-te dentro de la rama del poderjudicial, dentro de nuestras institucio-nes, existe una Contraloría, que enteoría tiene como funciones velar porel adecuado manejo de los bienes pú-blicos y existe una Procuraduría,encargada de investigar y sancionar alos funcionarios públicos, ya sea poromisión o extralimitación de susfunciones; pero ya sabemos en lo quehan terminado estas instituciones, enmanos de la política clientelista,donde han desnaturalizado sus funcio-nes, convirtiéndose en institucionesformales, manejadas por la misma élitecorrupta, siendo por tanto ingenuopensar que ellos se van a controlar así mismos.

El panorama desolador de la justicia,del poder legislativo y del saqueo delos bienes públicos, sumado a lacadena interminable de asesinatosrealizados por los grupos armados,llámense guerrilla, autodefensas oparamilitares con la orquestación delnarcotráfico, contra periodistas,jueces, políticos y funcionarios, quehan demostrado lealtad al régimen dederecho, generan un clima deintimidación, propio de los regímenesabsolutistas.

Todo lo anterior nos lleva a concluir,que en Colombia, sólo existe unademocracia formal, una democraciade papel, escrita en su Constitución ysus leyes, pero que en manos dequienes en primera instancia tendríanque cumplirla y hacerla cumplir, porencontrarse al frente de los poderespúblicos, son los primeros en violarlasy manipularlas para su propiobeneficio, constituyéndose de estamanera el clientelismo, en unaburocracia corrupta, conformada porlos partidos liberal-conservador y quehoy en día se convierten en la trabafundamental, para el desarrollo de unademocracia real en el país.

Reforma a la justicia: la reformafundamental, es la reforma a la justi-cia, que significa fortalecer a unsector, de primera importancia parael desenvolvimiento armónico decualquier sociedad civilizada.

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La justicia es el único sector, al que sele puede privilegiar en un régimendemocrático, y aunque a primera vistano lo parezca, es la inversión másrentable que puede realizar el Estadoen Colombia, con la absolutaseguridad que ello va a redundar, enla sensible disminución de las prácticascorruptas y despilfarradoras derecursos de la administración pública,en atemperar los espíritus violentos(aún del ciudadano común y corriente)que en estos momentos forma lasociedad colombiana; en disminuir laola de secuestros, de masacres, degenocidios, de narcotráfico, que lentae insensiblemente, nos está llevando auna sin salida, que sólo puededesembocar en una guerra civil o enla disolución de la República.

De qué vale la educación primaria parala mayoría de nuestra juventud en edadde formación, si día tras día estamosconviviendo con la muerte, lacorrupción, la violencia, que ya casini conmueve a los espíritus, en unasociedad que llega a límites extremosde indulgencia, corrupción eimpunidad. De qué vale tratar demejorar un sistema de salud pública,en una sociedad, donde la primeracausa de muerte, tiende a ser elasesinato.

¿De qué vale la riqueza, si a cada pasose corre el riesgo de perder la libertado la vida, víctima de las mismasinjusticias e iniquidades, fomentadasa lo largo de muchos años por la élite

política corrupta colombiana? Lajusticia no tiene precio y su valor esinfinito en una sociedad que realmentequiera ser democrática, así que losdineros públicos, deben garantizarprioritariamente, los recursos querequiera. Este sagrado deber de losgobernantes y a la vez sagradoderecho de los ciudadanos, así elloimplique, el recorte de gastos en otrossectores.

La justicia como servicio públicogratuito o subsidiado, sólo debe sersuministrada a los sectores de lapoblación de bajos ingresos, peroquienes tengan una adecuadacapacidad de pago, deben cubrir loscostos en que incurre el Estado, parael diligenciamiento de cualquierproceso judicial.

La fijación de tarifas para los proce-sos civiles, el establecimiento de mul-tas por delitos leves y la penalizaciónmixta de cárcel y multas para todoslos demás y de acuerdo a la magnituddel delito y a la capacidad de pago deldelincuente, son alternativas que sedeben estudiar, y que muy factible-mente pueden conducir, a que lamisma rama judicial produzca unos in-gresos, que le permitan su autofinan-ciación en una buena proporción.

Romper con la impunidad, requiere deun esfuerzo integral, para resolver losgraves y múltiples problemas queaquejan a la rama judicial, no sóloproporcionándole los recursos


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necesarios, sino también, dándole lasgarantías y la relevancia de susfunciones por parte de la naciónentera.

A la justicia, se le debe dotar de unainfraestructura adecuada para laprotección de sus funcionarios, y elejecutivo debe fortalecer las institu-ciones especializadas en la escala yen la medida que las circunstanciasdel país lo permitan, a la rama judi-cial, estableciendo una dinámica dearmonía, complemen-tariedad y so-bretodo de independencia y solida-ridad, entre los diversos poderespúblicos. La carrera administrativaen todos los niveles de la rama judi-cial es un imperativo, para romperel tráfico de influencias e interesesno santos, que se generan con losactuales mecanismos de elección enlas altas cortes.

La Fiscalía32, Contraloría y laProcuraduría, deben ser dotadas yestructuradas, para que realmentecumplan sus funciones acusatorias,fiscalizadoras de las finanzas delEstado, y del buen comportamiento desus funcionarios. Quitarle la prerro-gativa a los parlamentarios de incidiren la elección del fiscal, del contraloro del procurador, para darle paso a laelección popular, se convierte en laconsecuencia necesaria del abuso,amancebamiento y corrupción, que hahecho de ésta práctica, la clientelabipartidista.

5. Alternativas de reformaspara superar la crisisinstitucional del Estadocolombiano y el proceso depaz

La coyuntura histórica por la queatraviesa el país, presenta un ambienteadecuado para el impulso de políticasreformistas, pudiéndose decir que seha llegado a un punto, donde el Estadoya no se puede seguir gobernando conla política clientelista y los ciudadanosno están dispuestos a continuar siendogobernados por el clientelismo,vislumbrándose por tanto una épocade cambio y de transformacionessociales, que a su vez son prerrequisitopara un adecuado desarrolloeconómico y social del país.

Sin embargo, los conflictos sociales enColombia han llegado a un punto deno retorno, donde una salida distintaa la guerra civil o la barbarie,necesariamente tiene que pasar por unproceso de reformas.

La misma carencia de partidos moder-nos, ha llevado a que las corrientes deopinión y los planteamientos parareformar al Estado, se tengan quegestar en procesos de negociación conlos actores armados.

Es precisamente en este escenario,donde pueden surgir las reformascomo puntos de acuerdo entre las

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fuerzas enfrentadas, que permitansuperar el conflicto armado y a la vezdemocratizar el régimen, eliminandolos privilegios de una casta parasitaria,para por esta vía mejorar lascondiciones de vida de las clasesmenos favorecidas.

Un proceso de reforma para un Estadoen crisis, superando el conflictoarmado, se constituye en el elementocatalizador para permitir el desarrollodel país en un contexto de justiciasocial y redistribución del ingreso.

Los temas para lograr un acuerdo sonperfectamente negociables para ambaspartes, donde por ejemplo la reformaagraria hay que contextualizarla nonecesariamente como un proceso deexpropiación, sino como un procesode recuperación y redistribución, queal mejorar la calidad de vida deamplios sectores de la poblacióncolombiana, se constituyen en un fac-tor de ampliación del mercado internoy de pacificación en las áreas rurales.

La reforma del Estado colombiano asímirada, se constituye en una necesidadhistórica que le interesa a todos lossectores de la sociedad colombiana yen requisito indispensable para quenuestro país se constituya en unanación productiva y competitiva.

El proceso de paz y las reformaspolíticas: la situación política actualpor la que atraviesa el país, manifiestatodos los síntomas de que nos

encontramos en un terreno abonado,con condiciones muy favorables paraque la sociedad en su conjunto, seadentre por los caminos del cambio,dirigidos hacia la igualdad y elprogreso social.

Este fenómeno, que se debe analizarcomo un proceso histórico, que hadesembocado en la creación de unaconciencia muy ampliamenteextendida en la opinión pública de lanecesidad de reformas y denegociación con los actores armados.

Para que las reformas adquieran lascaracterísticas de pacto social, de quehablaba Rouseau, se hace necesarioque mediante la apertura de un ampliodebate nacional, se determine, cuálesson las fuerzas vivas de la sociedadcolombiana, cuáles son las fuerzasrepresentativas, que se puedanconstituir en sindéresis, que arrojecomo fruto, una nueva ley fundamen-tal, que a su vez se convierta en unosnuevos principios, con característicasde pacto social, que permitan undesarrollo armónico, en lo económico,político y social del país.

Del fracaso de la zona de distensióncon las FARC, se ha pasado a unproceso de negociación por parte delactual gobierno con las autodefensasparami-litares, encaminado a sudesmovili-zación. El abierto o condi-cionado apoyo a este proceso porparte de Naciones Unidas, la OEA, losEstados Unidos y la apertura de


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audiencias públicas en el Congreso dela República, abren un posibleescenario de concreción de acuerdosde desmovilización con losparamilitares, seguidos de unainevitable negociación por parte deeste o del siguiente gobierno con losgrupos guerrilleros.33

La reorientación del gasto público: elpunto culminante de un acuerdo depaz, se puede dar sobre la reorien-tación del gasto público en unescenario de largo plazo, 3 periodospresidenciales por ejemplo.

El Estado Colombiano tradicionalmen-te ha destinado una buena proporciónde sus recursos, para ser invertidos enactividades productivas, que seconsidera inciden sensiblemente en eldesenvolvimiento de la actividadeconómica en su conjunto.

El Estado se ha orientado al desarrolloeconómico a todo trance, olvidándoseque el hombre es el recurso productivomás importante en cualquiereconomía, pues a la postre lasdeficiencias en políticas de bienestary seguridad social, de olvido a unservicio público tan importante comoes la justicia, van generando un climade violencia, de descomposiciónsocial, que finalmente sólo puedeconducir a la guerra civil generalizada,a las reformas o a la barbarie, siendola primera y sobretodo la últimaalternativa, de un costo social yeconómico demasiado alto.

Es evidente que dentro de lascaracterísticas actuales del predominioclientelista, en la administración delsector público, puede parecer másprovechosa una política que oriente elgasto a incentivar la actividadeconómica privada, que darle unaorientación social a la inversión,cuando de antemano se saben los al-tos costos que significa laintermediación parasitaria de la clasepolítica.

Pero también debe ser evidente que sise logra superar el estado de corrup-ción generalizado y se introduce laeficiencia para que el sector públicose desarrolle con los niveles deproductividad adecuada, su fortaleci-miento es fundamental para el desa-rrollo económico y social del país.

La reorientación del gasto público sehace necesaria, para superar el limi-tado y a veces nocivo papelpaternalista que el Estado ha jugadodentro de la economía, para dar pasoa un Estado eficiente que cree condi-ciones adecuadas al desarrollo de lainiciativa privada, no mediante subsi-dios, sino mediante la creación de unaadecuada infraestructura a nivel delíneas férreas, puertos, canalesnavegables, electrificación, comu-nicaciones, que al adquirir unadinámica expansiva, le permita alpaís, ampliar su mercado interno,ampliar la frontera agrícola, abaratarcostos en los transportes, en lospuertos, para así posibilitarles más el

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desarrollo a la industria local y lacompetitividad a los exportadores.

Una red de ferrocarril que una losterritorios nacionales en la sola regiónde los llanos orientales, con el interiordel país, de por si se puede constituiren la redención de una de las zonasmás olvidadas, al permitir el desarrollode la colonización en gran escala, y alposibilitar el acceso a tierra a muchoscampesinos, en volúmenes muysuperiores a los que en cincuenta añosno se han hecho, con la tímida reformaagraria.34

Colombia atraviesa por un periodohistórico de desarrollo expansivo y noexiste un sólo país en el mundo que sehaya industrializado, sin que el estadono haya jugado un papel de vitalimportancia en sus primeras etapas dedesarrollo, ya sea mediante la creacióny ampliación de una infraestructura entransporte, puertos y comunicaciones,ya fuere mediante la apertura demercados externos bajo la accióncombinada de la marina de guerra yla diplomacia.

La tasa de crecimiento promedio delos últimos 25 años35, para un país endesarrollo como Colombia, a todasluces es insuficiente y si nos vamos acomparar es mejor hacerlo conNorteamérica o con los países deEuropa Occidental, Rusia o Japón, queen sus periodos iniciales deindustrialización, lograron tasas decrecimiento de dos dígitos, sostenidas

a lo largo de varios lustros, y no tenerel consuelo de tontos de que en otraslatitudes y países del tercer mundo seestá peor.

Si se quiere asumir el reto hacia elfuturo, para hacer de Colombia un paísdemocrático y desarrollado, tenemosque pensar primero que todo enmodernizar el Estado, sacarlo delpantano de corrupción en que seencuentra sumido, para posteriormen-te reorientar el gasto público hacia dosobjetivos fundamentales.

El Estado debe intervenir en lasactividades productivas, en sectoresque se consideren clave para incentivarel conjunto del desarrollo económicodel país y que propenda por laredistribución del ingreso, ysimultáneamente por inversionesmasivas orientadas a satisfacer lasnecesidades de los sectores más pobresde la población, en educación, salud,servicios públicos baratos y otros deinterés social.

Constituir la desventaja de Colombiacomo país paria a nivel internacional,en una ventaja mediante la eliminacióndel narcotráfico dentro de un procesode negociación, con la comunidadinternacional, tiene gran flexibilidaden el potencial de adquisición derecursos frescos y de renegociaciónde la deuda externa.

La comunidad internacional y princi-palmente los Estados Unido tienen un


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interés directo sobre la evolución delnarcotráfico en Colombia, los gastosque asumen anualmente para la inter-dicción en sus fronteras es cuantioso,de allí que un proceso de negociaciónque pase por la opción de erradicar elnarcotráfico en nuestro país, queimplique la opción de negociar con losnarcotraficantes actuales, para quedesmonten sus rutas, laboratorios, acambio de penas mínimas, la repatria-ción de sus dineros y la entrega alEstado de parte de sus riquezas, se lesgarantice la no extradición y la reduc-ción de penas y hacia el futuro,instaurar una legislación, donde losdelitos de narcotráfico sean juzgadospor tribunales internacionales, y laspenas de la legislación colombiana senivelen con las impuestas en losEstados Unidos, puede constituir unmecanismo idóneo, para que elproceso de negociación para lograr lapaz, se de de una manera integral, queinvolucre a las tres principalesfuerzas y causas del conflicto arma-

do: el narcotráfico, los paramilitaresy la guerrilla.

Los diálogos entre el gobierno y losgrupos paramilitares, han puesto demanifiesto la estrecha colaboración deestos con el narcotráfico, la venta de“franquicias” de quienes se quierenretirar del “negocio”, muestran ladificultad de negociaciones aisladas.

A nivel internacional, también se abreun importante espacio, para negociarpolíticas relacionadas con el medioambiente, que dentro del contexto dela organización de las regiones, sedeclare parques nacionales a la mayorparte de los territorios de la orinoquíay la amazonía para evitar ampliar lafrontera agrícola y la colonización enla región, dada la extensión geográficade estos territorios, la propensión aconstituirse en zonas de siembra paralos cultivos ilícitos y la dificultad delEstado para hacer presencia efectivaen tan vastos territorios.

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1 “Cuando la virtud deja de existir, la ambiciónentra en los corazones capaces de recibirla yla codicia se apodera de todos los demás. Losdeseos cambian de objeto: lo que antes seamaba, ya no se ama, si se era libre con lasleyes, ahora se quiere ser libre contra ellas;cada ciudadano es como un esclavo escapadode la casa de su amo; se llama rigor a lo queera máxima; se llama estorbo a lo que era regla;se llama temor a lo que era atención. Se llamaavaricia a la frugalidad y no al deseo de poseer.

Antes los bienes de los particulares constituíanel tesoro público, pero en cuanto la virtud sepierde, el tesoro público se convierte enpatrimonio de los particulares. La República esun despojo y su fuerza ya no es más que elpoder de algunos ciudadanos y la licencia detodos”. Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes,Ed. Tecnos, Madrid.

2 Tocqueville estableció como un rasgocaracterístico de la democracia moderna, lacreciente concentración de poder en la jefaturadel estado. Alexis de Tocqueville, El AntiguoRégimen y la Revolución.

3 Para finales de 1990 “El Estado colombianoexhibe un descomunal tamaño del orden del36-38% del PIB”. Clavijo Sergio, Política Fiscaly Estado en Colombia, Banco de la República-Universidad de los Andes, Bogotá, 1998.

4 En Colombia el Consenso de Washington, tienesu expresión en la Constitución Política del 91con la nueva doctrina de bancos centralesindependientes, que compromete al Banco dela República casi exclusivamente en el control

de la inflación. Ver Misas Gabriel, La rupturade los 90. Del gradualismo al colapso.Universidad Nacional, Bogota, mayo 2002.

5 El debate sobre el grado de intervención delEstado moderno en Europa ya se plantea desdeel siglo XVIII, pero es a partir de la revoluciónindustrial donde se hace evidente la necesidadde su intervención “Es sobre todo la industriala que fomenta el aumento del poder ejecutivo.La industria concentra grandes masas de per-sonas en un lugar y crea entre ellas relacionescompletamente nuevas, que provocan lasintervenciones del Estado. Pero el crecimientoindustrial también exige que se construyancarreteras, canales y puentes, y hay tendenciaa que sea el Estado el que se encargue de lostrabajos, que cada vez son más superiores ala fuerza de los empresarios privados”. JacobyHenry, La burocratización del mundo, Siglo XXIEditores, S. A. México, 1972, p. 88.

6 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado deBogotá, en el trienio de la última administración,a partir de sus inversiones, logro que ” sebeneficiaron 515.139 personas con agua po-table y 585.219 con alcantarillado y evitar,gracias al alcantarillado pluvial y a otras obras,que 600.000 personas siguieran sufriendo deinundaciones” (Revista Semana 1126). Estasinversiones se realizaron en estratos bajos,donde el servicio es subsidiado. En contrasteTermopaipa IV, que mediante un contrato deconcesión genera electricidad en una plantaoperada por el sector privado, le ha costado alEstado una suma equivalente a las inversionesde la EAAB, sin que se hayan visto losbeneficios para la población.

Notas

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7 La administración Pastrana invirtió recursoscercanos a los 6 billones de pesos, incluida laliquidación de la Caja Agraria, es decir más de2.500 millones de dólares, una cifra significativadentro del total del gasto público.

8 “Tanto los Conglomerados Económicos comolas filiales de las empresas transnacionalesapoyaron la administración Gaviria en suspolíticas de apertura, no porque creyeran quemediante los nuevos mecanismos pudieranaumentar apreciablemente sus exportaciones,sino en razón de que por medio estaba laposibilidad de acceder a nuevos mercados(negocios) controlados tradicionalmente porempresas del Estado (generación, transmisióny comercialización de energía, comunicaciones,televisión, vías por concesión, y utilizar enbeneficio propio las estructuras construidaspor el Estado”, Misas Gabriel, La ruptura de los90, del gradualismo al colapso, UniversidadNacional, Bogotá, mayo de 2002.

9 Ospina Vasquez Luis, Industria y Proteccio-nismo en Colombia 1810-1930, Ed. OvejaNegra, Bogotá, 1974.

10 Los neoliberales a ultranza suelen poner deejemplo el mejoramiento de la calidad de laeducación primaria y media con ejemplospilotos, de prestigiosos colegios que abrieronsedes en barrios pobres de la ciudad, medianteel mecanismo de subsidio a la demanda. Sinembargo precisamente la dificultad de estosexperimentos, radica en mantener la calidad,en un escenario de masificación, de allí queestos experimentos se hayan mantenidoaislados.

11 La Ley 617 del 2000, en parte ha corregidoestas distorsiones, al prohibir la transferenciade recursos a empresas deficitarias desde elsector central.

12 La privatización se debe mirar desde laconveniencia o no, que ello represente para elconjunto de la sociedad y en todo caso sedebe empezar por las empresas másineficientes, por las empresas que representenuna carga social, y si no son susceptibles deprivatizar por su escasa o nula rentabilidad, ya la vez no cumplen una importante funciónsocial con claros beneficios a sectores ampliosde la comunidad, la alternativa de liquidaciónes preferible a mantener la vena rota parasubsidiar a empresas que ofrecen pocosbeneficios tangibles para el país.

13 Para el año 2002, el PIB colombiano se estimóen aproximadamente US$87.000 millones, delos cuales cerca del 30%, corresponden alsector público.

14 El aforismo de Balzac “Detrás de cada granfortuna hay un crimen” refleja la realidad de lasociedad colombiana. Un barón o cacique elec-toral, se asemeja en muchos aspectos a laaureola que describe Mario Puzo de El Padrino,con múltiples favores e influencias que haejercido en las esferas de poder, los cualesdeben ser retribuidos en su debido momento.

15 La grabación entre el Gerente de Telecartagenay el parlamentario Juan José García Romeronos puede ilustrar sobre la forma usual dedistribución del botín, “En este tipo de entidadeshay dos cosas que producen diferencia: laburocracia y la contratación. Sobre eso es loque tú y yo nos vamos a poner de acuerdo,cómo se va a manejar la burocracia y cómo seva a manejar la contratación. Y a qué vas aaspirar tú y con qué me voy a quedar yo. Estodebe ser claro como el agua...Tu coges el 33%,el otro 33% es para nosotros y el resto deacuerdo a las circunstancias”. El Tiempo, 24noviembre 2000.

16 La corrupción y los atentados guerrilleros a lainfraestructura eléctrica del país, tienen losmismos efectos prácticos para el usuario final,es decir se incrementan los costos, suben lastarifas y se desmejora el servicio.

17 La revista Semana en su artículo Que corra elagua de diciembre 1 de 2003, muestra ladiferencia ante un manejo no clientelista de unaempresa pública, como lo es la Empresa deAcueducto y Alcantarillado de Bogota, dondela administración Mockus, logró la coberturatotal del servicio de acueducto en la ciudad ycerca del 93% de alcantarillado, coninversiones de la pasada administracióncercanas a 1.2 billones de pesos, recursosque en una administración clientelista sehubieran evaporado en su mayor parte por elefecto corrupción.

18 Max Weber, analizaba cómo incluso en Esta-dos Unidos a principios del siglo XX con unaeconomía muy fuerte y en expansión, llega unmomento, donde la administración pública alser considerada como botín, se convierte enuna pesada carga para la sociedad, constitu-yéndose la situación en insoportable”... La

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administración de diletantes no basta ya y laCivil Service Reform está creando continua-mente nuevos puestos vitalicios y dotados dejubilación, con el resultado de que están ocu-pando los cargos funcionarios con formaciónuniversitaria, tan capaces e insobornablescomo los nuestros. Existen ya casi 100.000cargos que no son objetos del botín electoral,sino que están dotados de un derecho a lajubilación y que se cubren mediante pruebasde capacitación”. Weber Max, El Político y elCientífico, Alianza Editorial, Madrid, 1979, pág144.

19 Los dineros públicos perdidos solamente enFONCOLPUERTOS, ascienden a más de unmillón de millones de pesos, es decir a más delo que puede ilustrar un poco la magnitud delos recursos liberados o el incremento en lageneración de bienes y servicios, ni queproduciría la separación del clientelismo, de laadministración del sector público.

20 El régimen democrático se estructura en larepresentatividad que emana del sufragio uni-versal y que legitima el empleo de la fuerza porpequeños grupos gobernantes, en tanto “elpueblo no está en condiciones de gobernarsea sí mismo. Capaz de gobernar sólo lo essiempre, una minoría pequeña, con carácterde élite”. Johanes Agnoli y Peter Brückner, LaTransformación de la Democracia, Siglo XXIEditores, México, 1971.

21 Para Adam Smith la justicia y el monopolio delas fuerzas armadas, son funciones que debenser indelegables.

22 La guerra sucia se caracteriza por la violenciaejercida por los actores armados contra lapoblación civil, evitándose los enfrentamientosarmados directos, de allí que para el año 2000,se hayan presentado 1403 asesinatos enmasacres y 1.059 bajas entre paramilitares yguerrilleros. Comparativamente en Chile secalcula que fueron victimas de la dictadura a lolargo de 18 años, 2095 muertos y 1.102desaparecidos, es decir un número similar alos producidos en un solo año en Colombia. ElTiempo. Diciembre 3 del 2000, ver PatriciaVerdugo, los zarpazos del puma.

23 En un informe elaborado por el Ministerio deDefensa, se establece que los paramilitarespasaron de 850 miembros en 1992, a 8000 enel año 2000. Un crecimiento similar o superior

se ha producido en la guerrilla, lo que estamostrando la dinámica ascendente de estasfuerzas irregulares, lo que necesariamentetiene que aumentar el número de desplazadoscon el consiguiente aumento en laconcentración de la tierra, de secuestros parafinanciar las actividades y en general delaumento del clima de violencia que se vive enel país. El Tiempo, diciembre 7 del 2000.

24 Las tentaciones golpistas contra el gobiernoSamper, comprometió conversaciones secre-tas entre personajes como Juan ManuelSantos Calderón, Alvaro Leyva y CarlosCastaño, en una aventura que no contó con elapoyo del gobierno de Estados Unidos, en unsupuesto acuerdo que involucraba guerrilla,autodefensas y sociedad civil. Ver ArangurenMolina Mauricio, Mi Confesión, Editorial OvejaNegra, Bogotá, 2001.

25 Edgar Téllez, Oscar Montes, Jorge Lesmes,Diario Intimo de un Fracaso, Editorial Planeta,Bogotá, julio de 2002.

26 Ver Vallejo Zamudio, Luis, Los fundamentosdel Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un EstadoComunitario”, Revista Apuntes del CENES 35,Tunja, I Semestre 2003.

27 Pizano Eduardo, Columna del Tiempo, diciembrede 2003.

28 Carlos Castaño, narra la participación de lo queEl llama ejecuciones, de un sector de la sociedadcivil, que denomina Grupo de los Seis y quedefine su participación en un periodo largo dela historia nacional, como “hombres de la másalta sociedad colombiana, ¡La crema y nata ¡”.Aranguren Molina, Mauricio, op, cit. Pág 116.

29 Las fuerzas armadas mostraron su mayordebilidad, cuando perdieron las bases militaresde Tres Esquinas y Patascoy, que coincidióprecisamente con el auge de las autodefensas.Por el contrario las fortalezas que muestranactualmente, coinciden con un proceso deinstitucionalización y pasividad de lasautodefensas, enmarcadas dentro de unproceso de negociación.

30 La popularidad que mantiene el presidenteUribe, es bastante contradictoria, tiene laaprobación del electorado en sus políticas deseguridad democrática, pero no en susexcesos fiscalistas y de insensibilidad social,como lo demostraron, los resultados electorales

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del referendo y de las pasadas votaciones del27 de octubre. La negativa a negociarprebendas con el legislativo, así como su tímidapolítica de “meritocracia” en su primer año ymedio de gobierno, son aspectos aislados quepareciera lo distancian en alguna medida delas tradicionales prácticas clientelistas.

31 El expresidente López Michelsen, no ve crisisen el partido Liberal, simplemente se trata deun periodo de transición caracterizado por elrelevo generacional de un partido más quecentenario, sin embargo los vientos de cambio,parecieran mostrar que en la superación de lacrisis política en Colombia, tendrán granparticipación nuevos movimientos y partidospolíticos. Lopez Michelsen, Alfonso, ¿Qué nosespera en lo político en el 2004?, El Tiempo,diciembre 25, 2003.

32 Para Human Rights Watch, la Fiscalia aumentasu tolerancia con relación a sus funcionesinvestigativas con los grupos paramilitares,cambiando los fiscales delegados endeterminadas investigaciones.

33 Las FARC históricamente han mostrado serproclives a negociar, con mayor facilidad conquienes ellos consideran ser los máscaracterizados representantes de lasfacciones políticas de derecha de las clasesdominantes. En este sentido unadesmovilización exitosa con los paramilitares,puede ser el preludio para el Gobierno delPresidente Uribe de iniciar negociaciones seriascon la guerrilla.

34 La alternativa de reforma agraria y/o elestablecimiento de impuestos de acuerdo a laproductividad de la tierra, han sido lasrecomendaciones de expertos nacionales e

internacionales desde hace más de 50 años.Recientemente las mismas recomendacionesfueron realizadas por el Consejo de RelacionesExteriores de los Estados Unidos, una de lasmás prestigiosas instituciones de políticaexterior de ese país, quien señala “que nopuede haber una seguridad duradera en elvasto territorio de Colombia sin programassociales y de desarrollo –incluida una reformaagraria– para los pobres y excluidos, accesoampliado a justicia, mercados y participaciónpolítica”. El Tiempo, enero 13, 2004.

La aplicación oportuna de una reforma agrariaseguramente no tendría al país en lasdimensiones catastróficas que ha cobrado elconflicto armado. Sin embargo para el directorde FEDEGAN “Quizás la reforma agraria tambiénestá mandada a recoger porque acá sufrimosun colapso, especialmente en el campo y, enparticular, el sector ganadero, porque lareforma de los años 60 disminuyó la producciónde alimentos en lugar de aumentarla. No. Aquíla tierra sobra; tanto es así que hay tierrainexplotada, abandonada, por el efecto de laviolencia. La reforma agraria es un sofisma dedistracción que se inventaron quienes no tienennada que decir, como cierta ONG que la incluíadizque entre los puntos requeridos para que elpaís progrese”. La República, febrero 11 de2004).

35 “Mientras que Corea del Sur más que triplicó elPIB por habitante en esos 25 años (1975-1999),Colombia tan solo lo aumento en un 50%”.Echeverri Juan Carlos, Escobar Andrés, SantaMaria Mauricio, Tendencia, ciclos y distribucióndel ingreso en Colombia: una crítica al conceptode ‘Modelo de Desarrollo’”. Revista Planeación& Desarrollo, DNP, Volumen XXXIII, Número 1,enero-marzo 2002.

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