Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma
del Acuerdo de Paz”A tres años de la firma del Acuerdo de Paz, se evidencia que durante su primer año (noviembre de 2016 a noviembre de 2017) si bien se desarrolló buena parte del marco normativo y de política pública (Plan Marco de Implementación (PMI) y Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)), quedaron sin resolverse temas claves incluidos en el Acuerdo de Paz que no solo permitían responder a causas estructurales de desigualdad y de violencias que afectaban particularmente a la población en sectores rurales entre ellas, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales y
dentro de ellas específicamente a las mujeres y población LGBT.
El enfoque de género que fue reconocido como eje central en el Acuerdo de Paz se fue desdibujando en la realización de un único capítulo de género dentro del Plan Marco de Implementación (PMI) restringiendo las acciones afirmativas hacía las mujeres y población LGBT logradas en el Acuerdo de Paz firmado, a través de indicadores que no evidenciaban compromisos con las metas trazadoras ni con indicadores de impacto sino con indicadores de
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Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma
del Acuerdo de Paz”
Enfoque de género y paz territorial. “Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”© Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz
www.instanciagenero.org
Investigación y análisisAidée Castillo, Ana Isabel Chaverra, Bibiana Peñaranda, Edilia Mendoza Roa, Elizabeth Pabón, Erika Tinoco Rivera, Magda Alberto, Marcela Sánchez Buitrago, Marina Avendaño, Martha Sánchez, Mayerlis Angarita, Miriam Moreno, Rocío Pineda, Rosa María Brito, Victo-ria Neuta y Yuly Artunduaga.
Edición: Nohelia Leal Barrera.
AltaVoz EditoresMaría del Pilar López Patiño, Coordinación editorial Alexandra Rincón Niño, Diseño y Diagramación
Bogotá D.C., noviembre 2019
Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo de ONU Mujeres y el Fondo Multido-nante para la Paz. Los contenidos son responsabilidad de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz y no necesariamente reflejan las opiniones de ONU Mujeres y el Fondo Multidonante.
Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación no podrá ser reproducida íntegra o parcialmente, ni archivada o transmitida por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro), sin la autorización previa del editor.
Contenido
Agradecimientos 4Presentación 41. Gestión de la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz 10
Cuadro 1. Mujeres y municipios participantes en los encuentros territoriales de zonas PDET 15
2. Enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz 20Las voces de las mujeres en los territorios PDET
3. Balance por puntos del Acuerdo de paz 23PUNTO 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI) 23PUNTO 2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz 26PUNTO 3. Fin del conflicto: Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y dejación de armas 27PUNTO 4. Solución al problema de las drogas ilícitas 30PUNTO 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto 32PUNTO 6. Mecanismos de implementación y verificación 37
4. Recomendaciones específicas a cada uno de los puntos del Acuerdo 42PUNTO 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI) 42PUNTO 2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz 43PUNTO 3. Fin del conflicto: Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y dejación de armas 43PUNTO 4. Solución al problema de las drogas ilícitas 44PUNTO 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado 45PUNTO 6. Implementación, verificación y refrendación 46Cuadro 2. Matriz de seguimiento a indicadores de género del Plan Marco de Implementación 47
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A las lideresas, organizaciones, grupos de mujeres y de la población LGBT indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, mujeres urbanas y rurales que trabajan en el territorio día a día por consolidar la paz en este país, en particular a quienes dieron sus voces para construir este informe de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz y que viven en los diferentes municipios, que conforman las zonas del Programa de Desa-rrollo con Enfoque Territorial (PDET).
A las lideresas, organizaciones, redes, plataformas y grupos de mujeres y feministas nacionales y territoriales, que durante décadas reivindican la negociación política del conflicto armado, la construcción de paz y el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres y de las personas LGBT, desde sus diversidades.
Al acompañamiento del Componente Internacional para el Enfoque de Género en el Acuerdo de Paz, integrado por ONU-Mujeres, la Federación Democráctica Internacional de Mu-jeres y al Gobierno de Suecia, por el compromiso y acompañamiento permanente a la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz y al seguimiento a la incorporación del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz.
Al Instituto Kroc, a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, por el apoyo a las la-bores de la Instancia Especial de Mujeres y al trabajo permanente que realizan en los territorios haciendo seguimiento al Acuerdo de Paz.
A Fokus y MAPP-OEA por su apoyo para la realización de los encuentros territoriales “Voces de las mujeres desde el territorio por la paz” de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz con las organizaciones de mujeres de los municipios más alejados y con mayores niveles de violencia.
Agradecimientos
Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
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A la Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por acompañar los encuentros territoriales “Voces de las mujeres desde el territorio por la paz” haciendo pedagogía de paz.
A las organizaciones de mujeres que nos apoyaron en la realización de los encuentros territoriales “Voces de las mujeres desde el territorio por la paz”.
A las instituciones del Gobierno nacional y gobiernos locales; al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, que acompañan como garantes la realización de la interlocución con entidades nacionales y locales.
A la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación de la Implementación (CSIVI) a sus equipos técnicos, en particular a quienes han facilitado las labores de seguimiento de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz.
Al Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Postconflicto –MFPT-, por el respaldo financiero brindado desde agosto de 2018 y a ONU-Mujeres por su apoyo a la misión de la Instancia Especial de Género en la Paz desde su inicio.
Y un agradecimiento muy especial a las mujeres excombatientes de las FARC-EP que han apostado a un camino sin armas y luchan desde la civilidad por el reconocimiento de sus derechos y de los de las mujeres.
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tres años de la firma del Acuerdo de Paz, se evidencia que durante su primer año (noviembre de 2016 a noviembre de 2017) si bien se desarrolló buena parte del marco normativo y de polí-tica pública (Plan Marco de Implementación (PMI) y Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)), quedaron sin resolverse temas claves incluidos en el Acuerdo de Paz que no solo permitían responder a causas estructurales de desigualdad y de violencias que afectaban particularmente a la población en sectores rurales entre ellas, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales y dentro de ellas específicamente a las mujeres y población LGBT.
El enfoque de género que fue reconocido como eje central en el Acuerdo de Paz se fue des-dibujando en la realización de un único capítulo de género dentro del Plan Marco de Imple-mentación (PMI) restringiendo las acciones afirmativas hacía las mujeres y población LGBT logradas en el Acuerdo de Paz firmado, a través de indicadores que no evidenciaban compro-misos con las metas trazadoras ni con indicadores de impacto sino con indicadores de gestión o de resultado.
La participación, otro eje y principio central del Acuerdo de Paz, fue desconocido en la etapa de formulación de las políticas públicas. El documento del Plan Marco de Implementación (en adelante PMI) fue entregado a la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, cuando ya estaba concertado con entidades nacionales y fue limitado, aunque valioso, lo que se pudo incidir para que se pasara de 31 a 51 indicadores de género con una notable mejoría, pues la primera versión correspondía solamente a actividades.
El Gobierno nacional, se comprometió con dos indicadores que permitirían trabajar por la transver-salidad en toda la implementación del Acuerdo de Paz y no solo en el capítulo que decidió hacer: creación de la Alta Instancia de Género de Gobierno cuyo objeto es: “coordinar, armonizar, concer-tar, impulsar y hacer seguimiento a la implementación y transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final y en la ejecución del Plan Marco de Implementación, por parte de las
Presentación
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entidades involucradas, acorde con sus competencias”1 así como con los lineamientos para la transversalidad de género en todo el acuerdo de paz a cargo de la Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer.
Se señala que el enfoque de género debe transver-salizarse en la implementación del Acuerdo de Paz y para ello nos permitimos recordar qué implica su incorporación en el PMI:
“Integrar el enfoque de género contenido en el Acuerdo Final en todos los planes, programas, proyectos y acciones implementadas por el Esta-do colombiano, significa incorporar, de manera simultánea, tres dimensiones: la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la repre-sentación política.
La primera, significa identificar las desigualdades económicas y sociales producto de las múltiples relaciones de poder que afectan la vida de las mujeres y las niñas2: de clase, étnico-raciales, de orientación sexual e identidad de género; medir la magnitud de las brechas identificadas; establecer los indicadores de género y, definir las metas y acciones establecidas para disminuirlas y/o erradi-carlas en los 15 años considerados como período de postconflicto; llevar a cabo mediciones de impacto periódicas y ajustar las medidas para lograr un cambio sostenible, especialmente en los territorios priorizados por el Plan Marco de Implementación incorporado en los CONPES 3931y 3932/20183.
La segunda se refiere a la identificación de los este-reotipos, representaciones sociales y patrones cul-turales predominantes que devalúan lo femenino
1 Decreto 1418 de 2018. Ver en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201418%20DEL%2003%20DE%20AGOSTO%20DE%202018.pdf
2 Contemplado también en el Acuerdo Final como el enfoque diferencial y la perspectiva de intersección.3 CONPES 3932 y 3931 de 2018.4 Nancy Fraser. Ver http:nuso.org/articulo/tres-actos-del-feminismo-nancy-fraser-y-los-debates-feministas-
de-los-ultimos-40-años/5 Op. Cit., pág 10.
- representado mayoritariamente por las mujeres aunque no exclusivamente4- y, discriminan, subva-loran y violentan la vida de las mujeres y las niñas cualquiera sea su condición social, económica, étnico-racial, de orientación sexual o identidad de género, exacerbados durante el conflicto armado.
La tercera dimensión tiene que ver con el estable-cimiento de mecanismos para la representación política, que garanticen iguales oportunidades a la diversidad de mujeres y personas LGTBI, inclui-das tanto la paridad numérica, como las condicio-nes propicias para actuar como pares políticos e “interactuar con los otros en pie de igualdad”5.
En resumen, el enfoque de género contemplado en el Acuerdo Final, al ser ratificado este por la Corte Constitucional como política de Estado, conlleva la incorporación de esta triple dimensión: la económico-social, que garantice a las mujeres, igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos y bienes del desarrollo, en especial a la propiedad de la tierra; la cultural que interpele el orden androcéntrico imperante, el cambio de las costumbres y las prácticas culturales que discri-minan, subordinan y violentan las mujeres y lo femenino y, la dimensión política que garantice a las mujeres en su diversidad y diferencias, igual-dad en la representación política.
Integrar la triple dimensión de manera simultánea, conlleva necesariamente a una reorganización de las entidades públicas responsables y al fortaleci-miento de la capacidad conceptual y técnica, de los actores intervinientes. Si se omite una sola de las dimensiones, pierde solidez la fundamentación
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de los programas y proyectos e impacta de modo negativo la disminución de las brechas de género.
Hacer efectivo el enfoque implica que las entida-des públicas responsables de los seis (6) Puntos del Acuerdo Final, dispongan de información desagregada por sexo, un paso indispensable en el proceso de identificación y medición de las brechas de género, definición de indicadores y mediciones de impacto.
Las más de 100 acciones afirmativas6 contem-pladas en el conjunto del Acuerdo Final son importantes en cuanto enfrentan desventajas es-pecíficas que impiden a mujeres y personas LGTBI el acceso a bienes y recursos del desarrollo7. Pero el enfoque de género va más allá; le apuesta a la desestructuración de las brechas de género; de ahí el énfasis en que “El enfoque de género deberá ser entendido y aplicado de manera transversal en la implementación de la totalidad del Acuerdo”8.
Son entonces dos las condiciones sine quanon para su implementación efectiva: la voluntad Política del Gobierno Nacional y, la capacidad técnica, recursos humanos y financieros de la institucionalidad de género y de las instituciones territoriales responsables de la transversalidad del enfoque de género”9.
Se hacen estas consideraciones de partida, para que desde el Gobierno nacional y los Gobiernos territoriales comprendan la magnitud de la tarea en donde su compromiso va más allá de contar mu-jeres, urge adecuar los instrumentos de planeación y presupuestación, la asesoría técnica del mecanis-mo de género, la articulación interinstitucional pero
6 100 medidas que incorporan la perspectiva de género en el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las Farc-ep para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera. ONU-Mujeres. Bogotá, 2017.
7 El Instituto Kroch habla de 140. 8 Punto 6 del Acuerdo Final. Pág.193.9 Primer informe de la Instancia Especial de Mujeres. Entre luces y sombras. Junio de 2019.
sobre todo la apertura a la participación ciudadana eje estructurante del Acuerdo de Paz.
Durante el segundo año (noviembre de 2017 a noviembre de 2018) el Acuerdo de Paz estuvo marcado por las elecciones presidenciales que ge-neraron parálisis institucional durante el cambio de Gobierno, en donde los avances se caracterizaron por su lentitud. La agenda estuvo centrada en las decisiones del Gobierno del entrante presidente, Iván Duque Márquez, en relación con la paz y en la formulación de su carta de navegación, es decir el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Iniciando el tercer año de la implementación del Acuerdo de Paz (2019) se instala la Alta Instancia de Género de Gobierno presidida por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consoli-dación en donde se da la instrucción de formular planes de acción para el cumplimiento de los 51 indicadores del capítulo de género del Plan Marco de Implementación (PMI). Una primera versión de estos se tiene en mayo del 2019 e informes sobre su seguimiento el 31 de octubre de 2019.
El seguimiento a los planes de acción de las enti-dades permite observar que durante el Gobierno vigente (Iván Duque, 2018-2022) ha habido un proceso de rediseño institucional para responder a los compromisos del Acuerdo de Paz ( grupos de trabajo, procedimientos, registro de información desagregada por sexo), se han reglamentado nor-mas que nacieron del Acuerdo de Paz, incluyendo acciones afirmativas para las mujeres (FINAGRO), y en otros casos se incluyeron dentro de sus metas institucionales los compromisos con los indicado-res de género.
Presentación
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Persisten problemas, no es claro el presupuesto, no hay metas trazadoras, no hay líneas base. La forma en que se formularon algunos de los 51 indicadores del Plan Marco de Implementación permite que sean cumplidos con la creación de un documento.
Pero el panorama no es del todo pesimista, se avanza, lentamente, pero se avanza, buena parte de las entidades se han comprometido con la crea-ción de líneas base, además están recopilando la información desagregada por sexo y territorio, lo que permitirá avanzar en mayores niveles de desa-gregación, así mismo se podrá hacer seguimiento y concertar metas trazadoras.
El plan de acción se constituye en el Plan Cuatrienal de Implementación y su seguimiento permitirá ver
avances, estancamientos o retrocesos. Aunado al marcador de paz y de género pueden constituirse en una buena herramienta para el seguimiento con el enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz.
En la primera parte de este informe ejecutivo se hará una breve reseña de la gestión de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, posteriormente se dará paso a la voz de las mujeres desde los territorios sobre cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz con enfoque de género y se culminará con recomendaciones. (Ver Cuadro 1. Matriz con el seguimiento a cada uno de los indicadores de género).
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a Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz nace del documen-to firmado entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el 24 noviembre de 2016 dentro del Punto 6.1.d: mecanismos de implementación, verificación. Esta se crea con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque de género y garantía de los derechos de las mujeres y la población LGBT en la implementación del Acuerdo de Paz.
Sus funciones y composición fueron definidos por los Comunicados Conjuntos N° 18 y N° 21 de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI)10, de la siguiente forma:
“1). Dar insumos, sugerir lineamientos y hace recomendaciones a la CSIVI con el fin de contribuir a garantizar la incorporación del enfoque de género, interseccional y de derechos de las mujeres en la implementación normativa del Acuerdo de Paz y en el Plan Marco de Implementación, así como en los Planes Cuatrienales de Implementación y los Planes Plurianuales de Inversión integrados a los Planes Nacionales y Territoriales.
2). Hacer seguimiento a la implementación del enfoque de género, interseccional y de derechos de las mujeres de acuerdo con el Plan Marco de Implementación y los Planes Cuatrienales de Implementación. Este seguimiento deberá ser concretado en informes periódicos y públicos, que serán entregados a la CSIVI y otras instancias.
3). Mantener espacios y canales permanentes de diálogo, comunicación e interlocución con las mujeres, organizaciones, plataformas, colectivos, grupos y redes, cumbres o movimientos a nivel nacional y territorial, para construir propuestas y hacer recomendaciones con relación a la incorporación del enfoque de género, interseccional y de derechos de las mujeres en la imple-mentación del Acuerdo de Paz y rendir informes sobre su labor.
10 Integrada por tres representantes del Gobierno nacional y tres representantes de las FARC.
Gestión de la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz
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4). Mantener diálogo constante con la CSIVI, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los componentes de verificación y acompañamiento internacional (conformado por ONU Mujeres, la Representante del Secretario General para la Violencia Sexual en el Conflicto, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y Suecia), el Instituto Kroc y demás Instancias establecidas por el Acuerdo Final, para garantizar un adecua-do seguimiento a la implementación del enfoque de género y de interseccionalidad. Este diálogo se realizará periódicamente y de manera extraordi-naria cuando se considere necesario.” (Esto toca citarlo del comunicado 18).
La Instancia Especial de Mujeres para el Enfo-que de Género en la Paz fue instalada el 28 de julio de 2017, desde entonces, ha llevado a cabo un trabajo de incidencia, seguimiento e interlocu-ción, con el propósito de verificar la incorporación del enfoque de género, en la implementación del Acuerdo de Paz.
Está conformada por las siguientes representantes de las organizaciones de mujeres y LBTI, quienes estuvieron en su cargo por más de dos años, conta-dos desde la fecha de instalación:
Víctimas del conflicto armado Mayerlis Angarita Robles (Bolívar) - Narrar
Para Vivir Rosa María Brito Rodríguez (La Guajira),
Fundación Comunitaria de las Mujeres Afro de la Guajira.
Afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras
Bibiana del Carmen Peñaranda Sepúlveda-Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro, Valle del Cauca.
Ana Isabel Chaverra Palacios - Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Chocó.
Sectores LGBTI Marcela Sánchez Buitrago - Colombia Diversa Marina Avendaño Carrascal - Caribe Afirmativo
/ Plataforma LGBTI por la Paz
Territoriales Yuly Paola Artunduaga Trejo (Putumayo),
Mujeres Andino Amazónicas. Francisca Aidee Castillo Reyes (Arauca),
Asociación de Mujeres Araucanas Trabajadoras. Rocío de Jesús Pineda García (Antioquia), Unión
de Ciudadanas Colombianas. Elizabeth Pabón Guerrero (Catatumbo)
de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT.
Miriam Moreno Castro (Meta), Plataforma Eicos, Meta.
Erika Marcela Tinoco Rivera (Huila), Casa de la Memoria QuipsuHuasi.
Nacionales
Dupla 1 Victoria Elvira Neuta Sánchez, Comisión
Nacional de Mujeres Indígenas. Edilia Mendoza Roa, Plataforma de Mujeres
Rurales.
Dupla 2 Magda Yaneth Alberto Cubillos, Mujeres
por la Paz Martha Lucía Sánchez Segura, Red de
Educación Popular entre Mujeres (REPEM). Las actividades de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz se realizaron a través de dos estrategias:
Nacional. Se desarrolló mediante: i) Reuniones ordinarias, ii) Reuniones extraordinarias, iii) Mesas técnicas de trabajo, iv) Representación en espacios territoriales, nacionales e internacionales y v) Ela-boración de documentos con recomendaciones.
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Territorial. Se desarrolló mediante los siguientes mecanismos: i) Encuentros territoriales de la Instan-cia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz con organizaciones de mujeres en zonas PDET. ii) Participación en espacios organizativos y/o en los procesos que representan las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. iii) Interlocución con autoridades gubernamentales. iv) Reuniones con instancias, me-canismos, entidades, organizaciones gubernamen-tales, no gubernamentales, sociedad civil, nacional o internacional. v) Mesas técnicas de trabajo vi) En-cuentros con organizaciones de mujeres.
La Instancia Especial de Mujeres para el enfoque de género en la Paz ha tenido interlocución con los siguientes actores:
Entidades nacionales1. Vicepresidencia de la República.2. Oficina del Alto Comisionado de Paz.3. Consejería para el Posconflicto, Derechos
Humanos y Seguridad.4. Alta Consejería Presidencial para la
Estabilización y Consolidación.5. Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer (CPEM).6. Agencia de Renovación del Territorio (ART).7. Agencia Nacional de Tierras (ANT).8. Agencia de Desarrollo Rural (ADR).9. Dirección de Mujer Rural del Ministerio de
Agricultura.10. Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (FINAGRO).11. Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y Asuntos Internacionales.12. Dirección de Sustitución de Cultivos. 13. Departamento Nacional de Planeación (DNP).14. Ministerio de Justicia.15. Ministerio del Interior.16. Ministerio del Trabajo, Unidad Servicio
Público de Empleo.17. Ministerio de Salud y Protección Social.
18. Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
19. Unidad Nacional de Protección (UNP).20. Unidad Nacional para la atención y reparación
integral a las Víctimas
Entidades territorialesRepresentantes de las alcaldías municipales presen-tes en los encuentros territoriales de zonas PDET.
Organismos mixtos CSIVI 3 x 3 integrada por 3 representantes del
gobierno nacional y 3 de las FARC. CSIVIs técnica, integradas por los equipos
técnicos del Gobierno nacional y de las FARC. Mesa de género del Consejo Nacional de
Reincorporación integrada por delegadas del Gobierno nacional y de las FARC.
Espacios derivados del Acuerdo Alta Instancia de Género de Gobierno. Mesa intersectorial del programa nacional
de garantías para la protección de lideresas y defensoras de derechos humanos.
Subcomisión de garantías de seguridad.
Sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Comisión de género y con Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA)
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) Equipo de género.
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) Equipo de género.
Ministerio Público Procuraduría General de la Nación y sus
delegadas para el tema de paz, asuntos agrarios. Defensoría del Pueblo. Delegada para
la mujer y delegadas del Sistema de Alertas tempranas (SAT).
Gestión de la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz
Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
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Organismos judiciales Fiscalía. Grupo contra bandas criminales
Legislativo Comisión de Paz del Congreso. UTL Comisión plan de desarrollo del Congreso. Congresista Victoria Sandino.
Organizaciones internacionalesComponente Internacional de seguimiento al enfo-que de género conformado por:
ONU-Mujeres. Federación Democrática Internacional de
Mujeres (FDIM). Gobierno de Suecia.
Así mismo, se ha interlocutado con las siguientes organizaciones:
Instituto Kroc. Misión de Verificación de
la ONU en Colombia. Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
de los Estados Americanos (MAPP-OEA) FOKUS. Fondo Multidonante para la paz. Food and Agriculture Organization (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
COPER ACCIÓ. Agencia de cooperación de Catalunya.
Departamento Estado de los Estados Unidos de América.
Espacio alto nivel internacional para apoyo a la reincorporación.
Instancias de la sociedad civil derivadas del Acuerdo de Paz
Instancia étnica. Cumbre de delegados de Instancias de la
sociedad civil derivadas del Acuerdo de Paz.
Organizaciones de la sociedad civil
Mixtas Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (CODHES) Viva La Ciudadanía.
LGBTI Plataforma LGBTI por la Paz. Caribe Afirmativo. Colombia Diversa.
Organizaciones de mujeres Plataformas nacionales presentes en Bogotá. Organizaciones de mujeres de los 16 territorios
PDET. Organizaciones de mujeres de los territorios
en donde tienen presencia las mujeres de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz (Montes de María, La Guajira, Choco, Valle del Cauca, Arauca, Putumayo, Huila, Antioquia, Meta, Catatumbo, Santander) así como con mujeres indígenas y de plataformas de mujeres rurales.
Organizaciones de mujeres de los siete departamentos de la región. (Bolívar, La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba).
Academia Universidad del Atlántico. Pontificia Universidad Javeriana. Universidad Nacional de Colombia Universidad del Norte de Barranquilla. Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
La interlocución con cada uno de ellos se realizó desde la incidencia, seguimiento, rendición de cuentas, gestión y la pedagogía de paz.
Así mismo, desde su función la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, ha entregado recomendaciones a la CSIVI y al Gobier-no nacional, a través de los siguientes documentos:
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Recomendaciones al Plan Marco de Implementación (en adelante PMI).
Balance de las medidas de género en el PMI. Balance de la participación de las mujeres en
las zonas Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Balance de la situación de las mujeres en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS).
Recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Plurianual y Cuatrienal.
Balances de implementación a 2018. Informe “Entre luces, sombras y esperanzas”.
Balances de gestión de la Instancia Especial de Mujeres para el enfoque de género en la Paz de 2017, 2018 y 2019.
Observaciones sobre planes de trabajo de las entidades responsables de la implementación de los 51 indicadores de género del PMI.
Recomendaciones al PNIS para incluir el enfoque de género en el plan de seguridad para mujeres y población LGBT.
Resultados de los encuentros Voces Territoriales de las Mujeres para la Paz, con
organizaciones de mujeres y población LGBT en zonas PDET.
Balance de la implementación del enfoque de género en cada uno de los diferentes puntos del Acuerdo de Paz.
Recomendaciones a la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), para la incorporación de enfoque de género en los criterios de conformación de Consejo Asesor.
Recomendaciones al Gobierno nacional, Cooperación Internacional y organizaciones de mujeres para la postulación, elección e instalación de la nueva Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz.
Encuentros voces territoriales de las mujeres para la paz
La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, priorizó en su plan de acción la rea-lización de encuentros territoriales en cada una de las zonas PDET priorizadas en el Acuerdo de Paz “Voces territoriales de mujeres y personas LGBT para la paz”
Gestión de la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz
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Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
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Gestión de la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz
Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
19
La coordinación y realización de los encuentros territoriales estuvo a cargo de las mujeres integran-tes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfo-que de Género en la Paz, en un trabajo conjunto y colectivo con las organizaciones de mujeres de las diferentes zonas.
La metodología para los encuentros Voces de las Mujeres en los Territorios por la Paz, fue diseña-da por las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz y contemplaba tres momentos: i) Encuentro con las instituciones locales, nacionales o internacionales presentes en la zona, con el objetivo de evaluar el conocimiento, compromiso y acciones de la implementación del Acuerdo de Paz, específica-mente lo relacionado con el enfoque de género.
ii) Encuentro con las mujeres pertenecientes a los diferentes municipios de la zona PDET respecti-va, con el fin de hacer seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz, recogiendo, avances, dificultades y recomendacio-nes en cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz y iii) Encuentro con las mujeres excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación, para evaluar avances, dificultades y necesidades del mismo.
La metodología unificada, permitió sistematizar los resultados encontrados y obtener así el panorama territorial de los avances y dificultades del Acuerdo de Paz desde las voces de las mujeres de los terri-torios priorizados, así como de la institucionalidad presente en los mismos.
20
Las voces de las mujeres en los territorios PDET
“la guerra que no cesa, la esperanza que no muere,
la resistencia como un camino”
l encuentro de las representantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz con las lideresas de los diferentes municipios de las zonas PDET, puso de presen-te las alertas que desde diversos sectores se han venido advirtiendo desde el comienzo de la implementación del Acuerdo de Paz; con relación a las restricciones para la garantía de la par-ticipación, el aumento de las condiciones de inseguridad, la descoordinación interinstitucional entre las entidades nacionales y las territoriales, el desconocimiento del enfoque de género, la falta de información clara y oportuna, el privilegio del centralismo en la toma de decisiones desconociendo las realidades territoriales, entre otras.
Pese a lo anterior las lideresas de las diversas organizaciones, ven como único camino posible, la consolidación de la paz. Ante las distintas voces que se empeñan en persistir en la guerra, conti-núan con el trabajo de defensa en los territorios, desde los diversos ámbitos de acción del Acuer-do de Paz. Solo unos pocos meses duro la esperanza de que la paz era posible, pero demasiado pronto los territorios fueron copados por viejos y nuevos actores armados, que ante la falta del accionar efectivo del Estado se han ido consolidado con sus máquinas de miedo y de muerte que ha ocasionado en el país nuevas víctimas por desplazamientos, homicidios, amenazas, extor-siones, reclutamientos, entre otros, ante la impotencia de la ciudadanía y sus organizaciones, la indiferencia de muchos y la inoperancia de las instituciones tanto nacionales como territoriales.
2. Enfoque de género en la implementación del Acuerdo de paz
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Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
21
Esto es lo que hay…
A nivel institucional en los territorios
Desconocimiento generalizado del Acuerdo de Paz, sus leyes, lineamientos, el Plan Marco de Implementación (PMI) y los indicadores que ha-cen posible su implementación. Existe un débil manejo técnico en cuanto a la incorporación de los enfoques de género, diferencial e intersec-cional que imposibilita la transversalidad en las acciones de implementación del Acuerdo Final de Paz. No se conocen las más de 100 medidas para las mujeres del Acuerdo de paz y los 51 indi-cadores de género establecidos en el PMI. Sólo se hace referencia a los temas asociados con la Ley de víctimas, la Resolución 1325 y la Ley 1257 para referirse a las acciones afirmativas para mujeres y población LGBT.
Desconocimiento de competencias territoriales en la implementación, se considera que la im-plementación del Acuerdo de Paz, le correspon-de solo a la nación. Así mismo, las instituciones territoriales no cuentan con recursos suficientes para implementar acciones designadas en el Acuerdo de Paz y esperan que todo se haga con recursos nacionales, en la mayoría de los territorios los y las funcionarios/as creen que no es su competencia invertir a este respecto y en otros territorios pese a la voluntad, la falta de asignación de recursos disponibles para la paz y el no aumento de sus erarios, impiden que puedan hacer cosas nuevas y diferentes como se propone con el Acuerdo de Paz. En conclusión se reconoce la falta de recursos institucionales y en algunos territorios, de voluntad política, para establecer un plan de acción territorial en relación a la construcción de paz, desde el cual se pueden sacar adelante las iniciativas y articu-lación institucional necesarias para la paz.
Debilidad de las capacidades institucionales téc-nicas, humanas, presupuestales y de infraestruc-tura. Asumir el tema de paz lo ven como tareas adicionales para la que no cuentan con el recurso humano, técnico ni financiero para atenderlas. Se identificó la falta personal institucional con experiencia, conocimientos y capacidades para atender de acuerdo con los lineamientos nacio-nales y las leyes producto del Acuerdo de Paz a diversas poblaciones como las personas LGBT, mujeres en sus diversidades y excombatientes.
Alto nivel de clientelismo y corrupción en las administraciones territoriales, evidentes en la forma de contratación de los recursos públicos.
Desconocimiento de los enfoques de género y diferenciales. Prevalencia de enfoques fami-listas, asociado a la atención de las mujeres en cuanto su rol como madres. En general no exis-ten por parte de las instituciones territoriales acciones específicas con enfoque diferencial, sin embargo, en relación con enfoque de género se reconoce que existen mayores esfuerzos y conocimientos, no obstante, pocas o ninguna acción hay en relación al tema LGBT.
Limitaciones en la atención a las víctimas, en algunas entidades existe “tolerancia institucio-nal con la Violencia Basada en Género (VBG)”, prácticas sexistas, racistas y homofóbicas, que generan desconfianza por parte de las víctimas y que limitan el acceso a los servicios.
Se evidencia falta de apropiación y reconoci-miento de la agenda de paz, para poder vincu-larla con los ejercicios territoriales de planeación y de presupuestación.
Carencia de dialogo interinstitucional entre lo nacional y lo territorial, presentándose constan-temente una subvaloración de los aportes, las experiencias y las acciones territoriales.
22
Falta de articulación interinstitucional de las entidades territoriales, ligados a desconoci-mientos técnicos, a la falta de voluntad política y al poco compromiso con la paz.
Proliferación de diagnósticos, en general repe-titivos y que recogen información fragmentada, desgastando a las comunidades presentes en los territorios. La mayoría de las acciones re-portadas por las instituciones se relacionan con procesos de formación e información, pocas ac-ciones están encaminadas a la transformación de la vida de las comunidades.
Proliferación de eventos relacionados con la paz, que evidencian un alto costo económico, pero con poco impacto por falta de articulación, lo cual desgasta a los líderes y lideresas, a las or-ganizaciones y a las comunidades, al tener que hacer un triple esfuerzo para la participación y el suministro de información a las instituciones, lo cual no solo ha generado desgastes sino ha hecho perder el interés y la credibilidad en el proceso de construcción de paz por parte de las poblaciones.
No se tienen en cuenta los temas relacionados con el cuidado, para garantizar la participación y educación de las mujeres. Se fomentan espacios de participación para la construcción de accio-nes de paz, sin tener en cuenta los horarios de las mujeres para poder asistir.
Si bien desde el nivel nacional, se ha ampliado la oferta educativa por parte de instituciones como el SENA, la no incorporación del enfoque de gé-nero en la práctica, ha significado restricciones para el acceso y permanencia de las mujeres y población LGBT, en algunos casos se considera que la oferta no es pertinente por cuanto no res-ponde a las realidades y necesidades territoriales.
Las comunidades presentes en los territorios identifican el debilitamiento de la presencia
institucional relacionada con la paz en los te-rritorios, señalan que entidades como la ART, ARN, Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SVJRNR, actualmente tiene menos recursos humanos y financieros en las regiones y están llegando con menos fuerza y frecuencia las zonas rurales, lo que imposibilita la atención de todas las poblaciones afectadas por el conflicto armado. (Referencia 2017).
Ligado con lo anterior, en el último año las muje-res han identificado que con el actual Gobierno nacional las instituciones que estaban visitando y realizando su acercamiento de oferta a los territorios en el marco de los PEDT Y PNIS, no pudieron regresar a los municipios con la misma frecuencia y rigurosidad por falta de recursos humanos y financieros.
En general se destaca que todas las instituciones
territoriales expresaron su interés por avanzar, aprender y mejorar sus acciones municipales para la construcción de paz, así mismo manifestaron la falta de acompañamiento técnico y financiación nacional para lograr avanzar territorialmente.
En la práctica se evidencia, que la implementa-ción el Acuerdo de Paz sigue siendo una labor del nivel central, con un bajo involucramiento de la institucionalidad local, más allá de la disposición de los espacios de participación, en algunas insti-tuciones no hay una recursos presupuestales por parte del Gobierno, lo que dificulta el desarrollo de las acciones en los territorios que han sido el resultado del liderazgo e incidencia política de las organizaciones sociales y comunidad en general.
Existe la expectativa en las comunidades en que los nuevos planes de desarrollo territoriales involucren compromisos con la consolidación de la paz.
Enfoque de género en la implementación del Acuerdo de paz
Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
23
PUNTO 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
n este punto del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP se estable-cieron 27 medidas específicas para las mujeres. 12 de ellas relacionadas con acceso a la tierra (subsidios, formalización), mecanismos de conciliación, garantías para retorno de víctimas de despojo en desarrollo del conflicto armado, sistema de información catastral, frontera agrícola y protección de zonas de frontera agrícola, zonas de reserva campesina. Tres relacionadas con los PDET y 12 en planes nacionales que contempla la RRI.
En el PMI, se estipularon 19 indicadores. Cinco de ellos de acceso a la tierra, dos de mecanismos de conciliación, dos de vivienda rural, uno PDET, dos de salud, uno de educación, tres de em-presas solidarias, tres de crédito para producción
Son nueve las entidades encargadas de la implementación de los indicadores: la Agencia Na-cional de Tierras (ANT), El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Protección social, Ministerio de Educación Nacional, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio del Trabajo/Unidad Ad-ministrativa Especial de organizaciones solidarias UAEOS, Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
En cinco indicadores no se evidencian progresos y corresponden al 21% del total de indicadores, en los otros se debe avanzar en la calidad de la información reportada (Ver Cuadro 2).
3. Balance por puntos del acuerdo de paz
E
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Las voces de las mujeres
Acceso a la tierra
Aunque en el tema de tierras en los decretos y lineamientos producto del Acuerdo de Paz, se reconoce a las mujeres y la aplicación del en-foque de género, en la práctica, las mujeres no identifican las posibilidades de acceso real a la tenencia, uso y titulación de la tierra.
Las mujeres proponen revisar y reestructurar el programa de acceso a tierras en los territorios, pues la actual asignación, no responde a las ne-cesidades de estos. Las mujeres insisten que la asignación de tierras debe garantizar la equidad en el acceso y titulación para mujeres.
Identifican que en los programas de acceso a la tierra los/as campesinos/as más necesitados no son los primeros beneficiarios, en algunos territorios el registro lo están realizando los funcionarios a sus grupos de organizaciones o de juntas comunales más cercanos.
Se ha logrado la inscripción al RESO11, se reco-noce que hubo prioridad para las mujeres, sin embargo, el formulario presenta elementos excluyentes respecto a las realidades y necesi-dades que enfrentan las mujeres campesinas. Por ejemplo, en el registro se puntuaba si las mujeres tenían una carrera, formación o cono-cimientos técnicos y experiencia en actividades productivas. Aspectos que, por las condiciones de vida en el campo, por las condiciones socioe-conómicas de las zonas y en razón a la estructura social del género son el reflejo de las condiciones de desigualdad que viven las mujeres de zonas rurales, y no pueden marcar el acceso o no a un determinado programa o beneficio.
11 Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO).
Las mujeres expresan que, como iniciativa de organizaciones sociales, populares y campesi-nas en alianza con las Juntas de Acción Comunal se han identificado las tierras para la titulación y legalización. Se resalta que para la identifi-cación de estos territorios es fundamental el apoyo de las organizaciones, pero en algunas zonas las instituciones lo están realizando sin participación de las comunidades.
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
La participación de las mujeres en la formulación de los PDET se dio por el liderazgo de ellas den-tro de sus organizaciones campesinas y rurales. Pero tuvieron que disputarse y exigir los cupos regionales y municipales para estar en todo el proceso de los PEDT. Manifiestan que la convo-catoria no se hizo de forma diferenciada, ni se in-centivó la participación de los y las jóvenes, de la población LGBTI, afro e indígena y las mujeres.
Con los PDET se destaca los diagnósticos y pro-yectos que nacieron de ese proceso participativo, los cuales recolectaron las necesidades y propues-tas de estas poblaciones. En general se concluye que la participación de la población en los diag-nósticos y propuestas PDET ha generado grandes expectativas sobre las acciones a realizar en los territorios, por ello, las mujeres insisten en la ne-cesidad que el Gobierno nacional y los gobiernos locales tengan en cuenta estas propuestas PDET y destinen recursos para su cumplimiento.
Manifiestan que en las acciones que se están haciendo en el territorio no han sido convocadas y no saben si son producto de las propuestas de las comunidades o no. Piden fortalecer y partici-par a partir de veedurías ciudadanas.
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Manifiestan preocupación por los niveles de corrupción en los territorios.
En relación con lo que quedo en el acuerdo, pero no en los indicadores del Plan Marco de
Implementación (PMI)
Seguridad Alimentaria. Aún no se han creado o activado los Consejos de Alimentación y Nu-trición en los territorios, aspecto que preocupa a las mujeres, pues la seguridad y soberanía alimentaria es una necesidad prioritaria, sobre todo en aquellos territorios que durante años asumieron el desarrollo de las economías ile-gales como su único sustento. Debilitando el desarrollo agrícola y pecuario de estas zonas, pues para los campesinos y campesinas no re-sultaba económicamente productivo la venta de sus productos, además las comunidades se vincularon tanto a estas economías ilegales que abandonaron por completo la vocación agraria y pecuaria. Por ejemplo, “en algunas zonas, el campesinado que está en el proceso de restitu-ción de cultivos ilícitos, no sabe que producir, o cuál es el producto que mejor se da en sus regio-nes”, mujeres participantes en los encuentros de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz.
Catastro multipropósito. Las mujeres deman-dan la necesidad de un catastro rural que per-mita una mejor implementación del punto 1 en el Acuerdo de Paz y un censo que reconozca a los/as campesinos/as. Para ello es necesario me-jorar el catastro rural, con información integral y de toda la ruralidad, el catastro existente no caracterizó todos los territorios, quedaron fuera
de este registro las zonas más apartadas y con presencia de actores armados ilegales.
Protección ambiental. Las mujeres insisten sobre la falta de apoyo institucional en temas de protección ambiental, así como situaciones relacionadas de riesgo ambiental vinculadas con la protección de las ciénagas, humedales, ríos y lagunas. Son las organizaciones ambientales, campesinas y de mujeres, quienes se están ocupado de estos temas, y lo hacen sin apoyo institucional. En razón a ello, están siendo ame-nazadas por proteger los territorios.
Las mujeres manifiestan que en el proceso de ti-tulación y entrega de tierras no se tuvo en cuenta a los territorios definidos como Zonas Forestales Protectoras y Bosques de Interés General en el marco de la Ley 2 de 1959, pues desde hace años, familias campesinas habitan estas zonas y no tienen a donde ir, tampoco les es permitido cultivar por ser zonas de reserva forestal. Pero el Gobierno sí está permitiendo la construcción de represas de agua y la explotación forestal.
Zonas de Reserva Campesina. Las mujeres re-iteran que para dar cumplimiento al punto 1 del Acuerdo de Paz, se deben reconocer, legalizar y fortalecer las zonas de reserva campesina. Para ellas el actual Gobierno no tiene interés en este tema, ya que no fueron incluidas en los PDET y en otros programas nacionales, de vías, acue-ducto, etc. De darse el reconocimiento a las zo-nas de reserva campesina, la puesta en marcha de proyectos productivos y culturales, evitaría que estas zonas se conviertan en zonas de ex-plotación minero-energética o de monocultivos.
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PUNTO 2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz
En este punto del Acuerdo de Paz, quedaron esta-blecidas 17 medidas que incorporan el enfoque de género, dos de ellas relacionadas con las garantías para el ejercicio de la oposición política incluyendo las garantías de seguridad para lideresas y defensoras de derechos humanos, seis de ellas contemplaron la in-corporación del enfoque de género dentro de los me-canismos de participación ciudadana y control social y nueve medidas relacionadas con la garantía para la participación política nacional, regional y local.
El Plan Marco de Implementación por su parte incluyo nueve indicadores, uno de ellos relacio-nado con las garantías de seguridad para la par-ticipación política, una en relación con el control social a través de veedurías ciudadanas, dos con mecanismos de convivencia, reconciliación y no estigmatización, cinco relacionadas con el fortale-cimiento a la participación ciudadana. Se dejaron por fuera, la incorporación de medidas específicas para la participación de las mujeres en lo público, circunscripciones especiales de paz, la campaña de cedulación masiva, fortalecimiento a la promoción de presupuestos participativos, entre otros.
A nivel normativo quedaron por fuera temas como las circunscripciones especiales para la paz y la re-forma política que recogiera las recomendaciones de la Misión Especial Electoral. Esto último sin duda tiene implicaciones en el bajo nivel de representati-vidad que tuvieron las mujeres en las últimas elec-ciones territoriales dado que aún no se reglamenta la paridad, universalidad y alternancia.
Aunado a lo anterior, preocupa los altos niveles de violencia política que viven las mujeres que se lanza-ron a hacer política (durante el proceso de campaña
de elecciones regionales en 2019, fue asesinada la única mujer candidata a la alcaldía del municipio de Suárez en el departamento del Cauca, Karina García Sierra) así como a quienes ejercen liderazgos y de-fienden los derechos humanos en los territorios y el Gobierno no responde con efectividad dado que las instancias creadas para las garantías de seguridad en la práctica son inoperativas, en los territorios se encuentran multiplicidad de responsables, que ac-túan descoordinadamente y en la práctica explican los altos niveles de impunidad existente.
Son cuatro las entidades encargadas de su imple-mentación, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial de Seguridad (el indicador lo asumió la Oficina del Alto Comisionado de Paz OAP), el DNP y la Registraduría Nacional del Estado Civil.Cuatro indicadores no se han cumplido y se dejan para el 2020 (44%), los otros cuatro presentan algunos avances, pero los mismos están más re-lacionados con el quehacer histórico de la entidad más que con una adaptación de sus contenidos y territorialización de la paz (Ver Cuadro 2).
Las voces de las mujeres
En algunos departamentos como Arauca y Nari-ño se han reactivado o conformado los Consejos territoriales de Paz para la Reconciliación y la Convivencia, que han contado con un importan-te apoyo de la Consejería para la Paz y el Comité Nacional de Paz, además en su conformación se ha reconocido la diversidad de poblaciones y necesidades de los territorios.
La participación política de las mujeres y visi-bilización de sus liderazgos en el territorio se
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activó significativamente tras la firma del Acuer-do de Paz, y la creación de los diversos espacios e instancias.
Las mujeres han realizado un ejercicio riguroso de preparación de propuestas, construcción de agendas para la paz y organización de procesos colectivos para la incidencia ante las instituciones, pero contrario a lo mandatado por el Acuerdo de Paz las instituciones no siempre recogen sus recomendaciones y aportes de las comunidades.
Gracias al fortalecimiento de las organizacio-nes, existe diversidad de acciones relacionadas con la cultura para la paz, la reconciliación, la convivencia pacífica, el desarrollo productivo, el ecoturismo, la formación política, la pedagogía, el fortalecimiento de la comunicación comu-nitaria y la construcción de memoria histórica, son algunas de las iniciativas que con mayor frecuencia están siendo impulsadas por las mu-jeres y la diversidad sexual. Sin embargo, estas puedan que no se sostengan a largo plazo, pues las apuestas no cuentan con apoyo alguno, y en el caso de contar con él, este es limitado y ofre-cido por actores de la cooperación internacional
Garantías de seguridad
Las mujeres están siendo estigmatizadas, se-ñaladas, criminalizadas, amenazadas y hasta asesinadas por defender la paz, el territorio, la protección del medio ambiente y los recursos naturales. “Queremos estar bien con la naturale-za y nos acusan de no querer el desarrollo” – Mujer Indígena en el Tolima.
Manifiestan las mujeres que los esquemas de protección para lideresas se han reducido, los esquemas previstos desde la UNP son insufi-cientes y precarios para las amenazadas que hoy se están afrontando las mujeres y las comunida-des en los territorios.
Ante la activación de los liderazgos territoriales las mujeres alertan, además, sobre la manera violenta en que la fuerza pública y las institucio-nes, vuelve a responder a las acciones de protes-ta pacífica de las comunidades.
Circunscripciones especiales para la paz. Exigen que se implementen las curules para las víctimas, circunscripciones especiales para la paz.
PUNTO 3. Fin del conflicto: Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y dejación de armas
En el Acuerdo de Paz, quedaron establecidas por lo menos 16 medidas con enfoque de género, ocho de ellas relacionadas con el proceso de cese del fuego y la dejación de armas, las cuales hacían referencia a la información desagregada por sexo, atención a necesidades y riesgos específicos de las mujeres en el primer momento de la reincorporación, así como la atención médica inmediata a las mujeres gestantes y atención materno infantil. Otras ocho
medidas hacen referencia a la incorporación del enfoque de género en las garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales, se incluye en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, así como en la unidad de investigación de grupos criminales, garantías al nuevo partido político, in-vestigación de delitos contra quienes ejercen polí-tica, instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, programas
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formativos sobre protección, protocolo de seguri-dad y protección con enfoque de género, atención psicosocial a personas que reciban protección. Así mismo se contempla la elaboración y aplicación de programa integral de seguridad de protección para las comunidades y organizaciones, incluyendo protocolo de protección a comunidades rurales y sistema de alertas tempranas de la defensoría con enfoque territorial, diferencial y de género.
El Plan Marco de Implementación por su parte con-templó solamente dos indicadores: alertas tempra-nas con enfoque de género y el programa integral de seguridad para personas y comunidades.
Pero si bien el Plan Marco de Implementación no contempló de manera explícita el proceso de rein-corporación, el CONPES 3931 si lo hizo, establecien-do 17 acciones específicas para incluir en el proceso de reincorporación el enfoque de género. De ellas, hay ocho(8) acciones específicas con enfoque de derechos humanos de las mujeres; una(1) en ma-teria de diversidad; una(1) con enfoque étnico; una (1) con enfoque de género y seis (6) acciones que incluyen o incorporan diferentes enfoques diferen-ciales (género, etáreo, étnico, entre otros). De las 17 acciones, una (1) está dirigida exclusivamente a las comunidades o territorios; seis (6) a mujeres de las FARC-EP; una (1) a población LGBT de las FARC-EP; cuatro (4) a entidades y cinco (5) son mixtas.
Los dos (2) indicadores del Plan Marco de Imple-mentación (PMI) están a cargo del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo. En el primero de ellos relacionado con el Programa integral de ga-rantías de seguridad y de protección, el Ministerio del Interior señala acciones asiladas que no guar-dan relación con las estrategias del programa. Por lo anterior se solicita al Ministerio que entregue el plan de acción con el que se comprometió en mayo del presente año en la instalación de la comisión intersectorial de garantías y que en el indicador de cuenta de los avances del mismo.
En el segundo aparecen como responsables el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo y hace referencia a la incorporación del enfoque de género en el Sistema de Alertas tempranas. La Defensoría del Pueblo asume lo relacionado con la emisión de las alertas tempranas y el Ministerio del Interior dará cuenta de su implementación.
La Defensoría del Pueblo de manera articulada entre las delegadas para la Mujer y del Sistema de Alertas Tempranas estám consolidando metodoló-gicamente el diseño para incorporar el enfoque de género e interseccional en su formulación, el cual se espera tener en este año (2019). Así mismo informa que ya se han realizado tres alertas tempranas con enfoque de género, el de Magdalena, La Guajira y Bogotá. Así mismo está desarrollando una consul-toría para fortalecer el dialogo con organizaciones sociales de mujeres y LGBT.
El Ministerio del Interior no presenta ningún avan-ce, es decir que el avance en el cumplimiento de número de indicadores es de 50% (Ver Cuadro 2).
La formulación del plan de acción del CONPES 3931, ha sido muy lenta. La mesa de género del Consejo Nacional de Reincorporación fue uno de los únicos espacios que estuvo reuniéndose en el pro-ceso de tránsito de los gobiernos, logrando algunas concertaciones institucionales para la formulación de actividades, pero las mismas no prosperaron pues el Gobierno actual, en cabeza de Iván Duque, determinó que el plan de acción debía realizarse desde una metodología similar a la realizada en el capítulo de género del PMI, coordinado desde la Alta Instancia de Género de Gobierno y están en ajuste del mismo.
En relación con las garantías de seguridad para lidere-sas y defensoras de derechos humanos, los avances son muy lentos. El gobierno nacional ha privilegiado el cumplimiento del Plan de Acción Oportuna (PAO) en el que el enfoque principal es la militarización de
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los territorios, lo que expone a mayores riesgos a las mujeres defensoras. Así, el PAO se mantiene lejos de las recomendaciones que las organizaciones de mujeres han permanentemente elevado al gobierno y no se acerca a ser una política pública integral que garantice la seguridad de las mujeres en la labor de defensa de los derechos humanos.
Las voces de las mujeres en proceso de reincorporación en los territorios
El actual Gobierno disminuyó la capacidad insti-tucional estatal para atender el proceso de rein-corporación; en este marco redujo la capacidad territorial de la ARN, recortando su presupuesto y su talento humano. Lo anterior hace pensar a las mujeres de las FARC que difícilmente este Go-bierno cumplirá los compromisos constituciona-les adquiridos por el Estado colombiano a través de la firma del Acuerdo de Paz; lo cual alimenta su desconfianza frente a las instituciones estatales.
Los procesos de reconciliación avanzan lenta-mente aumentando las discriminaciones de las cuales han sido objeto, y que constituyen un obstáculo para su desarrollo social y laboral, en cuanto dificulta su acceso a un empleo, y tam-bién la vinculación de comunidades campesinas a sus apuestas productivas.
Las mujeres observan que, si bien el proceso de reincorporación política, económica y social está siendo complicado para todas las personas que se vincularon a él, para las mujeres posee un mayor nivel de dificultad, debido a los patrones socio-culturales patriarcales que juzgan con mayor severidad la inclusión de las mujeres a la guerra, y limita en mayor medida, su ingreso al ámbito público-político, incluyendo en él tam-bién, la esfera laboral.
En cuanto a las personas con orientación se-xual e identidad de género diversa (OSIGD) en
proceso de reincorporación, existe entre ellas la percepción generalizada de que las institucio-nes estatales no les reconocen en su condición de género, requerimiento obligatorio para garantizar su vinculación en los procesos de re-incorporación y estabilización política, social y económica; Así mismo, encuentran que los pro-cedimientos institucionales de caracterización, acercamiento, atención y reconocimiento a la población LGBT carecen del enfoque de género.
Las mujeres que, desarrollan su proceso de re-incorporación fuera de los ETCR sufren mayor grado de vulnerabilidad; Además, no cuentan con tierra que pueda ser destinada a vivienda o producción agrícola, y son frecuentemente excluidas de los escasos programas puestos en marcha por parte del Estado para fortalecer su reincorporación.
Aun cuando las mujeres de las FARC poseen un gran acumulado de experiencias, y amplios conocimientos empíricos y técnicos en diversos ámbitos –salud, educación, seguridad, artes, comunicaciones, administración, modistería, etc.–, estos saberes son subvalorados en su proceso de reincorporación. A cambio, no se les ofrece alternativas que garanticen su estabili-dad socio-económica. Lo pactado en el Acuerdo de Paz, en ese sentido, no se está cumpliendo. Son muchas mujeres las que aún no reciben renta básica, otras la reciben con permanente retraso. Los proyectos productivos en marcha son escasos, y en su gran mayoría no cuenta con el apoyo directo del Estado; son iniciativas que existen por gestión de las mujeres y sus compañeros, y son mayoritariamente apoyadas por cooperación internacional, algunas veces a través de instituciones estatales con presencia en las regiones. Así las cosas, llegado el cese de los auxilios financieros transitorios, difícilmente los proyectos productivos les garantizaran con-diciones de vida digna.
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En cuanto a su acceso al derecho a la educación, mayoritariamente son las mujeres quienes ha-cen uso de la escasa oferta educativa; no obs-tante, existe un marcado desnivel de formación al interior de ellas, hay quienes no saben leer ni escribir; entre tanto algunas son tecnólogas, especialmente en el área agropecuaria, del me-dio ambiente, la administración, la educación infantil y la salud.
La salud, incluyendo la salud sexual y reproduc-tiva es una necesidad sentida por las mujeres y por sus familias.
Pero señalan que en este momento el mayor ries-go es el de seguridad, los asesinatos de sus com-pañeros y las amenazas permanentes, las tienen en una zozobra permanente, en particular a quie-nes no se encuentran en los espacios territoriales.
PUNTO 4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Dentro de este punto, el Acuerdo de Paz estableció por lo menos 17 medidas que incorporan el enfoque de género. Ocho (8) de ellas relacionadas en todo el proceso de sustitución, que incluían las garantías para la participación de las mujeres en todo el proceso de sustitución, oportunidades laborales y de empren-dimientos productivos, seguridad alimentaria, entre otros. Seis (6) medidas en programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y tres medi-das relacionadas con la cadena de narcotráfico.
El Plan Marco de Implementación por su parte, es-tipuló 13 indicadores dentro del capítulo de género. Ocho (8) de ellos contemplan la incorporación del enfoque de género e todo el proceso de sustitu-ción, cuatro (4) de ellos en relación con consumo y uno (1) con cadena de narcotráfico.
Este último documento dejo por fuera temas como la promoción de actividades conforme a las poten-cialidades de los territorios para brindar garantías de ingresos, tampoco quedaron establecidas los servicios de cuidado a primera infancia, ni la forma-lización de tierras. En relación al consumo quedo por fuera la realización de planes participativos en donde se generen reflexiones y acciones entre otras en el consumo de las mujeres relacionado con vio-lencias de género, así como acciones de prevención.
Del total de indicadores el 38% no se han avanzado en su cumplimiento. (Ver Cuadro 2).
Las voces de las mujeres
a. En los encuentros territoriales de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz
En relación con el proceso
Las mujeres están de acuerdo con los programas de sustitución voluntaria, sin embargo, el proce-so no se está desarrollando como se esperaba.
Las jornadas públicas de información y peda-gogía que se debían hacer para avanzar a este respecto no se han logrado.
Para censar a los cultivadores de coca se hizo un registro general, no se hizo un diagnóstico dife-renciado, para identificar por ejemplo a las muje-res en la cadena de producción en la base de datos de los raspachines. Las mujeres hicieron parte de esta economía, muchas de ellas en tareas de cuidado, cocinando o arreglando el lugar, incluso participando en la transformación de la coca.
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Denuncian que los proyectos productivos para las familias no están dando los resultados espe-rados, aún faltan familias por ser beneficiadas. Señalan las mujeres que los proyectos que se están dando son muy pequeños, y con estos no se logra la sustitución. Es un riesgo para el pro-ceso, pues las familias van a volver a cultivar si la sustitución no les garantiza la viabilidad de sus productos y sostenibilidad económica a corto y largo plazo.
En algunos territorios se registraron como población cultivadora personas que no lo eran, las mujeres consideran que debe ser la misma comunidad la que controle esta situación para evitar que familias no relacionados con los cul-tivos ilícitos se beneficien de los programas del gobierno. Al respecto señalan:1. Que no es fácil denunciar, pues son perso-
nas que traen los grupos criminales o de narcotráfico.
2. Que los requisitos para ingresar al programa de sustitución se han vuelto demasiado es-trictos, al punto que las familias campesinas no pueden cumplir con todo lo que se exige o tener la documentación que se requiere. Por esta razón no se les apoya el proyecto de sustitución pese a que sean cultivadores de coca.
3. Las juntas de acción comunal eran las responsables de contralar el tema, han pa-sado los informes sobre la situación, pero el gobierno no ha hecho nada al respecto, pueden ser familias ligadas a grupos del narcotráfico, grupos politiqueros o herede-ros del paramilitarismo.
4. El registro de personas no cultivadoras se debió a que las instituciones hicieron las inscripciones solas, sin las juntas y las orga-nizaciones sociales, pese a que el acuerdo era hacerlo conjuntamente, para prevenir este tipo de situaciones.
Se solicita a las instituciones nacionales que lleguen y no actúen sin concertar con las po-blaciones campesinas, indígenas, afro y sus organizaciones. Es necesario contratar a las personas de la zona para hacer el apoyo técnico y las organizaciones.
En relación con el acompañamiento técnico
Ante las deficiencias del acompañamiento ins-titucional, algunas familias no están planeando bien la inversión del recurso que se entrega en el proceso de la sustitución, no saben qué pueden hacer con los 37 millones de pesos que les llega para el proceso de sustitución voluntaria.
La asistencia técnica no es la esperada en los terri-torios, no es acorde a las necesidades de la región, se esperaba un proceso de atención integral. “Si este proceso no se logra de forma integral, no va a hacer exitoso, y la gente vuelve a cultivar sino les cumplen” mujer cocalera, Sur de Bolívar “lo que el gobierno ha hecho es sacar eso rápido, sin personal bien capacitado y con las familias que sean, no es-tán analizando si eran cultivadoras o no”.
A las mujeres les preocupan los obstáculos a los proyectos de seguridad y soberanía alimentaria.
Seguridad y violencia contra las mujeres
No es claro para las mujeres cómo se van a in-vestigar los casos de violencias en el contexto de los cultivos ilícitos. Mencionan que las mujeres que trabajaron en los centros de transformación de la coca estuvieron expuestas a situaciones de acoso sexual y violación.
Hay que mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y las garantías de estabilidad para las mujeres, pues no es fácil el tránsito de la economía ilegal a las economías legales.
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Procesos pedagógicos sobre equidad de género
Los hombres que reciben el apoyo o pago por la sustitución, no lo comparten o administran de manera conjunta con las mujeres, así sean ellas quienes reciban el pago. Hay que trabajar al interior de las familias para garantizar que el recurso económico se administre de manera compartida, hacia una mejor y más eficiente distribución de este.
b. Principales reflexiones de las mujeres de zonas cocaleras12:
Una de las mayores amenazas de la imple-mentación del PNIS es la presencia de grupos armados en el territorio quienes persisten en los intereses económicos de la pasta base de coca, lo cual ha comenzado a generar conflictos en las comunidades quienes por un lado los intimidan y por otro lado alimentan la conflictividad entre habitantes de la comunidad quienes por temor han expresado no vincularse al programa, pero además amenazando a quienes lo hagan. Esto ha generado inseguridad a las lideresas comunales
12 Realizadas en diferentes encuentros de mujeres cocaleras.
quienes temen denunciar, estando sometidas a estas amenazas.
No se ha aprobado la ley para el trato penal di-ferencial lo que hasta ahora ha avanzado es una mala interpretación de lo que se planteó en el Acuerdo de Paz, puesto que el espíritu del Trato Penal Diferencial, era que mujeres vinculadas con procesos de Ley 30 en relación a actividades del ejercicio de producción cocalera y que hoy están en las cárceles por microtráfico interno, pudiesen ser beneficiarias del Trato Penal Dife-rencial, saldando así dichos procesos.
El programa de sustitución (PNIS) evidencia la crisis con relación a la tenencia de la tierra de las mujeres, se evidencia que no tienen títulos de propiedad, siendo este un criterio técnico es-tablecido arbitrariamente por el PNIS, para que las mujeres sean beneficiarias del programa.
Persisten los procedimientos violentos contra la población que no logró vincularse al programa en los tiempos de dichas vinculaciones, estas acciones son ejercidas por parte de la fuerza pública, realizando erradicación forzada provo-cando una gran conflictividad social.
PUNTO 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
En este punto, el Acuerdo de Paz, contempló 15 medidas que incorporan el enfoque de género. Cuatro (4) de ellas en la Comisión de la Verdad, cin-co (5) en la Jurisdicción Especial para la Paz, seis (6) medidas relacionadas con reparación integral tanto individual como colectiva, atención psicosocial y programas de retorno y reubicación.
El Plan Marco de Implementación por su parte, es-tableció tres (3) indicadores dentro de este punto.
Uno relacionado con espacios de participación para temas de reparación colectiva, otro con acompa-ñamiento psicosocial y el último hace referencia a reubicación y retorno.
Además de las relacionadas con el Sistema de Ver-dad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repe-tición SVJRNR quedaron por fuera la participación de las víctimas del exterior en la construcción de la política de atención y reparación integral, así
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como la incorporación del enfoque de género en las estrategias de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social.
Seguimiento
Dos (2) de los indicadores quedaron a cargo de la Unidad Especial para la Atención y Reparación Inte-gral a las Víctimas y el otro a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social. (Ver Cuadro 2).
La unidad si bien señala que en el 100% de los es-pacios de participación de víctimas cuenta con mu-jeres, ha desarrollado un plan de acción que consta de labores de transversalización, fortalecimiento de reparación colectiva, identificación de acciones afir-mativas y fortalecimiento de los procesos de parti-cipación e incidencia de las mujeres (Ver Cuadro 2).
En el indicador relacionado con las reubicaciones, la unidad también desagregó en cuatro indicadores su cumplimiento: transversalización, fortaleci-miento del tejido social, acciones afirmativas e identificación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
Con relación al indicador del Ministerio de Salud y Protección social, no es clara la cifra de mujeres atendidas.
Si bien estos tres indicadores hacen parte de lo que tradicional y misionalmente se venía realizando, se reconoce el esfuerzo de la unidad en hacer más in-tegral, su labor desde un enfoque de género. Dado que se vienen realizando en el marco de la Ley 1448, en todos se avanza cumplimiento.
El sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repara-ción y no Repetición -SIVJRNR- fue creado por el Acto Legislativo 01 de 2017; conformado por un
mecanismo judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz; y dos extrajudiciales, la Comisión para el Escla-recimiento de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Los tres mecanismos deben actuar de manera coordinada, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconcilia-ción y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz.
El Nivel central
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición/ Desde los territorios
La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz evidenció lo siguiente:
Cada uno de sus componentes ha priorizado en el desarrollo del enfoque de género, al igual que el del enfoque étnico y anti-racial; De tal manera que, tanto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, cuentan con líneas de trabajo, equipos y personal dirigidas puntual-mente a atender las demandas de las mujeres y población LGBT.
También se encuentran en la construcción de metodologías destinadas específicamente a propiciar la vinculación adecuada de estas po-blaciones al SIVJRNR, y en la elaboración de in-formes que buscan dar cuenta específicamente de lo acontecido en el marco del conflicto con las mujeres y la población con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD).
Tanto en la JEP como en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se ha trabajado de
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manera específica el tema de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
En la JEP se está desarrollando un sistema de indicadores de gestión desde la comisión de género y de impacto desde la Unidad de Aná-lisis, este última de manera articulada con la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, construye el plan nacional de búsqueda de manera participativa, desarrollan-do para ello diferentes talleres con mujeres y con población LGBT, así mismo hizo una amplia consulta para definir los requisitos y convocato-rias del grupo asesor.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Ver-dad, cuenta con una mesa técnica de género integrado por organizaciones de mujeres, organizaciones LGBT, feministas académicas, expertas y expertos en temas de paz.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad cuenta con un conjunto de herramientas para ga-rantizar el enfoque de género como son: la política de género, la guía para el abordaje de la violencia sexual, aportes conceptuales para la inclusión del enfoque de género en la Comisión, guía para prevenir acoso sexual dentro de la unidad, matriz para consignar hallazgos en los territorios. Acom-pañan diversos informes realizados por organiza-ciones de mujeres, así como proyectos.
Las voces de las mujeres
Siguen teniendo dudas acerca del funcionamien-to de la JEP, de la Unidad de Búsqueda de Per-sonas Dadas por Desaparecidas y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Todavía es-tán aprendiendo sobre su participación en estas
instancias, las rutas y protocolos de estas, así como cuál sería su participación como víctimas.
Las mujeres siguen esperando la reparación y justi-cia individual, no entienden la justicia restaurativa.
Se han aumento las expectativas sobre los be-neficios del Acuerdo de Paz, como es el acceso a la tierra, regreso a sus territorios y reparación.
En relación con la operación del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación
y No Repetición
La implementación del SIVJRNR se ha dado de manera muy lenta, con relación al tiempo con el que cuenta para concluir su trabajo y las expec-tativas de las comunidades. A nivel territorial, se identifica que ninguno de sus componentes llega a contar con el 50% de las garantías proyectadas en principio para su funcionamiento; por tanto, su estructura física es limitada, el personal es insuficiente, y los recursos económicos mínimos.
En relación con su relación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Cabe resaltar el papel que han desarrollado las organizaciones de la sociedad civil (OSC), especialmente de mujeres y víctimas, como soporte fundamental de las labores de los tres componentes del Sistema; tanto en su defensa, como en la elaboración de informes. Esto, pese a que la mayor parte de las O.S.C. no cuentan con garantías para su funcionamiento, y pese a que poseen el temor de ser instrumentalizadas, como ha acontecido en otros momentos y con otros actores institucionales.
El origen de dicho temor se halla en el irrespeto con que algunos funcionarios y funcionarias del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación
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y No Repetición les han tratado a ellas y a sus organizaciones, quienes no siempre tiene la sen-sibilidad, conocimiento de los territorios y sub-valoran las capacidades de las organizaciones. Si bien estas situaciones se han ido subsanando son una alerta para lo que realice en los territorios.
Estas experiencias negativas han dado pie para que algunas organizaciones y comunidades que le apuestan a la construcción de la verdad, procesos de justicia y no repetición, duden en participar en el sistema por miedo a poner en riesgo sus diná-micas organizativas o su participación termine debilitando los procesos comunitarios que han construido, ante un posible incumplimiento de las expectativas que les genera dicha participación.
No obstante, desde las entidades del SIVJRNR se han dado estrategias que les ha permitido seguir apostándole a la implementación del Acuerdo de Paz, sin poner en peligro sus proce-sos. Es el caso de la Comisión Inter-étnica de la Verdad del Pacífico o las organizaciones de mu-jeres en el Meta, entre otras, que han logrado firmar cartas de entendimiento y colaboración con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. De esta manera, han asumido la opción de trabajar autónomamente en la construcción territorial de verdad, a la par que cooperan con la materialización del fin misional de CEV.
En este sentido, las organizaciones han reflexio-nado, sobre la importancia de su aporte a la construcción de paz, sin embargo, no se debe continuar perpetuando el hecho de que el peso de la paz recaiga, de manera desmedida, sobre las organizaciones sociales, especialmente so-bre las mujeres.
Sin embargo, aun cuando las mujeres y las per-sonas LGBT, poseen algunas recomendaciones y críticas hacia el SIVJRNR y su funcionamiento a nivel local, el cual cada vez se debe ajustar más
a los territorios, reconocen su importancia, por ello, existe una clara intensión, por su parte, de rodearle y fortalecerle, máxime cuando es obje-to permanente de ataques por parte de quienes desde un principio se han opuesto al Acuerdo de Paz, y que hoy hacen parte del actual Gobierno.
Las mujeres organizadas y participantes en los encuentros encuentran que, aun las comunidades fuertemente afectadas por el conflicto no los co-nocen y no comprenden las rutas para participar en el sistema, y sus instrumentos ¿Qué es lo judi-cial?, ¿qué es lo extrajudicial?, ¿quién hace qué?, ¿son diferenciales los informes que se presentan ante cada uno de sus componentes? Por lo ante-rior es fundamental el proceso pedagógico.
Las mujeres consideran que es urgente que el SIVJRNR amplié su presencia articulada en todos los territorios, especialmente en zonas rurales y no exclusivamente en las capitales. Por ejemplo, las mujeres en Tumaco establecen la necesidad de que se tenga presencia directa en su territorio y no se quede en Pasto, así mismo en el Meta establecen que el SIVJRNR no puede quedarse en Villavicencio y debe llegar a todos los municipios y su ruralidad.
En relación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
Puntualmente, la Comisión para el Esclare-cimiento de la Verdad, quien está a cargo de reconstruir la narrativa del conflicto desde el enfo-que de las víctimas, es el mecanismo, dentro del SIVJRNR, que al día de hoy cuenta con mayor presencia en los territorios que comprenden zo-nas PDET, y quien posee mayor reconocimiento local, por cuanto tiene además una estrategia que le da prioridad a la visibilidad, la cual incluye acciones como la puesta en marcha de las Casas de la Verdad; aun así, su alcance sigue siendo limitado, frente a las demandas de las regiones.
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Desde el ejercicio de la interseccionalidad, se resalta que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad realiza alianzas de trabajo con or-ganizaciones de mujeres, LGBT, y también con poblaciones indígenas y afrodescendientes.
En relación con la JEP
Pese a no contar con un masivo reconocimiento territorial, la Jurisdicción Especial para la Paz es, de los tres mecanismos, por su carácter judi-cial, el que mayor expectativa genera entre las víctimas que le conocen y también dudas para los y las excombatientes de base que están en las zonas de reincorporación; para el caso de las victimas existe una gran demanda y expectativa sobre la JEP, cuya respuesta, de acuerdo a sus recursos humanos, financieros y técnicos, re-sultan insuficientes; Se destaca la necesidad de continuar la pedagogía sobre JEP reconociendo que esta pretende ser un modelo de justicia tran-sicional que, apelando a un principio restaurativo y de reconocimiento de los hechos, busca dar cumpli-mento al derecho de justicia a las víctimas otorgar plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado.
Por otro lado, se identifica de acuerdo al dialogo con las comunidades que la JEP posee un gran vacío en cuanto a la atención a víctimas fronteri-zas, ya que el marco jurídico no es claro en este sentido; por ejemplo ¿qué hacer en los casos en que la víctima habita territorios fronterizos per-tenecientes a países vecinos? o ¿cómo tramitar delitos de actores armados colombianos acon-tecidos en las zonas fronterizas?; esta situación aumenta los altos grados de vulnerabilidad que constantemente experimentan los habitantes de territorios limítrofes. No obstante, es de resaltar el minucioso trabajo que la JEP viene
realizando por dar cuenta de lo acontecido en el conflicto con las mujeres y las personas LGTB.
En relación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
En cuanto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, cuya labor es la de coor-dinar los esfuerzos para encontrar e identificar las personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado, desde un enfoque humanitario; Este es el mecanismo frente al cual las mujeres poseen ma-yor desconocimiento; inclusive, aquellas que son víctimas de la desaparición forzada. Sin embar-go, se reconoce que este fue uno de los últimos mecanismos que se instaló, a la fecha, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desapare-cidas aún no llega a todos los territorios, y sigue siendo un reto para las mujeres y las instituciones establecer cómo será su participación.
No obstante, es importante mencionar que en el desarrollo de los encuentros territoriales, se iden-tificaron varios retos al respecto, entre los cuales están la necesidad de búsqueda de personas LGBT desaparecidas en el marco del conflicto , pero que sus familiares no denuncian su perdida, la bús-queda de los hijas e hijos de mujeres guerrilleras a quienes “el estado se los arrebató” así mismo, la atención a mujeres víctimas de desaparición forzada, cuyo ser querido pertenecía a las filas de las FARC-EP, y acciones para prevenir la estigma-tización y revictimización, que para el caso de las exguerrilleras y familiares les llevan en algunos casos a mantener silencio frente a este flagelo.
Finalmente, le resulta esperanzador para las mu-jeres en sus diversidades conocer sobre la existen-cia de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la labor que desarrollará.
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El Acuerdo de Paz, contempló ocho (8) medidas para la incorporación del enfoque de género en este punto. La creación de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, la inclusión del enfoque de género en el Plan Marco de Implementación, la incorporación del enfoque en las medidas normativas, la incorporación del enfoque en el capítulo étnico y el acompañamiento internacional.
Por su parte el Plan Marco de Implementación, estableció cinco (5) indicadores. En ellos se con-templó la creación de la Alta Instancia de Género de Gobierno, el dialogo entre la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz y la Alta Instancia de Gobierno, la transversalización del enfoque en todo el PMI y el seguimiento a los indicadores del capítulo de género, incluyendo in-formes relativos a ellos.
Los cinco (5) indicadores están a cargo de la Presi-dencia de la República. Dos (2) que no se cumplen 40%, uno (1) ya cumplido 20% y dos (2) con cumpli-miento parcial. (Ver Cuadro 2).
Las voces de las mujeres
Se identifican los siguientes riesgos en la imple-mentación en los territorios
Corrupción. Las mujeres y sus comunidades han identificado la utilización de los recursos des-tinados para la paz en acciones de corrupción como el pago de cuotas políticas, dan a conocer por ejemplo, que algunos apoyos técnicos para la población campesina, la inscripción en pro-yectos, la oferta educativa, el acceso a subsidios y la contratación de personal en proyectos para la paz, ha estado ligada a los partidos políticos
que seleccionan quienes pueden o no participar con estas contrataciones y apoyos. Además, dan a conocer que el contexto electoral territo-rial agudiza este tipo de riesgos de corrupción.
Proliferación de chalecos. Múltiples actores nacionales e internacionales que evidencian burocracia, pero no efectividad en respuestas efectivas a situación de las mujeres y de la po-blación LGBT en los territorios.
Desconocimiento del enfoque de género y de la dinámica territorial por parte de la institucio-nalidad territorial, nacional e internacional que llega a la zona, lo que deriva en intervenciones de acción con daño.
Falta de conocimiento por parte del personal territorial en las dinámicas del territorio, lo que ha generado en una reinterpretación del Acuer-do de Paz, que favorecen visiones parcializadas sobre la implementación, como, por ejemplo la implementación del enfoque de género sin te-ner en cuenta la atención a las personas LGBT, la implementación centrada en las víctimas, como debe ser, pero favoreciendo la estigmatización a las personas en procesos de reincorporación, las acciones centradas en zonas rurales, desco-nociendo el microtráfico y el conflicto armado que viven los cascos urbanos y las ciudades la necesidad de atender no sólo a los campesinos y las campesinas en la ruralidad, sino las personas del campo desplazadas y que habitan en la ciu-dad y que desean regresar al campo o requieren solucionar la garantía de derechos en sus nuevos lugares de asentamiento.
Utilización e instrumentalización de las orga-nizaciones de mujeres y de las personas LGBT
PUNTO 6. Mecanismos de implementación y verificación
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para socializar algunas actividades relacionadas con el Acuerdo de Paz, pero sin resultados efec-tivos en su implementación y territorialización, lo que ha generado grandes costos en cuanto a la credibilidad en la institucionalidad por parte de las organizaciones
Reconfiguración de la guerra
A las mujeres, personas LGBT y sus comunidades les preocupa el ambiente guerrerista que se ha agu-dizado en este tercer año de implementación, dan a conocer que, ante cualquier acción de protesta pacífica de las comunidades, la fuerza pública está reaccionando con acciones de extrema violencia, y el diálogo con las instituciones se ha dificultado. En este sentido, las comunidades identifican que se destinan recursos para fortalecer a la Fuerza Públi-ca, pero no se destinan recursos para implementar acciones para la convivencia pacífica y la reconci-liación, o para acciones de promoción de una cul-tura política sin armas y el desmonte de la cultura paramilitar. Para las mujeres la cultura guerrerista y armamentista sigue vigente en los territorios, se percibe el retorno de la lógica del enemigo interno y la desconfianza en las comunidades. Situación que se agudiza tras las disputas por el control territorial de aquellas zonas antes ocupadas por las FARC-EP.
El reclutamiento forzado, principalmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es un riesgo más que experimenta con crecimiento acelerado, por la falta de oportunidades y garantía de derechos, además por la reconfiguración de los grupos armados ilega-les viejos y nuevos en el territorio.
La reconfiguración de los poderes territoriales y las estructuras delincuenciales relacionados con el manejo o/y control de las rutas y comercio del narcotráfico y microtráfico, la locomotora mine-ro-energética, y el control de las economías ilícitas que en estos contextos traen como consecuencias anexas: el aumento de la prostitución, explotación
sexual, el desempleo, el consumo de drogas, robos, saqueos a las fincas, extorsiones, embarazos no deseados, desplazamientos internos y migración, violaciones sexuales, reclutamiento de menores, entre otros fenómenos sociales propios de contex-tos de guerra.
La institucionalidad de territorios en donde el pa-ramilitarismo ha tenido una presencia histórica, re-conoce hoy que sus departamentos experimentan una retoma territorial por parte de grupos paramili-tares o sus herederos, luego de la firma del Acuerdo de Paz, especialmente en zonas que anteriormente se encontraban bajo el control de las FARC-EP. Este fenómeno va ligado a la reconfiguración de los poderes de las economías ilegales, y a las nuevas jurisdicciones simbólicas que esta crea, ante la au-sencia del control de la guerrilla, pero sobre todo del control por parte del Estado.
Los riesgos, con relación a la implementación del enfoque de género, étnico y territorial en el Acuer-do de Paz, se agudiza en zonas de fronteras. Por lo que estas requieren particular atención.
Garantías de seguridad
La falta de garantías de seguridad, se convierte en uno de los principales desafíos para construir una paz estable y duradera. Se identifica que las amenazas, la estigmatización y la criminalización, recaen especialmente sobre reclamantes de tie-rras, protectores del agua, quienes en gran medida son mujeres. Entre tanto, las comunidades rurales, especialmente indígenas y afrocolombianas, que habitan territorios de interés para el narcotráfico o megaproyectos, viven en confrontación e incerti-dumbre permanente por las amenazas que reciben por defender sus territorios.
Se reafirma que las mujeres requieren garantías de seguridad diferenciales y comunitarias, más aún si se tienen en cuenta la multiplicidad de roles que
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estas asumen, tanto como lideresas, como en el marco de la reproducción social y la producción eco-nómica; en este mismo sentido, insisten en la nece-sidad de fortalecer los mecanismos que el Acuerdo de Paz estipula para tal fin, como lo son la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que aún no se efectúa y no han contempla-do de forma clara la implementación del enfoque de género, el enfoque étnico, y el- antirracial.
Recomendaciones desde las voces territoriales:
Asignación de mayores recursos nacionales y territoriales para la implementación del Acuer-do de Paz; particularmente, de las medidas con enfoque de género contenidas por el Plan Mar-co de Implementación, así como las referidas a pueblos y comunidades étnicas y a la población LGBT, afectadas por el conflicto armado.
Es indispensable la armonización de los instru-mentos de planeación local y sus recursos, por ello, es una tarea urgente armonizar las acciones propuestas en los PDL, los PDET y los PNIS, así como planes de acción de espacios como las me-sas de víctimas y los Consejos Territoriales de Paz.
Para lograr avanzar decisivamente con la imple-mentación territorial del Acuerdo de Paz, es im-prescindible romper la brecha institucional entre lo nacional y lo local, lo cual implica insistir en una mayor destinación presupuestal para los entes territoriales; así como la promoción del trabajo intra e interinstitucional y la divulgación de linea-mientos claros, los cuales deben ser difundidos de forma oportuna y con un acompañamiento permanente por parte de los entes nacionales.
Es preciso que el PMI esté ligado a una estra-tegia pedagógica continua para su efectiva
implementación y seguimiento, dirigida especial-mente a los entes territoriales y su institucionali-dad, que incluya el reconocimiento del Acuerdo de Paz de manera integral y con toda su rein-geniería; el fortalecimiento de sus capacidades técnicas; la comprensión e incorporación del en-foque de género, étnico, antirracial, diferencial, territorial, interseccional y de derechos humanos; el fortalecimiento de la articulación intra e inte-rinstitucional; y la puesta en marcha de canales adecuados para dar cuenta a la ciudadanía sobre los avances del proceso de implementación, así como recibir y reconocer la importancia de sus recomendaciones durante todo el proceso.
La estrategia de pedagogía institucional debe prevenir la reinterpretación y acomodo del Acuerdo de Paz según los intereses particulares de los funcionarios y funcionarias, que benefi-cian de forma particular a un grupo determina-do y con ello favorecen la corrupción.
La elección y designación de las y los funcio-narios vinculados en la implementación de las medidas emanadas del Acuerdo de Paz debe garantizar que quienes lleguen a los territorios, además de contar con la capacidad técnica para el desarrollo de sus labores, posean conocimien-tos acerca del contexto territorial, así como capacidad de empatía; evitando que se generen acciones con daño en las comunidades.
Se requiere la puesta en marcha inmediata y el fortalecimiento continuo de instrumentos que brinden garantías de seguridad para el pleno ejercicio de la participación ciudadana, en este sentido, es fundamental el reconocimiento e implementación de acciones colectivas como son las propuestas de las mujeres afro e indí-genas. Así mismo, las medidas de seguridad deben responder a las demandas diferenciales de las mujeres y sus contextos familiares y comunitarios.
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Es clave fortalecer especialmente la presencia territorial de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y del Sistema Integral de Seguri-dad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
La vinculación de las víctimas al SIVJRNR, desde procesos de pedagogía y articulación interinsti-tucional es clave para prevenir la revictimización y la desconfianza institucional ante la no res-puesta efectiva a las víctimas.
La participación real, efectiva y vinculante de las mujeres, para el fortalecimiento de la demo-cracia, sigue siendo un reto institucional. Es me-nester que el Estado, y toda su institucionalidad, avancen decididamente hacia la implementa-ción de las medidas que garanticen, motiven, e incentiven este derecho desde su diversidad, especialmente en los espacios de planeación, ejecución y evaluación de las acciones a desarro-llar en los territorios en el marco del Acuerdo lo cual implica superar el enfoque numérico bajo el cual fue evaluada por ejemplo la inclusión de las mujeres en los PDET.
Armonización a nivel territorial de las leyes nacionales relativas a la equidad de género, los compromisos internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mu-jeres y las personas LGBT, y los CONPES con los decretos y reglamentación local, así, como con las medidas producto del Acuerdo de Paz.
Si bien la institucionalidad debe seguir amplian-do su presencia territorial, debe también ganar en capacidad de escucha, sensibilidad y articula-ción para lograr que su oferta sea pertinente a las demandas de las comunidades, en especial a las de las mujeres.
Además de ampliar la presencia territorial del SIVJRNR, de manera especial la presencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad
de búsqueda de Personas dadas por desapareci-das (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimien-to de la Verdad (CEV), es urgente que se cuente con una pedagogía que le permita a sus tres componentes fortalecerse y actuar de manera articulada, aunar esfuerzo para enfrentar sus limitaciones, y lograr que la verdad, la justicia, la reparación, y la no repetición llegue a quienes lo necesitan, desde una relación responsable y respetuosa de las lógicas organizativas locales.
Asumir la justicia como pilar de la paz implica ne-cesariamente el fortalecimiento de sus múltiples dimensiones, por lo tanto, es urgente fortalecer y articular con procesos de justicia propia que res-ponde a las cosmovisiones étnicas y a las expresio-nes de multiculturalismo colombiano, ampliando las visiones y las estrategias a este respecto.
Es el Estado, desde toda su estructura, quien debe asumir un compromiso decidido por prevenir y luchar contra la corrupción como práctica naturalizada e incrustada en todos sus organismos y entes territoriales. Así mismo, los entes de control, deben hacer mayor segui-miento y poner atención a las denuncias de las comunidades a este respecto.
Se debe recuperar la perspectiva que el Acuerdo de Paz daba al PNIS, de tal manera que supere su enfoque actual centrado en la erradicación represiva, y pase a dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito, reconociendo sus cau-sas y comprometiéndose con su superación. Así como establecer estrategias con las familias que quedaron fuera del proceso.
Se debe brindar especial atención a los territo-rios ubicados en zonas fronterizas y la construc-ción de paz, en donde la implementación del Acuerdo de Paz se hace más compleja. En este sentido, debe ajustar los vacíos existentes en el marco legal, de tal manera que le permita la
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aplicación de justicia, y la atención pertinente a las víctimas del conflicto político, social y arma-do colombiano, que habitan dichos territorios.
Se deben afianzar los esfuerzos conjuntos entre la institucionalidad, la comunidad internacional y la población civil para una mejor comprensión colectiva, sobre qué implica, qué significa y qué acciones se pueden hacer para incorporar de forma eficaz, oportuna y real el enfoque de gé-nero, étnico, antirracial, territorial y diferencial, en la implementación del Acuerdo de Paz y en el desarrollo de las acciones afirmativas allí con-templadas para las mujeres y las personas LGBT.
El proceso de implementación del Acuerdo de Paz, demanda que las partes firmantes soliciten al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prorrogar el mandato de La Misión de Verifica-ción de las Naciones Unidas en Colombia, por el tiempo que requiera la implementación del mis-mo. En cuanto, tanto para las comunidades ru-rales, las mujeres y organizaciones LGBT, como para las personas en proceso de reincorporación política, económica y social, la verificación y el seguimiento por parte de la comunidad interna-cional es garantía de que las partes cumplan con lo pactado.
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PUNTO 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
1. Necesidad de establecer líneas base, por sexo, identidad de género etnia y territorio. La meta es que al 2020 se tengan en todos los indicadores de género.
2. Se sugiere a la dirección de mujer rural del Ministerio de Agricultura la creación de una mesa interinstitucional en donde se haga seguimiento a los indicadores de género del punto 1, animando con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación que se creen puntos focales de género, con los cuales interlocutar.
3. Es clave que desde la mesa de género interinstitucional de punto 1, se anime a la transver-salización de todos los indicadores del Acuerdo de Paz.
4. En las mesas de trabajo las entidades identificaron que están realizando acciones rela-cionadas con los compromisos del Acuerdo de Paz que no quedaron establecidos en los indicadores, por lo que es importante hacer la sistematización de ellos.
5. Lo anterior se relaciona con las propuestas de las mujeres de los territorios relacionadas con sus demandas que, si bien quedaron establecidas en el Acuerdo de Paz, no quedaron expresadas en el capítulo de género del PMI.
6. Se recomienda el establecimiento de un mecanismo, procedimiento y/o ventanilla especial para que las mujeres y organizaciones de mujeres puedan solicitar el diligenciamiento del FISO, así como para declarar la ocupación actual que tengan sobre baldíos tal como lo exi-ge el decreto 902.
7. No dar como cerrados los indicadores, sino a partir de lo establecido hacer planes de acción que permitan dar cuenta de su implementación. Se hace un llamado especial en particular con la acción a cargo de la ART relacionada con los PDET, siendo esta la hoja de ruta del punto 1, no es posible que los intereses de las mujeres no estén presentes allí y no se les haga seguimiento.
4. Recomendaciones específicas a cada uno de los puntos del Acuerdo
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1. Constituir una mesa intersectorial para este punto del Acuerdo de Paz.
2. Se hace un llamado al Ministerio del Interior para que responda con los compromisos que tiene en relación con la seguridad de líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos y que lo haga de manera articulada con las otras entidades que son responsables del tema como la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Consejería de estabilización, entre otros.
3. Se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de Paz que entregue un informe sobre los Planes de Atención Oportuna (PAO) y sus resultados. Así
mismo se solicita se reactive la subcomisión de género de la Comisión de Garantías de Seguridad.
4. Se le solicita al Ministerio del Interior y al DNP que incluyan en la agenda legislativa las leyes que quedaron pendientes de aprobación, en este punto en particular las relacionadas con reforma política, circunscripciones especiales y reforma a la Ley 152 de 1994.
5. Se recomienda al Ministerio del Interior ajustar sus metas del plan de trabajo, revisar los con-tenidos de acuerdo con los enfoques y orientar su actuación a los territorios priorizados por el acuerdo de paz.
PUNTO 2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz
PUNTO 3. Fin del conflicto: Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y dejación de armas
En el marco del sistema educativo, la creación de mecanismos que permitan la formalización de los saberes y experiencias de las mujeres de las FARC, como una medida afirmativa para su estabilización socioeconómica.
Que entidades estatales y de cooperación internacional incluyan el apoyo a iniciativas que fortalezcan los procesos de feminismo insur-gente, dentro de sus líneas de financiamiento, como una apuesta estratégica, que busca la emancipación de las mujeres en proceso de reincorporación.
La inclusión efectiva de los territorios periféri-cos y de las mujeres de las FARC que los habitan en las apuestas de construcción de memoria de la antigua guerrilla, como mecanismo para hacerles más polifónicas y evitar que las voces
de las mujeres nuevamente queden relegadas al olvido, junto con las razones de sus luchas.
Es necesario garantizar la vinculación del total de mujeres y hombres en proceso de reincorpo-ración al sistema colombiano de salud, en con-diciones coherentes a su contexto; esto implica la oferta de programas en salud metal, sexual y reproductiva; así como la prevención de enfer-medades comunes en la población femenina. Se debe priorizar en la atención integral a personas con demandas especiales a causa de la guerra.
Se debe visibilizar el liderazgo política y so-cialmente de las Mujeres de las FARC, como una medida para fortalecerles. Ello requiere el compromiso de todos los actores ligados a su reincorporación, y de manera especial su reco-nocimiento por parte de los gobiernos.
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La institucionalidad, en todos sus niveles, debe conocer y reconocer los acuerdos, y asumir su responsabilidad en la implementación de estos; especialmente con lo que respecta a la reincor-poración y a la inclusión del enfoque de género.
En temas laborales, se deben diseñar estrategias que permitan dar prioridad a la contratación de personas en proceso de reincorporación, espe-cialmente mujeres, en el marco de iniciativas para la implementación del Acuerdo de Paz.
Se deben incluir a las mujeres en proceso de reincorporación, en todos los escenarios de par-ticipación ciudadana, especialmente aquellos establecidos por el Acuerdo de Paz, y brindar las garantías pertinentes, para que su participación sea efectiva.
La población con orientación sexual e inde-bidas de género diversa (OSIGD) en proceso de reincorporación y sus demandas, deben ser reconocidas en su condición de género e incluidas integralmente; ello implica que los procedimientos institucionales de caracteriza-ción, acercamiento, atención y reconocimiento
deben contar con el enfoque de género. Parti-cularmente, aquellas herramientas dirigidas a dicha población.
Para que el proceso de reincorporación cumpla su cometido, es necesaria el diseño e implemen-tación de una política integral de reconciliación, que llegue a todos los territorios y permita el fortalecimiento de la convivencia comunitaria, especialmente en zonas históricamente afecta-das por la guerra.
Es fundamental promover procesos de veeduría dirigidos a hacer seguimiento a la administra-ción de los recursos nacionales e internacionales destinados a fortalecer el proceso de imple-mentación, especialmente a la reincorporación; ya sean sus administradores entes de carácter público o privado.
El Gobierno nacional debe dar una respuesta eficaz en términos de garantías de seguridad, a los asesinatos, amenazas y demás victimizacio-nes de líderes y lideresas sociales, así como de personas en proceso de reincorporación.
PUNTO 4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Es necesario la creación de un protocolo de se-guridad para las mujeres de los territorios PNIS que tome en cuenta sus riesgos específicos y que sea construido de manera participativa.
Fortalecer por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales de las instancias creadas por medio del decreto 362 de 2018, ga-rantizando la participación activa de las mujeres, dicha participación en los distintos escenarios
de discusión debe ser cualificada, para lo cual se requiere acompañamiento de equipos técnicos autónomos a las organizaciones de mujeres de los territorios, que les permita avanzar en la inci-dencia para la implementación del punto cuatro: Solución al problema de las drogas ilícitas, en su integralidad.
Es urgente la asignación presupuestal que per-mita la atención prioritaria a mujeres vinculadas
Recomendaciones específicas a cada uno de los puntos del Acuerdo
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como recolectoras al PNIS, que al momento del levantamiento de las plantaciones de coca que-daron sin ejercer una actividad diferente, puesto esta era la que generaba estabilidad económica.
Se hace necesario que se convoque a las instan-cias nacionales del PNIS, consejo Permanente de Dirección, Junta de Direccionamiento Estratégi-co, donde sea convocada la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, y desde allí avanzar en un balance que permita al Gobierno nacional generar estrategias de esta-bilización del programa en los territorios.
Enfatizar en que el programa de PNIS no es el PAI familiar, el PNIS es la integralidad de trasforma-ción del territorio y de ello depende el éxito. Para lo cual es necesario avanzar en la implementación de los PISDA- PDET y para aquellos territorios donde aún no se ha construido dichos instrumen-tos, poder avanzar de forma inmediata.
Fortalecer las organizaciones de mujeres para que ellas puedan hacer el seguimiento de los avances del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito y los impactos en su vida, donde se realicen procesos de formación a las mujeres sobre el Acuerdo de Paz como garantía para su participación efectiva.
Avanzar en la construcción de vías, sistemas de electrificación como garantías de comercio, infraestructura en salud, educación y plantas procesadoras de materia prima, para aquellos cultivos que se implementaran en la medida en que avance el PAI, y que están categorizadas en el Acuerdo de Paz como obras de infraestructu-ra rápida.
Articulación de la estructura que se ha dado entre la ART en la formulación de los PDET y la implementación del PNIS, con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
PUNTO 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado
Las garantías de seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos deben tener un enfoque diferencial sólido e integral. En este sentido, entre varios criterios para tener en cuenta, toda medida de protección debe ser ex-tensiva al núcleo familiar de las mujeres, pues en una gran mayoría de casos, las amenazas y actos de violencia se dirigen a su núcleo personal.
Asimismo, las necesidades particulares y diferenciadas de las mujeres defensoras de de-rechos humanos deben ser tenidas en cuenta al momento de formular esquemas de protección. En este sentido, a todo proceso de defensa y res-guardo de la integridad o vida de las mujeres, le
corresponde contener disposiciones materiales dirigidas a una disminución de riesgos integra-les, esto es educación, empleo, salud y vivienda.
En la misma línea, en los casos de evaluación de riesgos es fundamental que la valoración se haga dentro de un análisis estructural y contex-tual en el que se establezca el riesgo existente de las defensoras de derechos humanos por el solo hecho de ser mujeres.
Las labores de liderazgo generan un mayor nivel de vulnerabilidad para las defensoras de dere-chos humanos. Cuando una mujer ejerce labores que se consideran esencialmente masculinas,
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los grupos armados toman represalias particu-lares en su contra. Son ataques que en un gran número de casos contienen sevicia, que guardan un mensaje simbólico y buscan que se movilicen hacia el hogar y/o al ejercicio de labores estereo-tipadas femeninas.
En este sentido, es importante poner de ma-nifiesto que para la labor de las mujeres de-fensoras de derechos humanos son los actores armados, tanto legales como ilegales, los que
representan un riesgo para su integridad. Así, los actores armados ejercen violencia de género en contra de las lideresas sociales y defensoras de derechos y, adicionalmente, representa un obstáculo al control territorial de sus grupos.
Al Sistema Integral de Justicia, Verdad Repa-ración y Garantía de no Repetición, lograr una mayor pedagogía, pues todavía es confuso para las mujeres entender las particularidades de cada uno, su temporalidad y misionalidad.
PUNTO 6.Implementación, verificación y refrendación
Sobre la Consejería Presidencial para el Equidad de la Mujer:
Difunda los lineamientos, establecidos por la entidad para la transversalización de género.
Establezca un plan de acción para la transver-salización de género con todas las entidades encargadas del PMI.
Que la Alta Instancia de Género de Gobierno:
Tome en cuenta lo señalado en el decreto que la crea y le haga seguimiento a la incorporación del enfoque de género en todo el Plan Marco de Implementación.
Recomendaciones específicas a cada uno de los puntos del Acuerdo
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Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
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Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”
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Enfoque de género y paz territorial“Balance a tres años de la firma
del Acuerdo de Paz”A tres años de la firma del Acuerdo de Paz, se evidencia que durante su primer año (noviembre de 2016 a noviembre de 2017) si bien se desarrolló buena parte del marco normativo y de política pública (Plan Marco de Implementación (PMI) y Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)), quedaron sin resolverse temas claves incluidos en el Acuerdo de Paz que no solo permitían responder a causas estructurales de desigualdad y de violencias que afectaban particularmente a la población en sectores rurales entre ellas, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales y
dentro de ellas específicamente a las mujeres y población LGBT.
El enfoque de género que fue reconocido como eje central en el Acuerdo de Paz se fue desdibujando en la realización de un único capítulo de género dentro del Plan Marco de Implementación (PMI) restringiendo las acciones afirmativas hacía las mujeres y población LGBT logradas en el Acuerdo de Paz firmado, a través de indicadores que no evidenciaban compromisos con las metas trazadoras ni con indicadores de impacto sino con indicadores de
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