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D La crisis de La poLítica en españa
Desde hace tiempo venimos observando como
en España se alzan cada vez más voces aira-
das contra todos los poderes públicos del Es-
tado. Desde los medios de comunicación, a través de
artículos de opinión, editoriales, tertulias, entrevistas,
supuestos programas de investigación o pseudo bio-
grafías, los ciudadanos reciben continuos mensajes
que ponen en duda la credibilidad de la mayor parte
de las instituciones sobre las que se sostiene nuestro
sistema democrático. La Corona, la Justicia, el Tribu-
nal Constitucional, la Función Pública, los Sindicatos,
las Comunidades Autónomas, los Partidos Políticos, al
socaire de una crisis económica feroz, son zarandea-
das de manera inmisericorde como si fueran las res-
ponsables colectivas de una situación en donde campa
de forma generalizada la corrupción, el despilfarro, el
amiguismo o la indolencia más absoluta.
Tampoco la sociedad española escapa a estas críticas
pues, cuando no es tachada de vivir por encima de sus
posibilidades –como si el querer vivir bien fuera un peca-
do intolerable–, es acusada de falta de productividad o
competitividad, en unos términos que harían las delicias
de cualquier calvinista anglosajón. Así los funcionarios
consiguieron su puesto gracias a un pariente, los docen-
tes acaban siendo unos ignorantes, los parados unos
vagos redomados, los policías unos enredas al servicio
de poderes oscuros, los médicos unos negligentes, los
arquitectos unos megalómanos, los deportistas unos
tramposos o los actores y actrices unos desahogados
que viven del cuento. Solo los banqueros y los empre-
sarios, eufemísticamente llamados emprendedores, pa-
recen querer evadir esa condena social a pesar de que
su anterior presidente esté imputado por estafa o que
en general sus actividades financieras en el marco de la
crisis hayan sido, cuando menos, de dudosa moralidad.
Hasta los logros materiales del pasado son vilipendia-
dos como si fueran el capricho de unos adolescentes
derrochadores. De esta forma, el AVE, las autovías,
los hospitales, los colegios, las universidades, las ca-
sas de cultura o los polideportivos son furibundamente
criticados como excesos intolerables. Cómo si no fue-
ra intolerable, en sí mismo, que sostengamos que, en
cuestión de servicios básicos, existan españoles de pri-
mera o de segunda en razón del lugar donde residen.
Del mismo modo, cualquier conquista social del pasado
es incluida en el mismo saco de lo innecesario, de lo
intrascendente o de lo sectario. Últimamente vuelve a
ponerse en solfa la idoneidad de algunas decisiones,
el matrimonio homosexual, el aborto, el lenguaje no
sexista, la dependencia, los derechos del trabajador,
la educación a la ciudadanía etc., como si fueran ocu-
reivindicando una forma de hacer política: La gestión de la cultura en
castilla-La ManchaCul
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Luis Martínez García*Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado
*Luis Martínez García fue Director del Archivo General de Simancas, Director de Archivo de Castilla-La Mancha y Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas y Director General de Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha la pasada legislatura.
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no podemos ignorar que la crisis econó-
mica y la crispación política ha agrieta-
do el imaginario español de una sociedad
modélica, tolerante y solidaria.
rrencias de una izquierda trasnochada.
Hasta la universalización y gratuidad de
la sanidad es puesta en duda por algunos
voceros que ponen a los Estados Unidos
como ejemplo a seguir, a pesar de que su
conocimiento sobre el mismo, en el
mejor de los casos, se limita a una
breve estancia de unos meses en
una universidad de medio pelo.
No dudamos en que se han come-
tido demasiados excesos, por otro
lado comprensibles en una sociedad
española en donde, por primera vez en su
dilatada existencia, ha entrado el dinero a
manos llenas. No seremos los que negue-
mos que el mundo del ladrillo también ha
generado mucha corrupción, aunque en
bastante menor medida que la que en su
momento trajo la mafia italiana, el hampa
rusa, los narcos hispanoamericanos o el
gansterismo estadounidense. No pretende-
mos ser tan ingenuos como para ignorar
que muchas de estas controversias son
meros fuegos de artificio. Falsas polémicas
creadas por distintos grupos de presión
cuyos intereses políticos o crematísticos
se desarrollarían mejor en el caldo de cul-
tivo de una sociedad desmoralizada, atri-
bulada por las penurias y debilitada ante
la inexistencia de unos poderes públicos
capaces de proteger a los colectivos más
desfavorecidos. En la Historia española hay
demasiados ejemplos de tales prácticas ig-
nominiosas, de alabanza de autoritarismos
y totalitarismos como panacea ante los de-
fectos de la política o de los excesos de la
masa, de utilización del miedo y la ignoran-
cia como freno al cambio social.
No obstante, no podemos ignorar que la
crisis económica y la crispación política ha
agrietado el imaginario español de una so-
ciedad modélica, tolerante y solidaria. Des-
de la Transición, los ciudadanos españoles
creyeron haber construido una sociedad
envidiada por el resto del mundo, más jus-
ta, más preocupada por quienes menos
tenían, con más derechos sociales y con
una riqueza mejor distribuida (Morán Cal-
vo-Sotelo, 1995). Solo el terrorismo, y en
menor medida el paro, representaban un
problema sistémico para la mayor parte
de los españoles; aún así, a principios del
siglo xxi, incluso el fin de ETA y el pleno em-
pleo empezaron a verse como una realidad
cercana. La creencia en la democracia y
en el europeísmo, como valores morales
que sustituían a una religiosidad apolillada
en el pasado, dotaron a nuestra sociedad
de una consideración demasiado favorable
de sí misma (Wert, 2012:64-67).
Además, aunque con matices, los múlti-
ples colectivos que la configuran mantie-
nen una fuerte dependencia social de las
estructuras políticas y administrativas del
Estado. Para los españoles las clases po-
lítica y burocrática deben ser los gestores
de la mayor parte de los servicios básicos,
ya sean las prestaciones por desempleo o
los gastos educativos, asistenciales o cul-
turales. De hecho, en estos últimos treinta
años se ha construido una curiosa dicoto-
mía mental en la que la mayor parte de la
sociedad diferencia claramente el alcance
de lo público o privado en razón de su cos-
te y de su interés personal. Los servicios
se reciben como un derecho sin cuantifi-
car, mientras que, según nos corresponda
dar o recibir, las retribuciones por el traba-
jo se perciben siempre insuficientes, o el
pago de impuestos desmesurado (Centro
de Investigaciones Sociológicas, 2011).
Aún más preocupante es la imagen que tie-
nen los ciudadanos de la clase política y de
los partidos políticos, a la que hacen respon-
sable de la mayor parte de los males actua-
les (Centro de Investigaciones Sociológicas,
2009), y aunque ciertamente es un
descrédito que han ido ganándose a
pulso legislatura tras legislatura, no
lo es menos el que, a fin de cuen-
tas, son una parte tangible y real de
nuestra sociedad. Es más, las élites
políticas emanan de la sociedad, son
un reflejo de la misma y su presunta
amoralidad y mediocridad es un espejo en
el que deberían reconocerse los españoles
(Gil Villa, 2008). En su cargo hay que seña-
lar su afán de perpetuarse –no menor que
el de cualquier otro profesional–, la escasa
transparencia utilizada en la gestión de los
asuntos que le conciernen, la construcción
de redes clientelares y de lazos de fidelidad
fundamentados en el favoritismo, su pre-
sunta facilidad para corromperse o para
corromper o su apego a los fastos y a las
obras “emblemáticas”. En su data, lo mal
retribuidos que están –sí, pésimamente pa-
gados para el presupuesto que gestionan–,
la actividad sin un horario fijo, las dificulta-
des para conciliar la vida familiar, la pena-
lización de los errores cometidos frente a
la escasa trascendencia de los numerosos
aciertos y la dificultad para reintegrarse a
su anterior “vida civil” al tener que pagar un
costoso peaje personal y profesional.
La sociedad española presume de recha-
zar y condenar cualquier acto delictivo que
suponga un menoscabo de lo público o un
comportamiento cívico deshonesto. Si hicié-
ramos caso de las encuestas los españoles
serían los menos corruptos, los más intole-
rantes con quienes defraudan a Hacienda o
los más intransigentes con quienes abusan
de las relaciones e influencias para obtener
un favor (Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, 2009). Por ello, nos extraña que
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un grupo social en crisis debe encontrar
su chivo expiatorio a quien acusar de to-
dos los males habidos y por haber.
existan jurados populares que absuelvan a
políticos de dudosa moralidad pública, que
dirigentes imputados ganen elección tras
elección o que el fraude fiscal español sea el
más alto de Europa. Incluso, circunstancias
sociales aparentemente positivas, como la
protección de las personas en el entorno
familiar, tienen cierto coste añadido pues
con tanto amparo parental promueven la
búsqueda de la recomendación, “enchufe”
o tráfico de influencias para garanti-
zar su supervivencia.
No obstante, un grupo social en
crisis debe encontrar su chivo ex-
piatorio a quien acusar de todos
los males habidos y por haber. La
búsqueda de un culpable ha dado lugar
a que todo aquello que está relacionado
en mayor o menor medida con lo político
sea rechazado y estigmatizado por una
sociedad en donde hasta los más jóvenes
empiezan a poner en duda las bondades
del sistema democrático, la utilidad de la
Constitución o la mera existencia de un fu-
turo (Wert, 2012:77-79). La precariedad
en el trabajo, acrecentada por una reforma
laboral brutal, el desempleo y la frustración
convierten a la sociedad en un colectivo
angustiado que busca insistentemente una
comunidad judía a quien realizar un “pro-
grom”. Sin embargo, ningún sitio como en
Castilla-La Mancha para ejemplarizar la ne-
gación de la política o para poner en duda el
mismo concepto de Comunidad Autónoma.
eL Laboratorio de La crisis:
castiLLa-La Mancha coMo
paradiGMa deL “despiLfarro”
autonóMico
El 22 de mayo de 2011 los castellano-
manchegos eligieron a M.ª Dolores de Cos-
pedal como nueva presidenta de Castilla-La
Mancha. Nada que objetar al triunfo del
Partido Popular que, con un diputado más
que el Partido Socialista, salía victorioso del
recuento definitivo de las urnas. Un resulta-
do que suponía un drástico cambio político
en una Región gobernada durante 28 años
por los socialistas, castigados duramente
por una supuesta pésima gestión pública
de la crisis económica que azotaba Espa-
ña. Rápidamente, este “feudo socialista”
se convertiría en un excelente “laboratorio
de pruebas” en donde magnificar un cierto
tipo de mensajes encaminados a desvirtuar
y distorsionar los logros del anterior Gobier-
no. La focalización mediática de Castilla-La
Mancha como Autonomía prototipo de to-
dos los males, y su elección como ejemplo
de una lamentable gestión de los recursos
públicos, solo es entendible en el marco
de la propaganda política que utilizaría el
Partido Popular hasta las Elecciones Gene-
rales del 20 de noviembre de 2011. Hay
que comprender que tampoco podía utili-
zar muchos más reclamos, pues el resto
de las Comunidades perdidas por el PSOE
–Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,
Extremadura– o deberían ser gobernadas
por el PP en coalición con otros partidos o
su gestión anterior había sido determinada
por una coalición regionalista. En este pri-
mer año de gobierno popular, la presidenta
y los consejeros parecen dedicarse a hacer
“oposición a la Oposición” y no hay día que
no se nos recuerde la pésima gestión de
Barreda y sus acólitos, se les amenace con
llevarles a juicio y se les acuse de todos los
males, incluida la pertinaz sequía.
Términos como despilfarro, lapidación de
recursos públicos, lamentable herencia
recibida, gestión criminal, caos de las
cuentas públicas… se convertirían en un
sonsonete continuo en palabras de todos
los miembros del gobierno entrante. Inclu-
so, a pesar de la pérdida de credibilidad
financiera que esto acabaría supo-
niendo, durante el periodo de tran-
sición, futuros consejeros definirían
Castilla-La Mancha como la “Grecia
española”1. Ni siquiera el tiempo
transcurrido ha servido para diluir
este mensaje apocalíptico y catas-
trofista; sin ir más lejos, el propio respon-
sable de Educación, Cultura y Deporte nos
asegura, día tras día, que el actual Gobier-
no hará “más cultura y menos despilfarro
público” (Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, 2011).
Este discurso negativo del pasado cerca-
no se agolpa en entrevistas, ruedas de
prensa, visitas institucionales o en interpe-
laciones parlamentarias. Sin apenas rigor
intelectual y sin ninguna mesura personal,
se fuerza su aparición omnisciente apro-
vechando cualquier tipo de comparecencia
pública. En el fondo, esta denostación del
pasado únicamente esconde la paralización
de una Administración incapaz de dar una
solución a los problemas del presente y que
oculta esa inanidad con hiperbólicas afirma-
ciones sobre “nuevos modelos de gestión
público-privados” o a cerca de imaginarias
“eficientes políticas de futuro”. (Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, 2012).
Y es que difícilmente puede haber una so-
lución milagrosa para una Región abruma-
1. Palabras de Marcial Marín Hellín, actual consejero de Educación, Cultura y Deporte, y Leandro Esteban, consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, antes de la toma de posesión de la presidenta y que provocaría un durísimo artículo en el Financial Times.
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hubo falta de análisis de las políticas pú-
blicas, de su impacto en la sociedad.
da por la caída de ingresos ordinarios y
extraordinarios. Una escasez de recursos
públicos que obligó al Gobierno anterior a
promover desde el año 2009 una econo-
mía casi de guerra para poder sostener
los servicios y prestaciones básicos en
materia de sanidad, educación y bienestar
social. No se trata de establecer un deba-
te fuera de lugar sobre si la gestión fue
buena, mala o regular o si hubo excesos,
dislates o falta de previsión en la toma de
decisiones, pero sí debemos señalar que, a
tiempo pasado, resulta muy sencillo respon-
sabilizar al Gobierno Regional de todos los
errores e inversiones erróneas o erráticas.
Por ejemplo, quién no recuerda las gravísi-
mas acusaciones contra el presidente Ba-
rreda por la construcción del aeropuerto
de Ciudad Real o por la quiebra de Caja
Castilla-La Mancha. Durante dos años en
los medios de comunicación nacio-
nales se inició una auténtica caza
de brujas por la que, parecía ser,
casi una criminal actuación del Go-
bierno socialista. En el primer caso,
el del aeropuerto, sin profundizar en dema-
sía, no hay duda que a la Comunidad hay
que acusarla de haber apoyado en exceso
un proyecto que diez años antes semejaba
ser viable, incluso podríamos criticar su
afán en buscar subvenciones y créditos
para una infraestructura construida para
complementar al aeropuerto de Barajas
entonces colapsado y que pretendía ser el
revulsivo empresarial para la Región. Todo
ello es cierto, incluido un presunto Casino
y un Parque Temático, pero lo que nadie
parece saber es que el proyecto era estric-
tamente privado, de un grupo de empre-
sarios e inversores españoles y extranje-
ros, no de la Junta de Comunidades. Nada
que ver con los aeródromos de Castellón
y de León construidos con dineros públi-
cos y avalados por las respectivas Cajas
de Ahorro de la zona. Por supuesto que
Caja Castilla-La Mancha emborronó sus
cuentas con inversiones arriesgadas en
el mundo del ladrillo pero, dos años des-
pués, ¿hay alguien que dude que tal cosa
sucedió, en mayor o menor medida, en to-
dos los bancos del país? La intervención
del Banco de España fue una actuación de
maquillaje político-financiero de carácter
ejemplarizante sobre una entidad bancaria
de pequeño volumen. Si era necesario in-
tervenirla, también deberían haberlo sido,
por su situación económica, algunas tan
grandes como Cajamadrid, la CAM valen-
ciana, las cajas catalanas u otras menores
hoy ya desaparecidas o fusionadas.
Por supuesto que hubo excesos. No nos
olvidemos que durante los años de opulen-
cia los precios se disparataron, no solo la
construcción incrementó sus precios, cual-
quier servicio o prestación costaba más,
mucho más. La contratación de cualquier
profesional de cualquier área resultaba
mucho más onerosa que antes, la adquisi-
ción de cualquier equipamiento era desme-
surada y las obras se encarecían a medida
que aumentaban los salarios y el precio de
los materiales. También hubo una falta de
consistencia en la gestión, pues hubo falta
de análisis de las políticas públicas, de su
impacto en la sociedad, y cierta morosidad
en cambiar las pautas de gobierno.
Pero lo importante es que en estos años
se construyeron hospitales, centros de
atención primaria, viviendas sociales,
guarderías, colegios, institutos, facultades
y campus universitarios, archivos, bibliote-
cas y museos, casas de cultura, centros
de investigación y formación, depuradoras,
autovías, carreteras, puentes, polígonos
industriales, residencias, centros ocupa-
cionales, centros de Internet, se restaura-
ron iglesias, castillos, palacios o viviendas,
se crearon cinco parques arqueológicos
etc. Se aumentaron las plantillas de cua-
lificados especialistas: arquitectos, inge-
nieros, médicos, enfermeros, sanitarios,
docentes, cuidadores, bomberos, agentes
medioambientales, mediadores sociales,
informáticos, archiveros, conservadores
de museos, bibliotecarios, restauradores
etc., etc. Se protegieron los colectivos
más desfavorecidos: mayores, discapacita-
dos, mujeres, inmigrantes, dependientes,
menores etc., etc., etc. Esta es la auténti-
ca herencia recibida, nada que ver con la
Fórmula One, con maquetas de Ciudades
de las Artes, con MUSACS, Cidades da
Cultura, Expos del Agua o Terras Míticas.
Y es que “la vara de medir” es muy distin-
ta según se imponga, a quién y en
dónde. Se critica furibundamente la
construcción de hospitales en pue-
blos de Castilla-La Mancha y parece
natural que en Madrid se erija uno
cada veinte kilómetros, a pesar de haber
heredado unos cuantos de épocas anterio-
res, y que encima se cedan a las empre-
sas privadas. Se critican algunas actuacio-
nes de los fastos del Quijote y se bendice
el oneroso gasto inútil de varias tentativas
frustradas para traer las olimpiadas. Se
pone el grito en el cielo por el número de
colegios e institutos públicos construidos y
se aplaude el modelo concertado a cargo
del erario público. Se maldicen las auto-
vías, o el tren de velocidad que para en
las capitales castellano-manchegas, y se
lanzan albricias cuando se plantea la cons-
trucción de un mega-casino fuera de la ley
y el orden.
Todo esto no tendría mayor trascenden-
cia si no supusiera el enésimo ataque y
descrédito a la política y al mismo tiempo
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Las autonomías presentan problemas de
gestión derivadas de sus propias estra-
tegias así como de las herramientas y
medios utilizados para ejercerlas y desa-
rrollarlas.
a la existencia de las Comunidades Autó-
nomas, entendidas éstas como soportes
de una forma de gobierno democrática
y descentralizada base y fundamento del
modelo público español. Las Autonomías
se demonizan como causa de los males
hispanos, generadoras de corrupción,
deuda y despilfarro, morosas impenitentes
que arruinan nuestro tejido empresarial y,
en algunos casos, desleales con el Estado
por su nacionalismo separatista e insolida-
rio (Wert, 2012:17-22).
Déficit desbocado, duplicidad de servicios,
plantillas de funcionarios desmesuradas,
presupuestos inflados, proyectos mega-
lómanos, exceso de regulación, falta de
equidad y eficiencia en la gestión, son al-
gunas de las críticas habituales que
reciben las Administraciones Auto-
nómicas. Por el contrario, suelen
pasar desapercibidas los elementos
positivos que suponen los regíme-
nes descentralizados para sus ciu-
dadanos. La regionalización implica
en sí misma la generación de políti-
cas más cercanas a las personas,
más adecuadas a sus necesidades
y más coherentes con las peculiaridades
del territorio. En definitiva, la descentra-
lización conlleva una mejor redistribución
de los recursos entre los colectivos que
integran la Comunidad.
Por supuesto, todas las Autonomías pre-
sentan problemas de gestión derivadas
de sus propias estrategias así como de
las herramientas y medios utilizados para
ejercerlas y desarrollarlas. Sin duda, mu-
chas de ellas pecan de un excesivo inter-
vencionismo centralizador, de una ineficaz
imitación del modelo estatal de gestión, de
una desequilibrante influencia de las élites
políticas en la toma de decisiones de la Ad-
ministración y de cierta falta de rigor pre-
supuestario en la ejecución de las mismas.
Incluso, algunas han sido infectadas por el
virus de la corrupción.
Por el contrario, las bondades de la Admi-
nistración General se presentan como un
factor absoluto e incuestionable, siendo su
gestión un espejo de eficacia y eficiencia
en el que deberían mirarse el resto de los
poderes públicos. El problema es que son
dos tipos de Administración con diferentes
objetivos, distintos niveles competenciales
y con una más que complicada equipara-
ción en logros y resultados. Mientras que
las Autonomías son preferentemente or-
ganizaciones prestadoras de servicios di-
rectos y subvencionadoras de indirectos,
el Estado destaca, acción exterior, militar
y policial al margen, por su labor inversora
y por una gestión reguladora y redistribui-
dora dirigida a garantizar el equilibrio te-
rritorial. Por supuesto, hay muchos más
matices, competencias concurrentes, com-
partidas, etc. que imposibilitan una clara
delimitación de ámbitos de actuación entre
ambas. Aún así, nos gustaría saber por
qué en España se alaba hasta la saciedad
el modelo centralista a sabiendas de su
fracaso a lo largo de la Historia.
El autonomismo español lleva varios años
siendo ferozmente criticado debido a cau-
sas sobre todo políticas que en el fondo solo
ocultan una lucha de poder entre las élites
gobernantes. En primer lugar, los excesos
nacionalistas han dado pie a posturas exa-
cerbadas, llamémoslas españolistas, que
ponen en duda la lealtad institucional de
catalanes y vascos. A su entender, éstos
mantienen en crisis permanente la relación
con el Estado, poniendo en duda el sentido
de nación española o mediante un chantaje
permanente, violento o no. La imagen de
una Cataluña o un País Vasco agraviada por
el centralismo español o, por el contrario,
la de una España acosada por peticiones
sin freno de esas Regiones, transmite tan-
ta crispación a la opinión pública que ambas
partes acaban considerándose minorías en
indudable peligro de extinción.
Una segunda crítica, la de la mala adminis-
tración de los recursos, crece al vaivén de
la crisis económica. Desde hace un tiempo
escuchamos, o leemos, múltiples referen-
cias al déficit público, a la falta de
austeridad de los gobiernos auto-
nómicos y al despilfarro de sus fi-
nanzas. Si hacemos caso a lo que
nos transmiten los miembros del
Gobierno de la Nación los grandes
culpables de ese monstruoso déficit
son las Comunidades Autónomas
que han sido incapaces de contener
el gasto, embarcadas en proyectos
faraónicos o suntuarios. Por el contrario, el
Estado ha dado ejemplo de moderación con
políticas económicas acertadas, obtenien-
do la confianza de las autoridades europeas
y aplacando a los feroces “mercados”.
El problema de este discurso no es tanto
su simplicidad sino que solo cuenta una
parte de la situación o, mejor, que escon-
de una parte importante de la misma. Nos
olvidamos que el malhadado déficit público
español, causa aparente de todas nues-
tras desgracias, es bastante menor que
el de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia
Francia o el de Alemania, por poner algún
ejemplo. Y es que nuestro gran problema
es la deuda privada, la procedente de fa-
milias y de empresas y cuya mayor parte
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Los objetivos de reducción del déficit pú-
blico para el año 2012 también golpean
con mayor intensidad a las comunidades.
se encuentra en manos de los bancos, na-
cionales y extranjeros, y en las cajas de
ahorro. Así, que si hay algún colectivo des-
pilfarrador nos tememos que es nuestra
sociedad civil, nuestros emprendedores y
nuestro sistema financiero que sigue sin
dar nuevos créditos. Hay que recordar que
hace tres años España tenía superávit en
las cuentas públicas, incluidas las Autonó-
micas, y una deuda inferior a la de la ma-
yor parte de las democracias occidentales.
Además, tenemos la no tan inocente
costumbre de no saber diferenciar
los distintos tipos de déficit. No es
lo mismo el procedente de la inver-
sión del que es consecuencia de la
transferencia de gastos corrientes,
como tampoco es igual el derivado
del gasto social que el procedente del sun-
tuario (Sevilla Segura, 2011:32).
Tampoco es completamente cierto que las
grandes causantes del actual incremento
del déficit sean las Administraciones Auto-
nómicas. Este aumento viene motivado por
algo tan sencillo de entender como es la caí-
da de los ingresos y la necesidad que ha te-
nido España de obtener financiación median-
te la emisión de nueva deuda pública en los
mercados internacionales. Se trata de con-
seguir recursos suficientes para poder se-
guir manteniendo las prestaciones que son
las que proporcionan el equilibrio necesario
para que la sociedad española sea más jus-
ta y que el impacto de las desigualdades sea
menor y ocasione menos violencia social.
El 65% de los presupuestos autonómicos
se emplean en la gestión de la sanidad,
de la educación, del bienestar social y de
la promoción del empleo –el 70% en el
caso de Castilla-La Mancha (García Díez,
2009)– y, aún así, son de los más bajos de
la Unión Europea (Navarro, 2004). Por lo
tanto, hay escasa capacidad de maniobra,
más bien ninguna, para disminuir el défi-
cit ocasionado por la desaparición de los
ingresos y por la prohibición que, hasta la
llegada del actual Gobierno, han tenido las
Comunidades para endeudarse. El Estado
puede recortar sus presupuestos minimi-
zando la inversión, las obras públicas…
¿Las Autonomías? solo cerrando servicios
sanitarios, educativos y asistenciales.
Aún así, sigue siendo el Estado el más en-
deudado y el que más déficit genera. En
el año 2011, éste alcanzó casi un 8,51%
respecto al PIB nacional. El 5,1% corres-
pondió al Estado, el 2,94% a las Comunida-
des y el resto a Ayuntamientos y Seguridad
Social (Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, 2012). Para entendernos,
el 60% de la desviación del gasto le corres-
ponde al primero mientras que las Autono-
mías son responsables del 34,5% del total.
Los objetivos de reducción del déficit públi-
co para el año 2012 también golpean con
mayor intensidad a las Comunidades. No
solo por que el esfuerzo exigido a éstas es
proporcionalmente mayor que el solicitado
al Estado, sino porque parte de los ingre-
sos estatales se redistribuían entre los dis-
tintos territorios españoles. Precisamente,
una de las obligaciones más discutibles y
discutidas del Estado son los criterios em-
pleados para redistribuir y transferir los
recursos necesarios para el desarrollo
equilibrado de las regiones.
En estos últimos diez años hemos contem-
plado como las diferencias económicas
entre las denominadas Autonomías ricas
y pobres se iban ensanchando. Parte de
la responsabilidad recae en el sistema de
financiación pactado por el Estado con al-
gunas Comunidades, en donde se prima el
número de habitantes y se resarce a deter-
minados territorios por la falta de ingresos
procedentes de fondos europeos (Tránchez
Martín, 2009). El punto de partida de cada
Región, su nivel de infraestructuras, su si-
tuación geográfica o su disponibilidad de
recursos y estrategias empresariales han
ocasionado una brecha que el Estado ha
sido incapaz, no ya de llenar sino de
disminuir. Los pactos con determina-
dos grupos políticos, los intereses
de partido o las necesidades electo-
rales han obviado otros elementos
correctores emanantes de la idiosin-
crasia de cada territorio. Condiciona-
mientos cuya toma en consideración hubie-
ran paliado las deficiencias estructurales y
sistémicas de los lugares peor dotados en
medios, recursos y posibilidades.
Un claro ejemplo es la geografía de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Compuesta por cinco provincias, ocupa
una extensión de casi 80.000 km2 habi-
tada por unas 2.100.000 personas. Es
el territorio europeo, tras Castilla y León,
con menor densidad de habitante por kiló-
metro cuadrado (26,62); aumentada esta
situación por la dispersión de su población
en 919 municipios, de los cuales solo once
tienen más de 20.000 habitantes, cuatro
más de 50.000 y uno más de 100.000, y
en el que el 37% de sus residentes moran
en 863 localidades de menos de 5.000.
Su geografía explica las dificultades socio-
económicas actuales, agravadas por las
políticas del pasado que favorecieron el
crecimiento urbano en perjuicio de las co-
munidades agrarias. Abandono institucio-
nal de un territorio que ocasionó –desde
la década de los sesenta hasta principios
de los ochenta del pasado siglo– un flujo
emigratorio permanente dirigido hacia Ma-
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el conocimiento de las necesidades de
las personas es fundamental para la rea-
lización de políticas adecuadas, diversas
y posibles.
drid, Valencia, Barcelona, Bilbao o al ex-
tranjero.
La regionalización ha sido positiva simple-
mente porque ha permitido tres cuestio-
nes básicas para la regeneración econó-
mica de su territorio. En primer lugar, la
mera existencia de un poder político capaz
de invertir en términos de microecono-
mía local ha supuesto una transformación
global de sus municipios en equipamien-
tos y servicios imposible de realizar bajo
la óptica de un gobierno centralizado. En
segundo lugar, el mismo “tempo” político
castellano-manchego ha obligado a la Jun-
ta de Comunidades a invertir en lugares
en donde difícilmente, por no decir
nunca, actuaría la empresa priva-
da. Lugares de escasa población,
de complicadas comunicaciones y
con escasos réditos económicos.
En tercer lugar, las necesidades
de la Región a corto y largo plazo
promueven políticas más adecua-
das a la gestión integral de su territorio,
actuaciones que favorecen la protección
del medio ambiente, la cultura del agua o
el rechazo a inversiones-basura que nadie
quiere, como la implantación de industrias
contaminantes o de residuos radioactivos.
El conocimiento de las necesidades de las
personas que la habitan es fundamental
para la realización de políticas adecuadas,
diversas y posibles. Imitar, emular o plagiar
actuaciones específicas de los grandes
núcleos urbanos o desconocer la impor-
tancia de las inversiones públicas, solo se
traducirá en más abandono, desertización
y emigración. Si Castilla-La Mancha es la
Comunidad donde más se ha incrementa-
do el paro el último trimestre de 2011 y
el primero de 2012 es, ante todo, debido
a la paralización de la inversión pública. Y
es que el 75% de la inversión efectuada en
Castilla-La Mancha es pública simplemen-
te porque la empresa privada no conside-
ra rentable implicarse en un territorio en
donde los costes son muchos y los réditos
pocos. ¿Alguien piensa que una compañía
privada llevaría Internet o gas a localidades
de menos de 5.000 habitantes si no es-
tuviera fuertemente subvencionada? ¿Se
encargarían las empresas de construir y
gestionar centros de salud, residencias y
colegios en núcleos de menos de 10.000
habitantes? ¿Tienen algún interés en la
gestión de la enseñanza universitaria de
la Región? ¿En Cultura?, mejor ni hablar2.
El “gran pecado” de la Comunidad ha sido
gastar en todo aquello de lo que se carecía.
A corto plazo en comunicaciones y en las
infraestructuras necesarias para integrar
un territorio amputado por tantos años de
desidia institucional. A medio, garantizando
las prestaciones sociales igualitarias. A lar-
go plazo en lo único que puede modificar
el futuro de esta Región: la educación y la
investigación científica y tecnológica. Inte-
gridad, solidaridad y formación son los tres
principios sobre los que descansa un mode-
lo realista que garantice su desarrollo eco-
nómico. Si queríamos que se invirtiera en
nuestra Autonomía era preciso promover el
valor de nuestro capital humano, preparan-
do profesionales cualificados; era impres-
cindible configurar una red de comunicacio-
nes que interrelacionara nuestros pueblos
para hacerlos competitivos en la prestación
de servicios y en el intercambio de produc-
tos; y era obvia la necesidad de crear las
mejores condiciones de vida para asentar
a la población evitando la huida de los más
jóvenes y los más emprendedores. La políti-
ca cultural realizada en Castilla-La Mancha
participa de estos supuestos previos
y es uno de los numerosos ejemplos
que poseemos de cómo adecuar
una forma de gestionar las necesi-
dades de las personas.
La poLítica cuLturaL de La
Junta de coMunidades de
castiLLa-La Mancha
La crisis económica también ha puesto en
duda la presunta importancia de la acción
cultural, tratándola de forma desconside-
rada como si fuera una mera diversión
para un grupo de ociosos durante el pe-
riodo vacacional o como una diletante afi-
ción para una exquisita minoría. El terrible
recorte sufrido por los departamentos de
Cultura, muy superior a la media del resto
de las políticas públicas3, así nos lo hace
entender. Por mucho que nuestros recto-
res actuales reiteren que su prioridad es
mantener abiertos archivos, bibliotecas y
2. A pesar de que la puesta en funcionamiento de un modelo económico de gestión público-privado la principal, por no decir la única, prioridad de la actual Conse-jería, las cantidades aportadas por las empresas privadas a las actividades culturales se limitan a las siguientes: 15.000 € de una cementera para el yacimiento de Carranque, una colaboración sin cuantificar de una entidad bancaria en la Red de Teatros, una mínima participación de una empresa eléctrica en la parte proporcional de los gastos de adquisiciones bibliográficas y de actividades culturales de un bibliobús en Cuenca y una ignota de otra entidad al proyecto Biblio-teca Solidaria. Las mayores aportaciones han sido a la Fundación Greco 2014 y eso poco tiene que ver con la Junta y menos con la Consejería. Por supuesto, pronto se nos anunciará la privatización de la venta de entradas en algún museo o en algún monumento, pero eso en el Antiguo Régimen se llamaba empeñar las rentas y oficios.
3. En el Estado frente a una reducción del 15% de media, la de Cultura era superior al 21%. En Castilla-La Mancha el recorte medio era de más del 25% y el de Cultura se prevé casi el 70%.
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70
La inversión y el fomento del empleo cul-
tural en castilla-La Mancha tiene un ca-
rácter preferentemente público.
museos, a nadie se le oculta que la des-
aparición de una parte del tejido empre-
sarial cultural será un hecho real en muy
pocos años. Y es que, a veces, se nos
olvida que la Cultura alcanza el 4,1% del
PIB español, aún más si la relacionáramos
con el Turismo derivado del patrimonio;
que las empresas dedicadas a su
gestión generan más de 60.000
millones de euros anuales y con-
tratan al 3,6% de los asalariados
españoles; y que, por el contra-
rio, el sector público español tan
solo invierte el 0,20% del PIB en
la misma (Ministerio de Cultura, 2011).
Con estos datos la Cultura debería ser
el abanderado de las políticas ultralibe-
rales: magra inversión pública para tan
excelentes resultados económicos. Para
que podamos entendernos con un simple
ejemplo: la Cultura produce en porcentaje
del PIB más que la Agricultura española,
exporta por un valor superior, contrata
más personal cualificado, pero cuesta
bastante menos a los poderes públicos.
La política cultural realizada en Castilla-La
Mancha no puede, ni mucho menos, com-
pararse con esas cifras. En esta Comu-
nidad Autónoma, la incidencia económica
de las industrias culturales es inferior
a la media nacional ante la ausencia de
grandes editoriales o productoras audio-
visuales, la mayor parte de ellas sitas en
Madrid y Barcelona y en menor medida
en el resto de las Autonomías con lengua
propia. Incluso la más cuantificada, las ar-
tes gráficas, muestra su pujanza gracias
a la influencia directa de la capital de Es-
paña. En general, la inversión y el fomento
del empleo cultural en Castilla-La Mancha
tiene un carácter preferentemente públi-
co, con cierto impacto permanente en la
creación de empleo especializado en los
archivos y bibliotecas o a través de la res-
tauración y rehabilitación de bienes cultu-
rales, en el sostenimiento de pequeñas y
medianas empresas especializadas en la
gestación de actividades culturales, con
la contratación de empleo de carácter
estacional en pequeños núcleos rurales a
través de los planes de excavaciones ar-
queológicas y mediante la adquisición de
bienes y servicios de carácter cultural,
como la compra de libros o la transferen-
cia de tecnología. Sin el apoyo y la inver-
sión pública la Cultura en Castilla-La Man-
cha no existiría en localidades de menos
de 20.000 habitantes y mal sobreviviría
en el resto.
Ante todo, en una Autonomía con una si-
tuación de partida tan precaria, lo primero
que intentó el Gobierno castellano-man-
chego fue paliar el déficit estructural del
territorio mediante la creación de infraes-
tructuras, equipamientos, personal y servi-
cios culturales y educativos que mejoraran
la vida comunitaria en el ámbito rural. En
segundo lugar, la cultura se fomentó como
una herramienta instrumental que ayuda-
ba a cohesionar a la sociedad castellano-
manchega en un territorio tan diverso,
dándole elementos comunes de identifi-
cación e integración. Finalmente, intentó
crear las condiciones necesarias para que
la cultura fuera un elemento añadido del
desarrollo económico a través de la forma-
ción de un tejido empresarial que generara
empleo cualificado y cuantificado.
Tal vez resulte un tópico reiterado, pero las
diferencias entre el pasado y el presente
son tan enormes, y no solo económicas,
que es necesario insistir en compararlas.
A finales de los años setenta del pasado si-
glo el mundo cultural castellano-manchego
presentaba una situación bastante depri-
mente coincidente con la situación socio-
económica de las cinco provincias. Por su-
puesto, incurriríamos en una exageración
si la tacháramos de un auténtico páramo.
Pero no nos equivocaríamos dema-
siado en definirla como fragmen-
tada y descontextualizada, pues la
gestión cultural de esa época bene-
ficiaba a las capitales de provincia,
centralizando en ellas los pocos re-
cursos, y perjudicaba a los demás
municipios. La falta de infraestructuras y
equipamiento, la escasez presupuestaria,
la insuficiencia de personal cualificado y la
debilidad de la demanda de una población
con un altísimo porcentaje de analfabetis-
mo funcional, son algunas de las circuns-
tancias regionales más negativas. Pero
aún lo era más la inexistencia de una polí-
tica institucional coherente con cada pro-
vincia, más allá de la mera emulación de
las estatales o la promoción de una cultura
localista cercana al tópico y al tipismo. Es
una política hija de su tiempo agudizada
por las circunstancias económicas de una
sociedad rural, paupérrima, en donde ha-
bía una carencia grave de servicios bási-
cos y la emigración era una solución ante
tal abandono y penuria.
Aunque cada provincia tiene sus propias
características, en general, y salvo excep-
ciones, la actividad cultural se centraba en
las capitales en donde residen la mayoría
de las instituciones del ramo, casi todas
ellas públicas (Sanchís, 1983). Los archi-
vos, bibliotecas y museos provinciales del
Estado allí tenían su sede, al igual que Ins-
titutos o Academias normalmente ligadas
a las Diputaciones Provinciales. Del mismo
modo, las actividades culturales relaciona-
das con la edición, la literatura, el teatro,
la música o las artes plásticas también
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solían centralizarse en ellas. No obstante,
existía una corriente cultural en algunas lo-
calidades de la Región, generadas en los
entornos de las casas de cultura y centra-
das en la lectura, los cine-clubs, los certá-
menes artísticos, el folklore o las bandas
musicales.
La financiación de la cultura es casi en su
totalidad de carácter público, y aunque
existen algunas editoriales, asociaciones
lúdicas y colectivos independientes, con
el tiempo, dada su estructura aso-
ciativa y voluntaria, su superviven-
cia solo sería posible mediante las
ayudas de las Administraciones.
Con estas premisas, la cultura se
aglutinaba en el entorno de ciertas élites
eruditas, relacionadas con las clases fun-
cionariales, y en pequeños grupos intere-
sados sobre todo por las artes plásticas.
Responsables de archivos, bibliotecas, mu-
seos, y miembros de profesiones liberales
y docentes, generaban la mayor parte de
una investigación de carácter local que se
programaba y publicaba en las páginas de
boletines y revistas, algunas de ellas sub-
vencionadas por Institutos de Estudios,
por Reales Academias o a través de los
servicios editoriales de las Diputaciones
Provinciales.
Las artes plásticas se configuraban en los
espacios de museos de carácter público,
con pequeñas exposiciones de artistas
locales, y en instituciones privadas, en
donde reconocidos autores4 crean funda-
ciones, financiadas con dinero público o
legan sus colecciones a ayuntamientos, en
un intento de que sean un revulsivo de ca-
rácter nacional e internacional. Tampoco
podemos olvidar las aportaciones de co-
lectivos de artistas y la promoción del arte
contemporáneo a través del los premios
patrocinados por algunos municipios o por
galerías privadas5.
La literatura y la historia se promovían a
través de revistas subvencionadas por los
organismos públicos6, mediante las edi-
ciones de las Diputaciones o a través del
impulso de algunos libreros7. El teatro se
limitaba a las programaciones de las locali-
dades más importantes aunque comenza-
ban a surgir grupos semiprofesionales en
distintas ciudades de la Región8; sin olvi-
darnos de los inicios del Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Almagro o de la
Semana de Teatro de Cuenca. La música
se centraba en el auge y desarrollo de las
bandas locales, pero ayuntamientos como
Toledo, a través del Conservatorio Jacinto
Guerrero, o el de Cuenca, con la Semana
de Música Religiosa, fomentaban la exis-
tencia de festivales y puntos de encuentro
anuales.
La actividad cultural de los pueblos era
más que precaria. En aquellos más privile-
giados por el acontecer de los tiempos, al
menos existían las denominadas Casas de
la Cultura (Requena Gallego, 2003:277).
Instituciones que poco tenían que ver con
las creadas por la Administración francesa
de Malraux, sino que eran una especial in-
terpretación del régimen franquista de las
antiguas “casas del pueblo” (Bouzada Fer-
nández, 2001). Una infraestructura esca-
samente dotada, en donde asociaciones y
vecinos se reunían en torno a una bibliote-
ca, una sala de exposiciones y de talleres y,
a veces, un pequeño teatro. Lugares con
una actividad comunitaria dirigida por las
autoridades que promovían una cultura tó-
pica y coherente con los roles sociales de
la época. En algunos lugares existían
locales con unos cuantos libros remi-
tidos por los Centros Coordinadores
Provinciales y en los que, por supues-
to, en casi ninguno había un bibliote-
cario encargado de su funcionamiento9.
En el resto de los municipios la cultura se
programaba en torno a las fiestas patrona-
les, a las festividades singulares y las acti-
vidades lúdicas. Música, toros, variedades
y actividades misceláneas en torno a unas
fechas muy concretas. Un conglomerado
difuso escondido bajo el velo del folklore, la
piedad y la religiosidad popular que recogía
festividades netamente cristianas como el
Corpus, la Semana Santa o las procesio-
nes patronales y otras que rememoraban
los festejos agrarios más lúdicos como el
carnaval, la recogida de las cosechas, las
actividades ganaderas singulares o la ven-
dimia (González Casarrubios, 2004).
El patrimonio fue siempre una de las debi-
lidades históricas de la Región. Es cierto
que en las décadas de los sesenta y seten-
ta del pasado siglo se iniciaría una política
4. Fernando Zóbel, Antonio Saura, Gustavo Torner, Benjamín Palencia, Antonio Pérez y Gregorio Prieto...
5. Grupo Tolmo en Toledo; Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Manzanares; Fúcares en Almagro.
6. Al-Basit, Barcarola, Wad-al-Hayara…
7. Como Emilio Cobo en Guadalajara.
8. Albacete, Cuenca, Guadalajara, Hellín, Toledo o Villarrobledo.
9. Otros, más afortunados, recibían en las provincias de Toledo y Guadalajara la visita de un bibliobús.
Las artes plásticas se configuraban en los
espacios de museos de carácter público.
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72
La mayor parte de los presupuestos se
han focalizado en actuaciones en el ám-
bito local.
de protección de algunos monumentos y
conjuntos históricos, tardía continuado-
ra de la iniciada por la II República, y con
actuaciones singulares en castillos, cate-
drales, cuevas, yacimientos y otros bienes
de interés cultural. Este afán protector no
se tradujo en un incremento de los pre-
supuestos acorde a las necesidades para
gestionar este amplio patrimonio. En un
principio, se limitó a una serie de guiños
institucionales propios de una Administra-
ción burocratizada, dirigista y obsesionada
con el desarrollo de una cultura nacional.
Frente a estos loables propósitos, el
Franquismo también ocasionó, en esas
mismas décadas, una de las mayores
destrucciones sistemáticas de los
centros urbanos de ciudades y
pueblos. Capitales como Albacete,
Ciudad Real y Guadalajara vieron
desaparecer la mayor parte de su
patrimonio artístico (Rivero Serra-
no, 2003:98-99).
Sin embargo, la Dirección General de Be-
llas Artes iniciaría un proyecto de rehabi-
litación del patrimonio en ciudades como
Toledo, y en menor medida en Cuenca,
aunque también encontramos referencias
a actuaciones en diversos recintos forti-
ficados o en singulares monumentos10.
Las mejor estudiadas son las efectuadas
en Toledo en donde destacan las múltiples
intervenciones realizadas en el casco his-
tórico11 (Peris Sánchez, 2009). En el cam-
po de la restauración de bienes muebles
la mayor parte de los trabajos realizados
por el Instituto Central de Conservación y
Restauración de Obras Artísticas también
se centrarían en Toledo (González Calero,
2007:101). La arqueología regional ape-
nas tuvo resonancia en el ámbito de la
investigación española. Esporádicas inter-
venciones al margen, hay que esperar a la
década de los años setenta para el inicio
de excavaciones con cierto carácter per-
manente, como en Segóbriga, y de espe-
cial importancia como las de Pozohondo.
(Sanz Gamo, 2010).
No se trata de debatir en estas páginas
si las citadas restauraciones fueron pro-
yectadas desde criterios poco adecuados
o si muchas de ellas pueden considerar-
se fallidas por su deficiente planteamien-
to, escaso alcance o discutible utilización
de los materiales. Lo más importante de
todo este movimiento es que en España se
crearía una corriente de opinión preocupa-
da por la destrucción del Patrimonio Monu-
mental y una cultura de revalorización de
la identidad local a causa no solo del Patri-
monio existente sino también del ausente o
perdido (Cornejo Valle, 2011).
La creación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha supuso una trans-
formación radical de la gestión cultural
en la Región. El traslado del poder político
desde Madrid a Toledo trajo consigo una
profunda ruptura del modo de entender la
cultura, no tanto en las formas y fórmu-
las como en la finalidad y en el lugar en
donde aplicarla. El Gobierno autonómico
cambió las reglas de juego existentes has-
ta el momento implantando una descen-
tralización en el reparto de inversiones
y promoviendo, de esta forma, políticas
dirigidas a paliar los desequilibrios cultu-
rales existentes en las localidades de la
Región. Una modificación de este calibre
no podía ser completamente pacífica pues
fracturaba la, hasta entonces, situación de
privilegio de las cinco capitales y traslada-
ba la responsabilidad política a una nueva
clase dirigente. A pesar de opiniones ex-
cesivamente genéricas, sí ha existido una
política cultural de ámbito regional, al igual
que existe, con mayor o menor incidencia,
una política estatal, una provincial y una de
ámbito local. Igualmente, aunque bastante
más pequeña, débil y discontinua,
hay una política de índole privada,
en colaboración o no con los pode-
res públicos, realizada por algunos
colectivos, por grupos de acción
local, por fundaciones, por empre-
sas, por entidades bancarias y por
la Iglesia Católica.
La crítica que late entre las personas del
mundo cultural, y en el fondo esta es la
base de todas las controversias, es la falta
de solidez de la gestión cultural en el tiempo
y los múltiples altibajos sufridos al albur de
los distintos equipos de gobierno. Es cierto
que la mayor parte de los presupuestos se
han focalizado en actuaciones en el ámbito
local y esa decisión ha perjudicado durante
muchos años la situación de determinadas
instituciones culturales y las pretensiones
de una élite cultural y han limitado la inter-
vención autonómica en otras áreas como
las artes plásticas o la restauración del
Patrimonio de las localidades más grandes.
Pero, nadie en la actualidad puede poner
10. Por ejemplo: la Puerta de Santa María de Hita, Alarcón, Jadraque, Molina de Aragón, Torija, Atienza, Zorita de los Canes, Sigüenza, Brihuega, Torre del Alamín de Guadalajara, Calatrava la Nueva… la catedral de Sigüenza, el Monasterio de Uclés, el Corral de Comedias y el Convento de Santa Catalina de Almagro, la Plaza de Alcaraz, el Palacio Ducal de Pastrana, el Palacio del Infantado de Guadalajara o el Monasterio de Córcoles.
11. Con especial referencia a obras tan singulares como las del Alcázar y Plaza de Zocodover, las del Palacio de Fuensalida, del Museo de Santa Cruz, de las Sina-gogas del Tránsito y Santa María la Blanca, San Juan de los Reyes, Lorenzana, la Catedral, las murallas, etc., etc.
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73
en duda, treinta años después, que la clara
apuesta de la Comunidad fue por la cultura
en el medio rural en consonancia con el res-
to de las políticas públicas regionales. Y las
diferencias entre dos formas de entender la
política, centralizada o no, se demuestran
simplemente en lo que había en el pasado
y lo que hay ahora en el presente, en dón-
de se actuaba antes y en dónde se actúa
hoy. No solo hablamos de cantidades, sino
de medios y oportunidad. Nos referimos a
principios como el de igualdad y el de solida-
ridad, de respeto a todos los ciudadanos al
margen del lugar donde residen.
También se cuestionan algunas decisiones
tomadas en el ámbito de las artes plásticas
y de la restauración del patrimonio históri-
co, así como las no llevadas a cabo
en el área de la promoción cultural
(González Calero, 2007:105-108).
Por ejemplo, se critica la inexisten-
cia de actuaciones de carácter ex-
tra comunitario, nacionales o inter-
nacionales, o la falta de una política
coherente en la difusión del arte
contemporáneo. Ambas cuestiones
son ciertas en parte, pero no reflejan toda
la realidad. Siempre ha habido intentos de
proyectar una imagen regional dentro y fue-
ra de las fronteras de Castilla-La Mancha
mediante exposiciones y acontecimientos
culturales de diversa índole aunque esta
política no fuera consecuencia de un único
plan. Se ponen como ejemplo algunas con-
memoraciones estatales12 y, sin embargo,
se obvian las realizadas por la Junta de
Comunidades, algunas tal vez lejanas en la
memoria pero otras demasiado próximas
para haberlas olvidado tan pronto13.
Tampoco son exactas las críticas a la inexis-
tencia de una política consistente hacia el
Arte Contemporáneo (Prodan, 2002). Ni
las numerosas exposiciones antológicas14
y monográficas15, ni el especial mimo que
han recibido colectivos de artistas, ni la
colección del servicio de publicaciones de
la Junta, ni siquiera certámenes y premios
internacionales, nacionales y regionales16
(Cadarso Vecina, 2003), han podido paliar
esa supuesta desidia institucional en ese
campo de las Artes Plásticas. Aún así, es
necesario constatar el esfuerzo realizado
desde la Junta de Comunidades para ir
creando una colección permanente, una
selección de la cual acabaría siendo ex-
puesta en el Museo del Convento de La
Merced de Ciudad Real, expresamente ad-
quirido y rehabilitado para ese fin.
Todavía más duras suelen ser las obser-
vaciones realizadas sobre la restauración
del patrimonio histórico. Por un lado, se
rechazan por ser propuestas en las que
se promueve en demasía la restauración
como reclamo turístico o como recurso
económico, más próximo a un parque te-
mático que a una labor intrínsecamente
cultural. Por otra parte, se insiste en una
serie de circunstancias, expresamente ci-
tadas como causa-efecto de una desma-
ñada política rehabilitadora, como la falta
de formación de las empresas encargadas
de restaurarlo, la inconsistencia técnica
de las escuelas-taller, un cierto desorden
programático o las “ocurrencias” de los
políticos de turno (González Calero, 2007).
La política patrimonial de la Junta de Comu-
nidades ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo, mejorando sus actuaciones
gracias a una mejor planificación es-
tratégica, a una progresiva especiali-
zación, a un incremento de los presu-
puestos y a una mayor capacitación
y programación. En un principio, se
intentó paliar el deterioro urbano
de nuestros pueblos mediante la
concesión de ayudas directas a par-
ticulares y subvenciones a entidades loca-
les17; se difundió el modelo de Escuela-Taller
en diversas localidades18 (Peris Sánchez,
1995); y se creó y consolidó la figura de la
Comisión Mixta Iglesia-Junta, que continúa
año tras año rehabilitando templos por toda
la geografía castellano-manchega. A todas
ellas se añadiría una política de actuaciones
más cualificada en cantidad y calidad, me-
12. Como las de Carolus o Reyes y Mecenas.
13. Como las de Castilla-La Mancha y sus raíces en Madrid, el I Congreso de Historia y la Expo de Sevilla o algunas más cercanas como Visiones para un Nuevo Siglo, Celosías, La Lección del Tiempo, Hispania Gothorum, la Luz de la Mirada en Albacete, la Expo del Agua de Zaragoza, los Tapices de Pastrana o el Greco recorriendo media España.
14. Castilla-La Mancha y sus raíces; El otro arte de Castilla-La Mancha; la patrocinada por Caja Castilla-La Mancha: Castilla-La Mancha. Memoria y modernidad.
15. Por ejemplo: El Paso, López Torres, Canogar, López Villaseñor, Benjamín Palencia, Gregorio Prieto…
16. Como los de Valdepeñas, Caja Castilla-La Mancha, los premios de Castilla-La Mancha o el de Jóvenes Artistas.
17. Como los programas A plena luz en Almagro, Cuenca o Toledo.
18. Como en Alcaraz, Belmonte, Molina de Aragón, Moya, Ocaña, Toledo y Villanueva de los Infantes y una expresa de restauración de bienes muebles con sede en Toledo.
nos referimos a principios como el de
igualdad y el de solidaridad, de respeto a
todos los ciudadanos al margen del lugar
donde residen.
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diante la realización de inversiones directas
financiadas completamente o en parte por
la Junta de Comunidades en colaboración
con el Estado o los Ayuntamientos. Se trata-
ría de una amplia lista de castillos, iglesias,
palacios, molinos, monasterios, conventos,
oratorios, yacimientos o programas integra-
les como el Románico de Guadalaja-
ra, el de arquitectura defensiva o el
de arte rupestre (Palomero Plaza,
2011). Muchas de estas obras vi-
nieron a solucionar los problemas
ocasionados por restauraciones
anteriores o a reparar el abandono
institucional de otras épocas ponien-
do en valor estos monumentos. También su-
puso un auténtico revulsivo la creación del
Centro de Restauración de Bienes Muebles
de Castilla-La Mancha que, a través de las
campañas denominadas “Herencia Recibi-
da”, restauraría con criterios científicos y
profesionales pinturas, esculturas, arteso-
nados, vestigios arqueológicos y documen-
tos gráficos (Centro de Conservación y Res-
tauración de Castilla-La Mancha, 2011).
Igualmente, la política de restauración de
bienes inmuebles y muebles del Estado ha
sufrido una importante transformación a
lo largo de estos años. Las primeras inter-
venciones, realizadas directamente dentro
de una programación sujeta al socaire de
decisiones coyunturales o esporádicas,
fueron sustituidas por actuaciones integra-
das en grandes planes nacionales financia-
dos en parte por el 1% cultural19.
Los consorcios creados en Cuenca y Tole-
do –de los que forman parte el Estado, la
Junta de Comunidades, las Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos correspon-
dientes– han supuesto una gran solución
para la difícil conservación de las dos ciu-
dades patrimonio mundial de la Región20.
Su incidencia en el entramado urbano de
los dos cascos históricos, restaurando y
rehabilitando tanto bienes públicos como
privados, su política de concesión de ayu-
das y la puesta en valor de los elementos
culturales más significativos, promueven un
nuevo concepto de ciudad más adecuado a
las necesidades de sus habitantes, poten-
cian el empleo especializado –arquitectos,
restauradores y arqueólogos– y facilitan el
desarrollo económico y turístico. Toledo y
Cuenca son dos enclaves que los poderes
públicos han cuidado con especial mimo.
Hasta ministerios tan diferentes como De-
fensa, Interior o Vivienda han actuado algu-
na vez para restaurar alguno de sus inmue-
bles21. La misma Universidad de Castilla-La
Mancha también se ha significado en la re-
habilitación de alguno de los conjuntos his-
tóricos más singulares como la Fábrica de
Armas de Toledo (Peris Sánchez, 2003). Al
igual que el Gobierno Regional, con la cons-
trucción de una serie de edificios emble-
máticos como la Biblioteca Regional en el
Alcázar de Toledo, el Museo de las Ciencias
en Cuenca o el moderno Archivo de Castilla-
La Mancha. En los tres puede identificarse
un proyecto cultural de identidad regional
mediante una propuesta en que se conjuga
un continente diseñado por arquitectos de
prestigio22 y un contenido que abarca valo-
res propios y únicos de la Comunidad.
Las infraestructuras y equipamien-
tos culturales han sido el eje básico
de la política regional en los muni-
cipios de Castilla-La Mancha. Las
casas de cultura se convirtieron en
el “santo y seña” de la identidad de
la política cultural en los pequeños
municipios. El modelo de espacio
comunitario en donde las personas podían
intercambiar experiencias, promover el or-
gullo de su pasado, asistir a eventos y ac-
tividades antes vedadas y obtener informa-
ción y ocio a través de la lectura. Centros
que combinaban pequeños auditorios, una
biblioteca y espacios de reunión y exposi-
ción. La gran apuesta autonómica no solo
consistió en construir infraestructuras y
dotarlas de equipamiento, de subvencionar
salas de butacas, comprar mesas y estan-
terías o adquirir sistemas de iluminación
para exposiciones, sino de crear las herra-
mientas necesarias para que fueran autén-
ticas dinamizadoras de la sociedad. Esta
es la causa de la creación de la Red de
Teatros y Auditorios, de la Red de Bibliote-
cas Públicas de Castilla-La Mancha y de la
Red de Parques Arqueológicos. Todas ellas
funcionando de acuerdo a los principios de
coparticipación y de corresponsabilidad
entre la Comunidad y las Administraciones
Locales, las cuales financiaban una parte
de la inversión y participaban en su gestión.
19. Se han iniciado restauraciones sistemáticas en las cinco catedrales de la Región, en las murallas de Atienza, Toledo y Moya, en los castillos de Embid, Garci-muñoz, Torralba y en la Torre de Ribas de Saelices. Véase: Instituto del Patrimonio Cultural de España, Planes Nacionales. http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales.html.
20. Actuaciones en http://www.consorciotoledo.com/mcomunicacion/memoria.asp y http://ayuntamiento.cuenca.es/portal/lang__es-ES/tabid__9157/de-fault.aspx.
21. Museo del Alcázar; San Pedro Mártir; Palacio de Don Fernando de la Cerda.
22. José María Pérez González “Peridis”; Salvador Pérez Arroyo; Guillermo Vázquez Consuegra.
Las infraestructuras y equipamientos
culturales han sido el eje básico de la po-
lítica regional en los municipios de casti-
lla-La Mancha.
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La Red de Teatros supuso en un momento
determinado la existencia de unas 2.000
producciones de teatro, danza, música y
variedades, circulando durante las tem-
poradas de otoño y primavera, repartidas
entre casi 250 localidades23. El impacto
de esta actividad no puede ser valorado
simplemente desde una visión netamen-
te economicista, sino que es preciso re-
conocerle una serie de valores añadidos.
Nunca podremos ser conscientes del todo
del profundo cambio de mentalidad
que supuso la universalización de
estas representaciones entre los
habitantes de las localidades a las
que históricamente se les había de-
negado ese tipo de ocio personal,
circunscrito antiguamente a las
grandes ciudades. Tampoco sabemos eva-
luar con indicadores fiables lo que supuso
la estabilidad de la Red para la profesionali-
zación de los actores, músicos, bailarines,
tramoyistas, escenógrafos, coreógrafos y
autores participantes en la misma, con la
consiguiente mejora en la calidad de las ar-
tes escénicas españolas. Ahora, que tan-
tos tienen en la boca lo de una nueva ges-
tión económica público-privada, sabremos
reconocer que su funcionamiento supuso
el desarrollo de un tejido empresarial que
conllevó la formación de compañías artísti-
cas estables en la Región.
Por otra parte, las 562 bibliotecas fijas y
los 10 bibliobuses existentes en 2010, y
que daban cobertura al 99,70% de los ha-
bitantes de la Región, reflejaban el cambio
social ocurrido en los municipios24. Presta-
ban una serie de servicios que no solo se li-
mitaban a fomentar la lectura, sino que sus
bibliotecarios actuaban como auténticos, y
a veces únicos, agentes socioculturales.
Sin duda, las bibliotecas han ayudado a
modificar los comportamientos sociales de
nuestros ciudadanos. Junto con la univer-
salización de la educación, han conseguido
que nuestra Región tenga los índices más
altos de lectura en el ámbito rural y entre
los menores de 14 años25. Las campañas
de animación a la lectura han promovido
que sea el segundo servicio público más
utilizado por los castellano-manchegos des-
pués de la sanidad, y el que con más socios
cuenta, más de 600.000. Y al igual que la
Red de Teatro, su financiación ha ayudado
a mejorar las circunstancias económicas
de libreros y editores de la Región.
Treinta años antes nadie podría imaginar
el número de yacimientos que son excava-
dos de forma sistemática, año tras año,
o que han sido puestos en valor para su
visita y disfrute por parte de los ciuda-
danos26. Aún más interesante resulta la
puesta en funcionamiento de los Parques
Arqueológicos de la Región27. Estas insti-
tuciones culturales tienen como finalidad
la dinamización económica de zonas depri-
midas mediante la gestión integral de un
yacimiento singular. La construcción de
centros de interpretación, conjugando la
difusión cultural y turística, la protección
medioambiental y paisajista del territorio
circundante y la creación de empleo esta-
ble para la conservación, mantenimiento y
utilización del mismo, son algunas de sus
características más señaladas.
Por supuesto durante esta etapa
han quedado asignaturas pendien-
tes de mejora: La Red de Yacimien-
tos todavía no ha alcanzado los
niveles de investigación científica
que a todos nos gustaría, ni todas
las perspectivas de desarrollo eco-
nómico que preveíamos; la rehabilitación
del patrimonio carece de una planificación
adecuada y de unos presupuestos suficien-
tes; todavía el servicio bibliotecario no llega
al 100% de los habitantes de la Región;
y la crisis económica nos demuestra que
una de las debilidades de las empresas
culturales, de las compañías de teatro o
de las editoriales es su fuerte dependencia
de los proyectos y ayudas públicas. Para
el futuro queda una de las tareas inconclu-
sas: la renovación y restructuración de los
museos, cuya situación actual deja mucho
que desear. Y, por supuesto, aprovechar
nuestra situación geográfica, nuestras co-
municaciones y nuestras infraestructuras
para fomentar la instalación de industrias
culturales relacionadas con las tecnologías
y con la producción audiovisual.
23. Información sobre gestores y compañías en http://sacm.jccm.es/gestionteatro/portal_red/asp/index.html.
24. Estadísticas en http://sacm.jccm.es/gestionteatro/portal_red/asp/index.html.
25. Estudio de hábitos de la lectura en Castilla-La Mancha 2009: http://ccta.jccm.es/pv_obj_cache/pv_obj_id_328B340A679AC56630C8ABA61F8BDF7134FF3400/filename/informeHabitos_09.pdf.
26. Por citar algunos destacados: yacimientos de fósiles, como los de Lo Hueco y las Hoyas; prehistóricos, como Cueva de los Casares o La Higueruela; prerro-manos, como el Cerro de las Cabezas, Libisosa, El Cermeño, Los Canónigos, o Motilla del Azuer; romanos, como Valeria, Ercávica, La Bienvenida o Noheda; visigodos e islámicos, como Vega Baja y Vascos. Información en http://www.patrimoniohistoricoclm.es/.
27. Cuatro son los Parques funcionando a pleno rendimiento: Alarcos, Carranque, Recópolis y Segóbriga; y todavía estamos a la espera que el actual Gobierno se plegue a inaugurar el del Tolmo de Minateda cuyas infraestructuras ya se terminaron hace un año.
Las bibliotecas han ayudado a modificar
los comportamientos sociales de nues-
tros ciudadanos.
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La tecnología también ha servido para
promover el conocimiento del contenido
de estos centros entre un mayor número
de personas que jamás los visitarán.
La situación de partida de los archivos
de la Región, al inicio del proceso auto-
nómico, sí que podemos considerarla
desoladora (Martínez García, 2002). La
inexistencia de capital humano suficiente,
salvo honrosas excepciones que se pue-
den cuantificar con los dedos de la mano,
la pésima situación de los archivos de las
entidades locales y las deficientes insta-
laciones y equipamientos, son circuns-
tancias que nos ayudan a comprender
el gran retraso de esta Comunidad en
poner en marcha una política archivística
adecuada. Hoy la situación ha variado de
manera significativa; la construcción del
Archivo de Castilla-La Mancha, el impul-
so a los municipales, las políticas de las
Diputaciones Provinciales o la legislación
son ejemplo de ello.
En el ámbito de la Cultura, los Ar-
chivos Históricos Provinciales de
Castilla-La Mancha han esperado
a esta legislatura para poder dar
un salto cuantitativo y cualitativo
que les permitiera paliar las defi-
ciencias tecnológicas existentes. En el
2008 se inició un proyecto específico
denominado “Archivos Históricos Pro-
vinciales en Red” mediante la puesta en
entorno Web, en un único sistema, de
más de 800.000 registros accesibles a
los ciudadanos, pertenecientes a las nu-
merosas y muy distintas bases de datos
de los cinco Provinciales (Mas González,
2011:52).
La preocupación de la Junta de Comunida-
des por la adquisición, conservación y difu-
sión del patrimonio fotográfico28 tiene mu-
cho que ver con la expresión que a través
de las imágenes se puede percibir del pasa-
do de las gentes y del territorio castellano-
manchego. En Castilla-La Mancha resultaba
más coherente con el concepto de Región
la búsqueda de representaciones de la vida
cotidiana de las personas en vez de re-
crearla mediante hechos históricos singula-
res, políticos o culturales. En el año 2007
se inició un ambicioso proyecto de restau-
ración, digitalización y difusión universal de
estos fondos fotográficos, con el objetivo
de crear un repositorio digital al que fuera
posible acceder fácilmente a través de la
página Web (Mas González, 2011:54).
La tecnología también ha servido para
promover el conocimiento del contenido
de estos centros entre un mayor número
de personas que jamás los visitarán. Las
“Exposiciones virtuales” nos han permitido,
aprovechando efemérides, conmemoracio-
nes o con mero afán didáctico, mostrar
de forma simple y accesible los importan-
tes recursos patrimoniales existentes en
los archivos de la Región29. La capacidad
de asombro de todo aquello que podemos
hallar en un archivo no dejó de aumentar
cuando en los años 2009 y 2010 se ce-
lebrarían en Cuenca, Guadalajara y Toledo
tres conciertos con el título “La Armonía
Trovada”30. El colofón a este proyecto fue
la edición de un CD con una selección de
los fragmentos musicales más interesan-
tes (Junta de Comunidades, 2011).
concLusión
Hace mucho tiempo que una gran parte de
los españoles prefirieron dejar las “cosas
de la política” en manos de una casta espe-
cial. Una manera cómoda de liberarse de
cualquier responsabilidad sobre la acción
pública, obviando la necesidad de tener
que tomar algún tipo de decisión
más allá del legítimo ejercicio del
voto en las urnas. Este sistema tan
laso de intervenir en democracia ha
favorecido el desarrollo de actitudes
escasamente solidarias, el fomento
de un individualismo feroz dentro de
nuestra sociedad y la extensión de
posturas claramente indefinidas hacia la
corrupción o al bloqueo de las institucio-
nes democráticas. A cambio, el ciudadano
culpabiliza de todo lo que ocurre en su en-
torno a la clase política sin discernir entre
sectores, partidos e ideologías, como si
todos fueran iguales, si no de continen-
te al menos de contenido. Sin embargo,
los políticos son parte de la sociedad de
la que emanan, participan de las mismas
28. A la adquisición de fondos fotográficos, como el de Rodríguez en Toledo o Escobar de Albacete depositados en el AHP de Toledo, hay que añadir las fotografías del archivo de las Brigadas Internacionales y las de Juan Collado, sitos en Albacete, las de Vázquez Úbeda en Ciudad Real, las del fotógrafo Goñi en Guadalajara y las procedentes de los programas “digitalización del patrimonio documental” y “Los legados de la tierra” en colaboración con las entidades locales y con los particulares.
29. Desde el año 2009 se han publicado en la página Web de la Junta exposiciones tan diversas como: el 50 aniversario del triunfo de Bahamontes en el Tour de Francia; el X aniversario de la puesta en funcionamiento del programa de los Legados de la Tierra; el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real; “Marañón en Toledo”, con motivo del 50 aniversario de su muerte; 1610. “Los moriscos en Castilla-La Mancha: convivencia y conflicto”; “Nos lo daban todo… y nada nos pedían: Las Brigadas Internacionales en el Archivo Histórico Provincial de Albacete”; “Enamorarse en Castilla-La Mancha”, con motivo del día de San Valentín; “Fotografía en femenino. Mujer y trabajo en Castilla-La Mancha (1900-1979)”, con motivo del día Internacional de la Mujer; “Un paseo por la Edad Media”, con motivo del día Internacional de los Archivos; “Globos y dirigibles en Guadalajara (1896-1936); y el “Pictorialismo”. Información en http://ccta.jccm.es/dglab/Cliente?id_aplic=66&seccion=Archivos&cp=4_1.
30. Interpretada por el grupo Schola Antiqua se trataba de música medieval inédita de los siglos xii y xii hallada en las guardas de pergamino de algunos protocolos depositados en los AHP de Cuenca, Guadalajara y Toledo.
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contradicciones que el resto de los colecti-
vos, pero individualmente ni son iguales, ni
piensan de la misma forma, ni la mayoría
es deshonesta, ni son un conjunto de ig-
norantes e incapaces. Aparentemente la
corrupción es una de las grandes lacras
que atenazan a nuestros gobiernos, pero
ni ésta ni, por ejemplo, el maltrato a la mu-
jer, son acciones habituales en el conjunto
de la sociedad española. Sin embargo, en
mayor o menor medida, su existencia es
muy real. Ambas no se erradican simple-
mente con normas legales, sino con una
radical transformación de índole educativa
y cultural que nos haga considerarlas unas
lacras sociales inasumibles. No debemos
olvidarnos que, además, en la corrupción
es necesaria la intervención de varias per-
sonas, y la aquiescencia de muchas
más, pues no solo puede corrom-
per el político, sino que también él
puede serlo (Gil Villa, 2008). Como
tampoco la corrupción significa lo
mismo para un juez que para un
ciudadano; mucho más proclive
éste a ser condescendiente con la
actuación de ciertos políticos, puesto que
algunos de sus comportamientos no se
diferencian en demasía a determinadas
actitudes privadas a las que difícilmente
podríamos darles el epíteto de cívicas.
Esto explicaría por qué a los españoles les
preocupa mucho más la política en gene-
ral que la corrupción en particular (Wert,
2011:84).
Esta disociación entre lo que aparente-
mente es político y lo que no lo es, ha
dado lugar a un curioso “mazdeísmo”
mental sobre las profesiones buenas o
malas según su proximidad o lejanía a
la acción política. De ahí, la alta consi-
deración que tienen los españoles hacia
sectores tan indefinidos como los cientí-
ficos o aparentemente tan lejanos a las
decisiones políticas como los médicos, la
universidad, la policía, los intelectuales,
las ONG’s o los militares. Por el contrario,
todos los oficios supuestamente contami-
nados por aquélla, desde los medios a los
obispos, pasando por jueces y fiscales,
son inexorablemente anatemizados por la
opinión pública (Wert, 2012:90).
Esto explicaría la pésima percepción que
tienen los ciudadanos de los gobiernos re-
gionales y el descenso en su estima de las
bondades del sistema autonómico, acusa-
do éste de ahondar en las diferencias te-
rritoriales, de promover la desmembración
de España y de aumentar el gasto público
(Centro de Investigaciones Sociológicas,
2010). Precisamente, la crítica al despilfa-
rro autonómico ha sido la bandera de de-
terminados sectores mediáticos, utilizada
como fórmula magistral para debilitar al
anterior Gobierno nacional, a los partidos
nacionalistas y regionalistas y a los Gobier-
nos autonómicos en manos de la oposi-
ción. Un medio para depreciar determina-
dos valores constitucionales, inherentes a
la configuración del sistema democrático
español, poniendo en duda las bondades
de nuestro gobierno cuasi federal, así
como las organizaciones políticas e institu-
cionales que lo sostienen. El ejemplo más
claro lo hallamos en Castilla-La Mancha
en donde se pone en cuestión la honora-
bilidad de las políticas anteriores, se niega
la eficacia de determinadas instituciones,
suprimiéndolas o desnaturalizándolas, y se
estigmatiza la competitividad del sector pú-
blico minusvalorando la función pública, au-
mentando indiscriminadamente su horario
de trabajo, disminuyendo progresivamente
su sueldo y privatizando parte de los servi-
cios que prestaba.
Incluso la política cultural es puesta bajo
sospecha, no ya por sus debilidades, que
las tiene, sino por su carácter preferen-
temente público. Por mucho que se em-
peñen los pregoneros de las bondades de
la gestión privada, en un territorio con las
características socioeconómicas de Casti-
lla-La Mancha la inversión empresarial se
reduce a aquello que directamente
supone un beneficio mediato ya sea
económico, publicitario o en espe-
cie. O se privatiza un servicio cultu-
ral con posibilidades de obtener un
buen rédito económico (pocos hay),
o se participa en conmemoraciones
de gran prosapia (reducidas a las
capitales y grandes urbes), o se obtiene
cierta ductilidad en la normativa (con lo
que esto presupone). ¿En el resto del terri-
torio? pues, o hay inversión pública o hay
industrias que nadie quiere.
Esta es la causa del gasto de y en nuestra
Comunidad, la consecuencia directa del
tan vilipendiado déficit autonómico. Esta
es la auténtica “Herencia Recibida” en la
Región, la que es producto de la inversión
social sujeta a los principios de igualdad
y solidaridad. La que proclamaba que en
Castilla-La Mancha nadie podía obtener
una prestación de peor calidad en razón
del lugar en donde reside. Si esto es des-
pilfarro: bienvenido sea.
La política cultural es puesta bajo sospe-
cha, no ya por sus debilidades, que las
tiene, sino por su carácter preferente-
mente público.
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