Presentación
Con la publicación de este No. 1 de El Observador. Análisis sobre Política y Economía se inicia una segundaépoca de producción de materiales de análisis sobre temas escogidos de la realidad socioeconómica y política delpaís, desde un enfoque que tiene como base la explicación de las dinámicas actuales de poder, caracterizando lastransformaciones que ha experimentado el Estado guatemalteco, por lo menos desde 20 años atrás, los cuales hanido de la mano no sólo de cambios estructurales en el modelo de crecimiento económico, obligados por el nuevocontexto globalizador y por las dinámicas propias e internas de las capacidades productivas del país, sino tambiénde reconfiguraciones en el Bloque Histórico, el Bloque Hegemónico, y los Bloques en el Poder.
Su antecedente inmediato fue la producción de El Observador Electoral durante el período noviembre 2002 amarzo 2004, el cual proveyó análisis sistemático e independiente de la correlación de fuerzas políticas y actoresque se fueron configurando alrededor y dentro de la evolución del proceso electoral 2003, así como de lascaracterísticas del gobierno electo en esa contienda y los principales retos que tendría por delante.
Hoy, en el contexto de una coyuntura más amplia, El Observador. Análisis sobre Política y Economía persiguecontinuar la producción, sistematización y divulgación de materiales de análisis e información para la toma dedecisiones a nivel de los espacios de trabajo de los distintos colectivos sociales y organizaciones integrantes delmovimiento social guatemalteco, ONG, agencias de cooperación internacional, medios de comunicaciónalternativos, etc., en el marco de la ejecución del proyecto “Análisis Alternativo e Independiente para laConstrucción de una Sociedad Democrática”, el cual ha sido iniciativa de un grupo de profesionales y académicoscomprometidos con aportar sus conocimientos al proceso de construcción de una sociedad más justa, tal comolo demandan los Acuerdos de Paz.
El proyecto permite la disposición de argumentos objetivos para el debate y elaboración de propuestas ante elEstado, en materia de las políticas públicas que incidan en el desarrollo de los grupos mayoritarios de la población.
Serán campo de tratamiento, entre otros temas, el proyecto político del bloque gobernante y su relación con losreacomodos, las correlaciones de fuerzas y las dinámicas propias e internas del empresariado guatemalteco,tanto el que está organizado y que actúa de manera corporativa así como el que no utiliza los medios oficialesempresariales para expresarse.
Los megaproyectos, uno de los principales expedientes expuestos por el proyecto gobernante, su situación eimpacto, así como lo que representan en los reacomodos de los grupos económicos y políticos de poder, ydentro de las transformaciones que viene experimentando la economía guatemalteca que, a su vez, se encuentradeterminada e inmersa dentro de la dinámica internacional y el movimiento histórico del capital transnacional.En esa línea se hace necesario identificar y analizarlos nuevos ejes de acumulación sobre los cuales laeconomía guatemalteca se está recomponiendoante la crisis del modelo agroexportador y del cafécomo uno de sus principales baluartes; lahegemonìa de los sectores aglutinados alrededorde la producción azucarera, y la emergencia y losciclos que experimenta aquel modelo instauradoen la economía guatemalteca desde por lo menos20 años, fincado en el financierismo y laespeculación.
Guatemala, junio 2006Año 1, No. 1
A n á l i s i s A l t e r n a t i v o s o b r e P o l í t i c a y E c o n o m í a
EL OBSERVAD R
Contenidos
“Consultas de vecinos”, transición
democrática y
Estado Democratico de derecho
Primera Parte ................................................. 3
Ejercicios políticos en el marco de una
nueva ciudadania
Primera Parte ............................................... 19
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
2
Una temática que en este punto deberá retomarse, es la del modelo de desarrollorural más pertienente para el país.
Particularmente será vital el abordaje de los nuevos actores sociales desde unenfoque transversal de género y multicultural, destacando los liderazgos femeninoe indígena, su situación y perspectivas.
El sistema político en su conjunto, el Congreso de la República y los partidospolíticos, serán analizados desde los intereses de los actores que los conforman asícomo desde el cuestionamiento que ha recibido el modelo de política centralizada,y sus formas de hacerla.
Evidentemente será sujeto de análisis, la coyuntura del próximo proceso electoral2007, como un escenario en donde se dinamizan estos elementos.
En ese contexto tiene sentido la discusión que de una manera todavía muy tibia se daen el país, acerca del papel y los alcances que pudieran tener una serie de reformas desegunda generación, tanto en el ámbito de la institucionalidad electoral como del sistemapolítico en su conjunto, para el logro no solo de mayores niveles de representatividady participación de la población guatemalteca en los niveles de decisión nacionales, sinoen la construcción de una nueva ciudadanía y de un Estado democrático.
Precisamente en esta dirección es que van los trabajos que publicamos en estaprimera entrega de El Observador.
El primer ensayo ha sido preparado por el Dr. Marco Fonseca, decisivo colaboradorcon este proyecto, y tiene como objetivo principal responder a interrogantes talescomo: ¿Cuáles son las contradicciones del discurso público sobre la minería, lashidroeléctricas y las consultas de vecinos en la esfera pública de Guatemala? ¿Cuálesson los dilemas del desarrollo más profundos que dichas contradicciones discursivasrevelan? ¿Cuáles son las ambigüedades y desafíos que entrañan las consultas devecinos y los procesos electorales mismos en el contexto de la transición democráticaguatemalteca? ¿Y cuál ha sido el papel que las redes de intelectuales populares, deizquierda, de la derecha liberal y representantes de gobierno mismo, algunos/as delos cuales operando desde los medios de comunicación masiva, particularmente laprensa escrita y las radios locales, han jugado en el proceso de constitución deopinión y voluntad política, ya sea a favor o en contra de los proyectos propuestos?
Este trabajo, construido desde una posición comprometida con la argumentacióndemocrática, sin duda busca enfocar de manera crítica el debate sobre la minería,las hidroeléctricas y la consultas populares y, de esa forma, reencausar la discusiónen una dirección más fértil y potencialmente mas constructiva.
En el caso del ensayo preparado conjuntamente por Raúl Cuellar y Fernando Solis,las consultas de vecinos se enfocan como ejercicios políticos válidos de democraciadirecta que no se agotan en la democracia electoral y/o representativa, contribuyendoasí a la construcción de nuevas formas de ciudadanía que en nuestro país no han sidoexploradas sino es que para llevar a cabo, en forma de referéndum, procesos deconsulta sobre reformas constitucionales como las que tuvieron lugar en 1994, tras“el serranazo”, así como las de 1999 para validar los Acuerdos de Paz.
Por el contrario, estos plebiscitos o referéndum no han sido practicados parapreguntarle a la población ¿qué piensan sobre la exploración minera, la instalaciónde hidroeléctricas, la explotación petrolera, la propiedad y el uso del agua, etc.?,que constituyen temas igualmente trascendentales para el país, muchos menos queestas consultas se lleven a cabo a nivel comunitario.
Directorio
Mario Rodriguez
Mara Luz Polanco
Raul Cuellar
Luis Solano
Marco Fonseca
Fernando Solis
2a. Calle 4-50
Barrio Moderno Zona 2
Tels.: 2250-1072
2250-1073
Fax: 2251-4182
E-mail: [email protected]
Este glifo representa a Kej, que tiene un
significado de Liderazgo, fuerza,
inteligencia
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Introducción
En Guatemala no hay nada sorpresivo ni necesariamente
inquietante cuando “los vecinos” deciden rebelarse. Desde el
punto de vista de “los vecinos” y sobre todo, en un contexto de
miseria económica, abandono social, exclusión cultural y olvido
histórico, ¿Qué otra respuesta podría esperarse de ellos/as ante
la amenaza de más colonización económica, social y cultural para
sus comunidades?
En el contexto de una transición democrática incompleta
impedida de darle vigencia palpable y asignarle un valor
socioeconómico cuantificable y fiscalizable al sistema de derechos
que debería de soportar al Estado democrático, que ha sido
incapaz de utilizar el “dividendo de la paz” para solucionar las
divisiones crónicas que típicamente generan guerras sociales en
los mundos periféricos que definen Guatemala, ¿Qué otro curso
de acción más que la rebelión puede esperarse de aquellos/as a
quienes Franz Fanon una vez se refirió como “los condenados
de la tierra”?
Poco a poco, aunque con ambigüedades e inconsistencias, muchas
veces auto contradictorias y todavía muchas veces de modo
tentativo, es precisamente la gente condenada de Guatemala la
que está intentando utilizar las instituciones precarias de la
transición democrática y sus procedimientos aún mal entendidos
para expresar sus sentimientos, si es que no opiniones, sobre
asuntos que les conciernen de modo directo. Es por esto,
precisamente, que las “consultas de vecinos” que se han venido
dando en Guatemala en los últimos años, pero que cobraron
notoriedad en los últimos meses, tienen un carácter realmente
extraordinario pero también aleccionador. Y esto se debe no
solamente a que un número importante de “vecinos” decida a
veces abandonar la opción de la rebelión masiva o la protesta
popular violenta como modo de respuesta casi automática a las
múltiples amenazas a sus estilos de vida comunitario, a la continua
colonización de sus mundos vitales y expropiación de los recursos
naturales que hacen posible esos mundos, sino al hecho muy
significativo de que a veces, contra la corriente, también deciden
subirse con todo y sus gallinas y canastas a la camioneta de la
transición democrática, sus instituciones precarias y mecanismos
poco entendidos, con su ruta y destino todavía inciertos.
Por qué es que esta última opción no se convierte en un estilo de
vida o en una cultura democrática permanente y no solamente
coyuntural es, sin duda, una cuestión crucial del momento presente
en Guatemala.
Pero no todo lo que ocurre en el marco de una “consulta de
vecinos” es, por definición, democrático como muchas veces
quisiéramos creerlo. Las “consultas de vecinos” son algo así como
un ejercicio político ambiguo preñado de un potencial dialéctico
que puede generar, y de hecho ha sucedido, la negación de sus
propios presupuestos y metas democráticas. Es ya posible percibir
esta ambigüedad en la normativa guatemalteca vigente.
Es precisamente esta ambigüedad en la práctica y en la normativa
legal así como sus consecuencias contradictorias las que
constituyen un tema central de este ensayo.
El ejemplo del proceso electoral de 2003 y la falta de un debatepúblico sobre libre comercio
Aunque parezca extraño abordar la cuestión de las consultas de
vecinos comenzando con un análisis del proceso electoral que
tuvo lugar a lo largo de 2003, el mismo sirve no sólo de contexto
sino también de ejemplo clave para entender las consultas que se
han desarrollado.
“Consultas de vecinos”, transición democrática yEstado Democratico de derecho1
- Primera Parte -
1 Por Marco Fonseca. Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos, Profesor de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Ciencia Políticade la Universidad de Guelph, y Profesor también de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Toronto, Ontario,Canadá.
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4
En principio, es mi opinión que no hubo en el proceso electoral
del año 2003 una propuesta explícita y coherente de libre comercio
y, por consiguiente, ninguna oferta de consulta popular sobre
dicha propuesta. En este sentido, todos los partidos políticos que
hoy le han dado su apoyo al Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos
(RD-CAFTA, por sus siglas en inglés), han incurrido en niveles
comunes y anticipados de hipocresía política y personal, así como
de comunicación ideológicamente distorsionada. Esto es aplicable
tanto al actual Presidente de la República, Óscar Berger, y la
coalición que lo impulso: Gran Alianza Nacional (GANA), hoy
convertida en partido político, como a la “oposición” de la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE), del Frente Republicano
Guatemalteco (FRG) y al todavía llamado “movimiento popular”.
La oposición no alineada que hizo la Alianza Nueva Nación
(ANN) dentro del Congreso de la República, por otro lado,
responde a cuestiones de principio que no han podido ser
adecuadamente redimidas en la esfera pública y, por tanto, no
puede reclamar estar mejor conectada al “pueblo” que el gobierno
o el “movimiento popular”. La posición de Encuentro por
Guatemala es muy nueva como para ser adecuadamente evaluada
en este contexto.
Lo cierto del caso es que el Presidente Berger obtuvo una mayoría
electoral en la segunda ronda de las elecciones que él interpretó
como un mandato popular para negociar tratados internacionales
como el TLC y otros, y para atraer inversión extranjera destinada
a lo que fuera necesario. Es necesario, entonces, discutir
brevemente la idea de una “mayoría electoral” y sus implicaciones
para la transición democrática.
La legitimidad del ganador y la lógica de las mayorías
De la experiencia electoral de 2003 se desprende el siguiente
elemento: la representación política otorgada a Berger ciertamente
gozó de suficiente legitimidad, si es que reducimos este concepto
a algo que se basa en una mayoría electoral, es decir, en el número
mayoritario de votos, en su acceso limpio y legítimo al poder, en
los derechos y deberes que le confiere la Constitución Política, y
en un plan de gobierno lo suficientemente vago como para
acomodar prácticamente cualquier modelo de desarrollo
económico, o ninguno, que incluso incluía la minería, las
hidroeléctricas y el libre comercio. Berger nunca hizo campaña
política clara negando sus intenciones librecambistas, su creencia
en las virtudes del capital nacional y extranjero, y su confianza en
los megaproyectos mineros o energéticos. Es más, su identidad
cultural aburguesada y la falta de otras opciones viables para el
desarrollo guatemalteco, por lo menos como este desarrollo se
entiende dentro del marco teórico neoliberal, es totalmente
consistente con esas intenciones.
Lo paradójico de las Elecciones Generales de 2003 es que en una
“República de vecinos” claramente no burgueses,
abrumadoramente comunitaria, mayoritariamente indígena y sin
voluntad general común sobre las cuestiones de libre comercio,
minería e hidroeléctricas, un presidente claramente aburguesado,
étnicamente minoritario, éticamente citadino, comprometido con
los proyectos de vida que emanan de las Zona 10, 14 y ahora
carretera a El Salvador, y no secretamente enamorado del capital
extranjero y los megaproyectos privados o privatizados, aunque
a veces se exprese con vocablos clave del lenguaje indígena,
popular y comunitario de Guatemala, ganó una mayoría electoral
indisputable.
Desde el punto numérico de la legitimidad, entonces, hay que
conceder que Berger por lo menos obtuvo un mandato más o
menos claro que podía traducirse en desarrollar e implementar
políticas de libre comercio, de explotación minera y de desarrollo
hidroeléctrico en el territorio de la república, como parte de un
programa más general de políticas públicas de su gobierno. Y no
hay duda tampoco que Berger, de conformidad con el modelo
actualmente dominante de doctrina económica, entiende que una
función o meta clave de sus políticas públicas, sobre todo las
vinculadas al desarrollo urbano y rural, es precisamente la de
buscar y maximizar cualquier recurso que esté disponible para
Guatemala a efecto de que, por medio de un mercado más o
menos auto regulado y un “crecimiento económico” más o menos
decente, las elites locales o extranjeras operando en la república
puedan generar la riqueza necesaria que, a su vez, sea susceptible
de filtrarse hacia los segmentos pobres o más empobrecidos de
Guatemala. La famosa Teoría del Derrame.
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5
Espacio de acción del ganador y su “libertad constitucional”
Basado en lo anterior, es no solamente posible sino que de hecho
admisible argumentar que un gobierno “democráticamente” electo
no tiene por que gobernar por medio de plebiscitos o consultas
populares2 . Esto es lo que la derecha política neoconservadora o
liberal en Guatemala ha argumentado y esgrimido como evidencia
para deslegitimar el reclamo de “consultas populares”,
negociaciones o lo que despectivamente llaman “gobierno desde
la sociedad civil”3 . Para los críticos de la democracia directa
plebiscitaria, sobre todo las minorías de la clase media y el sector
privado, la misma representa un obstáculo, si es que no una
negación perversa, de la democracia electoral constitucionalmente
regida.
Para entender las limitaciones así como las oportunidades que
conlleva la legitimidad por mayoría numérica, hay que ubicar la
misma en sus contextos críticos. Dos elementos que me interesa
resaltar aquí son el de la franquicia política y el de la cultura
política democrática, porque estos elementos son también
relevantes para entender el comportamiento en las consultas de
vecinos sobre la minería y las hidroeléctricas.
La crítica liberal a los plebiscitos se basa en el argumento de que
los mismos son una puerta bien amplia por medio de los cuales
pueden escurrirse formas abiertas o solapadas de “dictadura de
las mayorías” que son, en el presente de la transición democrática
o en cualquier “democracia consolidada”, inaceptables. Esta
crítica no puede descartarse con ligereza y sin el peligro de pagar
un precio elevadísimo en términos de desarrollo democrático.
Una consulta popular democrática y no meramente mayoritarista,
movimentista o populista, entonces, tendría que descansar en
varios presupuestos sociales, culturales y políticos cuya realidad
en la Guatemala presente son, sin embargo, cuestionables. Se
requiere, por un lado, de una franquicia política ampliamente
diseminada desde arriba, es decir, desde el Estado y bien
balanceada en la Constitución Política que, en Guatemala, tiene
muchas limitaciones culturales, lingüísticas, comunicativas,
geográficas y económicas. La naturaleza de la franquicia política
en Guatemala dista mucho de tener un carácter general y asumido
de modo moral en la esfera pública.
Por otro lado, también se requiere de una franquicia política
asumida éticamente a nivel individual, lo que presupone una
cultura política que balancee los derechos, las responsabilidades
y las obligaciones culturales, políticas y legales que conlleva la
nueva ciudadanía. Esto también requiere de un entendimiento de
los distintos modelos/niveles de democracia electoral, liberal,
discursiva, sustantiva, etc., que deben coexistir y traslaparse en
un Estado constitucional de derecho o Estado democrático, no
sólo como medios para alcanzar “bienes” sociales, políticos o
económicos, sino como fines en sí mismos. Finalmente, este tipo
de franquicia éticamente asumida requiere como fundamento
indispensable, de un sistema de derechos con vigencia efectiva:
satisfacción de necesidades básicas por medio de derechos
sociales, desarrollo de capacidades culturales y políticas por medio
de derechos políticos y creación de opciones de vida por medio
de derechos humanos o civiles asumidos no sólo como derechos
constitucionales sino también, y de modo más importante, como
derechos vitales o derechos que configuran la vida diaria. Sin la
vigencia de un sistema de derechos como éste o sin un paquete
de políticas públicas consistentemente enmarcadas para darle
vigencia y realidad al mismo, no se puede hablar de una franquicia
política asumida éticamente y con efectividad4 .
Seamos claros en cuanto a lo siguiente: en Guatemala, la cultura
política en la vida diaria de la gente, la cultura política de los
vecinos, de las colonias y de las comunidades, pero también de
2 Entiéndase por “democrático” aquí una democracia electoral y no una democracia liberal o sustantiva.
3 Pablo Rodas Martíni. “Gobernar desde la sociedad civil”, elPeriódico, 3 de enero de 2005. Así, Rodas Martíni se constituyó en uno de los voceros y reproductorde este planteamiento que otros columnistas y abogados ligados a la derecha más conservadora y al gobierno de turno argumentaron sobre las consultas.
4 No hay ni puede haber un Estado democrático de derecho, con mínima estabilidad y alcance, sin un sistema de derechos con vigencia efectiva. Si hay algoque define al gran proyecto de construcción de la Unión Europea (UE), tanto desde la individualidad como colectivamente, tanto desde los Estados individualescomo de instituciones clave de la Unión, es precisamente el esfuerzo por construir este tipo de Estado democrático. Algo similar se puede decir en elcontexto canadiense, que es el contexto con el que yo estoy más familiarizado. Pero hay que notar que también en estos contextos “avanzados”, la realidaddel Estado democrático basado en un sistema de derechos efectivo es ambivalente y cuestionado. Hay que notar los “disturbios” que se dieron en el veranode 2005 en barrios predominantemente árabes de Francia, así como los problemas de pobreza crónica, desempleo, enfermedad, alcoholismo y drogadicciónen muchas “reservas” o comunidades indígenas de Canadá.
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las “zonas vivas” de la ciudad capital, dista mucho de ser una
cultura política democrática. Hay que enfatizar que la movilización
de un colectivo poblacional cualquiera, en torno a cualquier
asunto, no es en sí misma una movilización democrática ni sus
resultados pueden equipararse, de modo automático, con los
resultados obtenidos del uso de procedimientos democráticos ética
y moralmente asumidos. Esta equiparación es posible sólo en el
caso de una legitimidad reducida a su expresión matemática o en
el caso de una presunción de auto-entendimiento maduro por
parte de “los condenados de la tierra”.
En el caso de la cultura política de los vecinos, lo que encontramos
más es un traslape, muchas veces híbrido, de culturas políticas
que van desde el comunitarismo tradicional indígena y la cultura
de la adscripción, hasta el movimentismo de las plebes urbanas
mestizas o aculturadas y su cultura popular colectivista y de un
supuesto “bien común”. De igual modo, lo que razonablemente
encontramos entre “los condenados de la tierra” es el imperativo
de la supervivencia inmediata, dentro de los confines de una
comunidad, colonia, vecindario o asentamiento concreto, por
encima de la planificación política o económica a largo plazo.
La cultura política de las llamadas “zonas vivas”, por otro lado,
se configura a partir de una certidumbre económica y auto
confianza política que, en términos de opciones de vida, deviene
en una caricatura chapina del individualismo posesivo y burgués
que estas elites encuentran en sus viajes a las ciudades
estadounidenses de Miami, Houston, Dallas, Chicago y Nueva
York, y que sin perder el tiempo importan a Guatemala en formas
que van desde los centros comerciales hasta los estilos de
arquitectura y vestido. En Guatemala, entonces, a la par de la
cultura política de las plebes y las comunidades indígenas, también
encontramos formas distorsionadas, caricaturizadas o alienadas
de individualismo posesivo que predominan en los enclaves
privados y empresariales, los cuales constituyen una esfera
verdaderamente reducida y una minoría política con un poder
político y económico, sin embargo excesivo.
Lo cierto del caso es que una cultura política democrática es,
muchas veces, incompatible con esas formas prevalecientes de
cultura política vernáculas que describí arriba. La cultura política
democrática no sólo requiere de un entendimiento aceptable de
cómo funciona el Estado de derecho, de una visión de largo plazo
que no se agota en la auto-destrucción ambiental y/o social, sino
también requiere de una apropiación individual y moral del sistema
de derechos que se encuentra en la esencia de dicha forma de
Estado. Se trata, en suma, de un sistema de derechos donde los
derechos sociales son tan importantes como los derechos políticos
y los derechos humanos o civiles. Ninguno de estos derechos
puede ser privilegiado, mucho menos de modo plebiscitario, pero
tampoco de forma corporativa o privada, porque ello puede
resultar fácilmente en el surgimiento de formas antidemocráticas
de política, ya sea desde las comunidades o desde las “zonas
vivas”, que por definición minan, fragilizan, agotan el proceso de
transición democrática en Guatemala y ponen la “democracia”
patas arriba.
Se requiere, por tanto, de una ciudadanía que no espera que el
Estado se comporte, ya sea de manera patrimonial o de forma
privatizada, ya sea cuando los intereses de la mayoría están en
peligro o de manera oligarca, cuando los intereses de la minoría
están amenazados por la protesta popular o la rebelión de las
masas. Se trata, pues, de buscar un balance, siempre delicado y
precario, entre la forma republicana que se legitima a partir de
formas crecientemente discursivas de democracia, y la forma
liberal de Estado que se legitima a partir de formas crecientemente
institucionalizadas de democracia electoral y la arquitectura
institucional que le es peculiar. El debate en torno a la satisfacción
de necesidades básicas se debe suscitar en este marco democrático
de resolución de conflictos.
Estas formas de política democrática descansan a su vez, como
argumenté mas arriba, en un sistema de derechos que de verdad
debe poseer un valor material efectivo y, dada la historia reciente de
Guatemala, también en un dividendo de la paz equitativa y eficazmente
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7
distribuido5 . Sin estos presupuestos normativos y materiales es de
esperar que la población crecientemente comprometida con una
identidad ciudadana, proveniente de las comunidades tradicionales,
de los movimientos sociales, del sector privado e, incluso, de la clase
política, se torne escéptica, a veces incluso violenta y busque la
realización de sus “derechos” por medios que en realidad minan los
presupuestos normativos de un Estado democrático. La paradoja de
esto es que es precisamente sólo dentro del contexto de un Estado
democrático que el reclamo de derechos tiene sentido completo y
puede ser efectivamente satisfecho6 .
La cultura política democrática es una cultura política en donde,
como mínimo, la comunicación o el discurso público no ocurre
de manera sistemáticamente distorsionada. Tampoco ocurre de
manera tal que vocablos y/o las acciones adquieren “significado”
fuera de su contexto crítico. Esto significa también, como mínimo,
que cuando surgen temas particularmente espinosos como los
del libre comercio, la minería o las hidroeléctricas, y que están a
punto de convertirse en ley y de transformar estructuras,
instituciones y patrones de comportamiento muy importantes para
las comunidades concretas o para la república en general, lo mas
irresponsable que se puede hacer “desde abajo” es llamar a la
protesta, al plebiscito o al boicot, o “desde arriba” a la represión
o la imposición sin antes haber agotado todos los mecanismos
discursivos disponibles o posibles en la esfera pública, tanto fuera
como dentro del Congreso de la República, tanto en salones
municipales como a través de los medios de comunicación masiva,
tanto en parques como en Internet, para tratar dicho tema de la
manera más amplia, más clara, más informada y más
razonablemente posible.
Igualmente irresponsable es cuando, desde arriba o desde los
círculos de gobierno o las instituciones del Estado se proponen
políticas públicas, sobre todo no definidas en programas
electorales y que conlleven transformaciones sustanciales que
potencialmente amenacen, minen o redefinan el sistema de
derechos, sin crear los espacios públicos y democráticos
adecuados para su evaluación crítica y participativa. Y esos
espacios tienen que crearse, sobre todo, en aquellos contextos
donde la aplicación de esas políticas públicas va a ser sentida de
manera más directa. Pero cuando estas dos tendencias se
desarrollan al mismo tiempo, entonces el discurso público deviene
inevitablemente en un discurso sistemáticamente distorsionado.
Esto es válido tanto para una administración política que quiere
acelerar una propuesta de desarrollo económico determinada,
convertirla en ley y luego implementarla a través de políticas
públicas o programas específicos, sin antes haber obtenido un
consentimiento razonable y discursivo por parte de todos/as
aquellos/as que van a resultar siendo directamente afectados por
dicha propuesta o política. Por supuesto que esta forma de política
apela constantemente a la representación limpiamente obtenida,
sobre la base de un concepto matemático de la legitimidad, pero
manipulando a la misma. Sobre todo, por ejemplo, cuando se
obtuvo la representación política en base a promesas que no están
siendo cumplidas, sin mencionar las políticas públicas que
realmente se están adoptando y cerrando las puertas a los procesos
discursivos que son necesarios para legitimar propuestas que
surgen, pero que no fueron tratadas en la campaña electoral o
que no han sido tratadas de modo adecuado hasta el presente.
Contra esto, gobernar con ajuste al principio discursivo de la
ciudadanía y la legitimidad política es gobernar de manera
consistente con el proceso de transición democrática y sus ideales.
Hacer lo contrario es no sólo minar dicho proceso, revertirlo o
socavarlo, sino que también sentar las bases para la continuación
de la arbitrariedad, la manipulación, la hipocresía, en suma, la
distorsión comunicativa en el presente y el futuro.
Este argumento, creo yo, también es válido para grupos de
oposición popular o del sector privado que, con base en una
5 Los problemas que ha tenido la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) casi desde su comienzo son, realmente, vergonzosos pero sirven para ilustrar elargumento de que instituciones sin gente capacitada son instituciones vacías e inefectivas. Desde la conclusión de las negociaciones de paz en 1996 hastael año 2004, se había venido demandando al Estado que implementara las políticas del resarcimiento contempladas en los Acuerdos de Paz. Cuando estofinalmente ocurre y se crea la oportunidad de compensar a las víctimas del conflicto armado interno, la CNR gasta dos años en peleas y divisiones internas,pugnas por poder e influencia, que ilustran la profunda falta de capacidades, educación y visión por parte de la gente que logra participar en institucionespúblicas de gobierno.
6 Valga aclarar aquí que la proveniencia de la nueva ciudadanía no es automática sino adquirida y aprendida. El hecho de ser miembro/a de una comunidadindígena, de ser militante en un movimiento social determinado, o de ser parte del sector privado o la clase política no significa que uno ya es ciudadano, enel sentido en el cual estoy explorando este concepto en el presente ensayo. Los requerimientos de la ciudadanía son más rigurosos.
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ideología particular, en tradiciones de resistencia a determinados
temas, en un liderazgo oculto con su propia agenda en el
trasfondo, en falta de información o en acceso privilegiado a la
misma, en función de los números (la “mayoría”), o a partir del
“conocimiento” (“así funciona mejor la economía”), o en
demandas de interés particular, se plantea suspender la majestad
de la ley y el equilibrio constantemente amenazado del Estado de
derecho, ya sea en nombre del “bien común” de las mayorías
populares (desde el “movimiento popular” hasta las ex-PAC), o
en nombre de la propiedad privada y los privilegios de las minorías
oligarcas y posesivas del sector privado.
En ambos casos, estos grupos sociales se unen en un esfuerzo
que, en última instancia, destruye el marco cultural y político que
hace posible su propia existencia política y les da el espacio para
articular visiones y propuestas alternativas, siempre que lo hagan
de modo que otros/as tengan la misma capacidad de hacer sus
propias propuestas y la misma oportunidad de hacerlas escuchar.
Modelos recientes de consultas de vecinos
Más allá de las consideraciones normativas para abordar el debate
sobre una consulta de vecinos o consulta popular alrededor del
TLC, la minería o las hidroeléctricas, hay ejemplos concretos
que es necesario discutir. Estos ejemplos y discusiones deben
servir, como mínimo, de lección a la hora de articular propuestas
y contrapropuestas en torno a futuras consultas de vecinos sobre
cualquier asunto.
Los casos que tengo en mente son los de la consulta popular de
1994 y la de 1999, y las consultas de vecinos sobre los temas de
la minería y de las hidroeléctricas de 2005. Estos modelos de
consulta revelan, entre otras cosas, los desafíos profundos de “la
información neutral” o la generación democrática de la opinión y
la voluntad políticas, en un contexto de transición democrática
incompleta y crecientemente distorsionada. Veamos los ejemplos.
a) La consulta popular de 1994
Después de la llegada accidental al Poder Ejecutivo por parte de
Ramiro de León Carpio, su administración convirtió en piedra
angular de la gestión presidencial, una amplia Reforma
Constitucional que habría de ser aprobada por el Congreso de la
República el 17 de noviembre de 1993, y por “el pueblo” en
Consulta Popular el 30 de enero de 1994.
Como es bien sabido, la consulta de 1994 tuvo un carácter de
Referéndum Constitucional en torno a 43 cambios que habrían
de hacérsele a la Constitución Política de 1985 a través de una
sola pregunta. Hoy es ampliamente sabido que del total de la
gente inscrita para votar, sólo 16% resultó haciéndolo. Sin duda
alguna, el ganador fue así el “abstencionismo” que alcanzó casi
el 85% de la población adulta registrada para votar.
Aunque al final del proceso se resultaron aprobando las Reformas
Constitucionales, ello se llevó a cabo sobre la base de ese
abstencionismo. Este último puede interpretarse, como
efectivamente se ha hecho, como un acto de rechazo que sin
embargo no se ejerció de manera política, es decir, como una
medida de protesta por medio electoral. Se trató, creo yo, de un
abstencionismo por falta de cultura democrática y capacidad
política de la gente, por mala preparación y logística de las
autoridades electorales, pero también por condiciones electorales
inadecuadas para una consulta de este tipo.
b) La consulta popular de 1999
Un ejemplo todavía más problemático del modelo de consultas
populares constitucionales en Guatemala fue el de la llamada
“Consulta Nacional por la Paz” del 16 de mayo de 1999. Después
de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, entre otros actores,
el gobierno civil de Álvaro Arzú, bajo presión partidaria y de las
diversas fuerzas aglutinadas alrededor de la agenda de la paz,
empezó a promover, desde mayo de 1997, un proyecto de
Reforma Constitucional que ya desde ese momento iba mas allá
de lo que se requería, complicaba aún más el proceso que se
estaba proponiendo y reflejaba negociaciones de elites partidarias,
constituidas o en proceso de formación, más que el deseo de
darle institucionalidad legal a unos Acuerdos de Paz con
sustanciales problemas normativos.
Es cierto que la decisión concreta de incluir alrededor de 40
reformas más de las que debieron ser sometidas a consulta no fue
sólo resultado del gobierno, sino de un proceso de negociaciones
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9
estratégicas entre elites políticas, a espaldas de la ciudadanía,
entre las cúpulas partidarias reunidas en la Instancia
Multiparditaria (IM), con excepción del Frente Democrático
Nueva Guatemala (FDNG). Pero lo cierto del caso es que sólo
una quinta parte de dichas reformas hacían referencia a enmiendas
directamente derivadas de los Acuerdos de Paz y, el resto, fueron
pactadas en el Congreso de la República y más allá del escrutinio
público y la participación ciudadana.
En el caso de la “Consulta por la Paz”, ni siquiera los partidos
que organizaron la IM y que en un momento determinado hicieron
campaña a favor de dicha consulta, resultaron votando por el
“Sí” y la falta casi completa de movilización electoral por parte
de las comunidades indígenas, muy particularmente, produjo un
abstencionismo que llegó de nuevo casi al 80%. El resultado fue
obviamente una victoria rotunda para las fuerzas del “No” y, con
ello, la deslegitimación de los Acuerdos de Paz, por lo menos
ante los ojos de la pequeña clase media guatemalteca, ya no
digamos del sector privado organizado. Hoy en día, la
intelectualidad reaccionaria y neoliberal guatemalteca se basa en
estos resultados para continuar la retórica antipacifista y antisocial
que, en cierta forma, nutre elementos importantes de las políticas
públicas de la administración de Berger.
En el caso del argumento de las fuerzas del “Sí” agrupadas en
torno a la Comisión Nacional de Apoyo ante la derrota que
sufrieron en la Consulta Popular, fue que el gobierno no le dio
difusión suficiente a los Acuerdos de Paz y a los contenidos de la
Consulta Popular, que las reformas a Ley Electoral y de Partidos
Políticos no habían sido aprobadas y que la derecha había
organizado una campaña sucia, racista y bien financiada, a
diferencia de la campaña de las fuerzas del “Sí”.
Estos argumentos se convirtieron en verdad de Perogrullo, tanto
en Guatemala como en círculos académicos progresistas y de
solidaridad internacional. En todos estos casos, y comenzando
con la gente que demandó la organización de la Consulta Popular,
se desestimó profundamente el desencanto popular, tanto con la
clase política como con las consignas del movimiento popular
que había sido reinyectado con energías durante toda la década
del noventa, comenzando con las campañas de resistencia en torno
a la observación del Quinto Centenario en 1992. Igualmente, se
desestimó por completo, la viabilidad cultural, política y
organizativa de la consulta así como la posibilidad real de la
derrota. Finalmente, se desestimó la capacidad política y
conciencia moral que requiere una población convertida en
ciudadanía movilizada y con filas cerradas en torno a un
patriotismo constitucional refundado por los Acuerdos de Paz.
Lo cierto del caso es que no existía dicha ciudadanía.
Aparte del agotamiento de las movilizaciones permanentes, las
protestas continuas y los discursos de resistencia perpetua, la
izquierda guatemalteca fue particularmente incapaz de funcionar
en un contexto electoral, con sus incertidumbres y vaivenes y
con sus compromisos y negociaciones.
Finalmente, aunque la emergente sociedad civil, en realidad una
red relativamente pequeña de individuos/as y grupos cuyas
acciones y discursos se basan en el lenguaje de los derechos y los
principios normativos del Estado democrático, fue uno de los
factores que contribuyeron a que la campaña del “Sí” ocupara el
asiento trasero en el ómnibus electoral, además de que se dejó la
conducción de todo el proceso en las manos de partidos políticos
desacreditados, de dirigencias vitalicias sin legitimidad real y de
grupos populares con una agenda premeditada y sin inclinación
sincera alguna para someter sus argumentos a un proceso abierto
de argumentación y redefinición.
c) Las consultas de vecinos sobre minería e hidroeléctricasde 2004 y 2005
A mediados de 2004, organizaciones indígenas como la
Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya,
empezaron a reclamar al gobierno que dejara de contemplar
licitaciones o concesiones mineras sin antes consultar con las
comunidades que podrían resultar directamente afectadas por
estas actividades. Hay que notar, entre otras cosas, el
protagonismo político de organizaciones comunitaristas
tradicionales en el inicio y empuje a la crítica vecinal a la minería
en el altiplano occidental.
Aunque no necesariamente vinculado con los proyectos mineros
de manera directa, también a mediados de 2004, representantes
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10
del gobierno de Berger, en conjunto con autoridades locales,
empezaron a anunciar la construcción de nuevas carreteras, el
mejoramiento de carreteras tradicionalmente abandonadas como
la del municipio de Todos Santos Cuchumatán en el departamento
de Huehuetenango, la construcción de plantas de tratamiento de
basura y hasta la construcción de plantas hidroeléctricas. La
justificación que se dio para estos ofrecimientos provino, no en
menor parte, de los reclamos mismos que surgen desde el interior
de las comunidades e instituciones políticas locales como la
Mancomunidad de Municipios del Suroccidente y Huehuetenango
(MANSOHUE), representantes de municipios como el de La
Democracia en la región de los Huistas, organizaciones como
ADIMAN de San Marcos, la Alcaldía de Cuilco en
Huehuetenango y otras.
Como se reportó en la prensa local: “Uno de los mayores
problemas en los municipios de San Marcos y Huehuetenango,
es la incomunicación que existe por la falta de una red vial que
permita a sus habitantes, trasladar sus productos a los mercados
locales, expresó un vecino entrevistado”7 . Si bien es cierto que
estos anuncios pueden enmarcarse dentro del contexto de obras
prometidas por Berger desde su campaña electoral, y también
con los proyectos que forman parte del Plan Puebla Panamá (PPP),
no es posible dejar de entrever una agenda particular
indirectamente relacionada con planes de minería aún no
oficialmente anunciados en ese momento.
Por su parte, en el oriente del país, el debate sobre una posible
planta hidroeléctrica en Río Hondo ya había llegado a su punto
candente en septiembre de 2003, cuando “Cientos de sombreros
volaron por el aire dentro del salón municipal de Río Hondo,
Zacapa. El júbilo era a causa de un cabildo abierto en donde
más de 2 mil 500 vecinos de 11 comunidades de todo el
departamento, le habían dicho un enfático ¡NO! a los directivos
de la empresa SD Río Hondo y sus planes de construir una nueva
hidroeléctrica en los alrededores del pueblo, en la Sierra de las
Minas”8 . Esta acción cívica comunitaria se dio en el contexto
inmediato de un renacimiento del interés por hidroeléctricas como
las propuestas para San Judas, dentro de un área protegida, o
Río Hondo II, ambas en Zacapa, que gozaban del apoyo de Berger.
En este caso, sin embargo, varios municipios locales que
resultarían directamente afectados por la construcción de dichas
plantas hidroeléctricas por parte de constructoras privadas con
apoyo del gobierno central, declararon su oposición a las mismas.
Hay que reconocer que la experiencia ambiental y comunalmente
desastrosas de proyectos hidroeléctricos pasados en la región
oriental, son parte de los elementos que nutren el lenguaje de los
vecinos y su crítica a nuevos proyectos hidroeléctricos. De
acuerdo con reportes locales: “Las quejas que más se escuchaban
la mañana del 17 de septiembre de 2004 durante el cabildo de
Río Hondo, venían de poblaciones afectadas por otra
hidroeléctrica, la de Pasabién, la cual se finalizó en 2000 y ha
causado serios problemas de desabastecimiento de agua a las
comunidades”9 . Aparte del impacto ambiental y comunitario que
han tenido estos proyectos, “Las ‘promesas incumplidas’ son la
principal barrera que hace que quienes rechazan el proyecto,
ya no le presten oídos a los inversionistas. ‘Los únicos del pueblo
que se beneficiaron fueron los que les vendieron sus terrenos y
sus familias’, dice Julio Mirón, vecino de Río Hondo”10 .
Los elementos controvertidos sobre plantas hidroeléctricas en el
oriente de la República fueron adecuadamente capturados por la
prensa local del siguiente modo: “En Guatemala, para los
inversionistas de la Hidroeléctrica Río Hondo, el futuro de la
región, que cuenta hoy con casi 20 mil pobladores, se encuentra
alrededor de una zona industrial pujante, con suficiente energía
eléctrica, para que productos como el mango ‘se envasen al
vacío y se vayan al extranjero’. Es el futuro de la agroindustria
y el desarrollo impulsado por planes como el (Plan) Puebla-
Panamá. Para los pobladores como Felipe Méndez y la sociedad
civil organizada, el futuro de Río Hondo se ve ambientalmente
7 Ver “Municipios de occidente serán beneficiados con carreteras”. Prensa Libre, 26 de julio de 2004.8 Ver “El debate sobre hidroeléctricas va y viene”. elPeriódico, 6 de agosto de 2004.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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11
libre de megaproyectos como la represa, dependiendo del
potencial turístico del lugar”11 .
Para mediados de agosto de 2004, según reportes de la prensa
local, el proyecto de construcción de la hidroeléctrica en el Río
Colorado, municipio de Río Hondo, en Zacapa, ya estaba dando
sus pasos iniciales, como una locomotora imparable e incontenible
por los argumentos ambientalistas o comunitaristas locales. Por
otro lado, la promesa de los inversionistas privados con el respaldo
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la CONAP, con base
en el “estudio ambiental” realizado en 1998, consistiría en un
pago a la comunidad de Río Hondo de Q400 mil anuales12 . Más
allá de los intentos por comprar la voluntad local con ofertas de
proyectos, regalías o servicios sociales, los términos centrales de
los megaproyectos de hidroeléctricas siguen sin dirimirse
adecuadamente.
La crítica a los proyectos mineros en el altiplano occidental no
empezó en 2003, pero en ese año la misma adquirió un tono más
elevado. Para septiembre de 2003, más de dos centenares de
personas, “Representantes de distintas aldeas y caseríos de
(Sipacapa en San Marcos), se reunieron para hacer público su
rechazo a la mina, ubicada en su comunidad. Consideran que
serán pocos los beneficios para ellos. En cambio, quedarán sin
tierra y se enfermarán sus hijos”13 . Por su parte, representantes
del proyecto minero Marlin en Sipacapa, departamento de San
Marcos, argumentaron en los siguientes términos: “Si los
ambientalistas tienen una propuesta mejor de desarrollo, que
nos lo hagan saber, y nos vamos, pues estamos trayendo trabajo
e ingresos para centenares de campesinos olvidados”14 . El
Centro de Acción Legal y Ambiental (CALDH) respondió, tanto
al MEM como a los ejecutivos de Marlin, que “La explotación
minera a cielo abierto o subterráneo tiene impacto negativo.
Señalan que a cielo abierto, el impacto es visual y trastorna el
clima. La explotación subterránea puede causar derrumbes. El
uso de cianuro puede contaminar los mantos de agua”15 .
Aunque la prensa local raramente capta las complejidades del
análisis que hacen organizaciones no gubernamentales como el
CALDH, los medios de comunicación masiva y sus voceros
locales frecuentemente transmiten términos centrales, empleados
de modo abstracto, que poco a poco se van filtrando y se van
convirtiendo en lenguajes locales. Así es como surgen vocablos
centrales del lenguaje de los vecinos.
Lejos de reflejar las complejidades de un análisis ambientalista y
económico, al igual que la crítica vecinal a los proyectos
hidroeléctricos de Río Hondo en oriente, en Sipacapa gente
sencilla como Laureno Bautista, anciano de 70 años, están
convencidos que “Los personeros de la mina llegan con el
mensaje de que proveerán proyectos y que la comunidad recibirá
dinero, pero ‘nosotros sabemos que sus ofrecimientos son
falsos’”16 . Otras gentes van mucho más allá de expresar un
escepticismo comunitario, basado en la experiencia de promesas
rotas del pasado, y también, olvidando la experiencia destructiva
del pasado violento del altiplano durante el conflicto armado
interno, se inclinan por argumentos más radicales. Por ejemplo,
Santos Gómez, vecino también de Sipacapa, declaró a la prensa
local en septiembre de 2004: “Si el Ejecutivo no los escucha,
van a armar su ‘propia guerra’ para expulsar del lugar a los
mineros”17 .
Para octubre de 2004, el sentimiento comunitario del altiplano
en contra de los proyectos mineros ya se había regado por toda
la región. No solamente vecinos de Sipacapa sino también de
San Miguel Ixtahuacán y Tejutla en San Marcos, así como en
Santa Cruz del Quiché en Quiché y en varios puntos de Sololá se
expresaron, precisamente, por medio de vocablos clave
ambientalistas y económicos que para ese momento, ya se habían
filtrado hacia la población y ya habían sido integrados a los actos
11 Ibidem.
12 Ver “En marcha proyecto de Río Hondo”. elPeriódico, 9 de agosto de 2004.13 Ver “Vecinos rechazan trabajos mineros”. Prensa Libre, 3 de septiembre de 2004.
14 Ibidem.15 Ver “Temor por la minería”. Prensa Libre, 2 de septiembre de 2004.
16 Ver “Vecinos rechazan trabajos mineros”. Ibidem.
17 Ibidem.
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12
de habla local. Pero en la esfera pública local, el debate no se
centra en los conceptos económicos o en las complejidades
ecológicas de la minería sino de manera más enfática y simbólica,
en el posible “envenenamiento del agua” que produciría el uso
del cianuro en la minería de oro a cielo abierto y el “robo de
agua” de las comunidades que dicha actividad implicaría. Hay
que aclarar que tanto la contaminación ambiental como la
privatización indirecta de recursos naturales son, ciertamente,
posibles consecuencias del desarrollo minero o hidroeléctrico no
sostenible. Estos son elementos que, también ciertamente,
justifican el reclamo de llevar a cabo debates abiertos y posibles
consultas ciudadanas. Pero lo que me interesa destacar aquí es
cómo ciertos vocablos clave del debate resultan penetrando los
discursos locales, el lenguaje de los vecinos, y así creo yo,
deshabilitando la posible generación democrática de la opinión y
la voluntad políticas, y contribuyendo a la distorsión de la
comunicación, empezando con el lenguaje de los/as vecinos/as
mismos/as.
La idea comienza con organizaciones de presión, a veces
progresistas como Madre Selva, que argumentan que sin consultar
a las comunidades de San Marcos o El Quiché, el gobierno ya se
había comprometido a dar “250 mil litros de agua por hora” o
“6 millones de litros de agua diarios” para uso privado de la
compañía Montana Exploradora de Guatemala. De manera
retórica, por ejemplo, el activista Carlos Salvatierra de Madre
Selva, pregunta: “¿De dónde extraerá la compañía si no
llueve?”18 . Debatir el asunto de la minería con base en los niveles
de precipitación en el altiplano no es realmente el objeto de
Salvatierra. Tanto él como Montana así como el Gobierno, saben
que los niveles de precipitación, aunque han experimentado cierto
declive en las últimas décadas, son sin embargo, capaces, siempre
que estén bien gerenciados, de soportar las necesidades de
abastecimiento hidráulico para comunidades y minería hasta cierto
punto. Pero el punto importante del argumento de grupos de
presión es plantar ideas clave con independencia de un debate
autocrítico y comprensivo.
En el caso del altiplano, sin embargo, ideas clave de grupos de
presión progresistas contribuyen al desarrollo de un discurso
comunitarista de corte antiliberal, que traen al recuerdo un
episodio paralelo del siglo antepasado. Me estoy refiriendo al
discurso de la montaña que, en el siglo XIX, animó a los
“campesinos” del oriente de Guatemala, en el entonces
departamento de Mita, y que eventualmente desembocó en la
rebelión que puso al caudillo y dictador Rafael Carrera en el
gobierno. En este caso, dirigentes de varias aldeas en ese entonces,
gente que defendía los intereses de las comunidades, solicitaron
y apoyaron el liderazgo de Carrera, entre otras razones, porque
se oponían a la política de tierras del gobierno liberal de Morazán,
al cual acusaban de “tratar de envenenar a la gente para darles
sus tierras a extranjeros”19 . Al igual que en el presente, líderes
comunales de ese momento sólo tuvieron que plantar ideas clave
entre las comunidades, con lo que fue suficiente lograr su
movilización en torno a una causa profundamente conservadora.
Con sus matices propios y en un contexto diferente, la historia
parece estarse repitiendo hoy.
En octubre de 2004, el diario Prensa Libre decidió realizar una
encuesta de opinión en los municipios de Sipacapa y San Miguel
Ixtahuacán, ambos en San Marcos. La encuesta consistió en
entrevistar a 400 gentes adultas en aldeas cercanas a las minas y
luego dejar que la compañía privada Vox Latina procesara los
datos. De acuerdo los resultados dados a conocer a principios
de noviembre de ese año, “El 95.5 por ciento dijo estar en
desacuerdo con el proyecto”. De igual modo, entre los
argumentos que se dieron en ese momento entre altos jerarcas de
la Iglesia Católica y el gobierno de Berger, está que “73 de cada
cien respondieron que le creen más a la Iglesia que al
gobierno”20 .
Basándose en estos resultados, ya para el 5 de diciembre, el
Presidente Berger empezó a desarrollar algunas dudas en cuanto
a la viabilidad de la minería a cielo abierto en el altiplano
occidental, tal como la misma se había formulado o se había dado
18 Ver “El corazón abierto a la nueva minería”. elPeriódico, 24 de octubre de 2004.
19 Ralph Lee Woodward Jr. “Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821-1871”. Plumsock Mesoamerican Studies y CIRMA, 2002, pp. 89-90.
20 Ver “Si no quieren minas, no se puede obligar”. Prensa Libre, 5 de noviembre de 2004.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
13
a conocer a los/as vecinos/as hasta ese momento. En declaraciones
a la prensa local después de la encuesta, Berger afirmó tajante y
descuidadamente que: “Si quieren permanecer igual – en la
miseria y en la pobreza – no puede hacerse nada”.21 Por
supuesto, “miseria y pobreza” fueron los términos clave utilizados
por el Presidente de la República para intervenir en, si es que de
hecho no para calificar, el debate local y el debate más general
sobre asuntos de obvia importancia para todo el país.
Pero hay que recordar que esos son los términos utilizados siempre
de modo peyorativo por parte de la gente no indígena en
Guatemala para caracterizar, no sólo las condiciones sociales de
vida que prevalecen en el altiplano sino todo el mundo vital y
cognitivo que sirve de contexto crítico a las comunidades
indígenas. Estamos hablando de términos con profundas
connotaciones discriminatorias que nadie, menos aquellos/as en
posiciones de responsabilidad política, pueden utilizar de modo
inocente o casual. Al igual que términos como “envenenamiento”,
“robo de agua” y otros, los términos “miseria” y “pobreza” están
estampados de valores determinados dentro de las tradiciones
culturales y políticas, dentro de los juegos lingüísticos antagónicos
y polarizantes, que se dan en Guatemala. Esos términos clave, no
son términos inocentes o neutrales.
El creciente descontento en el altiplano occidental, las críticas de
la Iglesia Católica y los resultados de la encuesta informal de
Prensa Libre también empezaron a tener efecto al interior de la
esfera pública más general y, particularmente, del Congreso de la
República. Fue del Legislativo, precisamente, que surgió la idea
de realizar un “foro de discusión” sobre la minería para tomar en
cuenta las distintas opiniones del debate general. Organizado por
la Comisión de Ambiente, este foro contó con la asistencia de
funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y
Salud Pública así como representantes de organizaciones
ambientalistas y líderes comunitarios. La agenda de estos últimos
llevaba un punto concreto: “Exigir reformas a la Ley de Minería”
y “declarar lesivo el contrato de explotación en San Marcos”22 .
De acuerdo acon Alfredo Cojtí, entonces Presidente de la
Comisión de Ambiente, lo que se buscaba por medio de este foro
era “Escuchar opiniones para incorporarlas a la propuesta de
modificar esa ley”23 .
En este contexto de encuestas de opinión, foros sobre minería y
uso de lenguajes clave desde la boca de vecinos sencillos del
altiplano, pasando por inversionistas y activistas, grupos de
presión hasta el Presidente de la República, se llevó a cabo a
principios de diciembre de 2005, el Primer Congreso Nacional
de Minería. En la senda de una tradición de “grandes diálogos
nacionales” que se inician en la segunda mitad de los años
ochentas, este congreso fue organizado por un frente amplio de
once entidades24 entre gobierno, representaciones nacionales
ambientalistas, el sector privado, universidades del país y
representantes de la cooperación internacional25 .
Las organizaciones ambientalistas de presión, sin embargo, se
mantuvieron escépticas en cuanto a la intención y los resultados
de este congreso. De acuerdo con Magalí Rey Rosa, del Colectivo
Madreselva: “El impacto de la minería lo sufrirán las
poblaciones cercanas, las cuales no fueron consultadas y ahora
se les impone un proyecto no deseado”26 . En su columna del
diario Prensa Libre, la misma activista afirmó: “En el Primer
Foro Nacional de la Minería (…) escuchamos fuerte y clara la
voz de quienes quieren que Guatemala entregue parte de su
territorio a la industria minera”27 .
21 “Berger respetaría posición de guatemaltecos contra minería”. Cerigua, 5 de noviembre de 2004.22 Ver “Aumenta rechazo a minería”. Prensa Libre, 17 de noviembre de 2004.
23 Ibidem.24 Pablo Rodas Martini. “1er Foro Nacional de Minería”. elPeriódico, 25 de noviembre de 2004.
25 Por el gobierno estuvieron: el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y el Programa Nacional deCompetitividad (PRONACOM); por los movimientos ambientalistas: la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Natu-rales y el Medio Ambiente (ASOREMA), que a su vez aglutina a 23 organizaciones ambientalistas, y la Unión Mundial para la Naturaleza/Guatemala; por elsector privado: la Gremial de Minas y Canteras; por los sectores académicos: el Centro de Estudios Ambientales (CEA) de la Universidad del Valle deGuatemala (UVG), y el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas (CESEM) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala(USAC); y por los cooperantes internacionales: el Banco Mundial (BM), la Embajada de Canadá, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD).
26 Ver “Abre discusión sobre minería”. Prensa Libre, 2 de diciembre de 2004.
27 Magalí Rey Rosa. “Las dos caras de la minería”. Prensa Libre, 3 de diciembre de 2004.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
14
El proceso de encuestas de opinión, consultas en el Congreso,
foros nacionales y alternativos no ha logrado, sin embargo, crear
un espacio efectivo y fructífero para el intercambio de opiniones
y para la generación de voluntad política en torno a la minería de
oro en el altiplano occidental, o en el tema de las hidroeléctricas
en el oriente. Por el contrario, el antecedente más evidente fue lo
que sucedió en diciembre de 2004, cuando alrededor de tres mil
pobladores del altiplano encontraron tiempo para bloquear la ruta
de Los Encuentros, departamento de Sololá, argumentando que
nadie les había explicado “Para qué serviría una maquinaria
pesada que iba de paso por la carretera Interamericana,
aparentemente en ruta hacia los complejos mineros”.
Supuestamente, representantes de la fuerza policial les dijo que
la maquinaria “Era para la construcción de un puente en
Huehuetenango”. Sin embargo, del bloqueo de la carretera los
pobladores procedieron a quemar un camión-grúa y un vehículo
particular, al mismo tiempo que insistían que “Un cilindro de
siete metros de largo y 50 toneladas de peso que era transportado,
era para explotación minera en el occidente del país”28 .
Lo importante de notar acerca de este evento es lo que estuvo
ausente: la “majestad de la ley.” No hubo respeto al derecho de
movilización para agentes privados – en territorio bajo jurisdicción
del Estado –, tal como las organizaciones populares demandan o
las organizaciones comunitarias esperan este mismo respeto, ya
sea para manifestar descontento o para desarrollar sus actividades
públicas locales, tanto en jurisdicciones controladas por el Estado
como por las autoridades locales o en privado. También estuvo
ausente el respeto a la propiedad privada y pública, al medio
ambiente, a la seguridad física de la población misma, etc., etc.
Al igual que los “derechos humanos” de las comunidades afectadas,
todo este tipo de derechos también forman parte de un sistema de
derechos más amplio que, en momentos de crisis, siempre resulta
sacrificado a favor de modelos unilaterales de derecho. El problema
es que cuando se trata de este sistema de derechos es necesario
actuar de manera coherente. Cuando representantes del gobierno
o del Estado no actúan de manera consistente con el sistema de
derechos, los sectores populares hablan correctamente de
impunidad, corrupción, prepotencia, autoritarismo y otros males
típicos de Guatemala. ¿Pero qué pasa cuando los sectores populares
mismos o las comunidades indígenas no actúan de modo consistente
con los derechos? Fuera o no de esta protesta violenta, el principio
de lo que Santos Gómez, vecino de la región, prometió cuando
dijo que la gente local iba a “armar su ‘propia guerra’ para expulsar
del lugar a los mineros,” las manifestaciones violentas, los bloqueos
al transporte y al movimiento de maquinaria privada, así como las
confrontaciones con las fuerzas de seguridad del Estado que habrían
de seguir a este episodio, pronto desembocarían en una tragedia.
Montana Exploradora ha cometido muchos errores en Guatemala.
Haber ignorado en todas sus dimensiones las estructuras
comunitarias tradicionales del altiplano fue, sin duda, uno de ellos.
Aunque de manera sin duda instrumentalizada y unidimensional,
la EXMIBAL sin embargo organizó una especie de “consulta”
en el oriental pueblo de El Estor, Izabal, que por lo menos a
cierto nivel y para ciertos propósitos corporativos le dio cierta
credibilidad. Después de anunciar que la compañía habría de iniciar
la exploración minera de níquel y otros minerales en la región en
marzo de 2005, lo primero que hizo esta compañía transnacional
fue “Obtener la aprobación de la comunidad, mediante un ritual
de sacerdotes y guías espirituales mayas, cumpliendo con ello
los lineamientos establecidos en el Convenio 169, acerca de las
acciones que los indígenas deben seguir para el desarrollo de
sus poblaciones”. De acuerdo con ejecutivos de la transnacional
“Un 95% de la comunidad está de acuerdo con la reactivación
de la planta, ya que siendo el municipio más grande de Izabal,
es el más pobre”. No solo eso, el alcalde de El Estor, Rigoberto
Chub, dio declaraciones muy entusiasmadas a la prensa afirmando
que “Esta inversión podría dar un crecimiento de 25% a nuestra
economía, al tanto que la fiscalización del movimiento
ambientalista y la oposición a la minería serán de mucha ayuda
para controlar el desarrollo de la empresa minera”29 . Aunque
se haya tratado de un montaje político con figuras locales de
cuestionable procedencia, como han afirmado correctamente
28 Ver “Protestantes queman camión-grúa”. Prensa Libre, 5 de diciembre de 2004.
29 Ver “Exploración minera de Exmíbal comienza en marzo”. Siglo XXI, 8 de enero de 2005.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
15
algunos críticos del evento, EXMIBAL logró explotar un recurso
cultural que le confirió alguna ventaja30 .
Aunque es difícil estimar hasta qué punto las elites comunitaristas
locales del altiplano son todavía o son nuevamente capaces de
activar o desactivar manifestaciones violentas en contra de
amenazas a los principios del comunitarismo corporativo y a
concepciones indígenas de las costumbres locales o ambientales
sobre la “Madre Tierra”, hoy nuevamente vigentes en varias
versiones de nacionalismo étnico local, no hay que desestimar las
múltiples funciones que estas elites locales continúan cumpliendo
en la reproducción material y cultural de sus comunidades. Pero
hay que preguntarse, sin embargo, si Montana se hubiera mostrado
anuente a consultar, ya no digamos aceptar, la sabiduría
comunitarista de los/as ancianos del altiplano occidental, aunque
se haya tratado solamente de elites indígenas con intereses
particularistas, sobre su Proyecto Marlin, si Montana hubiera
demostrado algún “respeto” por las tradiciones y los lenguajes
locales aunque sea de manera similar a la EXMIBAL en el oriente,
¿Hubieran acaso los conflictos altamente distorsionados y
violentos sobre minería en el occidente alcanzado proporciones
trágicas? Dichos conflictos no se han dado, o por lo menos no
con los mismos grados de violencia, en las comunidades del
oriente.
Posteriormente, los “disturbios” que se dieron en el kilómetro
127 de la ruta interamericana, Los Encuentros, el 11 de enero de
2005, dejaron como resultado trágico un manifestante muerto y
20 heridos. Reportes de prensa local, siempre sujetos a
cuestionamiento e interpretación, siempre sujetos a revisión
basados en el testimonio de testigos supuestamente más neutrales,
ofrecen sin embargo la siguiente versión de los hechos: “Al llegar
a Los Encuentros, el convoy se detuvo por dos horas, mientras
los agentes libraban una batalla con los residentes del lugar,
que dispararon con fusiles AK-47, palos, piedras y bombas
molotov. Para repeler los ataques, la PNC utilizó más de mil
bombas lacrimógenas y fusiles AK-47”31 .
De acuerdo con el entonces relativamente nuevo Ministro de
Gobernación, Carlos Vielmann, “A pesar de los esfuerzos de las
autoridades para convencer a la población de que permitiera
que la maquinaria continuara su camino, nunca prevaleció la
razón”32 . Según ejecutivos de Montana Exploradora, la compañía
es “Una empresa minera respetuosa de la ley, que espera que se
le dé la oportunidad para trabajar, pues operará bajo las más
estrictas normas ambientales y sociales, para el bien del país”33 .
Y de acuerdo con el Frente de Resistencia contra la Minería a
Cielo Abierto, grupo de presión importante en este debate, “El
gobierno debería respetar la postura de los pobladores que se
oponen a la explotación minera, y así evitar enfrentamientos”34 .
¿Quién tiene la razón? En un contexto de comunicación
crecientemente distorsionada y de condiciones socioeconómicas
y políticas altamente polarizadas, los vocablos centrales de cada
discurso estratégico de poder se convierten en parte de juegos
lingüísticos autorreferentes y mutuamente excluyentes35 . Esto,
ciertamente incluye los argumentos centrados en los términos
“esfuerzo,” “responsabilidad” y “verdad”. Términos como
“razón”, “respeto de la ley” y “respeto a la postura de los
pobladores”, al igual que otros, son vocablos cuyo significado
varía radicalmente a medida que los mismos se desplazan de la
boca de expertos/as, representantes del sector privado, grupos
30 Este pasaje está contextualizado y analizado detalladamente por Luis Solano en los siguientes términos: “Un hecho que hay que resaltar es que la ceremoniamaya estuvo a cargo del sacerdote maya y Comisionado (presidencial) de Asuntos Indígenas y Sitios Ceremoniales, Fermín Gómez (ex diputado por Totonicapán parala Asamblea Nacional Constituyente de 1985). La actividad, que tuvo como propósito pedir permiso a la ‘Madre Tierra’ para poder ser explorada logró su objetivo alaprovecharse políticamente un recurso del ritual que fue el esperar a que el humo blanco de la fogata sagrada expeliera, y con ello los grandes interesados alcanzarany legitimaran su objetivo: tener el permiso sagrado para extraer el níquel. Si bien recurrieron al mandato del Convenio 169, se hizo de forma manipulada, a través de unshow político, en contubernio con grupos de poder local como el alcalde municipal” (comunicación personal). Ver también el libro “Guatemala: petróleo y minería.En las entrañas del poder”. Luis Solano. Inforpress Centroamericana. 2005, página 134.
31 Ver “Un muerto y 20 heridos en disturbios en Sololá”. Prensa Libre, 12 de enero de 2005.32 Ibidem.
33 Ibidem.34 Ibidem. Ver también la versión alternativa de Cindy Forster, profesora asociada de historia en el Scripps College, California, “Death, Mayan women and free
trade”, circulada por correo electrónico en marzo de 2005.
35 La idea de los “juegos lingüísticos” ha sido desarrollada por Ludwig Wittgenstein. Ver su trabajo Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell, 1997,particularmente la primera parte. Hay traducción al español.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
16
de presión, fuerzas armadas y políticos/as a la boca de gente
sencilla y viceversa. Una de las estrategias de estos discursos
estratégicos de poder o juegos lingüísticos autorreferentes, es la
de la legitimación autorreferencial por medio de la cual, vocablos
desarrollados por expertos/as poco a poco se filtran a los lenguajes
de la gente sencilla y, luego, cuando la gente sencilla los utiliza
en sus disputas y argumentos cotidianos, los/as expertos/as
argumentan haberlos “encontrado” en el campo, y así los incluyen
en sus informes técnicos de investigación y en sus argumentos.
Pero el significado de los vocablos clave también varía
sustancialmente a medida que dichos vocablos circulan al interior
de los discursos que se perfilan, tanto a nivel local como a nivel
de la esfera pública. Porque no es lo mismo que los utilicen
representantes de la “espiritualidad maya”, mujeres sencillas que
trabajan en el mercado del pueblo, intelectuales y activistas, grupos
de presión, embajadores/as o el mismo Presidente de la
República36 . Lo cierto del caso, sin embargo, es que en el contexto
de las luchas culturales y políticas, ninguno de los actores
interesados en legitimar discursos particularistas y deslegitimar
el discurso de otros/as parece estar dispuesto a cruzar la frontera
ética de sus respectivos juegos lingüísticos, y entrar en discursos
morales basados en el mejor argumento y en procedimientos
mutuamente compartidos.
Los “disturbios” de Sololá37 pronto devinieron en una instancia
más de rebelión de las masas contra agentes privados o autoridades
percibidas, de modo general, como corruptas o como partícipes
en una amenaza mayor contra la integridad comunitaria y las
nociones comunitaristas de la “Madre Tierra.” La protesta violenta
y claramente neo-Ludita contra la maquinaria de Montana pronto
devino en mas protestas violentas que, a su vez, se convirtieron
en una tragedia humana que, a su vez, devino en quemas de
vehículos y en destrucción impune de la propiedad pública, en la
forma de quema de estaciones de la Policía Nacional Civil (PNC),
en supuesta venganza por el “asesinato” de Raúl Salvador Castro
durante los eventos del 11 de enero.
Aunque su relación es más bien indirecta, sin embargo no hay
que dejar de señalar la semejanza de estos ataques a la policía
con toda la serie de quemas y saqueos de otras estaciones
policíacas que se ha venido dando en el altiplano occidental y en
otros puntos de Guatemala en los últimos años, como parte de
una ola de ajusticiamientos populares y linchamientos como
supuesta reacción contra el imperio del crimen, las fallas del
sistema de justicia para darle solución efectiva a los problemas
del crimen y la inseguridad y la indudable y bien documentada
complicidad de las fuerzas de “seguridad” en actos de corrupción,
injusticia y violación de los derechos humanos.
En cuanto a la reacción policial, también es necesario ponerla en
cierto contexto. No hay que olvidar la tradición de represión
policial, sobre todo durante el conflicto armado interno, contra
todo movimiento popular, ya sea basado en “medidas de hecho”
o en manifestaciones pacíficas. La firma de los Acuerdos de Paz,
la creación de la PNC, los nuevos cuerpos de reacción inmediata
y los múltiples programas de entrenamiento y capacitación con
los que se ha beneficiado la nueva fuerza, parecen no tener los
resultados esperados. La muerte de Raúl Salvador Castro fue, en
todo caso y a todas luces, un sacrificio innecesario.
La prensa liberal guatemalteca, por medio de columnistas como
Pablo Rodas Martini y Gustavo Berganza, invocaron el espectro
del caos, del radicalismo de izquierda y de la agitación encabezada
por la Iglesia Católica, a través del Obispo de San Marcos,
Monseñor Álvaro Ramazzini, para tratar de darle explicación a
la espiral de violencia y el carácter altamente inflamado de los
eventos del altiplano38. Pero ninguno de estos argumentos por sí
solos tiene poder persuasivo suficiente.
36 Ver, por ejemplo, la intervención altamente inapropiada, pero muy ilustrativa, del Embajador canadiense en Guatemala publicada en la prensa local: JamesLambert, “Minería en Canadá”. Prensa Libre, 4 de noviembre de 2004. En esta intervención es posible observar claramente el uso de un discurso estratégicode poder en manos de un agente directamente implicado en la defensa de los intereses del capital extranjero, revestido de vocablos clave extraídos de variosdiscursos que circulan en la esfera internacional y que tratan de reconciliar, sin discusión, el modelo corporativo de globalización y el “desarrollo” del TercerMundo.
37 El término “disturbios” es, sin duda, parte de estos juegos lingüísticos de los que ni el presente ensayo puede escapar fácilmente.
38 Pablo Rodas Martíni. “Los hechos”. elPeriódico, 13 de enero de 2005. En enero de 2005, la prensa local también circuló sus propios rumores de infiltración de
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
17
La búsqueda de mecanismos para una consulta de vecinos en
Sipacapa se dio inicio, a más tardar, a fines de enero de 2005.
Entre los argumentos que circularon dentro de Sipacapa,
particularmente dentro de los debates que se dieron en el “cabildo
abierto” del 19 de enero, encontramos los siguientes: “El que la
actividad no deja suficientes ganancias a la comunidad y daña
el ambiente” y el de que, a pesar de estos problemas, la minería
contribuiría a “La creación del empleos en el lugar”. Otros
argumentos recogidos por la prensa local, tanto en Sipacapa como
en San Miguel Ixtahuacán, incluyen los siguientes: “Los
pobladores de ambos municipios están de acuerdo con afirmar
algo: el 1% que recibe el Estado y las comunas por la extracción
de oro y plata, es ‘muy poco’. Desde el gobernador de San
Marcos, Héctor Edmundo Arana Marroquín, hasta el alcalde
de San Miguel, Oswaldo Ávila, pasando por los líderes religiosos,
el movimiento campesino y pobladores de ambos municipios, se
coincide en demandar una mayor cuota de dividendos o, en el
peor de los casos, obras de infraestructura. En lo que sí varían
es en el tono de la exigencia. ‘Nos va a pasar como a los indígenas
de la conquista, a quienes les daban espejos y se llevaban el
oro’, expresa Pedro Bautista, un aldeano de Quequesiguán,
Sipacapa”39.
Para mayo de 2005, otros argumentos locales se habían añadido al
debate: “Unos 40 representantes comunitarios de Comitancillo,
San Marcos, protestaron contra esa industria, y entregaron un
memorial en el Ministerio de Energía y Minas y en el Congreso
de la República para pedir que no se autoricen más explotaciones.”
En este caso, se dijo, “La población ha tomado la decisión, y
queremos que se nos respete, explicó César López, alcalde de
Comitancillo”40. Si todos estos argumentos parecen confusos y
sin falta de consenso, aun dentro de las filas mismas de las gentes
directamente afectadas por la minería, es porque así es.
Es precisamente la falta de un consenso local lo que se planteó
solucionar la consulta de vecinos realizada en Sipacapa,
departamento de San Marcos, el 18 de junio de 2005. Sipacapa
es un municipio de 14,039 habitantes, distribuidos en 13 aldeas,
de los cuales sólo 5,720 estaban empadronados de acuerdo con
datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, de éstos últimos,
sólo 2,600 vecinos participaron en la consulta, es decir, menos
del 50% de la gente empadronada pero más del 20% requerido
por el Código Municipal. De las 13 aldeas que podían participar
en la consulta, 11 optaron por el “no”, una por el “sí” y otra se
abstuvo41. Desde un punto de vista matemático, los resultados de
la consulta en Sipacapa son vinculantes para la municipalidad.
Ello a pesar de que las mismas razones que generalmente se
utilizan, sobre todo por la izquierda, para calificar o negar la
legitimidad de las Elecciones Generales en el país, sobre todo
cuando las mismas no superan el 50% más uno de participación
de la gente empadronada, ya no digamos el 50% más uno de la
gente que de hecho toma parte en la votación, también podrían
ser aplicadas al caso de esta consulta.
Más allá las consideraciones numéricas, los argumentos utilizados
por la gente sencilla de la región incorporan en sus discursos
éticos, es decir, en discursos de la buena vida como se la entiende
y se la vive en lo local, vocablos provenientes de los juegos
lingüísticos de los grupos políticos y económicos de presión
encontrados, tanto de los grupos ambientalistas como de Montana.
Esto no quiere decir que no haya corrientes de opinión o facciones
ideológicas en las comunidades vinculadas a movimientos
culturales, políticos y/o económicos más amplios. Pero quiere
decir que, dada la fuerza del comunitarismo de los vecinos en el
altiplano, dichas corrientes de opinión o facciones ideológicas
tienen un carácter sublimado y se expresan, como los sueños
freudianos, por medio de símbolos, imágenes o vocablos clave.
ex-guerrilleros: “La presencia de integrantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) antes y durante el enfrentamiento entre campesinos yfuerzas de seguridad en Los Encuentros, Sololá, fue señalada ayer por el jefe de bloque del Partido Unionista, Pablo Duarte”. Ver “Señalan a URNG por propiciarenfrentamientos en Sololá”. elPeriódico, 12 de enero de 2005. De igual modo, Gustavo Berganza, columnista de elPeriódico, escribió una pieza en el matutinode la capital responsabilizando al Obispo Álvaro Ramazzini, de la Diócesis de San Marcos, de ser un “agitador”. Ver “El Obispo agitador”. elPeriódico, 17 deenero de 2005.
39 Ver “Realizan cabildo por tema minero”. Siglo XXI, 20 de enero de 2005. Ver también “Pobladores demandan más regalías”. Siglo XXI, 24 de enero de 2005.40 Ver “Pobladores rechazan minería en sus tierras”. Prensa Libre, 27 de mayo de 2005.
41 Ver “Dicen ‘no’ a la minería”. Prensa Libre, 19 de junio de 2005.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
18
Por ejemplo, reflejando el discurso ambientalista pero traducido
a los términos más simples del comunitarismo local y expresado
por medio de vocablos clave e imágenes apocalípticas, Modesto
Gómez, de la aldea Tres Cruces, afirmó sobre las actividades
mineras: “Trae enfermedades y se nos va a acabar el agua”.
Por otro lado, reflejando el discurso de Montana pero también
traducido a los términos simples del vecinazgo local, Juan López,
de la aldea Canoj, que se abstuvo de participar en la consulta,
afirmó: “Está bueno; no me opongo, porque da trabajo. Mis
dos hijos están allí”42. Con estas opiniones en mente, las que
difícilmente constituyen conocimiento adecuado de los asuntos
bajo votación, la gente de Sipacapa se allegó a las urnas.
Sin embargo, los resultados de la consulta de vecinos en Sipacapa
son claros en cuanto a un punto: sólo desde una perspectiva
simplemente numérica es posible afirmar que las comunidades
más afectadas por la minería han sido capaces de escoger un
curso de acción sobre otro. Pero desde una perspectiva más
sustancial de la política democrática, precisamente desde la
perspectiva que habitualmente le aplicamos a los resultados de
elecciones presidenciales, las opiniones vertidas por la gente
sencilla de la región demuestran cómo no existe un consenso,
generado con base en discursos más sustanciales y en términos
adecuadamente debatidos, en términos que tomen en cuenta el
contexto crítico de las comunidades mismas, la consulta de
Sipacapa adolece de problemas normativos profundos.
Los resultados de la consulta sólo pueden admitirse como
resultados legítimos y/o moralmente vinculantes para el otro 60%
de la población empadronada que no participó en la consulta,
por sus propias razones, si se acepta el argumento comunitarista
que, en esto, coincide con el colectivismo endémico de la izquierda
guatemalteca, de que el comportamiento de una parte de la
comunidad responde, refleja o representa fielmente la voluntad
general – el “bien común” – de la comunidad como un todo, y
que la decisión de una minoría, en este caso, en doble sentido, es,
de hecho, la decisión de la mayoría. Pero éste es un argumento
normativamente cuestionable y políticamente peligroso incluso,
y quizá de modo más importante, para las fuerzas progresistas de
Guatemala. Porque la nueva ciudadanía que se busca construir
en el contexto de la transición democrática no puede tener un
carácter corporativo, mayoritarista o movimentista. Por tanto,
desde un punto de vista normativo, los resultados de esta consulta
de ninguna manera sirven para apoyar el argumento de que la
minería en el altiplano ya ha sido rechazada por medios
democráticos no distorsionados.
El 3 de julio de 2005, la gente de Río Hondo, Zacapa, tuvo su
propia consulta de vecinos sobre la construcción de hidroeléctricas
en la región. De 9,679 vecinos empadronados, sólo 2,831
emitieron su voto y, de éstos/as, 2,735 optaron por el “no” a las
hidroeléctricas, y 74 optaron por el “sí.” Esto quiere decir que
sólo el 28.37% de la población empadronada de Río Hondo de
hecho participó en la consulta popular43. Al igual que en Sipacapa,
este número es suficiente para satisfacer los requerimientos del
Código Municipal. Al igual que en Sipacapa, también, pobladores
locales expresaron con su voto ya sea su simpatía o su rechazo a
la construcción de hidroeléctricas en la región, pero descansando
en vocablos clave provenientes de los discursos políticos y
económicos de expertos/as, del sector privado y los inversionistas,
del gobierno y la clase política. Nadie puede afirmar seriamente
que la gente de Río Hondo debatió adecuadamente, hasta el punto
de generar una opinión sólida de un lado o de otro, los términos
complejos, el contexto local y general y las consecuencias a corto
y largo plazo, de los asuntos bajo consideración. La experiencia
de Río Hondo nos muestra no solamente lo poco afianzado que
está el mecanismo electoral a nivel comunitario en el oriente sino
también, y de modo más serio, la falta de legitimidad que tienen
los argumentos que se basan en estos resultados para defender o
rechazar, categóricamente, una u otra actividad económica.
A pesar de los resultados numéricamente contrarios a la minería
que emergieron de la consulta de vecinos en Sipacapa, el 1 de
noviembre de 2005 Montana Exploradora, subsidiaria local de la
canadiense-estadounidense Corporación Glamis Gold, propietaria
de la mina Marlin en Sipacapa, empezó su producción comercial
y con ello un nuevo capitulo en el “desarrollo” económico del
altiplano44. Yo sospecho que algo parecido va a pasar con el
proceso de construcción de hidroeléctricas en el oriente del país.
42 Ibidem.43 Ver “Poca afluencia en consulta a vecinos”. Prensa Libre, 4 de julio de 2005.
44 Gustavo Berganza, “Y arranca la mina de Sipacapa”. elPeriódico, 25 de octubre de 2005.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
19
Introducción
Desde hace por lo menos un par de décadas, en Guatemala se
vienen gestando importantes procesos en dirección de la
construcción de nuevas formas de expresión ciudadana,
fundamentalmente a partir de 1985 con la elección de gobiernos
civiles y la promulgación de la nueva Constitución Política de la
República. Otro de los procesos de significativa relevancia lo
constituye la negociación del conflicto armado interno que n los
escenarios que empujan hacia la construcción de nuevas formas
de ciudadanía, en términos de organización, expresión y
participación, quizá más en los espacios locales y rurales que en
los urbanos.
Más allá de lo propiamente electoral, de las formas típicas de
participación y de organización, recientemente se han originado
interesantes mecanismos de incidencia política desde formas
propias de organización de varias comunidades, orientadas a
realizar consultas entre y desde la población sobre temas que les
afectan directamente, y que se enmarcan en el escenario de la
legislación y la institucionalidad nacional, pero también de las
formas de organización y legislación local, sin dejar de ser
afectados por las formas políticas de estructuras orgánicas urbanas
más amplias.
Desde los orígenes y las formas de expresión local y de conjunto
de dichas consultas comunitarias, es que el presente artículo persigue
caracterizar y delinear algunas interpretaciones para el debate.
En una primera aproximación se presenta la sistematización de
algunos casos documentados, con el objetivo de que se
comprendan los orígenes y motivaciones fundamentales de esas
expresiones de consultas de vecinos, y las dinámicas sociales en
lo particular y en su conjunto.
Luego, una segunda parte incluirá el análisis de la polémica técnica
y legal, para arribar a una propuesta analítica para el debate desde
la perspectiva aquí propuesta: ¿Cómo las consultas en diferentes
municipios se vinculan al escenario político de las nuevas formas
de expresión ciudadana?; ó, en términos más amplios: ¿Cómo se
vinculan y contribuyen a los procesos de construcción de una
nueva ciudadanía?
Esta segunda parte ha sido concebida desde la perspectiva de
lanzar al debate, el argumento constitucional y jurídico que
fundamenta la realización de las consultas de vecinos, en el marco
de la construcción de un Estado Democrático y de Derecho,
independientemente de la reciente resolución de la Corte de
Constitucionalidad (CC) que avaló dos ejercicios de consultas
de vecinos realizados en el transcurso de 2005, la cual, desde
una interpretación básicamente legalista y simplista, podría verse
como el punto final de esta discusión que se ha dado desde el
2005, en torno a la legalidad y legitimidad de estos ejercicios
políticos de democracia directa.
El Estado y su conjunto institucional.
El Estado guatemalteco, como el conjunto de las relaciones
sociales de poder, se configura en términos reales a partir de un
conjunto institucional que permite hacer operativa una forma
determinada de gobierno. En cada una de las funciones
institucionales gubernamentales y su forma de accionar, se ve
reflejada la vida invisible del Estado.
Dependiendo de las áreas de intervención directa del Estado, cada
una de las instituciones visibles del mismo operan de determinadas
maneras de acuerdo a la visión del manejo de la cosa pública, por
ejemplo, si se trata de cuestiones de seguridad del país en el
contexto internacional, si se trata de aspectos de la economía
Ejercicios políticos en el marco de una nueva ciudadania1
- Primera Parte -
1 Por Raúl Cuellar Betancourt. Licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), analista sociopolítico independiente; y FernandoSolís, Licenciado en Economía por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), analista independiente en Economía y Política.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
20
2 Ver “CC valida consultas ambientales”. Prensa Libre, 5 de abril de 2006, página 3.
3 Ver “Hidroeléctricas seguirán en batalla por funcionar”. Prensa Libre, 11 de abril, página 10.
I. La resolución de la CC sobre las consultas de vecinos
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución2 en la declaró legales las consultas de vecinos realizadas en 2005 en
los municipios de Sipacapa, departamento de San Marcos; y Río Hondo, departamento de Zacapa, respectivamente.
La resolución en mención rechaza respectivamente los dos amparos interpuestos, el primero, por la empresa minera Montana
Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, contra la consulta realizada en Sipacapa el 18 de junio de 2005, y que dio como
resultado el rechazo a la actividad minera, en tanto que el segundo fue interpuesto por las empresas Hidroeléctricas de Río Hondo,
Sociedad Anónima, y Electroriente, Sociedad Anónima contra la consulta realizada en Río Hondo el 3 de junio de 2005, y que
también dio como resultado el rechazo a la instalación de una hidroeléctrica.
En el caso de la consulta en Sipacapa, Montana interpuso el amparo argumentando que era ilegal porque se había efectuado fuera
de tiempo, pero la resolución de la CC negó en forma definitiva tal recurso con base en preceptos del Convenio 169.
Respecto de la consulta en Río Hondo, las empresas mencionadas habían accionado, mediante amparo, contra el Reglamento
Municipal de Consulta de Vecinos emitido por el Concejo Municipal de Río Hondo, argumentando que contaban con autorización
del MEM y del MARN, así como del Instituto de Electrificación (INDE) para la ampliación y construcción de hidroeléctricas en
este territorio. También argumentaron que antes de que se otorgaran las autorizaciones por parte de las instituciones estatales ya
mencionadas, se había pedido la opinión de las comunidades y no se opusieron. En este caso, la CC decidió conexar los expedientes
de ambas empresas y revocar amparos provisionales otorgados con anterioridad a ambas empresas por considerar que sus peticiones
carecen de fundamento, de acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo.
Días después fueron publicadas declaraciones del abogado Ricardo Sagastume, a quien el matutino identifica como asesor legal de
las empresas Río Hondo, S.A. y Electroriente, S.A., en las que señaló que la CC no les había notificado la resolución ya mencionada,
y que por lo tanto “No sabemos si la Corte resolvió o va a resolver la nueva Corte. Aún quedarán recursos de aclaración y
ampliación por resolver; el proceso no ha finalizado (…) No existe certeza jurídica para las inversiones y eso podría ser
negativo para la economía”. El diario atribuye al jurista el señalamiento hacia algunos ambientalistas, de promover la realización
de las consultas, así como de “Estar en libertad de accionar contra magistrados que hubieren votado en forma dudosa (…) En
un sentido que dañe la imagen del país y el derecho de los guatemaltecos a tener más y mejor trabajo”3.
Sin embargo, a partir del enfoque del Estado que tengan las
opciones políticas que ejercitan una determinada forma de
gobierno, las instituciones operan con efectividad y claridad de
nacional, o si se trata del ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
Esto para poner solamente algunos ejemplos, aunque el complejo
de la actividad institucional del Estado es mucho más amplio,
abarca también aspectos de salud, educación, justicia, etc.
sus funciones o se vuelven inoperantes; en lugar de solucionar
los conflictos los complican más, o entran a ejercer funciones
que no les corresponden.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
21
El caso guatemalteco es el más claro en este sentido, por ejemplo,
la concesión para la explotación de recursos naturales en un
escenario delimitado por el Tratado de Libre Comercio (TLC),
el Plan Puebla-Panamá (PPP), y el condicionamiento de un
empresariado local obligado a realizar alianzas con los capitales
transnacionales4.
Directamente, en el caso de la exploración y explotación minera
así como de la instalación de hidroeléctricas en algunos municipios
como Sipacapa y Comitancillo, San Marcos, y Río Hondo,
Zacapa5, respectivamente, el aparataje institucional del Estado, a
través de los Ministerios de Energía y Minas (MEM) y de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dejó entrever la postura
oficial del Ejecutivo respecto de las concesiones relacionadas con
infraestructura o la explotación de recursos naturales.
Por otra parte sin embargo, el Ejecutivo no asume al principio
sus funciones para definir la postura oficial con respecto a los
tema de la exploración y explotación minera y la instalación de
hidroeléctricas, y genera el involucramiento confuso de una serie
de instituciones como las municipalidades de dichos lugares (algo
legítimo, por supuesto), el TSE, la CC, Organismo Judicial (OJ),
etc., que no tenían por qué entrar en juego en las contradicciones
de la dinámica, pasando así a crear una coyuntura política
favorable a las partes interesadas en el desarrollo de esos proyectos
y limitando los derechos ciudadanos de oposición a los mismos.
Algunas de las personas entrevistadas para la construcción del
presente ensayo así lo confirman, en cuanto al contexto político
de las consultas de vecinos realizadas para validar o invalidar los
proyectos de exploración y explotación minera y la instalación
de hidroeléctricas.
“El contexto es, podríamos tener dos visiones, el contexto
internacional, la llegada de un gobierno, el gobierno de Bush,
con toda su política impuesta, con imponer los Tratados de Libre
Comercio, con un retorno a la política de la zanahoria y el
garrote. Esta política, que supuestamente habíamos salido de
la época de las guerras, administración Reagan, proyectos
patrocinados por el Banco Mundial, ó sea, proyectos que dentro
de los contextos de las guerras van en función de apropiarse de
recursos petroleros de las poblaciones. Proyectos que van ligados
a los Tratados de Libre Comercio, y al Plan Puebla-Panamá.
Por otra parte, vemos el contexto nacional, de gobiernos
entreguistas que hemos tenido en el pasado y que seguimos
teniendo, es decir, en el momento en que Berger va a firmar a
Washington los Tratados de Libre Comercio, a espaldas de la
gente, tratados redactados en inglés, tratados que no han sido
consensuados. Desde el momento que se le da el visto bueno al
Plan Puebla-Panamá, sin ni siquiera analizarlo, entonces vemos
que los intereses que se están defendiendo son los intereses de
las transnacionales, apoyadas por el gobierno de Bush, más el
grupito de la foto de los que trabajaron en la campaña del
Presidente, ó sea, entendido que estamos con un gobierno que
representa al sector empresarial y finquero. Dentro de ese
contexto, hay que ver no solo los proyectos hidroeléctricos, de
los megaproyectos que se está hablando ahorita, sobre todo en
la Franja Transversal del Norte, de las concesiones de la
actividad de minería subterránea y a cielo abierto, de la actividad
petrolera, de las nuevas adjudicaciones y concesiones de la
actividad petrolera en la parte norte del país”6.
“El asunto, tanto de la minería como la hidroeléctrica, es que
todo el discurso del Organismo Ejecutivo, de los Ministerios y del
Presidente, es que son proyectos que son prioridad nacional. Claro
4 En el segundo número de esta nueva serie de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía está concebido publicar un ensayo interpretativosobre los grupos de poder y las aristas de su proyecto estratégico que se han venido configurando, por lo menos, en los últimos 20 años, a partir de laargumentación académica del Bloque Histórico, el Bloque Hegemónico y el Bloque en el Poder. Al respecto de ello, el Colectivo de Organizaciones Sociales(COS) adelanta algunas argumentaciones en los términos siguientes: “El objetivo estratégico de los grupos empresariales de carácter oligárquico que apoyaron lacandidatura de Oscar Berger es ampliar sus privilegios y desarrollar nuevos mecanismos para la acumulación de riqueza y el aumento de sus ingresos (…) La idea esque los grandes monopolios nacionales se asocien a la inversión extranjera para la explotación de los recursos naturales (bosques, agua, petróleo, minerales, etcétera),la prestación de servicios públicos y la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura nacional, incluyendo, incluso, el patrimonio cultural (sitiosarqueológicos, lugares sagrados, museos, etcétera)”. Ley de Concesiones. Instrumento de mediación entre sector público y privado o fachada para la privatización.Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) Cuaderno de Análisis, Guatemala febrero 2005.
5 Aunque se conoce de otros lugares donde también se han desarrollado dinámicas problemáticas que contribuirían a un análisis más profundo de los ejestemáticos del presente ensayo, se abordan solamente estos tres casos, en vista de que son los que tenemos mejor documentados.
6 Entrevista con Manuel Chacón, Filochofo, miembro del Colectivo Madre Selva
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
22
que así está redactada la Constitución, es de entidad publica y de
interés nacional y prioritario, pero en este caso, el primer contra
argumento que tenemos es que estos proyectos son financiados
por créditos y a empresas transnacionales y nacionales, son
proyectos de Nación, no son proyectos estatales. Entonces, ahí lo
que tiene que privar según la Constitución es el interés social
sobre el particular. Y además de ese precepto constitucional, toda
la forma de consultarle a la gente que iba a ser afectada”7.
En tercer lugar, la falta de coordinación desde la cabeza de la
institucionalidad estatal, dificulta el desarrollo de procesos claros
que emerjan, incluso, desde darle su debida importancia a la
ciudadanía, base fundamental para la toma de las decisiones
políticas de efectos colectivos, en lo nacional y/o en lo local, es
decir, en este caso, la falta de una clara intervención del Ejecutivo
para buscar la coordinación con la instancia responsable de
oxigenar los aspectos problemáticos que finalmente llevaron a la
realización de las consultas de vecinos.
“Ésa es precisamente la dinámica institucional; ese es un tema
muy frecuente en Guatemala, que una cuestión de decisión
política, la van a aterrizar a las Cortes para que sean decisiones
jurídicas. Yo no estoy diciendo que lo jurídico no tiene que entrar
en lo político, por supuesto, es una expresión de poder político,
y de cuestiones políticas legales, pero las decisiones cuando
empiezan estos conflictos, entre un organismo, entre el Ejecutivo
y sus ministerios, que no hay congruencia y que no se coordinan,
que van totalmente por otro lado de los intereses del municipio
y de la población, recurren los abogados y las empresas a todo
el sistema de justicia, para que el sistema de justicia diga que se
debe hacer, y entonces se le pone un peso terrible a la cuestión
jurídica, se sobredimensiona. Dejar eso en operadores de justicia
es cosa seria, porque si los abogados de la Corte de
Constitucionalida son capaces de decir que un mecanismo de
participación ciudadana viola nuestra Constitución, ¿Con base
en qué artículo lo van a decir? Así como hay artículos que
defienden la libertad empresarial y la propiedad, hay un
Catálogo de Derechos Humanos que faculta a la gente a
protegerse, y hay obligaciones del Estado a proteger a la gente
y su ambiente. ¿Qué clase de interpretación van a hacer para
decir esto no sirve, los consejos se apropiaron de eso y dijeron
respaldamos: ‘Con base en la respuesta de la población, este
Consejo Municipal respalda. Siendo coherente con esa mayoría,
decidimos no se otorga ninguna licencia de construcción de obra
civil. Aquí no se va a autorizar ninguna actividad de minería
metálica, aquí no se va a autorizar ninguna actividad que tenga
que ver con hidroeléctrica’. Entonces, en base a esot quieren
anular los efectos vinculantes de las consultas y sus resultados”8.
Significado y orígenes de las consultas de vecinos.
En términos legales y políticos se manifiestan diferentes
interpretaciones de lo que son las Consultas de Vecinos, como
un ejercicio muy particular de determinadas comunidades o
lugares, que incluso llegan a confundirse con otras formas de
expresión ciudadana que tratan de validar o invalidar determinadas
decisiones populares de trascendencia nacional.
Por ejemplo, el Plebiscito es definido como “La expresión
genérica de cualquier forma de manifestación directa, mediante
votación, de la voluntad política del cuerpo electoral”9. El
Referéndum por su lado, es definido como Lla existencia de un
acto jurídico en vigencia, que queda sometido al veredicto del
cuerpo electoral, el cual decide si el acto jurídico se mantiene
en vigencia o es abrogado o derogado. También se comprende
el término en otro sentido: el Referéndum se emplea actualmente
para someter a la decisión del cuerpo electoral, normativas
importantes (con un cierto contenido emotivo, como el
Referéndum sobre el divorcio en varios países), o políticas
públicas de gran relevancia y alcance”10 . Desde una perspectiva
7 Entrevista con María Eugenia Solis, asesora jurídica del Colectivo Madre Selva.
8 María Eugenia Solis, op. cit.9 Mansilla, H.C.F. Consultas Populares y Ampliación de la Democracia, El referéndum en perspectiva comparada. Cuaderno de Análisis e Investigación. Corte
Nacional Electoral. República de Bolivia, julio 2004.
10 Ibidem. En esta misma fuente, en una perspectiva comparada, se anota que: “El Plebiscito es utilizado cuando el cuerpo electoral es llamado a tomar decisionessobre asuntos sencillos (proposición de personas para cargos públicos,, anexiones o exclusiones territoriales, formas elementales de gobierno), mientras que elRreferéndumes usado para la definición de cuestiones normativo-legales y políticas públicas complejas”.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
23
histórica “La palabra Referéndum proviene de la locución latina
ad referéndum, que alude a la práctica de referir ciertas
cuestiones del gobierno al pueblo11.
Estas dos expresiones, sin olvidar que el Referéndum tiene por
lo menos tres variantes esenciales, constituyen las formas
fundamentales de lo que se conoce en la mayoría de países como
las Consultas Populares, que representan mecanismos importantes
del ensanchamiento de una cultura política democrática, y de la
transición de la democracia representativa hacia una democracia
participativa.
Otra de las expresiones de ejercicio ciudadano lo constituyen los
Cabildos Abiertos, que en Guatemala han promovido los
gobiernos locales, municipales, desde hace muchos años.
“El cabildo abierto es para un tema municipal, y es recoger una
tradición de los pueblos indígena. Además viene de la colonia.
Fue una válvula de escape que dejó el imperio español; fue una
forma autogobernada. Eso se trae todavía hacia la actualidad.
Los cabildos son temas múltiples, no son cuestiones muy
puntuales como las consultas. Las consultas son reacciones a
temas muy puntuales”12 .
Finalmente, desde hace casi un año se empezaron a desarrollar
en Guatemala mecanismos locales de participación que solicitaron
la intervención de las autoridades del gobierno municipal, con el
propósito de convocar a la población del lugar para ser consultadas
sobre su acuerdo o desacuerdo en los temas específicos de la
exploración y explotación minera y de la construcción de
hidroeléctricas, lo que se ha venido denominando “Consultas de
Vecinos” en los diferentes casos.
“Las consultas (de Vecinos) podemos decir que son un derecho
establecido en el Código Municipal, es decir, es parte de las
autonomías que tienen las autoridades, lo que les permite, si es
a iniciativa de la municipalidad hacerlas, convocarlas. Pero la
consultas generalmente son procesos que solicitan las
comunidades; que solicita un porcentaje de la población
organizada; le solicitan a la municipalidad que convoque a una
consulta por determinada cuestión”13 .
Es decir, las Consultas de Vecinos se refieren a espacios de
expresión y participación ciudadana desde los intereses específicos
de la población de una comunidad determinada, y vinculados a
temas particulares que afectan al territorio y gente de dicha
comunidad.
“Una forma de ensanchar la democracia. En el acuerdo de
Aspectos Socioeconómicos y Situación agraria, las partes se
comprometieron a legislar en el Código Municipal y en el sistema
de Consejos de Desarrollo, la apertura de espacios de
participación. Y sobre todo, en ese Acuerdo de Paz se dice que
el municipio, entendiendo el municipio lo que es verdad, que es
población, su territorio y su poder, el ejercicio del poder, tienen
el derecho a participar en el diseño de su desarrollo, y qué línea
de desarrollo quieren y en cosas que les afectan”14.
Por lo menos dos factores fundamentales inciden de manera
determinante en el desarrollo y ejercicio de nuevas prácticas
ciudadanas, aún cuando se mantengan las formas tradicionales.
El primero está directamente conectado al trillado tema de la
crisis de intermediación de los partidos políticos. Por eso mismo
y por ser abordado en muchos espacios, no entraremos en detalle.
Baste decir que esto ha sido posible debido a la frágil
institucionalidad vinculada al sistema político y al sistema de
partidos políticos, además de la poca presión y auditoría social
que hasta ahora ha recibido también por parte de las distintas
formas organizadas de la sociedad civil15.
11 Zegada, María Teresa, et. al., El Referéndum 2004 en Bolivia. Alcances e implicaciones. Corte Nacional Electoral. República de Bolivia, julio 2004.
12 María Eugenia Solís, op. cit.
13 Entrevista con Manuel Chacón, op. cit.14 María Eugenia Solís, op. cit.
15 Ver Raúl Cuellar Betancourt y Carlos Peralta Chapetón. La Crisis de Intermediación de los Partidos Políticos en Guatemala. Investigación para la Incidencia.Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP). Enero de 2000. También “Institucionalidad Electoral y Política Guatemalteca” y “Partidos Políticos eInstitucionalidad Electoral. Primera y segunda partes”, en El Observador Electoral Nos. 2, 3 y 7, respectivamente. Año 1. Abril y agosto de 2003, y enero de 2004.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
24
El segundo se relaciona con las nuevas formas de acción política
de la ciudadanía, quizá también abordado en otros espacios,
especialmente desde las expresiones más utilizadas como el
Plebiscito y el Referéndum. Lo que se quiere enfatizar aquí son
aquellas formas en las que la población ha venido teniendo un
mayor protagonismo, especialmente desde los escenarios locales,
tal es el caso de las Consultas de Vecinos, en las que la propia
población toma la iniciativa de ejercer su derecho de petición
para que las autoridades del gobierno local atiendan sus demandas
en temas muy particulares, pero de incidencia colectiva.
En otras palabras, la sociedad civil le ha dado continuidad a sus
espacios de organización y ha avanzado en el fortalecimiento de
sus estructuras de acción política, lo que le permite cada vez más
incidir en el poder local. No obstante, aún falta mucho por hacer
en el ámbito global.
Las consultas de vecinos están basadas en el Artículo 65 del
decreto 12-2002, Código Municipal, Consultas a las comunidades
o autoridades indígenas del municipio, el cual reza: “El Concejo
Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o
autoridades indígena, inclusive, aplicando criterios propios de
las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas”.
Además, en el Artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y rural, que en relación a las consultas a los pueblos
indígenas, dice “En tanto se emite la Ley que regule la consulta
a los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos Maya, Xinca
y Garífuna sobre las medidas de desarrollo que impulse el
Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos,
podrán hacerse por conducto de sus representantes en los
Concejos de Desarrollo”.
También se fundamentan en el Artículo 6, numeral 1, inciso a)
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), ratificado por el Gobierno de Guatemala, que dice:
“Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Otra base legal la constituye el Artículo 46 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, que establece que en
materia de derechos humanos los tratados y convenciones
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre
el derecho interno.
Además, el Artículo 66 de la Constitución Política: “Protección
a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia
maya. El Estado reconoce respeta y promueve sus formas de
vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social”.
Basta mencionar aquí que gran parte de las transformaciones en
materia de nuevas herramientas legales orientadas al
fortalecimiento de los espacios de gobierno y de organización
local, se derivan de los contenidos sustantivos de los Acuerdos
de Paz, campo en el que aún quedan pendientes muchas tareas
esenciales para la construcción de un país verdaderamente
democrático.
A partir de los nuevos escenarios sociopolíticos que fueron
abriendo las leyes y otras herramientas de acción política, el
escenario para la construcción de nuevas formas de ciudadanía,
aunque bajo un proceso relativamente lento, es factible. Las
denominadas Consultas de Vecinos, con lo específico de los temas
en el ámbito local, aunque con trascendencia departamental,
regional y nacional, contribuyen a la construcción de una nueva
ciudadanía, que desde lo local puede incidir en lo global, en tanto
que la población organizada logra influir en la institucionalidad
local, en los gobiernos locales y en las formas de organización de
la sociedad civil y las necesarias transformaciones en el ejercicio
del poder.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
25
Caracterización de las consultas y sus resultados.
Las consultas de vecinos en los lugares aquí mencionados, se
originaron a partir de diferentes motivaciones.
En el caso de Sipacapa, San Marcos, un grupo importante de la
población16 hizo la solicitud a la municipalidad para convocar a
la consulta, la que tuvo como motivación principal “Consultar
de buena fe, conforme a los usos y costumbres del pueblo
Sipacapense,, a las autoridades indígenas, a la población
indígena de ascendencia maya sipakapense del municipio de
Sipacapa, departamento de San Marcos, para que se pronuncien
en contra o a favor de la actividad minera de reconocimiento,
exploración y explotación de minerales metálicos a cielo abierto,
que se pretende efectuar dentro del municipio de Sipacapa, San
Marcos, y determinar con ello de qué manera sus intereses son
perjudicados por dicha actividad”17.
En Acta No.6-2005 de la Corporación Municipal del municipio
de Sipacapa, se retoma el acuerdo de la convocatoria para la
consulta y se establece “Convocar a las autoridades indígenas,
población indígena maya sipacapense y a los vecinos mayores
de 18 años de edad, a efecto de determinar si sus intereses son
perjudicados y en qué medida son perjudicados esos intereses
por la actividad minera de reconocimiento, exploración y
explotación de minerales metálicos a cielo abierto en el territorio
de Sipacapa, San Marcos”.
Allí mismo se acordó elaborar un reglamento para la realización
de la consulta de buena fe, nombrar a la Comisión Política,
integrada por representantes honorables y con participación activa
dentro del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de las
trece aldeas a consultar, así como nombrar una Comisión de
Apoyo Técnico integrada por representantes de instituciones y
organizaciones con presencia en el municipio, para dar todo el
apoyo técnico, metodológico y operativo al proceso de la consulta.
En el reglamento de la consulta, la misma se definió así: “Es el
espacio de participación comunitaria y democrática que permite
a los consultados expresar en forma libre y en igualdad de
condiciones y oportunidades, su voluntad soberana en torno a
la actividad minera de reconocimiento, exploración y explotación
de minerales metálicos que se pretende efectuar en el municipio
de Sipacapa, departamento de San Marcos”.
En ese mismo reglamento se establecieron los lugares para la
consulta, el temario (único, NO=rechazo, SI=aceptación), sobre
el conteo y los resultados, la interpretación de los resultados (de
observancia general y obligatoria en el territorio del municipio
de Sipacapa), la institucionalización de los resultados a través
del COMUDE y Concejo Municipal, la apertura a la presencia de
observadores durante el proceso de consulta, la divulgación de
los resultados, entre otros aspectos más formales.
Para la votación se utilizó el padrón oficial, actualizado,
proporcionado por el TSE y finalmente los resultados fueron de
once (11) comunidades que se manifestaron en contra votando
por el NO a la actividad minera en el municipio; una (1) comunidad
se manifestó a favor, es decir, por el SI; y una (1) que se abstuvo,
de un total de 13 aldeas con que cuenta el municipio.
La consulta en el municipio de Sipacapa, departamento de San
Marcos, se realizó el 18 de junio de 2005, con los resultados
mencionados, y el 21 de junio la Corporación Municipal emitió
el acuerdo contenido en Acta No.26-2005, que dice: “I. Acatar
el resultado de la Consulta Comunitaria efectuada el dieciocho
de junio del dos mil cinco por las autoridades comunitarias de
las aldeas respectivas de este municipio de Sipacapa, San
Marcos; II. Esta Corporación Municipal, respetuosa de la
decisión de los habitantes de este municipio, se compromete
trasladar la documentación respectiva con apoyo de las
autoridades comunitarias ante las instancias correspondientes
16 La solicitud pública fue presentada por las autoridades comunales, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y sociedad civil organizada.
17 Acuerdo de la Corporación Municipal de Sipacapa, San Marcos, contenido en Acta No.04-2005, del 24 de enero de 2005.
El Observad r. Análisis Alternativo sobre Política y Economía
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para los efectos consiguientes; III. Se ordena compulsar copia
certificada del presente acuerdo municipal a donde corresponde
para los efectos legales consiguientes”18.
En Río Hondo, Zacapa, una importante parte de la sociedad civil
organizada solicitó al alcalde y Concejo Municipal la realización
de una consulta sobre la construcción de hidroeléctricas en
territorios de este municipio.
Se decidió crear un reglamento para hacer esa consulta y pidieron
el apoyo para que la misma fuera supervisada por el TSE; incluso,
que se proporcionara equipo y material, por ejemplo, la tinta y
las mesas. El TSE le dio el visto bueno al reglamento para la
consulta. Se elaboraron las papeletas con el SI y el NO, y al final
ganó de forma mayoritaria la pregunta negativa. En este caso, la
consulta fue relacionada con la aceptación o el rechazo para la
implementación de un proyecto hidroeléctrico, con modalidad
de consulta no indígena. Se realizó campaña, se difundió
información de ambos lados y ya con el padrón fueron capaces
de colocar por abecedario, no por número de empadronamiento,
a la población que llegó a emitir su voto a favor o en contra.
La consulta se realizó el domingo 3 de julio de 2005. Para su
realización se creó una Comisión Específica, integrada por
miembros del Concejo Municipal y vecinos honorables, encargada
de verificar la validez del evento. Además, se creó una Junta
Coordinadora de la Consulta de Vecinos.
En el municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos,
la municipalidad se basó en el Artículo 65 del Código Municipal,
Artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Legal,
y Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, para fundamentar
“Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular, a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente”19.
18 Las posiciones jurídicas y políticas derivadas de los procesos de las consultas y sus respectivos resultados, se abordarán en una segunda parte del presenteensayo.
19 Acta No. 22-2005, Municipalidad de Comitancillo, departamento de San Marcos, 24 de mayo 2005.
En este municipio, la consulta se realizó en relación a la cesión
de permiso para el reconocimiento, exploración y explotacilón
de oro, plata, cobre, plomo y zinc, involucrándose el Consejo
Municipal de Desarrollo (COMUDE) en la convocatoria que
determinó: “La realización de la consulta a las comunidades
para que se manifestaran en relación al reconocimiento,
exploración y explotación de la minería en Comitancillo”.
La consulta se realizó a través de las Alcaldías Comunitarias y
Consejos de Desarrollo, mediante actas celebradas en asambleas
comunales desde el 14 de abril hasta el 20 de mayo de 2005, y la
decisión de las 51 comunidades “De manera abierta y
consensuada rechazan rotundamente el reconocimiento,
exploración y explotación minera en Comitancillo, porque atenta
contra la vida del ser humano y el ambiente”. El Concejo
Municipal ratificó la decisión de las comunidades.
Valoraciones de conjunto.
Las consultas de vecinos expresan un contenido cuestionador a
actividades económicas de empresas extranjeras que, en el futuro
inmediato, provocarían daños reales e incalculables en el entorno
y la propia vida de las comunidades que han sido abordadas en
este artículo.
Los mecanismos para la realización de las consultas estarían
basados plenamente en formas orgánicas de expresión local; sin
embargo, es fácil reconocer la incidencia de algunas instancias
urbanas en el proceso de organización de las mismas, aspecto
que, por supuesto, no las deslegitima, aunque sí las cuestiona.
Los resultados de las consultas, pese a los niveles de participación
de la población, alcanzan los porcentajes necesarios para su
legalidad, aunque queda pendiente la verificación del respeto a
las decisiones votadas por las comunidades, pese a los
compromisos de los gobiernos locales.
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El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se reunió de manera alternativa y paralela al IV Foro Mundial del Agua entre el 13 y 20 demarzo del año en curso en México para analizar, por lo menos, 14 denuncias relacionadas con la contaminación o amenazas a los recursoshidrológicos en el hemisferio, derivadas de la explotación de minas de oro a cielo abierto, la construcción de represas y el transporte dematerial nuclear.
El TLA es una instancia de carácter internacional y autónomo que analiza casos que involucran presuntos daños ambientalesperpetrados o que amenazan importantes recursos hídricos, en perjuicio de poblaciones de América Latina. Es un tribunal deconciencia y, aunque sus resoluciones no son vinculantes para las partes involucradas, se constituyen en una base técnico-científicapara la resolución de conflictos relacionados con el agua en el hemisferio.
La denuncia de Guatemala presentada a esta instancia por el Colectivo Madre Selva, fue analizada dentro del grupo de Centroaméricaque incluyó similares casos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
La resolución de dicha instancia dicta, de manera general, una censura moral al Gobierno de Guatemala, y particularmente al Presidentede la República, Oscar Berger, por permitir el establecimiento de operaciones mineras de alto riesgo que pueden afectar la salud y losecosistemas del país a largo plazo, al tiempo que se favorece los intereses de particulares y de compañías transnacionales en detrimento delos pueblos guatemaltecos.
Asimismo es censurado mortalmente el Gobierno de Guatemala por no cumplir con sus obligaciones de consultar de buena fe a lospueblos indígenas del país afectados por los proyectos mineros, así como por desatender y actuar en contra de la voluntadexplícitamente manifestada por las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en contra del proyecto Montana comoresultado de su propia consulta formal al respecto.
Una tercera censura moral se dirige al Ministro del MARN de Guatemala, por incumplimiento de sus responsabilidades, convirtiéndoseasí en responsable por las pérdidas de cantidad y calidad de agua para las comunidades de las áreas afectadas.
Exhorta al Congreso de la República a la agilización de los trámites para la revisión de la Ley de Minería existente o a la emisión de unanueva, a fin de asegurar que la nueva normativa contenga artículos que garantice la soberanía guatemalteca y la defensa de losderechos y del patrimonio de los guatemaltecos.
Finalmente exhorta el gobierno a cumplir con las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyocumplimiento ha asumido en virtud de la aprobación, por parte del Congreso de la República y la ratificación de Presidente de laRepública, y que según el Artículo 46 de la Constitución Política de la República del 31 de marzo de 1985, éstas tienen preeminenciasobre el derecho interno.
De esta forma, el tribunal recomienda que se evalúen en forma independiente las áreas potencialmente mineras concesionadas enexploración y explotación, teniendo en cuanta el riesgo de contaminación y degradación de los ecosistemas y recursos hídricos, asícomo las poblaciones que podrían verse perjudicadas en su calidad de vida y capacidad productiva.
También recomendó que se establezca una mesa permanente de discusión que actúe de forma clara y transparente sobre el tema dela minería en Guatemala, con participación de actores sociales, gubernamentales y técnicos.
Esta última recomendación del tribunal tiene sentido en la medida que durante el transcurso del mes de marzo del presente año, laComisión de Alto Nivel sobre la Minería que se había conformado en 2005 con representación de sectores civiles involucrados enel tema, la Iglesia Católica y el gobierno, para abordar la discusión de una Ley de Minería, quedo en impase debido a que losrepresentantes del Ejecutivo, incluyendo a los funcionarios del MEM y el MARN, habrían incumplido los acuerdos adquiridos,ignoraron los lineamientos aprobados y habrían faltado a su palabra al actuar a favor de las empresas y sus accionistas.
Por lo menos así lo argumentaran los representantes de sectores civiles y de la Iglesia Católica representados en dicha instancia,cuando señalaron que esta situación se debía a que no se había dado cumplimiento por parte del Ejecutivo, a la demanda desuspender el otorgamiento de licencias de exploración y explotación de minerales en el país, en tanto no fuera aprobada una nuevaLey de Minería.
II. La resolución del Tribunal Latinoamericano del Agua
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía es uno de los componentes del proyecto
“Análisis alternativo e Independiente para la construcción de una sociedad democrática”, el cual es
una iniciativa de un grupo de profesionales y académicos comprometidos con alcanzar una
sociedad justa y equitativa, tal como lo demandan los Acuerdos de Paz. Este proyecto
cuenta con el soporte institucional de la Asociación para el Desarrollo de la Comunidad
Edición: Fernando Solís. Diseño y diagramación: Alvaro Morales
Entre los actores locales promotores de las consultas y la
incidencia de organizaciones externas, se crea una fusión que
matiza las nuevas formas de expresión ciudadana desde lo local,
que no les permite aún imprimir su propio sello.
La discusión está abierta y continúa, pese a la reciente resolución
de la CC ya mencionada anteriormente.
En esa línea, debe adelantarse que estos casos han sido ya llevados
al seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para su consideración, así como el
contexto que creó que el pasado 20
de marzo del presente año, el Tribunal
Latinoamericano del Agua (TLA),
emitiera una censura moral al
Gobierno de Guatemala por permitir
el establecimiento de operaciones
mineras de alto riesgo en el país.
Esta publicaciónes posible gracias
a la colaboración de:
Fondo deGobernabilidad de la
Embajada de losPaises Bajos / IBIS