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26/05/2019
España
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20 663 EUR (23 402 USD)
Administración Las fragmentadas cuentas del Estado
ROBERTO PÉREZ
En 1995, autonomías y ayunta-
mientos eran las responsables
de un tercio de todo el gasto
público español, en torno a un
35%. En 1998 ya alcanzaban el 40%, y
el año pasado sumaron el 50%. En un
par de decenios, las administraciones
territoriales han arrebatado al Gobier-
no central el control del gasto público
del país. Las autonomías han engor-
dado a costa de la Administración Ge-
neral del Estado que, además –y por
lo mismo–, ha perdido fuerza a la hora
de dirigir las cuentas públicas en su
conjunto, por ese poder reforzado que
tienen los gobiernos regionales.
Sin contar el abono de los venci-
mientos de la deuda, las autonomías
se gastaron el año pasado 180.768 mi-
llones de euros, y 69.419 millones las
entidades locales –ayuntamientos, di-
putaciones, consejos y cabildos insu-
lares–. Las administraciones territoriales
han agrandado un 23% su porción en
la tarta del gasto público español, que
es la que le han arrebatado al Gobier-
no central. En realidad, las entidades
locales tienen prácticamente la mis-
ma porción que a mediados de los 90,
pero el gasto público que está en ma-
nos de las autonomías es casi un 60%
mayor. Y ese poder presupuestario que
han acumulado las autonomías ha ido
en detrimento del Gobierno central.
En 1995, Moncloa tenía en su mano el
65% de todo el dinero que consumía el
sector público; ahora alcanza a duras
penas el 50% y, además, ha tenido que
financiar la deuda autonómica cuan-
do esta ha puesto en jaque a las admi-
nistraciones regionales.
El Estado es quien responde en úl-
timo término de las cuentas autonó-
micas, pero lo tiene complicado para
meterlas en cintura. «Eso es conse-
cuencia directa de cómo está monta-
do el sistema constitucional del Esta-
do de las Autonomías», del margen de
maniobra que les otorga y del poder
que han acabado asumiendo, explica
Rafael Pampillón, catedrático de Eco-
nomía de la Universidad CEU San Pa-
blo. A raíz de la crisis, el Gobierno lla-
mó al orden a las administraciones te-
rritoriales. Como demuestran las cifras
de saneamiento y gasto, la disciplina
sí surtió efecto en los ayuntamientos,
pero quedó desdibujada en el paisaje autonómico. En el último decenio, han
sido notorios los casos de gobiernos
regionales que han incumplido –algu-
nos de forma gruesa y sistemática– los
objetivos económicos fijados por el
mismo Estado que les socorre.
El galope de la deuda En los diez últimos años –de 2009 a
2018–, los gobiernos regionales han te-
nido que pedir prestados 388.440 mi-
llones de euros para poder hacer fren-
te a todo lo que han gastado. De todo
ese dinero que han recibido al debe,
algo menos de la mitad –178.324 millo-
nes– lo han dedicado a pagar los ven-
cimientos de la deuda atrasada. El res-
to, más de 210.000 millones, han sido
para enjugar los números rojos en los
Autonomías y ayuntamientos copan la mitad del gasto público, un 23% más que hace dos décadas
que se instalaron hace año las adminis-
traciones autonómicas, por gastar sis-
temáticamente más de lo que ingresan.
Cuando azotó la crisis, ésta puso en
evidencia a las autonomías que más
habían incurrido en los excesos –con
Cataluña en el pelotón de cabeza–. In-
capaces de financiarse por sí mismas,
el Estado les evitó la quiebra acudien-
do en su rescate. Así llegaron los me-
canismos extraordinarios de financia-
ción –FLA, Plan de Pago a Proveedo-
res, Facilidad Financiera...–, que
también acabaron ayudando a los ayuntamientos. Esos mecanismos con-
siguieron lo más urgente -esquivar la
debacle y poner a salvo a las autono-
mías que se tambaleaban-, pero algu-
nos expertos critican que no sirvieron
para reconducir estructuralmente los
excesos de las administraciones re-
gionales. «Aquel primer ‘‘rescate’’ se
repitió luego varias veces y, desde en-
tonces, parece que hay de nuevo vía li-
bre», indica Pampillón. A su juicio, tras
el auxilio financiero inicial que se dio
a las administraciones territoriales,
el Estado debería haber sido más es-
tricto y haber dejado que fueran esas
administraciones las que asumieran
sus responsabilidades. «Cada palo debe
aguantar su vela, y las autonomías que
quieran gastar más allá de lo conveni-
do por el conjunto del Estado debe-
rían saber que no lo harán sin asumir un coste político», afirma. Pampillón
plantea que las administraciones in-
cumplidoras tengan que solucionar
su exceso de gasto con un aumento de
los impuestos. Así, «los ciudadanos
sabrían realmente lo que les cuesta la
gestión política de su respectivo go-
bierno territorial». Gastar da votos;
subir los impuestos, no. El problema,
afirma Pampillón, es que hasta ahora
el exceso de gasto de las autonomías
no se nota lo suficiente en los impues-
tos, porque las autonomías optan por
cubrirlo con endeudamiento.
Exceso de estructuras En lo peor de la crisis, cuando habían
saltado todas las alarmas, se puso so-
bre la mesa la necesidad de adelgazar
La escalada ha sido soportada por los gobiernos regionales a base de engordar la deuda. En los diez últimos años han suscrito operaciones de endeudamiento por valor de casi 400.000 millones de euros
CONTRASTES
De 1995 a 2018, la población
apenas ha aumentado un 18%
y la inflación un 65%. El gasto
público, sin embargo, un 145%
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526,93 cm² (84,5%)
21 350 EUR (24 180 USD)
Fuente: Elaboracion propiaABC
CC.AA.
Entidades locales
CC.AA.
Entidades locales
Participación de las CC.AA. y las entidades locales en el gasto público españolGasto no financiero, en millones de euros
201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
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8.89
7
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3
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7
173.
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.76
8
% del gasto público español en manos de CC.AA. y entidades locales
Gasto público español en manos de CC.AA. y entidades locales
22,7 24,4 25,1 26,2 27,9 30,1 30,8 34,3 36,0 36,3 37,9 38,2 38,3 38,9 38,1 38,1 39,4 38,2 35,2 35,4 36,2 35,6 36,3 36,2
12,9 13,1 13,9 14,6 15,1 14,9 15,1 15,2 15,5 13,8 13,7 14,2 13,914,8 15,3 15,8 16,5 15,7 15,4 15,5 14,9 12,3 13,0 13,5
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69
.419
los entramados públicos para reducir
el gasto. Pero, pasado aquel momen-
to crítico, el asunto ha quedado en un
segundo plano y hace años que las au-
tonomías volvieron a aumentar su gas-
to. Sin contar vencimientos de deuda
(amortizaciones), los gobiernos regio-
nales gastaron el año pasado 180.768
millones de euros, 16.000 millones más
que en 2013.
Es un nuevo aumento del gasto es-
tructural, en el que destaca el aparta-
do de personal –las autonomías han
engordado sustancialmente sus plan-
tillas en los últimos años–. «Parte de
esos gastos son muy necesarios, por-
que tienen que ver con la educación y
la sanidad públicas -que son compe-
tencias que gestionan las comunida-
des autónomas-, pero también hay can-
tidad de empresas públicas y organis-
mos de lo más diverso que han ido
creando los gobiernos autonómicos y
que en muchos casos son totalmente
prescindibles», indica este catedráti-
co de Economía. Son entes que han te-jido una extensa «administración pa-
ralela» controlada por los gobiernos
autonómicos, un entramado más di-
fícil de fiscalizar, más manejable y ge-
nerosamente nutrida en personal y
presupuestos.
«Hay muchas entidades que en ab-
soluto están justificadas, hay duplici-
dades entre administraciones y hay
un exceso de entramados mientras se
sigue produciendo déficit y continúa
creciendo una deuda que es funda-
mental contener», indica Rafael Pam-
pillón, quien advierte del riesgo que
supone el endeudamiento público que
acumula España. En primer lugar, por-
que el multimillonario coste que tie-
ne en concepto de intereses y, en se-
gundo, por el impacto que tendría si
se desencadenara un nuevo escena-
rio como el que se produjo tras esta-
R. P. El año pasado, los gobiernos autonómicos se gastaron en sueldos un total de 77.395 millones de euros. Incluye tanto las nóminas de los empleados que tienen contratados como las cotizaciones a la Seguridad Social. Ese coste de personal repre-senta el 43% de todo el gasto no financiero de las comunidades autónomas; es decir, el 43% de todo lo que gastaron durante el último año, sin contar las amortizacio-nes de deuda –que se pagan con cargo a nuevo endeudamiento–. En el conjunto
del Estado, los costes de personal suponen en torno al 25% de todo el gasto público no financiero. El hecho de que en las autonomías el peso sea mucho mayor responde, en buena parte, a que los dos servicios públicos con más mano de obra –la
sanidad y la educación públicas– dependen de las administraciones regionales. Durante los
últimos, tras el pasajero ajuste que impuso la crisis, las autonomías han vuelto a engordar sus plantillas. En el último quinquenio, los gobiernos regionales han sumado otros 230.000 efectivos.
La mayor partida de gasto, los sueldos
llar la crisis de 2008. En estos momen-
tos el endeudamiento es mucho ma-
yor que entonces, lo que complicaría
el margen de maniobra para respon-
der ante un cuadro económico de esas
características.
Gasto al alza En las últimas décadas se completó el
traspaso de competencias a las auto-
nomías. Eso no solo ha reordenado la
distribución del gasto entre adminis-
traciones, sino que también ha encare-
cido la cifra de conjunto, lo que cuesta
el sector público en su totalidad.
A mediados de los años 90, a Espa-
ña le bastaban unos 200.000 millones
de euros para cubrir todo su gasto pú-
blico no financiero -que abarca todos
los costes, excepto los pagos de venci-
mientos de deuda-. Ahora necesita me-
dio billón de euros. El incremento ha
sido enorme en comparación con cómo
ha aumentado la población, y ha sido
también mucho mayor que la infla-
ción. Los resultados son elocuentes:
desde 1995, el gasto público español
se ha disparado un 145%, mientras que
la población del país ha aumentado
un 18% y la inflación lo ha hecho en
torno a un 65%.
Pese al despegue económico de los
últimos años y a los crecientes ingre-
sos que le ha reportado a las adminis-
traciones públicas, las autonomías han
quedado ancladas en un endeudamien-
to recurrente. El año pasado tuvieron
que pedir prestados 39.000 millones
de euros para poder cuadrar sus gas-
tos, entre los que se incluyó el abono
de casi 33.000 millones por amortiza-
ciones obligatorias de deuda.
En cómputo global, contando el gas-
to presupuestario total, las autono-
mías cubren el 21% de sus costes con
dinero que tienen que pedir prestado
año tras año.
El
gasto de
personal de las
autonomías fue de
77.395 millones
en 2018
Unos 100.000 millones de euros al año entre sanidad y educación
El grueso del gasto público de las autonomías se concen-tra en la sanidad y la educa-ción públicas, los dos gran-des servicios públicos que están en manos de los gobiernos regionales. Según la última liquidación oficial disponible, la del ejercicio 2016, las autonomías se gastaron en la sanidad pública 61.632 millones de euros, y algo más de 37.000 millones en educación. Entre esos dos grandes servicios concentran en torno al 60% de todo el gasto no financie-ro de las Administraciones regionales.