15SETIEMBRE de 2014
El gobierno del presidente Humala parece
correr contra el tiempo en su intento de
reactivar la economía. No terminan de
discutirse las últimas medidas económicas
y ya se está anunciando un nuevo paquete
de ellas, el cual —según argumentan los
voceros del gobierno— fortalecería el
crecimiento macroeconómico y ayudaría
a destrabar proyectos de gran inversión
que, incluso, vienen de administraciones
pasadas.
Sin embargo, queda claro que el Gobier-
no central piensa favorecer, casi de manera
exclusiva, a la inversión privada, incluso
al margen de derechos reconocidos en
nuestra legislación. Un ejemplo de ello es
la publicación de la Ley 302302, en julio
último, conocida como del «paquetazo
reactivador», norma que establece una
-
ción de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión
en el país», y que, como bien han denun-
ciado una serie de colectivos de la sociedad
civil y organizaciones indígenas, tiene un
impacto negativo en materia de derechos
a la tierra.
La norma en cuestión, Ley 30230
Publicada el 12 de julio —con una
redacción sumamente imprecisa y hasta
ambigua—, posee 103 artículos, de los
que casi la tercera parte (desde el título III
y derogatorias) se dedican al saneamiento
físico legal de tierras involucradas en
proyectos de inversión.
La ley se cuida de señalar en forma
expresa qué tipo de derecho otorgará a los
inversionistas respecto a los predios que
el Estado piensa sanear. Sin embargo, el
saneamiento físico legal que se propone
realizar no es otra cosa que el otorgamiento
de derechos de propiedad (titularidad de
dominio) sobre la tierra, lo que en buena
-
dría convertir —gracias a la ambigüedad
de la norma— en el propietario del predio
donde realice sus actividades; es decir,
aquel obtiene el camino libre para con-
vertirse en el titular de las tierras donde
tiene una concesión minera (Andes), una
de hidrocarburos o una forestal (selva), sin
importar los derechos allí existentes.
Con estos procedimientos especiales,
inversionistas podrán solicitar la propiedad
de las tierras donde realizan directamente
las zonas aledañas al proyecto que las
empresas consideren necesarias para sus
Crisis institucional
Uno de los lastres del Perú es la falta
de institucionalidad. Un país sin reglas
claras ni gente que las respete genera una
sensación de desgobierno. Así lo entiende
el Ranking de Competitividad Mundial
2014, elaborado por The World Economic
Forum (WEF)3, conforme al cual el Perú
ha caído cuatro puntos respecto a años
anteriores, sobre todo debido a la fragilidad
del parámetro institucional que presenta.
Esta falta de institucionalidad —señalan
expertos— ahuyenta las inversiones ne-
cesarias para seguir creciendo como país.
Sin embargo, no es sino el Estado
quien genera esta situación. Recordemos
que recién en enero de 2013 se había res-
tituido —mediante el Decreto Supremo
001-2013-AG— la rectoría en materia de
tierras al Ministerio de Agricultura y Riego
¿Se avecinan nuevos conflictos sociales?
Amenazas gubernamentales ala propiedad de la tierra
Pedro Castillo Castañeda1
(Minagri). Por eso, no se entiende cómo,
con la norma del paquete reactivador, el
Ejecutivo le otorga facultades similares al
Organismo de Formalización de la Propie-
dad Informal (Cofopri), dependiente del
diseñar procedimientos para sanear tierras,
colisionando —como es evidente— con
el Minagri, el que incluso iniciará en los
próximos meses todo un proceso de titu-
lación de tierras.
También llama la atención el hecho
de que el Ministerio de Cultura (Mincul)
y su Viceministerio de Interculturalidad
hayan sido excluidos de este proceso.
Esta institución, en la práctica, debe velar
por los derechos de los pueblos indígenas
(representados mayoritariamente por
las comunidades campesinas y nativas),
siendo ellos los que probablemente sean
los mayores perjudicados. ¿Participaron,
tanto el Mincul como su viceministerio, de
la creación de esta norma, o se los saltaron
con garrocha como al Minagri?
En el colmo de las contradicciones, la
norma del paquetazo reactivador excluye
al Minagri del proceso de formulación
de su reglamento: solo están Cofopri y la
Superintendencia de Bienes Nacionales
(ambos de Vivienda), la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (Sunarp)
(de Justicia) y Provías Nacional (de Trans-
portes). Es decir, el ente rector en materia
de tierras y saneamiento de la propiedad
rural está fuera. El debilitamiento de la
institucionalidad, entonces, es ocasiona-
do por el propio Estado, que no respeta
las reglas que va creando. ¿Acaso la Ley
30230 no es para promocionar y dinamizar
la economía nacional? ¿Se puede promo-
cionar la inversión cuando el país tiene una
institucionalidad precaria?
16 LA REVISTA AGRARIA / 166
no en alta resolución del Perú. Ministerio del
Institution for Science
at Stanford University.
stocks
-
Ferias y mercados de productores: hacia nue
ciudadrril y Gianmarco Cheng
mes et Vétérinaires
en América del Sur
la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos
-
-
-
-
publicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacionespubli
El nuevo proyectode titulación de tierras
El pasado 5 de setiembre, el Minagri
organizó una reunión para presentar el
Proyecto catastro, titulación y registro
de tierras rurales en el Perú, tercera etapa
(PTRT3), en la que participaron repre-
sentantes de la sociedad civil y gremios
agrarios e indígenas. El objetivo es titular a
441,093 predios individuales, 190 comuni-
dades nativas y 190 comunidades campesi-
nas de la sierra, para lo cual se cuenta con
un préstamo de US$40 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Las preguntas surgen de manera inme-
diata. ¿Qué piensa titular el Minagri? ¿Los
saldos que deje Cofopri cuando empiece
a otorgar derechos a favor de los inversio-
nistas? Cuando exista superposición de
derechos, ¿qué título tendrá mayor valor?
¿El de Cofopri o el del Minagri? ¿El del in-
versionista o el del pequeño agricultor? Las
respuestas pueden deducirse fácilmente.
Desde las últimas décadas, en materia de
tierras, la tendencia del Estado es la misma:
liberalizar su tratamiento al máximo y des-
conocer los derechos de las personas que
más dependen de ellas —las comunidades
y agricultores familiares—, para favorecer
a las grandes inversiones.
Desde Fujimori, Toledo, García, y
ahora Humala, cada uno, a su turno, ha
las condiciones legales a través de las
cuales el Estado peruano garantizaba los
derechos sobre la tierra. Esta vez han sido
reemplazadas por medidas que promocio-
nan su uso intensivo mediante proyectos
de explotación de recursos naturales.
El llamado «paquetazo reactivador» está
en la línea del cuestionado discurso del
«síndrome del perro del hortelano»4, pero
incluso va más allá: ya no se trata de vender
las tierras para traer inversión o tecnología,
como señalara García en 2007; ahora es
necesario entregarlas en propiedad —sin
respetar las normas vigentes, la Consti-
tución y los tratados internacionales— a
los inversionistas, con el argumento de
dinamizar nuestra economía. Si esto sig-
sociales. El «Baguazo» sucedió por menos.
Notas1 Investigador del Cepes en temas relacionados
a comunidades campesinas, tierra y agua. 2 Puede descargar y revisar la ley en:
http://bit.ly/1rggjr73 Fundación sin fines de lucro, con sede en
Ginebra (Suiza), donde los principales líderes
empresariales, políticos internacionales y
periodistas e intelectuales analizan problemas
mundiales, como la salud y el medioambiente.4 Artículo escrito por Alan García, durante su
segundo periodo presidencial (diario El Co-
mercio, 27.10.2007).
Visite: www.larevistaagraria.org