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DISCURSO DE JOSÉ ÁNGEL BIEL EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO

DE LA COMUNIDAD DE 1996

Esta mañana, con motivo del primer café, me decía un ilustre

parlamentario de esta cámara que a este tipo de debates conviene

añadirles algunas dosis de ironía. Yo siento defraudarles porque si,

además de hacer los equilibrios que en política siempre hay que hacer,

nos entra la risa, corremos el riesgo de caernos, y no es eso lo que

pretendemos exactamente hoy. Aunque habría una manera de evitar

ciertos debates dialécticos o ciertos equilibrios, y es llamar a las cosas por

su nombre: coger el AVE e irnos todos a Madrid, porque, en definitiva, el

estado de esta Comunidad depende casi en exclusiva de Madrid. Y digo

que depende casi en exclusiva de Madrid porque esta mañana más me

daba a mí la impresión de que asistía a un debate en la Carrera de San

Jerónimo que a un debate en la Aljafería. Yo creo que conviene centrar las

cosas en sus términos justos y llamar a cada cosa por su nombre.

Señor Presidente, señorías, transcurridos más de quince meses

desde la constitución del actual Gobierno de Aragón al comienzo de la

presente legislatura, nos corresponde hoy lo estamos haciendo reflexionar

en voz alta sobre el estado de nuestra Comunidad. Es claro, señorías, que

de un debate de esta naturaleza cada Grupo Parlamentario espera obtener

resultados diferentes y lo utiliza con fines distintos, casi siempre más

acordes con su siempre legítimos intereses políticos que con lo que,

eufemísticamente, denominados todos «interés general de Aragón», y que

suele tener de general con comillas lo que coincide con lo particular de

algunos.

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Conviene dejar claro que del estado de la Comunidad, para

empezar, somos todos responsables, y, por supuesto, en la parte alícuota

que a cada uno nos corresponda, pero a todos nos toca alguna parte,

incluso a muchos que no se sientan en estos escaños. Que nadie intente,

pues, pasar de rondón por este debate, como planeando por encima del

bien y del mal. En un debate de esta naturaleza nos examinamos todos, y

no sólo el Gobierno, su Presidente y los consejeros. Por supuesto, si

alguien espera de esta discusión una especie de monográfico sobre el

estado de salud de la coalición PP-PAR, y no sobre el estado general de la

Comunidad, que abandone de entrada toda esperanza morbosa: vamos a

hablar del estado de la Comunidad principalmente y del Gobierno en sus

justas proporciones.

Para nuestro Grupo Parlamentario este debate es una magnífica

oportunidad para explicar algunas cosas y tratar de enfocar

adecuadamente otras. Antes, sin embargo, de desarrollar nuestra opinión

sobre cómo vemos a Aragón, si está mejor o peor que hace un año, dos o

tres, en sus aspectos generales o parciales, antes de eso, conviene hacer

algunas consideraciones previas que pueden servir de punto de referencia

para entender lo que después diremos.

Primera consideración. Nuestro Grupo Parlamentario aporta a este

debate unas concepciones ideológicas que nos diferencian sustancialmente

de todos y cada uno de los Grupos de esta cámara; me atrevería a decir

que nos situamos en una posición casi equidistante del resto de los grupos

políticos. A modo de ejemplo, no pensamos en la concepción del Estado

igual que partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista; no

pensamos en otras cuestiones ideológicas igual que la CHA o que

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Izquierda Unida; somos equidistantes, y no por eso, supongo, que se nos

podrá negar la posibilidad de entendernos con todos y cada uno de los

Grupos de esta cámara. Porque, claro, si al final sólo nos podemos

entender con los que son idénticos a nosotros, es que el PAR sobra de

esta cámara, y les puedo asegurar a sus señorías que el PAR en modo

alguno sobra en esta cámara.

Como tuve la oportunidad de decir en el debate de investidura del

actual Presidente y cito textualmente, «nuestro programa no se limita,

como creen los simplistas, a la aprobación del Estatuto y al

aprovechamiento integral de nuestras aguas; aspiramos, además, a lo que

nuestros estatutos llaman la convergencia social de clases, y eso es el

principio de una serie inexcusable de previsiones que tienden a la igualdad

social». Quede claro, por tanto, que los propósitos del PAR no se agotan

aún, ni, por supuesto, en un programa de mínimos. En consecuencia,

cualesquiera que sean los avatares y condicionamientos de la vida política,

en ningún caso haremos dejación de nuestras concepciones ideológicas.

Pero nuestro partido no es un fin en sí mismo; nuestro partido es un

medio que pretende transformar la realidad en la que vivimos mediante la

aplicación, en su máxima extensión posible, de nuestras ideas y nuestros

programas.

Segunda consideración. Participamos en este debate en nombre de

un Grupo Parlamentario que cuenta con catorce, de los sesenta y siete,

Diputados de la cámara, ni uno más ni uno menos, ni uno más ni uno

menos: catorce, de los sesenta y siete: ésa es la fuerza de nuestro Grupo

Parlamentario. A pesar de que el PAR no ha conseguido todavía ser la

primera fuerza política de nuestra Comunidad, nos parece, sin embargo,

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evidente reconocer que su presencia y participación en la vida política

aragonesa han sido determinantes desde 1977, y muy especialmente

desde 1983, fecha en que se celebraron las primeras elecciones

autonómicas.

En Aragón, sin el PAR es nuestra concepción, las cosas no hubieran

ocurrido exactamente igual; me atrevería a decir que, de alguna forma, el

PAR ha marcado la diferencia de esta Comunidad Autónoma con otras de

similares características. El PAR, mediante su participación activa en la

vida política, a través de acuerdos y desacuerdos, que de todo ha habido,

desde el Gobierno y desde la oposición, ha sido decisivo en la resolución o

encauzamiento de buena parte de los problemas de esta tierra, o ha

evitado otros. Las peores épocas posiblemente coinciden con aquellos

períodos en los que el PAR o apenas contaba o no participaba en la

negociación de acuerdos y decisiones. Reclamo para nuestro partido, para

nuestro Grupo Parlamentario, el derecho a elegir la fórmula de

participación política que considere más conveniente para los intereses de

Aragón.

Visto el panorama extraído de las elecciones de mayo del noventa y

cinco (cinco Grupos Parlamentarios: ninguno con mayoría absoluta), hay

que decir que sin el PAR no es posible el gobierno ni su alternativa. Y esta

función decisiva es la que nos crea la mayoría de los problemas a nuestro

propio Grupo Parlamentario o a nuestro propio partido: esa posibilidad de

decidir quién es gobierno y quién es oposición. Si el PAR no es posible ni

el gobierno ni su alternativa. Que sólo acabarán los problemas internos o

no internos cuando los aragoneses nos den los votos necesarios para

decidir por nosotros mismos. Hasta entonces, la política es la que es, con

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sus tensiones y desacuerdos, con acuerdos más o menos fructíferos. En

definitiva, la política es intentar hacer lo posible y lo difícil, pero no se nos

exija lo imposible, no se nos pida a catorce Diputados del PAR lo que al

menos deben hacer treinta y cuatro.

Tercera consideración. A través de un pacto de coalición con el

Partido Popular, el PAR forma parte del Gobierno de Aragón. Desde esa

posición, nos corresponde hablar en este debate. Pretender cualquier otra

filigrana dialéctica sería una incoherencia de tal magnitud que, desde

luego, este Portavoz se siente incapaz de intentar.

Señor Presidente del Gobierno de Aragón, si su señoría tiene la

bondad de releer con paciencia nuestra intervención en el debate de su

investidura, seguramente encontrará muchas claves que le servirán para

entender mejor lo sucedido en estos quince meses, y le serán de gran

utilidad para continuar el camino que su Gobierno deber recorrer en el

tiempo que resta hasta las próximas elecciones.

Decíamos hace quince meses que, una vez constatado que en las

elecciones del 28 de mayo de 1995 ningún partido político había obtenido

la mayoría absoluta, el PAR, tras un intenso debate interno, que no

ocultamos entonces ni ocultamos ahora, había optado por suscribir con el

Partido Popular un acuerdo que asegurara la gobernabilidad de Aragón

mediante la obtención de mayorías estables y suficientes. Decíamos

entonces que iba a ser un pacto que requería una interpretación cuidadosa

para asegurar que se cumplieran los fines que cada partido procura

legítimamente y para que no generara graves discrepancias; que el PAR

procuraría colaborar lealmente a que fuera posible esa pacífica

interpretación de lo pactado, y, para ello, lo más necesario era la

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predisposición psicológica de cada parte a entender las exigencias y las

limitaciones de la otra. Nosotros decíamos hace quince meses

respetaremos siempre el carácter del Partido Popular como partido de

ámbito estatal y que tiene, por ello, obligaciones que cumplir en otros

territorios; pero esperamos a cambio que también se respete el carácter

del PAR, cuyas preocupaciones se centran en esta Comunidad Autónoma.

En consecuencia, que no se espere del PAR que haga nada que quebrante

su identidad.

Pero no tengan dudas, sus señorías decíamos hace quince meses, de

que el PAR cumplirá lo acordado; hemos primado los intereses generales

de los aragoneses por encima de los intereses partidarios. Nos parece que

eso es lo que Aragón y los aragoneses le pedían al PAR: que diera

estabilidad y sosiego a la política aragonesa, propiciando la apertura de

una nueva etapa en la que tengan mayor peso específico y trascendencia

los acuerdos que los desacuerdos.

Desde diciembre de 1988 venimos diciendo lo mismo: que la

estabilidad institucional y la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma

son objetivos prioritarios del PAR y una necesidad ineludible para asegurar

el futuro de Aragón. El PAR subordina sus propios intereses al logro de

estos objetivos, y a ello dirigirá consecuentemente su acción política.

Señorías, en estos últimos quince meses Aragón ha tenido un

gobierno con mayoría amplia, un gobierno estable; atendiendo a la

aritmética parlamentaria, el más estable desde la aprobación del Estatuto

de Autonomía: cuarenta y un Diputados y la casi imposible existencia de

otra alternativa a la actual mayoría dotan a este Gobierno de una

estabilidad casi absoluta. Es esta una oportunidad única en la historia de

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Aragón que no deberíamos perder entregando el gobierno a los

quebrantahuesos de siempre.

Pero, señorías, un gobierno estable no es necesariamente un

gobierno fuerte o todo lo fuerte que Aragón necesita. Para que un

gobierno estable tenga, además lo decíamos entonces, la fortaleza

necesaria, no basta con tener garantizada una amplia mayoría

parlamentaria; es necesario, además, que haga gala de una especial

capacidad de diálogo; que se sitúe por encima en el panorama de los

llamados «otros poderes»; que consiga ser el primer poder de esta

Comunidad Autónoma y el referente más importante para los poderes

ajenos a Aragón; que sea reivindicativo cuando convenga a los intereses

de Aragón.

Pero, señorías, hablemos ya del Aragón sobre el que pretendemos

actuar desde los poderes públicos. Cuando se sube a esta tribuna, se tiene

la impresión de que llevamos años hablando de los mismos temas.

Repasando otros debates similares a éste, uno tiene la impresión de que

el tiempo no ha transcurrido apenas: unos gobiernos han ido sucediendo a

otros, y aquí seguimos reflexionando en voz alta sobre los mismos temas

que ya preocupaban a la asamblea de parlamentarios allá por los años

1977 y 1978. Prueba evidente de lo que digo es el escaso autogobierno

que disfrutamos, o, mejor, padecemos, en esta tierra. Porque, señorías y

esta es la clave del estado de Aragón, ¿creen ustedes que los aragoneses

tenemos autonomía suficiente para decidir sobre nosotros mismos

después de un debate de esta naturaleza? Hablaremos luego de este

asunto, cuando opinemos sobre el desarrollo del Estado de las

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autonomías, que el tema de las autonomías no es sólo una cuestión de

Estatuto, sino de concepción del Estado de las autonomías.

Sobre un territorio de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados,

rodeado de importantes comunidades con gran peso político, viven poco

más de un millón cien mil personas en casi mil núcleos, especialmente

rurales. En un solo municipio viven más de la mitad de los aragoneses.

Los importantes recursos naturales de Aragón apenas son todavía

explotados en beneficio de sus habitantes. La ausencia, por razones

históricas y demográficas, de una importante entre comillas burguesía

culta ha sido sustituida por algunos poderes locales o localistas muy poco

vertebradores del tejido social. Los desequilibrios intraterritoriales en

Aragón son evidentes. Reconozcamos, además, que la visión unitaria de

Aragón era una mera ilusión hasta el reconocimiento jurídico de nuestro

autogobierno. Hasta esa fecha, hasta la creación de las instituciones

aragonesas de autogobierno, ninguna política sectorial se realizaba en

Aragón con perspectiva aragonesa; ni las carreteras, ni la cultura, ni los

servicios esenciales, se construían, se fomentaban o se establecían con

visión aragonesa global. Sobre esta realidad, señorías, operan, sin

coordinación aparente, diferentes administraciones públicas: un gobierno

autónomo, tres diputaciones provinciales, setecientos veintinueve

ayuntamientos y una compleja y, en parte, residual Administración

periférica del Estado.

Señorías, comprendo que los treinta minutos que me otorga el

Reglamento, aun contando con que el señor Presidente me haga donación

de algún tiempo suplementario, es un tiempo demasiado corto para

desarrollar todo un programa en relación con el estado de nuestra

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Comunidad. Ni siquiera sería tiempo suficiente para hacer un diagnóstico

detallado de cómo se encuentra nuestra Comunidad a estas alturas de la

legislatura, lo que se espera que diga el PAR en un debate de esta

naturaleza. Desde luego, no nos corresponde hacer el papel del portavoz

del Partido Popular, ni, por supuesto, el papel de los portavoces de los

Grupos de la oposición. Quede claro que, en este sentido, no vamos a

hacer ninguno de los dos papeles.

El PAR puede hacer, sin embargo, una petición, y quizás una

propuesta. Una petición al Presidente de la Comunidad para que no se

limite a oír, sino que, como sé que hace, escuche con todas sus

consecuencias los argumentos que el PAR está aportando al debate. Y una

propuesta la cámara, y especialmente al Grupo Popular, de continuar

haciendo cuanto esté en nuestra mano en orden a dotar al Gobierno de

Aragón de la fortaleza y capacidad de decisión necesarias para no perder

la oportunidad histórica que nos brinda la existencia, en casi todas las

instituciones de Aragón, de mayorías estables y suficientes.

Sin embargo, para que esta petición y esta propuesta sean

efectivas, quizás sería bueno, con carácter previo, fijar algunos conceptos

para que sus señorías conozcan nuestro pensamiento en los aspectos

fundamentales que deben definir, a nuestro juicio, la política aragonesa. A

nada de lo que expondré a continuación renunciaremos, cualquiera que

sea nuestra ubicación en la política, sea en el Gobierno o sea en la

oposición.

De lo que hablaré a continuación depende en buena medida el

futuro de nuestra Comunidad, y de los acuerdos en estas materias

depende la eficacia del Gobierno y la utilidad de estas Cortes. ¿Creen, sus

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señorías, por ejemplo, que el estado de nuestra Comunidad puede

modificarse con unos presupuestos que son resultado presupuestos

económicos de un modelo de financiación nada descentralizador, o que

están prácticamente comprometidos o condicionados en su 80%? ¿Creen

sinceramente que eso es posible?

Las posibilidades de modificar el estado de la Comunidad, que es de

lo que hemos venido a hablar aquí, depende de cómo resolvamos algunas

cuestiones que ahora plantearé, y sobre las cuales comprendo que puede

haber diferencias; pero, bueno, ahí está el esfuerzo que tenemos que

hacer todos y cada uno de los Grupos de esta cámara.

En relación con lo que denominamos «concepción del Estado»,

partimos de la base de que el desarrollo del Estado de las autonomías

previsto en la Constitución no tiene límite prefijado ni fecha de

culminación del proceso. En consecuencia, entendemos que de ningún

modo puede afirmarse, por muchos pactos autonómicos que se firmen,

que el Estado de las autonomías está terminado. No se puede poner fecha

a la imaginación; aunque aún recuerdo cuando, allá por el año 1984, el

entonces señor Vicepresidente del Gobierno vino a Zaragoza a firmar

entre comillas la culminación del proceso de transferencias.

Debe reconocerse que desde la aprobación de los estatutos de

autonomía en el verano de 1982, consecuencia directa de la voluntad de

los constituyentes, hasta la fecha de hoy, las cosas no han sucedido como

se preveía en 1978. La Administración central ha crecido

desmesuradamente, a pesar de la vigencia de la Ley del proceso

autonómico y del traspaso a las diecisiete comunidades autónomas de

gran número de competencias exclusivas. La Administración periférica del

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Estado apenas se ha reducido, manteniéndose hasta la fecha las figuras

más anacrónicas del siglo XX. El traspaso de servicios correspondientes a

competencias atribuidas a las comunidades autónomas por sus

respectivos estatutos se hizo aplicando una metodología para la valoración

del coste, que en nada tenía que ver con los principios constituyentes de

descentralización política.

Mediante la aprobación de leyes orgánicas o de bases, se han

limitado de hecho las competencias de las comunidades autónomas

(ejemplo: Ley de aguas) o se han transferido competencias a las

comunidades autónomas sin valorar los servicios (ejemplo: Ley de

protección civil). Indirectamente, se obliga a las comunidades autónomas

a financiar competencias que no son propias de tales comunidades y cuyo

ejercicio es muy difícil, sin embargo, de rechazar porque el ciudadano

quiere que se financien servicios sin distinguir la Administración

competente. Y, así, se da la paradoja de que con un modelo de

financiación basado en el coste de las competencias transferidas, hay que

financiar de hecho servicios que no son competencia de la Comunidad

Autónoma, como, por ejemplo, centros de salud en su época, haciendas

locales a través de un fondo de participación municipal, convenios con

Renfe, expropiaciones del Pacto del Agua, etcétera, etcétera. ¿No se dan

cuenta sus señorías de que es ridículo aceptar unas reglas que no tienen

ningún sentido?

El modelo de financiación autonómica previsto por la LOFCA ha

nacido viciado de origen, al basarse exclusivamente en la valoración del

coste de los servicios transferidos, lo cual demuestra que no se ha

ejecutado el proceso de descentralización política previsto en la

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Constitución, sino un proceso meramente de descentralización

administrativa, a pesar de la existencia de diecisiete parlamentos

autonómicos. Nunca podremos asentar en consecuencia un modelo de

financiación basado en esta concepción; no podemos aceptar un modelo

donde Aragón, a modo de ejemplo, gestiona la centésima parte del

presupuesto general del Estado. No podemos aceptar un modelo donde

Aragón es la centésima parte de España; eso es lo que estamos

gestionando en este momento: la centésima parte del presupuesto

general del Estado. Todo ello, como es lógico, obliga a la comunidades

autónomas a endeudarse, aunque sólo sea para justificar su propia

existencia, y de ahí surgen un montón de problemas sobre los cuales ya

hemos debatido bastante en este tema.

En este asunto resumo, de alguna manera, diciendo que, de hecho,

sobre un mismo territorio, el español, y una misma población, la española,

funcionan de hecho dos organizaciones del Estado, la central y la

autonómica, superpuestas.

Coincidirán conmigo, señorías, que con estas premisas el PAR debe

manifestar su inconformismo respecto al desarrollo autonómico, y somos

especialmente inconformistas respecto al autogobierno de Aragón. Y

aunque defendemos como propio el proyecto de reforma del Estatuto de

30 de junio de 1994, lo hacemos porque pensábamos que era un proyecto

posible, por ser fruto del acuerdo de las fuerzas políticas presentes

entonces en esta cámara. Pero por muy posibilistas, con cierta

ingenuidad, que seamos, éste no es en plenitud el estatuto del PAR, y no

lo puede ser porque es el de todos, y cuando el Estatuto es el de todos, no

es el de ninguno en particular. Sin embargo, a pesar de ello, en la materia

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de aplicación de los principios políticos previstos en el título VIII de la

Constitución, a pesar del posibilismo, no esperen en ningún caso que el

PAR diga un día: estamos plenamente satisfechos. Háganse a la idea de

que eso nunca sucederá, y nos acabaran entendiendo mejor si es que

quieren entenderse con nosotros para hacer algo útil por esta tierra.

Comprenderán, en consecuencia, sus señorías, que si el Estatuto de

30 de junio de 1994 no es en plenitud el Estatuto del PAR, porque insisto

no puede serlo por ser el de todos, aunque lo aceptemos como propio,

menos lo será el que salga de las Cortes Generales, si las enmiendas

presentadas por los dos Grupos mayoritarios en aquella cámara prosperan

al final del trayecto legislativo.

Y en este punto constatamos y lo dejamos así de esta forma dicho,

al haberse presentado enmiendas por el Partido Popular, que se han

incumplido dos pactos: el de coalición de gobierno de 1995 y el de

coalición electoral de 1996, y un compromiso refrendado en el debate de

investidura del 7 de julio de 1995. Y que se ha incumplido, además, el

compromiso aceptado por los dos Grupos enmendantes en Madrid de

respaldar el proyecto de reforma tal y como se aprobó en estas Cortes. En

consecuencia, deberán ser estas Cortes las primeras en decidir sobre

dicho incumplimiento. Desde luego, nuestro partido no votará ni en el

Congreso ni en el Senado las enmiendas, y nos reservamos las decisiones

políticas, que, desde luego, nuestro Grupo Parlamentario, no es el

competente para resolverlas, sino los órganos competentes. Quienes lo

enmendaron, que lo arreglen. En la Ponencia sólo el PAR se opuso, porque

quiero recordar que el ponente de Izquierda Unida ni asistió; tendría

gracia que ahora fuera el PAR el culpable del desaguisado.

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En materia de política territorial, asignatura pendiente de resolver

en estas Cortes y sobre lo cual se ha hablado muy poco esta mañana,

afirmamos que esta cuestión no es un capricho de nuestro Grupo

Parlamentario; es una necesidad: sin el territorio, señoras y señores

Diputados, no seríamos Aragón; nos limitaríamos a ser Zaragoza. Es

preciso, en consecuencia, desarrollar una política de organización

territorial más acorde con las necesidades del siglo XXI y con el

establecimiento de servicios esenciales en todo el medio rural. Con una

adecuada política territorial aplicada por el Gobierno en el ejercicio de sus

competencias de ordenación del territorio, no se hubieran producido los

desastrosos efectos de la aplicación de la LOGSE.

Como forma de completar lo que ayer dijo el señor Presidente en

esta materia recordamos, simplemente, la necesidad de desarrollar las

resoluciones aprobadas por unanimidad en esta cámara en noviembre del

año 1991, y referidas a la potenciación de las mancomunidades de

servicios y desarrollo paulatino, oportunamente incentivado, de la

comarcalización; aprobación y aplicación del mapa comarcal; desarrollo

del área metropolitana de Zaragoza; transferencia o delegación de

competencias a los ayuntamientos de más de cinco mil habitantes y

comarcas, en su caso; reordenación de competencias con las diputaciones

provinciales, mediante la aplicación de las leyes sectoriales ya aprobadas,

pero con las comisiones mixtas de transferencias negociando el traspaso,

no como se pretendía hacer con los hospitales de Huesca y de Zaragoza, u

otras que se aprueben en el futuro; exigir del Estado, que es el

competente, la aplicación de un modelo de autonomía financiera de los

entes locales no podemos pagar lo que no es de nuestra competencia,

sobre todo, teniendo en cuenta que nuestro modelo de financiación se

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basa sólo y exclusivamente en competencias propias; ¿cómo podemos

pagar las competencias ajenas si no hemos resuelto, todavía, nuestro

modelo de financiación?, y, por supuesto, la coordinación de los planes de

obras y servicios de las diputaciones provinciales.

Y, hablando de coordinación, el Gobierno de Aragón debería ser el

impulsor de una fuerte política y me consta que lo va a hacer de

coordinación en relación con las políticas sectoriales aplicadas por las

diferentes administraciones públicas que operan en Aragón. Se dan,

señorías, las condiciones políticas para ello: está en el pacto PP-PAR la

extensión del mismo a todas las instituciones, desde el Gobierno de

Aragón, aplicando principios de cooperación y coordinación, se pueden

coordinar las políticas sectoriales de setecientos veintinueve

ayuntamientos, respetándose, en cualquier caso, su autonomía, de tres

diputaciones provinciales y de la Administración del Estado, sea ésta,

periférica o central, y, por supuesto, de los seis departamentos del

Gobierno autónomo. Nunca un Presidente, a nuestro juicio, a tenido

tantas posibilidades de hacer cosas en esta Comunidad Autónoma. Y, en el

llamamiento que hace a «empujar el carro», nos encontrará.

Nos reafirmamos, por otro lado, en el contenido del acuerdo de

Gobierno suscrito en 1995, y ratificado en 1996, con motivo de la

coalición electoral PP-PAR para las elecciones generales de marzo. Es un

pacto para toda la legislatura, hasta 1999, fecha en la que podremos

juzgar si se ha cumplido o no; porque tiene gracia que se pida ahora lo

que realmente tiene que terminarse en 1999. Es, por su contenido, un

buen pacto: el que Aragón precisaba en 1995. Recuerden cómo estaba

Aragón en ese momento, y no seamos olvidadizos. Sin embargo y ello es

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una prueba más de nuestra escasa autonomía política y financiera, es un

pacto que hay que reconocer, cuya ejecución depende esencialmente del

Gobierno de Madrid. Por esa razón pedimos reiteradamente al señor

Presidente que sea más reivindicativo, que utilice, si es preciso y

entrecomillo a sus socios del PAR como punta de lanza ante Madrid.

Pregúntense, pregúntese su señoría cuál habría sido el resultado electoral

en marzo de 1996 si no se hubiera planteado la coalición PP-PAR, y

encontrará el señor Presidente muchas razones para que el Gobierno

central atienda a esta Comunidad.

Reafirmamos, en consecuencia, nuestro apoyo decidido al Pacto del

Agua lo dice el pacto; lo cual significa ejecutar de un modo integral las

obras allí contempladas, sin dilaciones, ni tácticas filibusteras, ni que

Aragón pague lo que no nos corresponde por ejemplo, las expropiaciones.

De esta forma se hace imposible cualquier trasvase de futuro.

Promoción, apoyo y ejecución de infraestructuras en materia de

comunicaciones, señalando como prioritarias las autovías Sagunto-

Somport, Huesca-Pamplona y Lérida-Huesca, y, por supuesto, sobre este

tema me congratulo por los anuncios públicos que se han hecho en esta

Comunidad Autónoma.

Impulso a la apertura de accesos directos de Aragón a Francia por

ferrocarril y carretera, y potenciación del aeropuerto de Zaragoza.

Impulso al Plan especial de Teruel; nos congratulamos de su

incremento, siempre insuficiente, porque lo sabe especialmente el señor

Presidente.

Incorporación a los planes de enseñanza de todos los niveles

educativos de las materias que aseguran el conocimiento de Aragón.

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Establecimiento de estudios superiores de la Universidad de

Zaragoza, en las provincias de Huesca y Teruel, mediante la implantación

de carreras de ciclo completo que no reiteren las que pueden cursarse en

otro lugar del distrito universitario. Y analizaremos, en consecuencia, con

detalle la anunciada ley de inversiones.

Actualización y puesta en ejecución de las directrices del plan

estratégico de Aragón.

No a la macrocárcel de Zuera y a la línea Aragón-Cazaril.

Fomento del reequilibrio territorial, avanzando en el proceso de

comercalización y desarrollando una política activa de desarrollo y

potenciación del medio rural.

No, por tanto, a la política del Ministerio de Educación de aplicar una

política de centros que atentan contra la supervivencia del medio rural.

Estudiaremos el pacto por la educación que nos oferta el señor Presidente

con el interés que merecen siempre para nuestro Grupo Parlamentario las

propuestas del Presidente de la Comunidad Autónoma.

Tenía puesto aquí que un portavoz del PAR no puede olvidarse de

los departamentos que de alguna manera gestiona directamente el PAR;

pero me voy a olvidar, y me voy a olvidar dado que se enciende el

semáforo, y, como tengo confianza con los dos consejeros, va a ser difícil

que pueda decir todo lo bueno, y mucho, y barato, que iba a manifestar

que han hecho los departamentos.

Señor Presidente, señorías, no olvidamos, por supuesto, a otros

sectores de la actividad pública, como no los olvidamos con motivo del

debate de investidura. Allí consta nuestra opinión en las materias de

educación y cultura, modernización de la Administración autonómica;

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ordenación del territorio, carreteras, creación de empleo. Sobre todas y

cada una de estas cuestiones, mi Grupo Parlamentario presentará

resoluciones después del debate; pero ninguna política sectorial concreta

será posible, por muy querida que nos sea como la educación, si no

articulamos antes una política coherente en las materias esenciales que he

citado como causa del estado de nuestra Comunidad. Lo que opinamos,

señorías, asimismo, sobre una determinada concepción del Estado; sobre

unos determinados modelos de financiación de las comunidades

autónomas y de las haciendas locales; coordinación, desde la Diputación

General, de las políticas sectoriales de las administraciones que operan en

Aragón; política de organización territorial; cumplimiento estricto, hasta

1999, del programa de la coalición PP-PAR.

Desde estas ideas, con estas ideas, estamos en el Gobierno;

formamos parte del Gobierno; somos Gobierno; nuestra aportación

refuerza, o debería reforzar, la posición del Gobierno, salvo que éste

pretenda convertirse en una mera sucursal de Madrid, o limitarse a

administrar los escasos recursos que, por mor de un deficiente modelo de

financiación, tiene esta Comunidad Autónoma. Pretendemos, como es

lógico, perfeccionar el funcionamiento de un Gobierno de coalición para no

perder la mejor oportunidad de Aragón.

Señor Presidente, déjese ayudar: un Gobierno de coalición no exige

necesariamente el acuerdo en todos los temas; pero sí exige la

«codecisión», no sólo la «cogestión» o «coadministración». Habrá asuntos

en los que nunca llegaremos a acuerdo porque somos dos partidos

diferentes. Es cierto, por ejemplo, que administramos dos Departamentos

del Gobierno de Aragón; pero nuestra presencia no puede limitarse a

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hacer lo que nos parezca en dichos Departamentos, y aceptar como hecho

consumado lo que se decida en el resto de las áreas sin contar con lo que

el PAR representa.

De este debate debe salir un Gobierno, a nuestro juicio, reforzado.

Un Gobierno fuerte es el mejor instrumento para hacer cosas por Aragón,

día a día, en todos los campos de la actividad pública. Me consta, porque

le conozco bien, que el señor Presidente de la Comunidad Autónoma, al

señor Presidente sólo le mueve el interés general de Aragón: el mismo

interés que mueve a mi Partido. No desaprovechemos esta magnífica

ocasión porque nadie lo entendería, ni los más agoreros de esta tierra.

Nada más.

Y muchas gracias.