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Procedimiento Disciplinario 173/2016 Ponente: Consejero Arias Muñoz

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Guanajuato, Guanajuato, a cuatro de mayo de dos mil

diecisiete “Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. - - - - -

VISTO para resolver el procedimiento disciplinario

integrado bajo el número de expediente 173/2016, iniciado de

oficio en contra de la Licenciada *******, ******** Guanajuato,

por la probable comisión de faltas administrativas en el

ejercicio del cargo, a efecto de definir su responsabilidad

administrativa; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E S U L T A N D O

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el día

primero de septiembre de dos mil dieciséis el Consejo del

Poder Judicial del Estado, vista la certificación del dictamen

relativo a la visita ordinaria al ********, Guanajuato, practicada

del treinta de mayo al dos de junio de esa anualidad,

determinó requerir al ********, Guanajuato, la remisión de

copias certificadas de diversos expedientes del índice del

Juzgado a su cargo, una vez cumplido el requerimiento,

mediante proveído del tres de noviembre de dos mil dieciséis

este Órgano Colegiado determinó iniciar de oficio

procedimiento disciplinario en contra de la Licenciada ********,

bajo el número de orden 173/2016, el cual se le notificó por

conducto de la Actuaria adscrita a este Órgano Colegiado, en

fecha cinco de diciembre de la misma anualidad, se le hicieron

saber las conductas atribuidas, su calificación legal, así mismo,

se le concedió a la servidora un plazo de diez días hábiles


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para que manifestara lo que a su interés conviniera y ofreciera

las pruebas que considerara pertinentes para su defensa,

conforme a lo dispuesto por los artículos 235 y 236 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - -

SEGUNDO. Mediante proveído del tres de noviembre

de dos mil dieciséis, el Consejo del Poder Judicial del Estado,

determinó turnar el asunto al Licenciado Román Arias Muñoz,

Consejero titular de la Ponencia I, a quien correspondió la

instrucción del procedimiento disciplinario y en cumplimiento a

esta encomienda, por auto de fecha siete de diciembre de la

misma anualidad se radicó en la ponencia a su cargo,

mediante proveído de seis de enero de dos mil diecisiete se

tuvo a la servidora rindiendo el informe que le fue solicitado y

en virtud de las manifestaciones realizadas en el mismo

relativas a que se le corrió traslado con las copias certificadas

incompletas del informe que rindió el Visitador judicial **** con

fecha tres de junio de dos mil dieciséis, se ordenó notificarle

nuevamente el auto de fecha tres de noviembre de dos mil

dieciséis, se le solicitó que rindiera su informe de nueva cuenta

y se ordenó recabar oficiosamente algunas pruebas, las cuales

fueron debidamente desahogadas, habiéndole notificado el

diez de enero de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En proveído del veinticinco de enero de dos mil

diecisiete se tuvo a la servidora rindiendo nuevamente el

informe solicitado y ratificó en todas y cada una de sus partes

el informe rendido con anterioridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


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TERCERO. Durante la instrucción se recabaron

oficiosamente medios de prueba, con los cuales se dio vista a

la servidora, para que manifestara lo que a su interés

conviniera o en su caso ofreciera otros. - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO. Al no existir medios de prueba pendientes

de desahogar, mediante proveído de siete de marzo de dos mil

diecisiete se le concedió a la servidora el término legal de 3

tres días para que formulara alegatos, con fundamento en el

artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,

siendo omisa en ejercer su derecho procesal. - - - - - - - - - - - - -

Mediante proveído del veinticino de abril de dos mil

diecisiete se concedió el término de diez días para elaborar y

someter el proyecto de resolución al Pleno del Consejo del

Poder Judicial, para su discusión y decisión. - - - - - - - - - - - - -

QUINTO. En cumplimiento a lo anterior, en fecha dos

de mayo de dos mil diecisiete, el Consejero Román Arias

Muñoz entregó a la Secretaría General de este Órgano

Colegiado, el proyecto de resolución a fin de que fuera listado

en la sesión de Consejo que por turno le correspondiera. - - - -

SEXTO. Listado el proyecto de resolución, se analiza

por este Pleno del Consejo del Poder Judicial en sesión

ordinaria de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y: - - -


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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Conforme a lo establecido por el tercer

párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la potestad disciplinaria del Estado

tiene por objeto sancionar a los servidores públicos que con

sus actos u omisiones afecten la legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Según consignan los artículos 83, 90,

122 y 123 de la Constitución Política del Estado, 5, 28 fracción

XVII, 41 fracción III, 211, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 232,

233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 245, 246, 247, 248, 249,

250, 251 y 252 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, el Consejo del Poder Judicial es el órgano competente

para resolver los procedimientos disciplinarios tramitados con

motivo de las faltas administrativas cometidas por los

servidores públicos del Poder Judicial del Estado en el ejercicio

de sus funciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. En la resolución emitida el tres de

noviembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo del Poder

Judicial del Estado determinó instruir procedimiento

disciplinario en contra de la Licenciada ********, con base en

los siguientes hechos: - - - - - - - - - - - - -

“1.- Por dictar sentencia definitiva fuera del término legal de ocho días, en

contravención a lo establecido en el artículo 1407 del Código de Comercio,

en los siguientes expedientes del índice del ******** Guanajuato:


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Expediente Fecha de citación

Fecha de resolución

Tipo de juicio

****/2012 13/02/2014 08/01/2015 Ejecutivo Mercantil

























































6




























































7













****/2014 16/01/2015 18/02/2015 Incidente Mercantil


****/2014 20/01/2015 18/02/2015 Incidente Mercantil













































8












****/2014 15/O5/2015 01/06/2015 Ejecutivo Mercantil
















































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2.- Por emitir sentencia fuera del término de diez días establecido en el

artículo 356 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Guanajuato, en el expediente Ejecutivo Civil ****/2014 del índice del

********, Guanajuato, en el que se citó a oír sentencia el doce de

septiembre de dos mil catorce y fue pronunciada hasta el cinco de enero

de dos mil quince.

3.- Porque en contravención a lo establecido por el artículo 430 del Código

de Procedimientos Civiles para el Estado, la sentencia en los siguientes

expedientes del índice del Juzgado Menor Mixto en Guanajuato,

Guanajuato, fue emitida con posterioridad a la audiencia de juicio

respectiva:

Expediente Fecha de audiencia de juicio


Tipo de juicio

****/2014 14/10/2014 27/01/015 Juicio Civil de Paz




4.- Porque en contravención a lo establecido por el artículo 755 de la

Codificación Legal señalada en el hecho que antecede, no resolvió lo

relativo a la consignación en la fecha en que fue citado el acreedor, en los

siguientes expedientes del índice del ********, Guanajuato:

Expediente Fecha de citación Fecha de resolución

Tipo de Juicio

****/2015 28/01/2015 19/02/2015 Juicio Sumario Civil Consignación de pago

****/2015 08/10/2015 26/10/2015 Sumario Civil de ofrecimiento de pago y

consignación

****/2016 28/01/2016 05/02/2016 Consignación de pago

5.- Por no dictar dentro del término de quince días establecido en el

artículo 1390 del Código del Comercio, las sentencias en los siguientes

expedientes del índice del ********, Guanajuato:



Tipo de juicio

****/2014 05/11/2015 19/04/2016 Ordinario Mercantil

M2771/2013 03/03/2015 15/05/2015 Ordinario Mercantil


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6.- Por no resolver dentro del término que señala el numeral 1348 del

Código de Comercio, los incidentes tramitados en los siguientes

expedientes del índice del Juzgado Menor Mixto en Guanajuato,

Guanajuato:

Expediente Fecha de citación Fecha en que se dictó resolución

Tipo de incidente

****/2012 26/11/2014 27/05/2015 Liquidación Gastos y Costas

****/2013 25/09/2014 24/11/2014 Liquidación de gastos y costas

****/2012 3/10/2014 24/11/2014 Liquidación Gastos y costas

****/2010 18/11/2014 16/01/2015 Liquidación Intereses Moratorios




****/2008 3/10/2014 10/11/2014 Liquidación de Intereses








****/2013 10/12/2015 20/01/2016 Liquidación de Gastos y costas








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****/2013 05/10/2015 13/10/2015 Liquidación de Gastos y Costas




****/2013 12/11/2014 19/01/2015 Liquidación de intereses moratorios

7.- Por no resolver dentro del término establecido por el artículo 1355

del Código de Comercio, los incidentes tramitados en los siguientes expedientes del

índice del ********, Guanajuato:

Expediente Fecha de citación Fecha en que se dictó resolución

Tipo de incidente


****/2014 21/10/2014 22/01/2015 Liquidación de Intereses Moratorios

****/2010 13/11/2014 5/02/2015 Liquidación de intereses moratorios

****/2012 3/10/2014 27/11/2014 Liquidación intereses moratorios




****/2011 9/10/2014 12/11/2014 Liquidación de Gastos y Costas







****/2012 8/012015 9/02/2015 Liquidación Intereses Moratorios



****/2012 3/11/2014 3/12/2014 Liquidación Intereses



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Moratorios









****/2010 18/11/2014 28/11/2014

Liquidación Intereses Moratorios












****/2014 05/03/2015 11/03/2015 Liquidación de intereses

****/2012 10/10/2014 10/02/2015 Liquidación de intereses

moratorios

****/2014 13/11/2014 23/02/2015 Falta de personalidad

8.- Por no resolver dentro del término establecido por el artículo 1354 del

Código de Comercio, el incidente de falta de nulidad de falsedad de

documentos tramitado (sic) tramitado en el expediente ****/2015 del índice

del ********, Guanajuato, en el que se citó a oír resolución en audiencia

celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis y la misma fue dictada

hasta el veintinueve de abril de dos mil dieciséis.


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9.- Por emitir fuera del término de tres días establecido por el artículo 1079

fracción VI del Código de Comercio, la resolución respectiva en las

Tercerías Excluyentes tramitadas bajo los siguientes expedientes del

índice del Juzgado Menor Mixto en Guanajuato, Guanajuato:



Tipo de juicio

****/2015 17/11/2015 16/12/2015 Tercería Excluyente




10.- Por resolver fuera del término de tres días, establecido por el artículo

1335 del Código de Comercio, los recursos de revocación promovidos en

los siguientes expedientes del índice del ********, Guanajuato:

Expediente Fecha en que se citó a oír resolución

Fecha en que se dictó resolución

****/2014 15/07/2014 10/11/2014

****/2015 5/01/2016 9/02/2016

****/2013 2/03/2015 6/04/2015

****/2013 17/11/2015 11/12/2015

****/2014 2/07/2015 12/08/2015

****/2014 27/05/215 17/06/2015

****/2015 10/09/2015 22/09/2015

****/2015 28/08/2015 22/09/2015

****/2015 23/06/2015 13/07/2015

****/2015 10/09/2015 22/09/2015

****/2015 25/11/2015 14/12/2015

****/2014 1/06/2015 16/06/2015

****/2013 2/07/2015 3/08/2015

****/2013 30/01/2015 13/02/2015

****/2012 14/11/214 26/11/2014

****/2014 21/04/2015 30/04/2015

****/2015 25/11/2015 3/12/2015

****/2015 8/02/2016 16/02/2016

****/2015 4/03/2016 11/03/2016

****/2012 18/11/2014 25/11/2014

****/2014 17/09/2015 23/09/2015

****/2011 10/03/2016 16/03/2016

****/2013 31/10/2014 6/11/2014

****/2015 10/03/2016 16/03/2016

****/2013 21/09/2015 25/09/2015

****/2013 2/03/2015 6/04/2015

De los anteriores hechos se desprende la probable comisión de faltas

administrativas previstas en el artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, fracción I relativa a incumplir con las obligaciones que

legalmente le competen y XVIII consistente en desatender o retrasar

injustificada y generalizadamente la tramitación de los asuntos a su cargo,

en virtud de haber infringido las obligaciones contenidas en la fracción II


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del artículo 108 de la referida Legislación Orgánica, consistentes en dirigir

los procesos judiciales y dictar las resoluciones en términos de ley.

Al rendir el informe que le fue solicitado, la

servidora adujo una violación substancial al procedimiento de

visita, que trascendió al inicio del procedimiento disciplinario y

lo vicia de origen y la deja en estado de indefensión,

consistente en que el Visitador Judicial Licenciado ********, no

asentó en el acta circunstanciada correspondiente, de manera

pormenorizada y continua los hechos que acontecieron cada

día de la revisión, ya que no especificó diariamente el cierre y

reanudación del acta, sino que en la misma solo se asentó que

inició el día treinta de mayo de dos mil dieciséis y que concluyó

el día dos de junio del mismo año, pero no se realizó

diariamente un cierre y reanudación de dicha acta, y que el

Visitador mencionado no observó los lineamientos para el

desarrollo de las visitas previstos en la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, pues no realizó una precisión del inicio,

suspensión y reanudación en cada día de la visita, lo que

resulta incorrecto y la deja en estado de indefensión, porque

de la lectura del acta circunstanciada levantada con motivo de

la visita al órgano judicial de su adscripción, se advierte que el

visitador no realizó un cierre y reanudación diaria del acta que

elaboró, sino que la inició el día treinta de mayo del dos mil

dieciséis y que concluyó el día dos de junio del mismo año;

omisión que conculca sus derechos y defensas, viola el

principio de seguridad jurídica, hace que el acta

circunstanciada pierda el valor probatorio pleno que la ley le

otorga, y es insuficiente para tener por demostrada la supuesta


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infracción administrativa por la cual se le instruyó el presente

procedimiento disciplinario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Manifiesta la servidora que, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 175 fracción XVl, de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el director de la

Visitaduría Judicial y los visitadores levantarán, en tres tantos,

acta circunstanciada de toda visita practicada, en la cual se

hará constar el desarrollo de la misma, las quejas o denuncias

presentadas en contra de los titulares y demás servidores del

órgano de que se trate, las manifestaciones que respecto de la

visita o del contenido del acta quisieran realizar los propios

titulares o servidores del órgano, la firma del titular del órgano

visitado, de quien haya sido digno para atender la visita, la del

visitador y de todos aquéllos que hubieren intervenido en la

misma. Refiere que, según el Diccionario de la Lengua

Española, vigesimosegunda edición, Real Academia Española,

2001, circunstanciar es determinar las circunstancias de algo,

definición tal, que necesariamente exige atender al significado

gramatical de la palabra circunstancia, definiéndose por tal al

accidente de modo, tiempo, lugar, etcétera, que está unido a la

sustancia de algún hecho o dicho. Conjunto de lo que está en

torno a uno, de lo que se concluye que circunstanciar consiste

en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos

relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar, de un

determinado objeto, hecho u omisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por consiguiente, en términos generales la

circunstanciación de un acto consiste en detallar


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pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las

cuestiones de modo, tiempo y lugar, entre otros aspectos, de

las resoluciones pronunciadas por los órganos jurisdiccionales

de las que pueda advertirse la comisión de faltas

administrativas y de los demás hechos u omisiones de los que

tengan conocimiento y a los cuales se alude en las fracciones

de la l a la XV del preinvocado artículo 175, durante el

desarrollo de una visita ordinaria y debe tomarse en

consideración que del examen integral de estas fracciones se

advierte que durante el desarrollo de una visita los visitadores

están facultados para realizar diversas revisiones y que la

circunstanciación debe constar necesariamente en el cuerpo

del acta de visita, y no así en documento diverso, pues no

existe disposición constitucional o legal que así lo autorice, y

cuando la visita se prologue por más de un día debe

levantarse un acta por cada día y en cada una de ellas

deberán asentarse todos los hechos u omisiones acaecidos en

la fecha en que se levante, de modo que si un hecho no

aparece asentado en el acta de un día determinado, deberá

entenderse que ese acontecimiento no se produjo, porque de

admitir una conclusión diversa y aceptar que en el acta de un

día se asienten hechos producidos en otra fecha distinta,

significaría privar la eficacia probatoria plena al acta de visita y

de seguridad jurídica al titular del órgano jurisdiccional visitado,

puesto que la firma de éste, la de las demás personas que

hayan intervenido en la visita, y las demás formalidades

exigidas por la ley para cada una de las actas, investidas así

de cierta autonomía respecto de las demás, constituyen la


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garantía de que el documento refleja el desarrollo de la visita al

día de su levantamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En otros términos, si no se levanta un acta por cada

día que dure la visita, dicha acta no cumple con el requisito de

la “circunstanciación” dado que no se detalla

pormenorizadamente el dato relativo a la cuestión de tiempo

del hecho u omisión que se conoce, lo cual es inherente en

forma substancial a dicho hecho u omisión, cita la

jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación cuyo rubro se lee “VISITA

DOMICILIARIA, LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL

PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE

CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR

DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA EN QUE

DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE”, y solicita se declare

improcedente el procedimiento disciplinario al resultar nula, por

falta de circunstanciación el acta de visita que sirvió de

antecedente y fundamento a dicho procedimiento. - - - - - - - - -

Como segundo motivo de disenso, la servidora opuso

la prescripción de la falta ya que la fecha de resolución de

algunos de los expedientes que se mencionan en el auto de

inicio del procedimiento disciplinario tienen como fecha de

resolución, aquella en que computando el término para la

prescripción, ha transcurrido en exceso el término de dos años

que señala el artículo 261 fracción l de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Guanajuato, para la prescripción

de las faltas que se sancionan con suspensión, como resultan


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ser las previstas en la fracciones l y XVlll, del artículo 214 de la

citada ley, expedientes que enlistó en una tabla y que

corresponden al dictado de resolución fuera de término legal

en juicios ejecutivos mercantiles, en incidentes y en recursos

de revocación, se encuentran prescritos, pues conforme el

artículo 261, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Guanajuato, las faltas que se sancionan con

suspensión, que resultan se las previstas en las fracciones l y

XVlll del artículo 214 de la ley antes mencionada, prescriben

en dos años contados a partir del día siguiente en que cesó la

falta atribuida, que resulta ser la fecha en que se pronunció la

resolución correspondiente a cada uno de los expedientes

enlistados, y el plazo de prescripción se interrumpe hasta la

fecha en que se notifica al servidor público el inicio del

procedimiento disciplinario relativo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Como tercer argumento de defensa, la servidora

manifestó que, debe considerarse como otra razón jurídica

para absolverla de responsabilidad administrativa, que

conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 3 del

Acuerdo General del Consejo del Poder judicial del Estado de

Guanajuato mediante el cual se establecen las normas

aplicables en la evaluación permanente de jueces a que se

refiere el capítulo X del título primero de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la evaluación de los

jueces debe formalizarse de manera anual, por lo que, las

visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales deben

comprender como periodo a revisar el de un año, por lo cual,


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llevar a cabo la inspección por un plazo mayor al antes

referido, se aparta no solamente de la disposición

reglamentaria citada, sino que también de lo que prevé el

artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Guanajuato, en cuanto a que la evaluación permanente de los

jueces se formalizará anualmente y se concentrará cada tres

años. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Refiere la servidora que resulta ilegal el actuar del

visitador al haber procedido a la revisión del juzgado de su

adscripción por un periodo de veintisiete meses, pues el

periodo a revisar debió limitarse a doce meses, por ser el

permitido legal y reglamentariamente; consecuentemente, el

acta de visita donde se asentó lo actuado y que sirve de base

al procedimiento disciplinario, resulta ilegal, lo que trae

aparejada la ilegalidad de todo el procedimiento referido, ya

que ni el Acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado

previamente citado, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Guanajuato establecen alguna excepción para que

el periodo de revisión en una visita pueda ampliarse, por lo que

el visitador no tenía facultad legal para extralimitarse del

periodo anual a revisar como máximo, pues ni siquiera la

Visitaduría le otorgó en forma expresa esa facultad; aún más,

el procedimiento de visita se encuentra viciado porque en

ninguno de los documentos con los que se le corrió traslado

consta el señalamiento del periodo a revisar dentro del

desarrollo de la visita que se programó por el Consejo del

Poder Judicial del Estado para el juzgado de su adscripción

durante el año dos mil dieciséis, lo que la dejó en estado de


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indefensión al no haber tenido conocimiento en forma previa a

la visita, sobre el periodo sujeto a revisión en dicha visita, pues

no obstante que como ya se ha mencionado el periodo debe

ser anual, lo cierto es que dicho periodo puede o no coincidir

con el año calendario, por lo que es menester que se precise el

día, mes y año del inicio del periodo a revisar, para de ahí

computar hasta un plazo de doce meses, máxime que en el

caso la visita anterior que se hizo al órgano jurisdiccional se

practicó del dieciocho al veinte de marzo de dos mil catorce y

abarcó un periodo de once meses. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En este orden de ideas, argumenta la servidora que el

Visitador debió atender al Acuerdo emitido por el Consejo,

pues éste, como su nombre lo indica, establece las normas

aplicables en la evaluación permanente de jueces a que se

refiere el capítulo X del título primero de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y tal evaluación debe

ser anual y base fundamental de la misma es la práctica de la

visita de inspección al órgano jurisdiccional que encabeza el

juez a evaluar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En otro orden de ideas, la servidora hizo valer como

defensa de su parte, la circunstancia de que no se le corrió

traslado en forma completa del informe relativo a la visita

ordinaria practicada al ********, Gto., que con fecha tres de

junio de dos mil dieciséis rindió el Visitador Judicial **** del

Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y que no

se le haya requerido por parte del consejo instructor sobre el

nombramiento de un defensor que la asistiera y asesorara en


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el presente procedimiento disciplinario, conforme a lo

dispuesto en la fracción Vlll del apartado B, del artículo 20 de

la Constitución General de la República que consagra el

principio del derecho del inculpado a una defensa adecuada

por abogado que elegirá libremente desde el momento de su

detención; principio fundamental que debe ser traslado al

procedimiento disciplinario sancionador, dada la similitud

existente entre un proceso de naturaleza penal y un proceso

de la naturaleza antes referida. - - - - - - - - -

La servidora también hizo valer como argumento de

defensa, la violación al principio de NON BIS IN IDEM y adujo

que en el acuerdo de fecha de tres de noviembre de dos mil

dieciséis que dio inicio al procedimiento disciplinario se

estableció que de los hechos imputados, se desprendía la

probable comisión de las faltas administrativas previstas en el

artículo 214, fracciones l y XVlll de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Guanajuato, consistentes, la primera de

ellas en incumplir con las obligaciones que legalmente le

competen, y la segunda, en desatender o retrasar injustificada

y generalizadamente la tramitación de los asuntos a su cargo,

pues con la imputación concurrente de dichas faltas

administrativas, se pretende sancionarla dos veces por la

misma conducta, y refiere que dicho principio es aplicable a la

materia penal y por la similitud que guarda este proceso con el

administrativo sancionador es dable trasladar tal principio a

este último procedimiento y para apoyar su dicho cita la

jurisprudencia cuyo rubro se lee “DERECHO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, PARA LA


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CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS

CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA

PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL

DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON

MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL

ESTADO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En otro orden de ideas, refiere la servidora que en

aplicación al principio de progresividad que se establece en el

artículo 1° de la Constitución General de la República, en su

faceta de no regresividad, implica que ninguna autoridad del

país puede emitir normas generales o actos concretos que

impliquen el desconocimiento o retroceso de derechos ya

establecidos en forma previa dentro del sistema jurídico

mexicano, por lo cual, la servidora solicitó en su escrito de

informe la inaplicación de la disposición contenida en el

artículo 261, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Guanajuato, en razón de que tal disposición

aumentó a 2 años el plazo de prescripción que la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Guanajuato de anterior

vigencia, abrogada conforme al artículo segundo transitorio del

decreto mediante el cual se expidió la referida ley orgánica

vigente, en su artículo 157, párrafo segundo establecía un

plazo de prescripción de seis meses para las faltas

sancionables con suspensión, de lo que se infiere un claro

retroceso en el alcance del derecho a la prescripción del

servidor público que se tenía en los términos de la anterior ley

orgánica aplicable, y por tanto atenta contra la progresividad

de los derechos humanos, lo que amerita la inaplicación del


23

aludido precepto 261, en su fracción l, y la consecuente

aplicación de artículo 157, párrafo segundo de la ley de

anterior vigencia, lo que conduce a considerar que las faltas

administrativas que se le atribuyen se encuentran prescritas,

habida cuenta que entre las fechas en que se pronunciaron las

resoluciones en la que se dice hubo retraso en su dictado, y la

fecha en que se le notificó el inicio del procedimiento

disciplinario, trascurrieron más de seis meses. - - - - - - - - - - - -

Sigue manifestando la servidora que, el legislador al

aumentar el plazo de prescripción en el precepto legal cuya

inaplicación solicita, no justificó con razones válidas y objetivas

su proceder, es decir, no explicó los motivos por los cuales se

incrementó el plazo prescriptivo, lo que hace que la regresión

en que incurrió con el incremento de ese plazo sea

inconstitucional y violatoria de derechos humanos y a efecto de

apoyar su argumento cita la tesis cuyo rubro se lee

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS

HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS

AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR

MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES

EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE

JUSTIFICAN PLENAMENTE” y concluye solicitando a este

Órgano Colegiado se declare improcedente e infundado el

procedimiento disciplinario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Previo a entrar al estudio de las conductas atribuidas

a la servidora, para determinar la existencia o inexistencia de

las infracciones administrativas que se atribuyen a la


24

Licenciada ********, resulta imperativo establecer si éstas

devienen del ejercicio propio de la función jurisdiccional, por

ello es menester en primer término determinar la posibilidad

jurídica de su análisis por parte de este Consejo del Poder

Judicial y, en segundo lugar, si las mismas son susceptibles de

reprocharse bajo la óptica de la ley orgánica que regula este

Poder Público. - - - - - - - - - - - - - -

En principio, el actuar del Juez puede ser examinado,

desde una doble perspectiva, como sujeto de la relación

procesal y como miembro de la organización judicial; como

sujeto de la relación procesal se constituye en director del

proceso, tercero imparcial o neutral, cuya función primordial es

resolver la controversia planteada entre actor y demandado;

como integrante de una organización judicial, el obrar del Juez

es analizado a la luz de los principios rectores de su actividad,

los cuales están consagrados por el artículo 3 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el único objetivo

de verificar que la conducta o comportamiento del Juzgador se

ajuste a aquéllos y así garantizar a la colectividad en general,

el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartir

justicia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia por

reiteración en materi-a administrativa, perteneciente a la

Séptima Época, visible en el Apéndice de 1995, tomo III, parte

TCC, tesis 680, página 498, que a la letra reza: - - - - - - - - - - -

“JUECES, ACTUACIONES DE LOS. LOS JUECES EN SU ACTUACIÓN PUEDEN SER EXAMINADOS, POR UNA PARTE, COMO SUJETOS DE LA TRILOGÍA PROCESAL NACIDA EN


25

CADA UNO DE LOS JUICIOS QUE CONOZCAN Y, POR OTRA PARTE, COMO MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL. El Juez en su actuación puede ser examinado, por una parte, como sujeto de la trilogía procesal nacida en cada uno de los juicios que conozca y, por otra parte, como miembro de la organización judicial. Desde el primer punto de vista, es decir, como miembro de la trilogía procesal en el juicio hipotecario, el Juez actúa con el carácter de tercero imparcial encargado de dirimir una controversia planteada entre el actor y el demandado, de acuerdo con la ley. En este caso, las normas que rigen el procedimiento confieren a los sujetos de la relación procesal derechos y deberes con el fin de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los contendientes, y al efecto impone el juzgador la observancia de un cúmulo de formalidades. Como se advierte, estas normas procedimentales tienen por objeto único y exclusivo el de garantizar la satisfacción de los intereses particulares y debido a ese motivo, cuando la actuación del Juez no se apega al modelo de tercero imparcial, las normas procedimentales conceden a los particulares lesionados la vía expedita para hacer valer sus derechos como contendientes a través de los medios que prevé la ley procesal civil, por ejemplo el incidente de nulidad o los recursos, o incluso a través del juicio de garantías. Pero nótese, desde luego, que los derechos procedimentales - como los que deriva la quejosa de los artículos 87 y 89 del Código de Procedimientos Civiles- se ejercen para el único objeto de satisfacer intereses de particulares en juicio. Precisamente por esta razón, no tienen vinculación alguna con los actos que se produzcan en el régimen de responsabilidad administrativa del Juez. En la organización judicial, como sucede en cualquiera otra organización humana, existe un conjunto de reglas disciplinarias obligatorias para sus miembros, en virtud de las cuales se pretende mantener la cohesión y la unidad en el desarrollo normal y correcto de la función pública que tienen encomendada: la administración de justicia. En materia disciplinaria, la actuación del Juez no se examina en función de los perjuicios que cause a las partes contendientes de un juicio cualquiera, sino frente a los deberes del Juez como integrante de una organización, lo que significa que a través de la aplicación de las normas disciplinarias, no pueden hacerse efectivos los derechos procedimentales que tengan los litigantes, ni tampoco pueden repararse las irregularidades cometidas. El único objetivo que se persigue es ajustar el comportamiento del funcionario a los principios rectores de la organización judicial, con independencia absoluta de los resultados que su actuación produzca en un juicio concreto, pues éstos deberán ser enjuiciados y reparados a través de los recursos y medios de defensa de los que ya se ha hablado. En estas condiciones, es evidente que la titularidad de los derechos procesales que ostenta la quejosa no le conceden intervención ni injerencia alguna en el procedimiento de responsabilidad administrativa que culminó con la declaratoria de la Magistrada visitadora, de manera que la existencia de aquellos derechos no trasciende en ningún modo respecto del acto reclamado. De lo anterior también se concluye, que tratándose de una declaratoria pronunciada en un procedimiento de responsabilidad administrativa a cargo de cualquier servidor judicial, ningún particular -ni aun en calidad de parte contendiente en el juicio en donde se produjeron


26

las irregularidades que se imputan al servidor- tiene derecho subjetivo para impugnarla en juicio de amparo.”

Ahora bien, estos errores pueden materializarse en el

actuar del Juez, esto es, en las determinaciones que emite,

actuar que reviste la naturaleza de jurisdiccional en cuanto que

a través de el se decide una discusión que recae sobre

derechos (criterio material) y en la medida en la que este

profesionista tiene el carácter de autoridad estatal (criterio

formal). Los desaciertos de mérito, por el momento procesal en

el que acontecen, se catalogan en “in procedendo” e “in

judicando”; los primeros se actualizan durante la

substanciación de un negocio y los segundos al momento de

dictarse la sentencia definitiva o interlocutoria, según

corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los errores en cuestión se clasifican en: errores de

hecho y de derecho; el error de hecho se presenta por una

equívoca percepción de las particularidades de orden fáctico

que efectúe el Juzgador y a la forma de subsumir éstos en las

normas jurídicas para la decisión del caso; por su parte, el

error de derecho se actualiza por la aplicación inapropiada de

textos legales o su inobservancia. Los errores cometidos en el

ejercicio de la actividad jurisdiccional traen aparejada

responsabilidad, la cual puede ser administrativa, civil o penal,

de tal suerte que una misma conducta es susceptible de

generar responsabilidad en diversos ámbitos, tal y como así lo

establece el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado al referir que “Los servidores públicos del Poder

Judicial estarán sujetos a responsabilidad administrativa en los


27

casos establecidos en esta Ley, sin perjuicio de la

responsabilidad civil o penal a que se hagan acreedores”. - - - -

Atendiendo a lo anterior, este Cuerpo Colegiado a

efecto de determinar la responsabilidad administrativa en la

que incurren los Jueces locales, puede analizar la debida

aplicación del derecho al caso concreto que los resolutores

hagan al momento de emitir sus determinaciones o la forma en

la que se apreciaron los hechos, examen cuyo objetivo es

determinar si el actuar de los Jueces se ajusta a los principios

que rigen la función judicial acorde a lo establecido por el

artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el

cual no puede modificar de forma alguna las situaciones

jurídicas ya establecidas (en constancias legales), examen que

indiscutiblemente gira en torno a cuestiones de carácter

jurisdiccional desde el momento en que analiza la actividad del

Juez, entonces, lo relevante aquí es, que ese estudio debe

versar únicamente sobre cuestiones no debatibles u opinables,

no sujetas a criterio, sino las que deriven de elementos

objetivos, como sería un evidente error o descuido al emitirse

una resolución en clara contravención al texto expreso de la

ley o por ignorar constancias procesales esenciales. - - - - - - -

Sirve de fundamento a lo expuesto, la tesis aislada en

materia administrativa que corresponde a la Novena Época,

instancia Pleno, visible en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, tesis P.

LII/2000, página 88, que a letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES


28

DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES.- Para cumplir con las funciones en materia de disciplina al resolver sobre la responsabilidad administrativa de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, el Consejo de la Judicatura Federal puede analizar la correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas al emitir sus decisiones, siendo que en el caso específico de remoción, la resolución respectiva debe ser aprobada por mayoría de cinco votos, situación que garantiza un suficiente consenso en cuanto a la determinación de responsabilidad grave de esos funcionarios. Asimismo, cabe destacar que como la única finalidad de esta revisión consiste en determinar si la actuación de los juzgadores se apegó a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar su actividad, no es susceptible de modificar las situaciones jurídicas derivadas de las resoluciones judiciales, por no tratarse de un recurso o medio de defensa, debiendo referirse a aquellas actuaciones que constituyan una desviación de la legalidad que no sea una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse válidamente diversas soluciones, sino que deriven de datos objetivos, como serían un evidente error o descuido, por haberse emitido en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto, lo cual no atenta contra la autonomía e independencia con que deben contar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones, pues éstos conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, los que deben ser apegados a derecho.” (El remarcado es propio de quienes resuelven).

Se sostiene lo anterior, porque incluso la doctrina

jurídica del margen de apreciación del juzgador, concebida

para conceptualizar un espacio de discrecionalidad, tomando

en consideración determinadas circunstancias jurídicas,

sociales y culturales, constituye un instrumento interpretativo

que parte de la idea de que un derecho no puede juzgarse en

abstracto ni omitiendo los marcos culturales y económicos que

lo circundan, ya que, ciertamente, tiene que examinarse si esa

supuesta función hermenéutica se justifica en un problema

jurídico verdaderamente válido, que no enmascare un franco

apartamiento de la legalidad cuando el texto de la ley es


29

suficiente para conocer su sentido, ya que el principio universal

de independencia que debe reconocerse a todo juzgador debe

ser ponderado a la luz del principio de legalidad, que el

sistema constitucional mexicano erige también como elemento

fundamental para la preservación del Estado Constitucional de

Derecho para que la independencia judicial encuentre

equilibrio en la responsabilidad del juzgador al desplegar su

actuación, partiendo de la base de que todo Juez es

responsable de su actuar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Robustece lo anterior, la tesis del Primer Tribunal

Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo

Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2008970, Instancia:

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015,

Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: XI.1o.A.T.18 K

(10a.), Página: 1745 cuyo rubro y texto se leen: - - - - - - - - - - -

“MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN. Una cuestión de criterio o debatible no se conforma por el hecho de que un funcionario judicial plantee lo que a su parecer es un problema jurídico, ni vierta manifestaciones que en su apreciación constituyen una labor interpretativa, sino que tiene que examinarse si esa supuesta función hermenéutica se justifica en un problema jurídico verdaderamente válido, que no enmascare un franco apartamiento de la legalidad cuando el texto de la ley es suficiente para conocer su sentido; de otro modo se haría nugatorio el deber de las autoridades de apegar sus actos a la legalidad y, a la vez, de sancionarlos cuando muestren una notoria ineptitud en su encargo. En este sentido, deviene pertinente acudir a la doctrina jurídica del "margen de apreciación del juzgador", concebida para conceptualizar un espacio de discrecionalidad tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales, por lo que constituye un instrumento interpretativo que parte de la idea de que un


30

derecho no puede juzgarse en abstracto, omitiendo los marcos culturales y económicos que lo circundan; por el contrario, existen condicionamientos materiales y sociales cuyo desconocimiento quitaría realidad o vigencia a un régimen de derechos humanos que, en el caso, encuentran justificación en el marco cultural del país, con el objeto de promover la credibilidad en la actuación de los Jueces ordinarios, de manera que cuando éstos puedan incurrir en alguna causa de responsabilidad administrativa, sean efectivamente sancionados. Dicha doctrina debe traerse a colación para determinar el alcance de los derechos a debate jurisdiccional, lo que cobra vigencia si se toma en cuenta que el innegable principio universal de independencia que debe reconocerse a todo juzgador debe ser ponderado a la luz del principio de legalidad, que el sistema constitucional mexicano erige también como elemento fundamental para la preservación del Estado Constitucional de Derecho. Por consiguiente, sin desconocer que es imprescindible reconocer la independencia de los órganos jurisdiccionales, este principio fundamental (margen de apreciación) puede emplearse para dimensionar los derechos y contextualizarlos con la situación específica de cada región, y debe ser ponderado frente a la legalidad que, en la actualidad, se erige como una exigencia propia del contexto social, económico y jurídico, para que la independencia judicial encuentre equilibrio en la responsabilidad del juzgador al desplegar su actuación, partiendo de la base de que todo Juez es responsable de su actuar.

En este orden de ideas, se concluye que el Consejo

del Poder Judicial está facultado para revisar si la actuación de

los juzgadores se apega a los principios de excelencia,

objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia

que deben caracterizar su actividad, sin que la consecuencia

del análisis administrativo que se realice de la actuación de los

jueces, traiga aparejada la modificación de las situaciones

jurídicas derivadas de las propias resoluciones judiciales, por

no tratarse de un recurso o medio de defensa, ya que las

actuaciones que son susceptibles de revisarse desde la óptica

disciplinaria son aquellas que deriven de datos objetivos, como

serían un evidente error o descuido, por haberse emitido en

clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por

ignorar constancias de autos de carácter esencial para la


31

solución del asunto y corresponde también a este Órgano

Colegiado el trámite de los procedimientos disciplinarios y en

su caso, la imposición de las sanciones que procedan de

conformidad con los artículos 213, 214 y 215 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, sanciones que

consisten en suspensión en el cargo sin goce de sueldo de

uno a cuarenta días, destitución e inhabilitación. - - - - - - - - - -

Luego, se advierte que los actos que se atribuyen a la

Licenciada ******** en el presente procedimiento disciplinario,

derivan del retardo en emitir 234 sentencias definitivas en

diversos expedientes ejecutivos mercantiles, 1 sentencia en

juicio ejecutivo civil, 4 sentencias en juicios civiles de paz, 3

resoluciones en juicios sumarios civiles sobre consignación de

pago, 6 sentencias en juicios ordinarios mercantiles, 71

resoluciones relativas a incidentes, 4 resoluciones de tercerías

excluyentes y 25 resoluciones de recursos de revocación, de

diversos expedientes del índice del ********, Guanajuato, los

cuales constituyen actos jurisdiccionales susceptibles de

analizarse bajo la óptica administrativa propia de la

competencia del Consejo del Poder Judicial, porque este

Órgano tiene, entre otras, facultades disciplinarias que se

dirigen a consolidar una justicia pronta, completa y expedita en

los términos del artículo 17 Constitucional y por ende, como se

ha reiterado, está facultado para analizar, desde la óptica

disciplinaria, aquellas actuaciones que constituyan una

desviación de la legalidad que no sea una cuestión de criterio

o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse


32

válidamente diversas soluciones, lo cual no se actualiza en la

especie. - - - - - - - - - -

Por las consideraciones legales y jurisprudenciales

expuestas, es dable concluir que este Cuerpo Colegiado sí se

encuentra en posibilidad de examinar las resoluciones de los

Jueces del Estado, resaltando que el objetivo es determinar la

comisión de una falta administrativa en el despacho de los

negocios a su cargo, motivada por un error judicial, análisis

que nos compete y que desde luego no trasciende al ámbito

jurisdiccional, ya que ello es materia de los recursos ordinarios

y en ese entendido son otras las autoridades competentes

para dicho estudio y pronunciamiento, en cuyo plano jurídico,

sí es factible modificar lo resuelto en constancias judiciales. - -

Lo anterior, con independencia de que, en caso de

que este Órgano Colegiado considere que se acreditan las

faltas administrativas valore todas aquellas situaciones que se

considera pudieron influir en la servidora, como serían las

cargas de trabajo, circunstancias en que se ejecutó,

antecedentes y circunstancias personales de la servidora y las

atenuantes que pudieran favorecerle, entre otras. - - - - - - - - - -

Por lo que respecta al argumento defensivo realizado

por la servidora en el sentido de que se violó el principio de

Non bis in idem en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil

dieciséis en el que se realizó el encuadramiento legal de las

probables conductas atribuidas a la servidora como faltas

administrativas en el artículo 214 fracciones I y XVIII de la Ley


33

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Órgano Colegiado

considera que no le asiste la razón en atención a los siguientes

argumentos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El artículo 214, en sus fracciones I y XVII de la citada

Ley Orgánica, dispone:

“Artículo 214. Son faltas administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado:

I. Incumplir con las funciones y obligaciones que legalmente

les competan;

XVIII. Desatender o retrasar injustificada y generalizadamente

la tramitación de los asuntos a su cargo.”

En este orden de ideas, se advierte que el hecho de

emitir sentencias y resoluciones fuera de los términos legales

por parte de algún servidor público del Poder Judicial del

Estado se traduce en incumplir con las funciones que

legalmente le competen, ya que la emisión de sentencias y

resoluciones es una función que corresponde a los jueces, y

que dependiendo del número de sentencias y resoluciones

que hayan sido emitidas fuera de los términos legales es que

puede también incurrirse en la desatención o retraso

injustificado y generalizado en la tramitación de los asuntos a

su cargo, por lo cual, este Órgano Colegiado consideró que

las probables faltas administrativas que se describieron en el

proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis

consistentes en el retardo en la emisión de 234 sentencias

definitivas en diversos expedientes ejecutivos mercantiles, 1

sentencia en juicio ejecutivo civil, 4 sentencias en juicios


34

civiles de paz, 3 resoluciones en juicios sumarios civiles sobre

consignación de pago, 6 sentencias en juicios ordinarios

mercantiles, 71 resoluciones relativas a incidentes, 4

resoluciones de tercerías excluyentes y 25 resoluciones de

recursos de revocación, de diversos expedientes del índice

del ********, Guanajuato, constituían un incumplimiento de

las obligaciones que legalmente le competen como juez,

que según la fracción II del artículo 108 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado, consiste en dirigir los

procesos judiciales y dictar las resoluciones en términos

de ley, lo cual en atención al número de resoluciones y

sentencias que se especificaron en dicho proveído incidía

consecuentemente en desatender o retrasar injustificada

y generalizadamente la tramitación de los asuntos a su

cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al respecto, cabe señalar que en un Estado

constitucional de Derecho, el derecho penal y el derecho

administrativo sancionador son especies de lo que se ha

denominado “sistema sancionador constitucional”, y que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido que

la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con

las penas, como reacción estatal frente a lo antijurídico, de

modo que para la construcción de los principios

constitucionales del derecho administrativo sancionador es

válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas

del derecho penal, y que en la interpretación constitucional

de los principios del derecho administrativo sancionador

puede acudirse a los principios penales sustantivos. - - - -


35

Entre los principios que rigen en materia penal, se

encuentra el denominado non bis in idem, previsto en el

artículo 23 constitucional y que hace referencia a que “Nadie

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que

en el juicio se le absuelva o se le condene”. Este principio,

prohíbe la duplicidad o repetición de procesos –no

necesariamente de sentencias–, respecto de los mismos

hechos considerados delictivos y su aplicación en el derecho

administrativo sancionador obliga a que, una vez que se

ha sancionado administrativamente un hecho ilícito, dicho

hecho no pueda ser nuevamente objeto de un

procedimiento sancionador, no así al hecho de que el

encuadramiento legal de la conducta deba hacerse

necesariamente en una sola fracción del numeral 214 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - -

El derecho administrativo sancionador posee dos

ámbitos de aplicación diferenciada, en atención al sujeto

infractor, que pueden ser: el gobernado en general y el

servidor público. En el caso de los servidores públicos la

sanción funciona como medida disciplinaria, dirigida a

sancionar las conductas indebidas de los miembros de la

propia administración, ya que el artículo 109 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la

responsabilidad administrativa de los servidores públicos es

independiente de la responsabilidad penal y que a los

servidores públicos se les pueden iniciar dos procedimientos –

administrativo sancionador y penal–, y aún imponer dos

sanciones por unos mismos hechos, sin que esto constituya

una violación al principio de non bis in idem porque el proceso


36

penal es independiente del procedimiento administrativo, ya

que tienen distinta naturaleza y persiguen objetivos distintos. -

La cosa juzgada en materia penal, presupuesto de

aplicación de la institución del non bis in idem, es muy distinta

de la cosa juzgada en materia administrativa, por lo que la

aplicación de ambas sanciones a un mismo hecho, no es

contraria al principio general previsto en el artículo 23

Constitucional, por lo cual, el hecho de encuadrar los hechos

en sendas fracciones del artículo 214 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado en forma alguna significa sancionar a

la servidora dos veces por la misma conducta. - - - - - - - - - - - -

Tampoco le asiste la razón a la servidora cuando

refiere que le impidió ejercer su adecuado derecho a la

defensa el que no se le haya requerido por parte del Consejero

instructor sobre el nombramiento de un defensor que la

asistiera y asesorara en el presente procedimiento disciplinario

conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del apartado B del

artículo 20 de la Constitución Federal, que consagra el derecho

del inculpado a una defensa adecuada por abogado que

elegirá libremente desde el momento de su detención, y que

debe ser trasladado al procedimiento disciplinario sancionador

dada la similitud existente entre un proceso de naturaleza

penal y un proceso de la naturaleza antes referida, con base

en los argumentos que a continuación se exponen: - - - - - - - - -

El derecho mexicano ha admitido recientemente que

ambos sistemas sancionadores, administrativo y penal,


37

son sectores de un mismo ius puniendi estatal. Con ese punto

de partida, afirmar la compatibilidad de la sanción penal con la

sanción administrativa, se refiere a que ambos son

manifestaciones de la potestad punitiva del Estado dada la

similitud y la unidad de la potestad punitiva y es por lo que, en

la interpretación constitucional de los principios de

derecho administrativo sancionador puede válidamente

acudirse a los principios penales sustantivos, y que en el

trámite del procedimiento disciplinario, es decir, en la

parte adjetiva o procesal, según lo dispuesto por el

artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, “En la sustanciación del procedimiento

disciplinario será aplicado supletoriamente el Código de

Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato en

aquello no previsto en esta Ley”, legislación orgánica que no

dispone en su articulado el nombramiento de defensor que

asista a los servidores sujetos a procedimiento disciplinario, y,

en atención a la supletoriedad del Código de Procedimientos

Civiles del Estado, dicha codificación tampoco lo refiere. - - - - -

En este orden de ideas, se sostiene que el derecho

administrativo sancionador radica en la competencia de las

autoridades administrativas para imponer sanciones a las

acciones y omisiones antijurídicas, posee como objetivo

garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y

normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas

mediante la imposición de sanciones administrativas,

entendiéndose por sanción administrativa una función jurídica

que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a


38

la lesión del derecho administrativo, que puede consistir en la

privación de un bien, de un derecho, la imposición de una

obligación de pago de una multa, arresto, etcétera. - - - - - - - - -

En la especie, la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, en sus artículos 213 y 214, contiene un catálogo de

obligaciones y conductas que se consideran faltas

administrativas, respectivamente, y del contenido de los

artículos 215 y 216 de la misma normatividad orgánica se

advierte que las sanciones que corresponden dependiendo de

la falta administrativa cometida pueden ser: destitución e

inhabilitación y suspensión sin goce de sueldo de uno a

cuarenta días. En este orden de ideas, si bien es cierto, la

sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la

sanción penal, como parte de la potestad punitiva del Estado,

ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico y es

por esta similitud que puede acudirse prudentemente a los

principios penales sustantivos, como son, entre otros, el

principio de legalidad, el principio del non bis in idem, la

presunción de inocencia, el principio de culpabilidad e

incluso la prescripción de las sanciones, la traslación de

los mismos en cuanto a grados de exigencia no puede

hacerse de forma automática, porque la aplicación de

dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es

posible en la medida en que resulten compatibles con su

naturaleza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En otro orden de ideas, la servidora aduce en su

informe que el procedimiento disciplinario se encuentra viciado


39

de origen, situación que la dejó en estado de indefensión en

virtud de que el Licenciado ********, Visitador judicial ****, al

levantar el acta de la visita ordinaria que dio origen al presente

procedimiento disciplinario, contravino los lineamientos para el

desarrollo de las visitas previstos en la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, ya que no asentó en el acta

circunstanciada correspondiente, de manera pormenorizada y

continua los hechos que acontecieron cada día de la revisión,

ya que no especificó cada día el cierre y reanudación del acta,

sino que en la misma solo asentó que inició el día treinta de

mayo de dos mil dieciséis y concluyó el día dos de junio de la

misma anualidad, lo que la dejó en estado de indefensión, se

conculcaron sus derechos y defensas y se violó el principio de

seguridad jurídica, y hace que pierda el valor probatorio pleno

que la ley le otorga y por ello es insuficiente para tener por

demostrada la supuesta infracción administrativa por la que se

le instruye procedimiento disciplinario. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Este Órgano Colegiado estima que no le asiste la

razón a la servidora, en atención a lo siguiente: - - - - - - - - - - -

El artículo 175 fracción XVI de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, establece como exigencia a cargo

de los visitadores levantar en tres tantos acta circunstanciada

de toda visita practicada, en la cual se hará constar el

desarrollo de la misma, las quejas o denuncias presentadas en

contra de los titulares y demás servidores del órgano de que se

trate, las manifestaciones que respecto de la visita o del

contenido del acta quisiera realizar los propios titulares o


40

servidores del órgano visitado y de quien haya sido designado

para atender la visita, la del visitador y de todos aquellos que

hubieren intervenido en la misma. El artículo 276 del Código de

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de conformidad con su

numeral 252, dispone que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ARTICULO 276.- Cuando la ley prescriba una determinada

forma para una actuación, sólo será nula, si se efectúa en

una forma diversa, cuando la ley así lo ordene”.

En el caso que nos ocupa, el Licenciado ********,

Visitador judicial ****, atendió en la verificación del acta de

visita realizada al ********, Guanajuato, a los lineamientos que

establece el artículo 175 fracción XVI de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, ya que del acta levantada con

motivo de la visita practicada a esa unidad jurisdiccional los

días treinta de mayo y concluida el dos de junio de dos mil

dieciséis, asentó de forma circunstanciada que el día de inicio

así como el día de conclusión de la visita, refirió que la misma

inició el día treinta de mayo y concluyó el día dos de junio de

dos mil dieciséis, el desarrollo de la misma porque procedió a

realizar la revisión de la asistencia del personal, los libros de

gobierno, los asuntos en trámite, la información que se obtiene

del sistema de los asuntos en trámite, tocas, apelaciones y

amparos, revisión aleatoria de expedientes, las notificaciones

por lista, valores, secreto del juzgado, revisión del archivo,

sistema de interconectividad y el cumplimiento de las

condiciones generales de trabajo, se entrevistó al personal, se

hizo referencia a lo relativo al seguimiento de las


41

determinaciones derivadas de la visita, se efectuaron

encuestas, se estampó la firma de la titular del órgano visitado

y de quien se designó para atenderla que fue la Licenciada

********, la del visitador, y de aquellos que intervinieron en la

misma, levantándose acta circunstanciada y entregándose en

tres tantos y un tanto a la Titular de ese Juzgado. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luego, el acta fundamento de inicio de procedimiento

disciplinario de forma oficiosa, revisitó todos y cada uno de los

requisitos que exige el artículo 175 fracción XVI en cita, por lo

que está dotada de validez y eficacia jurídica en cuanto a su

alcance y contenido, al ser un documento confeccionado por

funcionario público en ejercicio de sus funciones por lo que,

tiene el carácter de público y eficacia jurídica en términos de

los artículos 132 y 207 del Código de Procedimientos Civiles

para el Estado de Guanajuato, de aplicación supletoria al

procedimiento administrativo sancionador. Siguiendo la

directriz del contexto que prescribe el precepto legal 276 del

Código de Procedimientos Civiles, el acta señalada no es ilegal

ni es nula, porque se verificó con estricto acatamiento al

procedimiento que se contiene en el artículo 175 fracción XVI

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - -

Por otra parte contrario a lo que señala la servidora,

el acta cuestionada sí se encuentra desarrollada y detalla

pormenorizadamente circunstancias de tiempo, modo y lugar,

que permiten determinar qué fue lo que sucedió y aconteció en

el desarrollo de la misma, por lo que, el hecho de que no se


42

haya asentado en dicho documento el cierre y reanudación

cada día de la visita, no le priva de legalidad, porque el acto se

verificó en la forma prescrita por ley y contiene todos los datos

que permiten establecer que se encuentra debidamente

circunstanciada acorde a su contenido en términos del artículo

175 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y no de

varias visitas, caso en el cual, el Visitador sí hubiera tenido la

obligación de levantar un acta por cada una de ellas. - - - - - - -

En este orden de ideas, el acta así confeccionada,

reviste y da certeza jurídica al haberse desarrollado siguiendo

los lineamientos de ley, de manera que la circunstanciación sí

consta en el acta de visita y no en documento diverso o

posterior, por ello se respeta el principio de seguridad jurídica y

da oportunidad a que cualquiera de los integrantes de la

unidad jurisdiccional revisada, puedan efectuar

manifestaciones que respecto de la visita o del contenido del

acta quieran realizar los propios titulares o servidores que lo

conforman, por ende, no es veraz que se afecten los derechos

y defensas de la servidora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es menester hacer hincapié en torno a que el acta se

circunstanció de forma tal, que no se afectan las defensas y

derechos de la servidora, porque del cuaderno de pruebas

conformado con motivo del procedimiento disciplinario, se

advierte que, durante el desarrollo de la visita, entre otros

puntos, el Licenciado ********, Visitador **** del Consejo del

Poder Judicial del Estado, destacó lo relativo a que el Juzgado

presentó retraso en el acuerdo de promociones, radicaciones,


43

dictado de sentencias e interlocutorias y recursos de

revocación. - - - - - - - - - - - - - - - -

Con relación a lo manifestado por la servidora en el

sentido de que la circunstanciación de un acta de visita debe

constar necesariamente en el cuerpo de la misma y no así en

documento diverso, puesto que no existe disposición

constitucional o legal que así lo autorice, se debe precisar que,

como ya ha quedado establecido en los párrafos que

anteceden, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del

desarrollo de la visita practicada al órgano jurisdiccional

visitado constan en lo general como en lo particular en el

propio documento que levantó y confeccionó el Visitaor **** del

Consejo del Poder Judicial del Estado y no en otro, por lo que

en este sentido, las manifestaciones de la servidora resultan

improcedentes, ya que el acta cumplió con los requisitos de

legalidad, aunado a que la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado en el levantamiento de las actas no exige como

requisito la precisión de inicio, suspensión y reanudación de

cada día de visita, cuando esta se desarrolla durante varios

días, lo que resulta correcto ya que dicha acta reviste el

elemento de circunstanciación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La servidora invoca como criterio orientador la

jurisprudencia cuyo rubro se lee: “VISITA DOMICILIARIA. LA

NOTIFICACIÓN DE LA AMPIACIÓN DEL PLAZO PARA SU

CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA

CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y

LEVANTADA EN LA FECHA EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN


44

SE REALICE” , al respecto, este Órgano Colegiado estima que

dicha jurisprudencia no es un criterio orientador en cuanto al

acta circunstanciada a que se refiere el artículo 175 fracción

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Guanajuato, puesto que de su contenido se advierte que se

refiere a la notificación personal que la autoridad fiscal realiza

al contribuyente visitado, con motivo de una visita domiciliaria,

así como del acta que se levanta en razón de la notificación de

la ampliación de la visita domiciliaria, en cuanto a que deberá

ser firmada por dos testigos, y levantada el día en que se

realice y no en fecha posterior, por lo que es un supuesto

distinto al que nos ocupa, ya que, además, la citada

jurisprudencia interpreta los artículos 44 fracción II, 46

fracciones I,IV, 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación,

los que sí permiten el levantamiento de actas parciales en

distintos lugares de manera simultánea, lo que no acontece en

la especie pues el artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, prevé los lineamientos para las visitas

ordinarias a un solo órgano jurisdiccional y el levantamiento de

una sola acta circunstanciada por cada visita. - - - - - - - - - - - - -

En el caso que nos ocupa, se trata de una visita

ordinaria realizada a una unidad jurisdiccional que tiene como

propósito la revisión de forma genérica sobre la buena marcha

del Tribunal, y no una visita domiciliaria de carácter fiscal cuya

ampliación para su conclusión, debe notificarse al sujeto

fiscalizado en los términos a que se refiere el criterio

jurisprudencial en cuestión acorde a las leyes fiscales. - - - - - -


45

Del contenido del artículo 175 de la mencionada Ley

Orgánica, se advierte que los visitadores se sujetarán a los

propios lineamientos que les determine el Consejo y a los que

expresamente establece dicho artículo, que son los siguientes:

“I. Pedirán la lista del personal para comprobar su asistencia;

II. Verificarán que los valores estén debidamente guardados, ya sea en la caja de

seguridad del órgano visitado, o en alguna institución de crédito;

III. Comprobarán si se encuentran debidamente asegurados los instrumentos y objetos

de delito;

IV. Revisarán los libros de gobierno en base papel o base electrónica, a fin de

determinar si se encuentran en orden y contienen los datos requeridos.

De los registros contenidos en los libros de tocas, apelaciones y amparos, se obtendrá

el número de resoluciones que hayan sido revocadas o modificadas sustancialmente, en

el período que se revisa, asimismo, se contará el número de asuntos en los que no se

haya interpuesto apelación o amparo. Si en contra de una sola resolución se hicieran

valer ambos medios de impugnación, solamente se tomará aquel que jerárquicamente

incida sobre el resultado.

Siempre deberá anotarse el número de asuntos que se encuentren en trámite y aquellos

donde se encuentre pendiente el dictado de sentencias.

En asuntos de orden penal, además de lo anotado, se indicará cuantos asuntos se

encuentran pendientes de dictado de orden de aprehensión, comparecencia o cateo;

V. Harán constar el número de asuntos penales, civiles y mercantiles, de exhortos y

requisitorias que hayan ingresado al órgano visitado durante el tiempo que comprenda

la visita, y verificarán si los procesados que disfrutan de libertad caucional han cumplido

con la obligación de presentarse en los plazos fijados, y si en algún proceso en

suspenso transcurrió el término de prescripción de la acción penal;

VI. Examinarán aleatoriamente por lo menos veinte expedientes formados con motivos

de las causas penales, civiles y mercantiles, a fin de verificar que se llevan con arreglo a

la ley, si las resoluciones y acuerdos han sido dictados y cumplidos oportunamente, si

las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales, si los

exhortos y despachos han sido diligenciados y si se han observado los términos

constitucionales y demás garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos otorga a los procesados.

Si del contenido de las resoluciones pronunciadas por los órganos jurisdiccionales o de

las actuaciones realizadas por las sedes regionales del Centro Estatal de Justicia

Alternativa, de las Oficinas Centrales de Actuarios u Oficialías Común de Partes, se

advierten faltas administrativas, se recabarán las constancias pertinentes que se

adicionarán al acta;


46

VII. Entrevistarán al personal del órgano visitado, para escuchar opiniones y propuestas

y harán constar las peticiones que formulen los integrantes del órgano visitado;

VIII. Verificarán el uso, funcionamiento y actualización del sistema de interconectividad

en los órganos que se encuentre instalado;

IX. Revisarán el contenido jurídico de por lo menos veinte convenios celebrados por los

interesados con la asistencia de los mediadores y conciliadores adscritos a la sede

visitada, y ratificados ante el director o el subdirector de la sede, para conocer si se

satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Justicia Alternativa

del Estado de Guanajuato;

X. Verificarán que dentro del órgano visitado, los servidores públicos den cumplimiento a

las condiciones generales de trabajo del Poder Judicial;

XI. En las visitas ordinarias que se realicen a las Oficinas Centrales de Actuarios u

Oficialías Común de Partes, se tomará en consideración todo aquello que les sea

aplicable de los órganos jurisdiccionales; pero fundamentalmente se revisará lo

relacionado a la equidad con la que se haga la distribución del trabajo entre los

actuarios, y la forma en que se hayan remitido los asuntos a los juzgados;

XII. Verificarán que las notificaciones que se realicen por lista, se publiquen y coloquen

en los estrados con toda oportunidad;

XIII. Revisarán las estadísticas rendidas por los órganos jurisdiccionales en el período

que se revisa, para conocer la relación cuantitativa que exista entre las entradas y las

salidas;

XIV. Solicitarán los libros de gobierno que se lleven en el órgano e imprimirá el sello

correspondiente, el cual contendrá la fecha de inicio de la visita.

La impresión del sello, con la oportunidad señalada, tendrá por objeto fijar el límite

temporal de la visita. Por tanto, dicha impresión se efectuará inmediatamente después

del último registro o de la última anotación que se haya hecho el día anterior al del inicio

de la visita;

XV. Estamparán, en una hoja que se anexará al reverso de la carátula de cada libro

solicitado, el sello, la firma y fecha que correspondan, al concluir su revisión;

XVI. Levantarán, en tres tantos, acta circunstanciada de toda visita practicada, en la cual

se hará constar el desarrollo de la misma, las quejas o denuncias presentadas en contra

de los titulares y demás servidores del órgano de que se trate, las manifestaciones que

respecto de la visita o del contenido del acta quisieran realizar los propios titulares o

servidores del órgano, la firma del titular del órgano visitado y de quien haya sido

designado para atender la visita, la del visitador y de todos aquéllos que hubieren

intervenido en la misma. Si algunos de los que debieran firmar se negara a hacerlo, se

asentará esta circunstancia y las razones de ello en la propia acta;

XVII. Permitirán, al finalizar la visita, que quienes intervinieron en ella se impongan del

contenido del acta antes de cerrar la misma, con el objeto de que manifiesten lo que a

su derecho convenga; lo que podrán hacer verbalmente en ese momento, o por escrito

ante la secretaría general del Consejo del Poder Judicial dentro los tres días siguientes


47

al cierre del acta de visita, manifestaciones que serán consideradas al realizar el

dictamen correspondiente; y

XVIII. Entregarán un ejemplar del acta levantada al titular del órgano visitado, enviarán

otro ejemplar y el expediente integrado con motivo de la visita al secretario general del

Consejo del Poder Judicial dentro de los dos días hábiles al siguiente al en el que

concluyó la visita, y conservarán otro tanto para rendir el reporte anual y elaborar el

concentrado correspondiente.”

Luego, resulta claro que, de la naturaleza de una

visita ordinaria, como la que se practicó al ********, Guanajuato,

tiene como objeto verificar diferentes puntos sobre la marcha

general del tribunal, así como revisar de forma general

aspectos administrativos, estadísticos, informáticos, laborales y

jurisdiccionales, lo cual resulta de naturaleza completamente

distinta a lo que se analiza en una visita domiciliaria en materia

fiscal, pues ésta tiene por finalidad, comprobar que los

contribuyentes cumplan con las disposiciones fiscales o en su

caso, determinar contribuciones omitidas, créditos fiscales o

comprobar la comisión de delitos fiscales (artículo 42 del

Código Fiscal de la Federación), lo que patentiza que no se

revisa en forma especial y particular la actuación de un

determinado servidor público, sino el funcionamiento en lo

general de la unidad jurisdiccional, por lo cual, no resulta

correcto considerar que resulte orientadora para los fines que

pretende la servidora, la jurisprudencia que invoca en su

escrito de informe, ya que de acuerdo con el artículo 46

fracción II del Código Fiscal de la Federación, invocado en el

citado criterio, se establece la forma en que se desarrolla la

visita al domicilio fiscal, la cual puede ser efectuada en dos o

más lugares, de ahí, que la fracción II de tal dispositivo legal

exige el levantamiento de actas circunstanciadas parciales,

mismas que se agregarán al acta final de la visita que se haga,


48

razón por la cual, en el criterio invocado por el disidente se

establece, que de la notificación del oficio en que se amplía el

plazo para la conclusión de la visita domiciliaria debe

levantarse acta circunstanciada, dando cumplimiento a los

numerales 44 fracción II y 46 fracciones I y IV del Código

Fiscal de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Por lo que, el acta de visita, tanto en lo general como

en lo particular a los hechos imputados a la servidora, cumple

con el requisito de circunstanciación porque se verificó bajo el

procedimiento regulado en el artículo 175 fracción XVI de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, contiene de forma

precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que

permiten imponerse a cualquiera de los servidores del órgano

revisado, tan es así que, ante la eventual actualización de la

comisión de faltas administrativas por el retardo que el

Visitador hizo patente al momento de la visita, el propio

Visitador le dio el uso de la voz a la servidora como así consta

a foja 21 del acta de visita, a lo que la servidora refirió “por el

momento no hago manifestación alguna; lo haré dentro del

término legal, si así lo considero conveniente”, y se puso en

conocimiento de la servidora al momento de concluir el acta de

visita, en la que consta que se le dio vista con el contenido de

la misma para que manifestara lo que a su derecho conviniera

o bien lo hiciera por escrito en el plazo de 3 tres días ante la

Secretaría General del Consejo del Poder Judicial del Estado,

de conformidad con la fracción XVIII del artículo 175 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin que la servidora, ni


49

otro de los integrantes de la plantilla del juzgado revisado

hubieren realizado manifestación alguna sobre el contenido del

acta, ya que refirió “por el momento no hago manifestación

alguna, lo haré en su momento si lo considero conveniente o

bien, me espero al dictamen que emita el Consejo del Poder

Judicial”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En otro orden de ideas, la servidora adujo en su

informe que conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, en relación con el artículo 3 del

Acuerdo General del Consejo del Poder Judicial del Estado

mediante el cual se establecen las normas aplicables en la

evaluación permanente de jueces a que se refiere el capítulo X

del título primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, la evaluación de los jueces debe formalizarse de

manera anual, por lo que, llevar a cabo la inspección por un

plazo mayor al antes referido, se aparta de las disposiciones

reglamentaria y orgánica, mencionadas, y resulta ilegal el

actuar del visitador al haber procedido a hacer una revisión por

veintisiete meses, pues el período a revisar debió limitarse a

doce meses, por ser el permitido legal y reglamentariamente,

por lo que el acta de visita donde se asentó lo actuado y que

sirve de base al procedimiento disciplinario resulta ilegal y trae

aparejada la ilegalidad de todo el procedimiento. - - - - - - - - - -

Al respecto, es menester destacar que el capítulo X

del título primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, que contiene los artículos 80 a 89, relativos a la

evaluación permanente de jueces, la cual, en atención al


50

contenido del artículo 1° del Acuerdo General del Pleno del

Consejo del Poder Judicial mediante el cual se establecen las

normas aplicables en la evaluación permanente de Jueces a

que se refiere el citado Capítulo X del Título Primero de la Ley

Orgánica en cita, contempla que la evaluación permanente

de jueces tiene como objetivo determinar si los principios

que rigen la función judicial previstos en el artículo 87,

párrafo noveno, de la Constitución Política para el Estado

de Guanajuato, conceptualizados en el artículo 75 de la

Ley Orgánica, se encuentran o no en su actuación,

utilizando para tal efecto, los criterios referidos en el artículo 80

de la Ley Orgánica, según lo disponen los párrafos segundo y

quinto del artículo 84 del ordenamiento en mención. Los

principios que rigen la función judicial a que se refiere el

numeral 75, en relación al 80 de la Ley Orgánica, que debe

observar un Juez en el cumplimiento de la función judicial son:

independencia judicial, imparcialidad, eficiencia, eficacia,

legalidad, excelencia profesional, honestidad invulnerable,

diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad,

competencia, honorabilidad, lealtad, probidad y rectitud; éstos

son definidos en el mismo numeral invocado. - - - - - - - - - - - - -

Por su parte, el artículo 80 de la Ley Orgánica

establece los siguientes criterios que habrán de considerarse

para la evaluación de los jueces, a saber: - - - - - - - - - - - - - - -

“I. Capacitación;

II. Oportunidad en el dictado de autos y sentencias;

III. Asertividad de los autos y sentencias;

IV. Oportunidad para acordar, diligenciar y devolver exhortos;


51

V. Administración de valores y de los recursos materiales y humanos

puestos a disposición del juez para la realización del servicio;

VI. Calidad en la atención al público; y

VII. El disfrute de buena salud para el desempeño de su función, lo que se

acreditará con el certificado médico expedido por institución pública de

salud.

A su vez, el artículo 3 del Acuerdo establece que la

evaluación, deberá hacerse al cumplirse cada año en el

ejercicio del cargo, o bien, por doce meses acumulados si es

que tuviere interrupciones mayores a un mes. - - - - - - - - - - - -

Es importante destacar que, la evaluación

permanente de jueces tiene como objetivo determinar si

los principios que rigen la función judicial, se encuentran

o no en su actuación, es decir, se evalúa el desempeño

personal de los servidores públicos en funciones de

jueces, por lo cual, es una evaluación personal, deberá

hacerse al cumplirse cada año en el ejercicio del cargo, o bien,

por doce meses acumulados si es que tuviere interrupciones

mayores a un mes. La información que se requiere para

evaluar los distintos rubros es recabada de manera

independiente de aquella que se obtiene por parte de los

Visitadores en las visitas que les son asignadas por parte

de la Visitaduría. Luego, la información relativa al rubro de

capacitación es solicitada al Director de la Escuela de Estudios

e Investigación Judicial, con base en los registros que se tiene

de la capacitación personal de cada uno de los servidores

públicos del Poder Judicial del Estado, en la cual se solicita

informe los cursos que haya tomado el servidor público en

determinado período. Respecto a los rubros de oportunidad en


52

el dictado de autos y sentencias, asertividad de los autos y

sentencias, oportunidad para acordar, diligenciar y devolver

exhortos así como administración de valores y de los recursos

materiales y humanos puestos a disposición del juez para la

realización del servicio, dicha información es solicitada al

Contralor del Poder Judicial del Estado, y por último lo relativo

al rubro calidad en la atención al público, la mima se solicita a

la Directora de la Visitaduría del Poder Judicial, quien designa

a los Visitadores que habrán de acudir a realizar encuestas a

los juzgados en que hayan fungido como jueces los servidores

públicos sujetos de evaluación, para efecto de conocer la

calidad en la atención al público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Información que es requerida para una evaluación

personal de los jueces, ya que se insiste, se evalúa a la

persona del juez, y la misma es obtenida de manera

independiente y no de las visitas que realizan los Visitadores

anualmente y que les son asignadas mensualmente a cada

visitador previo sorteo a que se refiere el artículo 24 del

Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado,

en relación al calendario aprobado por este Órgano Colegiado,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que

dichas visitas, ordinarias o extraordinarias, tienen un objetivo

diverso al de la evaluación permanente de jueces, que es

informar sobre el funcionamiento general del órgano visitado,

por virtud de lo cual, los lineamientos a seguir en su desarrollo

son diversos, y se contienen en el numeral 175 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - -


53

De lo anterior se sigue que la información obtenida de

las visitas que realizan los visitadores de conformidad con el


tiene una finalidad diversa a la evaluación permanente de

jueces, ya que en la primera se evalúa el funcionamiento del

órgano jurisdiccional y en la segunda el desempeño del juez,

para efectos de su evaluación personal de la cual no es

posible que derive el inicio de procedimiento disciplinario,

información que es recabada por distintos medios; por lo

anterior, no le asiste la razón a la servidora, ya que si en la

visita cuyo resultado dio origen al presente procedimiento

disciplinario, se revisó la información relativa a veintisiete

meses, ello fue debido a la calendarización que se hizo de las

visitas y que es independiente de la revisión que se realiza

como juez para efecto de la evaluación permanente de jueces.

Así las cosas, no resulta en forma alguna ilegal el

actuar del visitador al haber realizado la revisión por un

período de veintisiete meses y no constituye una

extralimitación por parte de dicho servidor, ya que como ya

quedó establecido en supralíneas la revisión atinente a los

doce meses es independiente y para otros efectos, y en

cuando a la manifestación de la servidora en el sentido de que

no tuvo conocimiento del período a evaluar durante la visita,

tampoco le asiste la razón ya que a foja 5 del acta se advierte

que el Visitador asentó que la revisión “se hace a partir de la

última revisión, que fue el 18 dieciocho de marzo del 2014 dos

mil catorce, hasta el 27 veintisiete de Mayo de 2016 dos mil


54

dieciséis, día hábil anterior al inicio de la presente visita”

además de que al término de la misma el Visitador hizo constar

que levantó el acta circunstanciada en tres tantos y que

entregó uno a la Titular de ese órgano jurisdiccional, acta con

la cual se le corrió traslado, entre otras documentales en la

fecha en que le fue notificado el inicio del presente

procedimiento disciplinario en fecha cinco de diciembre de dos

mil dieciséis, por lo cual, tampoco le asiste la razón a la

servidora cuando refiere que “en ninguno de los documentos

con los que se le corrió traslado consta el señalamiento del

período a revisar dentro del desarrollo de la visita que se

programó por el Consejo del Poder Judicial del Estado para el

juzgado de su adscripción durante el año 2016”, y no se le dejó

en estado de indefensión alguno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con relación al motivo de disenso esgrimido por la

servidora, relativo a que no se le corrió traslado en forma

completa con el informe relativo a la Visita ordinaria practicada

al ********, Guanajuato, que con fecha tres de junio de dos mil

dieciséis rindió el Visitador judicial **** del Consejo del Poder

Judicial, lo cual le impedía conocer a cabalidad el contenido

del mismo, la circunstancia referida quedó subsanada en virtud

de que, mediante proveído del seis de enero de dos mil

diecisiete se ordenó notificar nuevamente a la Licenciada

******** el auto de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis

y se le corrió traslado con las copias certificadas íntegras del

tomo I del cuadernillo de pruebas del procedimiento

disciplinario al que se encuentra integrado el informe rendido

por el visitador y se le solicitó que rindiera nuevamente su


55

informe, habiéndole sido notificado dicho auto en fecha diez de

enero de dos mil diecisiete, volviendo a rendir la servidora su

informe, mismo que fue acordado en fecha veinticinco de

enero de la presente anualidad en el cual ratificó en todas y

cada una de sus partes el informe rendido con anterioridad, por

lo cual, se insiste, lo manifestado por la servidora en este

sentido se subsanó oportunamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Por último, respecto de la defensa relativa a que, en

atención al principio de progresividad que establece el artículo

1º de la Constitución Federal en su faceta de no regresividad,

que implica que ninguna autoridad del país puede emitir

normas generales o actos concretos que impliquen el

desconocimiento o retroceso de derechos ya establecidos en

forma previa dentro del sistema jurídico mexicano, se inaplique

el artículo 261, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Guanajuato, y la consecuente aplicación de

artículo 157, párrafo segundo de la ley de anterior vigencia,

para considerar que las faltas administrativas que se le

atribuyen se encuentran prescritas, habida cuenta que entre

las fechas en que se pronunciaron las resoluciones en la que

se dice hubo retraso en su dictado, y la fecha en que se le

notificó el inicio del procedimiento disciplinario, trascurrieron

más de seis meses. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En cuanto a esta defensa, este Órgano Colegiado no

comparte los argumentos expuestos por la servidora, en virtud

de que el principio de progresividad de los derechos humanos,


56

constituye el compromiso de los Estados para adoptar

providencias, tanto a nivel interno como mediante la

cooperación internacional, especialmente económica y técnica,

para lograr progresivamente la plena efectividad de los

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y

sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede

entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la

obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización

íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir

avanzando gradual y constantemente hacia su más completa

realización, en función de sus recursos materiales; así, este

principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo

de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los

derechos económicos, sociales y culturales, como así se

establece en la tesis sostenida por el Cuarto Tribunal

Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito,

número 2003350. I.4o.A.9 K (10a.), Décima Época, Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013,

Pág. 2254, toda vez que, si bien es cierto de conformidad con

el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Guanajuato de actual vigencia,

contenido en el Decreto número 261, expedido por la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado y

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

número 82, segunda parte, de fecha veintidós de mayo de dos

mil doce, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Guanajuato, expedida por la Quincuagésima Sexta Legislatura

del Congreso del Estado, publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Guanajuato, número 26 Segunda


57

Parte, de fecha 1 de abril de 1997, quedó abrogada, la cual

establecía en su artículo 157 los plazos de prescripción de las

faltas administrativas, un año para aquellas que implicaran

destitución, 6 meses para las que ameritaran suspensión y

3 meses para las que ameritaran amonestación, sanción que

actualmente no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado en vigor. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luego, es inconcuso que no estamos ante un derecho

sustantivo, sino ante normas procesales que rigen a partir de

que entran en vigor, sin que su aplicación pueda considerarse

retroactiva, en virtud de que no estamos en presencia de un

derecho adquirido, y respecto a la aplicación retroactiva a que

alude la servidora, si bien es cierto, debe aplicarse

retroactivamente una disposición legal cuando tal circunstancia

le beneficie a un particular, principio que se deduce del artículo

14 Constitucional, también lo es que, no opera cuando es la

propia disposición abrogatoria, la que por ella misma a través

de un artículo transitorio establece que la nueva Ley será

aplicable a partir de su entrada en vigor, excluyendo así todas

aquellas situaciones que se generaron con anterioridad, es

decir, que aquellos procedimientos disciplinarios que iniciaron

bajo la vigencia de la abrogada Ley Orgánica continuaron su

trámite conforme a dicha legislación, y es incontrovertible que

en el caso que nos ocupa, el procedimiento disciplinario inició

bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial

publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de

mayo de dos mil doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


58

No aceptar la interpretación anterior equivaldría a

desconocer el principio de legalidad que también emana de la

Constitución Federal, pues así, bajo el supuesto de una

aplicación retroactiva en beneficio de un particular, se

desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del

legislador, quien por las razones que estimó convenientes,

precisó que los plazos de prescripción de las faltas

administrativas serán de dos años para aquellas faltas que

ameriten suspensión y tres años para aquellas cuya sanción

sea la destitución. Además, debe precisarse que en tratándose

de materia de procedimientos, por estar éstos constituidos por

actos sucesivos, es decir, por no ser actos que se desarrollen

en un solo momento, se van rigiendo por las disposiciones

vigentes en la época en que tienen verificativo, por ello, las

leyes del procedimiento no pueden producir efectos

retroactivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo anterior, este Órgano Colegiado estima que

son improcedentes los argumentos vertidos por la

servidora relativos a la ilegalidad e improcedencia del

presente procedimiento disciplinario. - - - - - - - - - - - - - - - -

Respecto a la prescripción que hace valer la servidora

respecto de las posibles faltas administrativas por las que se le

inició procedimiento disciplinario en algunos expedientes, que

a decir de la servidora a la fecha en que se le notificó el

procedimiento, que fue el cinco de diciembre de dos mil

dieciséis había transcurrido el plazo que señala la fracción I del



59

este Órgano Colegiado advierte que en virtud a que mediante

auto del seis de enero de dos mil diecisiete se ordenó notificar

nuevamente a la servidora el auto de fecha tres de noviembre

de dos mil dieciséis y correrle traslado con las copias

certificadas íntegras del tomo I del cuadernillo de pruebas al

que se encuentra integrado el informe relativo a la visita

ordinaria practicada al ********, Guanajuato, que con fecha tres

de junio de dos mil dieciséis rindió el visitador judicial I de este

Cuerpo colegiado, en atención a que se le había corrido

traslado con las copias incompletas de dicho informe, y a

efecto de no vulnerar derechos de la servidora, se le solicitó

que rindiera nuevamente el informe correspondiente, sendos

proveídos que le fueron notificados en fecha diez de enero de

la presente anualidad, por lo que se considerará esta fecha

para efecto de computar el plazo de prescripción. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Por lo que, resultando preferente y oficioso el estudio

de la prescripción por constituir un presupuesto procesal, es

menester abordarlo antes de entrar al examen de fondo del

asunto, pues de advertir su actualización, habría que declarar

extinta la facultad sancionadora del Consejo del Poder Judicial

del Estado, por lo que hace únicamente a las posibles faltas

administrativas que así se determine por parte de este Órgano

Colegiado. Luego, la prescripción por su propia naturaleza, es

una institución jurídica de orden público que impide el ejercicio

de la facultad de fincar responsabilidad administrativa, como

así se dispone en el primer párrafo del artículo 261 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado; por lo que si bien,


60

constitucional y legalmente al Estado atañe la potestad

disciplinaria para efecto de sancionar a quienes en el

desempeño de su labor pública se desvíen de los principios

inherentes a tan importantísima actividad, por otro lado,

constituye una garantía del mismo servidor público la

observancia y aplicación de aquella figura extintiva por parte

del Órgano encargado de la disciplina.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior no significa de ninguna forma, que el

Estado se desentienda del compromiso de vigilar de manera

constante el correcto desempeño de sus servidores públicos,

aplicando las sanciones que sean menester en caso de

advertir la comisión de infracción administrativa, porque

además, jurídicamente a ello está constreñido, sino que

también ha de atender a lo que la misma normatividad prevé

en tratándose de los plazos que le corresponden para ejercer

aquella atribución, evitando así la incertidumbre en la

definición del asunto vinculado al actuar de la servidora

pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consecuentemente, en la especie es de atender a lo

previsto por el referido artículo 261 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, que a la letra refiere: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“… La facultad para fincar la responsabilidad administrativa prescribirá en los siguientes plazos:

I. En dos años, tratándose de los supuestos contemplados en el artículo 216 de esta Ley…

Los términos para la prescripción serán continuos y comenzarán a contar a partir del día siguiente a aquél en que se haya cometido la falta administrativa; del día en que ésta haya cesado, si fue de carácter permanente; o del en que se haya realizado la última conducta, si es de carácter continuado.


61

La prescripción se interrumpirá con la notificación, al servidor público, del acuerdo que ordenó iniciar el procedimiento disciplinario. Durante su tramitación no correrá la prescripción, salvo que se dejare de actuar en el citado procedimiento durante un plazo mayor a treinta días hábiles por causas imputables al órgano instructor. La prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción...”.

Así las cosas, este Consejo debe considerar que una

vez interrumpido el lapso para computarla con el acto por el

cual el servidor público es enterado del inicio del procedimiento

disciplinario, que es el acto de notificación, el término

prescriptivo de dos años, que es el aplicable al caso que nos

ocupa, según se establece en el invocado artículo 261 de la

Ley Orgánica en vigor, se interrumpió el diez de enero de dos

mil diecisiete, por lo que, en aquellos expedientes en que la

resolución se pronunció antes del nueve de enero de dos mil

quince, la sanción administrativa que en su caso, pudiera

corresponder, se encuentra prescrita, siendo los que a

continuación se enlistan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Del hecho 1, las conductas relativas a los

expedientes ****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014 y ****/2014,

- La conducta descrita en el hecho 2,


62

- Del hecho 6 las concernientes a los expedientes

****/2013, ****/2012, ****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2008,

****/2013, ****/2013 y ****/2014,

- Del hecho 7, las faltas relacionadas con los

expedientes ****/2011, ****/2012, ****/2013, ****/2013,

****/2011, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2012, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2010, ****/2010, ****/2013, ****/2013,

****/2010, ****/2012 y ****/2014, y finalmente,

- Del hecho 10 las que guardan relación con los

expedientes ****/2014, ****/2012, ****/2012 y ****/2013.

En consecuencia, este Consejo del Poder Judicial

declara la prescripción de su facultad sancionadora en

favor de la licenciada ********, sin entrar al estudio de fondo

del procedimiento disciplinario al cual se le sujetó,

únicamente por lo que respecta a los hechos atribuidos en

los expedientes que se enlistaron en supralíneas. - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Determinada la posibilidad jurídica del reproche

administrativo por parte de este Consejo de la Judicatura del

Estado a la Licenciada ********, toda vez que, en el presente

procedimiento, existe pluralidad de conductas, el análisis de

los hechos se hará respetando el orden propuesto en el auto

de tres de noviembre de dos mil dieciséis, y en virtud de que

algunas conductas guardan relación entre sí, se procederá en

primer término al estudio de las conductas marcadas con los

números 1, 2, 3, 4, y 5 al tratarse de sentencias,

posteriormente de las conductas descritas en los hechos 6, 7 y


63

8 por ser incidentes y por último, las conductas enunciadas en

los hechos 9 y 10 al tratarse de tercerías y recursos de

revocación, respectivamente. - - - - - - -

Para el análisis de los hechos descritos en los

números 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos como elementos de prueba

los que a continuación se enlistan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Oficio 126/2016/D-V fechado el ocho de junio del

presente año, firmado por la Licenciada Verónica Páez Páez,

Directora de la Visitaduría del Poder Judicial del Estado, al

que adjunta el oficio VJ-I/054/2016 e informe relativo a la visita

ordinaria practicada al mencionado Juzgado, firmados por el

********, Visitador Judicial ****;

2) Oficio 129/2016 fechado el diecisiete de junio del

año actual, firmado por el Licenciado Joel Humberto Estrella

Cruz, Consejero del Poder Judicial del Estado;

3) Acuse de recibo del oficio 143/2016/D-V;

4) Oficio 159/16/D-V firmado por la Licenciada

Verónica Páez Páez;

5) Oficio VJ-I /068/2016 firmado por el Licenciado

********, Visitador **** del Consejo del Poder Judicial del

Estado; y,


64

6) Expediente 16/2016 integrado con motivo de la

citada visita, así como las copias certificadas remitidas

mediante oficios 2261/166, 3365/166 y 3391/2016 fechados el

veintitrés y veintinueve de septiembre del presente año, y el

último, el tres de octubre del mismo año, firmados por la

Licenciada ********.

Medios de prueba con valor probatorio pleno en

términos de los artículos 132, 202, 207 y 210 del Código de

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia

administrativa, según lo establece el artículo 252 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. - - - - - -

7) Copias certificadas de los expedientes ****/2013,

****/2015****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013,

****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2015,

****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015,

****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2013, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,


65

****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2016,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2016, ****/2014, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2013 y ****/2015 del índice del

********, Guanajuato.

A efecto de realizar el análisis de los hechos,

tenemos como marco legal aplicable el contenido de los

artículos 1407 y 1390 del Código de Comercio, así como los

numerales 356, 430 y 755 del Código de Procedimientos

Civiles que a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Artículo 1407.- Presentados los alegatos o transcurrido el término para hacerlo, previa citación y dentro del término de ocho días, se pronunciará la sentencia. Artículo 1390.- Dentro de los quince días siguientes a la citación para sentencia, se pronunciará ésta.


66

ARTÍCULO 356. Si en la audiencia no pronunciase el juez su sentencia, en ella misma se citará para la sentencia, que se pronunciará dentro del término de diez días. ARTÍCULO 430. En la audiencia del juicio se procederá como sigue: el juez dispondrá que el secretario dé lectura a la demanda, a la contestación, en su caso, y a los documentos que con una y otra se hubieren presentado; en seguida se recibirán las pruebas del actor y luego las del demandado; a continuación se oirán las objeciones que se formulen y precisen contra las pruebas de las fracciones II, III y VII del artículo 96 y las circunstancias alegadas contra la credibilidad de los testigos, y se recibirán las pruebas que se ofrezcan sobre las unas y las otras; después se oirán los alegatos de las partes en cuanto al fondo del asunto, primero los del actor y después los del demandado, hasta por dos veces cada uno sin exceder de veinte minutos cada vez, y por último pronunciará el juez, precedidos de las consideraciones del caso, los puntos resolutivos de su fallo, que en el mismo acto hará conocer a las partes. ARTÍCULO 755. Si el acreedor comparece el día y la hora señalados o envía mandatario con autorización bastante para recibir la cosa, y la recibe, se dará por concluido el procedimiento; si no compareciere o no envía mandatario para que reciba la cosa, o compareciendo rehúsa recibirla, el juez a solicitud de parte, decretará la consignación. Si se tratare de prestaciones periódicas, los subsecuentes ofrecimientos de pago y en su caso las consignaciones de éstos, se tramitarán en el mismo expediente, haciéndolo saber el acreedor mediante notificación por lista. Si el juez estima fundadas las razones del acreedor para no recibir la cosa, negará decretar la consignación y dejará a salvo los derechos de las partes.”

De los artículos anteriores, se advierte que los jueces

cuentan con términos para emitir las sentencias en aquellos

asuntos que son sometidos a su jurisdicción, dependiendo del

tipo de juicio y materia de que se trate, en los juicios ejecutivos

mercantiles cuenta con 8 ocho días y 15 quince días en los

juicios ordinarios mercantiles para emitir la sentencia, después

de la citación a oír la misma; 10 diez días para dictar sentencia

en los juicios ordinarios civiles, en los juicios civiles de paz en


67

la propia audiencia de juicio después de desahogo de pruebas

y alegatos que se formulen y en los juicios sumarios civiles de

ofrecimiento de pago y consignación, se deberá resolver lo

relativo a la consignación en la fecha y hora que se haya citado

al acreedor o a su mandatario legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De las copias certificadas de los expedientes

****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2015,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2013,

****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2013,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,


68

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2013,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2016, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ***/2016, ****/2014,

****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013 y ****/2015 del índice

del *******, Guanajuato, documental que reviste el carácter de

pública conforme a la definición jurídica contenida en el artículo

132 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Guanajuato, al haber sido expedida por funcionaria pública en

el ejercicio de sus funciones, y por tanto, hace prueba plena

para tener por ciertos los hechos ahí plasmados, al tenor de la

regla de valoración establecida en el diverso numeral 207 del

Cuerpo Normativo en cita, aplicado supletoriamente al

procedimiento disciplinario, se advierte que las sentencias en

los expedientes ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2015,

****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,


69

****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

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****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2015 y ****/2015 fueron

emitidas fuera del término legal de ocho días que dispone el

numeral 1407 del Código de Comercio; las sentencias en los

juicios civiles de paz relativas a los expedientes ****/2014,

****/2015, ****/2016 y ****/2015 fueron dictadas en

contravención a lo dispuesto por el artículo 430 del Código de

Procedimientos Civiles al haberse emitido con posterioridad a

la audiencia de juicio respectiva; que no se resolvió lo relativo a

la consignación en la fecha en que fue citado el acreedor en

los expedientes ****/2015, ****/2015 y ****/2016 según lo


70

dispone el numeral 755 del Código de Procedimientos Civiles;

no se dictó dentro del término de quince días que dispone el

numeral 1390 del Código de Comercio, las sentencias en los

expedientes ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013

y ****/2015; como se advierte de los datos contenidos en las

siguientes tablas: - - - - - - - - - - - - -

Expediente Tipo de juicio

Fecha de citación


Debió haber

dictado

Días de retardo

****/2013 Ejecutivo Mercantil

12/03/2014 20/01/2015 25/03/2014 176


09/07/2015 18/04/2016 05/08/2015 156


12/06/2014 16/02/2015 25/06/2014 137


10/06/2015 12/02/2016 22/06/2015 135


14/07/2014 19/02/2015 08/08/2014 120


26/08/2015 29/03/2016 07/09/2015 121


04/09/2014 04/03/2015 18/09/2014 102


11/09/2014 11/03/2015 25/09/2014 102


11/09/2014 09/03/2015 25/09/2014 100


22/08/2014 17/02/2015 03/09/2014 100


22/09/2014 12/03/2015 02/10/2014 98


03/09/2014 24/02/2015 17/09/2014 86


17/07/2014 21/01/2015 13/08/2014 97


22/08/2014 05/02/2015 03/09/2014 92


71


18/11/2015 29/04/2016 30/11/2015 97


22/10/2014 07/04/2015 03/11/2014 87


27/08/2014 30/01/2015 08/09/2014 86


24/10/2014 06/04/2015 05/11/2014 84


24/11/2015 28/04/2016 04/12/2015 84


18/11/2015 21/04/2016 30/11/2015 83


09/10/2014 10/03/2015 21/10/2014 83


13/08/2014 12/01/2015 25/08/2014 82


22/09/2014 17/02/2015 02/10/2014 81


24/11/2015 22/04/2016 04/12/2015 88


11/09/2014 06/02/2015 25/09/2014 79


16/10/2014 10/03/2015 28/10/2014 78


01/12/2014 30/04/2015 11/12/2014 77


15/01/2015 29/05/2015 27/01/2015 77


06/11/2015 01/04/2016 19/11/2015 76


01/10/2015 18/02/2016 14/10/2015 75


28/01/2015 09/06/2015 10/02/2015 79


21/01/2015 29/05/2015 03/02/2015 73


28/11/2014 23/04/2015 10/12/2014 73


25/11/2014 17/04/2015 05/12/2014 72


25/09/2015 09/02/2016 07/10/2015 72


72


19/09/2014 29/01/2015 01/10/2014 70


16/10/2015 25/02/2016 28/10/2015 70


18/11/2014 07/04/2015 28/11/2014 69


18/11/2015 30/03/2016 30/11/2015 67


15/12/2014 28/04/2015 13/01/2015 73


26/11/2014 09/04/2015 08/12/2014 65


23/09/2014 22/01/2015 03/10/2014 63


06/01/2016 20/04/2016 18/01/2016 59


19/01/2015 06/05/2015 29/01/2015 58


12/02/2015 28/05/2015 24/02/2015 57


05/02/2015 21/05/2015 17/02/2015 56


19/01/2015 04/05/2015 29/01/2015 57


23/11/2015 10/03/2016 03/12/2015 56


12/01/2016 21/04/2016 22/01/2016 56


15/12/2015 08/04/2016 12/01/2016 55


17/02/2015 29/05/2015 27/02/2015 54


17/02/2015 28/05/2015 27/02/2015 53


10/02/2015 20/05/2015 20/02/2015 48


09/03/2015 16/06/2015 20/03/2015 54


13/11/2014 02/03/2015 26/11/2014 52


28/01/2015 06/05/2015 10/02/2015 51


73


19/11/2014 04/03/2015 01/12/2014 51


17/03/2015 18/06/2015 27/03/2015 51


23/10/2014 04/02/2015 04/11/2014 49


15/12/2015 29/03/2016 12/01/2016 56


26/02/2015 27/05/2015 10/03/2015 47


04/12/2015 08/03/2016 16/12/2015 45


04/03/2015 27/05/2015 17/03/2015 43


09/03/2015 01/06/2015 20/03/2015 43


09/03/2015 01/06/2015 20/03/2015 43


11/03/2015 03/06/2015 24/03/2015 43


05/01/2015 17/03/2015 15/01/2015 40


18/09/2015 02/12/2015 30/09/2015 41


11/03/2015 01/06/2015 24/03/2015 41


25/03/2015 15/06/2015 13/04/2015 40


04/05/2015 14/07/2015 15/05/2015 40


27/08/2015 11/11/2015 08/09/2015 40


05/01/2015 11/03/1015 15/01/2015 37


03/11/2015 21/01/2016 13/11/2015 35


23/03/2015 02/06/2015 09/04/2015 35


20/03/2015 01/06/2015 08/04/2016 35


14/04/2015 15/06/2015 24/04/2015 33


74


12/02/2016 20/04/2016 24/02/2016 33


14/05/2015 14/07/2015 26/05/2015 33


14/05/2015 14/07/2015 26/05/2015 33


07/12/2015 18/02/2016 04/01/2016 31


16/04/2015 15/06/2015 28/04/2015 31


03/08/2015 01/10/2015 13/08/2015 30


16/06/2015 27/08/2015 26/06/2015 32


11/05/2015 07/07/2015 21/05/2015 31


18/05/2015 14/07/2015 28/05/2015 31


29/10/2015 08/01/2016 11/11/2015 28


08/12/2015 16/02/2016 05/01/2016 28


03/08/2015 29/09/2015 13/08/2015 28


09/04/2015 02/06/2015 21/04/2015 27


03/12/2015 10/02/2016 15/12/2015 27


05/02/2016 01/04/2016 07/02/2016 25


04/11/2014 12/01/2015 14/11/2014 25


04/05/2015 19/06/2015 15/05/2015 19


06/05/2015 22/06/2015 18/05/2015 24


14/04/2015 02/06/2015 24/04/2015 24


25/11/2015 27/01/2016 07/12/2015 24


28/05/2015 15/07/2015 09/06/2015 24


75


01/09/2015 22/10/2015 11/09/2015 24


28/10/2015 14/12/2015 10/10/2015 22


30/04/2015 16/06/2015 14/05/2015 22


04/05/2015 16/06/2015 26/05/2015 15


09/12/2015 04/02/2016 06/01/2016 19


21/11/2014 20/01/2015 03/12/2014 19


01/07/2015 25/08/2015 13/07/2015 20


02/07/2015 26/08/2015 14/07/2015 20


25/06/2015 19/08/2015 07/07/2015 20


14/05/2015 19/06/2015 26/05/2015 17


08/06/2015 15/07/2015 18/06/2015 17


01/07/2015 20/08/2015 13/07/2015 16


22/09/2015 28/10/2015 05/10/2015 15


09/12/2014 29/01/2015 06/01/2016 17


24/11/2015 12/01/2016 04/12/2015 14


30/09/2015 03/11/2015 13/10/2015 13


07/04/2015 11/05/2015 17/04/2015 13

****/2014 Incidente Mercantil

16/01/2015 18/02/2015 28/01/2015 11


09/07/20150

25/08/2015 05/08/2015 13

****/2014 Incidente Mercantil

20/01/2015 18/02/2015 30/01/2015 11


02/10/2015 03/11/2015 15/10/2015 12


76


07/01/2016 05/02/2016 19/02/2015 11


05/01/2015 30/01/2015 15/01/2015 10


06/11/2015 03/12/2015 19/11/2015 9


05/01/2015 29/01/2015 15/01/2015 9


16/02/2016 11/03/2016 26/02/2015 8


05/10/2015 29/10/2015 16/10/2015 8


10/07/2015 19/08/2015 06/08/2015 8


07/07/2015 14/08/2015 03/08/2015 8


09/07/2015 18/08/2015 05/08/2015 8


15/10/2015 09/11/2015 27/10/2015 7


29/09/2015 22/10/2015 09/10/2015 7


24/02/2016 17/03/2016 07/03/2016 7


14/07/2015 20/08/2015 10/08/2015 7


16/12/2015 22/01/2016 13/01/2016 6


13/01/2016 03/02/2016 25/01/2016 5


10/08/2015 28/08/2015 20/08/2015 5


08/10/2015 29/10/2015 21/10/2015 5


19/11/2015 09/12/2015 01/12/2015 5


02/12/2015 06/01/2016 14/12/2015 4


09/10/2015 29/10/2015 22/10/2015 4


09/09/2015 02/10/2015 24/09/2015 2


77


03/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 4


26/08/2015 17/09/2015 07/09/2015 4


08/01/2016 27/01/2016 20/01/2016 4


04/04/2016 21/04/2016 14/04/2016 4


16/10/2015 04/11/2015 28/10/2016 3


06/01/2016 22/01/2016 18/01/2016 3


25/03/2015 20/04/2015 13/04/2015 4


03/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 3


06/01/2016 22/01/2016 18/01/2016 3


03/09/2015 24/09/2015 18/09/2016 3


03/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 3


03/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 3


04/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 3


06/01/2016 22/01/2016 18/01/2016 3


15/01/2016 03/02/2016 27/01/2016 3


16/07/2015 18/08/2015 12/08/2015 3


06/01/2016 22/01/2016 18/01/2016 3


07/01/2016 22/01/2016 19/01/2016 2


08/01/2015 25/01/2016 20/01/2016 *


07/08/2015 24/08/2015 19/08/2015 2


15/05/2015 01/06/2015 27/05/2015 2


78


08/01/2016 25/01/2016 20/01/2016 2


08/01/2016 25/01/2016 20/01/2016 2


08/01/2016 25/01/2016 20/01/2016 2


08/01/2016 25/01/2016 20/01/2016 2


05/06/2015 22/06/2015 17/06/2015 2


21/01/2015 06/02/2015 03/02/2015 2


11/06/2015 26/06/2015 23/06/2015 2


11/06/2015 26/06/2015 23/06/2015 2


11/01/2016 25/01/2016 21/01/2016 1


06/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 1


06/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 1


29/01/2015 13/02/2015 11/02/2015 1


15/04/2015 29/04/2015 27/04/2015 1


16/01/2015 30/01/2015 28/01/2015 1


14/01/2015 28/01/2015 26/01/2015 1


06/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 1


05/08/2015 19/08/2016 17/08/2015 *


14/04/2016 27/04/2916 26/04/2015 1

Expediente Fecha de audiencia de

juicio


Tipo de juicio Días de retardo


59


79


7


2


73



Tipo de Juicio Días de retardo

****/2015 28/01/2015 19/02/2015 Juicio Sumario Civil Consignación

de pago

14

****/2015 08/10/2015 26/10/2015 Sumario Civil de ofrecimiento de

pago y consignación

10

****/2016 28/01/2016 05/02/2016 Consignación de pago

4



Tipo de juicio

Debió haber

dictado

Días de retrado


27/11/2015 82


25/03/2015 29


30/01/2015 73


6/03/2015 50


25/11/2014 48


18/11/2015 27

De los datos contenidos en la tabla que antecede se

advierte que, respecto del hecho número 1, en los expedientes

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015 y ****/2014, no se actualiza falta

administrativa alguna en virtud de que las sentencias fueron

emitidas dentro del término legal y en los expedientes

****/2015 y ****/2014, se advierte que en el primero la fecha de

citación es ocho de enero de dos mil quince y no dos mil

dieciséis como así se plasmó en el auto de inicio del

procedimiento disciplinario y en el segundo, la fecha de


80

sentencia es diecinueve de agosto de dos mil quince, y no dos

mil dieciséis como se asentó, por lo cual, se debe declarar

improcedente el presente procedimiento disciplinario respecto

de los hechos relacionados con los mencionados expedientes,

que se detallan en la siguiente tabla: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Expediente Tipo de juicio

Fecha de citación


Debió haber

dictado

Días de retardo


20/01/2016 02/02/2016 02/02/2016 0


06/08/2015 19/08/2015 18/08/2015 0


19/08/2015 01/09/2015 31/08/2015 0


20/01/2016 03/02/2016 02/02/2016 0


23/04/2015 08/05/2015 07/05/2016 0


11/01/2016 22/01/2016 21/01/2016 0


16/01/2015 29/01/2015 28/01/2015 0


20/01/2016 03/02/2016 02/02/2016 0


19/08/2015 01/09/2015 31/08/2015 0


16/01/2015 29/01/2015 28/01/2015 0

Por lo que hace a los hechos marcados con los

número 6, 7, 8, 9 y 10 del auto de fecha tres de noviembre de

dos mil dieciséis, a efecto de realizar el análisis

correspondiente, el marco jurídico aplicable lo comprenden el


81

contenido de los artículos 1079 fracción VI, 1335 1348, 1354 y

1355 del Código de Comercio, que a la letra dicen: - - - - - - - - -

“Artículo 1079.- Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: VI. Tres días para todos los demás casos.

Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso.

Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata.

Artículo 1354.- En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes.

Artículo 1355.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes”.

De los numerales de previa transcripción se advierte

que, en asuntos de naturaleza mercantil, los Jueces cuentan

con el término de tres días para emitir resolución en incidentes

de liquidación de gastos y costas, de liquidación de intereses


82

moratorios y de falta de personalidad, una vez transcurrido el

término para la vista a la parte condenada o realizada la

citación a las partes para oír la interlocutoria que proceda; con

el término de ocho días para emitir interlocutoria contados a

partir de la citación que se haya realizado en la audiencia

incidental, tres días para emitir la resolución que corresponda

en tercerías excluyentes de dominio y tres días para dictar la

resolución en recursos de revocación. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así también, el artículo 108 fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, dispone que es

obligación de los jueces de partido, dirigir los procesos

judiciales y dictar las resoluciones en términos de ley. - - - - - -

Respecto de estos hechos, obran en el cuadernillo de

pruebas las copias certificadas de diversas constancias de los

expedientes ****/2012, ****/2010, ****/2011, ****/2013,

****/2010, ****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2011,

****/2012, ****/2011, ****/2012, ****/2013, ****/2014, ****/2013,

****/2015, ****/2011, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2010,

****/2010, ****/2008, ****/2012, ****/2012, ****/2012, ****/2011,

****/2011, ****/2010, ****/2011, ****/2011, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2012, ****/2013, ****/2009, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2012, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2015 (4 recursos), ****/2015, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2011, ****/2015 y ****/2013, todos del índice del

********, Guanajuato, medios de prueba con valor probatorio


83

pleno en términos de los artículos 132, 202, 207 y 210 de la

Ley Adjetiva Civil de aplicación supletoria a la materia

administrativa, según lo establece el artículo 252 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De los anteriores elementos probatorios enlistados y

valorados con antelación, se desprende que las respectivas

interlocutorias en los expedientes ****/2012, ****/2011,

****/2010, ****/2011, ****/2013, ****/2010, ****/2012, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2011, ****/2012, ****/2011, ****/2012,

****/2013, ****/2014, ****/2013, ****/2015, ****/2011, ****/2014 y

****/2013, fueron emitidas excediendo el término de tres días

dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, así

mismo, la resolución en los expedientes ****/2014, ****/2010,

****/2010, ****/2008, ****/2012, ****/2012, ****/2012, ****/2011,

****/2011, ****/2010, ****/2011, ****/2011, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2012, ****/2013, ****/2009, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2012 y ****/2014, fueron pronunciadas fuera del

término de tres días establecido en el numeral 1355 del Código

de Comercio una vez realizada la citación a las partes para oír

la interlocutoria que proceda, así también, la interlocutoria en el

incidente de falta de nulidad de falsedad de documentos (sic)

tramitado en el expediente ****/2015 en que se citó a las partes

a oir resolución en audiencia celebrada el treinta de marzo de

dos mil dieciséis no fue resuelta dentro del término de ocho

días establecido en el numeral 1354 del Código de Comercio;

la resolución respectiva en las tercerías excluyentes tramitadas

en los expedientes ****/2015, ****/2015, ****/2015 y ****/2015,


84

fueron dictadas fuera del término de tres días establecido por

el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, y la

respectiva resolución del recurso de revocación interpuesto en

los expedientes ****/2015, ****/2013/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2015 (4 recursos), ****/2015, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2011, ****/2015 y ****/2013, fueron pronunciadas

fuera del término de tres días establecido en el artículo 1335

del Código de Comercio, lo que se ilustra en las siguientes

tablas: - - - - - -


Debió haber dictado


Tipo de incidente

Días de retardo

****/2012 26/11/2014 1/12/2014 27/05/2015 Liquidación Gastos y Costas

102

****/2010 18/11/2014 21/11/2014 16/01/2015 Liquidación Intereses

Moratorios

25


Moratorios

20

****/2013 14/07/2015 31/08/2015 31/08/2015 Liquidación de Intereses

19


Moratorios

17


Moratorios

17


Moratorios

17

****/2013 10/12/2015 15/12/2015 20/01/2016 Liquidación de Gastos y

costas

13


Moratorios

8


4


5


costas

3


2


85

costas


Moratorios

3


2


Costas

1


Moratorios

1


Moratorios

1


1

****/2013 12/11/2014 18/11/2014 19/01/2015 Liquidación de intereses moratorios

29


Debió haber

dictado

Fecha en que se dictó

resolución

Tipo de incidente

Días de retraso

****/2014 21/10/2014 24/10/2014 22/01/2015 Liquidación de Intereses Moratorios

48


40


Moratorios

25


costas

19


Moratorios

18


Moratorios

17

****/2012 8/012015 13/01/2015 9/02/2015 Liquidación Intereses

Moratorios

17


Moratorios

17


Moratorios

17


Moratorios

16


Moratorios

16


86


Moratorios

16


12


Moratorios

6


Moratorios

5


Moratorios

2


Moratorios

3


Moratorios

1


Moratorios

2


Moratorios

1

****/2014 05/03/2015 10/03/2015 11/03/2015 Liquidación de intereses

1


67

****/2014 13/11/2014 19/11/2014 23/02/2015 Falta de personalidad

52


Debió haber

dictado


Tipo de incidente

Días de retardo

****/2015 30/03/2016 11/04/2016 29/04/2016 incidente de falta de

nulidad de falsedad de documentos

tramitado (sic)

13


Debió haber

dictado


Tipo de juicio Días de retardo

****/2015 17/11/2015 20/11/2015 16/12/2015 Tercería Excluyente

17


17


15


58


87

Expediente Fecha en que se citó a oír resolución

Debió haber dictado


Días de retardo

****/2015 5/01/2016 8/01/2016 9/02/2016 20

****/2013 2/03/2015 5/03/2015 6/04/2015 14

****/2013 17/11/2015 20/11/2015 11/12/2015 14

****/2014 2/07/2015 7/07/2015 12/08/2015 14

****/2014 27/05/215 1/06/2015 17/06/2015 11

****/2015 10/09/2015 18/09/2015 22/09/2015 1

****/2015 28/08/2015 2/09/2015 22/09/2015 10

****/2015 23/06/2015 26/06/2015 13/07/2015 10

****/2015 10/09/2015 18/09/2015 22/09/2015 1

****/2015 25/11/2015 30/11/2015 14/12/2015 9

****/2014 1/06/2015 4/06/2015 16/06/2015 7

****/2013 2/07/2015 7/07/2015 3/08/2015 7

****/2013 30/01/2015 5/02/2015 13/02/2015 5

****/2014 21/04/2015 24/04/2015 30/04/2015 3

****/2015 25/11/2015 30/11/2015 3/12/2015 2

****/2015 8/02/2016 11/02/2016 16/02/2016 2

****/2015 4/03/2016 9/03/2016 11/03/2016 1

****/2014 17/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 1

****/2011 10/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 1

****/2015 10/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 1

****/2013 21/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 1

En este orden de ideas, es inconcuso que se

encuentran acreditadas las faltas administrativas atribuidas a

la servidora en los expedientes ****/2013, ****/2015, ****/2013,

****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015,

****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,


88

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2015 y ****/2015

del hecho número 1; ****/2014, ****/2015, ****/2016 y

****/2015 del hecho número 3, ****/2015, ****/2015 y

****/2016 del hecho número 4; ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2013 y ****/2015 del hecho número 5; las

respectivas interlocutorias en los expedientes ****/2012,

****/2010, ****/2011, ****/2013, ****/2010, ****/2012, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2011, ****/2012, ****/2011, ****/2012,

****/2013, ****/2014, ****/2013, ****/2015, ****/2011, ****/2014 y

****/2013, fueron emitidas excediendo el término de tres días

dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, del

hecho número 6; la resolución en los expedientes ****/2014,


89

****/2010, ****/2010, ****/2008, ****/2012, ****/2012, ****/2012,

****/2011, ****/2011, ****/2010, ****/2011, ****/2011, ****/2013,

****/2014, ****/2015, ****/2012, ****/2013, ****/2009, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2012 y ****/2014 del hecho número

7, fueron pronunciadas fuera del término de tres días

establecido en el numeral 1355 del Código de Comercio una

vez realizada la citación a las partes para oír la interlocutoria

que proceda; la interlocutoria en el incidente de falta de

nulidad de falsedad de documentos (sic) tramitado en el

expediente ****/2015, del hecho número 8, en que se citó a

las partes a oír resolución en audiencia celebrada el treinta de

marzo de dos mil dieciséis no fue resuelta dentro del término

de ocho días establecido en el numeral 1354 del Código de

Comercio; la resolución respectiva en las tercerías excluyentes

tramitadas en los expedientes ****/2015, ****/2015, ****/2015 y

****/2015 del hecho número 9, fueron dictadas fuera del

término de tres días establecido por el artículo 1079 fracción

VI del Código de Comercio, y la respectiva resolución del

recurso de revocación interpuesto en los expedientes

****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2015

(4 recursos), ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2011,

****/2015 y ****/2013, del hecho número 10, fueron

pronunciadas fuera del término de tres días establecido en el

artículo 1335 del Código de Comercio, y de los datos

contenidos en la hoja de servicios de la Licenciada ********,

expedida por la Dirección de Administración del Poder Judicial,

que al no ser objetada adquiere valor probatorio pleno, de

conformidad con lo establecido en el artículo 210 del Código


90

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley

Orgánica del Poder Judicial, se advierte que se encuentra

adscrita al ********, Guanajuato, ininterrumpidamente a partir

del dieciséis de mayo de dos mil doce a la fecha, por lo que,

ciertamente tenía la obligación legal de emitir las sentencias,

interlocutorias y resoluciones en los expedientes mencionados

en supralíneas dentro de los términos legales establecidos en

los artículos aplicables, actualizándose la falta administrativa

prevista en la fracción I del numeral 214 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado, relativa a incumplir con las

obligaciones que legalmente le competen y XVIII consistente

en desatender o retrasar injustificada y generalizadamente la

tramitación de los asuntos a su cargo en virtud de haber

infringido la obligación contenida en el artículo 108 fracción II

del mismo Ordenamiento Legal, consistente en dirigir los

procesos judiciales y dictar las resoluciones en términos de

ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Respecto del hecho número 1, en los expedientes

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015 y ****/2014, no se actualiza falta

administrativa alguna en virtud de que las sentencias fueron

emitidas dentro del término legal y en los expedientes

****/2015 y ****/2014, se advierte que en el primero la fecha de

citación es ocho de enero de dos mil quince y no dos mil

dieciséis como así se plasmó en el auto de inicio del

procedimiento disciplinario y en el segundo, la fecha de

sentencia es diecinueve de agosto de dos mil quince, y no dos

mil dieciséis como se asentó, por lo cual, se debe declarar


91

improcedente el presente procedimiento disciplinario respecto

de los hechos relacionados con los mencionados expedientes.

- - - - - - - - - - -

Determinado el elemento objetivo de las infracciones

lo conducente es resolver sobre la responsabilidad

administrativa de la servidora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La responsabilidad administrativa de la Licenciada

********, se encuentra plenamente acreditada con las copias

certificadas de los expedientes ****/2013, ****/2015, ****/2013,

****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015,

****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,


92

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2016, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2016, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013,

****/2015, ****/2012, ****/2010, ****/2011, ****/2013, ****/2010,

****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2011, ****/2012,

****2011, ****/2012, ****/2013, ****/2014, ****/2013, ****/2015,

****/2011, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2010, ****/2010,

****/2008, ****/2012, ****/2012, ****/2012, ****/2011, ****/2011,

****/2010, ****/2011, ****/2011, ****/2013, ****/2014, ****/2015,

****/2012, ****/2013, ****/2009, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2012, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015 ****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2015 (4 recursos), ****/2015, ****/2014, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2011, ****/2015 y ****/2013 del índice del ********,

Guanajuato, del oficio 126/2016/D-V fechado el ocho de junio

del presente año, firmado por la Licenciada Verónica Páez

Páez, Directora de la Visitaduría del Poder Judicial del Estado,

al que adjuntó el oficio VJ-I/054/2016 e informe relativo a la


93

visita ordinaria practicada al mencionado Juzgado, firmados

por el Licenciado ********, Visitador Judicial ****; del oficio

129/2016 fechado el diecisiete de junio del año actual, firmado

por el Licenciado Joel Humberto Estrella Cruz, Consejero del

Poder Judicial del Estado; del acuse de recibo del oficio

143/2016/D-V; del oficio 159/16/D-V firmado por la Licenciada

Verónica Páez Páez; del oficio VJ-I /068/2016 firmado por el

Licenciado ********, Visitador **** del Consejo del Poder

Judicial del Estado; y del expediente 16/2016 integrado con

motivo de la citada visita; documental pública valorada y

analizada en el apartado en que se tuvo por justificada la

existencia de las faltas, cuya eficacia probatoria plena se da

por reproducida en este apartado, pruebas de las que se

desprende que fue la Licenciada ********, quien: - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Dictó sentencia definitiva fuera del término legal de

ocho días establecido en el artículo 1407 del Código de

Comercio en los expedientes ****/2013, ****/2015, ****/2013,

****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015,

****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,


94

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2015 y ****/2015;

- Emitió sentencia con posterioridad a la audiencia de

juicio respectiva, en los expedientes ****/2014, ****/2015,

****/2016 y ****/2015 en contravención a lo establecido en el

artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles;

- No resolvió lo relativo a la consignación en la fecha

en que fue citado el acreedor en los expedientes ****/2015,

****/2015 y ****/2016, en contravención a lo dispuesto en el



95

- No dictó dentro del término de quince días

establecido en el artículo 1390 del Código de Comercio las

sentencias en los expedientes ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2013 y ****/2015;

- No resolvió dentro del término que señala el artículo

1348 del Código de Comercio los incidentes tramitados en los

expedientes ****/2012, ****/2010, ****/2011, ****/2013,

****/2010, ****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2011,

****/2012, ****/2011, ****/2012, ****/2013, ****/2014, ****/2013,

****/2015, ****/2011, ****/2014 y ****/2013;

- No resolvió dentro del término establecido por el

artículo 1355 del Código de Comercio, los incidentes

tramitados en los expedientes ****/2014, ****/2010, ****/2010,

****/2008, ****/2012, ****/2012, ****/2012, ****/2011, ****/2011,

****/2010, ****/2011, ****/2011, ****/2013, ****/2014, ****/2015,

****/2012, ****/2013, ****/2009, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2012 y ****/2014;

- No resolvió dentro del término establecido por el

artículo 1354 del Código de Comercio, el incidente de falta de

nulidad de falsedad de documentos tramitado (sic) tramitado

en el expediente ****/2015, en el que citóa oír resolución en

audiencia celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis y

la misma fue dictada hasta el veintinueve de abril de la misma

anualidad;

- Emitió fuera del término legal de tres días

estbalecido en el artículo 1079 fracción VI del Código de

Comercio, la resolución respectiva en las tercerías excluyentes


****/2015, y


96

- Resolvió fuera del término de tres días establecido

por el artículo 1335 del Código de Comercio los recursos de

revocación promovidos en los expedientes ****/2015,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2015 (4

recursos), ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2011, ****/2015 y

****/2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Las conductas cometidas por la servidora, en

consideración de este Órgano Colegiado y de conformidad con

el contenido del auto de fecha tres de noviembre de dos mil

dieciséis, encuadran en las faltas descritas en la fracción I del

artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

relativa a incumplir con las obligaciones que legalmente le

competen y XVIII consistente en desatender o retrasar

injustificada y generalizadamente la tramitación de los asuntos

a su cargo, en relación con la fracción II del artículo 108 de la

referida Legislación Orgánica, que hace referencia a las

atribuciones de los jueces, consistente en dirigir los procesos

judiciales y dictar las resoluciones en términos de ley. - - - - - - -

De este normativo se desprende que un servidor

público incurre en falta administrativa, cuando no cumple con

las funciones y obligaciones que legalmente le competen,

siendo una de ellas precisamente la de dictar las resoluciones

en términos de ley y en el segundo párrafo del artículo 7 de la

Constitución Política vigente en la Entidad, se reconoce el

derecho público subjetivo que tiene toda persona para que los

tribunales del Estado de Guanajuato, le administren justicia en


97

los plazos y términos que fijen las leyes, así como también

para que sus resoluciones se emitan de manera pronta,

completa e imparcial y de lo dispuesto en el segundo párrafo

del artículo 2, 4 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en

vigor, se desprende que este derecho fundamental, tiene como

correlativo la obligación del Poder Judicial de garantizarlo

mediante el servicio público de administración de justicia que

se brinda por conducto de los Jueces y Magistrados en el

ejercicio de la función jurisdiccional dentro del Partido Judicial

que les corresponde. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En este sentido, el artículo 7 de la citada Ley

Orgánica, establece como atribuciones de quienes ejercen la

función jurisdiccional, tanto impartir justicia de manera pronta,

completa, imparcial y gratuita, como ajustar sus

procedimientos y resoluciones a las leyes aplicables al caso

concreto. De lo anterior, se sigue que los Jueces se

encuentran obligados a prestar el servicio público de

impartición de justicia de manera pronta, ajustando sus

procedimientos y resoluciones a las leyes aplicadas al caso

concreto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J.

192/2007, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación y publicada en la página 209 dos

cientos nueve del décimo sexto tomo del Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de

octubre del año de 2007 dos mil siete, la que es del tenor

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


98

“ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS

PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL

RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS

LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía

individual de acceso a la impartición de justicia consagra a

favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De

justicia pronta, que se traduce en la obligación de las

autoridades encargadas de su impartición de resolver las

controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y

plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De

justicia completa, consistente en que la autoridad que

conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos

y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea

necesario, y garantice al gobernado la obtención de una

resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso

concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los

derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha

solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el

juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin

favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad

en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que

los órganos del Estado encargados de su impartición, así

como los servidores públicos a quienes se les encomienda

dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto

emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

Ahora bien, si la citada garantía constitucional está

encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de

aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e

imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran

obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos


99

que la integran son todas aquellas que realizan actos

materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su

ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para

dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de

derecho, independientemente de que se trate de órganos

judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales”.

En este orden de ideas, las faltas administrativas

cometidas por la servidora reflejan desatención en el

desempeño de su trabajo y una prestación del servicio por

debajo del nivel óptimo, al faltar a los imperativos marcados

por las disposiciones legales que rigen su actuar, lo que

denota el abandono de los cauces que marca la Ley Orgánica

del Poder Judicial para el desempeño de su cargo,

apartamiento que demuestra el ejercicio de la función de juez

de una forma deficiente, en una gravedad cuya entidad se

corresponde con el encuadramiento declarado, por virtud de la

cantidad de sentencias, resoluciones e interlocutorias emitidas

en contravención a lo dispuesto por los preceptos legales

aplicables, así como el tiempo de exceso transcurrido en su

dictado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apoya lo hasta aquí sostenido la jurisprudencia en

materia común sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, registro número 205635,

octava época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación 57, septiembre de 1992, página: 18, Tesis: P./J.

32/92, que a la letra reza: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


100

“TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia”.


101

En conclusión, se declara procedente el

procedimiento disciplinario instaurado a la Licenciada ********,

respecto de las faltas administrativas relacionadas con los

expedientes ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2015,

****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,


102

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2015 y ****/2015 del hecho

número 1; ****/2014, ****/2015, ****/2016 y ****/2015 del

hecho número 3, ****/2015, ****/2015 y ****/2016 del hecho

número 4; ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013

y ****/2015 del hecho número 5; las respectivas

interlocutorias en los expedientes ****/2012, ****/2010,

****/2011, ****/2013, ****/2010, ****/2012, ****/2013, ****/2013,

****/2013, ****/2011, ****/2012, ****/2011, ****/2012, ****/2013,

****/2014, ****/2013, ****/2015, ****/2011, ****/2014 y ****/2013,

fueron emitidas excediendo el término de tres días dispuesto

por el artículo 1348 del Código de Comercio, del hecho

número 6; la resolución en los expedientes ****/2014,

****/2010, ****/2010, ****/2008, ****/2012, ****/2012, ****/2012,

****/2011, ****/2011, ****/2010, ****/2011, ****/2011, ****/2013,

****/2014, ****/2015, ****/2012, ****/2013, ****/2009, ****/2013,


7, fueron pronunciadas fuera del término de tres días

establecido en el numeral 1355 del Código de Comercio una

vez realizada la citación a las partes para oír la interlocutoria

que proceda; la interlocutoria en el incidente de falta de nulidad

de falsedad de documentos (sic) tramitado en el expediente

****/2015, del hecho número 8, en que se citó a las partes a

oír resolución en audiencia celebrada el treinta de marzo de

dos mil dieciséis no fue resuelta dentro del término de ocho

días establecido en el numeral 1354 del Código de Comercio;

la resolución respectiva en las tercerías excluyentes tramitadas


103

en los expedientes ****/2015, ****/2015, ****/2015 y ****/2015

del hecho número 9, fueron dictadas fuera del término de tres

días establecido por el artículo 1079 fracción VI del Código de

Comercio, y la respectiva resolución del recurso de revocación

interpuesto en los expedientes ****/2015, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2015 (4 recursos), ****/2015,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2011, ****/2015 y ****/2013, del

hecho número 10, fueron pronunciadas fuera del término de

tres días establecido en el artículo 1335 del Código de

Comercio. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO. Una vez identificadas las faltas

administrativas de la Licenciada ********, así como determinada

la plena responsabilidad administrativa de la servidora en su

comisión, procede individualizar la sanción, observando los

elementos contenidos en el artículo 217 de la Ley Orgánica el

poder Judicial del Estado, por lo que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I y IV. Gravedad de la responsabilidad en que se

incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que

infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley

o las que se dicten en ella y naturaleza del hecho y medios

empleados en su ejecución.- La responsabilidad en la que

incurrió la Licenciada ********, consiste en haber dictado

sentencia definitiva fuera del término legal de ocho días

establecido en el artículo 1407 del Código de Comercio en los

expedientes ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2015,


104

****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2015 y ****/2015;


105

- Emitir sentencia con posterioridad a la audiencia de

juicio respectiva, en los expedientes ****/2014, ****/2015,

****/2016 y ****/2015 en contravención a lo establecido en el


- No resolver lo relativo a la consignación en la fecha

en que fue citado el acreedor en los expedientes ****/2015,

****/2015 y ****/2016, en contravención a lo dispuesto en el


- No dictar dentro del término de quince días

establecido en el artículo 1390 del Código de Comercio las

sentencias en los expedientes ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2013 y ****/2015;

- No resolver dentro del término que señala el artículo

1348 del Código de Comercio los incidentes tramitados en los

expedientes ****/2012, ****/2010,

****/2011, ****/2013, ****/2010, ****/2012, ****/2013,

****/2013, ****/2013, ****/2011, ****/2012, ****/2011, ****/2012,

****/2013, ****/2014, ****/2013, ****/2015, ****/2011, ****/2014 y

****/2013;

- No resolver dentro del término establecido por el

artículo 1355 del Código de Comercio, los incidentes

tramitados en los expedientes ****/2014, ****/2010, ****/2010,

****/2008, ****/2012, ****/2012, ****/2012, ****/2011, ****/2011,

****/2010, ****/2011, ****/2011, ****/2013, ****/2014, ****/2015,

****/2012, ****/2013, ****/2009, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2012 y ****/2014;

- No resolver dentro del término establecido por el

artículo 1354 del Código de Comercio, el incidente de falta de

nulidad de falsedad de documentos tramitado (sic) tramitado


106

en el expediente ****/2015, en el que citóa oír resolución en

audiencia celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis y

la misma fue dictada hasta el veintinueve de abril de la misma

anualidad;

- Emitir fuera del término legal de tres días

estbalecido en el artículo 1079 fracción VI del Código de

Comercio, la resolución respectiva en las tercerías excluyentes


****/2015, y

- Resolver fuera del término de tres días establecido

por el artículo 1335 del Código de Comercio los recursos de

revocación promovidos en los expedientes ****/2015,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2015 (4

recursos), ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****2/2011, ****/2015

y ****/2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo cual, es conveniente suprimir este tipo de

prácticas que atentan contra el citado principio de legalidad, en

virtud de que en cuanto a los términos y plazos establecidos en

las leyes procesales, no puede admitirse la interpretación de

que sean intrascendentes cuando establecen obligaciones a

los juzgadores, pues ello implicaría la también inaceptable

postura de hacer irrelevante la garantía de celeridad en la

administración de justicia, prevista en el artículo 17

constitucional, por lo que, si el legislador ordinario señala

plazos y términos y el constituyente originario y permanente

consagran a las personas la garantía de que se las imparta

justicia respetándolos, debe concluirse necesariamente que los


107

jueces deben adoptar las medidas generales y especiales para

que se acaten en todos los casos, precisando que los medios

empleados para su ejecución los constituyen las propias

actuaciones judiciales en las que plasmó sus determinaciones.

II, III y V. Condiciones personales de la servidora

pública, nivel jerárquico y antigüedad en el servicio y en el

cargo. Al día en el que la Dirección General de Administración

elaboró la hoja de servicios de la Licenciada ********* (diez de

noviembre de dos mil dieciseis), dicha servidora contaba con

21 veintiún años, 6 seis meses y 8 ocho días al servicio de

este Poder Público; antigüedad y experiencia profesional que

le permitían ponderar la trascendencia de su proceder al estar

en condiciones de conocer sus obligaciones que como ********

le encomienda la ley, ya que de la misma se advierte que se

ha desempeñado como ******** y ********, en diversos partidos

judiciales, como ******** en los partidos judiciales de Valle de

Santiago, León, Guanajuato, Juventino Rosas e Irapuato, y

como ******** en San Miguel de Allende y Guanajuato,

debiendo destacar que como ******** fungió solamente 1 un

año y 9 nueve días y como ******** 20 veinte años 5 meses

y 29 días como juez menor, lo que permite colegir que tiene

vasta experiencia en el cargo que ostenta y del cual se

derivaron las faltas administrativas, y que tiene como principios

rectores de su actividad laboral la imparcialidad, legalidad,

honradez, independencia, veracidad, lealtad, celeridad,

eficiencia, eficacia y excelencia profesional.- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


108

VI. Beneficio obtenido o daño o perjuicio

ocasionado. Las faltas administrativas en que incurrió la

Licenciada ********, ocasionaron demora en la impartición de

justicia al irrogar perjuicio a las partes al no obtener las

sentencias, resoluciones e interlocutorias dentro de los

términos legales, provocando un retardo que osciló entre los 1

y 176 días. - - - - - - - - - - - - - - - -

VI. Las cargas de trabajo del Órgano de

adscripción. De la información rendida por la Directora de

Planeación y Estadística del Poder Judicial del Estado, relativa

a la información estadística actualizada de las cargas de

trabajo de los ******** en el Estado, entradas, salidas y

existencia en trámite, correspondientes al período de febrero

de dos mil catorce a agosto de dos mil dieciséis se advierte

que el ********, Guanajuato, reportó los siguientes indicadores:

- -

ENTRADAS

Ciudad

CIV

IL

ME

RC

AN

TIL

EX

HO

RT

OS

RE

QU

ISIT

OR

IA

PE

NA

L

EX

HO

RO

T

RE

QU

ISIT

OR

IA

InE

jerc

icio

Total entradas

Media Acambaro

122 1,507 244 5 99 22 5 1 2,005

Guanajuato 205 6,412 1,036 1 18 1 7,673

83 4,905 792 5 -98 -4 -4 1 -5,668

SALIDAS


109

De los datos anteriores, se advierte que el *******,

Guanajuato se ubicó por encima de la media, en los rubros de

entradas, ya que tiene una diferencia de entradas de +83

civiles, +4,905 mercantiles y +792 exhortos, lo que lo

posicionó en el 3º lugar en entradas de entre los ******** en el

Estado y de la hoja de servicios de la servidora se advierte que

ha estado adscrita a dicho tribunal desde el dieciséis de mayo

de dos mil doce a la fecha, sin soslayar que ha fungido como

******** desde su ingreso al Poder Judicial del Estado, desde el

dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con un

período de 1 un año y 9 nueve meses como ********. Datos que

ponen de manifiesto que dicho órgano jurisdiccional, tiene una

carga considerable de trabajo, se advierte que la plantilla de

personal con que cuenta dicho tribunal es superior en número

a la del resto de los Juzgados del Estado, ya que el Juzgado

********, Guanajuato, cuenta con 1 juez menor, 2 secretarios de

acuerdos de juzgado menor y 6 oficiales judiciales,

destacando que es el único ******** en el Estado que tiene

en su plantilla de personal 2 dos secretarios de juzgado,

ya que el resto de los juzgados, tienen 1 un secretario

únicamente, así mismo, destaca que el citado Tribunal

CIV

IL

ME

RC

AN

TIL

EX

HO

RT

OS

RE

QU

ISIT

OR

IA

PE

NA

L

EX

HO

RT

O

RE

QU

ISIT

OR

IA

InE

jerc

icio

Total Salidas

Media Acambaro

174 1,577 258 5 113 22 5 1 2,155

Guanajuato 238 7,044 1,134 25 17 1 8,459

-64 -5,467 -876 5 88 5 4 1 -6,304


110

tiene mayor número de oficiales judiciales, ya que el resto

de los juzgados tienen entre 3 tres y 5 cinco oficiales

solamente, y que el ******** en San Francisco del Rincón, el

cual ocupa el primer lugar en cargas de trabajo en el

Estado, tiene menor número de integrantes en su plantilla

ya que únicamente cuenta con 1 un secretario de juzgado

y 5 cinco oficiales judiciales y 1 intendente, por lo cual, se

advierte que aun y cuando la carga de trabajo sea superior a la

media, cuenta con los recursos humanos y materiales

suficientes para hacer frente a la misma. - - - - - - - - - - - - - - - -

Con base en lo previamente expuesto, atendiendo

además al principio de proporcionalidad que impera en esta

materia y con fundamento en los artículos 216 y 220 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se determina que el

grado de responsabilidad de las faltas cometidas por la

Licenciada ******** se ubica en un margen máximo, por lo que,

es legal y justo imponerle como sanción por las faltas

cometidas la de 40 cuarenta días de suspensión en el cargo

sin goce de sueldo, que se hará efectiva una vez que se

declare que ha causado estado el presente fallo. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los

normativos 211, 212, 216, 217, 248, 249, 250, 251 y 252 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor, es de

resolverse y se resuelve:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESOLUTIVOS


111

PRIMERO. El Consejo del Poder Judicial del Estado

resultó competente para conocer de este procedimiento

disciplinario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO. La vía por la que se tramitó el

procedimiento disciplinario devino adecuada. - - - - - - - - - - - -

TERCERO. Resultó procedente el procedimiento

disciplinario instaurado en contra de la Licenciada ******** por

lo que hace a las faltas administrativas acreditadas en los

siguientes expedientes: - - -

- ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2013,

****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2015, ****/2013, ****/2013,

****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2013,

****/2013, ****/2015, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/20144, ****/2013,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2013, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2013, ****/2015, ****/2014,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,


112

****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,

****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015,


1;

- ****/2014, ****/2015, ****/2016 y ****/2015 del hecho

número 3,

- ****/2015, ****/2015 y ****/2016 del hecho número

4;

- ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014, ****/2013 y

****/2015 del hecho número 5;

- ****/2012, ****/2010, ****/2011, ****/2013, ****/2010,

****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2011, ****/2012,

****/2011, ****/2012, ****/2013, ****/2014, ****/2013, ****/2015,

****/2011, ****/2014 y ****/2013, del hecho número 6,

- ****/2014, ****/2010, ****/2010, ****/2008, ****/2012,

****/2012, ****/2012, ****/2011, ****/2011, ****/2010, ****/2011,

****/2011, ****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2012, ****/2013,

****/2009, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2012 y ****/2014

del hecho número 7,


113

- ****/2015, del hecho número 8,

- ****/2015, ****/2015, ****/2015 y ****/2015 del hecho

número 9, y

- ****/2015, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2015 (4 recursos), ****/2015, ****/2014, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2011, ****/2015 y ****/2013, del hecho número 10.

Se declara improcedente el presente procedimiento

disciplinario respecto de los hechos relacionados con los

expedientes ****/2015, ****/2015, ****/2015, ****/2015,

****/2015, ****/2015, ****/2014, ****/2015, ****/2015, ****/2014,

****/2015 y ****/2014 del hecho número 1.

Se declara que operó la prescripción de la facultad

sancionadora de este Órgano colegiado, en favor de la

servidora, con relación a las conductas relacionadas con los

expedientes que a continuación se enlistan: - - - - - - - - - - - - - -

- ****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2013, ****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2013,

****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2013, ****/2014,

****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014, ****/2014,

****/2015, ****/2014, ****/2014, ****/2014 y ****/2014 del

hecho número 1,

- La conducta descrita en el hecho 2,


114

- ****/2013, ****/2012, ****/2012, ****/2013, ****/2013,

****/2008, ****/2013, ****/2013 y ****/2014 del hecho 6,

- ****/2011, ****/2012, ****/2013, ****/2013, ****/2011,

****/2013, ****/2013, ****/2014, ****/2012, ****/2013,

****/2013, ****/2014, ****/2010, ****/2010, ****/2013,

****/2013, ****/2010, ****/2012 y ****/2014 del hecho 7, y

- ****/2014, ****/2012, ****/2012 y ****/2013 del hecho 10.

Luego, este Órgano Colegiado determina que es legal

y justo imponerle como sanción por las faltas cometidas la de

40 cuarenta días de suspensión en el cargo sin goce de

sueldo, misma que se hará efectiva una vez que se declare

que ha causado estado el presente fallo. - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO. Hágase saber a la servidora que cuenta

con el derecho para interponer recurso administrativo de

revisión en contra de la presente resolución, lo que debe

hacerse dentro del plazo de 5 cinco días hábiles siguientes al

en que surta efectos su notificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO. Notifíquese personalmente a la Licenciada

********, en el domicilio procesal señalado en autos. - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes

en el libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto

concluido, una vez que haya causado estado la presente

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


115

Así lo resolvió y firma el Consejo del Poder Judicial

del Estado, funcionando en Pleno, en sesión de fecha cuatro

de mayo de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de los

Consejeros Román Arias Muñoz, Pablo López Zuloaga y

Sergio López García así como del Presidente del Consejo

Magistrado Miguel Valadez Reyes. Fue ponente el Consejero

Román Arias Muñoz. Estuvo ausente el Consejero Joel

Humberto Estrella Cruz. El Secretario del Consejo que autoriza

y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente del Consejo

Magistrado Miguel Valadez Reyes

Consejeros

Licenciado Román Arias Muñoz

Licenciado Pablo López Zuloaga


116

Licenciado Sergio López García.

Secretario General

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