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Diccionario de la Corrupcin 1979-1984

CASO: Petroespas

PRESIDENCIA: Luis Herrera Campns (1979-1984) FECHA SUCESO: Agosto1983 FECHA DENUNCIA: Febrero 1986 DENUNCIANTES: Amar Padrn,Carlos Eduardo (Representante Judicial de Maraven); Quiroz Corradi, Alberto

(Presidente de Maraven) INVOLUCRADOS: Rojas Leal, Hernn Rafael;Snchez C., Ricardo; Thaggard Hill, Joe; Curiel Alcal, Ramn Eduardo;Halvorssen Helium, Olaf; Brillembourg Rohl, Atilio; Kruger, Manfred; SzaboVamos, Matas Antonio; Bastidas, Oscar Emiro; Guariguata Fernndez,Guillermo (empleados de Maraven) INVESTIGADORES: Contralora Generalde la Repblica

DENUNCIA: Utilizacin ilcita de informacin reservada con fines de lucropersonal y perjuicio a la nacin; concierto de funcionarios con interesesextranjeros; enriquecimiento ilcito MAGNITUDES: $500.000.000 MATERIA:

Informacin confidencial de la industria petrolera referente a venta y reservade productos, estrategias comerciales y proyectos

HISTORIA

Poco despus de la medianoche del 22 de agosto de 1983, Luis HerreraCampns fue notificado por Humberto Caldern Berti, su ministro de Energay Minas, que se haba descubierto a un grupo organizado de espas


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infiltrados en los departamentos de comercializacin internacional de PDVSAy sus filiales Lagoven, Maraven y Corpoven, quienes pasaban informacinconfidencial sobre precios de venta de hidrocarburos y su estrategia decolocacin. La emergencia de la noticia era provocada por la filtracin de lanoticia a la prensa que reventara el escndalo al amanecer. En efecto,

misteriosas manos haban dejado en el limpiaparabrisas del automvil delperiodista Ricardo Mrquez, de Ultimas Noticias, unos documentoscontentivos de la denuncia, fechados ambos el 22 de agosto de 1983. Unode los documentos era la carta-denuncia enviada al contralor general,Manuel Rafael Rivero, por Carlos Eduardo Padrn Amar, representantejudicial estatutario de

MARAVEN. El otro documento era la remisin inmediata de la denuncia aldirector del Cuerpo Tcnico de Polica Judicial, Jos Gabriel Lugo Lugo, porparte del contralor Rivera para evitar la posible salida del pas de osresponsables. La denuncia de Padrn Amar al Contralor explicaba que setrataba de varios ejecutivos de la casa matriz y de algunas empresasoperadoras, quienes trabajaban en los departamentos de comercializacinde productos blancos y negros para la exportacin y estaban conectados conex-funcionarios de la industria, y otras personas que operaban compaasvinculadas al negocio petrolero, para realizar espionaje en perjuicio de lanacin y para lucro personal de los funcionarios. La denuncia presuma quelos funcionarios pblicos incursos en espionaje estaban en posesin debienes que notoriamente sobrepasaban sus recursos personales.

La inteligencia interna de la industria petrolera haba detectado desde el mes

de junio de 1983 los primeros movimientos sospechosos en Maraven. A laprimera seal, varios gerentes subieron al piso 8 para poner enantecedentes al presidente de la operadora, Alberto Quirs Corradi, perocomo ste no estaba en ese momento hablaron con Carlos E. castillo vicepresidente, quien posteriormente se encarg de Presidente de Maraven fue avisitar al General Rafael Alfonzo Ravard, presidente de PDVSA y lo puso altanto de lo que se haba detectado quedando acordado entre ellos que paraevitar cualquier filtracin, Maraven tendra a su cargo la investigacin con elapoyo de personal especializado de la industria. La investigacin se veraintensificada por el intento fallido de uno de los presuntos petroespias por

reclutar a otro ejecutivo de Maraven. A principios de junio Ricardo Snchez,ejecutivo de ventas, fue a visitar a Oscar Macas jefe de productos blancos,con el pretexto de intercambiar video' cassettes No eran amigos ntimos.Para sorpresa de Macas, Ricky Snchez desvi la conversacin y le dijo que"haba un grupo que estaba interesado en establecer contacto con l y que lepagara 100 mil dlares por informacin confidencial de precios ysuministros". El dilogo no concluy muy amigablemente pues Macas le dijo


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a Snchez que se retirara de su casa. Al da siguiente, Oscar Macasreportaba a su jefe inmediato el incidente.

Cinco a seis semanas despus, un suceso ocurrido el 19 de agosto de 1983apresur los acontecimientos: Joe Thaggard Hill, un ciudadano

norteamericano residenciado en Venezuela, con 2 aos de empleo enMaraven, present sorpresivamente su renuncia al cargo Pocos das antes,Thaggard haba sido transferido de jefe de productos blancos a jefe deproductos negros (residuales). Sospechaba Thaggard que la transferencia aotro puesto significaba que haban descubierto algo? Thaggard entreg larenuncia por escrito a Eladio Bueno, su jefe inmediato, a las 5:40 de la tardedel viernes 19 de agosto de 1983. Con toda cortesa, los jefes de Thaggardinsistieron en que esperara 15 das al menos para poder buscar y entrenar aun sustituto, como era la costumbre; pero fue intil. Thaggard dijo a algunosde sus compaeros que se retiraba porque iba a constituir una empresa parala cra de camarones en los Estados Unidos. Los servicios de investigacin deMaraven haban estado siguiendo a Thaggard Hill y saban que haba hechoreservaciones para viajar el sbado 20 (al da siguiente) hacia EstadosUnidos; esto haba causado sorpresa en el Departamento deComercializacin y cuando la noticia lleg al piso 8, donde se encuentran losdirectores, origin impacto y preocupacin, desatando el desenlace de losacontecimientos mediante la denuncia oficial a la PTJ y al Contralor delconsultor jurdico de Maraven. La renuncia de Joe Thaggard apur lasdecisiones. Desde las 6 pm. hasta las 10 de la noche del 19 de agosto del 83las reuniones se multiplicaron en el piso 8 de Maraven. Snchez estaba devacaciones fuera del pas y Thaggard intentaba ausentarse prximamente,

as que el alto mando petrolero tom la decisin de entregar al ContralorGeneral de la Nacin la documentacin, conversaciones y seguimientos quehaban realizado los funcionarios de Maraven para que la Contralora pasaseel asunto a la PTJ. Como el Contralor se encontraba ausente ese fin desemana, los petroleros decidieron contactar inmediata y directamente a laPTJ y comunicar el asunto al General Rafael Alfonzo Ravard, presidente dePDVSA. El organismo policial, con la autorizacin de la Dra. OrfelinaBastardo Morn, juez decimoquinto de Primera Instancia Penal y deSalvaguarda, dispuso el 20 de agosto de 1983 localizar y arrestar a RamnEduardo Curiel Alcal, Antonio Matas Szabo Vamos, Oscar Emiro

Bastidas Hernndez, Rafael Hernn Rojas Leal, Joe Thaggard Hill,Manfred Kruger, Guillermo Guariguata Urbano, Ricardo SnchezCssidy, Olaf Halvorssen Helium, Atilio Brillembourg Rohl y otraspersonas.

Algunos escaparon a la redada policial y varios se encontraban en elexterior. Por la incautacin de 28 cintas grabadas, se supo que RamnEduardo Curiel Alcal, desde el alto nivel que ocupaba en PDVSA como sub-


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coordinador de comercio internacional, se enter de la accin que estabaejecutando Maraven y alert al grupo. La llamada de alerta general,transmitida en clave y en ingls, permiti escapar a los involucrados msimportantes, como Manfred Kruger y Atilio Brillembourg, quienesaparentemente haban estado en el asunto de espionaje durante mucho ms

tiempo que Snchez y Thaggard. Otros, que no se movieron con suficienterapidez, fueron capturados cuando intentaban deshacerse de evidencia.Segn la PTJ, Oscar Emiro Bastidas fue capturado en el momento en quequemaba documentos en la baera de su residencia. Joe Thaggard Hill fuecapturado entre los primeros, antes de tomar el avin previsto, y en unaparrilla del patio de su casa se recuper, semiquemados, documentosconfidenciales y un tlex propiedad de Maraven. El material incautado en losallanamientos a los domicilios de los 13 detenidos llen cerca de 16 cajonescon seis mil folios. Se encontr una clave que usaban para identificar a lasoperadoras, los productos que comercializaban y los nombres de algunos delos participantes. Aparte.de esto, tambin se apoder la PTJ de cientos dedocumentos confidenciales, relacionados con la venta y reserva deproductos, estrategias comerciales y proyectos de la industria petrolera.Segn inform la PTJ, en los allanamientos descubri que cada uno de losarrestados tena varias cuentas en dlares en bancos del exterior.

La revelacin de la prensa sobre el presunto espionaje en la industriapetrolera produjo revuelo en los crculos polticos. En el Congreso Nacional,donde ya se haba investigado a la industria petrolera, exista la impresinde que los espas no actuaban a nivel internacional, entre otras razonesporque EEUU, Gran Bretaa y Alemania tenan a su propia gente infiltrada

abiertamente en la industria petrolera nacional a travs de los contratos deasesora tecnolgica que seguan prestando compaas extranjeras a laindustria venezolana nacionalizada. En los medios polticos, entonces, existams bien la sospecha de que los petroespas haban estado trasmitiendodesde 1975, fecha de la nacionalizacin de la industria petrolera, informesprivados a empresas locales que, sin mayor esfuerzo, obtenan licitaciones ycontratos de PDVSA y sus empresas filiales, pero no se consideraba probableque los espas tuviesen conexiones internacionales. La nueva denuncia, sinembargo, era contundente respecto a la asociacin de los funcionariospetroleros con empresas extranjeras y con respecto a la posesin de bienes,

por parte de los implicados, que no se correspondan con sus posibilidadeseconmicas, estimndose entre 500 y 800 millones de dlares la sumaobtenida por los petroespas. Entre los documentos consignados entribunales se encontraba un balance personal de Hernn Rafael Rojas Leal,con un patrimonio de 34 millones 137 mil bolvares, entre sus activos ydepsitos a plazo fijo en la Unin de Bancos Suizos de Ginebra, y 3 millonesde dlares en The Chase Manhattan Bank de Nueva York. Rojas Leal seretir de Lagoven en 1980 con un sueldo de 13 mil bolvares mensuales. De


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Antonio Tepedino se dijo que, segn listas suministradas por bancosextranjeros a los diputados investigadores, haba sacado al exterior la sumade $860.000. En el expediente de Ramn Curiel aparece ste con un saldode 114 mil 826 dlares en el Union Chelsea Bank de New York. Un saldo delChase Manhattan Bank de New York con 176 mil 35 dlares; y otras 2

cuentas bancarias, una del Chelsea Bank y otra de Swissera Italiana. Desdela agencia del Banco Unin, en Corpoven, Curiel hizo una transferencia de 49mil dlares en 1982 y 15 mil dlares en el 83. Sin embargo la declaracinjurada de su patrimonio para el 6 de octubre de 1984 fue de sloBs.1.227.551. Thaggard ganaba 16 mil bolvares mensuales en Maraven yslo llevaba 2 aos en la compaa; sin embargo los servicios de proteccinde la industria averiguaron que haba adquirido recientemente un pequeoyate y un terreno en la urbanizacin San Romn, por el cual pag 800 milbolvares al contado; sealaban adems que durante los 8 meses del ao1983 haba movilizado ms de 900 mil bolvares de la cuenta bancaria de suesposa en el Banco de Comercio. Fuentes posteriores informaron, sinembargo, que la cuenta de la esposa de Thaggard en realidad tena unasuma de dinero pequea y en cuanto a la compra del terreno se supo queThaggard apenas haba pagado Bs. 100.000 y deba todava Bs.500.000.

Los 12 funcionarios de PDVSA y Maraven, detenidos por la polica Judicialfueron interrogados por la fiscal Nelly Morillo de Mendoza. El 23 de agosto de1983, en los tribunales penales se comenz a producir una lluvia de habeascorpus para la liberacin de los 12 presuntos espas. Entre tanto la PTJresolvi paralizar las investigaciones, admitiendo su incompetencia legalpara seguir el procedimiento pues haba actuado por mandato del contralor

Manuel Rafael Rivera, cuyas funciones son meramente administrativas y sinautoridad penal; la PTJ remiti los detenidos al Retn de Catia, a la ordendel Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, y su director, JosGabriel Lugo Lugo, afirm que no exista la menor duda de que estabaplenamente demostrado el delito y que no haba un solo delito sino muchosdelitos.

Los dos primeros habeas corpus fueron introducidos muy temprano por elabogado German Mundarain en favor de Joe Thaggard Hill y Carlos Blancoy en el transcurso del da 23-8-83 se esperaban los otros habeas corpus

para Ramn Curiel A, Antonio Tepedino, Antonio Szabo V Rafael Rojas,Octavio Mrquez, Oscar Bastides, Jean La Combe' Jacobo Keyffes y RicardoSnchez.

Actuaba como juez de Salvaguarda la Dra. Orfelina Bastardo Morn juezdcimoqumta Penal, quien anunci el 24 de agosto de 1983 que en 8 dasella decidira sobre el espionaje a la Industria Petrolera Los abogados de losindiciados tenan esperanza en conseguir los habeas corpus pues alegaban


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que el expediente instruido por la PTJ estaba viciado La mayora de lospenalistas coincidieron en el criterio de que el Contralora careca defacultades para ordenar el inicio de averiguaciones policiales y allantemos alos domicilios de los 12 detenidos, pero el 26-8-83 Manuel Rafael Rivero,Contralor General de la Repblica declar que no tena ninguna

responsabilidad en los allanamientos v detenciones practicadas por la PTJ.Algunos abogados pensaban que se deba abrir una investigacin contra JosGabriel Lugo Lugo porque actu contra disposiciones de la ley deSalvaguarda. El mismo da declararon, ante la juez decimoquinto Penal y deSalvaguarda, Orlando Guanguata, Rafael Hernn Rojas Leal y Juan CarlosGmez

RESULTADOS

El 31 de Agosto de 1983 Humberto Caldern Berti asume la presidencia dePetrleos de Venezuela. Luis Herrera Campns, Presidente de la Repblica,design a su ministro, Caldern Berti, retando y desafiandoa Jaime Lusinchi quien prometi despedirlo tan pronto asumiera lapresidencia de la Repblica. Igualmente ret a Carlos Andres Prez expresidente de la Repblica, quien calific de "catstrofe" la designacin deCaldern Berti. Adems Luis Herrera Campns actu contra Rafael Caldera,ex presidente, para quien el general Rafael Alfonzo Ravard mereca un votode confianza. El mismo da la juez Orfelina Bastardo Morn, impone losautos de detencin a: Ramn Eduardo Alcal Curiel Antonio Szabo Vamos,Oscar Emiro Bastidas, Joe Thaggard Hill, Hernn Rojas Leal y disputa el ex-carcelamiento de los otros 8 indiciados en el espionaje petrolero. El 31-8-83

se libr boletas de excarcelacin a favor de: Jacobo Keyfess Suen, CarlosAlfredo Blanco Ferr, Oswaldo Guillermo Guanguata, Fernando OctavioMrquez Rodrguez, Antonio Tepedino Raven, Jean Lacombe, Juan CarlosGmez y Oswaldo Francione Breviario. La Juez Dcimoquinta Penal en sudecisin aplic a los 5 indiciados el artculo 66 de la Ley de Salvaguarda delPatrimonio Pblico, que sanciona con pena de 3 a 10 aos de prisin y elartculo 70 de la misma ley cuya pena es de 2 a 6 aos y multa de hasta el50% del beneficio dado o prometido. Los autos de detencin les fuerondictados por los delitos de utilizacin ilcita, con fines de lucro, de datos einformacin de carcter reservado. Adems, por el delito de retencin,

destruccin y ocultamiento de documentos, y a Joe Thaggard se le dict,adems, por el delito de detencin de arma. La PTJ tena varias cintasmagnetofnicas, recuperadas recientemente durante los allanamientosrealizados a varias empresas a las cuales los presuntos petroespas vendaninformacin; las referidas cintas eran grabadas por los mismos empresariosy en ellas los detectives de la Divisin contra el crimen organizado lograrondetectar varias voces que comprometan seriamente a varios de losdetenidos.


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El 1 de septiembre de 1983 se les comunica a los procesados que puedendesignar a sus defensores, mientras el expediente pasa a manos del Dr.Simn Gonzlez Urbaneja, juez superior de Salvaguarda. La juez BastardoMorn no cerr, sin embargo, las investigaciones porque haba tres

implicados que estaban prfugos: Atilio Brillembourg, Olaf Halvorssen yManfred Krugger, buscados por la Interpol.

Los primeros das de septiembre de 1983 el Dr. Luis Manuel Palis Rausseo,juez tercero de Primera Instancia en lo Penal, declar sin lugar losmandamientos de habeas corpus que le fueron presentados a favor de losciudadanos: Ramn Eduardo Curiel Alcal, Joe Thaggard Hill, Jacobo KeyfessSuen, Carlos Alfredo Blanco Ferr, Antonio Tepedino Raven, Rafael RojasLeal y Femando Octavio Mrquez Rodrguez.

Desde el 6 de septiembre de 1983 comenzaron a declararlos petroespas;todos los procesados con sus defensores manifestaron que apelaran ladecisin de la juez Orfelina Bastardo Morn. El 9 de septiembre la mismaJuez dicta 4 nuevos autos de detencin contra los ciudadanos AtilioBrillemborg, Manfred Kruger, Olaf Halvorssen y Ricardo Snchez, quienes seencontraban en Miami Florida.

El da 12 de septiembre se informa que en las pruebas reunidas contra lospetroespas se descubri toda la trama de cmo obtenan y vendan datossecretos de la industria petrolera a ciudadanos y empresas particulares.

El da 17 de septiembre de 1983, la Juez Dcimoquinta en lo Penal, envi elexpediente relacionado con los petroespas al Tribunal Superior deSalvaguarda del Patrimonio Pblico, con el fin de que ste conozca lasapelaciones interpuestas por los 5 procesados. Posteriormente, el 1 deoctubre de 1983 la misma Juez suspende la prohibicin de salida del pas a 7de los implicados en el caso de los petroespas. Son beneficiados con lasuspensin: Jean Lacombe, Oswaldo Francione Breviario, Jacobo Keyfess,Antonio Tepedino Raven, Carlos Alfredo Blanco Ferr, Juan Carlos Gmez yFernando Octavio Mrquez Rodrguez.

En marzo de 1984, uno de los cinco detenidos, Rafael Rojas Leal, se fug delDestacamento 7 de la Polica Metropolitana. Los defensores del procesado seasombraron ante la fuga pues estaban convencidos de su inocencia. El 30 denoviembre de 1985 fue solicitada la reposicin de la causa por el abogadodefensor Aquiles Monagas; fundamentaba la solicitud en que se les dictauto de detencin sobre la base de grabacin de conversaciones telefnicasque fueron obtenidas de forma ilegal, por ello alegaba que las detencionescarecan de validez. Antes de pasar a decidir sobre la procedencia de la


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reposicin, la juez Gladys Rachadell, juez accidental dcimoctavo, solicit laopinin de las tres fiscales que participaron en el caso. Finalmente, el 3-2-86, la Dra. Morita Hernndez de Trujillo, juez dcimoctavo Penal, repuso lacausa al estado en el cual el fiscal del Ministerio Pblico debe hacer ladenuncia, y otorg la libertad a Joe Thaggard Hill, Ramn Curiel Alcal,

Antonio Matas Szabo Vamos y Oscar Emiro Bastidas, los nicos que habanpagado por el presunto delito de espionaje. El argumento fundamental deesta decisin fue la extincin de la accin contra individuos que no podanconsiderarse funcionarios pblicos. El da 7-2-86 el fiscal general de laRepblica, Hctor Serpa Arcas, despus de or el informe de los fiscales quehaban intervenido en el juicio de los petroespas, acord pedir al Consejo dela Judicatura una investigacin exhaustiva de las razones que llevaron a lajuez Morita Hernndez Trujillo a reponer la causa. El Fiscal General nocomparti la opinin de que fuese imprescindible la existencia de unadenuncia del Ministerio Pblico para que un juicio de Salvaguarda sea vlido,sobre todo cuando est avanzado como este, que contaba ya 43 piezas. Encuanto a la reposicin cuestionada dice el fiscal Serpa Arcas: "Ni la LeyOrgnica de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, ni el Cdigo deEnjuiciamiento Criminal aplica supletoriamente en lo regulado por la misma,tal como lo aplica el (artculo 118) de ella, se seala mnimamente que en elcaso de presuntos hechos delictivos contra la cosa pblica cometidos porfuncionarios pblicos sea requisito de procedibilidad previa denuncia porparte del Ministerio Pblico". En la Comunicacin que el Fiscal Generalredact para el Consejo de la Judicatura deca que recientemente la juezGladys Rachadel, juez accidental del Tribunal Dcimoctavo, haba decidido laliberacin de las cuentas de Guillermo Guariguata, uno de los procesados en

ausencia, habindose desbloqueado sus cuentas sin esperar la apelacin delos fiscales del Ministerio Pblico y la confirmacin del Tribunal deSalvaguarda. Luego, la juez Morita Hernndez de Trujillo neg la solicitudque le hicieran los abogados Barreto, Sarmiento y Monagas, defensores delos procesados en ausencia, en el sentido de declarar libertad plena paraestos, como la haba otorgado a los 4 que libert cuando decidi reponer lacausa.

El lunes 3 de marzo de 1986, llegaron al retn del Junquito, el alguacil delTribunal 18 Penal, Nelson Soto, con el oficio 233 firmado por la juez Morita

Hernndez donde ordenaba la libertad de los 4 procesados que permanecandetenidos desde agosto de 1983: Joe Thaggard Hill, Antonio Matas ZsaboVamos, Oscar Emiro Bastidas y Ramn Eduardo Curiel Alcal, quienessalieron en las primeras horas de la maana del retn. Al alguacil loacompa la abogada Josefina Mogna, quien asista a Szabo Vamos, junto alpenalista Gastn Navarro Dona. Los detenidos recibieron sus equipajes ysalieron a las 10:30 de la maana con sus maletas hacia el aeropuerto de


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Maiqueta, donde los esperaba un avin particular siglas YV 45-CP quepilotaba un seor de apellido Maldonado.

El Tribunal Superior de Salvaguarda revoc el 28 de julio de 1986 la decisindel Tribunal 18o Penal que orden la reposicin de la causa de los

petroespas al estado en que se dicta auto de proceder por parte delMinisterio Pblico. A partir de entonces, el caso cay en mar muerto. Parecaexistir poco inters en llegar al juicio oral, como lo manda la Ley Orgnica deSalvaguarda, y cost trabajo la aceptacin de citaciones de manera decontribuir con las diligencias de los tribunales. El juicio haba comenzado en1983 y la ltima decisin importante fue la excarcelacin ordenada por lajuez Morita Hernndez de Trujillo (hoy destituida). Seis meses le tom alTribunal Superior de Salvaguarda ratificar su cuestionada posicin de queson empleados pblicos aquellos procesados que eran empleados de laindustria petrolera. En fecha 20 de febrero de 1987, Olaf Halvorssen, uno delos procesados en ausencia,

seal en declaraciones a la prensa que el juicio estaba detenido porquehaba intereses en que no se ventilara en juicio oral cuestiones sobre las quese hablaba haca tiempo, pero que a nadie interesaba aclarar. Adems,comentaba que todo pareca indicar que en la presidencia de Maraven seelabor la estrategia que incluy la elaboracin de supuestas pruebas, enmala hora aceptadas por los tribunales, que han servido para "enterrar" avarios venezolanos.

Practicadas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, la

Contralora General de la Repblica declar por auto de fecha 30-3-88 elsobreseimiento de la causa administrativa, de conformidad con loestablecido en el artculo 82 de la Ley Orgnica de la Contralora General dela Repblica en concordancia con el art.60 Literal C del reglamento de lacitada ley. El auto decisorio fue publicado en la Gaceta Oficial N 33.967 defecha 17-5-88 y remitido a la oficina de control extremo de PDVSA en fecha18-4-88.

En fecha 16-8-88, el juez Luis Guillermo La Riva, juez trigsimoseptimoPenal, recibi el expediente por distribucin del Juzgado 28 Penal y dict, el

18-8-88, nuevos autos de detencin. La 380 decisin del Juez se bas en elinforme de la Contralora General de la Repblica, que declara responsablesadministrativamente a 4 ex ejecutivos de Petrleos de Venezuela: elnorteamericano Joe Thaggard Hill y los venezolanos Ramn Curiel Alcal,Antonio Matas Szabo Vamos y Guillermo Guariguata Fernndez. No sepronunci sobre Oscar Emiro Bastidas Hernndez. Segn el juez La Riva, elinforme de la Contralora constituye un elemento suficiente para dictar autode detencin, tomando en cuenta que la fecha de la decisin de Contralora


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fue anterior a la prescripcin de las causas: 19 de agosto de 1988 prescribala causa sobre Joe Thaggard Hill, el 30-8-88 sobre Szabo Vamos, el 9 deseptiembre de 1988 sobre Guillermo Guariguata y el 12-9-88 sobre Curiel. Elinforme de Contralora indicaba, adems, que los petroespas no pudieronjustificar un enriquecimiento ilcito ms all de sus propias posibilidades; lo

injustificado, segn la Contralora, ascenda a 134 mil bolvares paraThaggard, 65 mil para Curiel, 1 milln 700 mil de Guariguata y 400 mil deZsabo, cifras completadas al cambio oficial de aquella poca (4,30 Bs xUS$). Cantidades que distan mucho de aquellas primeras cifras en dlaresdepositados, segn la PTJ, en cuentas en el exterior. El Informe deFiscala de 1989 seala como monto total del agravio a Pedevesa, lacantidad de Bs.2.298.612,19.

Entre octubre y noviembre de 1989, aparecen los nombres de los 8involucrados en Gaceta Oficial, nuevamente solicitados por el Tribunal deSalvaguarda con una requisitoria, como si nunca hubieran estado presos.Cuatro de los ocho involucrados estuvieron presos por varios aos bajo unjuicio que al final pareci una comedia bufa, porque nunca se pudocomprobar la existencia del delito de espionaje. Los 8 acusados aparecieronas como vctimas de una gran injusticia, pues luego del sobreseimiento desu causa volvi a comenzar todo como si nunca hubiese concluido. Losdefensores apelaron los nuevos autos de detencin dictados por el juez LaRiva y el 7-5-90, el Tribunal Superior de Salvaguarda recibi el expedientepor enriquecimiento ilcito de los 4 ex-funcionarios de PDVSA. El TribunalSuperior de Salvaguarda encontr que los autos de detencin cumplan conlas exigencias del artculo 182 del Cdigo de Enjuiciamiento Criminal, por lo

cual declar sin lugar las apelaciones y confirm los autos de detencindictados por el Juez 37 Penal contra los 4 ciudadanos ya sealados.

Hasta el 25 de junio de 1990 se encontraba una averiguacin penal en elJuzgado 28 de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda delPatrimonio Pblico en el cual, y como ltima actuacin, se present laconclusin del sumario y la citacin por carteles de Joe Thaggard Hill, RamnE Curiel Alcal, Guillermo Guariguata y Antonio Matas Szabo Vanos, y enfecha 5-6-90 se les concede un plazo de 30 das continuos a los fines dedesignar defensor definitivo en el juicio que en ausencia se les sigue por

enriquecimiento ilcito, conforme al artculo 66 de la Ley de Salvaguarda delPatrimonio Pblico, segn consta en el expediente N 3184 del Juzgado 28de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda a cargo del juez LuisGuillermo La Riva.

La moraleja de esta historia es que aunque no conozcamos nunca la realidaddel espionaje petrolero, podemos estar seguros de que los ms dbiles hanpagado por ello. De todos los implicados, slo cuatro estuvieron detenidos


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varios aos. De todos ellos, el norteamericano Joe Thaggard, el ms nuevo ypequeo en todo el asunto, recibi el mayor escarnio hasta el punto que elexpediente de todos los implicados se llama en el TSS y en los Informes deFiscala: "Caso Thaggard y otros".

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