34 Brecha 11 de abril de 2014

Con el experto internaCional argentino leandro despouy

“La deuda de Obama con los derechos humanos es enorme”Actual presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina, el abogado Leandro Despouy

fue en 2006 uno de los autores del primer informe internacional que denunció los horrores del

campo de concentración montado por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.1 En esta

entrevista Despouy abunda sobre ese documento, se refiere a la realidad actual en Guantánamo

y respalda la postura del gobierno uruguayo de recibir a detenidos de ese campo sin exigirles

contrapartidas. “Mujica está respondiendo, en realidad, a nuestro pedido en ese sentido”, dijo.

—La exceLente disposición del gobierno uruguayo anunciada a fi­nes de marzo de 2014, de recibir a seis detenidos del penal de Guan­tánamo, es coherente con la polí­tica activa de derechos humanos del presidente José Mujica. Como a eso se suma el encuadramiento que les brindará el acnur como re­fugiados, se da salida, en parte, a la muy grave situación de deteni­dos en condiciones oprobiosas y a la encrucijada en que se encuentra el gobierno de Estados Unidos.

Ese país ejerce una violencia inaudita sobre unos 155 prisione­ros de guerra –la cifra es incierta, y ese estatus no les es reconoci­do–, la mayoría sin proceso, sin la debida asistencia jurídica, aisla­dos y sometidos a un régimen de torturas. Bien sabe el presidente Mujica lo que es estar en esa si­tuación por tiempo indefinido, y ha sido muy claro en sus expresio­nes. Uruguay ha sido además con­tundente al rechazar la petición de Estados Unidos de obligar a la ra­dicación por dos años de los dete­nidos que finalmente puedan salir de aquel infierno.

La deuda del presidente Oba­ma con los derechos humanos es enorme, ya que se comprometió a cerrar el penal y resolver la situa­ción de los detenidos en su primer período de gobierno. En la actuali­dad, la situación en ese campo de concentración, creado por el pre­sidente George W Bush en 2002, lejos de mejorar, ha empeorado. En 2013 Obama anunció una nue­va política de defensa para su país que daba por innecesario el mode­lo de prisión de Guantánamo. Dijo que no había justificación “fuera de la política” para que el Congre­so no permitiera cerrar “una insta­lación que nunca debió abrirse”, y decidió iniciar una negociación con países dispuestos a recibir a los presos.

—Hace unos años usted, que por entonces era relator especial sobre la independencia de los ma-gistrados y abogados de la onu, iba a formar parte de una comi-sión de expertos de las Naciones Unidas que irían a Guantánamo a inspeccionar la cárcel. No pudie-ron hacerlo, porque el gobierno de Bush se los impidió. De todas maneras elaboraron un informe que fue lapidario para Estados Unidos…

—Sí, fue en 2006, cuando cin­co relatores especiales de la onu tuvimos la responsabilidad de

elaborar el primer informe sobre la situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo. En ese momento comprobamos el carác­ter arbitrario de las detenciones, debido a la ausencia de tribuna­les independientes y la privación absoluta del derecho de defensa y demás garantías del debido pro­ceso; la utilización de técnicas de interrogatorio contrarias a la con­vención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre las que se in­cluían prácticas lesivas de las con­vicciones religiosas de los deteni­dos.

Las recomendaciones del in­forme fueron concluyentes. Soli­citamos entonces al gobierno de Estados Unidos el cese inmediato de estas prácticas, el juzgamiento adecuado de los detenidos o su li­

beración, y la urgente clausura del centro de detención. Intentamos visitar el penal, pero el gobierno de Bush negó la visita. El informe igual se hizo, recogiendo las di­versas evidencias y pruebas –por entonces secretas– sobre lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Se basó en múltiples fuentes, en­tre otras los horrorosos testimo­nios de ex detenidos, abogados y familiares de detenidos, y las res­puestas del gobierno a un detalla­do cuestionario que le remitimos.

En pocas palabras: el informe –que tuvo enorme aceptación de diferentes gobiernos y fue desta­cado por el secretario general de la onu– demostraba que el de bahía de Guantánamo era un campo de concentración que debía ser cerra­do de inmediato, que los respon­sables de esas prácticas debían ser

juzgados, y que las más altas auto­ridades del país, por ejemplo el se­cretario de Estado Donald Rums­feld, tenían pleno conocimiento de esa situación y habían participado en su implementación y control. Ello fue motivo suficiente para que, con posterioridad, Rumsfeld no pudiera viajar a muchos países donde víctimas y ong reclaman su detención por considerarlo res­ponsable de la comisión de delitos de lesa humanidad.

En febrero de 2006 el informe, que iba a ser debatido y publicado en marzo en la Comisión de De­rechos Humanos de las Naciones Unidas, sorpresivamente fue dado a conocer por el diario The New York Times.

—¿Quién lo habría filtrado?—Una sospecha no confirma­

da indica que habrían sido los ser­vicios de inteligencia de una po­tencia occidental involucrada en la invasión a Irak. Ya se conocían las alarmantes revelaciones sobre centros clandestinos de detención en diferentes países bajo control de Estados Unidos, y la actuación perversa de soldados estadouni­denses en el centro de detención iraquí de Abu Gjraib, lo cual ha­bría indicado la inconveniencia de continuar aceptando la presión de Estados Unidos para aumentar el contingente de tropas en Irak.

—Usted ha dicho que el infor-me sobre Guantánamo fue uno de los más importantes en que inter-vino como experto de la onu.

—Probablemente fue uno de los más delicados y trascenden­tes. Decir que en “el país de la libertad” había campos de con­

centración donde se practicaban torturas, y que el secretario de Es­tado Rumsfeld –el más duro de los “halcones”– tenía que ser juzgado por su responsabilidad en esos crí­menes no era una decisión senci­lla, pero había que hacerlo. Y lo hicimos.

En 2008, siendo relator es­pecial de la onu por la indepen­dencia de la justicia, me dirigí al entonces presidente electo, Ba­rack Obama, y le expresé que si –como había prometido– cerra­ba Guantánamo, eso permitiría a Estados Unidos transitar por el camino abierto por su propia Corte Suprema de Justicia, que reconoció el derecho de hábeas corpus para los detenidos sos­pechosos de terrorismo, dejando muy atrás la antigua jurispruden­cia que les negaba ese derecho por considerarlos “extranjeros en territorio extranjero”. Se tra­taba del tercer fallo contrario a la voluntad de la administración Bush de impedir la aplicación de la ley estadounidense a las per­sonas identificadas como “ene­migos combatientes”. Los fallos anteriores ya habían declarado la ilegalidad de las comisiones especiales creadas para juzgar a los detenidos en Guantánamo, por ser violatorias de las con­venciones de Ginebra y del Có­digo de Justicia Militar estadou­nidense. El fallo del 12 de junio de 2008 avanzaba a su vez sobre un tema crucial, como es admitir la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para que esos detenidos puedan invocar garan­tías como el hábeas corpus.

El intento de legitimar la prác­tica de la tortura en determinadas circunstancias, como la califica­ción de “enemigo combatiente” y las instrucciones a los fiscales coartando su independencia, da­ñaron fuertemente la imagen de Estados Unidos, y Guantánamo demostró, una vez más, que las detenciones secretas son siempre fuente de gravísimas violaciones de los derechos humanos y, ade­más de su ilegalidad, también son penalmente inconducentes. El ré­gimen aplicado en Guantánamo no permitió la condena de los cul­pables ni la liberación de los ino­centes.

Resultaría arriesgado supo­ner que los impedimentos que le­vanta el Partido Republicano en el Congreso estadounidense para cerrar este penal podrían convertir al presidente Obama en un rehén más del entramado de intereses li­gados a la cárcel de Guantánamo.

De hecho, el presidente Muji­ca está también respondiendo a la legalidad promovida por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En informes posteriores al de 2006, los expertos en dere­chos humanos de la onu solici­tamos que los países democráti­cos acogieran a los detenidos de Guantánamo, y criticamos fuerte­mente la política de entrega de de­tenidos a países donde podría estar en juego su vida o su seguridad, tal como había acontecido en varios casos detectados y denunciados públicamente. n

1. “Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo”, e/cn.4/2006/120, 27­II­06.

Un jurista de primer plano

graduado en derecho en la Universidad de Buenos Aires y espe­cializado en políticas públicas, control gubernamental, reforma del Estado, cooperación y negociación internacional, Despouy preside desde 2002 la Auditoría General de su país. En el plano internacio­nal fue representante argentino ante la oea y la onu. En 1975 realizó ante el Tribunal Russell, en Roma, y junto a Julio Cortázar, la prime­ra denuncia internacional sobre el accionar de la Triple A argentina y las nacientes operaciones del Plan Cóndor. Un año después estuvo entre los fundadores –en París, donde estaba exiliado– del Secreta­riado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay. Ya de regreso a su país, en 1984 integró los equipos del presidente radical Raúl Alfonsín y gestionó la presencia de personalidades extranjeras en el juicio a las juntas militares. Entre 1985 y 2009 fue relator es­pecial de derechos humanos de la onu sobre extrema pobreza, per­sonas con discapacidad, estados de excepción e independencia de jueces y abogados. En 2001 estuvo al frente de la Comisión de De­rechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2008 la Unión Interna­cional de Magistrados le concedió el premio Justicia en el Mundo. n

D a n i e l G a t t i

Foto Oscar Bonilla