Guerra del Agua

La restauración en 1982 de la vida civil en Bolivia terminó con décadas de dictaduras militares, pero no trajo estabilidad económica. En 1985, con la hiperinflación en un índice anual de 25.000%, se permitió una mayor inversión extranjera de las empresas transnacionales, buscando el gobierno boliviano detener la fuga de divisas. Durante los siguientes 20 años, los gobiernos sucesivos siguieron las previsiones del Banco Mundial para calificar para los préstamos continuos de la organización. De acuerdo con políticas del banco mundial, Bolivia privatizó sus ferrocarriles, sistema de teléfonos, líneas aéreas nacionales, y minas de bauxita en Oruro y Potosí. Todos los éstos fueron comprados por las compañías multinacionales.

ANTECEDENTES

Antes de la privatización de los servicios públicos de

agua de Cochabamba, estos eran controlados por la agencia municipal SEMAPA. El gobierno boliviano sacó SEMAPA a subasta pero solamente un empresa estaba dispuesta a realizar una oferta en el proyecto. Esta era Aguas de Tunari, un consorcio constituido por International Water Limited (Gran Bretaña), Edison (Italia), Bechtel (Estados Unidos), la empresa constructora y de ingeniería Abengoa (España) y dos compañías bolivianas, ICE y SOBOCE.

DESARROLLO

La red del agua que previeron fue proyectada

para proporcionar el agua potable a toda la población de Cochabamba. Se propuso doblar el área existente de cobertura y aumentar la producción eléctrica en la región. El gobierno boliviano del presidente Hugo Banzer acordando los términos de su único licitador Aguas de Tunari firmó la concesión por 2,5 mil millones de dólares y por 40 años para proporcionar el agua y servicios del saneamiento a los residentes de Cochabamba, así como generar electricidad y la irrigación para la agricultura.

En Bolivia, a diferencia de otros países incluso de la región

andina, nos encontramos ante una situación de debilidad y casi inexistencia del estado en la gestión de los recursos hídricos. Producto de esto, la gestión de los recursos hídricos, especialmente en las zonas rurales, viene haciéndose de forma autónoma e independiente y sin prácticamente ningún tipo de intervención externas (exceptuando algunas veces las de los proyectos de desarrollo). Solo recientemente y ante las presiones de organismos internacionales de cooperación el Estado boliviano pretende asumir un rol mas activo en la gestión del agua, principalmente mediante la formulación de leyes que regulen los derechos de uso y aprovechamiento del recurso.

GESTIÓN LOCAL DEL AGUA EN BOLIVIA

Esta particularidad del caso boliviano, permitió

el amplio desarrollo de formas locales de gestión y de creación de derechos basadas en principios y valores culturales diversos: los ‘usos, costumbres y servidumbres’ que frecuentemente alegan los campesinos e indígenas como fuentes de sus derechos sobre el agua y que actualmente se han constituido en un referente identitario poderoso en función del cual se negocian cambios en la legislación y la institucionalidad del Estado, e incluso se plantean reivindicaciones de carácter territorial.

Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,

No. 2066

Esta Ley que reemplaza a la Ley No. 2029, es producto de las negociaciones entre representantes del Gobierno y de las organizaciones sociales. Su aprobación fue una de las demandas de la Guerra del Agua.

LEYES ESPECIFICAS

Finalmente se tiene dos artículos que son

importantes en relación al uso y aprovechamiento del agua; la primera establece la prohibición de realizar nuevas captaciones de agua mediante la perforación de pozos y otras formas “sin la debida autorización” (Art. 80), y la segunda y mas importante indica que estas autorizaciones podrán ser otorgadas -solo para la prestación del servicio de agua potable -por la Superintendencia de Saneamiento Básico, en tanto se apruebe la nueva Ley de Aguas y se defina quien es la Autoridad competente para este sector.

La red de resistencia biopolitica del agua (2000-

2004)

Actores en los conflictos de agua en

Bolivia

En lo que sigue, el caso de Cochabamba fue una protesta social enmarcada en términos culturales indígenas, en la que el uso del agua como un poderoso símbolo político tuvo una función central; privatización de los servicios de agua potable fue diseñado desde el contexto político de las organizaciones financieras internacionales, sin atender al desarrollo de un asidero adecuado en las necesidades y valores de la comunidad local. Desde esta perspectiva, el caso de Cochabamba resultó ante todo un desencuentro entre dos órdenes de discurso. Intentaré demostrar que la naturaleza subyacente de este conflicto no se encuentra circunstancial o regionalmente constreñido, sino que, en general, los proyectos de manejo privado de recursos hídricos para el servicio público enfrentan importantes obstáculos, relacionados con la carga simbólica del agua

CONCLUSIÓN