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EL principal objetivo de esta

publicación es estimular el de-

bate amplio y periódico, so-

bre el acontecer mundial y

promover el conocimiento de

la política exterior y las rela-

ciones internacionales, así co-

mo procurar el fortalecimiento

y la difusión de los principios

de paz, juridicidad, democra-

cia, derechos humanos, desar-

me, desarrollo y medio am-

biente, que son los ejes articu-

ladores de la política exterior

de Costa Rica.

Esta revista está comprometida

también con los principios de

solidaridad y cooperación

con que Costa Rica conduce

sus relaciones. Aunque su ám-

bito de interés abarca temas

globales, tiene especial interés

en la difusión del pensamiento

de las relaciones internaciona-

les y de estudios de política

exterior de los países de la re-

gión latinoamericana.

Diagramación y diseño: J. Alvarez, Dirección de Prensa y Relaciones Públicas ICE,Impreso en Gestión Documentación e Información Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Electricidad. San José, Costa Rica Junio 2001.

C r é d i t o s

Directora

Ana Matilde Rivera Figueroa

Consejo Editorial

Elayne Whyte Gómez

Manuel Rojas Bolaños

Eduardo Lizano Fait

Constantino Urcuyo Fournier

Carlos Sojo Obando

Juany Guzmán León

Adrián Moya Córdoba

José Joaquín Chaverri Sievert

Carlos Manuel Echeverría Esquivel

EditoraMarielos Cob Prendas

Secretaría y RedacciónMinisterio de Relaciones Exteriores y CultoSan José, Costa RicaFax 506 256 9983Teléfono 506 221 8966Esta revista se puede accesar en la siguiente dirección: Email revistape@rree.go.cr

ÍndicePresentación................................................................................................................3

ArtículosDemocracia, Elecciones y Carta Democrática:Algunos Elementos de Reflexión sobre Práctica Democrática Compartida.......................................6Eduardo Stein

Alcances Jurídicos y Políticos de la Carta Democrática Interamericana.........................................23Jaime Ordoñez

Visión y Compromiso del Plan Puebla-Panamá.........................................................................31Florencio Salazar Adame

Concertación de Voluntades, Estrategias y Acciones: Plan Puebla- Panamá...................................37Constantino Urcuyo Fournier

EnsayosMirada re t rospectiva de la XXXI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos......49Roberto Rojas

Reflexiones sobre la Democracia en nuestra Región..................................................................54Cesar Gaviria

La Legitimidad Histórica de la Democracia en el Nuevo Mundo.................................................58Gonzalo J. Facio

Un Logro Extraordinario.......................................................................................................66Morris Tidball-Binz

DocumentosXXXI Asamblea General de la OEAResoluciones, Discursos y Cartas...........................................................................................68

La OEA: unos Temas y los TemasDisertación del Canciller de la República Oriental del Uruguay.........................................................100Didier Opertti Badán

Declaración de Lima: Carta Democrática Interamericana.........................................................110

Agenda de las Actividades de la Diplomacia Internacional......................................................119

Los artículos y ensayos de la Revista Costarricense de Política Exterior no representan la posición oficialdel Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sino la de sus autores.

Í n d i c e

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En el primer volumen de la Revista Costarricense de Política Exterior, se señalaba la impor-tancia de este instrumento para promover el debate e intercambio de ideas sobre el acon-tecer mundial, las relaciones internacionales y la política exterior. En efecto, académicos,

estudiantes, políticos, decisores, y público en general, podrán encontrar en este recurso infor-mación valiosa y una guía para abordar el conocimiento de los hechos que marcan la escenai n t e rnacional y, en part i c u l a r, de las acciones y valores que guían nuestra política exterior. Co-mo parte de esos valores fundamentales arraigados en nuestra historia nacional y que se pro-yectan a la esfera internacional en el quehacer constante de esta institución, están la defensay promoción de los derechos humanos, a la que consagramos la publicación inaugural.

Este segundo volumen, que me honro en presentar, queremos dedicarlo en su mayor parte aotro eje fundamental de nuestra política exterior y que ha sido objeto de una atención porme-norizada en la XXXI Asamblea General de la OEA, realizada en nuestro país en junio del2001 y en los trabajos sucesivos. En efecto, un convite alrededor de la democracia, en par-ticular después de la aprobación de la Carta Democrática en la Asamblea General Extraor-dinaria de aquella organización, especialmente convocada para tal efecto en Lima, el 10 y11 de setiembre anterior, tiene a nuestro juicio la mayor actualidad.

Recordemos que dicho foro, a través de sus distintos órganos, se dio a la tarea de trabajaren la creación de un instrumento que permitiera reafirmar y fortalecer la democracia en elHemisferio, responsabilidad encomendada en abril de este año por la Cumbre de Presiden-tes de Quebec, y en la que nuestro país jugó un papel importante al darle un impulso decisi-vo para que esa iniciativa se convirtiera en una realidad.

Como estamos convencidos que la democracia, en su acepción contemporánea, va más alláde su aspecto meramente electoral, y es una condición sine qua non para el desarrollo social,cultural y económico de los pueblos, pusimos todo nuestro entusiasmo y compromiso con los tra-bajos que se re a l i z a ron para perfeccionar la Carta. Este instrumento no es un documento per-fecto. Como producto del consenso, es el resultado de una amplia negociación, de un pro c e s oa rduo y meticuloso, en donde los Estados han acercado sus puntos de vista no siempre coinci-dentes. Lo esencial es, sin embargo, que actualiza y enriquece la noción misma de democra-cia al mismo tiempo que instaura mecanismos para su defensa más coherentes y audaces.

Hoy nos felicitamos del buen camino que ha tomado este reto: la Carta Democrática Intera-mericana es un triunfo que debe afirmarse en el hemisferio y con el cual todos los países he-mos afirmado nuestro compromiso.

P r e s e n t a c i ó n

Presentación

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De la comunión con la democracia dependen una serie de importantes procesos regionalesque, de otra forma, serían impensables y no encontrarían el terreno fértil para estimular el pro-greso y el bienestar de los hombres y mujeres que poblamos las Américas.

Más aún, la democracia, como valor y modo de organización de la convivencia social, y losderechos humanos y el mismo derecho humanitario, inexorablemente deberán ocupar un tra-tamiento de primer orden, cuidadoso, constante e inquebrantable a raíz de los dolorososacontecimientos recientemente ocurridos en los Estados Unidos de América y que, sin duda,replantearán el tema de la seguridad desde los más diversos ángulos. Lamentablemente, de-bido a las restricciones impuestas por la fecha de publicación de esta edición, no abordare-mos las implicaciones internacionales de semejante drama ni el examen de mecanismos deseguridad colectiva vis-á- vis la seguridad humana que retoman fuerza en estos momentos. Sir-va la presente entrega para recordar la perspectiva en la cual debe enmarcarse cualquier es-fuerzo futuro dirigido a combatir la violencia y afirmar la paz internacional, esfuerzo que nodebe renunciar a los principios básicos de la democracia, a la búsqueda de espacios másdignos, más seguros, solidarios y respetuosos de los derechos fundamentales del ser humano.

Roberto RojasMinistro de Relaciones Exteriores y Culto

P r e s e n t a c i ó n

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Las presentes líneas no son más que anotaciones provisionales sobre un intenso debate he-misférico en torno a la vida democrática integral de los pueblos americanos a lo internode cada uno de sus Estados soberanos, y en cuanto a las formas y procedimientos en que

ello puede y debe resguardarse colectivamente dentro del llamado sistema interamericano.Sus Estados Miembros han querido avanzar en los conceptos, criterios y practicas de una res-ponsabilidad hemisférica compartida, en la promoción y afianzamiento de la democraciadesde la perspectiva del desarrollo integral y equitativo de sus poblaciones y el ejercicio desus derechos fundamentales, ante las exigencias de un mundo cada vez más interconectadoe interdependiente.

En este sentido, este debate, y el texto propuesto de una Carta Democrática, reordenan di-versas polémicas sobre temas relacionados, que han buscado siempre conciliar el respeto porla soberanía de los estados y el principio de no-intervención, tan querido y cultivado en Amé-rica Latina y el Caribe, con situaciones que vulneran la institucionalidad democrática y el res-peto a los derechos humanos de las poblaciones en un determinado Estado Miembro. Pue-de decirse que se trata de un proceso de decantamiento y puesta al día, en donde la región,al atenderse a sí misma, aporta al debate mundial, y le aporta a las nuevas realidades de re-lacionamiento entre pueblos, países y regiones, en el marco de crecientes compromisos inter-nacionales en material de derechos humanos.

Se está roturando terreno nuevo. Se están revisando arraigadas concepciones y prácticasde las relaciones internacionales. Las excelentes reflexiones aportadas por las delegacionesde los Estados Miembros de la OEA, tanto en las tareas preparatorias llevadas a cabo porel Consejo Permanente, como por las sesiones tenidas en la reciente XXXI Asamblea Generalde San José de Costa Rica (4y 5 de junio), y de nuevo las deliberaciones del Consejo Per-manente con miras a la inminente Asamblea Extraordinaria (del 10 y 11 de septiembre en Li-ma, Perú), no hacen sino destacar las complejidades y dificultades de esa puesta al día. Di-ficultades y complejidades que van más allá de los acelerados cambios mundiales despuésdel fin de la Guerra fría, más allá de meros reacomodos de bloques, y que entrañan delica-

RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs. 6-22)

A r t í c u l o s

DEMOCRACIA, ELECCIONES Y CARTA DEMOCRÁTICA:Algunos Elementos de Reflexión sobre

Práctica Democrática Compartida

Eduardo Stein B.Consultor de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolloy la Organización Internacional para las MigracionesEx Canciller de Guatemala

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dos replanteamientos políticos y jurídicos. Complejidades y dificultades que emergen de re-cientes acontecimientos regionales y mundiales que han desafiado el derecho vigente mos-trando insuficiencias o vacíos, y de la manera como los gobiernos los han ido enfrentando ensu esfera nacional y multilateral. La región, en este debate y con la posible adopción del texto de una Carta Democrática, serepiensa a sí misma. Y lo hace a la luz de sus propios problemas y desafíos, en momentosen donde vuelven a surgir dudas sobre nuestras democracias incompletas, y sobre un desa-rrollo equitativo e incluyente que no termina de asomar. Con ello, alumbra derroteros posi-bles para asumir esas nuevas modalidades de práctica democrática compartida, reafirmandovalores y compromisos de profundo arraigo en la región al tiempo que destacando elemen-tos sobresalientes de las nuevas realidades de co-responsabilidad internacional.

El presente texto se escribe antes de la Asamblea Extraordinaria de la OEA convocada parael 10 y 11 de septiembre el Lima, Perú, precisamente para abordar la posible adopción deuna Carta Democrática, tarea pendiente de la recientemente celebrada XXXI Asamblea Ge-neral de San José de Costa Rica. Por ello, estas notas no intentarán comentarios precisos so-bre la base de formulaciones textuales del proyecto de Carta Democrática, sino más bien in-tentan destacar algunos de los elementos sustantivos del debate desde una perspectiva funda-mentalmente política. Sin desdeñar lo jurídico, ello no se aborda aquí. Una primera partese dedica a los rasgos esenciales del debate sobre soberanía e intervención, como marcoglobal ineludible. En una segunda parte se abordan algunos de los desafíos planteados porexperiencias muy recientes, en particular por el caso del Perú, a partir del dudoso procesoelectoral del año 2000 y de los espectaculares acontecimientos que le sobrevinieron, en loscuales la OEA jugó un papel destacado.

1. EL DEBATE SOBRE SOBERANÍA E INTERVENCIÓN

Existe un primer nivel muy obvio de este dilema: ¿Qué pasa cuando hay una evidente violaciónmasiva a los derechos humanos de la población en un determinado país, y sus autoridades sonincapaces de impedirla, o, peor aún, son precisamente los responsables de perpetrarla?

Podría parecer una desviación de las líneas centrales de la discusión hemisférica en torno alas ideas y contenidos de la propuesta de una carta democrática en el continente americano.Pero existe una relación innegable ya que el horizonte que introdujo en el debate mundial elSecretario General de la ONU en septiembre de 1999, al inaugurar el 54 período de sesio-nes de la Asamblea General, y las intervenciones subsiguientes, explicitaba el dilema contem-poráneo entre la soberanía de los estados y sus obligaciones internacionales en materia dederechos humanos, y replanteaban agudas preocupaciones de un debate que no es nuevo,a la luz de las exigencias del globalizado mundo actual y venidero, y de las responsabilida-des colectivas de la llamada “comunidad internacional” frente a evidentes crisis humanitarias.

A r t í c u l o s

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Para los Estados Americanos uno de los problemas centrales en la discusión de la carta de-mocrática, si no el más central, es precisamente la necesidad de explicitar la actuación co-lectiva de los gobiernos en el marco de nuestros compromisos y responsabilidades hemisféri-cas compartidas, cuando la democracia está en peligro en uno de los estados miembros delsistema interamericano, y a la vez salvaguardar el principio de soberanía y no-intervenciónque ha sido un tema tan sensible, querido y defendido por los países latinoamericanos. Deallí que puede resultar útil a estas notas el aludir al menos sintéticamente a los rasgos esencia-les del debate mundial sobre soberanía e intervención.

1.1. Septiembre de 1999: el debate en la Asamblea General de la ONU

La polémica que se desató en la 54 Asamblea General de la ONU, a partir de los discursosinaugurales del Secretario General y del Presidente Clinton, y que siguió tanto en los discur-sos oficiales de los Jefes de Delegación como en los corredores, causó grandes inquietudesen muchas delegaciones porque confrontaba a los Estados Miembros con lo que parecía serel replanteamiento profundo de la soberanía de los Estados. La polémica exhibía elementosde un debate trascendental de primera importancia que en la práctica iniciaba una redefini-ción de los principios y reglas que han normado las relaciones internacionales durante los úl-timos cincuenta años.

En realidad el tema central bajo discusión no es nuevo. Se refiere al dilema que enfrenta lallamada “Comunidad Internacional” cuando debe elegir entre, por un lado, respetar los prin-cipios consagrados de la no-intervención en los asuntos internos de estados soberanos, conel compromiso, por otro lado, de respetar los derechos humanos fundamentales.

La tendencia en los últimos tiempos se ha movido en la dirección de dar un peso cada vezmayor a la idea de que la “comunidad internacional” no puede aceptar, impasible e impo-tente, que un Estado soberano cometa masivas violaciones a los derechos humanos de suspropios ciudadanos. Y que la comunidad internacional debe hacerse colectivamente respon-sable de que ello no ocurra, o, cuando llegara a ocurrir, debería intervenir con firmeza parafrenarlo e impedir que prosiga, creando tanto los dispositivos internacionales para ello, así co-mo para castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad. O sea, la impunidadya no tendría fronteras seguras

Como se ha insistido en diversos foros internacionales, los cambios políticos y tecnológicosque se habían venido sucediendo en los últimos años en el marco de la llamada globaliza-ción y el fin de la Guerra fría, no remite sencillamente a una época de cambios sino que es-tamos viviendo un verdadero cambio de épocas. Y en esta transición hacia una nueva era,es normal que se sometan a examen todas las estructuras e instituciones que nos acompaña-ron hasta ahora.

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En este caso, sin embargo, los aires de reforma se agregaban a preocupaciones más concre-tas por acontecimientos recientes que sugerían alteraciones profundas en el sistema multilate-ral que había sido el referente fundamental del equilibrio, la paz y la seguridad mundiales.Se partía de un mal sabor de boca en la Organización, sobre todo por insuficiencias senti-das en el seno del Consejo de Seguridad y por situaciones alarmantes provocadas por deci-siones militares de algunos Estados Miembros al margen del Consejo de Seguridad.

Como telón de fondo al discurso del Secretario General, se tenían algunos acontecimientosconcretos que ameritaban un re-examen del comportamiento de los gobiernos dentro del mar-co de la Carta, o, quizás, la reforma de la Carta misma, porque ya no respondía a las rea-lidades contemporáneas de las relaciones entre Estados, pueblos y regiones. Esto resultabaen extremo alarmante para las naciones pequeñas y medianas (la gran mayoría) ya que seadvertía en los esfuerzos de redefinición un conjunto de elementos “de tendencia” que nueva-mente parecían estar separando irremisiblemente a los países desarrollados aquellos del mun-do en desarrollo, sobre premisas humanitarias, pero con la sospecha de que podrían escon-der otros elementos de agenda de seguridad internacional que tocaban realidades comple-jas de otro tipo.

Los ejemplos más destacados incluían el cargo de conciencia con que quedó la comunidadinternacional por no haber actuado oportunamente ante las masivas violaciones a los dere-chos humanos que significaron los conflictos entre Hutus y Tutsis, en Rwanda y Burundi, a pe-sar de oportunas advertencias, y se sobrevino el genocidio masivo que todos conocemos. De-be recordarse que la falla y eventual retiro de las operaciones de paz de la ONU en Soma-lia estaba aún fresca. También se tenía presente la falla de la ONU y de otros en prevenirla masacre de miles de civiles que buscaban “áreas seguras” de la ONU en Sreberenica en1995. Igualmente presente se tuvo la masiva represalia contra la ex-Yugoeslavia por el hos-tigamiento de la población no-serbia en Kosovo, donde algunos países poderosos sí actua-ron, pero a espaldas de otros, y, en consecuencia, sin el consentimiento del Consejo de Se-guridad. Asimismo gravitaba en la opinión de las delegaciones la detención del GeneralAugusto Pinochet en Londres, mientras que las cortes británicas consideraban la solicitud deextradición de una corte española por violación de derechos de ciudadanos españoles, enChile. También debe recordarse la creación y puesta en vigor de los Tribunales Penales so-bre la ex-Yugoeslavia y sobre Rwanda, así como la creación de la Corte Penal Internacionalen Roma, en 1998.

Con todo lo anterior como trasfondo, el Secretario General de la ONU, el Señor Kofi Annan,pronunció su discurso inaugural al Plenario el 20 de setiembre. Entre los cambios recientesque el Secretario General destaca en su discurso están los siguientes:

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l Primero, que el concepto de Soberanía se está re-definiendo debido a las fuerzas de laglobalización y de la cooperación internacional.

l Segundo, que existe hoy creciente consenso sobre que el Estado debe servir a su pobla-ción, y no la población a su Estado; y,

l Te rc e ro, de ahí se deriva una mayor conciencia sobre los derechos individuales. Es decir,la contraposición de la soberanía individual, frente a la soberanía de los Estados.

Sin desconocer los riesgos y dificultades implícitas en sus palabras, el Secretario General pa-sa luego a defender el concepto de las Intervenciones Humanitarias.

Calificó como el mayor desafío de las Naciones Unidas en el siglo XXI el lograr la acepta-ción del principio de que no se permitirán masivas y sistemáticas violaciones a los derechoshumanos, ocurran donde ocurran. Sostuvo que la Carta de las Naciones Unidas no impideeste enfoque, ya que entre sus principios se defienden las aspiraciones de los pueblos de vi-vir en paz, dignidad y prosperidad. Y dijo: “Nada en la carta impide la aceptación queexisten derechos que trascienden las fronteras. En efecto, su letra y espíritu constituyen unaafirmación de esos derechos humanos fundamentales. No son las deficiencias de la Cartalas que nos han llevado a esta coyuntura, sino nuestras dificultades en aplicar sus principiosa una nueva época; una época cuando las nociones tradicionales sobre soberanía ya nopueden hacerle justicia a las aspiraciones de los pueblos en todas partes, de lograr sus liber-tades fundamentales.”

Enseguida, planteó las interrogantes más difíciles, cuando dijo: “Por eso, la Carta declara quela fuerza no se empleará, salvo en búsqueda del interés común. ¿Pero qué es aquél interéscomún? ¿Quién lo definirá? ¿Quién lo defenderá? ¿Y bajo qué autoridad? ¿Y con qué me-dios de intervención? Esas son interrogantes monumentales que nos enfrentan de cara al pró-ximo Siglo.”

El Secretario General dijo que no tenía respuestas a aquellas interrogantes, pero sí algunas pis-tas que apuntan en esa dirección. Primero, la necesidad de definir “intervención” de maneratal que permita un amplio abanico de acciones, que van de lo mínimamente coercitivo, hastael uso de la fuerza. Como es obvio, se pronunció a favor de la pre v e n c i ó n .

Segundo, apeló a que conforme cambia la definición internacional de Soberanía, cada Esta-do miembro debe redefinir sus intereses nacionales. Apeló a ciertos valores universales comoel pluralismo, la democracia, el respeto a los derechos humanos y un régimen de dere c h o .

Tercero, en caso de llegar a una situación que justifica el uso de la fuerza, abogó por que és-te cuente con el consenso del Consejo de Seguridad. Y, cuarto, que el compromiso con lapaz sea permanente.

Para resumir, el Secretario general dijo: “así como hemos aprendido que el mundo no puedeapartarse cuando ocurren patentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, tam-bién hemos aprendido que las intervenciones deben apoyarse en principios universales y le-

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gítimos, si han de gozar del apoyo sostenido de los pueblos del mundo”.

El Secretario General se hacía vocero del sentir generalizado de los Estados Miembros deque no deben ocurrir más Ruandas. Pero la expresión operativa de su desafío a la comuni-dad internacional planteaba en ese momento más interrogantes que respuestas y no podía de-jar de contrastarse con la hasta ahora imposible reforma del Consejo de Seguridad, el poten-cial de inacción en la estructura de los 5 Estados Permanentes con poder de veto, y las con-secuencias de abrir la puerta a opciones extra-sistémicas como las de la modalidad de unacoalición de países interesados (“coalition of the willing”).

El tema, por supuesto, no entró a formar parte sustantiva de la agenda, y las reacciones fue-ron muy variadas, encontrándose oposición en muchos países a que se debatiera abiert a m e n-te como la disyuntiva entre soberanía e intervención. La sospecha de que detrás de una arg u-mentación humanitaria se estuviera escondiendo la visión de un patrón de comportamiento quelos países llamados “occidentales” quieren imponer al resto de las naciones, aunque simplista,se sumaba a la “lectura” de las sanciones para aquellos que no se ajustan a este patrón, co-mo lo ilustraban en aquel momento los bombardeos de Belgrado.

Sin dramatizar, surgieron de inmediato algunas preguntas muy fundamentales para países pe-queños con economías frágiles, sin el peso ni la tecnología como para hacer valer sus posi-ciones en ese complicado debate que no podía soslayarse por mucho tiempo. No se teníaclaro si esos nuevos enfoques debían aplaudirse como una garantía de que la violación ma-siva de los derechos humanos y la impunidad, ya no serán tolerados en el mundo del futuro,o, por el contrario, representaban una nueva licencia para que los países grandes y podero-sos intervengan en los asuntos internos de los más débiles.

En una región como Latinoamérica, con una arraigada tradición de rechazo a la intervenciónextranjera (y un abultado expediente de intervenciones), el perfil alto de este debate y su ca-pacidad de confrontación era obvia. Y el hecho de que la principal justificación que se esgri-me hoy para un nuevo tipo de intervenciones en el futuro, es la humanitaria, sólo acentuabasu intensidad.

Como ilustración de que esos temores no eran imaginarios, baste aludir al discurso del Can-ciller de los países bajos en dicho debate, cuando indicó que “hoy los derechos humanos pe-san más que la soberanía”. Luego dio un paso más: “El desdibujamiento de las fronteras dela soberanía no se limita a los derechos humanos. En el futuro, la noción de soberanía se so-meterá a pruebas adicionales. Piénsese en instalaciones nucleares en mal estado. O en da-ños masivos al medio ambiente. O la falta de agua. O la venta masiva de estupefacientes.¿Pueden los estadistas responsables esperar hasta que el daño se haya perpetrado? ¿O noserá que tienen una obligación de prevenirlo? Estas son interrogantes que, en algún momen-to, el Consejo de Seguridad tendrá que abordar.”

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1.2. Las consultas a nivel mundial de la Comisión Internacional sobre Soberaníae Intervención y el surgimiento de una posición Latinoamericana

Aceptando el desafío del Secretario General de la ONU para acometer de inmediato una ex-ploración profunda que diera luces sobre el tema, y ante la imposibilidad de que ese debateentrara en el corto plazo a formar parte de la agenda de la Asamblea General, el Gobiern odel Canadá emprendió el esfuerzo de integrar una Comisión independiente, con part i c i p a c i ó nde personas re p resentativas de todas las regiones del mundo (12 comisionados en total), a finde que preparara un Informe al Secretario general, con el apoyo de un cuerpo de investigado-res académicos y realizando consultas en las diversas regiones del mundo, incorporando lap a rticipación de personalidades re p resentativas de distintos sectores de la sociedad, incluyen-do gobiernos, pero fuera del estricto marco interg u b e rn a m e n t a l .

La Comisión partió del trasfondo de insuficiencias y fallas de decisión y políticas en el Siste-ma de la ONU, mencionadas en la sección anterior, y del desafío del Secretario General Ko-fi Annan a los Estados miembros de “encontrar terreno común en la defensa de los principiosde la Carta, y actuar en la defensa de nuestra humanidad común.” Abordó frontalmente laaparentemente creciente tensión –y, según algunos, contradicción- entre los conceptos de so-beranía y derechos humanos, tratando de acotar el universo de exploración y recomendacio-nes a partir una caracterización del contexto de debate actual y de una definición estricta deltérmino “intervención” como una acción coercitiva o punitiva emprendida en referencia a unEstado particular pero sin su consentimiento, y que dichas acciones pueden incluir accionesmilitares incluyendo el uso de la fuerza, así como otras medidas y sanciones no militares.

Sin entrar a los pormenores del trabajo de la Comisión y de los elementos de su futuro infor-me, es importante destacar que el enfoque de la Comisión fue exclusivamente sobre aquellassituaciones en donde una intervención se necesita o es emprendida con propósitos primordial-mente de protección humana o por razones humanitarias, a partir de una responsabilidad co-lectiva de la comunidad internacional, y luego de que se han agotado otros medios preven-tivos a nivel regional. El énfasis no ha sido en buscar otras alternativas al marco de la ONUy de su Consejo de Seguridad, sino precisamente encontrar las formas eficaces de que esaresponsabilidad sobre la seguridad y la paz mundiales sea en efecto ejercida con oportuni-dad y prontitud, en el marco del sistema multilateral y de la Carta de la ONU.

Dicho eso, sería importante para propósitos de este texto hacer notar que el llamado Grupode Río creó su propio grupo de trabajo sobre este tema, y que los representantes permanen-tes ante la ONU de los Gobiernos miembros de ese grupo sesionaron en octubre del 2000para configurar un primer punteo de ideas y temas para la consideración de los Cancilleresdel Grupo. Este primer punteo plantea una serie de interrogantes que necesitan ser esclare-cidos en el debate y enfatiza la tradición en América Latina y el Caribe en cuanto al princi-

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pio de no-intervención, destacando la contribución legal en este sentido como un patrimonioa ser tomado en cuenta en las futuras definiciones y planteamientos de intervenciones huma-nitarias, al igual que la consolidación de regímenes democráticos respetuosos de los derechoshumanos como consistentes con la idea de poner límites a la impunidad a nivel nacional e in-ternacional.

Con ello en mente, vale la pena rescatar algunos elementos fundamentales que surgieron a lolargo de las consultas de la Comisión, y que se refieren sobre todo a la sensibilidad y argu-mentos surgidos en la Mesa Redonda de Consulta que, como parte de los trabajos de la Co-misión se llevó a cabo en Santiago de Chile el 4 de mayo de 2001. Unas horas despuéssesionarían representantes del Grupo de Río sobre el mismo tema, y ya se anticipaban visio-nes contradictorias entre los funcionarios latinoamericanos.

La posición más ampliamente compartida en cuanto a principios y preocupaciones en estedebate la expuso la Canciller de Chile, María Soledad Alvear, en sus comentarios inaugura-les , y ciertamente recogía el sentir de la mayoría en cuanto a la naturaleza controversial ydelicada del debate en torno a las intervenciones humanitarias en la agenda internacional,sobre todo porque reconocía que el debate sobre intervenciones humanitarias revelaba un va-cío perturbador en nuestro sistema humanitario colectivo que necesita ser resuelto, al consta-tar que la comunidad internacional ha sido incapaz de enfrentar con eficacia las masacres yotras tragedias que han afectado a cientos de miles de personas.

La Ministra se colocó en el imperativo ético de las obligaciones que nuestra humanidad co-mún nos impone, la principal de las cuales es la de proteger la vida de nuestros semejantesante cualquiera que sea amenazada. Pero igualmente destacaba el aporte de América Lati-na, a partir de dolorosas experiencias, a la teoría y práctica de la no-intervención. Y resu-mía, a partir del título mismo de la Comisión, la gran dificultad de “conciliar la urgencia deuna respuesta adecuada a las crisis humanitarias con la soberanía de los Estados. Esta es unacuestión que debe ser abordada con cautela y sensibilidad”.

Enfatizó la Canciller Alvear la necesidad de que cualquiera sea el rumbo de la búsqueda desoluciones, la posición oficial de su gobierno (como la de la mayoría) es que el único marcolegal, la condición sine qua non, que debería normar las intervenciones humanitarias era laCarta de la ONU, citando el ejemplo positivo de las operaciones en Timor Oriental, a pesarde que se es consciente que no todas las crisis humanitarias han sido atendidas con la mis-ma efectividad y se reconoce que muchas veces el Consejo de Seguridad se ha visto parali-zado por el uso o la amenaza del uso del veto.

Para propósitos de la perspectiva americana, y part i c u l a rmente latinoamericana, la Cancillerde Chile se hizo vocera de un sentimiento generalizado sobre el papel que están llamadas acumplir las organizaciones regionales (en nuestro caso la OEA), como entes de asistencia alConsejo de Seguridad, luego que éste asuma plenamente sus re s p o n s a b i l i d a d e s .

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P e ro se hizo patente que el temor fundamental de aquellos que critican el concepto de inter-venciones humanitarias no es que se opongan a ellas por virtud de alguna objeción filosóficaa la idea de ayudar a grupos humanos en peligro, sino más bien por el miedo de que el prin-cipio, si se consagra, dé lugar al abuso de unos pocos para beneficio de sus propias agen-das. Muchos le temen a la idea de generalizar un presunto derecho a la intervención, que lue-go pudiera ser ejercido unilateralmente por las grandes potencias, o por potencias re g i o n a l e s .En las participaciones subsiguientes, se aport a ron elementos tendientes a destacar la necesidadde que las acciones preventivas necesitan una ampliación de alcance y perspectiva. Lo cualp e rmite vincular el debate general sobre soberanía e intervención ligado a crisis humanitarias,con el aspecto preventivo desde una perspectiva estructural de las oportunidades reales que lospaíses de nuestra región tienen de aspirar a un verd a d e ro desarrollo sustentable y a una demo-cracia real con opciones concretas de participación y de vida digna.

l Por una parte, todo el énfasis en el que se originara la discusión y la mayoría de temas re-corridos hasta ahora parecen destacar únicamente problemas en democracias jóvenes ogobiernos inestables que pueden poner a parte de su población en peligro, sea por corrup-ción y/o autoritarismo.

l Sin embargo, las opiniones latinoamericanas se unen a otras de Asia y de África en el sen-tido de señalar otras dimensiones en las que se deben adoptar acciones preventivas, y quele dan un nuevo sentido a la co-responsabilidad internacional, más allá de las debilidadesinstitucionales, las prácticas autoritarias, la desigualdad en el ingreso y su distribución, ó lacorrupción, encontrada en estos países “sujetos de riesgo”.

En ese sentido, la pregunta fundamental debe ser respondida desde la globalización en to-das sus dimensiones, buenas y malas. La soberanía no puede ser una barrera para los dere-chos fundamentales de una sociedad, ni una excusa para tapar prácticas antidemocráticasde ningún gobierno. Pero tampoco puede soslayarse el que muchas veces la efervescenciasocial no necesariamente se gesta y alimenta por causas exclusivamente intra-nacionales, si-no que puede existir también una responsabilidad internacional adicional y previa a que lascrisis de gobernabilidad y las eventuales crisis humanitarias se produzcan.

La seguridad humana, por tanto, debe también cubrir las consecuencias internas de prácticasincontroladas de avaricia y rapacidad especulativas a nivel internacional, al igual que presio-nes comerciales desmedidas que terminan destruyendo oportunidades endógenas de desarro-llo y tienen consecuencias devastadoras sobre el empleo y la capacidad adquisitiva.

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2. PERSPECTIVAS DE LA CARTA DEMOCRATICA EN TEMAS DIFÍCILES

2.1. La globalidad de enfoque en el debate americano

El resumen anterior puede arrojar luz sobre algunos aspectos de gran trascendencia en el com-portamiento colectivo de los gobiernos del hemisferio en el marco de su sistema interamerica-no. La discusión actual sobre la Carta Democrática vuelve a poner de relieve la profunda rai-gambre que en la región tiene el concepto de no-intervención, y la perspectiva de “proceso”y “marco estructural” en el que los compromisos democráticos deben afincarse, para que ten-gan no solamente un sentido de equilibrio político entre Estados, sino que sobre todo tenganpertinencia y sentido a sus poblaciones, y posibilidad de un relacionamiento más equitativoen la comunidad mundial.

Al mismo tiempo, pone también de relieve la convicción compartida de que, basándonos enlos marcos jurídicos que nos vinculan, debemos encontrar las mejores prácticas de responsa-bilidad compartida y los mejores procedimientos consensuados para propiciar el fortaleci-miento de nuestras democracias, prevenir su retroceso o su rompimiento, ayudarnos mutua-mente a consolidar ese desarrollo, y garantizarnos que esos marcos no sean arteramente uti-lizados para comportamientos antidemocráticos impunes.

El texto de propuesta, en esta perspectiva, tiene un horizonte trascendente y coloca el énfasisen una visión global, en el sentido de la integralidad del desarrollo equitativo e incluyenteque debe estar a la base de cualquier construcción democrática, (no de la mera globaliza-ción mercantil y financiera). Puntualiza asimismo, en su parte preambular, recordando la “De-claración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo”, que los EstadosMiembros expresaron su convicción de que la misión de la OEA no se limita a la defensa dela democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, si-no que requiere además de una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así co-mo de un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemasque afectan el sistema democrático de gobierno.

Pero igualmente enfatiza el respeto a los derechos humanos y las libertades políticas, así co-mo la necesidad de la participación responsable y permanente de la ciudadanía, e igualmen-te las exigencias de transparencia, probidad y responsabilidad por parte de los gobiernos.El que se hayan reunido este conjunto de principios y compromisos no es accesorio. Resultapolíticamente importante esta perceptiva regional porque, además del horizonte valorativo re-presenta un conjunto de adelantos concretos en el sistema interamericano que se derivan deacuerdos sobre diversos temas relacionados con el perfeccionamiento de la democracia enel hemisferio, desde los derechos humanos hasta la convención contra la corrupción.

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Igualmente importante resulta que el debate haya incluido expresamente la interdependenciay mutuo reforzamiento entre la democracia y el desarrollo económico y social, y que se hagacargo asimismo de que la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo huma-no son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia, y propen-da por compromisos regionales de promoción del empleo.

Probablemente estamos ante la búsqueda, identificación y puesta en práctica de nuevos equi-librios y comportamientos político-institucionales en los que el tradicional concepto de sobera-nía (en donde el Estado es soberano para definir las relaciones internas en su sociedad), vasiendo cada vez más limitado y condicionado por compromisos internacionales en materiade derechos humanos y por las consiguientes normas de conducta internacional, cada vezmás compartidas, de las cuales ha surgido en nuestro hemisferio esta voluntad de contar conmecanismos renovados de promoción, monitora y apoyo colectivos, que se recogen en bue-na parte en esta propuesta hemisférica de la adopción de una Carta Democrática.

2.2 Cuando se rompe el orden democrático.

La reciente experiencia de transición política en el Perú puede darnos algunas claves de la tras-cendencia que conlleva para la región este esfuerzo de práctica democrática compartida. Pe-ro también nos permite perfilar algunas inquietudes e interrogantes frente a situaciones que hoyson de clara alteración del orden democrático, pero que en su momento, a pesar de su alcan-ce, profundidad y perversidad, no se lograban caracterizar plenamente como tales por su su-tileza, gradualidad, y la sagacidad en los métodos de encubrimiento, y no lograban por tan-to cuadrar en los moldes disponibles para desencadenar una oportuna intervención colectivade la región. Situaciones que si bien no eran inéditas, nunca antes habían sido conocidas enla amplitud y detalle que brindan las meticulosas filmaciones de los mismos responsables quelas perpetraban.

Una de las perspectivas más alentadoras de los términos en que la Propuesta de la Carta De-mocrática está formulada, y que encierra la riqueza y fecundidad del debate que la produ-ce, es que la región busca ir más allá de los mecanismos colectivos de reacción ante hechosconsumados, (como se recogiera a principios de los años 90 en la conocida Resolución1080, ante las asonadas o golpes de Estado), y pone el énfasis en aspectos integrales depromoción y prevención, destacando expresamente la necesidad de atender y cultivar espec-tos esenciales de educación, bienestar y participación ciudadana, como los verdaderos fun-damentos de vida democrática, y sus mejores garantes, en vez de limitarse y circunscribirsea mecanismos de sanción y/o intervención colectivas.

En este sentido, el debate ha ido más allá y el texto propuesto, y aunque a algunos les ha pa-recido aún tímido, re p resenta avances sustantivos respecto del instrumental disponible, sobre to-do por el abordaje integral, tanto estructural como de proceso, sin soslayar las necesidades a

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que respondía en su momento la Res. 1080, y que en la parte preambular del texto pro p u e s-to de la carta se recoge, de contar con un mecanismo de acción colectiva para poder re s p o n-der rápidamente en caso de “que se produjera una interrupción abrupta o irregular del pro c e-so político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno demo-cráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Org a n i z a c i ó n . ”

Los Presidentes del Hemisferio fueron claros en la Cumbre de Quebec con la aprobación dela Cláusula Democrática, que establece que cualquier alteración o ruptura institucional del or-den democrático en un Estado del Hemisferio, constituye un obstáculo insuperable para la par-ticipación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. El tra-tamiento es explícito en la parte resolutiva de la propuesta de Carta Democrática, llevando eltema de la exclusión a expresiones más específicas. Igualmente la propuesta trata de avan-zar sobre el los dispositivos disponibles al sistema interamericano por intermedio de la Secre-taría General de la OEA, para acciones de apoyo y prevención.

Sin embargo, subsisten algunas dudas fundamentales sobre la calificación y quién la hace, yqué recursos institucionales tiene el sistema interamericano para concurrir constructiva y eficaz-mente, sobre todo anticipándose a crisis políticas graves antes de que se precipite un rompi-miento democrático.

El caso del Perú lo ilustra elocuentemente, a partir de la violación constitucional y la disoluciónde los poderes en 1992. A partir de allí, en el marco de compromisos con la OEA para elrestablecimiento democrático, para una nueva constitución y elecciones, durante varios años elrégimen del Presidente Fujimori fue modificando poco a poco la legislación interna por mediode prácticas de corrupción, cooptación y amenaza, al igual que de espionaje ciudadano fue-ra de la ley, y fue penetrando todas las instituciones del Estado. Con esos procedimientos, pe-ro bajo el ropaje formal de la legalidad constitucional y el interés ciudadano, se aseguró elc o n t rol del Congreso, de las estructuras de justicia y de los procedimientos de nombramientode jueces, de los organismos electorales y de la mayoría de los medios de comunicación. Ycuando el Tribunal Constitucional no quiso avenirse a la aceptación de su tercera candidatura,lo inhabilitó expulsando a los magistrados disidentes. No solamente se había eliminado la re a lindependencia de poderes sino que se alteraron las leyes para permitir al Presidente Fujimorip resentarse una tercera vez como candidato para un tercer período presidencial.

En esa gradual y múltiple secuencia de sucesivos forzamientos político-jurídicos ¿Cuándo sepuede decir que se alteró el orden democrático? ¿Es posible identificar un momento claro enesa secuencia en donde el sistema interamericano podría haber intervenido de forma preven-tiva? ¿Habría sido posible una evacuación crítica de las condiciones electorales para condi-cionar la observación internacional de la OEA y quizás atajar de antemano un proceso elec-toral truculento que al final la propia observación electoral de la propia OEA tuvo que califi-car como “ni libre ni justo” según estándares internacionales?

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Las dudas, por lo tanto, no se presentan en los casos más obvios, sino en una multiplicidad deescenarios complejos, menos obvios, en donde cada caso nacional tiene sus característicasp ropias y específicas. Pero también porque en los acelerados procesos de cambio que vivi-mos, surgen igualmente preguntas fundamentales sobre lo que es la práctica democrática hoy;s o b re problemas de legitimidad, re p resentatividad, acceso, información y participación. Porotra parte, a pesar de que nadie cuestiona la vigencia interna y soberana del derecho consti-tucional propio, los países viven cotidianamente una enorme gama de necesidades de cumpli-miento externo y están sujetos a inevitables inter-dependencias, que hacen también surgir du-das sobre la frontera real entre el ejercicio soberano de un gobierno legítimamente electo porvoto popular, y su capacidad real de gobernar con efectivas garantías democráticas para supoblación, frente a acondicionamientos externos.

¿Qué hacer, por ejemplo, ante situaciones en donde un Gobierno legítimamente electo, conmayoría parlamentaria, utiliza esa mayoría para realizar modificaciones legislativas que cla-ramente responden a intereses particulares y no a los mejores intereses ciudadanos, y forzanlas leyes para perpetuarse, enriquecerse o impedir la libre participación de otras opciones po-líticas? ¿Hasta qué nivel de evidencia pública de corrupción e impunidad debe llegar una si-tuación de clara alteración del régimen de derecho –sin llegar a graves vejámenes ciudada-nos- para que el sistema hemisférico intervenga? La dificultad mayor estriba precisamente enlos esfuerzos preventivos por anticipar crisis políticas inminentes en algún país, y en determi-nar colectivamente cuándo se hace necesario intervenir, sin violentar la soberanía del EstadoMiembro, antes de que se agraven situaciones y sean necesarias medidas más drásticas.

Aquí vale la pena retrotraer -y reformular- la pregunta que se hacía al inicio de la primera par-te, pero no en la perspectiva no de un orden democrático constitucional que se ha roto, sinode los riesgos inminentes de que eso vaya a suceder, que es ciertamente menos clara que lainminencia de masivas violaciones a los derechos humanos. Igualmente vale la pena refres-car las preguntas del Secretario General de la ONU en la 54 Asamblea General, así comolas preguntas que los latinoamericanos nos hacíamos por boca de la Canciller de Chile, Ma-ría Soledad Alvear, en la consulta regional antes aludida. Esta ha sido una preocupacióncentral de varios gobiernos y de la propia Secretaría General de OEA, desde antes de quesurgiera formalmente el debate sobre una posible cláusula democrática o una Carta Demo-crática ¿Qué pasa antes de que se rompa el orden democrático? ¿Es posible pensar en in-tervenciones preventivas sin vaciar enteramente de contenido el principio de no-intervención yel respeto a la soberanía de un gobierno legítimamente electo por voto popular?

Este tipo de inquietudes son las que trata de resolver la propuesta de Carta Democrática, de-s a rrollando formulaciones cuidadosas y prudentes (insuficientes para algunos), pero que contan-do con un sistema interamericano con la creatividad y voluntad política suficientes, pueden seri n s t rumentos valiosos para el ejercicio de la responsabilidad colectiva, creando un nuevo ba-lance entre una visión y una vivencia renovadas de la soberanía, en el marco de practicas de-

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mocráticas compartidas, salvaguardando al mismo tiempo las responsabilidades intern a c i o n a-les en material de derechos humanos y las libertades políticas de cualquiera de las poblacio-nes del hemisferio. Al menos ese ha sido el sentido de las discusiones y de las form u l a c i o n e s .

2.3. La Observación Electoral

La experiencia peruana merece también examinarse bajo esta óptica, ya que tiene una pro-yección directa en las discusiones en torno al proyecto de Carta Democrática y a ciertos ele-mentos de novedad que el proyecto de texto encierra: para poder evaluar previamente si exis-ten condiciones para una elección verdaderamente democrática, así como las condiciones enque se llevará a cabo la Observación Electoral de la OEA, por medio de misiones que repre-sentan directamente al Secretario General, para cuya eficacia e imparcialidad la Organiza-ción las dotará de los recursos necesarios. La propuesta habla, por supuesto, de aspectos deacuerdo previo entre el Estado Miembro interesado y la Secretaría Permanente, así como delas características de objetividad, imparcialidad, transparencia y capacidad técnica apropia-da en que dichas Misiones deben realizarse.

Lo anterior alude a aspectos institucionales de la propia Secretaría Permanente de la OEA,tanto en cuanto a las modalidades específicas en que las Misiones de Observación Electoralpuedan y deban realizarse, así como en cuanto al margen de autonomía que el SecretarioGeneral de la Organización puede plantear para acceder o no a una solicitud de observa-ción electoral, por medio de evaluaciones previas de condiciones.

La experiencia de la elección peruana del 2000 indica que ciertamente no tiene ningún senti-do realizar misiones de observación electoral que meramente re p o rten el acontecer dire c t a m e n-te relacionado con el día del voto. Quizás la mejor perspectiva de este abordaje sea la decuestionar aquella óptica de privilegiar únicamente el día del voto en la práctica de muchasmisiones internacionales de observación electoral y descuidar otros aspectos previos y posterio-res del proceso electoral.

El gobierno de Fujimori y su aparato de inteligencia y propaganda se perc a t a ron de que elg rueso de la atención internacional de la prensa y de muchas misiones se centraba en las ac-tividades en torno a la votación: unos pocos días previos para verificar la instalación de los lo-cales de votación y la distribución de materiales electorales, el ejercicio del voto durante el díadel sufragio, y la etapa posterior del conteo de votos hasta tener resultados pre s i d e n c i a l e s .

Lo importante era entonces, realizar todos los forzamientos y acondicionamientos de resulta-dos antes y después de esos días, y diseñar un conjunto de procedimientos en torno al díade la votación que fueran impecables, sin incidentes mayores de perturbación y sin ningunaclara alteración de los instrumentos y/o procedimientos de votación, para que el veredicto de

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las misiones pudiera atestiguar que en efecto la votación se habría llevado a cabo con todanormalidad. En esta y en otras elecciones recientes quedó demostrado que el día del sufra-gio puede transcurrir como una jornada ejemplar, ordenada y sin incidentes, a pesar de queen las etapas previas hubiesen existido –como de hecho existieron- serias dificultades parauna competencia libre y justa.

Pero la Misión de Observación Electoral de la OEA (en adelante MOE) no fue invitada a ob-servar solamente el protocolo formal del ejercicio del sufragio, sino el proceso en su conjun-to. Para las elecciones del 2000, además del Acuerdo formal entre el Gobierno del Perú yla Secretaría General, y posteriormente entre el Jefe de la MOE y las autoridades electorales,existió una solicitud formal del gobierno para realizar una “auditoría del sistema de cómpu-to”. Lo anterior permitió a la MOE, en medio de circunstancias complejas y ante la públicahostilidad de virtualmente todos los partidos de oposición, realizar un cuidadoso trabajo deverificación de las condiciones y preparativos para una competencia electoral abierta y equi-tativa, y unas elecciones correctas y transparentes, a partir de una marco inicial de abiertacolaboración de las autoridades del Ejecutivo, y lo que aparentaba ser una completa apertu-ra a las sugerencias y observaciones de la MOE por parte de las autoridades electorales.

Las situaciones cada vez menos claras que se fueron sucediendo, así como la secuencia decompromisos de las autoridades electorales que nunca se cumplían, aunado todo ello a cre-cientes indicios de irregularidades y limitaciones a la libre competencia de todas las candida-turas, hicieron que la MOE adoptara un sistema de publicación periódica de boletines en losque se iba reflejando, a manera de “fotografías” redactadas, los elementos que la observa-ción iba recogiendo y las sugerencias que, a juicio de la MOE podrían superar las dificulta-des que se iban presentando. El gobierno nunca objetó, sino hasta muy al final, estos bole-tines. Antes al contrario, declaró públicamente que no les daba importancia que las opinio-nes de misiones de observación electoral de entidades internacionales o nacionales privadas:que la única opinión que contaba para el gobierno era la de la MOE de la OEA.

Fue así que se llegó al balance final de una elección de primera y segunda vueltas que estácontenido en los informes respectivos, y que evidenciaban una clara falta de neutralidad envarias de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, un documentado uso ilegal delos recursos públicos a favor de la candidatura oficial, un ataque frontal por medio de “cam-pañas sucias” contra los candidatos de oposición, falta de equidad en el acceso a los me-dios de comunicación, y un sistema de cómputo que no ofrecía las garantías para un conteoeficaz de los votos.

El que la MOE no haya asumido un papel de observador mudo que a modo de cronista re-gistrara los acontecimientos para reportarlos con bastante posterioridad a los eventos electo-rales, sino que haya sido una misión activa en la comunicación pública constante de los re-sultados de su observación, fueron develando cada vez más escasas condiciones de un jue-go electoral limpio, a la vez que fue recogiendo y acumulando elementos concretos de que

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los derechos políticos ciudadanos no estaban siendo plenamente garantizados, antes al con-trario, se estaban obstaculizando, entorpeciendo, vulnerando o impidiendo, y la MOE ya nopodía, en esas circunstancias de engaños y atropellos constantes, “coadyuvar a la absolutatransparencia de los escrutinios de manera que estos traduzcan la expresión auténtica, libre yespontánea de la voluntad popular.” (Carta del Sr. Ministro de RR Exteriores de la Repúblicadel Perú al Secretario General de la OEA solicitando la observación electoral).

Es importante, por tanto, destacar la perspectiva de novedad que introduce la propuesta deCarta Democrática de realizar un análisis a fondo de los criterios y procedimientos posiblesque deberán observar las misiones de observación, tanto desde el punto de vista de los go-biernos como de la Secretaría General. Ello hace posible el poder fijar algún tipo de condi-ciones previas, no solamente presupuestarias, antes de comprometerse a participar.

Un involucramiento que responde a una solicitud individual de un Estado Miembro, tambiénincluye una responsabilidad colectiva de todos los Estados Miembros, de apoyar y apoyarseen el fortalecimiento democrático. La presencia de una Misión de Observación Electoral deOEA como testigo mudo o como mero cronista despegado, puede en coacciones convertir-se en un aval ciego de situaciones que se desconocen y que no han podido ser estudiadasy verificadas previamente.

Además, el carácter gubernamental de la OEA, si bien define claramente la responsabilidadprimaria hacia los gobiernos de los Estados miembros como los mandantes, no puede ser usa-da para oscurecer las responsabilidades colectivas a las que todos nos hemos comprometidoen la defensa y promoción de la democracia, que pasan necesariamente por las garantíasciudadanas para una expresión libre y sin cortapisas de sus preferencias políticas, por mediodel acceso amplio a un debate plural de las ofertas electorales, y del voto secreto emitido sinamenazas, acondicionamientos o restricciones.

Si las Misiones de Observación electoral pierden esa vinculación directa con el devenir de-mocrático de la gente, correrían el riesgo de convertirse en instrumentos mudos de refrendo,de acuerdo con las indicaciones de los mandantes gubernamentales. Esa relación directacon los derechos ciudadanos es lo que hace que tenga sentido la promoción y defensa delos derechos humanos, por encima de voluntades gubernamentales específicas que vulneranesos derechos en sus propios ciudadanos esgrimiendo el argumento de la soberanía y la no-intervención como parapeto para su impunidad.

En este sentido, la propuesta de Carta Democrática contiene un avance significativo en lasresponsabilidades comunes del ejercicio electoral supervisado por los propios mecanismos deobservación del sistema interamericano, en una nueva luz que habilita una verificación de te-rreno sobre las condiciones previas de la elección y las condiciones de participación de laSecretaría General.

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Para concluir, se espera que estas notas, que solamente han recogido y destacado algunospocos aspectos de un fecundo proceso en marcha, hayan contribuido a poner en perspecti-va la ganancia neta que representa para la región este avance en nuestra consolidación de-mocrática y en el mejoramiento del sistema regional

El continente americano, en este debate y en el texto propuesto, reafirma su vocación demo-crática y sus compromisos colectivos enraizados en una rica y variada expresión de practicasdemocráticas compartidas, a la vez que construye sobre la base de una fecunda secuenciade encuentros y compromisos al más alto nivel, en donde, lejos de ignorar la grave situaciónde grandes sectores de población americana, se la ha asumido frontalmente, para irle dan-do sentido y contenido concreto a esa construcción democrática.

Notas

1El presente texto se comenzó a escribir tomando como referencia la version de la CartaDemocrática que figura como anexo en la resolución correspondiente de la XXXI AsambleaGeneral de la OEA en San José, Costa Rica, el 5 de junio de 2001 y que se identifica comoRev. 7; y se terminó de redactar teniendo a la vista la Rev. 16 que manejaba en sus últimas revi-siones el Consejo Permanente de la OEA el día Jueves 30 de agosto.

2Esta sección resume muy sintéticamente los trabajos de investigación, consulta y discussion, real-izados por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, patrocinadapor el Gobierno de Canadá, (de la cual el autor forma parte), que entregará su Informe alSecretario General de la ONU hacia diciembre de este año. Sobre aspectos puntuales de laAsamblea General de la ONU de 1999, agradezco en particular al Dr. Gert Rosenthal,Representate Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, cuyos comentarios son ampli-amente utilizados.

3Iniciando su trabajo a principios del año 2000, las labores sustantivas de la Comisión terminaronen agosto de este año, y se espera entregar el Informe final al Secretario General entre noviem-bre y diciembre. El Informe estará acompañado en un volumen que recoge el estado de las inves-tigaciones y discusiones en las diversas materias relacionadas con la temática, al igual que unaextensa bibliografía.

4Para la preparación de estas notas únicamente se contó con la versión en inglés de las palabrasde la Canciller Alvéar. Al no poder obtener a tiempo el texto en castellano, a parecido más pru-dente no entrecomillar las citas, aunque en la mayoría de los casos sus argumentos están recogi-dos en su casi literalidad.

5El caso del Perú, por supuesto, rebasa ampliamente estas consideraciones y debiera ser objetode atención y estudio cuidadosos en toda su riqueza y complejidad.

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Alcances Jurídicos y Políticos de laCarta Democrática Interamericana

Jaime Ordoñez Director Catedra Teoría del Estado, Universidad de Costa RicaConsultor Internacional

El objeto de este artículo es realizar una serie de reflexiones acerca de los alcances --nosólo de orden jurídico sino, además, político-- de la Carta Democrática-Interamericana,instrumento regional que se aprobó como resolución de la Asamblea General Extraordi-

naria efectuada en Lima, Perú, el 10 y 11 de Setiembre pasado. La Carta Democrática,como se sabe, es un instrumento ideado para llenar los vacíos legales que presenta la Car-ta de la OEA, y algunas otras resoluciones sustantivas del sistema, tal como la 1080, en par-ticular en lo referido a la protección del sistema democrático de los estados miembros en hi-pótesis distintas al simple golpe de estado.

Diversos hechos políticos acaecidos durante la década del 90 demostraron que, en efecto,serías desviaciones y afectaciones al sistema democrático podían verificarse sin que mediarefigura clásica del coup de etat, lo cual resultó evidente a partir de algunos eventos generadospor los gobiernos de Fujimori, Serrano Elías, incluidos distintos momentos de la crisis haitiana,entre otras. Estas notas buscan, adicionalmente, prever algunas tendencias de mediano y lar-go plazo que la OEA debería tener en cuenta en esta materia. Un examen más detalladoy sistemático será producido en forma ulterior, con el objeto de analizar las instancias de apli-cabilidad concreta de algunas de las disposiciones creadas por la Carta.

Importancia de la Carta Democrática y paralelismo con el modelo europeo.

La Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General Extraordinaria dela Organización de Estados Americanos (OEA) supone, ciertamente, un paso adelante en laconformación de un ethos político en el Continente Americano, pues define una serie de pre-requisitos básicos de gobernabilidad democrática para pertenecer a una organización regio-nal. En este sentido, la OEA se mueve en una dirección similar a la Unión Europea, la otragran entidad regional del planeta, la cual desde hace muchas décadas empezó a crear nor-mas que definiesen es marco mínimo de convivencia democrática que haría posible la parti-cipación en un sistema regional.

En el caso de sistema europeo, este proceso de definición de normas comunes para los esta-dos miembros, empezó con la Convención Europea sobre Derechos Humanos, del 4 de No-viembre de 1950, la cual entró en vigor el 3 de Setiembre de 1953, instrumento que sufriódurante el paso del tiempo un interesante proceso de reformas que van desde el Protocolo 8al Protocolo 12. Por otra parte también ayudaron a conformar ese marco jurídico, instrumen-

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RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs. 23-30)

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tos como la Carta Social Europea, la cual se abrió para firmas el 18 de Octubre de 1961y entró en vigor el 26 de febrero de 1965, tanto en el cuerpo central del instrumento comoen su Protocolo.

Adicionalmente, el conjunto de naciones europeas dio un paso sustantivo cuando en 1992se firmó el Tratado de Maastrich, en el cual se establece claramente la relación entre dere-chos humanos y democracia, como claves para un desarrollo común de los países de la UniónEuropea. Justamente ese instrumento supuso la transición entre la Comunidad Europea a laUnión Europea (UE), fijándose el paradigma de un conjunto de países agrupados en torno,no sólo a objetivos económicos comunes, sino, como se prefiguraba en los instrumentos pre-vios que venían de la década del 70, también en objetivos sociales, jurídicos y de un espa-cio común para el ejercicio de la democracia y los derechos y las libertades fundamentales.

En términos globales, se puede decir que la lógica de definir patrones comunes en el ámbitode la gobernabilidad es consustancial a la creación de espacios jurídicos regionales de ca-rácter internacional, regional o sub-regional. La búsqueda de un ethos común de orden polí-tico y jurídico se plantea, así, como un requisito sustancial para las naciones que se planteanobjetivos ulteriores. Por otra parte, se trata de sistemas políticos que --en el marco de la de-mocracia representativa-- buscan promover y desarrollar los derechos humanos y las libertadesfundamentales. La coexistencia y sistemático desarrollo de los valores de derechos humanosson punto de insistencia, en esa perspectiva, de la Corte Justicia de la Unión Europea en rei-teradas resoluciones que vienen desde el año 1976. Al respecto, una reiterada literatura haabundado sobre la riqueza de esas interrelaciones, en particular los trabajos de Stein,O´Reilly, Mac Donald, Thomas Buergenthal, Weiler y F.G. Jacobs.

La resolución de la OEA que crea la Carta Democrática Interamericana supone un paso ade-lante en esa estandarización de elementos comunes, similares a los desarrollados durante mu-chos años por el modelo europeo. La inclusión de países como España, Grecia o Portugal,en su oportunidad, dentro del seno de la Unión Europea sólo fue posible cuando aquellos mo-dernizaron sus sistemas políticos y sus antiguas dictaduras dieron paso a democracias moder-nas, resultantes de elecciones libres y representativas. La defensa del marco común democrá-tico sufrió una prueba de fuego en fechas relativamente recientes, a fines de 1999, cuandouna alianza politico-electoral que incluía a grupos de extrema derecha afines al movimientoneo-nazi europeo, resultaron ganadores en las elecciones austríacas. Inmediatamente, unaserie de acciones preventivas de la UE funcionaron como un early warning efectivo que per-mitió a las recién elegidas autoridades en Viena que los países de la UE no tolerarían la trans-gresión a los principios básicos políticos que forman la Unión. El aviso fue tomado en cuen-ta, y la situación no pasó a más, como dan fe los acontecimientos de los dos últimos años.Este hecho permitió, además, establecer que los sistemas regionales pueden tener sistemas deinclusión--exclusión, según el grado o acercamiento de los estados.

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Los prerrequisitos democráticos y las relaciones de inclusión-exclusión

Con relación a la dinámica inclusión-exclusión ciertamente la Carta Democrática Interameri-cana define en sus artículos 3 y 4, lo que podrían considerarse como tipologías mínimas delgobierno democrático para la OEA y, en consecuencia, introduce la definición de umbralesque permitirán no sólo la exclusión del país que quebrante dichos principios (por ruptura delsistema democrático o por alteraciones inconstitucionales que puedan afectar gravemente di-cho sistema) sino que también pueden funcionar para la dinámica cabalmente opuesta: de-finir pautas o requisitos para la eventual inclusión de nuevos países.

El tema no tiene un interés meramente teórico. A partir de la definición de esos umbrales, laúnica hipótesis de una futura integración de Cuba a la OEA, por ejemplo, parecería ser, jus-tamente, el abandono radical de su actual modelo político e ideológico y la adopción de unmodelo de democracia representativa, con todas las exigencias, características y mecanis-mos contralores propios de las democracias occidentales. En ese sentido, la adopción dela Carta Democrática puede tener varias lecturas: por un lado no es sólo un instrumento deregulación de los sistemas políticos de los Estados miembros sino que, a partir de una fuer-za endógena resultante de la existencia de patrones comunes, es el establecimiento de un et-hos regional estableciendo exigencias mínimas de admisibilidad.

Aquí los paralelismos con el modelo europeo tampoco son casuales, porque la dinámica in-clusión--exclusión justamente ha funcionado de la misma manera en el viejo Continente. Elhecho que los antiguos países de Europa del Este se hayan puesto en fila para ingresar a laUnión Europea una vez efectuado su transicionalismo democrático durante la década del 90,ha permitido clarificar que el ocaso del socialismo real y la apertura a modelos abiertos pa-rece ser, en hipótesis similares, el preludio al ingreso de gobiernos regionales como el de laUE y el de la OEA.

Desde luego--y la mínima rigurosidad científica y analítica obliga a ello--no es posible a ini-cios del siglo XXI establecer, sin embargo, un paralelismo fácil entre el robusto sistema de laUE y la débil OEA. El gobierno europeo con sede en Bruselas constituye un poderosísimogobierno regional, que maneja no sólo sumas cuantiosas sino, además, que ejercen una ver-dadera potestad de imperio sobre los estados miembros. A diferencia, la OEA es hoy, a ini-cios del siglo XXI, una institución más simbólica que real, con un presupuesto mínimo apenassuperior a los 80 millones de dólares anuales (cifra ínfima para el supuesto organismo regio-nal de las Américas) y, además, con una reiterada y demostrada incapacidad para hacervaler algunos de sus instrumentos. La imposibilidad de aplicación del TIAR (Tratado Interame-ricano de Asistencia Recíporca) evidenció en alguna oportunidad las debilidades inherentesa la organización.

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Este análisis de contexto tiene, como se supondrá, un objetivo. Es reconocer que la fortale-za de cualquier instrumento está estrechamente relacionado con el ámbito desde el cual seejerce. En este sentido, hay que reconocer niveles importantes de debilidad originaria, cier-tamente distintos a su símil europeo. Con todo, también hay que reconocer que en la últimadécada y media las gestiones de la Secretaría General de la OEA, las decisiones de su Con-sejo Permanente, así como la acción y las resoluciones de la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron sumamente in-fluyentes en una importante cantidad de casos de quebrantamiento democrático en paísescomo Perú, Paraguay y Haití, sólo por mecionar la historia reciente.

En dos palabras: si bien se trata de un organismo regional débil en comparación con su si-milar europeo, no obstante la OEA, por medio de los mecanismos dispuestos en su Cartaconstitutiva, en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos-- o Re-soluciones como la 1080, entre otras-- puede efectivamente ejercer control sobre los proce-sos democráticos de los estados miembros. Dentro de ese contexto se inscribe la actual Car-ta Democrática Interamericana aprobada en la Asamblea Extraordinaria de Lima, en setiem-bre de 2.001.

El carácter del instrumento y la cuestión de su obligatoriedad jurídica y política

Uno de los temas esenciales de la discusión del Grupo de Trabajo del Consejo Permanenteconstituyó justamente si se consideraba posible generar un instrumento que tuviese aplicabili-dad en esta materia por vía de simple Resolución de la Asamblea General y no como refor-ma a la Carta de la OEA. En este sentido, el Análisis del Comité Jurídico Interamericano(OEA-SER.Q, CJI-doc.76-01, del 16 de agosto de 2.001) denominado Observaciones y Co-mentarios del Comité Jurídico Interamericano sobre el Proyecto de Carta Democrática Intera-mericana ofrece una interpretación que es ciertamente coherente con el principio de progre-sividad en materia de derecho internacional público al establecer una línea de razonamien-to caracterizada por los siguientes puntos:

a) Instrumentos de carácter declarativo y de índole política generalmente preludian instrumen-tos de carácter jurídico vinculante, como sería en este caso un Protocolo de Reforma a la Car-ta de la OEA. En este sentido, la Resolución que creó la Carta Democrática Interamericanamuy probablemente sentará la pauta para una posible reforma al instrumento constitutivo dela Organización.

b) Con prescindencia de lo anterior, sin embargo, se hizo hincapié en que las resolucionespueden tener carácter vinculante cuando pretendan justamente interpretar los términos de unaConvención o instrumento similar, o bien en aquellos casos que el propio instrumento consti-tutivo del organismo internacional le otorgue a las resoluciones carácter obligatorio. En estesentido, parece darse un aceptable nivel de obligatoriedad de las resoluciones dentro del se-

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no de la OEA, tal y como el propio CJI lo ha dispuesto en las resoluciones CJI/RES.1-3/95,del 23 de marzo de 1995, CJI/RES.5/LI/98, del 19 de marzo de 1998, y CJ/RES.17(LVII/O/00) del 19 de agosto del 2.000

c) La tesis sobre la obligatoriedad de resoluciones dentro de la Organización se fortalece aúnmás por el espíritu de cuerpo resultante en aquellos casos que la decisión pueda ser tomadapor unanimidad, como aconteció cabalmente con la Resolución AG/RES.1 (XXVIII- E/01) del11 de setiembre del 2001, que aprobó la Carta Democrática Interamericana.

d) En este sentido, el Comité Jurídico Interamericano en el acápite 40 y conexo de la yamencionada CJI/doc.76/01 indicó que no parecía necesariamente obligatorio una refor-ma a la Carta de la OEA para ampliar los términos o alcances del instrumento original si enel caso de una resolución (como la que dio lugar a la Carta Democrática Interamericana),en su propio texto se fijaban los alcances o pretensiones interpretativas de ésta con relacióna la Carta de la OEA y si, además, la resolución era tomada por unanimidad.

En efecto, ambos supuestos se han dado en la resolución de Lima. Por un lado, la CartaDemocrática Interamericana expresa en su parte preambular el espíritu de interpretar la Car-ta de la OEA al tenor de la cláusula democrática aprobada en la Declaración de Quebec(Cumbre de las Américas de Quebec), y particularmente hace una interpretación extensivadel artículo 9, inciso a) y conexos de la Carta constitutiva de la organización regional. Es-to es ampliar, el marco de cobertura de “rupturas” o “alteraciones constitucionales”.

Por otra parte, se trató una resolución aprobada por unanimidad y, en este sentido, reflejóun interés compartido, un ethos unánime de los estados miembros dirigido a interpretar-am-pliar la hipótesis de ¨ruptura¨ (entendida como golpe de estado) a ¨alteraciones¨ que afec-ten gravemente el sistema democrático, dentro de lo que se puede interpretar justamente co-mo auto-golpes, violaciones al principio de división de poderes, incluidas transgresiones aelementos básicos del estado de derecho, tales como la libertad de expresión, libertad deprensa, libertad de asociación, las elecciones libres y representativas, el régimen plural departidos y los otros elementos incluidos en los artículos 3 y 4 del instrumento.

La cuestión del artículo 4, y la inclusión de la subordinación de las fuerzas armadas y de se-guridad al poder civil.- con relación al segundo párrafo del artículo 4, quien escribe estaslíneas quisiera consignar la laboriosa y políticamente compleja introducción de su redactadofinal dentro de los consensos del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente. Reseñarlo pue-de arrojar algunas pistas para la comunidad interamericana sobre el actual estado políticode la región, de sus gobiernos civiles y, particularmente, de su relación con las fuerzas arma-das y de seguridad.

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La propuesta inicial de redacción de ese párrafo--planteado justamente por la Delegación deCosta Rica ante el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente-- suponía una idea simple yclara: ¨la subordinación del poder militar y las fuerzas armadas, al poder civil¨, tal y comose constata en otra gran cantidad de instrumentos regionales e internacionales, así como envarias constituciones políticas de los estados miembros. (Así, el Artículo 9 de la propia Car-ta de la OEA, la Declaración de Varsovia ¨Hacia una Comunidad de Democracias¨ y lasconstituciones de países miembros, como Argentina, Bolivia, Ecuador, etc., las cuales expre-samente se refieren a la subordinación de las fuerzas armadas o las fuerzas militares a lasautoridades civiles). Sorpresivamente para la Delegación de Costa Rica y para varias otrasdelegaciones que promovían una redacción genérica de ese tipo, se levantó una oposicióncreciente de algunos países de América del Sur, los cuales informaron de su oposición a ul-tranza a la utilización del término fuerzas armadas en la formulación del artículo.

La búsqueda de un consenso en este punto fue fatigosa. Al autor de estas líneas le sorpren-dió como algunos de esos países de América del Sur--los cuales habían suscrito instrumentosinternacionales en ese mismo sentido y que, inclusive, tenían la formulación incluida en suspropias constituciones políticas-- expresaron una negativa frontal a la inclusión del términofuerzas armadas. Tal parecería que en algunos casos específicos, a pesar del tradicionalis-mo político democrático experimentado en la última década y media --ciertamente muchosestamentos militares siguen teniendo el poder suficiente como para ejercer presión, intimida-ción o, bien, para contar decisiones de los gobiernos civiles en al formulación de expresio-nes de voluntad política en ese tema. Y, en algunos casos, esa influencia parece generar,inclusive, resultados regresivos, pues se trata de países que ya tenían aceptadas formulacio-nes en las cuales expresamente se indicaba la subordinación de las fuerzas armadas o deseguridad al poder civil.

El consenso en este punto llevó a una formulación distinta que, a pesar de no incluir expre-samente el término fuerzas armadas, declara ¨la subordinación constitucional de todas lasfuerzas del Estado a la autoridad civil¨ que, si bien, puede considerarse más o menos elusi-va, parece completarse, no obstante, con ¨y el respeto al estado de derecho de todas lasentidades y sectores de la sociedad¨. Quede la presente reseña, justamente, como un indi-cador de las dificultades existentes todavía en varios países de la región, especialmente enAmérica del Sur, para completar plenamente el transicionalismo democrática. Resabios cas-trenses de viejo cuño aún perduran con fuerza al interior de muchos de los países.

La Cuestión de la Cláusula Democrática y los artículos 19, 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana

Un tema central tiene que ser considerado y es, justamente, la forma en que fue resuelta lallamada Cláusula Democrática, el núcleo central de la Carta Democrática Interamericana.La Cláusula Democrática tiene como supuesto objetivo el ampliar los términos de la resolu-

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ción 1080, la cual estipula la exclusión de la OEA de aquellos países en los que se verifi-casen golpes de estado o rupturas del orden democrático.

La década del 90, sin embargo, demostró que la resolución 1080 se limitaba a una hipó-tesis muy restrictiva y que, ciertamente, no cubría una serie de alteraciones inconstituciona-les al sistema democrático que dan lugar a anomalías claramente violatorias del sistema de-mocrático, tales como las generadas durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú o Se-rrano Elías en Guatemala, por no hablar de los distintos requiebros constitucionales en Ecua-dor, Paraguay o la crisis haitiana. Figuras como la del auto-golpe, la violación del equili-brio constitucional entre los poderes del estado, la intromisión del ejecutivo en organismoscontralores (verbigracia, el Gobierno nicaragüense de Alemán con relación a la ContraloríaGeneral de la República), demostró que el catálogo de violaciones y transgresiones a losbásicos del sistema democrático podía ser excepcionalmente amplio y que estas transgresio-nes podían ser igualmente nocivas a un coup de etat, sin que ello técnicamente supusieraun rompimiento total del sistema institucional.

Un claro vacío normativo se presentaba, en efecto, generando desprotección a las socie-dades civiles donde autocracias disfrazadas de gobiernos civiles lesionaban seriamente va-lores democráticos y principios tutelados por las propias constituciones sin que los propiosremedios internos (de carácter constitucional, por ejemplo) tuviesen ya eficacia alguna porlas mismas características de la transgresión y de la cooptación de instituciones u órganosvitales del Estado. Recuérdese, por ejemplo, que muchas de las transgresiones constitucio-nales del gobierno peruano de Fujimori no pudieron ser combatidas por el propio Poder Ju-dicial peruanas toda vez de la intervención directa que hizo de éste el Poder Ejecutivo ma-nejando entonces por el propio Fujimori y su asesor Montesinos. En el caso de la agresióndel Poder Ejecutivo nicaragüense al Contralor General Agustín Jarquín en 1999, una situa-ción similar se presentó al no existir en ese momento garantías de independencia

La solución normativa a la cláusula democrática está, en definitiva, comprendida en los artí-culos 19, 20 y 21 de la Carta Democrática, los cuales desarrollan el mandato definido enla Declaración de Quebec. La estructura lógica de esas normas supone una norma general(artículo 19) y dos normas particulares que desarrollan hipótesis distintas (artículos 20 y 21).El artículo 21 se refiere al golpe de estado o ruptura institucional, lo cual ya está reguladopor la resolución 1080 y, en tal sentido, desglosado su procedimiento por el propio Artícu-lo 9 de la Carta de la OEA. La novedad es justamente el artículo 20, el cual--a juicio dequien escribe estas líneas--supone ciertamente un avance en la voluntad jurídica de la región,pero, en su redacción final, puede llevar a equívocos interpretativos.

Si la norma general dispone explícitamente la sanción, esto es, la exclusión de la OEA deaquellos países en los que se verificase rupturas del orden democrático o una alteración delorden constitucional que afecte gravemente el orden democrático, la norma particular referi-

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da a esa posibilidad (Artículo 20) debería, cabalmente, indicar también la sanción, comolo dispone la otra norma particular (Artículo 21). Ciertamente, esta incertidumbre puede que-dar resuelta por el principio de subsunción normativa, la cual hace depender las formulacio-nes particulares de las hipótesis generales.

En este sentido, una interpretación global de la cláusula democrática indicaría la obligato-riedad de la sanción, una vez agotadas todas las vías de negociación y de buenos oficiosque indica el tipo legal, así como el propio Artículo 9 de la Carta de la OEA. Convendrárecordar este último punto --ojalá no sea en un futuro cercano-- cuando alteraciones gravesen un país miembro puedan llevarlo a ser sujeto de aplicación, justamente, de la CláusulaDemocrática indicadas en el artículo 20 y conexo de esta Carta.

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Visión y Compromiso del Plan Puebla-Panamá

Florencio Salazar AdameCoordinador General del Plan Puebla-PanamáMéxico, D.F.

Introducción

El 5 de junio del año en curso, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo delLic. Vicente Fox Quesada, Presidente de la República, por medio del cual se creó laCoordinación General del Plan Puebla-Panamá, estableciendo en sus considerandos al-

gunas de las razones que le dan origen:

l Históricamente la región Sur-Sureste de nuestro país ha presentado rezagos sociales quemantienen en condiciones de atraso a un poco más de la cuarta parte de la poblaciónnacional, sobre todo en educación, salud y empleo.

l Para poder rescatar del atraso a la región Sur-Sureste del país, es indispensable la accióncoordinada de los distintos órdenes de gobierno.

l Es un compromiso de la actual administración, el instrumentar un esquema que facilite eld e s a rrollo integral sustentable de la región Sur- S u reste, impulsando programas y pro y e c t o sp roductivos que tengan como objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas dela población de la re g i ó n .

l En virtud de lo anterior, se consideró necesario crear la Coordinación del Plan Puebla-Pa-namá como una instancia de coordinación cuyo objeto principal será impulsar el desarro-llo integral sustentable de la región Sur- S u reste de nuestro país, que comprende a los esta-dos de Campeche, Chiapas, Guerre ro, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Ve r a-c ruz y Yu c a t á n .

l Resulta necesario promover y fomentar, a través de los conductos oficiales, la participa-ción de los países de la región de Centroamérica, conformada por Belice, Costa Rica, ElSalvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, a fin de instrumentar accionesconjuntas que contribuyan al logro del desarrollo integral de dicha región, con apego anuestra política exterior de estricto respeto a la soberanía de las naciones y a los princi-pios de derecho internacional.

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RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs. 31-36)

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I. Antecedentes de la planeación regional en México

C o n f o rme a la Constitución de 1917, el Estado asume las tareas de conducir y orientar el pro-ceso de desarrollo regional. En el análisis de las políticas de desarrollo regional aplicadas enMéxico, se advierten cuatro etapas:

1.De 1930-1955. A través de la formulación de los planes sexenales, se aplicaron gran-des inversiones en infraestructura física y desarrollo humano, es decir, en comunicacio-nes, educación y salud, así como mediante la reforma agraria y las cuencas hidrológi-cas.

2.De 1959 a 1970. Predominó el proceso de industrialización, concentrándose en Méxi-co, Guadalajara, Monterrey y la frontera norte, principalmente.

3.De 1971 a 1982. En esta etapa se trató de generar el desarrollo a través de la inyec-ción de recursos a organizaciones, más que a regiones, las cuales tuvieron un escaso im-pacto en el cambio estructural. Fue una época de severa confrontación, sobre todo ver-bal, entre el Estado y el capital privado. Fue también el momento del boom petrolero ydel enorme gasto en infraestructura urbana. Este periodo cerró con un enorme descréditodel gobierno y una severísima crisis económica.

4.Con la promulgación de la Ley de Planeación del 5 de enero de 1983, se estableció elSistema Nacional de Planeación Democrática. Con la presión de la deuda externa y delsismo de 1985, se arribó a 1988. En ese año, la irrupción del Frente Democrático Na-cional abrió los cauces del cambio democrático, cuyo parteaguas es el 2 de julio del2000.

II. ¿Resultados?, la contundencia de las cifras

El desarrollo regional se mide por sus resultados y la mejor manera de conocerlos es a tra-vés de los indicadores socioeconómicos. No se requiere ser experto para advertir que losgobiernos anteriores aplicaron recursos a favor de un desarrollo asimétrico del país. La am-plia brecha Norte-Sur es contundente. Veamos sólo algunos datos:

l M o rtalidad infantil. El promedio nacional es de 23 por cada 1000. En el Sur, los decesosascienden a 31 niños por cada 1000.

l Analfabetismo. El promedio nacional es del 9%; en el Sur- S u reste es de 15% y alcanza el23% en Oaxaca, Chiapas y Guerre ro. Con excepción de Quintana Roo, los demás estadosde la región están por encima del promedio nacional. Por cada analfabeta del Distrito Fede-ral, hay 9 en el Sur- S u re s t e .

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l Rezago educativo. El 61% de la población mayor de 15 años no terminó la educaciónbásica. La caída de la matrícula escolar de la educación superior respecto a la básica esverdaderamente dramática, como se aprecia en las siguientes cifras:

l Dispersión poblacional. Únicamente Quintana Roo, Yucatán y Campeche se localizan enel promedio nacional que es del 60%. En las demás entidades la población urbana vadel 20 al 40%. Oaxaca y Chiapas son los de mayor dispersión.

l Población derechohabiente del IMSS. El promedio nacional es del 40%. En el Sur-Sures-te la cobertura y la formalidad en el empleo alcanzan sólo el 20%.

l M a rginación. De las nueve entidades con mayor marginación del país, exceptuando aQuintana Roo, ocho se encuentran en el Sur- S u reste, en donde también habitan tres cuart a sp a rtes de la población indígena nacional, es decir, 7.5 millones de personas.

III. El cambio estructural a través del desarrollo regional

El Plan Puebla-Panamá se orienta a crear las condiciones que hagan posible el acceso de las per-sonas a oportunidades ciertas de bienestar.

“Por ello propone un esquema de desarrollo regional que, partiendo de la premisa de queel desarrollo es de las personas o no es desarrollo, contempla, entre otros, nuevas políticaspúblicas para el desarrollo humano (prestando especial atención al desarrollo integral de lascomunidades y pueblos indígenas), la lucha contra la pobreza y la promoción de la inver-sión y el desarrollo productivos” (Documento Base del Plan Puebla-Panamá), así como la rea-lización de inversiones estratégicas en infraestructura que permitan a la región comunicarsemejor y aprovechar todas sus potencialidades.

A r t í c u l o s

Campeche 83.4 9.6 6.9Chiapas 88.9 7.8 3.3Guerrero 86.9 8.4 4.7Oaxaca 88.1 7.7 4.1Puebla 84.8 8.3 6.9Tabasco 81.9 11.9 6.2Quintana Roo 86.7 9.4 3.8Veracruz 85.5 9.6 4.9Yucatán 84.1 9.3 6.6

Estados Básica Media SuperiorEducación Educación Educación

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A r t í c u l o s

La estrategia parece simple: crear infraestructura física y capital humano, generar proyectos lo-cales y atraer inversiones privadas comprometidas con la pre s e rvación del ambiente y con ela p rovechamiento sustentable de la biodiversidad, generando cadenas productivas y empleos re-munerados. Habrá que atender la demanda de empleo para la mano de obra no calificada y,con la capacitación, la tecnología y la investigación, simultáneamente formar los perfiles espe-cializados para desarrollar las vocaciones económicas de los estados.Dicho así, de manera apretada, deben estimarse dos factores indispensables para el éxito delPlan: la inclusión social y la inversión privada. Por ello, el Plan Puebla-Panamá está com-prometido a presentar proyectos sostenidos ambientalmente, y que contribuyan a alcanzar sugran objetivo: El desarrollo regional sustentable, sostenible y socialmente incluyente.

IV. Los resultados, hoy

1.Institucionalizar, dentro del conjunto interdependiente de instancias de Diálogo y Seguimien-to de Tuxtla, la Comisión Ejecutiva para el Plan Puebla-Panamá, integrada por los Comisio-nados Presidenciales y el Comisionado designado por el Primer Ministro de Belice, comoinstancia específica de seguimiento y coordinación de las iniciativas y proyectos que cons-tituyan el Plan Puebla-Panamá.

2.Elaborar el documento de conectividad mesoamericana, formado por el Documento Basey la Agenda de transformación y modernización de Centroamérica siglo XXI, realizado porCEPAL y BID, y que constituye el cuerpo de las ocho iniciativas de proyectos, aprobadaspor los mandatarios de México y Centroamérica el 15 de junio anterior en San Salvador.

3 . A p robar ocho iniciativas mesoamericanas de proyectos: i)desarrollo sustentable; ii)desarro l l ohumano; iii)prevención y mitigación de desastres; iv)turismo; v)facilitación del intercambio co-m e rcial; vi)integración vial; vii)interconexión energética; viii)integración de servicios de tele-c o m u n i c a c i o n e s .

4.Integrar una Comisión de Financiamiento de alto nivel, con los Secretarios de Haciendade los ocho países y la Coordinación del Presidente del BID.

5 . F o rmar una Comisión Técnica Interinstitucional con el BID, CEPAL, BCEI, PNUD, CAF Y SICA.

6.Presupuestar inversiones iniciales. Se integró una cartera de proyectos estratégicos pa-ra la región mesoamericana, entre los que destacan los siguientes:

l México. Infraestructura física. En los próximos cinco años se construirán y/o modern i z a r á n2,605 kilómetros de carreteras que, agregados a los 2,939 construidos y modernizados enperiodos anteriores, sumarán 5,544 kilómetros de ejes carre t e ros que conectarán a la re g i ó nS u r- S u reste con el resto del país, los mercados del mundo y Centroamérica. La inversión re-querida asciende a 23 mil millones de pesos en cinco años.

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Los corredores considerados son los siguientes:

A r t í c u l o s

Cifras en Kilómetros y Millones de pesos

No. Modernizados por modernizar Total Inversión

1 895.2 401.6 1,296.8 4,916.0

2 952.5 367.0 1,319.5 2,745.0

3 565.0 442.0 1,007.0 8,483.0

4 293.3 409.0 702.3 3,581.0

5 413.0 806.0 1,219.0 3,216.0

6 N.D. N.D. N.D. N.D

TOTAL 3,119.0 2,425.6 5,544.6 22,941.0N.D. no disponible. Actualmente en estudio.

Corredores carreteros

GOLFO:VERACRUZ-MONTERREY

PACÍFICO: PUEBLA– AXACA

CIRCUITO TRANSÍSTMICO

PENINSULAR DE YUCATÁN

PACÍFICO: ZIHUATANEJO –HUATULCO

GOLFO: PUEBLA– PROGRESO

1. Corredor Puebla-Panamá

México 1,007 190Guatemala 415 132El Salvador 309 204Honduras 129 12Nicaragua 316 80Costa Rica 644 498Panamá 480 223Total corredor 3,300 1,339

2. Corredor atlántico

México 769 322Belice 456 45Guatemala 170 29Honduras 349 25El Salvador 73 2Total corredor 1,817 423

3.Corredores complementarios

México 1,181 1,322Guatemala 108 27El Salvador 366 54Honduras 170 100Nicaragua --- ---Costa Rica 225 112Panamá 150 ---Total corredor 2,200 1,615

Total iniciativa 7,317 3,377

KmCosto

US$ millones

I n f r a e s t ructura Hidro a g r í c o l a .En el presupuesto 2001, seaprobaron 654.3 millones depesos principalmente para larehabilitación de 220 mil hec-táreas, mediante la mejora decanales, apertura o reaperturade pozos, construcción de ca-minos rurales paralelos a los sis-temas de canales, etc.

I n i c i a t iva Mesoamericana deintegración vialinversiones 2002-2006

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V. Desarrollo para los olvidados

No obstante que las propuestas del Plan Puebla-Panamá, fueron sometidas a consulta en elmarco del Plan Nacional de Desarrollo, reconocemos que ésta fue insuficiente. En unos díasmás presentaremos el programa de información, consulta y participación activa (ICP) 2001-2006, reiterando nuestro compromiso de que los proyectos i) responderán a la lógica deldesarrollo regional; ii) serán ambientalmente sostenibles; iii) coordinados con los otros dosórdenes de gobierno; y iv) socialmente incluyentes.

Es indispensable romper el círculo vicioso pobreza extrema-violencia social-migración, quehoy es característica del Sur-Sureste, precisamente a través del desarrollo integral.

Los procesos sociales y económicos que ha experimentado la región han propiciado una mo-vilidad poblacional con diversas intensidades, direcciones y alcances.

El fenómeno migratorio, que afecta tanto al Sur-Sureste de México como a algunos países deCentroamérica, tiene su principal origen en la falta de empleos y de ingresos.

Por eso, uno de los efectos más importantes que el Plan busca obtener en el mediano y lar-go plazo es precisamente la disminución de los flujos migratorios mediante la generación deempleos y el incremento del ingreso familiar. El Plan propone ir a la raíz del problema.

El Plan Puebla-Panamá puede corregirse y reorientarse, si es el caso. Su único compromiso escon el Sur-Sureste y, en un marco de amplia cooperación multinacional, con Centroamérica.

Ningún país, ninguna región, podrá insertarse exitosamente en el proceso global, si sus ven-tajas comparativas se mantienen localizadas sólo en alguna de las partes de su territorio.

La globalidad tiene un compromiso ético con el desarrollo regional, para que no se ensanchemás la brecha entre las naciones desarrolladas y las atrasadas.

El desarrollo regional, no debe pasarse por alto, es la solución creativa a los conflictos socia-les y contribuye al fortalecimiento de la vida institucional y democrática.

Veamos al desarrollo regional como una tercera vía entre globalifóbicos y globalifílicos.

Hoy, el Plan Puebla-Panamá es el instrumento que los gobiernos de México, Belice, Costa Ri-ca, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, ofrecen a los olvidados denuestro continente, mayoritariamente ubicados en la rica región mesoamericana.

A r t í c u l o s

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Concertación de Voluntades, Estrategias y A c c i o n e s :Plan Puebla-Panamá

Constantino Urcuyo FournierComisionado Presidencial para el Plan Puebla-PanamáCosta Rica

I- Orígenes

El Plan Puebla Panamá se origina como propuesta del gobierno mexicano. El Presidente Elec-to Vicente Fox, la anuncia y promueve durante una gira por Centroamérica a mediados del2000.

Inmediatamente se reconoce la necesidad de unir esfuerzos con el resto de Centroamérica yes así como el 30 de noviembre de 2000 el Presidente Electo de México propuso a los Pre-sidentes de los países del Istmo Centroamericano y al Primer Ministro de Belice, promover es-te plan de desarrollo regional. La propuesta fue acogida con beneplácito por los Gobiernos.

“ El Plan tiene una visión muy amplia, puesto que involucra 9 estados mexicanos, 7 paísescentroamericanos que territorialmente representan un millón de kilómetros cuadrados y pobla-cionalmente 64 millones de personas. Esto nos habla de su dimensión y de su potenciali-dad... está considerado como un Plan de Desarrollo Regional sustentable, es decir, lo que as-piramos a realizar es a crear las condiciones a través de estrategias de la generación de in-fraestructura física, desarrollo humano, preservación del medio ambiente y la inclusión muy im-portante de la sociedad civil para que haya un cambio estructural que nos permita cerrar labrecha que actualmente existe entre el norte y el sur del país.”

Esta iniciativa encuentra terreno propicio porque ya Centroamérica recorría un camino ten-diente a la búsqueda de consenso y a la unión de voluntades para impulsar el desarrollo con-certado de los países, en su conjunto. Los problemas comunes de ambos (migraciones, dete-rioro ambiental, mejorar competitividad, procesos de intercambio comercial, desastres natura-les) llevan a esfuerzos conjuntos para su superación.

Se cuenta además con el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla Gutiérrez, desde1981, máximo foro mesoamericano para analizar en forma periódica y sistemática los múlti-ples asuntos regionales, hemisféricos y mundiales de interés común, concertar posiciones po-líticas conjuntas, impulsar el libre comercio y la integración regionales; y avanzar en la coo-peración en todos los ámbitos, en apoyo al desarrollo sostenible. A este marco de relaciones,oficialmente establecido, se agrega la Estrategia para la Transformación y Modernización de

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RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs 37-48)

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Centroamérica para el SXX1, presentada el 8 de marzo de 2001, la cual constituye el mo-delo por alcanzar en el marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES).

Una serie de acciones de carácter oficial se realizan a partir de noviembre de 2000 paradarle un marco operativo y legal a la estrategia mesoamericana de desarrollo conjunto. Conesa intención, también fueron invitados a la reunión de Presidentes de esa fecha, los directi-vos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericanode desarrollo (BID), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), orga-nismos que se constituirán luego en el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), para respondera la petición de acompañamiento del proceso, planteada por los Gobiernos.

El 12 de marzo del 2001 el Presidente Vicente Fox presenta formalmente la estrategia de de-sarrollo integral para el sur- sureste de México. Luego de esa apertura oficial del tema y con-tando ya con la designación de un grupo de comisionados por país, encargados de la ta-rea, se inicia el proceso de concertar acciones para conformar el Plan Puebla Panamá. Es fá-cil suponer que un plan de desarrollo regional debe ser multidimensional y que su ejecuciónimplica una gran complejidad.

Uno de los productos importantes del proceso ha sido el establecimiento de una estructura or-ganizativa que facilite la preparación y coordinación del Plan.

La estructura organizativa es:

l El foro de comisionados del PPP es la instancia designada por los Señores Presidentes y Jefes de Gobierno para la implementación del Plan Puebla Panamá. Esta Comisión Ejecutiva es coordinada por el país que ejerza la Presidencia Pro Témpore del SICA y con la participación del Comisionado Mexicano.

l Un Grupo Técnico Interinstitucional, entidad encargada de dar, a solicitud de la Comisión Ejecutiva, el apoyo técnico especializado. conformado por BCIE, BID; CEPAL e INCAE, y otras instancias que en el futuro se decida invitar. Así, posteriormente se ha invitado a la Corporación Andina de Fomento (CAP) y al Programa de las Nacio-nes Unidas para el Desarrollo (PNUD).

l La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) es la entidad designada para desempeñarse como secretaría de apoyo de la Comisión Ejecutiva de Comisionados y para que respalde las labores de la Presidencia Pro Témpore de los países centroamericanos.

A r t í c u l o s

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l Diferentes subcomisiones ejecutarán los trabajos y proyectos del Plan, que se definan como prioritarios.

Estas subcomisiones estarán integradas por los funcionarios que designen cada uno de lospaíses y serán coordinados por un comisionado nacional y tendrán a su cargo la celebra-ción de los proyectos correspondientes con la colaboración del GTI.

Esos procesos de estudio, de reflexión, de discusiones y de búsqueda de consenso culminancon el acuerdo formal de los Jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, El Salva-dor, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá para constituir el Plan Puebla Pa-namá mediante declaración conjunta de la Cumbre Extraordinaria de los Países Integrantesdel Mecanismo de Diálogo y concertación de Tuxtla, celebrada en El Salvador el 15 de ju-nio de 2001.

II- ¿Por qué la Alianza Mesoamericana?

La realidad del mundo actual obliga a los países de la región mesoamericana a buscar nue-vas soluciones, como lo ha señalado Florencio Salazar:

“El proceso de globalidad ya no admite que estemos pensando en barreras no arancelarias,en tener mercados cerrados protegidos, porque eso a la postre, a lo que va a conducir es aque se vuelvan obsoletas las plantas productivas, se cierre el acceso a los mercados de lospaíses que quisieran actuar de esa manera, y los costos sociales sean mayores ”.

La interconexión de nuestros problemas, nos obliga también a la búsqueda de soluciones co-munes, como lo evidencian los desastres naturales, las enfermedades y las migraciones.

“Habida cuenta que tenemos tantos problemas en el Sur-Sureste y que algunos opinan que de-biéramos ocuparnos exclusivamente de resolver nuestros problemas y no estar pensando enproblemas que nos resulten ajenos... si en el norte el PIB es de 4 mil dólares, en el Sur-Sures-te de 2 mil, en Centroamérica es de mil. Sin embargo, tenemos las mismas característicassocioeconómicas, prácticamente la misma cultura, convivimos en un territorio que nos es muyfamiliar puesto que en el, Sur-Sureste y Centroamérica, se generó la cultura Mesoamericanay sufrimos y padecemos los mismos problemas… Es un juego de ganar a ganar. Centroamé-rica gana en esta asociación porque, juntos, le damos mayor cohesión y fortaleza a los pro-yectos, obtenemos una mayor simpatía y apoyo de la comunidad internacional.”

El Plan Puebla Panamá no solo favorece los esfuerzos de integración de Centroamérica, sinoque los fortalece al incluir al Sur-Sureste de México dentro del concepto de Región Mesoame-

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ricana. Esto constituye una visión renovada de la integración regional mediante la ampliaciónde su ámbito geográfico a una región que comparte características y desafíos en el terrenodel desarrollo humano sustentable.

La Región Mesoamericana de Puebla a Panamá cuenta con una enorme riqueza humana fru-to de su diversidad étnica y cultural, con la concentración en su territorio de una biodiversi-dad admirable, y una localización privilegiada por su condición de istmo. Estas magníficascondiciones constituyen las bases para poder enfrentar con éxito los desafíos del presente yconstruir un futuro próspero, armónico con la naturaleza y con una mejor distribución de la ri-queza. La sinergia que engendra la asociación permite enfrentar de una mejor manera losefectos de la globalización.

La acción conjunta, propuesta en el PPP, permitirá que la región mesoamericana haga valersu potencialidad y características para convertirse en un polo de desarrollo en América Lati-na. Ya que, a pesar de los fuertes lazos históricos y culturales, y de los esfuerzos realizados,los niveles de intercambio interegional son relativamente bajos y la cooperación en materiasocial y ambiental, aunque creciente, también se ha mantenido por debajo de su potencial.Más aún, la interconexión de Mesoamérica con el mundo externo también se realiza en con-diciones sub óptimas, debido a que no se aprovecha la vecindad con otras regiones para for-talecer, entre otros aspectos, su posición competitiva, la participación de empresas pequeñasy medianas, el desarrollo humano y el potencial del uso sustentable de sus recursos naturales.

El mercado interior mesoamericano no es aprovechado a cabalidad, debido a las debilida-des de su interconexión física (carreteras en mal estado, aeropuertos que deben remodelarse,condiciones climáticas de la zona, etc.) y a las divergencias regulativas (inexistencia de unalegislación idónea para el intercambio y apertura de mercados). El desafío por ello, es lograrmediante inversiones eficientes y reformas institucionales prioritarias, una creciente integraciónregional que genere empleo, disminuya costos de transacción y, por ende, logre el desarro-llo humano. Solo la acción conjunta mediante la búsqueda del consenso en la región haráposibles esos procesos. El esfuerzo que esto requiera vale la pena, porque el incremento delmercado interno mesoamericano es crucial para la competitividad regional y para superarnuestra pequeñez, vulnerabilidad y desunión .

La biodiversidad compartida, los flujos poblacionales y los problemas sociales comunes tam-bién demandan una perspectiva mesoamericana en el planteamiento de las soluciones a losretos comunes que la región enfrenta.

III- Visión

El Plan Puebla Panamá es un plan integral de gran visión y de largo plazo. Constituye un esfuer-zo conjunto entre Centroamérica y México para el desarrollo de la macro región compre n d i d ae n t re el Estado de Puebla de México y Panamá, en un marco respetuoso de concertación, enten-dimientos y consensos y de pleno respeto a la soberanía de los Estados comprendidos en ella.

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El Plan se concibe como un instrumento vivo, que promueve la participación activa de la socie-dad y la concertación entre los diferentes agentes del desarrollo para afinar y consolidar sus ob-jetivos, estrategias y programas. A través de él se pretende el cambio estructural de la re g i ó n .

El Plan Puebla Panamá busca promover y consolidar el desarrollo de la región Sur Sureste deMéxico y de Centroamérica hasta Panamá, a través de la implantación de manera acelera-da y coordinada de políticas públicas y de programas y proyectos de inversión pública y pri-vada orientados, entre otros, al desarrollo educativo y social de la población, la expansión ydesarrollo integrado de los sectores de infraestructura básica, la promoción y desarrollo deactividades productivas, la modernización y fortalecimiento de las instituciones locales y laampliación de la base tecnológica de la región.

IV- Beneficios

Los beneficios para la región Sur Sureste de México y Centroamérica serán sustanciales y les per-mitirán superar el rezago existente, mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través unamayor y mejor educación, un crecimiento económico sostenido y sustentable (con tasas superio-res a la media internacional y en actividades de creciente valor agregado), la generación deempleos bien remunerados, la armonización del desarrollo social y humano de la población conun aprovechamiento eficiente de los recursos y una expansión e integración comercial.

V - Estrategia del Plan Puebla-Panamá

La estrategia del PPP se sustenta en la concepción que el desarrollo económico y social de laregión será posible en la medida en que las acciones y políticas de gobierno estimulen el con-curso de inversión privada, en apoyo a proyectos productivos.Por ello es que el Plan tiene como prioridad atender tres tipos de acciones y políticas:

a) Aquellas relacionadas con el fomento a la inversión productiva.

b) Las relacionadas con obras de infraestructura, tales como carreteras, puertos, aeropuertos,ferrocarriles o con generación de electricidad.

c) Las vinculadas con el establecimiento de condiciones que garanticen la seguridad jurídi-ca de las personas, de sus bienes y el desarrollo humano

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VI- La búsqueda de un desarrollo integral: dimensiones, iniciativas y proyectos

En la realidad mesoamericana se pueden identificar tres dimensiones interrelacionadas:

l El crecimiento económico y la distribución de sus frutos.l El manejo sustentable de los recursos naturales.l El desarrollo social y humano.

El desarrollo regional depende de un abordaje simultáneo de las tres dimensiones, de mane-ra que el avance de una dimensión conlleve el progreso de las otras. En el caso contrario elrezago en cualquiera de las áreas detendría el avance en las demás. En definitiva, el cabalaprovechamiento del potencial humano depende del crecimiento económico y de una distri-bución adecuada de sus frutos. Pero este crecimiento depende, a su vez, del desarrollo hu-mano alcanzado, y deberá ser ecológicamente sustentable para ser perdurable en el tiempo.Crecimiento sin desarrollo humano traiciona sus fines y el crecimiento no sustentable no pue-de, en consecuencia ser duradero

El Plan Puebla Panamá se compone de un conjunto de iniciativas con sus correspondientesproyectos para organizar los esfuerzos que dan contenido a las tres dimensiones del desarro-llo regional. Estas iniciativas mesoamericanas tienen un propósito doble: por un lado, promo-ver integración y, por el otro, fomentar el diálogo de autoridades y sociedad civil que conso-lide la visión compartida del desarrollo social y económico.

Como dijera Florencio Salazar, Coordinador del Plan Puebla-Panamá para México:

“El cumplimiento del Plan requiere, además del desarrollo de la infraestructura física y social,acciones que fortalezcan las instituciones públicas de la zona para que haya seguridad pú-blica, certeza jurídica y una observancia plena del Estado de Derecho. Estas son condicio-nes indispensables para atraer las inversiones privadas... El desarrollo alcanzado debe serorientado a la población especialmente a los sectores marginados y a los pueblos indígenas”

Entre las consideraciones o criterios empleados para identificación de los proyectos destacanlos siguientes:

l Promueven la integración y el desarrollo económico y social de los pueblos.l Toman en consideración la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.l Disminuyen la vulnerabilidad ante los desastres naturales.l Reconocen y respetan plenamente la diversidad étnica y cultural.l Pueden incluir la participación del sector privado.l Abarcan a toda la región centroamericana.l Promueven la participación en el diseño y ejecución de los proyectos

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VII- Iniciativas Mesoamericanas

La acción del Plan se ejecutará en ocho grandes áreas, las cuales se dividirán a su vez enproyectos específicos.

Las iniciativas propuestas y sus respectivos objetivos son los siguientes:

1. Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo sustentable

Busca promover la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y los me-canismos participativos, especialmente de las comunidades locales en la gestión ambiental.

Proyectos: Proyecto para fortalecer los marcos jurídicos y regulatorios de gestión ambien-tal. (2) Participación de comunidades locales e indígenas en la preservación del patrimo-nio cultural y equidad. (3) Preservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales.

2. Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano

Busca reducir la pobreza, facilitar el acceso a los servicios sociales básicos de la pobla-ción vulnerable y contribuir al pleno desarrollo de los pueblos mesoamericanos.

Proyectos: El Programa Regional de Salud, que incluye la vigilancia epidemiológica de en-fermedades como el VIH/SIDA, Otros programas: Capacitación para el Trabajo, Sistemade Información Estadística sobre Migraciones y Participación de las Comunidades Cam-pesinas, Indígenas y Afrocaribeñas en la gestión ambiental, el aprovechamiento sosteni-ble de recursos naturales y el desarrollo de los gobiernos locales.

3. Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales

Busca promover la prevención y mitigación de desastres naturales e incorporar la consi-deración de la gestión del riesgo en los proyectos de todos los sectores.

Creación de conciencia pública para la prevención de desastres naturales.. (2) Fortaleci-miento de los Sistemas Regionales de Información Hidrometeorológica. (3) Desarrollo deMercado de Seguros para Riesgos contra Catástrofes.

4. Iniciativa Mesoamericana de Promoción del Turismo

Busca promover el desarrollo del turismo ecológico, cultural e histórico mediante accionesregionales que destaquen la complementariedad, las economías de escala y los encade-namientos productivos del turismo.

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Se cuenta con la iniciativa implementación de la cuenta satélite de turismo y la certifica-ción de la sostenibilidad turística.

5. Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial

Busca fomentar el intercambio comercial en la región, mediante una reducción de los cos-tos de transacción en el comercio entre los países y promover la participación de peque-ñas y medianas empresas en las exportaciones regionales.

Proyectos: Modernización de Pasos Fronterizos (2) Facilitación de Negocios y Homologa-ción de Tratados Comerciales (3) Promoción de la Participación de las Pequeñas y Me-dianas empresas ( PYMEs) en las Exportaciones.

6. Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial

Busca promover la integración física de la región para facilitar el tránsito de personas ymercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte.

Proyectos: Tres corredores viales de integración: (1) El Corredor Vial Puebla-Panamá, deunos 3.400 km, que sigue el trazado de la Carretera Panamericana. (2) El Corredor Vialdel Atlántico que conectaría México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, de unos2.000 km. (3) Corredores Viales Complementarios, que si bien son muy importantes, suconstrucción alcanzaría una mayor relevancia en el mediano plazo. Incluyen tramos adi-cionales en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México.

7. Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Eléctrica

Busca unificar e interconectar los mercados eléctricos con miras a promover un aumentode las inversiones en el sector y una reducción del precio de la electricidad.

8. Iniciativa Mesoamericana de Integración de los servicios de telecomunicaciones

Se espera desarrollar la infraestructura de interconexión informática de la región.

La principal actividad a desarrollar consiste en integrar los diferentes participantes a nivelde cada uno de los componentes. COMTELCA y SCT de México deberían aunar esfuer-zos en la elaboración de un programa coordinado de construcción de la Red de FibraÓptica .

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VIII - Mecanismos de decisión y seguimiento

Con el fin de garantizar un avance fluido del PPP en el proceso de formulación de e imple-mentación de las iniciativas y proyectos se propone la definición de un mecanismo de con-sulta y seguimiento de las acciones correspondientes. La responsabilidad fundamental recaeen la Comisión Ejecutiva del Plan y en la subcomisión para cada una de las iniciativas, con-formadas por funcionarios de cada uno de los países participantes, integradas en la reuniónde Tegucigalpa del 29-30 de agosto de 2001.

IX- Ventajas del plan

Según un análisis publicado en la página web del Gobierno Mexicano algunas de las for-talezas del PPP son:

l Posibilidad de prestar servicios ambientales globales vinculados al efecto invernadero.

l Este Plan presenta cualidades únicas a nivel mundial para el turismo ecológico y culturalde calidad, suelo abundante y con calidad competitiva a nivel mundial

l Posee una tradición cultural y tecnológica común (incluyendo la formación de centroame-ricanos en universidades mexicanas), un multiculturalismo y riqueza de usos y costumbrestradicionales de las etnias, para enriquecer la creatividad regional

Algunas oportunidades

l El desarrollo económico latinoamericano demandará productos que puedan ser produci-dos en la región.

l La mejora y la seguridad en el abasto de energéticos a Centroamérica desde la regiónSur-Sureste de México.

l El grado de tecnificación de la agricultura es relativamente bajo y existen márgenes am-plios para mejorar los rendimientos unitarios.

l Existe un mercado de turismo cultural y ecológico potencial y alrededor de cinco millonesde turistas anuales, que representan el segmento con mayor tasa de crecimiento en el mer-cado turístico mundial.

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l Gran riqueza biológica de la región, siendo una de las de mayor diversidad genética.

Según el gobierno Mexicano entre las debilidades que debemos superar se pueden men-cionar:

l Barreras entre los países de la región, de tipo aduanal, financiero y fiscal, que dificultanlos negocios regionales.

l Baja capacidad financiera local, con pocas posibilidades de financiamiento de proyec-tos públicos o privados importantes.

l Políticas públicas que no siempre estimulan las inversiones y desarrollos empresariales.

l Una masa crítica de pequeñas y medianas empresas insuficiente para impulsar el creci-miento.

l Riesgo-región alto, debido a la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales (huracanes, tor-mentas tropicales, sismos y riesgo volcánico) que afectan grandes áreas de la región, conefectos por varios años.

l Inversión extranjera directa (IED) discontinua y con un horizonte de corto plazo, por la per-cepción de una alto riesgo-región, tanto físico como político.

l Infraestructura de transporte escasa, discontinua a nivel regional, de baja calidad y muyvulnerable a los fenómenos naturales.

l Infraestructura que no responde a economías de escala (mercados nacionales pequeños).

l El turismo ecológico y cultural no cuenta

X- Financiamiento

Hasta el momento los aspectos financieros han girado en torno a las acciones del Banco In-teramericano de Desarrollo (BID), pero durante el mes de julio de 2001 se reunieron en Was-hington diversas agencias financieras que han estado interesadas en conocer las iniciativas yproyectos. En la reunión de Presidentes de San Salvador (junio 2001), los mandatarios encar-garon a sus Ministros de hacienda, coordinando con el Presidente del BID, sugerir mecanis-mos para la ejecución del PPP con criterio de realismo fiscal y midiendo los impactos posi-bles de los proyectos sobre la hacienda pública.

Por otra parte, uno de los elementos más importantes del PPP reside en la coparticipación delsector público con el sector privado en el desarrollo de las iniciativas.

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En los meses próximos los comisionados viajarán a Bruselas para presentar el Plan ante laUnión Europea con miras a explorar la posibilidad de obtener financiamiento en el viejo con-tinente.

XI-Apoyo Social

Actualmente el Plan está siendo presentado y consultado con las sociedades mesoamericanascon la finalidad de obtener respaldo para sus objetivos y la participación en un proceso deelaboración y corrección de este.

Los comisionados organizarán en el mes de octubre una reunión con académicos mesoame-ricanos orientada a generar una discusión general sobre el impacto global de este.

XII-A manera de conclusión

La idea de un proyecto de desarrollo conjunto entre los Estados centroamericanos y los esta-dos del sur sur-este de México es una idea para nuestro tiempo. La interconexión de espaciossociales y culturales entre ambos es más que evidente. Los centroamericanos vemos en esteesfuerzo la posibilidad de ampliar nuestros conceptos regionales para potenciar, no solamen-te las posibilidades de cooperación externa, sino también la cooperación interregional ha-cia sociedades más solidamente integradas y dispuestas a la cooperación entre sí. Este acer-camiento nos abre también la posibilidad de incorporación a la zona de libre comercio deAmérica del Norte.

La prosperidad engendrada por el desarrollo del comercio y la inversión en capital humanonos permitirá superar los tradicionales obstáculos del subdesarrollo regional dejando atrás dé-cadas de conflictos e inequidad.La tarea es difícil por la diversidad de los actores y lo complejo de las tareas, sin embargolos imperativos del progreso y la justicia son superiores.

Notas

1Versión estenográfica de la comparecencia del Sr. Florencio Salazar Adame, CoordinadorGeneral del Plan Puebla-Panamá, en la Reunión de Trabajo de la Comisión de AsuntosFronterizos del Senado de la República, de México. www.ppp.presidencia.gob.mx

2Versión estenográfica de la comparecencia del Sr. Florencio Salazar Adame, CoordinadorGeneral del Plan Puebla-Panamá, en la Reunión de Trabajo de la Comisión de Asuntos

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Fronterizos del Senado de la República, de México. www.ppp.presidencia.gob.mx

3www.ppp.presidencia.gob.mx

4Central America, Vulnerable and disunited.The Economist, August 11th 2001.

5www.ppp.presidencia.gob.mx

6Entrevista a Florencio Salazar, Coordinador del Plan Puebla Panamá por parte del GobiernoMexicano. La República, 28 de abril del 2001.

7Plan Puebla Panamá. Iniciativas y Proyectos. www.iadb.org/ppp

8www. ppp.presidencia.gob.mx

9www.ppp.presidencia.gob.mx

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Como comentábamos en un anterior ar-tículo, Costa Rica se ha caracterizadopor una lucha continua a favor de la

promoción, defensa y protección de los Dere-chos Humanos que tiene sus orígenes en losfundamentos históricos de la construcción denuestra nacionalidad. Igualmente comentá-bamos que por esta razón, los derechos hu-manos constituyen un eje fundamental ennuestra política exterior.

N u e s t ros esfuerzos en distintas lides y espa-cios han sido arduos y, algunas veces, pococ o m p rendidos en toda su dimensión. Peroningún logro que haya marcado la historia hasido el producto de una acción aislada sino elde un proceso lento, a veces anónimo, pa-ciente y constante, a veces en solitario, otrasveces tejiendo pro g resivamente redes de vo-luntades, coincidentes con un mismo ideal,que se van en algunos casos relevando la es-tafeta para mantener el ritmo sin descanso deun proceso frecuentemente desgastante peroe s p e r a n z a d o r. Esa persistencia ha caracteri-zado el trabajo que precedió a import a n t e si n s t rumentos internacionales que tuvieron quepasar por un empedrado camino hasta lograrlos frutos deseados.

Conscientes de los riesgos y del compromisoincondicional que demanda la tarea de me-jorar el sistema de protección de los dere-chos humanos en el Hemisferio, nos empeña-mos con entusiasmo a revigorizarlo desde el

punto de vista instrumental y operativo. Paraello, deliberada y directamente, propusimoscomo focos de atención de la XXXI AsambleaGeneral de la Organización de EstadosAmericanos, que tendría lugar en nuestropaís en junio anterior, una serie de cuestio-nes íntimamente conectadas con aquel obje-tivo. Sabíamos que nuestras propuestas noeran caprichosas y que tenían que ver con te-mas de gran actualidad en un mundo en elque la soberanía de los Estados cede ante latutela de los derechos y libertades fundamen-tales del hombre, pero sabíamos igualmenteque algunas de estas propuestas suscitaríanciertas resistencias que habría paulatinamen-te que derribar por vía del convencimiento yla negociación.

A nuestro entender, el Sistema Interamericanodebía robustecerse y recobrar el impulso quehabía tenido hasta la época de la adopciónde la Convención Americana de DerechosHumanos. La coyuntura internacional invita-ba y el reto no debía postergarse. Temer alfracaso y no dar la batalla, era perder laoportunidad de poner en marcha un molinoque arrastre en su movimiento una energíacreciente para alcanzar a futuro con éxito losideales por los que nos comprometemos.

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Mirada retrospectiva de la XXXI Asamblea Generalde la Organización de los Estados Americanos

Roberto RojasMinistro de Relaciones Exteriores y CultoCosta Rica

RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs. 49-53)

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El fortalecimiento del Sistema Interameri-cano de Derechos Humanos

En aquel contexto, nos fijamos cuatro metasprimordiales: aumentar los recursos disponi-bles para los órganos de derechos humanos,incluyendo la creación de un Fondo EspecialVoluntario para Derechos Humanos; iniciarpasos concretos hacia la permanencia de laCorte y la Comisión Interamericana; Involu-crar a los órganos políticos de la OEA—elConsejo Permanente y la Asamblea Genera-l—en el seguimiento de las recomendacionesde la Comisión y las resoluciones de la Cor-te; y darle acceso directo a las víctimas a laCorte (ius standi) una vez agotados los proce-dimientos ante la Comisión Interamericana.

P recisamente en esta Asamblea se ha apro b a-do la resolución sobre “Evaluación del funcio-namiento del Sistema Interamericano de Pro-tección y Promoción del los Derechos Huma-nos para su perfeccionamiento y fort a l e c i-miento”. Esta resolución, le encomienda alConsejo Permanente de la OEA iniciar “accio-nes concretas” relacionadas al fort a l e c i m i e n t oy perfeccionamiento del sistema interamerica-no. Entre esas acciones y las prioridadesasignadas, si bien no se establece dire c t a-mente un monto anual adicional, se da fe delreconocimiento sobre la importancia del fun-cionamiento regular de tales órganos y se leencomienda al Consejo Permanente elaborarun plan de “incremento sustancial” al pre s u-puesto de la Corte y la CIDH y establecer unFondo Específico Voluntario para el Fort a l e c i-miento del Sistema Interamericano de pro t e c-ción y promoción de los Derechos Humanos.

En concordancia con ese objetivo, en la XX-XI Asamblea General, quedó puesto en evi-dencia el coincidente punto de vista de lasdelegaciones según el cual las principales li-

mitaciones de los órganos de derechos huma-nos se asocian con falta de recursos. La pro-puesta de Costa Rica sobre financiamiento seorienta hacia un reacomodo de los presu-puestos existentes. En estas líneas, en ese fo-ro regional el delegado de México propusoque el financiamiento para el Consejo Intera-mericano de Defensa sea trasladado a laCorte Interamericana de Derechos Humanos.Esta propuesta, que Costa Rica apoyó, que-dó anotada y tiene un gran potencial. Con sólo tomar esta medida, se podría casitriplicar los recursos para la Corte, y lograrasí su eventual permanencia. Sin duda el serhumano es muy creativo; lo importante ha si-do inaugurar un espacio de reflexión paraencontrar las fórmulas financieras viables quenos permitan llegar a la meta.

El presupuesto de la OEA para el año 2002,que contempla un aumento de $140,864para ser dividido en partes iguales entre laCorte y la Comisión, nuevamente refleja lavoluntad política y la consciencia que existensobre las limitaciones operativas de los órga-nos de la OEA en materia de Derechos Hu-manos. La propuesta de Costa Rica es enton-ces un insumo para lograr por vía de la ne-gociación aquel cometido.

Esta misma resolución, además de encomen-dar al Consejo Permanente examinar la posibi-lidad de que la Corte y la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos funcionen demanera permanente, insta a los Estados a otor-gar el tratamiento adecuado a los informes dela Corte y de la CIDH, en el marco del Con-sejo Permanente y de la Asamblea General afin de hacer efectivo el deber de los Estadosde garantizar el cumplimiento de las obligacio-nes que emanan de los instrumentos del siste-ma. Asimismo, invita a la Corte y al CIDH aincluir en sus informes anuales información re-

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f e rente al cumplimiento por parte de los Esta-dos de las recomendaciones, decisiones o sen-tencias que hayan sido emitidas en el períodoexaminado por ambos órganos para que seanconsiderados por la Asamblea.

Por último, se encomienda al Consejo Perm a-nente la facilitación del acceso de las perso-nas al Sistema Interamericano de Dere c h o sHumanos y la consideración del tema de lap a rticipación de la víctima en el pro c e d i m i e n-to ante la Corte Interamericana. Es cierto queeste aspecto es de los más difíciles para cier-tos países y ciertos sectores. Es cierto tambiénque en el nuevo Reglamento de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos va aexistir la posibilidad de medir la madurez y laidoneidad del esquema interamericano paraavanzar en ese sentido, pero el simple hechode presentar esta propuesta y de mantener ha-cia delante esta iniciativa, le brinda a la po-blación americana la esperanza de un siste-ma más humano, una justicia más accesible,donde la institucionalidad y las reglas no pri-men sobre el bien más preciado y razón esen-cial del todo: el ser humano.

Más aún, a partir del Proyecto de Pro t o c o l op resentado por Costa Rica, y con fundamentoen una resolución específica sobre este tema,“Estudio sobre el acceso de las personas a laC o rte Interamericana de Derechos Humanos”,el Consejo Permanente tiene desde ahora, conel apoyo de Corte y de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos y de la socie-dad civil, la tarea de examinar el acceso de lavíctima al primero de esos órganos (ius standi)y su puesta en práctica, cuyo resultado debe-rá estar listo para el segundo semestre de esteaño para ser analizado en la próxima Asam-blea General. Nuevamente aquí también esta-mos en camino.

Otros temas de Derechos Humanos

En forma adicional a las propuestas concre t a spara fortalecer el Sistema Interamericano deD e rechos Humanos, Costa Rica presentó dosiniciativas pioneras de gran importancia quef u e ron acogidas en esta Asamblea General.

En primer lugar, y luego de un largo trabajoque involucró a diversos actores estatales yno gubernamentales, tanto nacionales comointernacionales, se elaboró un proyecto deuna Declaración Interamericana de los dere-chos y atención de las personas privadas delibertad. Costa Rica lo presentó acompaña-do de un proyecto de resolución, aprobadobajo el título “Estudio sobre los derechos y laatención de las personas sometidas a cual-quier forma de detención y reclusión”, en elcual se encomienda al Consejo Permanenteque, en colaboración con los órganos y enti-dades competentes del Sistema Interamerica-no, inicie el estudio del tema tomando enconsideración la propuesta costarricense pa-ra que en el término de un año se pronuncieal respecto en la XXXII Asamblea General.Ningún avance en este campo se puede ob-tener si no se pone primero el tema en relie-ve y no se acompaña de propuestas concre-tas. Aquí ya dimos el primer paso en un cam-po a veces olvidado pero no menos actual ysensible de los Derechos Humanos.

En segundo lugar, nuestro país logró que seaprobara la resolución sobre Derechos Hu-manos y Medio Ambiente. Esta resolución en-comienda a la Secretaría General realizar unestudio sobre la posible interrelación entre laprotección ambiental y el pleno goce de losderechos humanos, a fin de presentar igual-mente un informe en la XXXII Asamblea Gene-ral. Hacia esta interconexión estamos abo-cados a trabajar intensamente en los años ve-

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nideros. El mejor clima institucional, jurídi-co, filosófico, cultural social y político notendrá un asidero sostenible si no garantiza-mos una existencia física en armonía con lanaturaleza y los recursos disponibles.

Innovaciones al Sistema Interamericano

La XXXI Asamblea General de la OEA, poriniciativa de Costa Rica, tuvo la virtud abriry consolidar nuevos espacios de participa-ción de otros actores en el Sistema Interame-ricano. Así, por primera vez se organizó unencuentro de trabajo formal con Cancillereso Vicecancilleres de Estados ObservadoresPermanentes, una tradición que esperamosse consolide como práctica en futuras Asam-bleas Generales.

Por otra parte, y respondiendo a la tradi-ción democrática costarricense, se logródar una amplia participación a las organi-zaciones no gubernamentales en estaAsamblea General. De esta forma, partici-paron alrededor de 58 ONGs en calidadde Invitados Especiales. Mediante un proce-so de consulta previa, se incorporaron a laspropuestas costarricenses temas de interéspara las ONGs, y se organizó un encuen-tro de trabajo previo a la Asamblea Gene-ral con representantes estas organizacionesy delegados gubernamentales, incluyendovarios cancilleres y el Secretario GeneralAdjunto, en la cual las ONGs expusieronsus posiciones de consensuadas sobre te-mas de su principal interés. En cumplimien-to de lo acordado con estas ONGs, su po-sición formal fue trasmitida a la AsambleaGeneral.

Esta dinámica no solo va formando a lasONGs en estas lides y empoderándolas enestos procesos, sino que han adquirido ma-

yor madurez y reconocimiento como interlo-cutores serios y responsables ante la comu-nidad internacional. El clima de diálogo yaprendizaje mutuo que tuvo lugar en estaAsamblea, es sin duda un logro sumamentesignificativo para el fortalecimiento de la so-ciedad civil.

La Resolución de San José: Carta Demo-crática Interamericana

En seguimiento al mandato de la Cumbre deQuebec, y a partir de una iniciativa de Pe-rú, en pocas semanas, un grupo de paísesque incluía a Costa Rica, Canadá, EstadosUnidos y Argentina, pre p a r a ron una pro-puesta. Como consecuencia, la XXXI Asam-blea General aprobó por consenso la Reso-lución de San José, la cual recoge los princi-pios y mecanismos para proteger la demo-cracia en el hemisferio y cuyo texto final, co-mo Carta Democrática, deberá estar listapara su conocimiento en la Asamblea Gene-ral Extraordinaria a realizarse la ciudad deLima, Perú, a más tardar el 10 de setiembrepróximo. En virtud de la trascendencia de es-te instrumento en las relaciones interamerica-nas y en aras de promover la transpare n c i aen el proceso de adopción de esta Carta, elConsejo Permanente de la Organización an-tes de esa fecha debe fortalecer y ampliar eldocumento aceptado haciéndolo de conoci-miento público. De hecho, a la fecha enque tienen lugar estas líneas, hay un intensotrabajo técnico y diplomático que se estádesplegando en ese órgano y en el Gru p ode trabajo que le asiste, para llevar adelan-te el mejor texto posible.

Pero eso no es todo. Al principio de estasobservaciones hablábamos de poner enmarcha un molino que arrastre en su movi-

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miento una energía creciente para alcanzara futuro con éxito los ideales por los que noscomprometemos. Ese movimiento, en el pro-yecto de la Carta Democrática, ha generadolas convocatorias nacionales a procesos dediálogo o consulta con la sociedad civil,quien poco a poco se irá involucrando másen el quehacer político y quien, en este esta-dio, ha contribuido con aportes enriquecedo-res a ese instrumento.

Reflexión general

Desde una perspectiva más amplia, no debe-mos perder de vista que todo buen negocia-dor sabe que cuando se quieren alcanzar ob-jetivos concretos siempre se debe aspirar a lameta más alta posible, aún cuando no seadel todo viable en el momento. Desde luego,esto conlleva el riesgo de que si no logra lameta máxima de forma inmediata, esto pue-da percibirse como un fracaso, cuando enrealidad no lo es. La historia de las últimasdécadas nos presenta buenos ejemplos. En1965, Costa Rica revivió ante la Comisiónde Derechos Humanos de la Organizaciónde Naciones Unidas la propuesta de crea-ción del Alto Comisionado de los DerechosHumanos. Sin embargo, se requirieron 28años de insistencia para que esta iniciativase convirtiera en realidad al ser aprobada en1993 por la Cuadragésimo Octava Asam-blea General de la ONU. En el mismo senti-do, la Convención Americana de DerechosHumanos, largamente discutida y suscrita enSan José en 1969, todavía está en el proce-so de ser ratificada por todos los Estados delhemisferio. Mucho más puede decirse del Es-tatuto del Tribunal Penal Internacional y de lasConvenciones de Ginebra sobre el DerechoHumanitario para no mencionar más que ilus-traciones muy puntuales.

Nadie contestaría hoy en día el valor de esosmecanismos e instrumentos en la protecciónefectiva de derechos humanos y de los ar-duos y largos esfuerzos que les antecedieron.

Estamos convencidos de que, aunque las pro-puestas de Costa Rica no se aprobaran en suliteralidad, ellas están cumpliendo su pro p ó s i t oa cabalidad. Costa Rica logró que el eje prin-cipal de esta Asamblea General fueran los de-rechos humanos y la democracia, y a partir deahora la OEA tiene el mandato ineludible detomar medias concretas para fortalecer el Sis-tema Interamericano. Más aún, la cre d i b i l i d a dde la OEA misma está en juego. Costa Ricadefinió el rumbo y le corresponde a la OEA ynos corresponde a todos y a cada uno sumare n e rgías para cumplir con ese re t o .

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I. Introducción y Antecedentes

Este documento explora de manera gene-ral los factores que han debilitado la de-mocracia en nuestra región y las políticas

e iniciativas que nuestros gobiernos hanadoptado para contrarrestar esta tendencia,incluyendo la decisión de la Cumbre de Qué-bec de elaborar una Carta Democrática.

Cuando se habla de democracia es necesa-rio aclarar que el concepto de la misma se haenriquecido durante los últimos años. Ahora,democracia implica, entre otras cosas, no so-lo elecciones puras sino equilibrio e indepen-dencia de los poderes públicos; toleranciapolítica, entendida como un valor que fundala convivencia en el respeto a las diferenciasy como una actitud que trata de entender lasrazones de los demás, a fin de llegar a acuer-dos que armonicen los intereses de todos;transparencia en el manejo del Estado, lacual implica información oportuna y clara;participación ciudadana; comunidades fuer-tes; libertad de información, prensa, y expre-sión; y un Estado de Derecho que garanticeciertos derechos fundamentales mediante laprestación efectiva de ciertos servicios públi-cos básicos.

La democracia en nuestra región pasa por undifícil momento. El entusiasmo que existía ha-ce una década por las reformas democráticasha sido reemplazado por frustración e impa-ciencia con la democracia, con la globaliza-

ción, y con las bajas tasas de crecimiento denuestras economías.

Las causas del descontento son muchas. Lasmás importantes son la incapacidad de mu-chos Estados para dar a sus pueblos nivelesmínimos de educación, salud, y control; la de-bilidad fiscal y financiera del Estado; la inal-terable relación de desigualdad en la distribu-ción del ingreso; hastío con las realidades dela globalización; alguna nostalgia por las fic-ticias bondades de las dictaduras; la percep-ción que la democracia era responsable delas desalentadoras tasas de crecimiento, la di-fícil situación económica, los altos niveles depobreza, el narcotráfico, el terrorismo, la co-rrupción, y la violencia.

Aunque no se puede negar que las re f o rm a sde los años 90 no dieron a los problemas so-ciales toda la atención que merecían, los pro-blemas mencionados eran endémicos en mu-chos de nuestros países. A pesar de esto, lagente empezó a culpar a la democracia portodo lo que no estaba bien, y poco a poco és-ta se convirtió para muchos, si no en la causa,sí al menos en el cómplice más importante delas privaciones que sufren nuestros pueblos.

Como consecuencia de esto, son muchos losque han empezado a poner en duda que lademocracia genere desarrollo político, eco-nómico, y social. Una encuesta publicadahace unos días muestra que en comparacióncon el año pasado se ha dado una disminu-

Reflexiones sobre la Democracia en nuestra Región

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Cesar GaviriaSecretario GeneralOrganización de los Estados AmericanosWashington, D.C.

RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs. 54-57)

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ción sin precedentes en el apoyo a la demo-cracia y un modesto incremento de quienesdicen estar a favor de las dictaduras. Méxi-co fue el único país de América Latina dondeel apoyo por la democracia aumentó. Y sibien es cierto que el arraigo y la solidez denuestras democracias no pueden conocerse através de los números de una encuesta, lasconclusiones de la misma confirman de mane-ra general la percepción de quienes obser-van los desarrollos políticos de la región.

II. Correctivos

En este difícil contexto, nuestros gobiernos si-guen comprometidos con el fortalecimientode la democracia, y, en desarrollo de estecompromiso, han lanzado una serie de inicia-tivas políticas, sociales, y económicas.

Proceso de Cumbres. La piedra angular dela estrategia adoptada para responder demanera coordinada y efectiva a los enormesdesafíos que se han heredado es el procesode Cumbres de las Américas. Nuestros go-biernos entendieron que como consecuenciade la globalización, de la mayor integracióneconómica, de la complejidad de los proble-mas, y del importante componente internacio-nal de muchos de ellos, era preciso institucio-nalizar un proceso que permitiera a nuestrospaíses identificar ciertas metas comunes yprioritarias, plasmarlas en una agenda co-mún, y aunar esfuerzos para trabajar en pro-cura de dichas metas, mediante actividadesconcretas consignadas en los planes de ac-ción de dichas cumbres.

Dentro de este proceso, nuestros jefes de Es-tado y de gobierno, interpretando el sentir desus pueblos, han entendido que la búsquedade una verdadera democracia es el funda-mento de la legitimidad de nuestras institucio-nes, la estrategia para reencontrarnos con laprosperidad, y la fuerza que une nuestrospueblos. Por todo esto, dentro del marco es-

tablecido por los principios de la democra-cia, nuestros países trabajan, tanto en el pla-no nacional como internacional, en la ejecu-ción de los planes de acción establecidos pa-ra promoverla, fortalecerla, y, cuando sea ne-cesario, protegerla colectivamente.

Estados Fortalecidos. En el plano doméstico,estos principios y planes han generado accio-nes concretas para atender las deficienciasinstitucionales y sociales que debilitan nuestrasdemocracias. Todas buscan crear Estados deD e recho vigorosos que puedan prestar aque-llos servicios que son esenciales para vivir encomunidad, como la salud, la educación, ylas labores de supervisión y control. Una vezque nuestros Estados sean capaces no sola-mente de garantizar elecciones libres y trans-p a rentes sino de prestar adecuadamente di-chos servicios habremos dado un paso impor-tante para asegurar que la democracia perm a-necerá y se hará fuerte en nuestro suelo.

En la construcción de estos Estados, la socie-dad civil y los organismos no gubern a m e n t a l e sestán jugando un papel cada día más impor-tante. Hoy tenemos más actores que en cual-quier otro momento señalando las carencias denuestras instituciones, descubriendo sus limita-ciones, y exigiendo su transform a c i ó n .

Derechos Humanos. En esta tarea de atenderlas necesidades básicas de nuestros pueblosjuega un papel principal la defensa de los de-rechos humanos. Esta defensa no terminacuando terminan las dictaduras. Por el con-trario, la salud de nuestras democracias de-pende en parte del celo con el que se prote-jan dichos derechos. Esta es cada día másuna labor de todos. Los ciudadanos, la socie-dad civil, las autoridades, los sistemas judicia-les nacionales, y la comunidad internacionallo saben, y gracias a ello, y para fortuna detodos, el tema de derechos humanos es aho-ra un componente esencial de nuestro discur-so y práctica política.

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Nuestro hemisferio tiene una tradición envi-diable y ejemplar en la defensa de los dere-chos humanos. Durante muchos años el Siste-ma Interamericano de Derechos Humanos de-nunció y actuó con coraje contra las dictadu-ras. Ahora, con un hemisferio democrático,surgen enormes posibilidades de coopera-ción entre los sistemas judiciales nacionales,que son la primera y más efectiva línea de de-fensa, y el sistema Interamericano. Para for-talecer esa articulación se debe proseguir conlas reformas judiciales que necesitan muchosde nuestros Estados; se debe dar a las autori-dades nacionales y al Sistema Interamericanolos recursos que requieren para cumplir unalabor que cada día es más compleja y exten-sa; y, finalmente, se debe seguir buscandoque más países acepten la jurisdicción de laComisión y de la Corte.

C a rta Democrática. En el plano intern a c i o n a ln u e s t ros Estados han adoptado durante las últi-mas décadas varios instrumentos para hacermás oportuna y efectiva la participación del Sis-tema Interamericano en el fortalecimiento y de-fensa de la democracia. Esa tarea continúa.

Por medio de varias reformas a la Carta de laOrganización de los Estados Americanos, losEstados Miembros establecieron que la res-ponsabilidad fundamental de la Organiza-ción es la de fortalecer y proteger la democra-cia en toda su complejidad. En cumplimien-to de esto, la OEA, además de cumplir consus otros mandatos, ha estado presente en losmomentos de crisis. En Paraguay, en Ecua-dor, en Perú, y ahora en Haití, la comunidadinternacional ha intervenido efectivamente endefensa de las instituciones democráticas.

Por lo reciente, y por la magnitud del esfuerz oque se realizó, el caso del Perú merece espe-cial atención. Gracias al coraje de los peru a-nos, la comunidad internacional pudo contri-buir a que el país rescatara sus institucionesdemocráticas. Hace poco más de un año enWi n d s o r, Canadá, los Estados Miembros dela OEA aceptaron la invitación del gobiern o

p e ruano de enviar una misión para, con los di-f e rentes partidos, la sociedad civil, y el gobier-no, explorar ideas para fortalecer la democra-cia. Tras la aparición de pruebas irre f u t a b l e ss o b re corrupción, la mesa de diálogo cre a d apor la Misión de Alto Nivel de la OEA, se con-v i rtió en un espacio fundamental para el diálo-go político que hizo posible una transición pa-cífica y un re t o rno a la democracia.

Durante la Tercera Cumbre de las Américas,celebrada el pasado Abril en Québec, nues-tros gobiernos acordaron elaborar una cartademocrática dentro del marco de la OEA. Es-ta iniciativa, única en el mundo, hace denuestro hemisferio el líder en la protección co-lectiva de la democracia y es una pruebamás de la invaluable contribución de las Cum-bres al futuro de las Américas.

El proyecto de carta incorpora los nuevos ele-mentos del concepto de democracia; armoni-za mandatos originados en la Carta de laOEA con otros emanados de las AsambleasGenerales; recoge prácticas recientes; yadopta normas contundentes para defenderla democracia. Una de estas incrementa nosolo el número de situaciones que serían con-sideradas como rupturas de la democracia,sino también el número de mecanismos queestarían a disposición de los órganos políti-cos de la Organización para defenderla.

El proyecto inicial presentado en Québec sir-vió de base para el proyecto que viene discu-tiéndose en el Consejo Permanente de la Or-ganización. La discusión ha sido transparen-te y democrática. Se han adoptado mecanis-mos para que la sociedad civil y todo el quequiera participar en la discusión lo haga. Eltexto definitivo será aprobado el 10 de sep-tiembre próximo en Lima, por los representan-tes de los Estados Miembros de la OEA.

Libre Comercio e Integración. Como se hamencionado, el futuro de la democracia ennuestro hemisferio depende en parte de los re-sultados que se obtengan en el campo econó-

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mico. Si no hay progreso económico será di-fícil encontrar indefinidamente apoyo para lademocracia. En esta era de globalización, laprosperidad económica depende en granparte de aprovechar al máximo las ventajascomparativas de cada país y de tener acce-so a los mercados internacionales. Para ello,nuestros gobiernos han dado nuevo impulso ala creación de un mercado único desde Alas-ka hasta la Patagonia y al fortalecimiento delos mecanismos regionales de comercio.

Gracias al proceso de Cumbres el hemisferiotiene ahora una carta de navegación parahacer realidad el Área de Libre Comercio delas Américas, y, en este contexto, nuestros go-biernos están negociando la estructura y elcontenido del acuerdo.

Lucha Contra el Delito. La era de la democra-cia en nuestro hemisferio ha coincidido conun crecimiento del delito. Como hemos visto,uno de los ejes del fortalecimiento de la de-mocracia es la creación de Estados vigorososque puedan garantizar la vida, la dignidad,y los bienes de los ciudadanos. Pero comoahora muchos de los delitos tienen un compo-nente internacional, nuestros Estados han da-do pasos importantes para hacer de esta lu-cha uno de los objetivos prioritarios de la co-munidad internacional.

Por eso, además de las medidas internas queestán tomando para proteger a los ciudada-nos y a las instituciones, nuestros Estados handado pasos importantes para combatir los as-pectos internacionales del delito. En la luchacontra el narcotráfico, el terrorismo, la corrup-ción, la violencia, y el tráfico de armas, entreotros, nuestros países han creado la Conven-ción contra la Corrupción, la Estrategia He-misférica contra las Drogas, el Mecanismo deEvaluación Multilateral, la Convención Intera-mericana contra el Tráfico Ilegal de Armas, yla Convención sobre Transparencia en la Ad-quisición de Armas.

En desarrollo de estos compromisos, nuestrosEstados están avanzado en la adopción de es-trategias comunes o complementarias, en la di-seminación de información, y en la coord i n a-ción de las autoridades de diferentes países.

Solución Pacífica de Controversias. Finalmen-te, el hemisferio está tratando de solucionarmediante el diálogo y la negociación los ine-vitables problemas que surgen entre vecinos.La tensión entre varios Estados Miembros haaumentado como consecuencia de controver-sias de carácter territorial. Fieles a la Cartade la OEA, los países involucrados han esta-blecido procesos de diálogo y de negocia-ción para solucionar pacíficamente sus pro-blemas.

III. Conclusión

A pesar de las dificultades mencionadas, es-te vistazo a la situación de la democracia ennuestro hemisferio debe llenarnos de optimis-mo. Nuestros pueblos y gobiernos hanaprendido rápidamente de sus errores, hanrectificado el rumbo, han establecido unaagenda común, han puesto en marcha correc-tivos adecuados, y no han perdido de vistaque para proteger la democracia se necesitamás democracia y un crecimiento económicomás vigoroso y justo. Esto demuestra que he-mos alcanzado un mayor grado de madurezpolítica, que tenemos claro el destino quequeremos construir, que no nos dejamos inti-midar por los problemas, y que hemos enten-dido que la acción colectiva es necesaria pa-ra crear el hemisferio que queremos.

Estos logros nos colocan en una posición fa-vorable para acometer las muchas tareas quenos faltan.

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La Organización de los Estados Americanos(OEA) fue concebida como una sociedad denaciones libres, unidas por su fe en la demo-cracia representativa, cuyo ejercicio efectivose estipuló como base dela solidaridad entrelos Estados Miembros.

La historia de las luchas por la independenciade la Naciones Americanas explica esta pe-culiar estructura democrática de la OEA. ,bien diferente de la de Naciones Unidas(0NU), cuyos miembros se vincularon, princi-palmente, para alcanzar el propósito declara-do de mantener la paz, sin ninguna referen-cia a los sistemas de gobierno de los EstadosMiembros.

Y es que en realidad, todos los países que in-tegran el Nuevo Mundo surg i e ron a la vida in-dependiente con la aspiración de vivir en li-b e rtad, dentro de gobiernos escogidos por susp ropios pueblos. La democracia devino, en-tonces, desde las luchas por la independen-cia, el sello de la legitimidad para cada unode los gobiernos de los Estados Miembro s .

Por ello no es de extrañar que en el inciso (d) delA rtículo V de la Carta de la OEA se pro c l a m e :

Esa legitimidad histórica de la democraciahizo que, desde el siglo antepasado, cadavez que un dictador latinoamericano asumíael Poder, sé apresurar a declarar la transitorie-dad de su régimen, al que afirmaba se lepondría término tan pronto lo permitieran lascondiciones de orden y seguridad que, segúnel criterio del respectivo tirano, permitirían elregreso a la normalidad democrática.

Y, en efecto, tarde o temprano, y aunque losdictadores no lo quisieran sinceramente, to-dos los gobiernos autoritarios de Latinoaméri-ca han venido cediendo su lugar a regímenesdemocráticos, aún cuando en muchos casos,estos nuevos gobiernos democráticos hubie-ran sido derrocados por otros dictadores que,a su vez, se declaraban temporales.

En los dos últimos decenios hemos visto desa-parecer a casi todos los gobiernos autorita-rios de Latinoamérica, y en los foros de laOEA ya no se sientan delegados de gobier-nos dictatoriales.

Desgraciadamente subsiste el primer régimentotalitario que se instauró en nuestra América,abrogando para Cuba la legitimidad históri-ca de la democracia. En ningún momento desu larga tiranía ha aceptado Fidel Castro –co-mo sí lo hicieron en su tiempo todos los dicta-dores autoritarios, anteriores y posteriores aél- que su dictadura fuera temporal. Por el

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La Legitimidad Histórica de la Democracia en el Nuevo Mundo

Gonzalo J. FacioEx Ministro de Relaciones Exteriores de Costa RicaEx Embajador de Costa Rica en la OEA

“La solidaridad de los Estados Americanos ylos altos fines que con ella se persiguen, re-quieren la organización de los mismos sobrela base del ejercicio efectivo de la democra-cia representativa”.

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contrario, desde el primer momento Castrodeclaró permanente su régimen totalitario. Yes que ese régimen de Fidel Castro, como to-dos los regímenes comunistas anteriores a la“perestroika” y al “glasnot”, no ha pretendi-do nunca asentarse sobre la voluntad libre-mente expresada por su pueblo. Este princi-pio era y es para Castro, como lo sigue sien-do para los muy pocos comunistas conserva-dores de corte staliniano que aun existen, unmero formulismo burgués.

La Reunión de Cancilleres celebrada en Pun-ta del Este, en 1962, decidió excluir al régi-men castrista de su participación en el Siste-ma Interamericano. Consideró, con toda ra-zón, que un régimen de esa naturaleza escontrario a los principios de la OrganizaciónHemisférica, ya que el dogma en que seasienta su poder es consubstancialmente in-congruente con el citado principio expresadoen el citado inciso (d) del Artículo V de laCarta de la OEA, según el cual, repito, lasolidaridad interamericana está basada en elejercicio efectivo de la democracia, represen-tativa en cada Estado Miembro.

El Pluralismo Ideologico y la RepresentacionCubana en la OEA

La VI Asamblea General Extraordinaria de laOEA. , reunida en Cartagena, proclamó comonuevo principio rector del Sistema Interamerica-no él del Pluralismo Ideológico y Político, me-diante la inclusión en la Carta de un texto querecoge el derecho de todo Estado a elegir su sis-tema político, económico y social y a org a n i z a r-se en la forma que más le convenga.

P e ro ese texto de ninguna manera deroga elprincipio expresado en el ya citado inciso (d) del

A rtículo V de la Carta, que hace depender dele j e rcicio efectivo de la democracia re p re s e n t a t i-va en cada Estado Miembro, la solidaridad in-dispensable para que exista la propia OEA.

Si se hace una interpretación lógica e histó-rica del nuevo principio del pluralismo ideoló-gico y político, éste resulta congruente con losotros principios de la Carta, y por lo tanto de-ja incólume la exigencia de practicar la de-mocracia representativa para que un gobier-no pueda estar representado legítimamenteante la OEA.

Y como el sistema totalitario que practica el ré-gimen de Cuba es la negación más pro f u n d ade todos los principios en que se basa la de-mocracia re p resentativa, la dictadura Castris-ta, pese al nuevo principio aprobado en Car-tagena, no puede reunir los requisitos necesa-rios para que sus delegados ocupen el puestoque en la OEA. está re s e rvado para los legíti-mos re p resentantes del pueblo cubano.

El Sistema Económico Comunista nunca hafuncionado bien

Desde hace más de dos décadas se hizo evi-dente, hasta para el más fanático, que el siste-ma comunista no produce bienestar en ningu-na parte. Desde hace tiempo hasta los gober-nantes comunistas se venían dando cuenta deque, cuando su sistema es aplicado, el Estadose hace cada vez más ineficiente y la pro d u c-ción de bienes y servicios decrece en pro p o r-ción directa al crecimiento de la maquinariag u b e rnamental. Pero no se atrevían a intentarel cambio, o carecían de la habilidad para im-ponerlo, hasta que alcanzó el poder MihailG o r b a c h o v, un genial líder dispuesto a salvara la Unión Soviética de la humillación de con-

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v e rtirse en una potencia de segundo ord e n .Gorbachov reconoció secretamente que el so-cialismo aplicado sólo había producido eco-nomías de guerra, en las que todo se subor-dina a la propaganda estupidizante y al po-der militar que sustenta a la nueva Clase (laNomenklatura) compuesta por los altos jerar-cas del Partido Comunista. Y para acabarcon este estado de cosas, Gorbachov lanzósus proyectos de reforma encarnados en la“perestroika” y el “glasnot”.

Desde la década de los ochenta en el sigloXX todo apuntaba a la conclusión de que, porlo menos los más capaces líderes comunistasse habían percatado de que sin libertad nohay verdadera creación, y de que, sin creati-vidad no puede haber avance tecnológico.Y por ello comenzaron a comprender quepor esa razón, la Revolución Tecnológica queha transformando a las potencias Occidenta-les y al Japón, no podría prosperar en sus Es-tados totalitarios mientras el espíritu humanono pudiera volar libremente.

La Tecnología es fruto de la libertad

Cuando millones de personas comenzaron avivir en Occidente la aventura de la libertad,nació con ellas la sociedad pluralista y fértildonde, en un marco de competencia, lasideas se intercambian y entrecruzan a un rit-mo vertiginoso, donde los científicos no tienenobstáculos dogmáticos para llevar adelantesus investigaciones, y los inventores obtienenlos recursos necesarios para convertir en rea-lidad sus esquemas tecnológicos.

Uno de los principales frutos de las socieda-des libres ha sido y es el formidable avancede la tecnología. Como lo explicó hace dé-

cadas el gran escritor argentino MarianoGrondona, sin ese fruto es imposible moder-nizarse para avanzar. Lo que importa no sonlas máquinas ultra sofisticadas que llegan alos mercados donde pueden ser adquiridospor cualquiera. Lo que importa es el procesoque ha permitido imaginarlas y desarrollarlas,y que también permitirá superarlas.

Los regímenes comunistas, de los que sóloquedan el de China y el de Cuba, surgieroncomo producto de la interpretación Marxista-Leninista de la Revolución Industrial. Y por seruna interpretación totalmente errada, segaronen los países que se fundaron en tan erradainterpretación las corrientes que han desatadoen las naciones capitalistas de Occidente yen el Japón la Revolución Tecnológica denuestro tiempo.

El problema que se planteó Gorbachov yque no pudo resolver cabalmente, fue el deque su Unión Soviética se había aferrado aesa interpretación errónea de la Revolución In-dustrial cometida por marxistas y leninistas,que obligó a su Estado totalitario a competiren desventaja con un mundo capitalista queya había entrado en la Revolución Tecnológi-ca. Por ello las naciones comunistas perdie-ron el tren de la historia.

El dilema que Gorbachov y sus compañerostuvieron que plantearse fue el de si el cambiotecnológico es la causa del mundo neocapi-talista, o si, por el contrario, la revolución tec-nológica es efecto del sistema democráticorepresentativo que previamente vivieron laspotencias industriales de Occidente y de Ja-pón, creadoras de las computadoras, de lossatélites y de los nuevos métodos de serviciosy de producción.

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En un artículo publicado al principio de la dé-cada de los noventa del siglo XX publicadoen la revista interamericana Visión, Grondo-na, utilizando el método socrático, se pregun-taba si la libertad de los espíritus que se ex-pandía por el mundo estaba o no determina-da por las fuerzas de la producción que hatraído la Revolución Tecnológica, o si por elcontrario, es la libertad de los espíritus la queha hecho posible el curso de las fuerzas deproducción y servicios que ha traído esa Re-volución Tecnológica.

Hoy sabemos que la respuesta a esa interro-gante apunta hacia el segundo planteamien-to, porque ahora es evidente en este siglo XXIque sólo allí donde hay libertad política,económica y social se puede producir la Re-volución Tecnológica con todas sus ventajas.

Los cambios que estos programas propugna-ron, fueron avanzando lentamente en laUnión Soviética. Pero cuando se llevaron a laEuropa Oriental, produjeron la conmociónpolítica y social más importante la segundamitad del siglo XX. En uno de los fenómenosmás sorprendentes y admirables de la historiapolítica reciente, uno tras otros, con increíbleceleridad, fueron cayendo en la Europa delEste los regímenes que, de acuerdo con sudogma, pretendían ser perpetuos.

Como el más conservador stalinista del Anti-guo Bloque Soviético, Fidel Castro fue y siguesiendo el único dictador que ha rechazadolas reformas propuestas por Gorbachov. Surespuesta fue y sigue siendo “socialismo omuerte”, en la que al término socialismo se leda una aceptación equivalente a una férreadictadura dirigida a mantener la “Nomenkla-tura” que carcome a la nación cubana. Cas-tro apostó todos sus recursos al fracaso dela Revolución impulsada por Gorbachov, so-

ñando con el regreso de los añorados díasde Stalin, o por lo menos a los de Breshnev,con toda la miseria, el terror y la confronta-ción militar con las potencias occidentales.

En vez de invitar al tambaleante régimen cas-trista para que se incorporase a la 0EA,comolo han hecho más de un gobierno latinoame-ricano, los gobiernos verdaderamente demo-cráticos de nuestra América Latina estabanobligados a facilitar, con su apoyo a los cu-banos demócratas y con sus gestiones antelos promotores de la nueva Revolución rusa, ala transición que tendrá que hacer el buenpueblo de Cuba, desde la opresión a la li-bertad, desde la miseria de la dictadura tota-litaria, al desarrollo de las democracias repre-sentativas.

Entonces será el momento oportuno para que unlegítimo gobierno de Cuba ocupe la silla quec o rresponde en la OEA. al Estado cubano, sillaque ha estado dolorosamente vacante durantelos prolongados años de la tiranía castrista.

Compatibilidad de la defensa de laDemocracia con el principio de la No-Intervención

El principio de la No-Intervención constituyeuna de las más importantes contribuciones la-tinoamericanas al Derecho Internacional. Y sise comprende su verdadero alcance, no hayrazón para sostener que está siendo rempla-zado por un nuevo principio de intervencióna favor de la Democracia Representativa y delos Derechos Humanos.

El principio de la no-intervención lo elaboraro ntrabajosamente los Gobiernos de la nuevas Re-públicas Latinoamericanas desde los albore s

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mismos de la independencia. Su objetivo y suúnica justificación fue, y sigue siendo, el dep roteger la soberanía nacional y el derecho delos pueblos a su libre a u t o d e t e rm i n a c i ó n.

A principios del siglo XIX, la preocupaciónfundamental de las nuevas Repúblicas fue lade evitar la intervención de las ex metrópoliseuropeas contra la consolidación de la inde-pendencia de las naciones americanas. Lue-go, conforme los Estados Unidos de Américafue aumentando su poder y su riqueza, los la-tinoamericanos comenzaron a preocuparse,más y más, por las tendencias expansionistasdel “Coloso del Norte.” Y así, durante el si-glo XIX y las primeras décadas del siglo XX,los gestos que en favor de la unidad hemisfé-rica hacían los foros interamericanos estabandirigidos básicamente contra la intervenciónen sus naciones, ya no tanto de las potenciascoloniales europeas, sino, principalmente delos Estados Unidos del Norte.

En la Conferencia de Paz celebrada en Bue-nos Aires en 1936, los representantes latinoa-mericanos lograron, por fin, que el gobiernode los Estados Unidos, presidido por el granlíder mundial de la democracia, Franklin De-lano Roosevelt, se comprometiera a respetarel principio de la no-intervención en las rela-ciones interamericanas.

Por otra parte, los juristas latinoamericanoshan contribuido, más que los de cualquier otraregión del mundo, a insertar dentro del Dere-cho Internacional contemporáneo el principiode la protección interestatal de los Dere c h o sHumanos, así como el de la defensa de la de-mocracia re p resentativa, por ser ésta el únicosistema de gobierno donde tales Derechos Hu-manos tienen espacio para su plena vigencia.

D e n t ro de esa corriente, la Carta fundamentaly los otros documentos básicos del Sistema In-teramericano, le dieron a la OEA la conform a-ción constitucional de una asociación de Esta-dos democráticos como atrás lo he explicado.

Un análisis cuidadoso de la cuestión demues-tra que no existe contradicción entre el princi-pio de la No Intervención, por una parte, yel de la acción jurídica colectiva para recla-mar de un Gobierno violador, el respeto delos Derechos Humanos y el ejercicio efectivode la Democracia Representativa.

La excusa que durante muchos años -especial-mente en las décadas de los 70 y los 80 delsiglo pasado- utilizaron las mayorías latinoa-mericanas lideradas por México para que laOEA no actuara contra las dictaduras quesustituían los derrocados gobiernos democrá-ticos, fue siempre la del respeto al principiode la No Intervención. Principio que esas ma-yorías sabía muy bien que no fue instauradopara proteger a los gobiernos que no repre-sentaban la voluntad sus pueblos. Por el con-trario, la No Intervención fue adoptada comoun instrumento positivo para proteger la sobe-ranía nacional y la autodeterminación de lospueblos. Y como la soberanía nacional des-cansa exclusivamente en la nación y sólo seexpresa por medio de sus legítimos represen-tantes; así como la auto-determinación popu-lar consiste en el derecho de cada pueblo adecidir su propio destino -lo que incluye, pri-mordialmente, el derecho a escoger su propioGobierno-- no viola el principio de No Inter-vención ningún acto colectivo jurídico que sedirija a recuperar el respeto por la soberaníanacional y para permitir la auto-determina-ción popular.

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Quienes violan la soberanía nacional y la li-bre autodeterminación popular son aquellosque, por medio de la fuerza u otras vías ile-gales usurpan los instrumentos de poder de unEstado para imponer su voluntad sobre el pro-ceso de decisión de los ciudadanos de eseEstado. Consecuentemente, ningunas medi-das internacionales o regionales dirigidas agarantizar el ejercicio efectivo de la democra-cia o el respeto a los Derechos Humanos, vio-lan el principio de la No Intervención. Alcontrario, esas acciones son positivas, puestoque su triunfo da como resultado el que vuel-va a asentarse en la nación la soberanía usur-pada por los dictadores, así como el que sepermita al respectivo pueblo ejercitar su auto-determinación.

Para evitar equívocos hay que usar bien lostérminos. La intervención constituye un actodelictivo internacional. La acción jurídica co-lectiva, fundada en un Tratado o ConvenciónInternacional --como lo es la Carta de la OEA-constituye un medio legal de que dispone laComunidad Regional o Mundial para impo-ner sanciones al trasgresor de los derechossoberanos de un pueblo. Entre la intervencióny la acción jurídica colectiva existe la mismadiferencia que en el derecho interno se da,por ejemplo, entre el acto de irrumpir sin au-torización del dueño en una residencia (loque tipifica el delito de violación de moradaajena) y el allanamiento de domicilio realiza-do por las autoridades mediante una ordenjudicial (que, desde luego no es delito, sinoactuación legítima.) El citado escritor argenti-no, Mariano Grondona, sostiene que paraevitar que el principio de la defensa de la de-mocracia sea utilizado abusivamente por losEstados grandes contra los chicos, debe reu-nir dos condiciones: (1) Que la decisión de

usarlo no sea unilateral, sino producto de unproceso jurídico realizado por un org a n i s m oi n t e rnacional; y (2) Que los beneficiados conla acción defensiva de la democracia no losean los Estados que la ejercitan, sino los pue-blos hasta ese momento sometidos a opre s i ó n .

Entendida así las cosas, no hay razón parapensar que el gran principio de la No Inter-vención está en agonía. Por el contrario, go-za de buena salud, desde que ha dejado deempleársele como excusa para incumplir laobligación que tiene la OEA de promover ladefensa de la democracia representativa y elrespeto a los Derechos Humanos.

Periodo de la Guerra Fría

Durante los primeros años de la Guerra Fría,mejoró la cooperación económica de los Es-tados Unidos hacia Latinoamérica y las rela-ciones interamericanas se robustecieron. LaOEA pudo resolver, entonces, numerosos con-flictos entres las naciones de la región duran-te las décadas de 1950 y 1960. Los paíseslatinoamericanos condonaron la intervenciónindirecta de Estados Unidos en Guatemala en1954; apoyaron al gobierno estadounidensedurante la crisis de los misiles en Cuba en1962 y participaron en el envío y manteni-miento de una fuerza interamericana de pazen la República Dominicana. en 1963.

Sin embargo en las dos décadas subsiguien-tes, el sistema de seguridad interamericano sefue erosionando conforme las perc e p c i o n e sde Estados Unidos y de Latinoamérica sobre loque constituían sus respectivos intereses de se-guridad, fueron divergiendo más y más, hastal l e g a r, en ciertos casos, a ser antagónicos.

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Durante este nuevo periodo, progresivamen-te antagónico, las partes comenzaron a seña-lar la aparente contradicción que existía en lacarta de la OEA entre el principio de la No-Intervención por una parte y la de ejercicioefectivo de la democracia representativa porla otra parte. Principios que como acabo deexplicarlo no son contradictorios, si se entien-de bien cual es la esencia misma de la no-in-tervención.

En suma puede afirmarse que durante las dé-cadas de los 70 y 80 del siglo pasado, elSistema Interamericano había llegado a serincapaz de resolver problemas comunes deseguridad. La excusa dada por la mayoría delos estados miembros para no tomar accióncolectiva alguna, frente a cualquier forma deagresión contra un gobierno democrático,fue siempre la de que tal acción colectiva vio-laría el principio de la no-intervención.

Afortunadamente, durante las dos décadas ci-tadas, y mientras se deterioraba el sistema deseguridad de la OEA, una ola democráticaavanzaba progresivamente en los Estados La-tinoamericanos y del Caribe. Las dictadurastradicionales, así como las nuevas dictadurasizquierdistas, (la sandinista en Nicaragua y lanorieguista de Panamá) fueron barridas poresa ola democrática, con excepción de la deFidel Castro en Cuba, la más antigua y máscruel de todas las dictaduras impuesta sobreun pueblo americano.

El Derrumbe del Comunismo y el fin de la Guerra Fría

Al derrumbarse el sistema comunista víctimade sus propios dogmas, primero en EuropaOriental y luego en la Unión Soviética, se ini -

ciaron enormes cambios en las relaciones in-ternacionales del mundo entero, sin excluir lasinteramericanas.

Es indudable que Estados Unidos y AméricaLatina están hoy día mucho más de acuerdoen defender el sistema democrático y en cuá-les son los requisitos esenciales para promo-ver el desarrollo.

Cuando en 1990 y 1991 se produjeron nue-vos golpes de Estado (primero en Surinam, yluego en Haití) la OEA actuó en defensa delos regímenes democráticos derrocados, peroquedó evidente que los golpes militares se-guían siendo endémicos en Latinoamérica. Ypor ello, cuando la Asamblea General de laOEA se reunió en Santiago de Chile en juniode 1991, la búsqueda de mecanismos efec-tivos para la defensa colectiva de la demo-cracia concentró la atención de los Ministrosde Relaciones Exteriores que concurrieron a laimportante Conferencia Hemisférica.

El Compromiso de Santiago con la Democracia

Algunos días antes de la reunión de Santiagolos Presidentes de las Repúblicas Andinas ha-bían propuesto que todos los miembros de laOEA rompieran relaciones diplomáticas concualquier régimen que surgiera del derroca-miento de un gobierno democrático. Méxicose mostró reticente a cualquier decisión que,directa o indirectamente, debilitara su rígidainterpretación del principio de la No Interven-ción. En la Asamblea de la OEA se alcanzóun compromiso mediante el cual se eliminó laruptura automática de las relaciones diplomá-ticas, pero se exigió que, dentro de los diezdías siguientes al acaecimiento de un golpede estado o de cualquier “interrupción” delejercicio del poder por un gobierno legítimo,

E n s a y o s

65

el Secretario de la OEA convocaría al Conse-jo Permanente para que éste llamara a unaReunión de Consulta de Ministros de Relacio-nes Exteriores, a fin de que ésta considerarala acción que habría de tomarse en defensade la democracia.

El 4 de julio de 1991 la Asamblea Generalaprobó, por unanimidad, una resolución dela mayor importancia titulada “El Compromi-so de Santiago con la Democracia y con laRenovación del Sistema Interamericano.” queterminaba reiterando:

“Que es inescapable el compromiso para ladefensa y promoción de la democracia re-presentativa y de los Derechos Humanos enla región...”

La Carta Democrática Interamericana

En una histórica reunión de los Jefes de Esta-do y de Gobierno concurrentes a la TerceraCumbre de las Américas” celebrada del 20al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Qué-bec, Canadá, a iniciativa del señor Presiden-te de Costa Rica, Dr. Miguel Ángel Rodrí-guez, se adoptó una importantísima cláusulaque estableció que:

“Cualquier alteración o ruptura inconstitucio-nal del orden democrático en un Estado delHemisferio constituye un obstáculo insupera-ble para la participación del gobierno de di-cho Estado en el proceso de las Cumbres delas Américas”.En la misma cumbre de jefes de estado y de go-b i e rno, el primer ministro del Perú, EmbajadorJavier Pérez de Cuellar, ilustre Ex - Secre t a r i oGeneral de la ONU, sostuvo la tesis de que:

“ Tenemos que re f o rzar los instrumentos de laOEA para que esta pueda efectuar una defen-

sa activa de la democracia re p resentativa, queconsista fundamentalmente en la facultad paraexcluir de los órganos y actividades de la org a-nización a los gobiernos de les Estados miem-b ros en los que se hubiere producido cualquieralteración o ruptura del orden democrático”.

El siguiente paso surgido tras las iniciativasdel presidente de Costa Rica y del primer Mi-nistro del Perú, Javier Pérez de Cuellar, surgióla idea de que en una próxima AsambleaGeneral de la OEA se adoptara una CartaDemocrática Interamericana que, teniendo encuenta el desarrollo progresivo del derechointernacional y la conveniencia de precisarlas disposiciones contenidas en la Carta dela OEA e instrumentos básicos concordantes,se instituyeran normas claras y efectivas par lapreservación y defensa de las institucionesdemocráticas en cada uno de los estadosamericanos.

El proyecto de esa Carta Democrática se dis-cutió en la Trigésimo Primera Asamblea Gene-ral de la OEA reunida en esta capital de Cos-ta Rica. Se adelantó mucho en el texto y lejosde constituir un fracaso -como se dijo en algu-nos periódicos- fue un gran logro de la Can-cillería Costarricense como anfitrión de la XX-XI Asamblea General. Tan es así que los tra-bajos posteriores de los organismos de laOEA han logrado ya una redacción másavanzada que, casi con toda seguridad, ha-brá de aprobarse en la próxima Asambleageneral de la OEA que habrá de reunirse enLima, Perú, sede del más nuevo Régimen de-mocrático de las Américas, que hoy presideel Doctor Alejandro Toledo.

E n s a y o s

66

En esta hora de evaluaciones sobre la XX-XI Asamblea General e la Organizaciónde los Estados Americanos que acaba

de tener lugar en San José, y ante las expre-siones de escepticismo sobre los resultadosobtenidos en materia de fortalecimiento delsistema regional de protección de derechoshumanos, vale la pena destacar un logro ex-traordinario aunque casi desapercibido.

Se trata de la adopción por parte de la Asam-blea General de una solución, propuesta porCosta Rica, para desarrollar un nuevo instru-mento regional de derechos humanos, de ca-rácter innovador y pionero.

Me refiero al proyecto de Declaración Intera-mericana Sobre los Derechos y la Atenciónde las Personas Privadas de Libertad, cuyoborrador fue presentado para consideraciónde la Asamblea General y que es el resultadode la visión y del esfuerzo del Gobierno deCosta Rica junto a un numeroso grupo deprestigiosas organizaciones y personas de re-conocido compromiso y trayectoria en el cam-po de la justicia, los derechos humanos y elderecho humanitario.

La situación de los derechos humanos en lamayoría de los sistemas penitenciarios en lasAméricas ha adquirido, en muchos casos, ni-veles críticos o directamente oprobiosos, am-pliamente reconocidos y estudiados, que

afecta a un número muy importante de las ca-si 3.000.000 de personas actualmente priva-das de libertad en la región. Ello representaun desafío urgente en materia de derechos hu-manos y seguridad humana en el continente.El Gobierno de Costa Rica se propuso contri-buir a resolver dichos desafío desde una pers-pectiva pragmática y centrada en principiosrectores del respeto y la protección de los de-rechos humanos, desarrollando un modelo deinstrumento regional, primero de su tipo en elmundo, para hacer frente a la gravísima si-tuación: el proyecto de Declaración Interame-ricana Sobre los Derechos y la Atención delas Personas Privadas de Libertad.

Si bien la Oficina para América Latina de laorganización no gubernamental Reforma Pe-nal Internacional asumió el compromiso decoordinar la iniciativa de desarrollar dichoproyecto, bajo invitación del Ministerio deJusticia y Gracia de Costa Rica y en coordi-nación con el Ministerio de Relaciones Exte-riores y Culto, cabe destacar que el esfuerzoy su resultado reflejan un compromiso amplioy mancomunado para atender y contribuir aresolver los desafíos actuales y futuros en ma-teria de derechos humanos de los centros dedetención y prisiones de las Américas.

El proyecto de Declaración tiene como ejesrectores los principios de derechos humanos ydel derecho humanitario aplicables a la pro-

Un Logro Extraordinario

Morris Tidball-BinzDirector de la Oficina para Defensores de Derechos HumanosServicio Internacional de Derechos HumanosGinebra, Suiza

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RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs. 66-67)

67

tección y la atención de las personas priva-das de libertad, la transparencia y rendiciónde cuentas de la gestión pública y la partici-pación ciudadana. En su versión actual es,sin dudas, un instrumento y guía de gran va-lor para lograr mejoras substanciales de lascondiciones de detención en las Américas.Tales mejoras redundarán asimismo en nivelesmás avanzados y dignos de seguridad huma-na y en el afianzamiento de la cultura de losderechos humanos en las Américas.

El resultado obtenido durante esta XXXI Asam-blea General de la OEA, mediante la adop-ción de la Resolución AG/ doc. 4014/01,que incorpora este proyecto al sistema parasu desarrollo ulterior miras a la Asamblea Ge-neral del año próximo, debe por ello enorgu-llecer tanto al Gobierno de Costa Rica comoa todos los que participaron para hacerlo po-sible, incluyendo organizaciones interguber-namentales, especialmente el Instituto Latinoa-mericano de Naciones Unidas para la Pre-vención y el Tratamiento del Delincuente (ILA-NUD); institutos regionales de derechos huma-nos, en especial el Instituto Interamericano deDerechos Humanos (IIDH) y las coalicionesnacional y regional de Organizaciones NoGubernamentales (ONGs), que contribuyerona su elaboración y a la indispensable inci-dencia para garantizar su incorporación alsistema. Semejante confluencia de esfuerzoses, en sí mismo, un modelo admirable.

Un gran estadista de nuestro tiempo, el ex Pre-sidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, dejo:“No puede juzgarse a una nación por la ma-nera en que trata a sus ciudadanos más ilus-tres, sino por el trato dispensado a los másmarginados: a sus presos”.

La elaboración del proyecto de DeclaraciónInteramericana Sobre los Derechos y la Aten-ción de las Personas Privadas de Libertad, suconsideración por parte de la Organizaciónde los Estados Americanos durante el XXXIperíodo ordinario de sesiones de la Asam-blea General y su adopción como proyecto adesarrollar por parte de dicho órgano, refle-jan un nivel de interés y de compromiso deciudadanos ciudadanas de las Américas quefortalecen ennoblecen al sistema interamerica-no de protección de los derechos humanos.

Es necesario, desde luego, seguir trabajandomancomunadamente para garantizar que es-te proyecto, modelo de vanguardia que hadespertado ya interés incluso en otras regio-nes del mundo, sea adoptado y efectivamen-te implementado en nuestra región. El justifi-cado clamor de decenas de miles de perso-nas privadas de libertad en el continente asílo demanda.

E n s a y o s

68RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001

D o c u m e n t o s

La Asamblea General,

CONSIDERANDO las disposiciones contenidas en la Declaración Americana de los Derechosy Deberes del Hombre, firmada en Bogotá, en 1948, así como en la Convención America-na sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", firmada en San José de Costa Rica, en1969 y en la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada en Carta-gena de Indias en 1985;

VISTO las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, el Pacto Internacio-nal sobre Derechos Civiles o Políticos A/RES/2200A (XXI), 1966, y la Convención contra laTortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes A/RES/39/46, 1984, asícomo los Convenios de Ginebra adoptados en Ginebra en 1949, y sus Protocolos Adiciona-les adoptados en Ginebra en 1977;

EXPRESANDO su preocupación por el estado de los sistemas penitenciarios y centros de de-tención en varios países de las Américas, en particular con respecto a otras condiciones deencarcelamiento que, en ocasiones llegan a constituir violaciones de los derechos humanosde las personas privadas de libertad;

TOMANDO NOTA del anteproyecto de Declaración Americana sobre esta materia en el do-cumento AG/CP/doc.630/01 presentado por el Gobierno de Costa Rica;

Estudio sobre los Derechos y la Atención de las personas sometidas a cualquier forma de Detención y Reclusión

(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001)

AG/RES. 1816 (XXXI-O/01)

XXXI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos

Resoluciones, Discursos y Cartas

(Págs. 68-99)

69

TENIENDO PRESENTE que dicha situación dificulta e incluso puede impedir la reinserción so-cial de los condenados, finalidad esencial de las penas privativas de libertad, de conformi-dad con lo estipulado en el "Pacto de San José";

TENIENDO PRESENTE que el tema de la salud integral en las cárceles forma parte de laagenda hemisférica y recordando que desde hace varios años la OEA, ha servido de foropara debatir sobre el tema de las condiciones carcelarias y de detención en las Américas, enparticular, en el marco de las reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o ProcuradoresGenerales de las Américas; y

RECORDANDO que en el ámbito de las Naciones Unidas, se adoptaron una serie de textossobre la materia, en particular las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamien-to de los Reclusos (ECOSOC RES. 663C (XXIV)) adoptadas en 1957, el Conjunto de Princi-pios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención oPrisión (A/RES.43/173) de 1988 y los Principios Rectores de las Naciones Unidas para elTratamiento de los Reclusos (A/RES.45/111) de 1990,

RESUELVE:

1. Acoger la iniciativa del Gobierno de Costa Rica de debatir en la OEA el tema objeto dela presente resolución.

2. Encomendar al Consejo Permanente que considere la conveniencia de estudiar, en colabo-ración con los órganos y entidades competentes del sistema interamericano y teniendo encuenta las conclusiones y recomendaciones de la reunión de Ministros de Justicia o de Mi-nistros o Procuradores Generales de las Américas, el tema relativo a los derechos y la aten-ción de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión.

3. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de la presente resolu-ción al trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

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AG/RES. 1819 (XXXI-O/01)

Derechos Humanos y Medio Ambiente(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001)

La Asamblea General,

CONSIDERANDO:

Que la comunidad internacional continúa debatiendo la importancia del posible víncu-lo entre derechos humanos y protección del medio ambiente, tal como lo establecela Declaración de Naciones Unidas sobre Ambiente Humanos (Declaración de Esto-

colmo) de 1972, la Declaración de la Haya de 1989 y la Declaración de Naciones Unidassobre Ambiente y Desarrollo (Declaración de Río de Janeiro) de 1992, y otros instrumentos in-ternacionales relacionados con el tema;

Tomando en cuenta los esfuerzos que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos de laONU y el Consejo Económico y Social en la materia; Teniendo presente los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre De-rechos Humanos, así como los demás instrumentos de derechos humanos, en particular el Pro-tocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Socialesy Culturales "Protocolo de San Salvador"; y

Que el efectivo goce de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación,los derechos de reunión y de libertad de expresión, así como el disfrute pleno de los dere-chos económicos, sociales y culturales, podría facilitar una mejor protección del medio am-biente, mediante la creación de condiciones para modificar los patrones de conducta queconllevan la alteración del ambiente, la reducción del impacto ambiental derivado de la po-breza y patrones de desarrollo no sostenibles, la difusión más efectiva de información sobreel problema, y la participación más activa de los grupos afectados por el problema en losprocesos políticos,

RESUELVE:

1. Destacar la importancia de estudiar el vínculo que puede existir entre el medio ambiente ylos derechos humanos, reconociendo la necesidad de promover la protección del medioambiente y el pleno goce de todos los derechos humanos.

2. Solicitar a la Secretaría General un estudio sobre la posible interrelación entre la protec-ción ambiental y el pleno goce de los derechos humanos, en colaboración con otros órga-nos del sistema interamericano.

3. Encomendar al Secretario General que un informe sobre la ejecución de la presente reso-lución al trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

D o c u m e n t o s

RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001

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AG/RES. 1828 (XXXI-O/01)

Evaluación del Funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos

para su Perfeccionamiento y Fortalecimiento(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001)

La Asamblea General,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre la evaluación y el perfeccionamiento del sistemainteramericano de protección y promoción de los derechos humanos, presentado en cum-

plimiento de la resolución AG/RES. 1701 (XXIX-O/00) (CP/doc. /00); y

El informe de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en relación con eldiálogo sobre el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos(CP/CAJP- /01), celebrado en el marco de dicha Comisión, el cual identifica los diversos te-mas abordados, así como los progresos alcanzados, coincidencias y temas que requieren demayor estudio;

Las propuestas y comentarios de los Gobiernos de Costa Rica CP/doc.3405/01; MéxicoCP/CAJP-1754/01; Brasil CP/CAJP-1755/01 y CP/CAJP-1784/01; del Presidente de laCorte Interamericana de Derechos Humanos CP/CAJP-1781/01; del Presidente de la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos CP/CAJP- /01; de las organizaciones no guber-namentales (CP/CAJP- /01); el registro de autoridades nacionales (CP/doc.3407/01), losdocumentos a la Secretaría Técnica del Grupo Ad-Hoc sobre el Fortalecimiento del SistemaInteramericano de Protección de Derechos Humanos: Proyecto para la Promoción de los De-rechos Humanos en las Américas (CP/CAJP- /01) y el Financiamiento del Sistema Interameri-cano de Derechos Humanos (CP/CAJP- /01); La nota conjunta de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (CP/CAJP- /01);

TENIENDO PRESENTE que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ameri-canos han proclamado en el artículo 3 de su Carta constitutiva, como uno de sus principios,el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacio-nalidad, credo o sexo;

CONSCIENTES de que la promoción y la protección internacional de los derechos humanosreviste naturaleza coadyuvante y complementaria de la que ofrece el derecho interno de losEstados Miembros y tiene como fundamento la libertad y la dignidad de la persona humana;

D o c u m e n t o s

RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001

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CONSIDERANDO:

Que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, ce-lebrada en Canadá en abril de 2001, expresaron en la Declaración de Québec, que "sucompromiso de asegurar el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamen-tales se basa en principios y en convicciones compartidos. Apoyamos el fortalecimiento y per-feccionamiento de la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos, que incluyela Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos. Encomendamos a la XXXI Asamblea General de la OEA que considere un adecuadoincremento de los recursos para las actividades de la Comisión y de la Corte, para perfec-cionar los mecanismos de derechos humanos y para promover la observancia de las recomen-daciones de la Comisión y el cumplimiento de las sentencias de la Corte";

Que los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de lasAméricas, decidieron "continuar promoviendo medidas concretas para fortalecer y perfeccio-nar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular el funcionamiento de laCorte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos, concentrándose en: la universalización del sistema interamericano, el aumento de ad-hesiones a sus instrumentos fundamentales, el cumplimiento de las decisiones de la Corte y elseguimiento de las recomendaciones de la Comisión, la facilitación del acceso de las perso-nas a este mecanismo de protección, el incremento sustancial de los fondos asignados paramantener sus operaciones en curso, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias, y elexamen de la posibilidad de que la Corte y la CIDH funcionen de manera permanente";

Que los Jefes de Estado y de Gobierno encomendaron a la XXXI Asamblea General de la OEA,en San José, Costa Rica, que inicie acciones para el logro de los fines antes mencionados;

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó su nuevo Reglamento que en-tró en vigencia el 1 de mayo del 2001;

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó su nuevo Reglamento que entróen vigencia el 1 de junio de 2001;

Que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos logró importantes avances en la identifica-ción y estudio de medidas concretas, así como áreas que requieren de un mayor análisis, pa-ra consolidar un sistema de derechos humanos eficaz y apto para enfrentar los retos del futu-ro y fortaleció el diálogo permanente logrando con ello un entorno político de confianza mu-tua entre los distintos actores, gracias a la apertura, transparencia, gradualidad y participa-ción constructiva de los Estados Miembros, la Comisión y la Corte, así como el Instituto Inte-ramericano de Derechos humanos y representantes de organizaciones no gubernamentales decarácter nacional e internacional y que en este sentido es indispensable que el diálogo con-tinúe desarrollándose para continuar con los esfuerzos encaminados a la construcción gradualde consensos en torno a este tema;

D o c u m e n t o s

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Que los esfuerzos gubernamentales en el ámbito hemisférico dirigidos al perfeccionamiento yfortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, incluida la posibilidad deevaluar los instrumentos jurídicos correspondientes y los métodos y procedimientos de trabajode la Corte y de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, deben estar destinadosa fortalecer la vigencia y protección de los derechos humanos en el Hemisferio; y deben pro-fundizar su estudio y evaluación;

Que para tales efectos, es indispensable que todos los Estados Miembros consideren la firma,ratificación o adhesión, según sea el caso, a la Convención Americana sobre Derechos Hu-manos; al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en ma-teria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; al Protocolo Adicional relativo a la Abo-lición de la Pena de Muerte; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tor-tura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la ConvenciónInteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Conven-ción Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Per-sonas con Discapacidad,

Que algunos Estados Miembros hicieron una contribución valiosa a la universalización de losinstrumentos interamericanos, al ratificar distintos tratados interamericanos de derechos huma-nos, y al aceptar la competencia obligatoria de la Corte, fortaleciendo con ello el sistema in-teramericano;

Que el tratamiento de los temas del diálogo sobre la evaluación y fortalecimiento del sistemainteramericano de protección y promoción de los derechos humanos, podría requerir la crea-ción de una instancia específica en el ámbito del Consejo Permanente,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que inicie acciones concretas tendientes al cumpli-miento de los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno relacionadas con el fortale-cimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de losderechos humanos, contenidos en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Améri-cas, concentrándose en:

a. La universalización del sistema interamericano de derechos humanos

b. El cumplimiento de las decisiones de la Corte y el seguimiento de las recomendaciones dela Comisión.

c . La facilitación del acceso de las personas al sistema interamericano de derechos humanos.

d. El incremento sustancial al presupuesto de la Corte y de la Comisión, elaborando un plan para que en un tiempo razonable los órganos del sistema puedan atender sus crecientes actividades y responsabilidades, así como asegurar la eficiencia del sistema y del uso de los recursos asignados; y establezca un fondo específico para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos destinado a fo

D o c u m e n t o s

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mentar las contribuciones voluntarias en beneficio de los órganos del sistema e incrementar sus esfuerzos relacionados con la promoción y universalización del sistema;

e. El examen de la posibilidad de que la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos funcionen de manera permanente teniendo en cuenta, entre otros, los criterios de dichos órganos.

2. Encomendar al Consejo Permanente que:

a. Continúe con la consideración del tema de la participación de la víctima en el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

b. Estudie, con el apoyo de la Secretaría General y tomando en cuenta los criterios tanto de la Corte como de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, la correlación de los Reglamentos de dichos órganos con las disposiciones de sus propios Estatutos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos;

c. Promueva el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la adecuación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno;

d. Continúe profundizando el diálogo sobre el sistema interamericano de derechos humanos, con miras a su perfeccionamiento y fortalecimiento, asegurando la participación de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, e invitando asimismo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales, y promueva la participación de instituciones nacionales involucradas en la promoción y protección de derechos humanos, considerando para ello, el registro de instituciones nacionales CAJP/CP

e. Estudiar la posibilidad de crear una instancia específica del Consejo Permanente para tratar los temas relacionados con derechos humanos;

f. P ropicie, en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos el intercambio de inf o rmación sobre las experiencias institucionales y el desarrollo de los mecanismos nacionales que se ocupan de la defensa de los derechos humanos, a objeto de obtener una visión general, en el marco de la Organización sobre la vinculación que debe existir entre los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos y el sistema interamericano.

3. Instar a los Estados Miembros de la Organización a que:

a. De conformidad con el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas concentren sus esfuerzos en la universalización del sistema interamericano de derechos humanos, aumentando el número de adhesiones a sus instrumentos fundamentales, y que,en tal sentido, consideren lo antes posible y según sea el caso, firmar y ratificar, ratificar,o adherir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos del sistema.

b. Adopten las medidas legislativas o de otra índole, que según el caso sean necesarias para asegurar la aplicación de las normas interamericanas de derechos humanos en el ámbito interno;

D o c u m e n t o s

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c. Adopten las medidas necesarias para cumplir con las decisiones o sentencias emitidas por la Corte Interamericana y realicen sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

d. Otorguen el tratamiento que corresponde a los informes anuales de la Corte y de la Comisión, en el marco del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización a fin de hacer efectivo el deber de los Estados de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los instrumentos del sistema;

4. Agradecer a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos la presentaciónde sus nuevos Reglamentos que entraron en vigencia el 1 de mayo del 2001 y 1 de junio del2001, respectivamente.

5. Invitar a la Comisión y la Corte a continuar apoyando el proceso de fortalecimiento del sis-tema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, en particular aque consideren la posibilidad de:

a. Incluir en sus informes anuales, información referente al cumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones, decisiones o sentencias que hayan sido emitidas en el período examinado por ambos órganos. La Asamblea General analizará dicha información.

b. Presentar al Consejo Permanente evaluaciones e informes periódicos sobre los resultados de la aplicación de las reformas reglamentarias de ambos órganos a fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema;

c. Presentar al Consejo Permanente información estadística que refleje y permita apreciar el grado de accesibilidad al sistema interamericano de derechos humanos, según la tipología de los recurrentes o denunciantes, el derecho que motivó las denuncias o recurrencias y, cuando fuere pertinente, el tipo de delito por el que fueron procesados internamente.

6. Reconocer la participación y aportes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos yde las organizaciones no gubernamentales en el diálogo sobre el fortalecimiento del sis-tema y exhortarlas a que continúen participando en el mismo.

7. Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que contribuya a los trabajos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, con relación al diálogo sobre el sistema interamericano deprotección y promoción de los derechos humanos, cuando ésta así lo requiera.

8. Transmitir a la Corte y a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos la presente resolución.

9 . Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre el cumplimiento de la pre s e n-te resolución a la Asamblea General en su trigésimo segundo período ordinario de sesiones.

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La Asamblea General,

CONSIDERANDO la vinculación existente entre democracia y el fortalecimiento de un sistemade promoción y protección de los derechos humanos, y teniendo en cuenta los pro g resos al-canzados en las Américas en el fortalecimiento de la democracia por el mencionado sistema;

TENIENDO EN CUENTA la vigencia de la Declaración Americana de los Derechos y Debe-res del Hombre en todos los Estados Miembros de la OEA y el progreso logrado en su apli-cación junto con otros instrumentos jurídicos interamericanos en el campo de los derechos hu-manos, el cual ha permitido que el Hemisferio y su sistema de promoción y protección de losderechos humanos progresaran en este tema;

RECORDANDO la importancia de que todos los habitantes del Hemisferio gocen de los be-neficios de una plena participación y acceso a los mecanismos interamericanos de promocióny protección de los derechos humanos;

CONSIDERANDO:Que la Asamblea General, mediante resolución AG/RES. 1701 (XXX-O/00), "Evaluación delfuncionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de derechos humanospara su fortalecimiento y perfeccionamiento", resolvió "continuar con el proceso de perfeccio-namiento y fortalecimiento del sistema interamericano, a través del diálogo sistemático y per-manente entre los Estados, los órganos del sistema y demás actores relevantes, dirigido a laconstrucción gradual de consensos en torno a las circunstancias actuales del sistema, así co-mo los obstáculos y deficiencias por superar, con miras a garantizar la vigencia y protecciónde los derechos humanos en el Hemisferio"; y Que mediante la misma resolución la Asamblea General instó a los Estados Miembros de laOrganización a que "otorguen la mayor prioridad política a la universalización del sistema in-teramericano a través de la firma, ratificación o adhesión, por todos los Estados Miembros dela Organización, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instru-mentos interamericanos de derechos humanos",

RESUELVE:

1. Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políti-cos, fomente el intercambio de puntos de vista sobre la firma, firma y ratificación, ratifica-

RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001

D o c u m e n t o s

AG/RES. 1829 (XXXI-O/01)

Apoyo a los Instrumentos Interamericanos de Derechos Humanos

(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001)

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ción o adhesión, según sea el caso, de todos los instrumentos hemisféricos de derechoshumanos y que continúe promoviendo la adopción de medidas concretas para fortalecery mejorar el sistema interamericano de derechos humanos, concentrando los esfuerzos enla universalización del sistema y su implementación.

2. Recomendar al Consejo Permanente que prepare y convoque, antes del trigésimo segun-do período ordinario de sesiones de la Asamblea General, una reunión técnica especia-lizada, con la participación de expertos gubernamentales, de otros órganos del sistemainteramericano, así como de juristas y expertos de renombre y la sociedad civil, con elpropósito de estudiar las posibilidades y acciones a tomar para lograr la universalizacióndel sistema interamericano de derechos humanos y su implementación.

3. Instruir al Consejo Permanente a que fomente contribuciones voluntarias al fondo específi-co creado por la resolución AG/RES. (XXXI-O/01) destinadas a financiar total o parcial-mente la reunión técnica referida

4. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe al trigésimo segundo período or-dinario de sesiones de la Asamblea General en que se indiquen las iniciativas tomadas ylos progresos alcanzados en el cumplimiento de esta resolución.

D o c u m e n t o s

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AG/RES. 1838 (XXXI-O/01)

Resolución de San José de Costa Rica:Carta Democrática Interamericana

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001)

La Asamblea General,

TENIENDO EN CUENTA que, los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la ciudad deQuebec en la Tercera Cumbre de las Américas, aprobaron la Cláusula Democrática, que es-tablece que "cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Esta-do del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno dedicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas";

CUMPLIENDO con el mandato dado a los Ministros de Relaciones Exteriores para que "en elmarco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Intera-mericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democraciarepresentativa";

EXPRESANDO su felicitación al Gobierno del Perú por la iniciativa y liderazgo en las activi-dades relacionadas con la propuesta de Carta Democrática Interamericana; y

CONSIDERANDO que, conforme a la Carta de la Organización de los Estados Americanos,la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo dela región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia re-presentativa, dentro del respeto del principio de no intervención,

RESUELVE:

1. Reafirmar la voluntad de todos sus Estados Miembros para adoptar una Carta Democráti-ca Interamericana con la finalidad de promover y consolidar la democracia representati-va como el sistema de gobierno de todos los Estados americanos.

2. Aceptar el proyecto de Carta Democrática Interamericana adjunto, que servirá como el do-cumento de base para su consideración final por los Estados Miembros.

3. Encomendar al Consejo Permanente que proceda a fortalecer y ampliar, a más tardar el10 de septiembre de 2001, el proyecto de Carta Democrática Interamericana, de con-formidad con la Carta de la OEA, tomando en cuenta las consultas que los gobiernos delos Estados Miembros realicen de conformidad con sus procedimientos constitucionales ysus prácticas democráticas.

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4. Hacer de conocimiento público el proyecto de Carta Democrática Interamericana a fin defacilitar la opinión de la sociedad civil de conformidad con las Directrices para la partici-pación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA.

5. Encomendar al Consejo Permanente que convoque un período extraordinario de sesionesde la Asamblea General, a celebrarse en la ciudad de Lima, Perú, a más tardar el 30 deseptiembre de 2001.

ANEXOCarta Democrática Interamericana

Proyecto de Resolución – rev. 7

La Asamblea General,

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Terce-ra Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Que-bec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura in-constitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo in-superable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres delas Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regio-nales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptadapor los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

TENIENDO PRESENTE que en dicha oportunidad los Jefes de Estado y de Gobierno instruye-ron a los Ministros de Relaciones Exteriores que, en el marco del trigésimo primer período or-dinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA reunida en San José, Costa Rica, pre-paren una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA parala defensa activa de la democracia representativa;

CONSIDERANDO que conforme a la Carta de la Organización de los Estados Americanos,la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo dela región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia re-presentativa, dentro del respeto del principio de no intervención;

REAFIRMANDO que el carácter participativo que conlleva el ejercicio de la democracia ennuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a consolidar losvalores de aquella, así como la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

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CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requierenla organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democraciarepresentativa y que el desarrollo, el crecimiento económico con equidad y la democracia soncondiciones interdependientes que se refuerzan mutuamente;

REAFIRMANDO que la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promocióny consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida delos Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE el valioso aporte que ha significado el desarrollo y fortalecimiento delsistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia en elHemisferio;

TENIENDO EN CUENTA que en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Reno-vación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su deter-minación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para ase-gurar la promoción y defensa de la democracia representativa; y que la resolución AG/RES.1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en el ca-so de que se produzca una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucionaldemocrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo encualquiera de los Estados Miembros de la Organización;

RECORDANDO que en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)) los EstadosMiembros acordaron desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los EstadosMiembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a finde complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080;

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Demo-cracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93), los Estados Miembros expresaron su conven-cimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisiblesde una visión renovada e integral de la solidaridad americana y que la puesta en marcha deestos valores dependerá de la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y for-talecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democra-cia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Or-ganización no se agota en la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento desus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente ycreativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticiparlas causas mismas que afectan al sistema democrático de gobierno; y

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TENIENDO EN CUENTA que es conveniente consolidar y fortalecer con esta Carta las dife-rentes disposiciones en materia de promoción, preservación y defensa de la democracia, pa-ra proporcionar a los Estados Miembros y a la Organización un conjunto de normas y proce-dimientos de actuación en casos de cualquier alteración o ruptura inconstitucional del ordendemocrático en un Estado Miembro,

RESUELVE:

Aprobar la siguiente:

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

ILa democracia y el sistema interamericano

Artículo 1Los pueblos de América tienen derecho a la democracia.

Artículo 2La democracia re p resentativa es el sistema político de los Estados de la Organización de los Es-tados Americanos, en el que se sustentan sus regímenes constitucionales y el estado de dere c h o .

Artículo 3Son elementos esenciales de la democracia representativa la celebración de elecciones libresy justas como expresión de la soberanía popular, el acceso al poder por medios constitucio-nales, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y el respeto a los derechos hu-manos y las libertades fundamentales.

Artículo 4El fortalecimiento de la democracia requiere transparencia, probidad, responsabilidad y efi-cacia en el ejercicio del poder público, respeto por los derechos sociales, libertad de pren-sa, así como el desarrollo económico y social.

Artículo 5La solidaridad y el fortalecimiento de la cooperación interamericana para el desarrollo inte-gral, y especialmente la lucha contra la pobreza crítica son partes fundamentales de la pro-moción y consolidación de la democracia representativa y constituyen una responsabilidadcomún y compartida de los Estados Americanos.

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Artículo 6La participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo constituye unacondición fundamental para un ejercicio eficaz y legítimo de la democracia. Promover y per-feccionar diversas formas de participación fortalece la democracia.

IILa democracia y los derechos humanos

Artículo 7La democracia es condición para el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y las li-bertades fundamentales.

Artículo 8El ejercicio de la democracia debe asegurar a todas las personas el goce de sus libertadesfundamentales y los derechos humanos tales como aquellos consagrados en la DeclaraciónAmericana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre DerechosHumanos, el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales ylos demás instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.

Artículo 9Las mujeres y los hombres cuyos derechos civiles y políticos sean violados están habilitadospara interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protec-ción de los Derechos Humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

IIIMecanismo de fortalecimiento y defensa de la democracia

Artículo 10Cuando el Gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso políticoinstitucional democrático o su legítimo ejercicio del poder podrá recurrir a la Organización afin de solicitar la asistencia oportuna y necesaria para la preservación de la institucionalidaddemocrática y su fortalecimiento.

Artículo 11Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollodel proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el SecretarioGeneral podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otrasgestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevaráun informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situacióny, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la instituciona-lidad democrática y su fortalecimiento.

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Cláusula Democrática

Artículo 12En concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad Que-bec, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado Miem-bro de la OEA constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de di-cho Estado en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Con-sejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos detrabajo y demás cuerpos que se hayan creado dentro de la OEA, con sujeción a lo estable-cido en la Carta de la OEA, [así como del proceso de las Cumbres de las Américas].

Artículo 13En caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular delproceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder de un gobiernodemocrático, el Estado afectado, un Estado Miembro o el Secretario General solicitarán laconvocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva dela situación. El Consejo Permanente convocará, según la situación, una Reunión de Consultade Ministros de Relaciones Exteriores o un período extraordinario de sesiones de la AsambleaGeneral en un plazo de diez días, para adoptar las decisiones que estime apropiadas, con-forme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la pre-sente Carta Democrática.

Artículo 14Cuando la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o un período extraordi-nario de sesiones de la Asamblea General determine que se ha producido una ruptura incons-titucional del orden democrático en un Estado Miembro, conforme a la Carta de la OEA, lohará por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los Estados Miembros. Esta determi-nación conlleva la suspensión de dicho Estado en el ejercicio de su derecho de participaciónen la OEA. [Esta situación conlleva la suspensión de la participación del proceso de Cumbresde las Américas.] La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado Miembro que hubie-re sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligacio-nes con la Organización, en particular sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Artículo 15Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestionesdiplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 16Cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Reunión de Consul-ta de Ministros de Relaciones Exteriores o a la Asamblea General el levantamiento de la sus-pensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros,de acuerdo con la Carta de la OEA.

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IVLa democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 17La OEA enviará misiones de observación electoral con el alcance y la cobertura que se de-termine en el convenio que para ese efecto se suscriba con el Estado Miembro interesado ysi en el país se den las condiciones de seguridad y de acceso libre a la información. Las mi-siones de observación electoral se realizarán siempre y cuando el Estado Miembro que lassolicite garantice el carácter libre y justo del proceso electoral y el correcto funcionamiento delas instituciones electorales. El Secretario General podrá enviar misiones preliminares con elobjetivo de evaluar la existencia de dichas condiciones.

Artículo 18Si no existiesen garantías mínimas para la realización de elecciones libres y justas, con el con-sentimiento o a solicitud del gobierno interesado, la OEA podrá enviar misiones técnicas pre-vias a fin de presentar sugerencias para crear o mejorar dichas condiciones.

VLa promoción de la democracia

Artículo 19 La OEA continuará desarrollando diversas actividades y programas dirigidos a la promociónde la democracia y sus valores.

Artículo 20Los programas y acciones tendrán por objetivo promover la gobernabilidad, estabilidad, buenagestión y calidad de la democracia dando una atención pre f e rencial al fortalecimiento de la ins-titucionalidad política y la amplia gama de organizaciones sociales que componen la sociedadcivil. Al mismo tiempo, y atento a que la democracia no es solamente una estructura jurídica yun régimen político sino un sistema de vida fundado en la libertad y el constante mejoramientoeconómico, social y cultural de los pueblos, dichos programas prestarán atención igualmenteprioritaria a fortalecer la cultura democrática y fomentar principios y prácticas democráticas y losv a l o res de la libertad y la justicia social en la educación de la niñez y la juventud.

Artículo 21La creación de una cultura democrática y la educación de los niños y de los jóvenes en los prin-cipios y prácticas de una sociedad basada en la libertad y la justicia social re q u i e ren pro g r a-mas y recursos para fortalecer las instituciones democráticas y promover valores democráticos.Es una prioridad promover el vínculo entre cuerpos políticos elegidos y la sociedad civil.

Artículo 22Los partidos y otras organizaciones políticas son componentes esenciales de la democracia.Es un interés prioritario de la comunidad democrática interamericana promover la participa-ción creciente y representativa del pueblo en los partidos políticos para el fortalecimiento dela vida democrática, prestando especial atención a la problemática derivada de los altos cos-tos de las campañas electorales [y la influencia inapropiada que puede ser ejercida por losgrandes donantes].

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Señores Presidentes de los altos Poderes del EstadoSeñoras Vice Presidentas de la RepúblicaSeñores Expresidentes de la RepúblicaSeñores Ministros de Relaciones Exteriores de los países Miembros y ObservadoresSeñor Secretario General de la OEASeñor Secretario General Adjunto de la OEASeñores DelegadosSeñores Ministros de EstadoSeñores Embajadores acreditados en Costa RicaSeñores Jefes de Organismos Internacionales acreditados en Costa RicaSeñores Rectores de las UniversidadesSeñores Invitados Especiales

Señoras y Señoras:

Carpe diem... nos decía Horacio. ¡Y cuánta razón tenía al insistir en la importancia de apro-vechar el día, en esta vida fugaz! Son 28.300 los días que logra vivir una persona a sus77,48 años, la esperanza de vida de un costarricense. No obstante, en ese breve períodose renueva profundamente el imaginario colectivo e incluso la escala de valores y las perspec-tivas de desarrollo de una nación, de un continente.

No solo es sorprendentemente breve y acompañada de acelerados cambios la vida de unser humano. También es corto el lapso en que suele renovarse el propio concepto de un pue-blo sobre sí mismo y el instante en que podemos contribuir al “mejor de todos los mundos po-sibles”, al decir de Leibniz. Ese instante que nos concedió Dios, para que usando el libre al-bedrío, tuviéramos una ocasión para perfeccionar el mundo en que vivimos.

Entre nuestros países, pocos sobrepasan el borde de los 80 mil días como naciones indepen-dientes. Somos, en consecuencia, países peligrosa y prometedoramente jóvenes, por lo queno podemos resistirnos al cambio, menos en este siglo en que el cambio es vorágine. No po-demos permanecer indiferentes ante las necesidades de las personas y su derecho a la felici-dad. No podemos dejar pasar el momento de contribuir a mejorar su vida. Carpe diem...nos decía Horacio.

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Palabras de Inauguración del Presidente de la República de Costa Rica,Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría,

en la XXXI Asamblea General de la OEATeatro Nacional. 3 de junio de 2001

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Como pueblos jóvenes tenemos el compromiso de dirigir los procesos de cambio, así comode renovar eficaz y profundamente los medios que nos permiten hacer realidad los más pre-ciados sueños. Y el sueño que hoy compartimos es el de un hemisferio de mujeres y hombreslibres y dignos, unidos en democracia, con plena vigencia de los derechos humanos y coneconomías eficientes, abiertas, integradas, justas y solidarias. Un hemisferio que encuentra enesas conquistas la fuerza para construir un desarrollo humano sin precedentes.

Por eso hoy es un día de esperanza para todos. Nos hemos reunido acá para reafirmar loque queremos ser: pueblos que edifican solidariamente su bienestar, que hacen realidad sussueños. Estamos reunidos para avanzar en los cambios necesarios para el fortalecimiento denuestras democracias, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la integraciónhemisférica y el desarrollo humano en el continente.

Bienvenidos a Costa Rica, al corazón de este continente joven de pueblos que golpean laspuertas del futuro. Bienvenidos a esta tierra de libertad, justicia y esperanza, de gente solida-ria y trabajadora, de hombres y mujeres que protegen los recursos naturales, que viven la de-mocracia y el respeto a los derechos humanos, que sustentan su convivencia en el imperio dela ley, en la paz y la tolerancia, en la dignidad y la diversidad humanas.

Porque constituyen el modo de vida de las y los costarricenses, es que la política exterior denuestro país se sustenta, de modo inquebrantable, en la preservación de la libertad, la cons-trucción de la paz, la protección del ambiente como expresión de la defensa de los derechoshumanos de las generaciones futuras, la defensa de la democracia y la promoción, respeto yplena vigencia de los derechos humanos.

Señoras y señores:Hoy, en esta misma ciudad en la que se adoptó la Convención Americana sobre DerechosHumanos o “Pacto de San José” y que alberga con orgullo la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz,tenemos la oportunidad histórica, en esta trigésima primera Asamblea General de la OEA, dematerializar un proceso nuevo, un proceso para la vivencia plena de los derechos humanosy para la defensa de la democracia.

Enriquecer la discusión sobre el tema ha sido el propósito de Costa Rica desde la celebra-ción del Trigésimo Aniversario de la Convención y del Vigésimo aniversario de la Corte en no-viembre de 1999, pues desde entonces solicitamos a la Secretaría General de la OEA queel tema central de esta Asamblea fuera la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Hu-manos. Con ese mismo objetivo, presentamos nuestras propuestas y promovimos la confor-mación del Grupo de Trabajo Ad Hoc, que logró presentar una serie de recomendaciones ala Asamblea General del 2000 en Windsor, Canadá, y que son la base de las reformas quehoy nos convocan.

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Los países americanos marcamos un hito en la historia cuando aprobamos el primer documen-to internacional de derechos humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberesdel Hombre, y luego edificamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto llenade legítimo orgullo a todos nuestros países, pero no podemos vivir de glorias pasadas. Asícomo en su momento fuimos pioneros y nos atrevimos al cambio, hoy debemos atrevernos nue-vamente a avanzar hacia el sistema de protección de los derechos humanos que todos de-seamos, un sistema más ágil y eficiente y acorde con las nuevas exigencias, para que desdeAlaska hasta la Tierra del Fuego pueda cobijar y beneficiar a cada mujer y cada hombre deAmérica.

Señoras y Señores:América y el mundo entero nos observan. Hoy, a fin de proteger los derechos del más humil-de e indefenso de los habitantes de este continente, somos responsables de aprobar cambiospara mejorar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y para promover y proteger lademocracia, convirtiéndola en requisito fundamental para participar en nuestras organizacio-nes políticas y económicas.

Para ser consecuentes con nuestras pretensiones de justicia, protección y promoción de los de-rechos humanos, perfeccionando a tal efecto el Sistema Interamericano, es necesario asegu-rar un mínimo de recursos a la Corte y a la Comisión para que funcionen de modo perma-nente y aseguren así mayor y más efectiva protección a los derechos de todos; otorgar a lasvíctimas participación directa en todas las etapas de un proceso ante la Corte; garantizar unadecuado control del cumplimiento de las sentencias; y universalizar el sistema mediante laratificación por parte de los Estados que aún no lo han hecho de la Convención Americanay sus instrumentos conexos y la aceptación generalizada de la jurisdicción contenciosa de laCorte.

Hoy existe consenso alrededor de esos objetivos y avances significativos en cada uno deellos, a la vez que para seguir avanzando en estos campos se asignan responsabilidades es-pecíficas tanto a la Organización de Estados Americanos en su conjunto como a los Estadosmiembros, y en cuyo íntegro cumplimiento Costa Rica empeñará, junto a ustedes, todos losesfuerzos necesarios.

Para asegurar adecuado financiamiento a la Corte y a la Comisión, es de gran relevancia elacuerdo para crear un Fondo Específico para el Fortalecimiento del Sistema, así como el man-dato para que se elabore un plan para incrementar sustancialmente el presupuesto de ambosórganos, tarea a la que debe abocarse el Consejo Permanente con la prioridad que esto re-quiere. Pero a los Estados también nos queda la responsabilidad de incrementar nuestrosaportes al Sistema, para que pueda atender la creciente cantidad de casos y sin que paraello sean obstáculos ni la ínfima cantidad que ello representa en el presupuesto total de cadapaís, ni la necesidad de mejorar, paralelamente, la estructura de gastos. Este aumento de las

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contribuciones estatales debe contemplar también la necesidad de sufragar los gastos paradar cumplimiento a los acuerdos de Québec y para que la OEA actúe como Secretaría deALCA.

Esto, a su vez, es la base indispensable para el funcionamiento permanente de la Corte y laComisión, posibilidad que por primera vez se encomienda expresamente al Consejo Perma-nente para su estudio, en estrecha coordinación con ambos órganos.

Mucho nos satisface que mediante la reforma a los reglamentos de la Comisión y de la Cor-te se garantice a las víctimas la participación en los procesos, tal y como ha venido propug-nando Costa Rica. Para complementar este gran avance es de capital importancia el manda-to girado al Consejo Permanente para emprender acciones concretas que hagan aún más am-plio ese acceso, que en nuestra opinión y la del Presidente de la Corte debe contemplar in-cluso el acceso directo ante la Corte –ius standi-, para lo cual es necesario dictar el instrumen-to jurídico adecuado.

Para garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales y un adecuado segui-miento y control de las recomendaciones, decisiones o sentencias, es fundamental el acuerdopara que la Asamblea General conozca los informes de la Corte y la Comisión que exami-nen ese aspecto. En este sentido, el Consejo Permanente deberá tomar acciones para mejo-rar aún más ese control y reiteramos nuestro llamado a los países aquí presentes, que aún nolo han hecho, para que ratifiquen la Convención Americana y sus instrumentos conexos y pa-ra que reconozcan la jurisdicción contenciosa de la Corte.

Costa Rica se congratula por los avances que se han podido construir y confía en que tantola Organización de Estados Americanos y sus órganos como los Estados, sabrán cumplir conlas responsabilidades específicas que se derivan de los acuerdos alcanzados, porque ello esfundamental para el bienestar de todas y cada una de las personas del continente.

Señoras y señores:Es una característica distintiva de nuestra época, el universal reconocimiento de que la viven-cia plena de los derechos humanos, entendidos en su más amplia expresión, solo puede lo-grarse en el marco institucional que provee la democracia y que, en conjunción con el funcio-namiento de mercados libres, éstos son los elementos fundamentales del desarrollo humano.De ahí que resulte imperativo, como lo señalaron los Presidentes y Jefes de Estados en la Ter-cera Cumbre de las Américas, en Québec, adoptar medidas para promover y proteger acti-vamente el sistema democrático, incluso entendiéndolo como requisito sine qua non para laparticipación en los mecanismos de libre comercio.

Adoptar acciones concretas para defender, proteger y promover la democracia no es solo undeber moral, sino que también es un elemento crucial para tener éxito en su preservación.

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Hoy tenemos el legítimo orgullo de que esta Asamblea General coincida con la celebraciónde elecciones libres y transparentes en la hermana República de Perú, en gran parte graciasa la acción decidida que hace un año no dudamos en adoptar en el seno de la OEA, esfuer-zo en el que nos enorgullece haber trabajado intensamente junto con Argentina, Canadá yEstados Unidos.

El caso peruano prueba, elocuentemente, que resulta esencial aprobar en esta Asamblea Ge-neral la Carta Democrática Interamericana, elaborada a partir de la iniciativa de Perú. En es-te sentido, es un importante avance la inclusión del concepto de “alteración inconstitucional”,p e ro es necesario complementarlo con la cláusula democrática que hemos impulsado con ahín-co, a fin de que se excluya de los mecanismos de integración comercial a los países que norespeten el sistema democrático, tal como se ha contemplado por parte de la Unión Euro p e ay del Mercosur -que incluso la aplicó exitosamente-, entre otros mecanismos multilaterales.

Con la cláusula democrática, se invierten los incentivos que muchas veces han hecho que sec-tores poderosos entren en colusión con grupos antidemocráticos para romper el orden consti-tucional, puesto que de existir esa cláusula pagarían un elevado costo por su accionar y, enconsecuencia, dichos sectores más bien tendrían un incentivo adicional para actuar a favordel mantenimiento del sistema democrático.

Avanzar en democracia, en protección a los derechos humanos, es el sustento político del pro-ceso hemisférico de integración que llevamos adelante con el ALCA y los demás procesos bi-laterales, regionales y multilaterales en que participamos. Es trabajar por una visión integral yde conjunto para el desarrollo humano de los pueblos de América, de nuestras familias, reco-nociendo que es una tarea universal; imposible de alcanzar mediante el esfuerzo aislado deuna persona, un gobierno o un país.

Señoras y Señores:Para los costarricenses la democracia y los derechos humanos son una forma de vida, form a np a rte de nuestras raíces y de nuestra identidad. Por ello consideramos un privilegio haber par-ticipado en la creación y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos yun honor servir a la defensa de la democracia. Nos honra que tales sean los temas centralesde esta trigésimo primera Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Porque la democracia y los derechos humanos son sistemas perfectibles, porque se encuen-tran en constante ajuste y modernización, porque de su futuro depende en gran parte el bie-nestar de la gran familia americana, nos hemos reunido en Costa Rica para reafirmar nuestrocompromiso de seguir trabajando para fortalecerlos.

Avanzar en democracia, en protección a los derechos humanos, unidos, bajo el amparo dela OEA, es contribuir al entorno estable y competitivo que requieren nuestras economías po-

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bres y en desarrollo para aprovechar las oportunidades de la integración comercial, para cre-cer a tasas mayores, para generar más y mejores empleos y reducir la pobreza que tanto nosafecta.

La vivencia democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y la libertad de merca-do, que potencie lo mejor de las capacidades y la creatividad de las personas, son aspec-tos fundamentales para impulsar los elevados niveles de desarrollo humano en el continenteque constituyen nuestra común aspiración.

Somos un continente que empieza un milenio construyendo un orden nuevo para los derechoshumanos, para la paz duradera, para la democracia y el crecimiento económico solidario yen libertad. No cabe duda que América será muy pronto “el continente del porvenir” que to-dos soñamos.

Para que cada hombre y cada mujer de América puedan disfrutar de ese sueño de libertad,justicia, dignidad, paz y bienestar, para que en todo el continente prime la esperanza, debe-mos actuar ya para fortalecer el sistema de protección y promoción de los derechos humanosy para proteger y promover la democracia. Hagámoslo por ellos. Hagámoslo ya. Américaespera que actuemos. Carpe diem...

Dios permita que esta Asamblea General sea de provecho para todos los pueblos america-nos. Muchas gracias.

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Palabras de clausura del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. Roberto Rojas,

de la XXXI Asamblea General de la OEA San José, 5 de junio, 2001

Señores Jefes de Delegación Señor Secretario General Señor Secretario General Adjunto Señores Embajadores Señores representantes de Países Observadores Señores representantes de organismos internacionales Señores Delegados Señores representantes de organizaciones no gubernamentales

Señoras y señores:Al declarar abierta la sesión de clausura de esta trigésimo primera Asamblea General ordi-

naria de la Organización de los Estados Americanos, quisiera además expresar a todos losseñores Cancilleres, representantes, delegados y observadores, la efusiva gratitud del Gobier-no y del pueblo de Costa Rica por su presencia en este histórico encuentro. Confiamos enque su estadía entre nosotros haya sido grata, como grato ha sido para nosotros el privilegiode recibirles y compartir estas jornadas.

Quiero renovarles mi agradecimiento por la elección con que me honraron para dirigir los de-bates de esta Asamblea General. Confío en haber correspondido satisfactoriamente a tan al-to honor, en la medida de mis modestas capacidades. Al respecto, me complace también ex-presar mi más sentida gratitud al señor Secretario General de la Organización, al señor Se-cretario General adjunto y a todos los señores funcionarios de la Organización que me hanbrindado su valioso concurso a lo largo de las sesiones de trabajo y fuera de ellas. Hago ex-tensivos estos sentimientos a los señores Delegados de los Estados Observadores, de organis-mos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, que respondieron con valiososaportes a la oportunidad de un acercamiento efectivo con la Organización.

También quisiera manifestar a todos ustedes y a sus países, una vez más, el agradecimientode Costa Rica, de sus autoridades y de su pueblo por haber elegido a esta tierra como sedede la Asamblea. Hago extensivo mi reconocimiento a los funcionarios de la Cancillería cos-tarricense y a todas las demás instituciones y personas que han hecho posible su realización. Mencionaba en la sesión inaugural que ésta es la primera Asamblea General que celebra

la OEA en el siglo XXI. Aunque la cuenta de los años sea solamente un aspecto cronológico,no deja de ser impactante la consideración de estar iniciando un nuevo siglo y, también, unnuevo capítulo en la historia del Sistema Interamericano. Al respecto, siento que la labor que

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hemos desarrollado en estos días, consciente o inconscientemente, ha estado vinculada demodo directo con una responsabilidad histórica: consolidar un Sistema Interamericano mejorpreparado para reaccionar en circunstancias adversas y para asegurar a los hijos del hemis-ferio un respeto más efectivo de los derechos inherentes a su condición de seres humanos.

El Sistema Interamericano ha recorrido, a lo largo de su existencia más que centenaria, un ac-cidentado camino, en el que los recodos sombríos se han alternado con los horizontes espe-ranzadores. Con orgullo hemos de reconocer que, a pesar de las dificultades de antaño y dehogaño, la familia de naciones aquí reunida ha sabido mantener el paso firme, los corazo-nes optimistas, las manos estrechadas.

Ahora bien, creo que también hemos coincidido todos en que no basta una larga historia, nisiquiera una gloriosa historia, para garantizar a las generaciones del presente y del futuro queel Sistema Interamericano sea una realidad dinámica y no una mera cuestión de reuniones ydocumentos. La Organización de los Estados Americanos, encarnación institucional del ser he-misférico, ha de estar preparada y ser capaz para cumplir esa trascendental misión de hacerque los Estados miembros, sus Gobiernos y sus pueblos, sientan que hay identidad en sus des-tinos, coincidencia en la vocación integracionista, voluntad de trabajar juntos en la búsquedade soluciones a los problemas y en la respuesta a los desafíos.

Tenemos ya un cimiento común, un campo comunitario en el cual estamos ya sembrando: lademocracia. Alguna vez manifestó Bolívar que el sistema de gobierno más perfecto es aquelque produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor su-ma de estabilidad política. Después de muchas trágicas experiencias, hoy sabemos todos queel sistema democrático es el más adecuado para lograr esos objetivos. Pero no podemos re-ducir la democracia a una mera cuestión de elecciones libres. La democracia debe ser ca-paz de asegurar también esos otros objetivos a que se refería el Libertador: estabilidad polí-tica, seguridad social, felicidad.

De Windsor a San José, en tan sólo un año, nuestro hemisferio ha dado grandes avances.Hemos sido testigos del resurgimiento de la democracia en Perú, un proceso que con orgulloapoyamos conjuntamente con un grupo de países y la Organización de Estados Americanos.Un concierto americano de democracias se mantendrá como realidad en la medida en quesus integrantes sean capaces de reaccionar a una sola voz, como un sistema, cuando en unode los Estados miembros la democracia enfrente amenazas. Ya no es admisible, en ningúnsentido, la idea de un Sistema Interamericano a medias entre dictaduras y democracias, co-mo tantas veces ocurrió en el pasado.

Uno de los principales hitos de esta Asamblea es representado por la Resolución de San Jo-sé: Carta Democrática Interamericana, con la cual hemos cumplido el mandato de nuestrosPresidentes. Vemos con optimismo y esperanza el espíritu reinante entre los Estados miembros

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al respecto, y confiamos en que en fecha próxima sea posible conjugar sus voluntades con laaprobación de este trascendental documento.

Los Derechos Humanos también han sido uno de los temas centrales de nuestras deliberacio-nes. Es natural que así haya sido, puesto que la consideración de los Derechos fundamenta-les ha estado y sigue estando presente en la conciencia de cada uno de nuestros países, he-rederos comunes, sin excepción de una tradición jurídica e ideológica de la que esos atribu-tos son columna vertebral. Pero también es indiscutible que, en el mantenimiento de ese patri-monio, han desempeñado un papel determinante la Comisión y la Corte Interamericana deDerechos Humanos, que al lado de sus funciones propias han simbolizado, también, la con-ciencia moral del hemisferio.

De Windsor a San José, presenciamos las reformas a los reglamentos de la Corte y la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos, que guardan correspondencia con el sincero com-promiso de los Estados Miembros en la tarea de proteger esos atributos fundamentales. Estasmodificaciones auguran más efectividad al sistema, especialmente en lo que se refiere a per-mitir una protección judicial integral a la persona, mediante mayor participación procesal dela víctima en la Corte. Nos llena de orgullo que esta trigésimo primera Asamblea General ha-ya trazado caminos precisos para dinamizar los mecanismos existentes, como los consagra-dos en las resoluciones sobre acceso de la víctima a la Corte, y sobre evaluación y fortale-cimiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos. Enrelación con esta última, deseo resaltar la instrucción al Consejo Permanente de elaborar unplan que permita el aumento sustancial de los recursos financieros para la Corte y la Comi-sión. También es de especial relevancia la creación de un fondo específico que promueva lascontribuciones voluntarias en beneficio de los Derechos Humanos en el hemisferio. Además,al aumentar la participación de los órganos políticos del sistema en la tarea de garantizar elefectivo cumplimiento de las decisiones de la Corte y la Comisión se consolida el carácter in-tegral del Sistema Interamericano.

Esta Asamblea ha sido también escenario propicio para reflexionar sobre la importancia deincrementar el contacto del Sistema Interamericano con las organizaciones no gubernamenta-les, y dar así testimonio de la importancia de generar mayor participación de la sociedad ci-vil en el pensamiento y la acción de la Organización de los Estados Americanos.

Muchos otros temas importantes en el ámbito político, social, económico y cultural han sidoobjeto de las labores de esta Asamblea. Estimo que hemos logrado acercarnos a ellos, conun espíritu constructivo, y que muchas de las resoluciones aprobadas aseguran la fecunda con-tinuidad del trabajo fraternalmente compartido o constituyen importantes puntos de partida pa-ra nuevos y prometedores empeños.

El Sabio centroamericano por excelencia, José del Valle, quien también fue Canciller de Mé-xico, escribía en los albores de nuestra vida independiente:

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¿Cómo es posible trepar los Andes? Dice el viajero que los ve de lejos como montañas colo-sales puestas por la naturaleza para impedir el tránsito.

El viajero se acerca sin embargo: da un día los primeros pasos: da otros en el siguiente: con-tinúa dándolos en los sucesivos; y cuando menos lo piensa, se ve en la cima dominando tie-rras inmensas, espectador de un horizonte que parece sin límites.

Como lo enseñó Valle, así es la construcción de la gran obra de la felicidad pública: no im-porta cuán alta sea la montaña, cuán escarpadas sus laderas, mientras haya voluntad de as-cender. Digámosle al mundo que aquí, en las Américas, en la fraternidad de pueblos que lasforman, existe esa voluntad. Que tenemos fe en el futuro y confianza para ser, no solo espec-tadores, sino constructores y protagonistas de horizontes sin límites, en paz y libertad.

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La OEA: unos Temas y los Temas

Disertación del señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay,Doctor Didier Opertti Badán, el 24 de abril de 2001 ante el Consejo Permanente

de la Organización de los Estados A m e r i c a n o s .

Señor Presidente del Consejo Permanente, señor Secretario General, señores Embajadores Re-presentantes Permanente, señores delegados, señor Secretario General Adjunto, señores invi-tados, amigos funcionarios de esta Casa, señoras y señores:

Venir a la OEA; en mi caso personal llegar a esta Casa o volver a ella, es en todo caso, une j e rcicio de pasado y de presente. De pasado porque mi compromiso con esta Org a n i z a c i ó n ,con su gente, con su no siempre bien reconocida actividad, es un compromiso de vida asumi-do tempranamente, cuando todavía estaba muy distante de nuestro imaginario la atención deo t ros escenarios diferentes de aquel al cual nos sentíamos íntimamente ligados, que era el es-cenario regional. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de consversarlo más de una vezcon algunos de ustedes y en particular con el propio Secretario General, don Cesar Gaviria,nuestra experiencia internacional fuera de la región no ha hecho sino subrayar y alimentar elc o m p romiso regional. El mundo grande y ajeno que es el mundo internacional también nece-sita de una mundo más manejable, de zonas circundantes, de experiencias cotidianas, de re-novación, de intercambios espontáneos, que no solo refieran a un cálculo frío y estimativo deposibilidades, sino también a ciertos rasgos de la solidaridad y del entendimiento que es mu-cho más propicio cultivarlos en los pequeños espacios que en los grandes espacios.

Y de presente, porque en el día de hoy yo quisiera hablar básicamente, de algunas cosasque tienen que ver con una agenda de trabajo de esta Organización, con un programa queestá en marcha y que, felizmente, hace de la organización un instrumento importante, signifi-cativo, al servicio de nuevas y renovadas materias. La OEA ha tenido siempre unos temas-como dirían los españoles más castizos: unos temas-: los derechos humanos, la democraciarepresentativa, la defensa del principio de no-intervención, el superior criterio de la igualdadjurídico armónica de la región para encontrar, a través de una codificación progresiva, la so-lución de certidumbre que solo puede proveer la regla de derecho. En definitiva, ha tenido-como digo- unos temas, de los que podríamos resaltar la protección y extensión de los dere-chos humanos en los países miembros, ya en períodos de turbulencia, ora en etapas de res-tauración democrática y sosiego político.

En estos últimos diez años destaca, ciertamente, el papel de la Organización en el apoyo delos sistemas democráticos con un profundo desarrollo de los métodos y acciones de observa-ción activa de los procesos electorales en los Estados solicitantes.

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RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001 (Págs. 100-109)

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Y esos temas los han ido manejando en un contexto de relaciones internacionales que, des-de la Carta de Bogotá al presente, ha variado de una manera absolutamente sustantiva. LaOEA vivió el tiempo histórico que le tocó vivir, con luces y sombras, con balances positivos onegativos, pero, en definitiva, fue una hija de su tiempo, un resultado de una situación en lacual el decurso de los hechos políticos le llevaron a cumplir ciertos roles o papeles que lue-go, quizá con criterios de analistas y no de protagonistas, la evaluación internacional colocóen terrenos muchas veces de cuestionamiento y hasta de penalización.

La OEA pagó buena parte del precio político regional de la Guerra-Fría.

La OEA, felizmente, ha superado esa etapa. Hoy la OEA ya no tiene la mala prensa del pa-sado. Tampoco significa esto que sus éxitos se deban medir por un aplaudamiento. La OEA,en definitiva, es un cuerpo política vivo, y como tal vive del mismo modo que viven los parla-mentos o viven los gobiernos, momentos de éxito, momentos de duda, momentos de expec-tativa vigilante y momentos de fracaso o de defección.

Pero lo importante es que la OEA ha ido identificando un rol diferenciado, particularmente enestos últimos tiempos, que yo colocaría, por tomar algún umbral histórico de referencia, en losúltimos veinte años. Se ha ido colocando desde los ochenta en la búsqueda de una perma-nente sintonía con la realidad política de la región. Y hoy la OEA ya no tiene “unos” temas.Hoy tiene los temas de la región. La OEA tiene en sus manos hoy día la competencia dela certificación de los sistemas democráticos. Y ya no hablo de la certificación multilateralque auspicia o bloquea la buena nota en materia de droga. Si no que hablo de una certifi-cación mucho más significativa y trascendente, cual es la de atribuirle a un gobierno la con-dición de democracia representativa. Propósito este incluido en el Protocolo de Cartagena ydesarrollado luego, sin ninguna duda, con la defensa activa de la AG/RES. 1080 (XXI-0/91), el Compromiso de Santiago de junio 91 y el Protocolo de Washington del 14-XII-92.

Vale decir que la OEA está allí ya no solo para legitimar sino en especial, para deslegitimar;está allí para decir “aquí hay” y “no hay” cumplimiento de los principios democráticos. Y encuanto a la Cláusula Democrática de la Cumbre de Québec sería difícilmente imaginable sui n t roducción en el ALCA si no hubiéramos re c o rrido desde antes la resolución AG/RES. 1080,el Compromiso de Santiago y el Protocolo deWashington. Ha habido, por lo tanto, un papeli n c remental de la OEA. Por lo tanto, OEA no es estancamiento: OEA es dinámica. Y este esun punto del cual cada uno de nosotros, los que tenemos compromisos vitales con ella, los quetenemos compromisos de adhesión a su causa y los que tenemos también compromisos de re-p resentación política activa dentro de la misma, que es la que corresponde a cada uno de losEstados y gobiernos, debemos permanentemente no alejar de nuestro pensamiento.

En esa dinámica, la OEA aparece ahora desafiada por una nueva agenda, que no es la tra-dicional. Ya no se trata de vigilar la no-intervención o de apoyar la tutela, defensa, promo-

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ción y protección de los derechos humanos, causas, por cierto, válidas por sí mismas y de lamayor significación y permanencia. Ahora se trata de ver cómo la OEA acompaña un mo-delo económico, una invitación a una integración hemisférica comercial, y cómo va, en eseproceso que llega hasta el 2005, acompasando sus decisiones y su manera de mirar ese pro-ceso y de participar en él.

Ya no se trata solamente de una secretaría técnica a cargo de la Secretaría General, que seagote en el ejercicio asistencial, que cualquier secretaría supone respeto del órgano asistido.Se trata de algo mucho más profundo y mucho más relevante, a nuestro juicio, que es la pre-servación, la vigilancia atenta y la participación activa en la observancia de los valores po-líticos consustanciales al Sistema. La OEA tiene activos para defender. La OEA tiene logrosya alcanzados. Su participación en la tutela de los sistemas democráticos; su vida activa enlos procesos electorales; la búsqueda de maneras y formas de intervenir sin intervenir, actuarsin intervenir. Actuar no es equivalente a intervenir. Intervenir es cuando se hace algo fuerade los márgenes de el consensuado con los propios Estados afectados o aquello que se ha-ce por la imposición del poder o la fuerza que se hace desde un Olimpo del cual no partici-pan los protegidos. Es decir, la OEA tiene ese activo y eso hoy no se discute.

Y ese activo debe preservarlo, y seguramente así sucederá en estos cinco años que nos de-mandará esa negociación de estos nueve grupos de trabajo del ALCA más los comités espe-ciales constituidos, en donde hay temas que van desde la solución de controversias, al ac-ceso al mercado, a las patentes, a las inversiones, etc., temas, por lo tanto, de naturaleza bá-sicamente económica, en donde el componente técnico muchas veces sobresale, pero cuidan-do siempre, a nuestro juicio, no olvidar que el nivel técnico, la voluntad técnica, no debe se-pararse ni alejarse en ningún momento de la voluntad política. La voluntad política constituti-va del ALCA y su desarrollo es lo que debemos preservar. Cuidémonos pues del riesgo deque el devenir técnico de la negociación suplante o sustituya la voluntad política fundacional,que ha estado en la base misma de la configuración de este proyecto, tanto en Buenos Airescomo en Québec.

Por eso entonces allí, por una parte, está el activo a defender; por otra parte está el procesodonde participar y por otra parte están los objetivos a vigilar. Son tres instancias o tres ele-mentos que no podemos dejar de tomar en cuenta.

Hay algunos valores dentro del ALCA que creo que vale la pena examinar y perdónesemeque yo introduzca aquí, quizá, no la agenda puntual que tendrá la OEA en la Asamblea deCosta Rica, porque esto será materia y objeto de consideración en el momento oportuno, yustedes son en ello en este momento los especialistas, y yo soy apenas un observador militan-te de estos temas. Hay algunos aspectos en el ALCA que me parece que hacen a un mode-lo político que la OEA debe ir también ella misma tratando de contribuir a su configuración.Yo he tomado, básicamente, tres elemento:

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1. La sociedad civil y lo que esta constituye en parangón con las clásicas formas de agluta-miento de pensamiento político, vale decir, partidos políticos, asociaciones políticas.

2. La visibilidad o transparencia de lo actuado, configurada en el documento de Buenos Ai-res del 7 de abril, a través de una norma específica de información pública de los borra-dores de trabajo, hecho insólito en la negociación internacional de cualquier organismoo cualquier escenario de esta naturaleza, y, por último.

3. Cómo puede la OEA también tener una injerencia activa y legítima en el diálogo de lanuevo economía y la privacidad. Estos son los elementos que yo quiero tocar para apor-tar, de alguna manera, nuestras visiones u observaciones sobre la agenda que, de algu-na manera, nace en esto momento y renace a través de lo que antes expresáramos de losactivos ya adquiridos.

Veamos el primer punto, la sociedad civil. En la reciente reunión en Santiago de Chile entrela Unión Europea y el MERCOSUR se planteó la cuestión de su participación y se trabajó so-bre un documento de base presentado por la troika sobre la nueva economía, la globaliza-ción, la economía de la informática, la introducción de las formas de comunicación instantá-neas en la toma de decisiones, valores instrumentales operativos pero que acaso también es-tén llamados a tener influencia sobre el contenido mismo de las cosas esenciales. Y allí apa-recen algunos límites que dicen relación con los derechos individuales, con los derechos hu-manos, límites de los cuales en algún momento el esfuerzo codificador de esta organizaciónposiblemente pueda prestarle algún tipo de atención, entre ellos uno esencial, que es la pri-vacidad.

Por consiguiente y en tanto integrante singular de la sociedad civil, es necesario preservar alindividuo y mantenerlo como un referente permanente, más allá de las conceptualizacionesgenerales o conclusivas sobre la organización y modernidad de la región y del mundo. Es-to, que puede parecer muy genérico, no lo es a la hora de ejemplificarlo. Cuando una per-sona hoy día introduce en Internet una información que dice relación con su vida personal,con sus hábitos, con sus costumbres, con sus relaciones personales, políticas, culturales, labo-rales, financieras o de cualquier otra naturaleza, está introduciendo en el circuito de la infor-mación datos de cuya administración en el pasado fue único sujeto activo y responsable elpropio individuo. Hoy aparecen como bienes compartidos por una sociedad de una nuevaágora impersonal, una ágora informática que, indudablemente, produce una sobre dosis deobjetividad informática, pero una pérdida de subjetividad. Ya la Unión Europea, a través dealguna de sus directivas, se ha venido ocupando del tema de la privacidad y ha venido po-niéndole límites al uso abusivo de los datos personales o de individualización. Y ya algunaslegislaciones, como la francesa por ejemplo, han avanzado en el terreno incluso de la pena-lización de aquellas figuras que supongan el uso indebido de informaciones de circulaciónreservada.

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Este es un tema que a nosotros nos preocupa porque no quisiéramos hacer coincidir el desa-rrollo de los nuevos modelos de asociación comercial y económica internacional con la pérd i-da valores fundamentales o la erosión de derechos humanos que hacen a la persona humana.Y por aquí hay un tema en materia de derechos humanos, no sé de qué generación: si de pri-mera o de segunda o de tercera. Creo que son en todo caso, derechos fundamentales de lapersona que tienen que ver con esa individualidad que no permite ni siquiera por ósmosis, elfenómeno de su transformación o ruptura ajena a su propia voluntad. Es con la voluntad de lapersona que se pueden socializar los datos, que se puede permear la información y con ellono lesionar la privacidad. Lo dejo planteado. No es mi intención, en este momento, colocar-le otros límites más que aquellos que devienen de lo que vengo de expre s a r.

Segundo tema: la transparencia. Yo recuerdo hace algunos años, no muchos, cuando Trans-parencia Internacional, en Beijing, planteara por primera vez la posibilidad de un acuerdo in-ternacional universal en materia de corrupción, como una gran enfermedad del ejercicio delpoder y de la propia sociedad.

En paralelo con ello, la OEA trabajaba en lo que luego sería las Convención Interamericanacontra la Corrupción, aprobada en Caracas el 29de marzo de 1996, en donde entonces,nos tocara participar como Delegado de mi país siendo entonces Ministro del Interior. Yo re-cuerdo muy bien que allí estábamos pensando en la corrupción como una conducta o comouna inconducta de los agentes públicos, de los agentes del Estado; como un vicio que afec-ta al ejercicio de la autoridad, que colocaría a quien la ejerce en una condición más procli-ve o más propicia a la utilización indebida de los fondos comunes o al aprovechamiento, através de la venta de influencias o del ejercicio de otras formas, más o menos alambicadas,del favoritismo y del beneficio personal.

Han pasado algunos años. La Convención ha entrado en vigor. Las legislaciones naciona-les se han adaptado a ella. Hay legislaciones nacionales que prevén, de manera obligato-ria, la declaración jurada de bienes previo al ejercicio de la autoridad, en el mismo momen-to en que se produce la elección del funcionario o su designación. La sociedad ha avanza-do en este territorio, y hoy día se cuenta con un herramental mucho más vigoroso para de-tectar la corrupción, para combatirla y para confrontarla con la opinión pública. Pero hay uncapítulo pendiente, que yo también me permito mencionar, solo a los efectos de imaginar unaampliación posible de esta agenda, que es la corrupción cuando de ella participan no sololos que ejercen el poder sino los que juegan en los aledaños del poder, en los extramuros delpoder e influyen y presionan sobre él.

La corrupción no es un vicio o una patología exclusiva de quienes ejercen el poder público;también lo es del tejido social, en otras de sus manifestaciones; y también lo es, por cierto,de otras organizaciones que, bajo la invocación de causas muy legítimas, tienen, en muchoscasos, fuentes de recursos desconocidas o no suficientemente controladas o publicitadas, que

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no obstante desnudan, de algún modo, al mismo tiempo y con igual o similar vigor, las falen-cias o fallas del sistema á política. En ocasiones podrían los denunciantes adolecer quizáde similares o equivalentes fallas.

Y no quiero ser en esto negativamente ambiguo, sino que utilizaría una expresión que la es-cuché por primera vez en Naciones Unidas, que me pareció una expresión un poco cínicasi se quiere, pero no inválida, que es la ambigüedad constructiva. Lenguaje seguramente na-ciente de esas largas sesiones en que una “,” o una palabra puede alcanzar el éxito ya des-falleciente de un consenso imposible o difícil. Yo diría que sin ambigüedad constructiva pe-ro sí con la cautela que el caso requiere, es tan bueno el criterio de preservar los sistemas de-mocráticos y su transparencia como el criterio de preservar la transparencia de los agentes dela sociedad civil. De otra manera, habremos creado una especia de antagonismo dikelógicoo axiológico de los valores. Por un lado, una sociedad política sobre cuya acción pende unaobservación permanente y estricta y severa, que la hace responsable, y así debe ser; porotro lado, una suerte de crédito abierto, sin límite de fondos ni de garantías, para quienespueden ejercer, en otro terreno distinto al del poder público, su acción política sin controlarprevios o posteriores. Porque, sin duda, por esencia esa acción cuestionadora es política.

Yo no identifico sociedad civil con ONGs. Y quiero hablar muy claro en esto, como es miestilo, que no quiero perder. Sociedad civil es el género, somos todos. Ustedes, nosotros, so-mos sociedad civil. O acaso cuando estamos en un Consejo Permanente de la OEA o el se-ñor Secretario Gaviria en su despacho o el amigo Luigi Einaudi en el propio, hemos dejadode ser la sociedad civil? Desde cuándo hemos dejado de ser sociedad civil? Quién ha di-cho que por desempeñar cargos públicos se deje de pertenecer a la sociedad civil? Quiénha proclamado una especie de código superior, de ius cogens -como dirían nuestros colegasjuristas-, que esto pertenece a un territorio distinto? Todos somos sociedad civil. La sociedadpolítica es, en todo caso, un grado avanzado, un grado superior, de algún modo, de la so-ciedad civil, porque es el grado del consentimiento, es el grado de la voluntad que juega enla intemperie del debate político de las ideas y propuestas, cuando esto se afinca en un es-tado de derecho y en un gobierno democrático.

Dejemos, pues, este esquema contradictorio, casi marriqueista entre sociedad civil y sociedadpolítica, porque esto daña a la sociedad política porque la coloca frente a la sociedad civilcomo en una relación de antagonismo que la penaliza y a veces demoniza y no de coordi-nación y representatividad; desde una perspectiva de cuestionamiento rotundo y global y node acompañamiento; desde un contencioso y no desde un arbitraje equilibrado. La colocaen un terreno en donde lucha, desde el comienzo mismo, con una presunción negativa queprejuzga sobre la base de su sola cualidad de sociedad política y por esto no es constructi-va si bien admite prueba en contrario pero que es en definitiva una presunción negativa.

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No trabajemos con presunciones negativas, no atomicemos ni erosionemos las creencias enel sistema política a fuerza de alimentar cauces que pueden ser muy válidos, pero que en nin-gún caso son sustitutivos. Y los que venimos de Québec sabemos de lo que estamos hablan-do. Y los que estuvimos en Seattle sabemos aun más de lo que estamos hablando.

La libertad es libertad de todos. De los que tomaron las decisiones y de los que formaron de-cisiones y de los que la cuestionaron. Y, como lo dijo el Primer Ministro de Canadá en Qué-bec, en una reunión internacional, la primera libertad es la libertad de los que se reúnen pa-ra poder libremente discutir, cambiar ideas, tomar decisiones, adoptar resoluciones. La liber-tad de pensamiento de quienes discrepan con el escenario, con el objetivo, con la modali-dad, con los propósitos, con el modelo, también debe estar garantizada, pero mediante lasformas de comunicación, mediante la pedagogía colectiva, mediante la información pública,mediante el diálogo, mediante la conversación y el encuentro, como civilizadamente tuvo lasociedad civil organizada en el seno de la reunión de Québec como contracara de la ira yla turbulencia de sus calles. No la inorgánica, atomizadora, que buscaba expresiones mu-cho más estridentes, para los primeros titulares de los diarios, las primeras planas de la tele-visión casi agotándose, en ese ejercicio y sin aportar al diálogo internacional elementos queno fueran sino los de la materialidad de la militancia.

Yo sé que estoy tocando un tema delicado, y son conscientes de ello. Pero lo hago con con-ciencia y voluntad.. Tengo la conciencia y la voluntad de poner sobre la mesa de discusiónel tema de la sociedad civil y de la sociedad política, el tema de las organizaciones no gu-bernamentales y los gobiernos, el tema de las organizaciones no gubernamentales y los go-biernos que las abastecen de recursos, ye le tema de los gobiernos que no las abastecemosde recursos pero estamos dispuestos a jugar con estas reglas de juego si son claras, precisasy transparentes. Estos temas no pueden ser ajenos a este camino largo que hemos iniciadoen la Cumbre de Miami; que hemos acentuado en la Cumbre de Santiago de Chile, y queacabamos de formalizar como guía de ruta y calendario en Québec.

Y creo que la Organización de los Estados Americanos, que tiene entre sus temas la cuestiónde la democracia representativa y con esta, la de su instrumento tradicional, que son los par-tidos políticos, tendrá que pensar, o mejor tendremos que pensar con ella toros los que inte-gramos, sobre cómo ir clarificando o decantando este diálogo de modo de no crear nuevosantagonismos no nuevas dialécticas que, lejos de conciliar de manera sintética los grandesacuerdos, generen en la sociedad una suerte de apartheid en el cual hay una sociedad po-lítica clase C o clase D y una sociedad civil clase A.

Nosotros conscientemente estamos de acuerdo con muchas cosas que podemos hacer juntos,y seguramente cada uno de ustedes también. Pero lo que creo que deberíamos acordar en-tre todos es que nuestro relacionamiento con esa sociedad civil debe ser un relacionamientocivilizado, orgánico, abierto, como lo ha trasuntado la reunión de Buenos Aires del 7 de abril

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pasado, cuando ha decidido que los borradores de negociación sean informados a la opi-nión pública, dados a conocer. Abramos nuevos espacios, creemos nuevos foros de reunión,nuevos círculos o ateneos o ágoras - para ampliar esa querida palabra de la civilización grie-ga -; abramos nuevas formas de comunicación, y no esperemos que llegue el momento enque la confrontación se produzca en ocasión de una reunión de la OMC, del FMI, del ALCAu otras. Porque el fantasma de la globalización, del que tanto se habla, solo será conjura-do si demostramos que quienes utilizan la vía área para trasladarse hasta Québec desde losmás remotos lugares también son beneficiarios de la globalización, aunque estén en la calley no adentro del centro de conferencias. Es decir, veamos estos temas con mayor naturali-dad; no generemos nuevas dialécticas innecesarias, trabajemos pedagógicamente; busque-mos no denostar al sistema político para defender a las ONGs, o atacar a las ONGs paradefender el sistema político. No juguemos a ese maniqueísmo, que en cierto modo nos pue-de conducir a resultados ciertamente negativos.

El último tema que quiero tocar tiene que ver con lo que yo he llamado en la expresión espa-ñola "unos" temas, y es el de paz y seguridad, clásicos en la OEA y las Naciones Unidas.Han nacido nuevas formas de intervención del sistema mundial, bajo un nombre atrayente ycasi legítimamente: "intervenciones humanitarias". Al principio se hablaba de "injerencia hu-manitaria", luego se comenzó a hablar de intervenciones humanitarias. Este concepto tuvo undesenvolvimiento pragmático muy fuerte en los Balcanes, con algunas experiencias previas enÁfrica, y quizá tuvo su decantación más conceptualmente transparente en Kosovo.

La Carta de las Naciones Unidas solo prevé el uso de la fuerza en dos hipótesis: en legítimadefensa, individual o colectiva, y en la autorización del Consejo de Seguridad, para preser-var la paz y la seguridad cuando éstas están en peligro. Sin embargo, ha nacido una terce-ra hipótesis que es la intervención de organizaciones militares para preservar grupos huma-nos por razones o sin razones de la más variada naturaleza. Y eso se cobija baja una de-nominación amplia, que es la intervención humanitaria.

La OEA ha hecho grandes contribuciones al desarrollo del derecho internacional, sin ningunaduda. Y nadie le ha discutido nunca a la OEA ese activo; otros actos, especialmente antesde los ochenta, sí han sido puestos en tela de juicio. Pero nadie ha discutido nunca a laOEA su contribución y soluciones positivas al desarrollo progresivo del derecho internacionalen la región y su testimonio de aportación de conceptos en refugio, asilo, derecho humanita-rio, medio ambiente, etc., al mundo en su conjunto. Es una buena instancia para que la OEAtambién le haga en este tema al mundo su aporte.

¿Qué significa intervención humanitaria?

Por supuesto, no se trataría de aquellos casos en que se presta asistencia humanitaria. Se trataría, en cambio, de aquellas situaciones a las que ha hecho referencia el Secretario

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General de las Naciones Unidas en sendas Memorias de los años 1999 y 2000, así comoen su informe a la Asamblea del Milenio de Naciones Unidas en el cual planeara lo que de-nomino "dilema de la intervención".

Bien, cabría preguntarse -y lo hemos venido haciendo con insistencia y en diferentes niveles-,si puede el órgano militar, agente de la intervención humanitaria, ser el mismo quien defina elmomento en que ha finalizado el esfuerzo diplomático y comienza el empleo de la fuerz a .

Cabría también plantearse si no es precisamente en esa instancia en la que debe darse in-cumbencia al órgano internacionalmente competente para decidir el empleo de la fuerza, va-le decir, en lo universal, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Este planteamiento no excluiría, al menos teóricamente, su consideración por la Asamblea Ge-neral de las Naciones Unidas, al amparo del Art. 10 de la Carta.

En cualquier caso, en tanto estemos confrontados a una nueva situación que nos plantea lasituación internacional -recuérdese el caso Kosovo -, deberíamos encarar su análisis como par-te del ejercicio de revisión del sistema de las Naciones Unidas en materia de preservaciónde paz y seguridad, con la participación activa de toda la comunidad internacional pues nohay duda alguna en cuanto a la necesidad, muchas veces dramática, de proteger poblacio-nes o grupos humanos, perseguidos, violentados, ya por razones políticas, religiosas, racia-les o de cualquier otra índole.

Acaso una de las consecuencias más palpables de la falta de regulaciones objetivas de estetipo de situaciones, sea su carácter discrecional y selectivo, conforme al cual habría protec-ción humanitaria en algunos caos sí en otros no.

Es el compromiso político de los países de la región de no legitimar intervenciones humanita-rias que no cuenten con el consentimiento de los órganos competentes. Es eso y tan simplecomo eso. Tan simple e importante como eso. Y quizá la Carta Democrática Interamerica-na, este compendio de principios, sería una buena instancia para que no solo definamos conmayor rigor cuál es el objeto de la propia carta, los límites y alcances del concepto de de-mocracia, sino también lo que es connatural a ella y lo que resulta necesario preservar. Por-que no solo de los autogolpes o de los golpes o de las rupturas institucionales ha de preser-varse el sistema democrático. También ha de preservarse de aquellas acciones, regionaleso extrarregionales, que, basadas en la selección de cuáles casos significan quiebre humani-tario, ruptura de conceptos básicos de respeto por el hombre, adjudican a quienes ejercitanel poder, la facultad de hacerlo en el momento y circunstancias que creen oportuno.

Este es un gran tema también. Y no es un gran tema porque lo digamos nosotros. Internacio-nalistas del valor de Bruno Simma, Alemania, de Alain Pellet, Francia, juristas del más alto re-

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lieve internacional mundial en Europa, Bern a rdo Sepúlveda y Enrique Candiotti en América Latina,-respectivamente de México y de Argentina-, identificados por su comprimo no solo jurídicosino también de pensamiento socio político, han expresado con claridad que el uso de la fuer-za siempre debe estar legitimado; legitimado por la reacción legítima, individual o colectiva,o legitimado por la autorización del órgano competente. Y este es un tema que, a nuestrojuicio, no podría quedar totalmente ajeno a una Carta Democrática Interamericana, que nodebe dejar de lado aquellas hipótesis en las cuales el sistema democrático debe ser protegi-do y los límites dentro de los cuales debe serlo.

Yo creo que me he extendido más de la cuenta. Este es un ejercicio que para mí tiene un va-lor de presencia y un valor en cierto modo retroactivo. Envidio a quienes están en esta me-sa todos los días discurriendo. Porque esto es un ejercicio colegiado democrático insustitui-ble. La OEA, si yo tuviera que definirla en término absolutamente sumarios, diría que es unparlamente permanente. Es un parlamento permanente. Y cuidado con identificar parlamentoórganos solo vinculados al verbo parlare. Es un parlamento porque hay posibilidad de hablarentre chicos y grandes, entre familias jurídicas distintas, la del common law de nuestros her-manos caribeños, la del derecho europeo continental angloamericano renovado, con Caver,con Curie y otros, que es el derecho norteamericano, al menos en el campo del llamadoCONFLICT OF LAW.

Vale decir, pues, que allí, en esta mesa, están sentadas esas familias jurídicas, pero tambiénestá afirmado un compromiso hemisférico que ahora aparece con un nuevo desafío y con unanueva agenda en que, seguramente, como ya el Secretario General ha tenido ocasión de ex-presarlo en más de una oportunidad, la OEA forma parte del elenco central de este ejercicio.La OEA no es un invitado sino una de las primeras figuras de la constelación hemisférica, yen particular tiene un importante papel en la construcción del ALCA. Por lo tanto, con estainvocación a este renovado papel de la Organización y nuestro compromiso de seguir no sim-plemente mirándola, sino actuando en ella a través de nuestros Representantes Permanentesy, naturalmente, desde siempre, desde las capitales, cualquiera sea aquel que le toque hacer-lo, estaremos participando en este ejercicio inacabado, permanente, de flujo continuo, quees la vida de una organización internacional; en el caso particular de la OEA, base de nues-tro propio sistema interamericano.

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N osotros, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, representantes delos gobiernos democráticamente elegidos de las Américas, reunidos en la ciudad de Li-ma en el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

de la Organización de los Estados Americanos, como una expresión de nuestro compromiso po-lítico con la democracia y de conformidad con los mandatos de nuestros Jefes de Estado y de Go-bierno en la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Québec, hemos adop-tado, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXVIII-E/01), la Carta Democrática Interamericana. Firmada en la ciudad de Lima, República del Perú a los once días del mes de septiembre del añodos mil uno.

RESOLUCIÓN

La Asamblea General,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce quela democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo dela región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia re-presentativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionalesen la promoción y consolidación de la democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Terce-ra Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Que-bec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura in-constitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo in-superable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres delas Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regio-nales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptadapor los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

XXVIII Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Lima Perú, 10-11 de setiembre 2001

AG/RES. 1 (XXXVIII-E/01)

Declaración de LimaCarta Democrática Interamericana

(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de setiembre de 2001

RCPE, VOL. I, Nº 2, 2001

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(Págs. 110-118)

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REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los di-ferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores demo-cráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio; CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requierenla organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democraciarepresentativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia yla equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobrezacrítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una res-ponsabilidad común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-bre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principiosde libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición funda-mental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia quetiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanospara la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de losciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación sig-nificativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollode los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integraldel ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económi-cos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, de-sarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático re-presentativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la de-fensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los idealesdemocráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Reno-vación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su deter-minación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para ase-

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gurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del princi-pio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuen-temente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupciónabrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio delpoder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros dela Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rá-pida y colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó de-sarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten pa-ra promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y eje-cutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Demo-cracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su con-vencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisi-bles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta enmarcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos va-lores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer lasestructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democra-cia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Or-ganización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento desus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente ycreativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticiparlas causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasióndel trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José deCosta Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobier-no reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el docu-mento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Perma-nente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su apro-bación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciu-dad de Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros confor-me a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del He-misferio; y

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TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la convenien-cia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los EstadosAmericanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y defensa de lasinstituciones democráticas, conforme a la práctica establecida, RESUELVE:Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA I La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de pro-moverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos delas Américas.

Artículo 2El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y losregímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Ame-ricanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación perma-nente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respecti-vo orden constitucional.

Artículo 3Son elementos esenciales de la democracia re p resentativa, entre otros, el respeto a los dere-chos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción alestado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el su-fragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de par-tidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las acti-vidades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pú-blica, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legal-mente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de lasociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5 El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la de-mocracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos cos-tos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparen-te de financiación de sus actividades.

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Artículo 6 La participación de la ciudadanía en las decisiones r elativas a su propio desarrollo es un de-recho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivoejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece lademocracia.

II La democracia y los derechos humanos

Artículo 7 La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales ylos derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagradosen las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e inter-nacionales de derechos humanos.

Artículo 8Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido vio-lados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción yp rotección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de pro-tección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9 La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género,étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protecciónde los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversi-dad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democra-cia y la participación ciudadana.

Artículo 10La promoción y el fortalecimiento de la democracia re q u i e ren el ejercicio pleno y eficaz de losd e rechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están con-sagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a losPrincipios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, asícomo en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejo-ramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se re f u e rzan mutuamente.

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Artículo 12 La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inci-den negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEAse comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de em-pleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, tenien-do en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisfe-rio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también des-taca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortale-cer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustan-ciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación dela democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14 Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecuta-das por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desa-rrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas pa-ra promover estos objetivos.

Artículo 15El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio am-biente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de pro-tección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr undesarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16 La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollodel potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre lospueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcancede todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las per-sonas que pertenecen a las minorías.

IV Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso políticoinstitucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario Gene-ral o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservaciónde la institucionalidad democrática.

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Artículo 18Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollodel proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el SecretarioGeneral o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afecta-do, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. ElSecretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una aprecia-ción colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a lapreservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19 Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concor-dancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, laruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemen-te el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo in-superable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, dela Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especiali-zadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucionalque afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario Ge-neral podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar unaapreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones di-plomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la ins-titucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare,el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de laAsamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendogestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional ylas disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenosoficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21 Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constateque se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las ges-tiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisiónde suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en laOEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entra-rá en vigor de inmediato.

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El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando elcumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en mate-ria de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestionesdiplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Se-cretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión.Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuer-do con la Carta de la OEA.

V La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23 Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesoselectorales libres y justos. Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramien-to o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales,incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24 Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro in-teresado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebraránun convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoralde que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre ac-ceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral. Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y nor-mas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas mi-siones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de for-ma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada. Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, através de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través dela Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elec-ciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de con-tribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

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VI Promoción de la cultura democrática

Artículo 26 La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principiosy prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerandoque la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económi-co, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua conlos Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad ci-vil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, losvalores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizacio-nes de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y activida-des para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia delos valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28 Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras po-líticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio dela cultura democrática.

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A g e n d a

Noviembre 2001 III Reunión de Coord i n a d o res Nacionales y Responsables de 20-21-22 Cooperación de la Cumbre Iberoamericana. Lima, Perú

Noviembre 2001 Reunión de Cancilleres de la Cumbre Iberoamericana. 23 Lima, Perú

Noviembre 2001 XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de23-24 Gobierno. Lima, Perú

Noviembre 2001 Reunión Presidencial Costa Rica - Panamá. 29 Bambito, Panamá.

Diciembre 2001 X Reunión de la Comisión Mixta Centroamérica- Taiwan. 18 y 19 Roatán, Honduras.

Diciembre 2001 VII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la 10 Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Isla Margarita, Venezuela.

Diciembre 2001 III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 11-12 Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Isla Margarita, Venezuela.

Enero 2002 Traspaso de la Secretaría Pro-Témpore del Grupo de Río 15 a Costa Rica.

Febrero 2002 Reunión de Coordinadores y Cancilleres del Grupo de Río. 14-15 San José, Costa Rica.

Abril 2002 Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del Grupo de Río. 3-6 San José, Costa Rica.

Actividades de la Diplomacia Internaciona

Fecha Reuniones