desmovilizacin y reinsercin en el salvador lecciones para colombia

Fundacin Ideas para la Paz

Desmovilizacin y reinsercin en El Salvador

Reporte preparado por

Alexandra Guqueta

Septiembre de 2005

Lecciones para Colombia

Resmen ejecutivo

Presentacin

I. Introduccin

II. Desmovilizacin, reconstruccin y paz sostenible

La reincorporacin como proyecto nacional

El desmonte de las estructuras violentas

Riesgos y oportunidades de la vinculacin

estratgica entre paz y DDR

El proceso de DDR como tiempo de transformacin

La importancia de la reconciliacin

III. Desarme y desmovilizacin

Las dimensiones del desarme

Zonas de concentracin y atencin inmediata

Registro

Tratamiento sicolgico

IV. Reintegracin integral

Anticipacin y exibilidad

Calendarizacin

Poblaciones objetivo Equidad entre grupos desmovilizados Cuadros y mandos medios Otras poblaciones vulnerables La comunidad local

Planes de vida y reinsercin econmica Los recursos y los costos Tipos de programas Micro-empresas y empleo Becas educativas Acceso a propiedad rural y produccin agropecuaria Vivienda Manejo y coordinacin interinstitucional Organizacin y gestin de los desmovilizados

El rol del sector privado

El rol de la comunidad internacional

V. Anexos

1. Programa taller Lecciones de El Salvador

2. Cifras de las desmovilizaciones individuales y

colectivas en Colombia agosto 2002 - julio 2005 3. Desmovilizaciones colectivas - Autodefensas noviembre 2003 - julio 2005

Contenido

6 Fundacin Ideas para la Paz

Resmen ejecutivo

La desmovilizacin se ha convertido en uno de los temas ms urgentes para la paz en Colombia. Desde el 2002, 16.579 menores, hombres y mu-jeres han dejado las armas - 7.781 en desmovi-lizaciones individuales y 8.798 autodefensas de forma colectiva en 15 turnos. Lo que suceda hoy con dichas desmovilizaciones ser crucial para el futuro de Colombia. Los precedentes incidirn so-bre los clculos que las FARC y el ELN hagan en los siguientes aos sobre cmo y qu negociar y si la desmovilizacin vale la pena. Por ello, la Fun-dacin Ideas para la Paz ha querido, por medio de reexiones analticas, dilogos multi-sectoria-les y propuestas prcticas, dar especial atencin al desarme, desmovilizacin y reinsercin (DDR) de excombatientes. Una de nuestras iniciativas es la serie de talleres Experiencias de Desarme, Desmovilizacin y Reintegracin. Aunque cada pas y cada conicto tiene rasgos particulares, el ejercicio de contraste con otros sirve para enten-der mejor nuestros propios retos. El 19 y 20 de noviembre de 2004 realizamos el primer evento, Lecciones de El Salvador, con auspicio de la Fundacin Konrad Adenauer y la participacin del Bonn International Center for Conversion (BICC). Este documento recoge las principales discusio-nes y ofrece reexiones prcticas para el manejo de DDR en Colombia. A continuacin enunciamos los hallazgos ms relevantes.

DDR debe ser un esfuerzo nacional que requiere liderazgo poltico de alto nivel y una ecaz comuni-cacin pblica basada en un discurso de reconci-liacin incluyente y coherente. Pensar en el conte-nido, la estrategia de comunicacin y las acciones concretas para generar conanza entre ex-comba-tientes y la sociedad es una tarea urgente.

DDR es ms que un conjunto de procedimientos y cronogramas: es un perodo de ajuste y transfor-macin de rutinas e identidad. Por eso el tiempo de la reincorporacin es importante y debe ser pro-porcional a la duracin e intensidad del conicto.

El desarme tiene varias dimensiones: una estrat-gica, una simblica y otra funcional. En Colombia,

las armas recaudadas a desmovilizados colectivos e individuales son contadas, registradas y guarda-das como material probatorio en caso de que la Fiscala las solicite. Sin embargo, an no hay cla-ridad sobre qu hacer con las armas en el largo plazo. Expertos recomiendan destruirlas.

La duracin de las zonas de concentracin y de los albergues debe ser suciente para hacer los re-gistros apropiados e informar a los desmovilizados sobre el proceso, pero no debe extenderse dema-siado, pues retrasa la reintegracin a la sociedad.

El registro suele enfrentar obstculos, como esta-blecer quin hace parte o no de la estructura del grupo armado. De todos modos, los registros son indispensables para planear y hacer seguimiento a los programas de reincorporacin.

Es til tener una instancia nacional de planeacin estratgica y coordinacin para agilizar la comu-nicacin entre las diferentes agencias del Estado, enrutar sus acciones y tener una comunicacin ecaz con las administraciones locales que deben ejecutar los proyectos de DDR.

Experiencias como la de El Salvador indican que la desmovilizacin y reincorporacin pueden afrontar crisis por desacuerdos entre las partes, el clima de polarizacin, excesiva politizacin del proceso o reticencia de actores locales a los programas de reinsercin.

La reincorporacin tiene ms oportunidades de xito cuando los desmovilizados entran a formar parte de una comunidad. Las comunidades, sin embargo, no siempre estn dispuestas a acoger a los desmovilizados por prejuicios, desconanza o resentimientos. Por ello es til disear programas que involucren a ms beneciarios, incluyendo otras poblaciones vulnerables.

Cuando hay ms de un grupo desmovilizado, in-cluyendo la reduccin de las fuerzas armadas des-pus de un conicto, es importante ofrecer bene-cios iguales a todos. Sin embargo, tener en cuenta

Desmovilizacin y reinsercin en El Salvador: lecciones para Colombia 7

las jerarquas internas del grupo desmovilizado para otorgar un trato preferencial a los cuadros y mandos medios contribuye a mantener transitoria-mente las estructuras de liderazgo y guiar al grue-so de los desmovilizados en la reincorporacin.

La organizacin de los desmovilizados en ONG o partidos polticos puede facilitar las gestiones ad-ministrativas de la reinsercin y servir como red de apoyo al grueso de los desmovilizados. Sin em-bargo, esto no garantiza el xito de los programas, especialmente si la calidad de los servicios tcni-cos suministrados es deciente.

Conviene tener un portafolio variado de opciones econmicas para la reinsercin. Hay una amplia gama de apoyos: pagos de dinero en efectivo, do-taciones en especie (vestido, utensilios, alimento, material de construccin, vivienda), empleos en el sector pblico o privado, crditos para mltiples propsitos, capacitacin y becas para educacin superior. La variedad de opciones permite ajus-tarse a las preferencias y destrezas del desmovili-zado, la disposicin de recursos y las condiciones econmicas locales.

La posibilidad de que todos los desmovilizados se conviertan en micro-empresarios es difcil. De-pende de buenos planes de negocios, acompaa-miento tcnico adecuado, las destrezas de la per-sona, acceso exible a crditos y la existencia de demanda en el mercado.

La participacin del sector privado es indispensa-ble, pues asegura una mayor probabilidad de xito en los programas. El sector privado no slo tiene capital de inversin sino conocimiento tcnico y habilidades negociadoras y administrativas, sabe dar un uso eciente al tiempo y a los recursos -nancieros, est habituado a enfocar su gestin hacia la obtencin de resultados y posee una im-portante red de contactos comerciales y acceso a las autoridades. Sin embargo, la tendencia predo-minante es que los empresarios sean reticentes a dar empleo directo y, en general, a participar en DDR. Por ello, una campaa de acercamiento en-

tre el Estado y el sector privado, con planes con-cretos, es crucial.

La comunidad internacional ha expresado reser-vas frente a los trminos de la desmovilizacin en Colombia y, en parte, esto ha reducido los aportes internacionales a DDR. Es necesario lograr enten-der sus argumentos y a la vez procurar un mayor entendimiento de la comunidad internacional so-bre DDR en Colombia. En el largo plazo Colombia deber balancear la utilidad poltica y nanciera de la asistencia, con la reduccin del margen de maniobra que inevitablemente se presenta por los diversos intereses externos. Fuera de la ayuda, en dinero o especie, la comunidad internacional tam-bin podra colaborar realizando un seguimiento de largo plazo de DDR.

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Presentacin

La Fundacin Ideas para la Paz ha querido, por medio de reexiones analticas, dilogos multi-sectoriales y propuestas prcticas, dar especial atencin al desarme, desmovilizacin y reinser-cin (DDR) de excombatientes. La desmoviliza-cin se ha convertido en uno de los temas ms urgentes para la paz en Colombia. Desde comien-zos del 2002 hasta hoy, 7.7811 miembros del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), di-sidencias del Ejrcito Popular de Liberacin (EPL) y las Autodefensas (AUC) se han desmovilizado de forma individual. Y desde noviembre de 2003, como resultado de negociaciones con el gobierno del Presidente lvaro Uribe Vlez, se han desmo-vilizado de forma colectiva 8.7982 autodefensas en 15 turnos. La Ley de Justicia y Paz y la des-movilizacin de autodefensas, con todo y sus de-fectos, son un hecho. En total, 16.579 menores, hombres y mujeres han dejado las armas. Esto presenta mltiples retos para los colombianos en su intento de construir una paz duradera y hacer nacin. Uno de los ms sobresalientes tiene que ver con los precedentes que se vayan sentando. En Colombia, las negociaciones y reinserciones se han dado de manera escalonada en el tiempo, lo que hace que el pasado incida sobre la formacin de expectativas presentes y futuras, y por consi-guiente, en los clculos de los grupos armados, por ejemplo el ELN y las FARC, sobre cmo y qu negociar y si la desmovilizacin, y por consiguiente la paz, vale la pena. De ah la importancia de una reincorporacin bien hecha. Adems, el riesgo de no atender DDR es la perpetuacin de formas de violencia y criminalidad que impiden la recupera-cin de autoridad por parte del Estado y la cons-truccin de instituciones legtimas y democrticas cimentadas en un capital social positivo.

Una de nuestras iniciativas es una serie de talle-res sobre DDR. Aunque cada pas y cada conicto tienen rasgos particulares, el ejercicio de con-traste con otros y la identicacin de sus acier-

tos y errores sirven para entender mejor nuestros propios retos y medir lo que hacemos en casa. Adems, aunque Colombia ha sido pionera en la creacin de programas de DDR --por las desmovi-lizaciones de comienzos de los noventas--, existen hoy visibles avances en los aspectos tcnicos y administrativos de DDR, cuya implementacin es vlida para cualquier escenario. De esta forma, Experiencias busca suscitar una mirada anal-tica y crtica a la reintegracin en Colombia con miras a formular recomendaciones concretas.

El 19 y 20 de noviembre de 2004 realizamos el primer evento, Lecciones de El Salvador, con auspicio de la Fundacin Konrad Adenauer y la participacin del Bonn International Center for Conversion (BICC). Asistieron funcionarios del go-bierno de El Salvador que tuvieron a su cargo el diseo y la implementacin del plan de recons-truccin de ese pas en los noventas, ex-comba-tientes del Frente Farabundo Mart de Liberacin Nacional (FMLN), el Programa de Reincorporacin a la Vida Civil del Ministerio del Interior de Co-lombia, el Ministerio de Defensa, expertos, ONG y miembros de la comunidad internacional. Este documento recoge las principales discusiones de Lecciones de El Salvador y con base en ellas ofrece reexiones y sugerencias prcticas para el manejo de la desmovilizacin en Colombia, tenien-do en cuenta las particularidades de su situacin. Antes que un estudio exhaustivo sobre la paz en El Salvador, hemos querido que el lector, en parti-cular aquellos funcionarios a nivel nacional y local en Colombia que deben asumir responsabilidades en el tema encuentren, en un formato gil y sen-cillo, ideas de DDR para Colombia. Agradecemos los comentarios de los participantes y de expertos internacionales amigos de la Fundacin, al igual que la diligente asistencia de Gerson Arias.

Alexandra GuquetaDirectora AcadmicaFundacin Ideas para la Paz

1 Cifra a julio 31 de 2005.2 Cifra a julio 31 de 2005.

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I. Introduccin

A diferencia de los centroamericanos e incluso de los procesos en otros pases como Angola y Mozambique, la desmovilizacin actual en Colom-bia se produce sin un gran acuerdo de paz entre todas las partes, ni con una estrategia de post-conicto de reconstruccin nacional: ocurre de manera simultnea al conicto armado. La yux-taposicin temporal con el conicto tiene serias implicaciones para la reincorporacin efectiva de los ex-combatientes. No les permite volver a su lugar de origen y son mayores sus problemas de seguridad y los de sus familiares. Las alternativas de empleo se reducen por los efectos acumulados de la guerra sobre la economa y se incrementan las posibilidades de reincidencia en las armas o actividades delictivas. No hay dividendos de paz para invertir en la reinsercin, y emergencias hu-manitarias, como el desplazamiento, compiten por atencin y recursos. Permanecen ausentes procesos de reconciliacin con los organismos de seguridad pblica, militares y policas, y sigue la desconanza de los desmovilizados frente al Esta-do y de la sociedad frente a los ex-combatientes. No se puede apelar a las estructuras de mando de los grupos armados para guiar a los reinserta-dos en un proyecto poltico y social bajo las reglas de juego democrticas; hay fragmentacin y poca articulacin colectiva que genere sentido de per-tenencia.

Adems, el que en Colombia, a diferencia de la dinmica que se dio por ejemplo en El Salvador, las negociaciones y reinserciones se hubieran dado y se estn dando an de manera escalona-da en el tiempo, con unos grupos o partes de un grupo primero y con otros despus, signica que el presente tendr consecuencias sobre el futu-ro. Lo que suceda hoy incide sobre la formacin de expectativas, y por consiguiente, los clculos que los grupos remanentes, es decir, del ELN y las FARC, estn haciendo sobre cmo y qu negociar y si la desmovilizacin vale la pena, si ellos y sus familias tendrn condiciones de seguridad razo-nables, si tendrn oportunidad de participar en poltica y si los paquetes de benecios econmi-cos les permitirn subsistir y reintegrarse exitosa-

mente a la sociedad. Es mucho lo que est en jue-go; el fracaso podra bloquear la paz hacia delante y de ah la importancia de polticas integrales y es-tratgicas de reincorporacin y de programas bien administrados a nivel nacional y local.

Tambin es posible que las negociaciones esca-lonadas incentiven a los combatientes activos a aumentar su condicin de amenaza creble para obtener ms ganancias legales o econmicas, o a sacarle el mayor provecho a la criminalidad den-tro del esquema de la guerra para acumular im-punemente un botn antes de dejar las armas. Al comparar el caso colombiano con las guerras y las negociaciones de paz en Centroamrica a comien-zos de los noventa, se pone en evidencia que aqu las ganancias esperadas de los grupos armados son distintas. All, establecer un rgimen demo-crtico, legalizar la izquierda y reformar las fuer-zas armadas constituyeron benecios cruciales para los ex-combatientes del FMLN y por eso sus expectativas frente a los paquetes de reinsercin fueron, al menos al comienzo, menores que aque-llas que alcanzan a vislumbrarse entre guerrilleros y paramilitares en Colombia.

Por otra parte, es necesario reconocer que la des-movilizacin ocurre en un momento de transfor-macin de la criminalidad asociada con la econo-ma de guerra. La extorsin y el comportamiento maoso guran hoy de manera ms notoria entre grupos armados y bandas criminales, y esta for-ma de lucro y de imposicin coercitiva de autori-dad minan la construccin de un Estado legtimo. Para un ex-combatiente la transicin desde gru-pos armados maosos a maas armadas es fcil, por sus destrezas y contactos. Por otro lado, la democratizacin del narcotrco se traduce en mayores oportunidades de entrada para aquellos conectados con el negocio y las habilidades ade-cuadas.

El volumen y el corto tiempo en el que se han des-movilizado guerrillas y paramilitares representan un reto administrativo. El nmero de reinsertados como resultado de los procesos de paz con el

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Jess DavidResaltadoEFECTOS DE DESOVILIZACIN EN CONTEXTO DE GUERRA

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M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajado-res (PRT), el Ejrcito Popular de Liberacin (EPL) y el Movimiento Armado Quintn Lame (MAQL) entre 1990 y 1992 fue de 3.482 combatientes aproxi-madamente. Y las desmovilizaciones posteriores, la de la Corriente de Renovacin Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medelln y el Frente Francisco Garnica del EPL en 1994 y del Movi-miento Independiente Revolucionario-Comandos Armados (MIRCOAR) en 1998 sumaron 1.433 ci-fras mucho menores a las de hoy. Para evitar su criminalizacin o reincidencia como guerrilleros o paramilitares cuando combatientes activos tratan de reclutarlos de nuevo, como ya se ha visto en Bogot3, la sociedad tendr que acogerlos. Por supuesto, los reinsertados debern poner de su parte con buena conducta y gestos de reconcilia-cin. De todos modos, queda claro que el compro-miso es colectivo y se requiere apoyo del sector privado, pero buena parte de la responsabilidad administrativa recae sobre el Estado, lo que hace urgente pensar en su capacidad institucional.

Entre los retos polticos, que son distintos al pa-sado, est la falta de consensos en Colombia so-bre cmo superar el conicto. El debate que se produjo en crculos nacionales e internacionales durante los dos ltimos aos sobre el marco ju-rdico que precis los benecios jurdicos y obli-gaciones de los grupos armados o individuos que dejaran las armas recogi todas las aristas del problema: si debe aplicarse las mismas reglas a paramilitares y guerrilleros, hoy y ms adelante; cules crmenes perdonar y cules juzgar; qu ha-cer con delitos de narcotrco y cmo balancear la atencin a los desmovilizados y las vctimas del conicto, incluyendo a los desplazados. De todos modos, bien sea por una internalizacin ms pro-funda de valores democrticos, la acumulacin histrica de agravios o el perl de los paramilita-res y guerrilleros, el pblico est menos dispuesto que antes a olvidar las muertes, los actos terroris-tas y la apropiacin forzada e ilegal de riqueza.

Asmismo el clima internacional es diferente. La tolerancia frente a violaciones de derechos huma-nos es menor y el rgimen internacional de protec-cin a los derechos, del cual Colombia ha querido ser parte, es ms robusto que antes. Los amnis-tiados de otrora comparecen hoy ante cortes de su pas o extranjeras y la Comisin Interamerica-na de Derechos Humanos (CIDH) ya ha expresado sus reservas frente los trminos de negociacin entre el gobierno Uribe y las autodefensas. Ade-ms, los actos terroristas y los conictos armados se convirtieron en grandes enemigos de la seguri-dad global, por lo que la comunidad internacional parece menos dispuesta a perdonar a los perpe-tradores. No hay claridad an sobre el margen de la justicia transicional, aquellas reglas de justicia para situaciones excepcionales, y el tratamiento a ex-combatientes.

Finalmente, organismos internacionales como Naciones Unidas y el Banco Mundial hasta ahora comienzan a explorar esquemas alternativos de construccin de paz, que eventualmente arroja-rn ideas ms claras sobre cmo tratar situacio-nes de conicto y post-conicto a la vez.

II. Desmovilizacin, reconstruccin y paz sostenible

La reincorporacin como proyecto nacional

Los procesos de paz y la integracin de ex-com-batientes a las estructuras polticas, sociales y econmicas de un pas son un esfuerzo nacional que requiere liderazgo poltico de alto nivel y una ecaz comunicacin pblica. Esto se debe a que un proceso exitoso necesita la aceptacin de las comunidades receptoras y la sociedad en general; aportes econmicos extraordinarios en forma de donaciones, impuestos y creacin de empleo; exibilidad por parte de las instituciones nan-cieras para otorgar micro-crditos; esfuerzos bu-rocrticos adicionales por parte de las diferentes

3 Grupos de autodefensas estn reclutando a reinsertados en albergues de Bogot, El Tiempo, mayo 5, 2005.

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entidades estatales a nivel nacional y local para atender tanto a desmovilizados como a otras po-blaciones vulnerables; y la formulacin e imple-mentacin de polticas pblicas en temas sociales y econmicos para generar condiciones favora-bles a la reincorporacin y para la reconstruccin integral de las zonas afectadas por la guerra.

Por eso, en el caso de El Salvador, tanto miem-bros del FMLN como los funcionarios de gobier-no encargados de la formulacin y ejecucin del Plan Nacional de Construccin, resaltaron la im-portancia de tener una instancia nacional de pla-neacin estratgica y coordinacin. En su caso, los salvadoreos encontraron que la existencia de un plan maestro de reconstruccin nacional de largo plazo y una ocina como la Secretara de Reconstruccin Nacional fueron claves para coor-dinar las distintas agencias del Estado.

De otra parte, experiencias como la de El Salvador indican que la desmovilizacin y reincorporacin pueden afrontar crisis por desacuerdos entre las partes, el clima de polarizacin, excesiva politiza-cin del proceso o reticencia de actores locales a los programas de reinsercin. En El Salvador, por ejemplo, la renuencia de ocupantes de tie-rras que iban a readjudicarse puso en peligro no slo el programa de reasentamiento humano sino toda la estrategia de reintegracin e inclusive la paz misma, pues el programa de reforma agraria haba sido una de las piezas claves de las nego-ciaciones de paz. Adems, los programas fueron susceptibles de revisiones y re-negociaciones.

La leccin es que la naturaleza y magnitud del es-fuerzo que implica la reintegracin de ex-comba-tientes y los posibles giros y ajustes que ocurren durante el proceso demandan la movilizacin y la aceptacin nacional. Para ello, tanto el Estado como los lderes desmovilizados necesitan cons-

truir canales de comunicacin uidos para infor-mar y escuchar a la sociedad y hacerla parte de la reintegracin, entendida como un elemento de la reconstruccin nacional. Se requiere, tambin, un discurso incluyente y coherente que d sentido al proceso, que explique por qu la reintegracin es til y necesaria y que d cuenta de sus avances, posibles retrocesos y retos.

El desmonte de las estructuras violentas

El proceso de paz de El Salvador es considerado como un caso exitoso: las partes se desmoviliza-ron, hubo una transicin hacia la democracia y hasta el momento el conicto no ha resurgido. Sin embargo, la violencia asociada con bandas crimi-nales y grupos de seguridad privada que padece actualmente El Salvador suscita preguntas sobre el signicado de la desmovilizacin, la reintegra-cin y la construccin de paz sostenible4. La re-exin atae especialmente a Colombia por las estructuras de poder poltico y econmico local que an mantienen los paramilitares despus de su desmovilizacin, la conexin entre grupos ar-mados ilegales, narcotrco y extorsin, la dispo-nibilidad de armas en los mercados legal e ilegal y la existencia una amplia gama de redes crimi-nales.

Una reintegracin efectiva de los grupos armados ilegales es ms que renunciar a la membresa de un grupo armado, desintegrar la unidad de man-do de un grupo o eliminar su ttulo de guerra. El proceso de DDR es el desmonte real de formas de control poltico, militar, econmico y social que estn fuera de las instituciones legales. Para ello, los ex-combatientes deben ser acogidos por la co-munidad, tener un sentido de apropiacin frente a la idea de reconstruccin de nacin, participar en actos simblicos y prcticos de reconciliacin,

4 En El Salvador la violencia del post-conicto no proviene en todos los casos de los guerrilleros, militares y policas desmovilizados. Los jvenes de las maras (pandillas), por ejemplo, no fueron combatientes en la guerra, pero es posible que algunos integrantes de grupos vigilantes s hubieran sido parte de las fuerzas de seguridad pblica. No obstante, la violencia y la criminalidad estn asociadas a los efectos del conicto (armas remanentes, deterioro econmico, fragmentacin del tejido social) y factores de oportunidad que hicieron posible el conicto armado (falta de capacidad institucional). Por ello el post-conicto debe incluir una reconstruccin institucional y del tejido social y la reintegracin de ex-combatientes es un elemento indispensable.

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formar parte de la economa legal y participar en la vida poltica siguiendo parmetros democrti-cos. Las armas remanentes deben eliminarse o quedar en manos del Estado, con un control ade-cuado.

Adems, si se quiere evitar el resurgimiento del conicto, como lo indica la experiencia internacio-nal, o la mutacin en otras formas de violencia y crimen, es indispensable atender los factores profundos de la fragmentacin del orden y la tensin social. Es necesario acompaar cualquier acuerdo de paz entre opositores y la reintegracin de ex-combatientes con un proyecto nacional de institucionalizacin; es decir, con el estableci-miento de un orden poltico aceptado por todos y generalizado en el territorio nacional. Esto implica la reconstruccin colectiva, la amplia difusin y la internalizacin de normas que denan cmo es el acceso al poder, reglas para la aplicacin de la ley, acceso a la justicia y frmulas para mediar de una manera pacca las transacciones entre los distintos actores de las sociedad. Asimismo, requieren atencin factores sociales como la edu-cacin, la salud y el acceso a servicios pblicos bsicos, y oportunidades de empleo.

Riesgos y oportunidades de la vinculacin estratgica entre paz y DDR

Las negociaciones de paz entre el gobierno de Al-fredo Cristiani y el FMLN que llevaron a los Acuer-dos de Chapultepec de enero de 1992 no trataron en extenso cmo sera la reincorporacin y cules los benecios econmicos de los ex-combatientes. El acuerdo deni y calendariz la desmovilizacin haciendo slo una alusin general a la necesidad de que las partes establecieran planes de reinte-gracin y reconstruccin nacional. Fue estrategia explcita del FMLN no abordar el tema para evitar que el gobierno comprara al FMLN. Los detalles de la reincorporacin fueron discutidos y negocia-dos despus, de forma casi continua durante los tres primeros aos de la reintegracin a travs de una comisin gubernamental, una del lado del

FMLN y con la facilitacin de organismos interna-cionales. En retrospectiva, las partes reexiona-ron sobre las ventajas y desventajas de no haber planeado y negociado los programas de reincor-poracin durante las conversaciones de paz.

Por un lado, se evit aadir complejidad a los acuerdos de paz y hacer vinculaciones estrat-gicas entre avances militares en el terreno y el tamao de los benecios econmicos de los des-movilizados. As, las negociaciones se enfocaron sobre la construccin colectiva de la democracia en El Salvador, en particular la inclusin de la iz-quierda en el sistema poltico, la reforma de los organismos de seguridad del Estado y la reforma agraria.

Sin embargo, la falta de planeacin anticipada ge-ner dicultades para la adecuada implementa-cin de los programas de reintegracin, especial-mente porque ninguna de las partes tena clara la magnitud del esfuerzo nanciero, burocrtico y poltico. Fue necesario establecer un esquema de negociacin, comunicacin y coordinacin conti-nua para responder a las necesidades de los ex-combatientes. El esquema requiri adems, e-xibilidad de las partes, tanto en sus expectativas como en la forma de ejecucin de los programas. De todos modos hubo retrasos y descoordinacin mientras se adecuaron las estructuras del FMLN y las instituciones ociales para ejecutar las tareas necesarias.

A diferencia de El Salvador, en Colombia la mayo-ra de negociaciones de paz que se han dado des-de comienzos de los noventa s han abordado el tema de la reintegracin. Aunque esto ha permiti-do anticipar algunos gastos y esfuerzos, es posible que la dinmica hubiera elevado las expectativas de los ex-combatientes frente a los paquetes de benecios y generado vinculaciones entre el ritmo de la guerra y la reintegracin. La desmovilizacin secuencial establece precedentes en cuanto a los niveles esperados de benecios, tanto en lo que el gobierno est dispuesto a ofrecer como en las demandas de los ex-combatientes. Cada vez los

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programas se tornan ms sosticados y quizs ms costosos. A esa consideracin debe aadirse el hecho de que en el transcurso de los progra-mas de reinsercin suele generarse una relacin de dependencia mutua entre el desmovilizado y el Estado, lo que convierte a los programas de reinsercin y, en ltimas, a la paz, en constante objeto de negociacin.

El proceso de DDR como tiempo de transformacin

Comnmente se concibe al desarme, la desmo-vilizacin y la reintegracin como el resultado de una negociacin de paz y en fases consecutivas. Sin embargo, el caso de El Salvador muestra que la reincorporacin de los ex-combatientes a la vida civil es un proceso que comienza incluso antes del desarme formal: durante la misma ne-gociacin. La participacin de los combatientes en negociaciones o en la planeacin de su futuro en escenarios distintos a la guerra desencadena cambios en sus expectativas de vida, incluyendo nociones sobre su papel en la construccin colec-tiva de una sociedad pacca y viable. La expe-riencia indica que la reincorporacin es ms que un conjunto de procedimientos y cronogramas para desarmar a los ex-combatientes y darles una oportunidad de empleo legal. Es un perodo de ajuste y transformacin de rutinas e identidad. Por eso el tiempo de la reincorporacin es im-portante, no slo para cumplir con la dimensin administrativa de la reincorporacin a la vida ci-vil, sino para otorgar un espacio para el cambio. Entre ms largo e intenso el conicto, es probable que el ajuste a una nueva vida requiera ms tiem-po. En El Salvador, los programas de reinsercin duraron entre cuatro y seis aos. En Colombia hay paramilitares y guerrilleros que llevan buena par-te de su vida en el conicto y otros que ingresaron recientemente. Es muy posible que los primeros enfrenten mayores dicultades en acoplarse a una vida civil en el campo o la ciudad y que el trmino actual de dos aos, que viene aplicando para desmovilizados individuales, sea corto.

La importancia de la reconciliacin

La reconciliacin es un componente esencial para la transformacin del desmovilizado y ayuda a generar apoyo nacional a favor de una recons-truccin ms integral, ms all del cese al fuego. Cuando se piensa en DDR, la administracin de la logstica y los costos del desarme, las zonas de aglutinamiento y posteriormente la reintegracin econmica pasan a un primer plano, y la nocin y los rituales de reconciliacin tienden a quedar relegados. Sin embargo, tanto la experiencia en El Salvador, como en otras partes el mundo, seala la utilidad de dedicar recursos y esfuerzo a la re-conciliacin como proceso individual y colectivo.

La reconciliacin ayuda al desmovilizado a hacer una ruptura entre su comportamiento de guerra y su nueva vida dentro de la legalidad, en la que el ejercicio de la violencia es limitado y regulado. Adems, contribuye a tratar los traumas sicolgi-cos y otras secuelas del conicto armado. Por otro lado, un discurso nacional de reconciliacin sirve para disminuir la desconanza entre las partes combatientes y generar mayor receptividad en aquellas comunidades que sern futuros vecinos y empleadores de los desmovilizados. Tambin es til sealar que la reconciliacin es de doble va entre los adversarios. Todas las partes deben re-conocer sus excesos durante la guerra.

Pero en trminos concretos de qu se trata la reconciliacin? En El Salvador, uno de los meca-nismos de reconciliacin fue la Comisin de la Verdad. Conformada por notables nacionales e internacionales, investig los casos ms graves de violaciones a los derechos humanos cometidas por la guerrilla y el Estado. Posterior a la clarica-cin de los hechos, se promulg una Ley de Am-nista. Adicionalmente, la participacin poltica del FMLN, la reforma a los organismos de seguridad, la creacin de la Procuradura para la Defensa de los Derechos Humanos, el fortalecimiento del sis-tema judicial y los mismos programas de reinser-cin fueron concebidos por la sociedad, el FMLN y el gobierno como acciones de reconciliacin. Lo

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que cada sociedad entienda por reconciliacin depender de las caractersticas particulares de su conicto, de todas formas, para lograr una paz sostenible, la receta deber apuntarle tanto a las manifestaciones del conicto como a sus causas profundas.

La reconciliacin en Colombia tiene varios retos. Por la duracin y extensin del conicto armado, muchos han perdido familiares y amigos y padeci-do el secuestro y la extorsin. Las cicatrices son profundas; de ah, en parte, la reticencia a acoger la desmovilizacin, las fuertes expectativas sobre la reparacin a las vctimas e incluso las acciones de hostilidad contra desmovilizados y albergues5. La criminalidad en los grupos armados ilegales acenta el punto; es ms fcil perdonar una re-belin que excusar el lucro ilegal a travs del nar-cotrco, la extorsin o el secuestro. Finalmente, el rechazo colectivo que ha surgido en contra del conicto armado y la violencia puede ser un arma de doble lo. Por un lado, sirve como sustento para dinamizar a la poblacin en torno a diferen-tes frmulas de superacin del conicto, pero por otro, puede volver ms rgidas las exigencias a los ex-combatientes y al Estado. Al trazar marcas en-tre lo aceptable y lo imperdonable, se le ponen lmites a la reconciliacin y mayor nfasis al cas-tigo. Por todo lo anterior, pensar en el contenido y la estrategia de comunicacin de un discurso de reconciliacin nacional y en acciones concretas mediante las cuales se genere conanza entre ex-combatientes y la sociedad, constituye una tarea fundamental en Colombia.

III. Desarme y desmovilizacin

Las dimensiones del desarme

El desarme tiene varias dimensiones: estratgi-ca, simblica y funcional. El desarme se convir-ti para el FMLN en un asunto de estrategia en su relacin con el gobierno durante el perodo de

la transicin. El FMLN opt por no entregar todas sus armas en las primeras sesiones de desarme, a pesar de los acuerdos y el monitoreo de la ONU (misin ONUSAL), y guard caletas en El Salva-dor, Honduras y Nicaragua. La intencin verda-dera no era rearmarse para la guerra, sino tener a la mano, en caso de que fuera necesario, una amenaza creble para presionar al gobierno en el cumplimiento de los acuerdos. No obstante, los arsenales escondidos suscitaron desconanza en el gobierno y dejaron fuertes secuelas en la ONU y la comunidad internacional.

Al mismo tiempo, la entrega de armas fue un ritual de impacto para los ex-combatientes. El acto de entregar las armas, la dimensin simblica, ayu-d a rearmar el n de una etapa y el comienzo de otra en la cual el Estado tendra el monopolio del uso legtimo de la fuerza.

Otro propsito del desarme es simplemente fun-cional: evitar que el remanente de armas facili-te el resurgimiento del conicto, supla a bandas criminales o se desve hacia otros conictos. En general, el control de las armas que quedaron de los conictos en Centro Amrica fue dbil y tanto los pases de la regin como Colombia se han vis-to afectados. En Centro Amrica, la criminalidad violenta se halla exacerbada por la disponibilidad de armas ligeras y en Colombia, guerrilleros y pa-ramilitares han aprovechado el mercado negro centroamericano para incrementar su capacidad blica. En ambos casos el resultado ha sido cen-tenares de muertes. Por eso, desde la perspecti-va de algunos expertos, una de las lecciones ms importantes de El Salvador es que la mejor opcin son los programas de destruccin de armas o en su defecto vericaciones muy estrictas para evitar el reciclaje de armas. En el caso en que las armas no sean destruidas puede pensarse en el desar-me por etapas durante varios aos despus de los acuerdos de paz y acompaado de programas que busquen cambiar la actitud de la poblacin

5 Segn el Programa de Reincorporacin del Ministerio del Interior, 11 desmovilizados individuales fueron asesinados entre el 2002 y julio de 2005. En julio 15 de 2005 un albergue de Bogot sufri un atentado, la bomba destruy parte del albergue y viviendas aledaas, Fin de albergues que hay en Bogot, El Tiempo, edicin electrnica, julio 16 de 2005.

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frente a las armas. Sin embargo, la retencin de armas por el gobierno tiende a ser ms dispendio-sa y en ltimas menos ecaz, pues frecuentemen-te se presentan casos de corrupcin interna que alimentan el trco ilegal y por ello es necesario un control muy estricto. De cualquier manera es indispensable tener un registro de las armas en-tregadas o destruidas.

En Colombia, las armas recaudadas a desmovili-zados colectivos e individuales son contadas, re-gistradas y guardadas como material probatorio en caso de que la Fiscala las solicite en investi-gaciones. Por ello, no se han destruido. Incluso, en el caso de los desmovilizados individuales, las armas pasan por un peritaje balstico; es decir, se busca si han estado asociadas a crmenes inves-tigados por las autoridades. Sin embargo, an no hay claridad sobre qu hacer tanto con las armas de las autodefensas como las de los desmoviliza-dos individuales en el mediano plazo y no se est investigando sistemticamente la proveniencia de las armas con miras al desmantelamiento de redes de trco.

Zonas de concentracin y aten-cin inmediataLa duracin de las zonas de concentracin rura-les o urbanas debe ser limitada. La primera eta-pa de la desmovilizacin suele hacerse en reas previamente delimitadas y con accesos restringi-dos, lo que facilita el desarme, la seguridad de los ex-combatientes, el registro, la asistencia bsica y la comunicacin con los desmovilizados para guiarlos en los procedimientos de DDR. Segn la experiencia internacional, la prolongacin de la etapa tiene varios riesgos; por ejemplo, la urbani-zacin de los campamentos, el no retorno de los desmovilizados a sus hogares, el retraso de las actividades de reintegracin social y econmica que maduran la transicin de los desmovilizados

hacia la vida civil, desconanza frente al Estado, frustracin y ansiedad entre los ex-combatientes e incubacin de criminalidad. El FMLN tuvo una experiencia positiva. La concentracin dur seis meses y se hizo en 15 centros regionales, con cobertura en todo el territorio. All se prest la atencin de emergencia con viviendas tempora-les, alimentacin y vituallas y atencin mdica. Se atendieron 7.000 personas y la inversin fue de $8.2 millones de dlares.

En este aspecto, la desmovilizacin individual y urbana en Colombia necesariamente sigue un es-quema distinto a la colectiva y rural. En la prctica el desmovilizado puede pasar desde dos semanas hasta varios meses en el lugar donde se entreg, por ejemplo un batalln o una estacin de polica. Despus es asignado a un albergue (45%) o a un hogar independiente (55%) por dos aos6, mien-tras completa la reintegracin. Por distintas razo-nes el esquema de los albergues en las ciudades, principalmente Bogot, ha presentado muchas dicultades --a tal punto que en julio de 2005 el sistema entr en crisis y el gobierno propuso des-montarlos7. Entre los problemas estn la ausencia de actividades programadas para ocupar el tiem-po libre de los desmovilizados y su segregacin del resto de la comunidad.

Registro

Es fundamental contar con un registro de los com-batientes a desmovilizar con el n de evitar que se ltren personas no vinculadas al grupo que se desmoviliza, hacer un control ecaz sobre el desarme, disear los programas de atencin in-mediata y reincorporacin y estimar gastos. Los registros, adems, requieren coordinacin entre todas las agencias involucradas para intercambiar y sistematizar informacin, libre acceso de estas agencias a informacin bsica sobre los desmovi-lizados y capacidad tcnica.

6 Programa de Atencin Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa. Los albergues son hogares colectivos que renen a miembros tanto de autodefensas como de guerrilla, mientras que los independientes son otorgados, por razones de seguridad o buena conducta, a un solo des-movilizado con su ncleo familiar.7 Para una discusin detallada ver Fundacin Ideas para la Paz, Reinsercin sin reconciliacin, Siguiendo el conicto, no. 22, julio 22, 2005.

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En El Salvador, la elaboracin de registros en-frent algunos obstculos, entre ellos estable-cer quin haca parte de la estructura del FMLN y si se contaba slo a las estructuras militares o aquellos simpatizantes que normalmente esta-ban dentro de la legalidad. La organizacin de los grupos armados subversivos es distinta en cada caso, pero todos suelen hacer trabajo poltico. As, hay personas menos o ms conectadas con el grupo armado cuya aliacin a ste es difcil de establecer. En Colombia, por ejemplo, es comple-jo determinar si alguien hace parte o no de una red de apoyo organizada de las autodefensas o la guerrilla.

De acuerdo con la experiencia de El Salvador y otros lugares tambin es posible que otras pobla-ciones vulnerables, como desplazados, desem-pleados o personas en condiciones de extrema pobreza, quieran beneciarse de los programas de reinsercin econmica. En Liberia, por ejem-plo, se pas de un clculo de 18 mil combatien-tes a 80 mil personas reclamando los benecios de la desmovilizacin. En El Salvador tanto los funcionarios de gobierno como el FMLN estaban conscientes de este dilema, lo que contribuy a sustentar la creacin de programas mixtos que involucraron a distintas poblaciones. En ocasio-nes, ambas partes ejercieron exibilidad en la asignacin de benecios. No necesariamente es perjudicial, en trminos sociales, dejar que en cir-cunstancias excepcionales, otros se benecien de los programas de ayuda econmica.

Tratamiento psicolgico

En El Salvador se encontr que la mayora de los desmovilizados enfrentan traumas sicolgicos re-lacionados con la guerra. Han perdido amigos y seres queridos, han cegado la vida a otras perso-nas, sienten que su vida est en permanente peli-gro, experimentan soledad por no poder compartir informacin, vivencias y sentimientos, y padecen angustia e incertidumbre mientras encuentran esquemas que le den sentido a la nueva etapa de vida. Con frecuencia, las secuelas de la gue-

rra le causan al desmovilizado dicultades en sus relaciones familiares y en el trabajo. El tratamien-to psicolgico es tan importante como los dems componentes de DDR.

IV. Reintegracin integral Anticipacin y flexibilidad

El proceso de reincorporacin de ex-combatientes a la vida civil requiere enormes esfuerzos de ca-rcter administrativo, logstico y nanciero, y por eso es til anticipar y planear. Las experiencias internacionales sugieren que es ptimo tener un marco legal que regule no slo el desarme, la situacin jurdica de los ex-combatientes y la in-demnizacin a las vctimas, sino la forma y dura-cin de los apoyos econmicos.

Pero difcilmente es posible anticipar todos los de-talles de la reincorporacin y por eso es necesario ser exible, por ejemplo, para articular la partici-pacin de otros actores como ONG y empresarios, agilizar la contratacin de entidades ejecutoras y compras, asignar responsabilidades de agencias del Estado y hacer ajustes gilmente de acuerdo con las necesidades locales. En El Salvador, dado que durante las negociaciones de paz no se ha-ban denido planes para la reintegracin, la exi-bilidad fue esencial. La reintegracin se manej a travs de un grupo permanente con representan-tes del gobierno, la Secretara de Reconstruccin Nacional, representantes del FMLN va la Funda-cin 16 de Enero y facilitadores de ONUSAL. El seguimiento constante permiti subsanar la falta de planeacin inicial y ajustarse a las particulari-dades del proceso. No obstante, existen riesgos. En ocasiones hubo desgaste personal y poltico de los involucrados, puesto que se incrementaron las posibilidades de fricciones y desacuerdos. El compromiso frreo con la paz y la mediacin en el da a da de los donantes internacionales evit que dicho desgaste tuviera repercusiones profun-das en el proceso como tal.

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Qu tanta exibilidad se le otorga al Estado para administrar la reincorporacin de los ex-comba-tientes depende de la conanza entre los desmo-vilizados, el Estado y la sociedad en general. Si se perciben riesgos de malversacin de fondos, el esquema tender a ser rgido. La participacin activa de la sociedad civil y los desmovilizados en el seguimiento a la desmovilizacin, por ejemplo, a travs de una comisin veedora, puede ser til para atender imprevistos y ganar exibilidad.

Calendarizacin

Establecer cronogramas contribuye a organizar las actividades de DDR y hacerle seguimiento al cumplimiento mutuo de los compromisos adqui-ridos. Si bien no todos los detalles de DDR fue-ron planeados en El Salvador, la calendarizacin de las negociaciones de los acuerdos de paz y las etapas de DDR ayud a darle ritmo y conti-nuidad a la reincorporacin de los desmoviliza-dos mediante la identicacin de plazos y tareas concretas para llevar a cabo. Adems, el ejercicio propici consensos sobre el desarrollo y la imple-mentacin de los programas de reinsercin.

Poblaciones objetivo

Equidad entre grupos desmoviliza-dos

Cuando hay ms de un grupo desmovilizado, in-cluyendo la reduccin de las fuerzas armadas despus de un conicto, es importante ofrecer benecios iguales a todos. En El Salvador se apli-c el principio de equidad entre miembros del FMLN, la polica y los militares pare desactivar la animosidad entre los dos bandos. Sin embargo, por razones estratgicas, se dio un tratamiento preferencial a ciertos desmovilizados de acuerdo con las jerarquas internas. En Colombia, el tipo de benecios recibidos por desmovilizados indi-viduales y colectivos en esta etapa sentar un precedente para las expectativas de futuros des-movilizados del ELN y las FARC, e incluso para la eventual reduccin de las fuerzas armadas. Esa

idea ser importante para planear anticipada-mente hacia el futuro.

Cuadros y mandos medios

Tener en cuenta las jerarquas internas del grupo desmovilizado para otorgar un trato jurdico pre-ferencial y asignar paquetes de benecios econ-micos contribuye a mantener transitoriamente las estructuras de liderazgo, que a su vez son tiles para guiar al grueso de los desmovilizados en la reincorporacin. En El Salvador 600 de los co-mandantes del FMLN recibieron un trato diferen-cial. Tuvieron acceso a mayores subsidios de vida, micro-crditos, capacitacin, becas, vivienda o tie-rra. Ms all del debate sobre si la medida era jus-ta o no, el respeto por las jerarquas internas ase-gur la voluntad de los mandos al ofrecerles una alternativa de autoridad y prestigio. Esto logr que los acuerdos negociados con los comandantes se volvieran incluyentes para todos los combatientes porque an respetaban su liderazgo. Las decisio-nes tomadas por los negociadores se irradiaban a todos los extremos de la estructura a travs de la lnea de mando y se evit que la incertidumbre de los combatientes, un aspecto propio de dichas transiciones, minara la voluntad de dejar las ar-mas. Por otra parte, el esquema tuvo ventajas administrativas: permiti delegar tareas de ejecu-cin y monitoreo de los programas de reinsercin a los mandos medios, los cuales tenan ms fcil acceso a la poblacin desmovilizada que las agen-cias de gobierno. Esto increment la ecacia de los programas.

En este sentido, la desmovilizacin individual en Colombia presenta retos importantes para apro-vechar el rol de los dirigentes y cuadros porque ocurre desarticulada de la dinmica grupal. En el caso de las autodefensas, se present una erosin de la autoridad de los comandantes por la incerti-dumbre de los trminos de las negociaciones y el tiempo que permanecieron en Santa Fe de Ralito alejados de sus tropas. Por otra parte, cabe men-cionar que ni los programas de desmovilizacin ni la ley colombiana contemplan la diferenciacin


que se dio en El Salvador y habra que pensar las opciones en caso de una futura negociacin con las guerrillas.

El caso de El Salvador tambin dej ver que los dirigentes y mandos medios tienden hacia una vo-cacin poltica. De ah que sus expectativas frente a los paquetes de reinsercin sean distintas. Ellos suelen estar ms interesados en cmo articularse en organizaciones o partidos polticos y expresar sus opiniones en foros y medios. Por ello, tanto para el caso de los desmovilizados individuales como colectivos, puede esperarse que los ex-combatientes de la guerrilla y las autodefensas busquen mecanismos de participacin poltica y que quieran participar en elecciones locales y na-cionales bien sea de forma directa o movilizando bases.

Otras poblaciones vulnerables

Los esquemas de reinsercin pueden atender a desplazados, vctimas de la guerra y comuni-dades que los reciben. Adems, los programas conjuntos son tiles para la reconciliacin y la integracin de los desmovilizados a una comuni-dad. Una de las preocupaciones tpicas de DDR es asegurarse que no haya oportunistas aprove-chando los benecios jurdicos y econmicos y por ello se recomiendan mecanismos ecientes de identicacin y registro. Sin embargo, el deseo de evitar ltraciones puede terminar excluyendo a otras poblaciones igualmente vulnerables y en riesgo de verse involucradas en formas recicladas de violencia. Adems, la exclusin suscita recha-zo frente a los desmovilizados. En El Salvador, parte de la exibilidad del comit encargado de la reintegracin de ex-combatientes tuvo que ver con la atencin a otras poblaciones. En Colombia las poblaciones desmovilizadas y desplazadas han recibido ayudas diferentes y manejadas por agencias estatales distintas. Es posible que haya oportunidades de aprendizaje, sinergia y econo-mas de escala entre las ocinas y organismos ac-tivos en una y otra actividad.

La comunidad local

La reincorporacin tiene ms oportunidades de xito cuando los desmovilizados entran a formar parte de una comunidad. Hacer parte integral del tejido social es fundamental para la transforma-cin del desmovilizado y su asimilacin de rutinas no violentas. Las comunidades, sin embargo, no siempre estn dispuestas a acoger a los desmovi-lizados por prejuicios, desconanza o resentimien-tos. Para estimular la voluntad de la comunidad y contribuir a la construccin de una identidad co-lectiva es til destinar programas sociales a toda una comunidad receptora y no slo al desmovili-zado de manera individual.

Planes de vida y reinsercin econ-mica

Los recursos y los costos

Existen varias fuentes para nanciar la reinser-cin: fondos de inversin social del gobierno, crditos pblicos y privados, donaciones de or-ganismos multilaterales y gobiernos extranjeros a travs de sus agencias de cooperacin, prsta-mos blandos del Banco Mundial y donaciones de ONG. La consecucin de los fondos puede hacer-se a travs del gobierno o directamente por ONG de desmovilizados (para eso deben estar organi-zados). Y los costos dependen de la oferta y la de-manda, es decir, de la capacidad econmica del Estado y el tamao de la economa (y la voluntad del conjunto de la sociedad), y de las expectativas de los ex-combatientes.

En El Salvador, los costos iniciales de la reinser-cin del FMLN fueron estimados en 100 millones de dlares aproximadamente para cubrir cerca de 13.000 beneciarios por un lapso de 3 a 5 aos, es decir, entre 1.500 y 2.500 dlares por persona por ao (a precios de 1992). Alemania, Estados Unidos, Suecia y la Comunidad Europea fueron los mayores donantes. En retrospectiva, tanto ex-combatientes como funcionarios del go-bierno pensaron que la disponibilidad de recursos


fue insuciente y que algunos recursos fueron utilizados inecientemente. Adems, buena par-te de los ofrecimientos internacionales no fueron cumplidos en el monto programado y en el tiempo previsto.

En Colombia, los clculos del Departamento Na-cional de Planeacin8 estiman que la reinsercin puede costar alrededor de 10.000 dlares9 por persona en un ao bajo el esquema de desmo-vilizacin individual, sin contar posibles gastos administrativos adicionales por parte del Estado para la contratacin de personal encargada de manejar el proceso. Los costos actuales de la des-movilizacin (a cargo del Ministerio de Defensa) y la reinsercin (a cargo del Ministerio del Interior) por persona al ao, para un periodo de tres aos, es de 8.025 dlares10 -- cifras considerablemente superiores a las de El Salvador.

Qu tanto son subsidios o crditos depende del esquema que cada pas resuelva adoptar. En la experiencia del BICC la asistencia directa no debe durar mucho tiempo porque alimenta la de-pendencia del desmovilizado. Otras experiencias colombianas en emprendimiento social tambin alertan sobre los efectos perversos del asisten-cialismo. Quines deben o no ser los receptores del dinero de manutencin depende de las con-diciones locales. En Nicaragua, por ejemplo, el pago de las cuotas se hizo a las esposas de los ex-combatientes para evitar su despilfarro. Fuera de las condiciones anteriores, en Colombia debe haber precaucin con los pagos de manutencin especialmente si las estructuras de los grupos armados, como en el caso de los paramilitares, no han sido totalmente desarticuladas. En gene-ral, los pagos de manutencin y los programas de reinsercin econmica deben ser instrumentos

para que los desmovilizados puedan entrar a com-petir en el mercado en igual condicin que el resto de la poblacin. No son un premio de guerra. De todos modos debe haber un balance frente a las expectativas de los desmovilizados, pues se corre el riesgo de truncar su proceso de reinsercin a la legalidad.

Tipos de programas

Conviene tener un portafolio variado de opciones econmicas para la reinsercin. Hay una amplia gama de apoyos, desde pagos de dinero en efec-tivo, dotaciones en especie (vestido, utensilios, alimento, material de construccin, vivienda), empleos en el sector pblico o privado, crditos para mltiples propsitos, capacitacin y becas para educacin superior. La variedad de opciones permite ajustarse a las preferencias y destrezas del desmovilizado, la disposicin de recursos y las condiciones econmicas locales. Por ejemplo, tanto el gobierno como la dirigencia del FMLN cal-cularon que no todos los ex-combatientes, por su edad y su perl, lograran crear sus propias micro-empresas y por eso disearon rutas alternas para la reinsercin, como la educacin y la entrega de tierras para la manutencin bsica a travs de la actividad agropecuaria11. Cualquier proyecto debe estar respaldado por estudios tcnicos de buena calidad, ejecutores idneos y lneas de base para hacer el seguimiento adecuado, dicen aquellos funcionarios pblicos que participaron en la DDR en El Salvador. Estudios sobre aptitudes y perles de los desmovilizados ayudarn a encaminar sus decisiones. Por otra parte el tiempo y el espacio para la transformacin a travs de actividades es-tructuradas son tan importantes como encontrar un empleo sostenible, de ah el valor de tener va-

8 El informe hace clculos para distintos modelos de DDR. Esta cifra corresponde a las opciones con educacin superior y tcnica y proyectos produc-tivos, Mara Eugenia Pinto, Andrs Vergara y Yilberto La Huerta, Diagnstico del programa de reinsercin en Colombia: mecanismos para incentivar la desmovilizacin voluntaria individual, Bogot, DNP, Direccin de Justicia y Seguridad, 2004, p.59.9 24 millones de pesos con tasa de cambio de 2.400 por dlar. 10 19.26 millones de pesos con tasa de cambio de 2.400 por dlar. Cifras presentadas por el Ministerio del Interior en el taller Proyecto piloto de rein-sercin individual urbana y sector privado, llevado a cabo por la Fundacin Ideas para la Paz en marzo 15 de 2005.11 Las rutas alternas al emprendimiento fueron inspiradas en el caso colombiano, del M-19, tras una visita de los salvadoreos a Colombia al inicio de su proceso de desmovilizacin.


rias opciones de actividades para ocupar al des-movilizado.

Micro-empresas y empleo

La posibilidad de crear micro-empresas depende de buenos planes de negocios, acompaamien-to tcnico adecuado, que el desmovilizado tenga destrezas relevantes, acceso a crditos exibles y sostenidos y la existencia de demanda en el mer-cado. A nivel internacional es frecuente encon-trar que los programas de reinsercin econmica otorgan micro-crditos para que el desmovilizado genere su propia empresa agrcola o rural, pero los fracasos han sido muy frecuentes. De acuerdo con un estudio de la Fundacin 16 de Enero, la mayora de micro-empresas urbanas, e igualmen-te los proyectos agrcolas, no lograron ser renta-bles despus de 2 a 3 aos de su creacin y los desmovilizados no tenan capacidad de pagar los crditos blandos otorgados por el gobierno o acu-dir a otras fuentes de nanciacin12.

Los obstculos para el xito varan. La elabora-cin de los planes de negocio suele estar a car-go de funcionarios pblicos con poca experiencia en emprendimiento o que sencillamente no dan abasto para disear y hacer seguimiento adecua-do a cientos de planes individuales de negocios. La capacitacin gerencial y vocacional que se le brinda a los desmovilizados no es adecuada si no tiene en cuenta las bases educativas y sicolgicas de los desmovilizados. A veces la capacitacin no es suciente. Los requisitos de las entidades nancieras privadas o pblicas para otorgar cr-ditos son muy estrictos y los montos son insu-cientes. Finalmente, la estructura de la economa local, que a su vez est conectada con el mercado global, puede determinar la sostenibilidad de un negocio y por eso ste debe estar sustentado con un estudio de mercado, o en su defecto tener un arreglo previo que garantice por un tiempo gene-roso la compra del servicio o producto. Como se mencionar ms adelante, la participacin del

sector privado en esto es clave. Finalmente, no todos los desmovilizados tienen las habilidades para convertirse en pequeos empresarios, espe-cialmente si son jvenes, no han tenido capacita-cin tcnica relevante y no han estado acostum-brados a tomar decisiones autnomamente por estar sujetos a estructuras de mando altamente jerarquizadas como ocurre en los grupos armados ilegales.

La generacin de empleos directos para desmovi-lizados tpicamente enfrenta el escepticismo de la grande y mediana empresa por la falta de calica-cin de los ex-combatientes y porque los empre-sarios temen por su seguridad personal. Adems, como ha ocurrido en El Salvador, no es fcil en-contrar soluciones de empleo en pases de menor desarrollo econmico. All, la recuperacin eco-nmica del post-conicto ha sido particularmente difcil: a la carga nanciera tpica de las recons-trucciones despus de una guerra se sumaron los efectos de la liberalizacin de mercados. De todos modos, bien sea para la creacin de micro-em-presa o empleos directos es importante alinear los incentivos del sector pblico y el privado, por ejemplo con asignacin de recursos adicionales o incentivos tributarios.

Becas educativas

Las becas para capacitacin tcnica y universi-taria son particularmente tiles para dirigentes, cuadros y mandos medios, y por medio de conve-nios con centros educativos los cupos son relati-vamente asequibles. En El Salvador los programas de becas incluyeron adems los costos de libros y manutencin y la totalidad del apoyo estaba su-jeto al buen desempeo acadmico. En trminos generales, estos programas ayudaron a brindar ese tiempo de transformacin indispensable para el excombatiente.

12 Fundacin 16 de Enero, De la Esperanza a la realidad. 4 aos de insercin del FMLN, San Salvador, 1996.


Acceso a propiedad rural y produc-cin agropecuaria

La redistribucin de tierras o acceso a propiedad rural y urbana requiere mecanismos giles y con-ables de acopio de informacin, una titulacin gil, la capacidad del gobierno para hacer cum-plir los compromisos de viejos propietarios que deban entregar sus tierras y el acompaamiento tcnico y nanciero para la explotacin agrope-cuaria en funcin del mercado.

En El Salvador, la concentracin de la tierra y la Reforma Agraria fueron componentes polticos esenciales del conicto y la negociacin respecti-vamente. Por eso los Acuerdos de Paz dedicaron un espacio importante a tratar la redistribucin de tierras y la transferencia se convirti en un pro-grama clave de la reinsercin de ex-combatientes. El programa transri dos tipos de predios: tierras del Estado y tierras privadas que sobrepasaran los lmites de hectreas estipuladas en la Refor-ma Agraria (los excedentes). Tambin legaliz la propiedad de tenedores campesinos en zonas de conicto por medio de compras voluntarias a sus propietarios originales. Para ello contaron con tres instrumentos: un censo, un mecanismo para la titulacin y legalizacin de tierras y un Banco de Tierras encargado de hacer las transferen-cias y las compras. As fue como se transrieron 56.494 hectreas bajo el esquema de explota-cin colectiva y propiedad pro indiviso para evitar la reventa y una posible contra-reforma. Esquemas parecidos se adoptaron en otras par-tes, por ejemplo en Zimbabwe, donde el cultivo se hizo obligatorio y la venta prohibida durante un tiempo denido.

El proceso fue poltica y administrativamente com-plejo -en las decisiones nales medi ONUSAL. Es-tas son algunas de las lecciones. El proceso debe ser monitoreado por una comisin con legitimi-

dad para evitar la corrupcin en la venta y compra de tierras. Los censos de tierras y personas deben hacerse en un lapso relativamente corto. La trans-ferencia debe estar acompaada de un paquete integral de ayudas nancieras, crditos, capacita-cin tcnica y un plan de negocios para la comer-cializacin del producto. El acompaamiento debe tener en cuenta los ciclos del producto y durar m-nimo 5 aos. El tamao de los predios debe obe-decer a las necesidades del proyecto.

En Colombia las discusiones sobre desmoviliza-cin y tierras se han centrado sobre cmo expro-piar aquellas tierras adquiridas ilegalmente por los grupos armados, en particular las autodefen-sas, y destinarlas a la reparacin de vctimas13. De otra parte, se han discutido opciones de proyectos productivos para la reinsercin econmica de los desmovilizados. Ambos tienen retos, entre ellos el testaferrato y el hecho de que el conicto est en curso14. En cuanto a la desmovilizacin, y otras poblaciones vulnerables como los desplazados, sera til explorar el uso de las tierras del narco-trco, especialmente ahora que la ley reformada ha acelerado la expropiacin manejada por la Di-reccin Nacional de Estupefacientes.

Por otra parte, Colombia ya tiene experiencia acu-mulada en proyectos productivos -- programas de desarrollo agrario, proyectos de desarrollo alter-nativo implementados desde los ochentas como parte de la poltica anti-drogas, programas de desarrollo y paz, inversin social de grandes em-presas, por ejemplo de petroleras, y programas de atencin a desplazados, entre otros. Este camino recorrido servir a la hora de disear programas econmicos para el uso de las tierras entregadas. De todas formas hay ajustes que podrn hacerse para estimular el uso productivo de tierras rurales, en especial en cuanto a los sistemas de crditos y garanta y la valoracin de la tierra.

13 Ver por ejemplo Artculos 10 y 24 de la Ley de Justicia y Paz.14 En el pasado, por ejemplo, desmovilizados de los noventas que entraron a Programas de Tierras tuvieron que dejar sus nuevos predios por problemas de seguridad asociados al conicto, Carlos Franco, Apuntes a la reinsercin econmica, en Ministerio del Interior, Instituto Luis Carlos Galn, De las Armas a la Democracia (Bogot, 2000).


Vivienda

La construccin y entrega de viviendas puede convertirse en un programa til si hay recursos sucientes. En El Salvador el programa se imple-ment slo de forma parcial por falta de capaci-dad estatal y escasos recursos. En cambio en Ni-caragua se hicieron brigadas de construccin con dinero de donantes internacionales que sirvieron para generar empleo e ingresos rpidamente.

Manejo y coordinacin interinstitu-cional

La administracin de los programas debe apro-vechar la burocracia estatal existente siempre y cuando sus responsabilidades frente a DDR sean claras. Es til disear esquemas para que los des-movilizados mismos participen en la denicin y ajustes de la reinsercin y tener un comit de alto nivel, con capacidad de decisin, que haga seguimiento al proceso y se rena con relativa fre-cuencia. Muchas de las actividades relacionadas con la reintegracin econmica, como la creacin de micro-empresas o proyectos productivos, ya existen como polticas pblicas son comunes en pases en desarrollo. Por ello, para aprovechar los recursos y el conocimiento existente y para movilizar al Estado hacia el cumplimiento de los programas de insercin, es ventajoso apoyar la reintegracin a travs de las agencias existen-tes. Es indispensable, sin embargo, no olvidar las particularidades de la reinsercin y de los desmo-vilizados: algunos procesos no pueden tener los mismos trmites, debern ser giles y ser objeto de cuanticacin y anlisis por separado de los programas de rutina con el n de hacer balances y cambios oportunos.

En El Salvador, dado que los Acuerdos de Paz no haban denido los programas de reinsercin, se cre un grupo de alto nivel para negociar y disear los programas, conformado por la Secretara de Construccin Nacional del gobierno, y del FMLN tres instancias, la Comisin de Tierras, la Secreta-ra de Construccin y Desarrollo y la Fundacin 16

de Enero. ONUSAL tambin asisti como observa-dor. An cuando la negociacin permanente fue dispendiosa y dicultaba la concertacin, la exis-tencia de dicho comit demostr ser til para co-ordinar a las diferentes agencias del Estado, man-tener canales de comunicacin entre el gobierno, el FMLN y la comunidad internacional y hacer se-guimiento con auditoras peridicas - prctica que contribuy a minimizar la desviacin de fondos.

Organizacin y gestin de los des-movilizados

La organizacin de los desmovilizados en ONG o partidos polticos puede facilitar las gestiones ad-ministrativas de la reinsercin y servir como red de apoyo al grueso de los desmovilizados. Sin em-bargo, esto no garantiza el xito de los programas, especialmente si la calidad de los servicios tcni-cos suministrados es deciente.

Cuando hay una desmovilizacin colectiva, y de-pendiendo de la articulacin poltica del grupo armado, es ms factible que los ex-combatientes creen organizaciones con nes sociales y partidos polticos. Estos pueden ser tiles para identicar la poblacin beneciaria, servir de puente de co-municacin entre el gobierno y la base del grupo armado, ejecutar proyectos, organizar cooperati-vas y gestionar fondos de otras ONG a nivel local o internacional e incluso recursos de cooperacin bilateral. Las organizaciones sociales o polticas adems ayudan en la transicin porque ofrecen estructuras alternas a las relaciones de mando de la poca de guerra con personas en las que tienen conanza. El FMLN no slo cre las tres instan-cias mencionadas para negociar con el gobierno (la Comisin de Tierras, la Secretara de Cons-truccin y Desarrollo y la Fundacin 16 de Enero), sino que sus integrantes conformaron cerca de 170 ONG ejecutoras del Plan de Reconstruccin Nacional que ayudaron como intermediarias entre el gobierno y los desmovilizados. Sin embargo, el gobierno de Cristiani no siempre estuvo dispuesto a nanciar a las ONG pensando que estara forta-leciendo la futura competencia poltica. En Colom-


bia ha habido experiencias similares con Compaz (M-19), Sol y Tierra (Quintn Lame), Corpadec (PRT), Progresar (EPL) y la Fundacin Arco Iris y Nuevo Arco Iris (CRS). Los resultados en trmi-nos de xito de programas econmicos han sido mixtos, pero la existencia de organizaciones fue til para todos, especialmente en las primeras fases, para generar referentes de apoyo para los ex-combatientes.

Esta posibilidad de asociacin es ms compleja en el caso de la desmovilizacin individual en Co-lombia. La falta de una red social de apoyo, es-pecialmente teniendo en cuenta las limitaciones de retorno a su hogar y la continuidad del con-icto, han sido notorias. Poder asociarse en gru-pos tambin ayudara a enfrentar mejor el estrs pos-traumtico del conicto y el diseo e imple-mentacin de los planes de negocio a travs de cooperativas.

De todos modos, entre los expertos en DDR no hay consensos sobre si los ex-combatientes de-beran romper o no con sus relaciones grupales durante la reinsercin. Unos piensan que es me-jor su incorporacin en comunidades que no hu-bieran estado involucradas en acciones violentas, con el n de internalizar patrones distintos de comportamiento.

El rol del sector privado

Cuando el sector privado participa en la cons-truccin de paz hay mayor probabilidad de xito en los programas del post-conicto. En El Salva-dor, el empresariado y su inters por acabar con el conicto para tener un clima estable para los negocios fue denitivo para llegar a los Acuerdos de Paz. El presidente Cristiani era empresario y tena vnculos con el sector industrial y de ser-vicios, una base empresarial menos tradicional comparada con los antiguos terratenientes. Sin embargo, no hubo mayor involucramiento de los

empresarios en la reinsercin de ex-combatien-tes. De acuerdo con las lecciones aprendidas en otras partes sobre programas de prevencin de conicto y construccin de paz15 es posible que el fracaso de muchos programas de reinsercin eco-nmica en El Salvador, como la creacin de mi-cro-empresas, hubiera podido menguarse con una mayor participacin del empresariado en dichas actividades.

Tanto en Colombia como en otros pases se ha en-contrado que el involucramiento del sector privado en diversos tipos de iniciativas sociales, en espe-cial aquellas que buscan generar mayor empleo a travs de actividades productivas, incrementa sus posibilidades de xito. El sector privado no slo tiene capital de inversin y dinero disponible para el emprendimiento social sino que tiene conoci-miento tcnico y habilidades negociadoras y admi-nistrativas, sabe dar un uso eciente al tiempo y a los recursos nancieros, est habituado a enfocar su gestin hacia la obtencin de resultados y po-see una importante red de contactos comerciales y acceso a las autoridades.

En Colombia, existen condiciones favorables para lograr una participacin ms activa del empresa-riado en DDR, pues en comparacin con El Salva-dor hay una economa ms grande y activa, un sec-tor privado relativamente robusto y experiencias exitosas en responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, la tendencia predominante es que los empresarios sean reticentes a emplear directamente a la poblacin desmovilizada, bien sea por preocupaciones de seguridad, porque hu-bieran sido vctimas directas de la violencia de la guerra, porque los desmovilizados no tienen la capacitacin adecuada o por simple desconoci-miento de DDR y el perl de los desmovilizados y, por lo tanto, aprensiones frente a dicha poblacin. No obstante, algunos empresarios han expresado su inters en ayudar a la reinsercin de ex-comba-tientes de las guerrillas y las autodefensas, pero

15 Alexandra Guqueta, El papel del sector privado en la prevencin del conicto y la construccin de paz en Colombia: lecciones y desafos, reporte preparado para el Global Compact, Bogot-New York, marzo, 2004.


hasta el momento no se han institucionalizado mecanismos claros para articular su aporte.

Es necesaria una campaa de comunicacin de DDR, por un equipo de alto nivel con acceso pre-sidencial, dirigida al empresariado. sta debe no slo hacer pedagoga sobre DDR sino presentar opciones y modelos sobre cmo puede el sector privado ayudar a generar empleo y lograr la rein-corporacin integral de los desmovilizados.

El rol de la comunidad internacional

Organismos multilaterales y pases amigos pue-den cumplir roles claves en los procesos de paz, nanciar DDR, ayudar en las negociaciones sobre los paquetes de reinsercin y en la ejecucin de programas especcos. Segn expertos, de todas las tareas concretas que la comunidad interna-cional puede cumplir en la implementacin de acuerdos de paz, el apoyo a DDR es el ms im-portante. Sin embargo, es recomendable que el pas receptor tenga claridad sobre los intereses domsticos en materia de paz con el n de enru-tar la cooperacin internacional, cree instancias de coordinacin tanto al interior de la burocracia nacional como entre las agencias del Estado y los donantes, y que tenga expectativas realistas so-bre los montos y tiempos de la ayuda.

En El Salvador, las Naciones Unidas, Estados Uni-dos, Alemania, Holanda, Suecia, Japn y la Co-munidad Europea fueron los mayores donantes durante el post-conicto, hasta el ao 2000. La asistencia se destin a varias actividades. Entre ellas estuvieron: corroborar el cese al fuego, su-pervisar las reas de concentracin y en general vericar el cumplimiento de los acuerdos; asistir la reforma constitucional y preparar y monitorear las elecciones de 1994; crear agencias ociales y ONG encargadas de la promocin y proteccin de los derechos humanos; crear la Polica Nacio-nal y otros organismos de seguridad pblica; pro-mover el desarrollo de medios de comunicacin independientes; reintegrar econmicamente a los

desmovilizados del FMLN y los organismos de se-guridad del Estado; y desarrollar otros proyectos de reconstruccin, por ejemplo, en infraestructu-ra.

En el taller se trat slo el rol de la comunidad in-ternacional en los programas de reintegracin. Los funcionarios de las agencias de cooperacin de los pases donantes, en especial Estados Unidos, y las Naciones Unidas participaron activamente en los comits encargados del diseo y ejecucin de los programas de reinsercin --an cuando tan-to el gobierno de Cristiani como el FMLN estuvie-ron de acuerdo en evitar su participacin directa en el Programa de Reconstruccin Nacional para no supeditar la agenda interna a las acciones ais-ladas de los diferentes actores de la comunidad internacional. Fuera de los recursos, sus aportes fueron de carcter tcnico y gerencial, y ayudaron a destrabar la concertacin entre el FMLN y el go-bierno con respecto a los componentes y los mon-tos de los paquetes de reinsercin. En la titulacin y reparticin de tierras, que fue tan sensible en el post-conicto, la ONU y el Banco Mundial jugaron un rol mediador fundamental cuando las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre el tamao y avalo de los predios a repartir.

La participacin de organismos internacionales o pases extranjeros para facilitar acuerdos de paz no es nueva en Amrica Latina pero s en Colom-bia. Si hay algo que distingue las negociaciones recientes con las autodefensas y los fallidos acer-camientos con las FARC y el ELN de los procesos de paz de los ochentas y noventas es la marcada presencia de actores externos. Actualmente, en cuanto al apoyo a DDR, existen varios retos po-lticos para Colombia. La paz de El Salvador fue un evento acogido y aplaudido tanto por europeos como Estados Unidos y los donantes no dudaron en apoyar el proceso. Sobre Colombia no se perci-be la misma actitud. La comunidad internacional ha expresado fuertes reservas frente a los trmi-nos de la desmovilizacin de las autodefensas e incluso frente a la poltica de desmovilizacin in-dividual, de ah que el apoyo en recursos tanto al


Programa de Reincorporacin a la Vida Civil del Ministerio del Interior como a la Ocina del Alto Comisionado para la Paz, sean limitados y se des-embolsen con extrema cautela.

En el largo plazo, sin embargo, si se llegara a dar mayor asistencia, Colombia deber balancear la utilidad poltica y nanciera de la ayuda interna-cional con la reduccin del margen de maniobra que inevitablemente se presenta por los diversos intereses externos. El reto administrativo consiste en canalizar la ayuda de manera transparente y enfocada y sin duplicacin de esfuerzos. Fuera de la ayuda, en dinero o especie, la comunidad inter-nacional tambin podra colaborar realizando un seguimiento de largo plazo de DDR.


V. Anexos

1. Programa taller Lecciones de El Salvador

Da 2, Sbado, 20 de noviembre, 2004

Mesa redondaDelegacin de El SalvadorPrograma de Reincorporacin a la Vida Civil, Mi-nisterio del InteriorMinisterio de Defensa Direccin de Justicia y Seguridad, Departamento Nacional de PlaneacinFundacin Ideas para la Paz

Da 1, Viernes, 19 de noviembre, 2004

Instalacin Carlos Franco, Vicepresidencia de la RepblicaRodrigo Gutirrez, Presidente del Comit Ejecuti-vo, FIPSergio Jaramillo, Director Ejecutivo, FIP Los procesos de DDR en perspectiva compara-da Markus Koth, Bonn International Center for Con-version

Experiencias de El Salvador Contexto poltico y lecciones generales

Joaqun Villalobos, ex-comandante del FMLN Perspectivas desde las Fuerzas Armadas

Ponencia enviada por el General (r) Mauricio Var-gas, ex-Comisionado Presidencial para el cumpli-miento de los Acuerdos de Paz

Organizacin del proceso de DDR y atencin a los desmovilizados Claudia Nobleau de Anaya, ex-Directora de Progra-macin y Evaluacin del Plan de Reconstruccin Nacional del Gobierno de El Salvador; Mara Do-lores Nobs, Asesora de la Direccin de la Secreta-ra de Reconstruccin Nacional y Ana Guadalupe Martnez, FMLN

Reinsercin econmica: xitos y fracasos Mercedes Letona, FMLN y Ana Sonia Medina, FMLN

Rol de la comunidad internacionalClaudia Nobleau de Anaya, ex-Directora de Progra-macin y Evaluacin del Plan de Reconstruccin y Ana Guadalupe Martnez, FMLN


2. Cifras de las desmovilizaciones individuales y colectivas en Colombia agosto 2002 - julio 2005


1. Bloque Cacique Nutibara 25/11/2003 868 Medelln (Antioquia)

2. Autodefensas Campesinas de Orte-ga

07/12/2003 168 Municipio de Cajibo (Cauca)

3. Bloque Bananero de las AUC 25/11/2004 447 Finca La Macarena, del corregi-miento El Dos, municipio de Turbo, Urab (Antioquia)

4. Autodefensas del Sur del Magdale-na e Isla de San Fernando

04/12/2004 47 Corregimiento de Santa Rosa, mu-nicipio de Santa Ana (Magdalena)

5. Bloque Cundinamarca de las AUC 09/12/2004 148 Corregimiento de Teran, municipio de Yacop (Cundinamarca)

6. Bloque Catatumbo de las AUC 10/12/2004 1.425 Corregimiento de Campo Dos, mu-nicipio de Tib (Norte de Santan-der)

7. Bloque Calima de las AUC 18/12/2004 557 Finca El Jardn, ubicada en el co-rregimiento de Galicia, municipio Bugalagrande (Valle del Cauca)

8. Bloque Sin-San Jorge de las AUC 18/01/2005 925 Corregimiento de Santa Fe de Ra-lito, municipio de Tierralta (Crdo-ba)

9. Bloque Suroeste Antioqueo de las AUC

30/01/2005 125 Corregimiento Alfonso Lpez, del municipio de Ciudad Bolvar (An-tioquia)

10. Frente Mojana 02/02/2005 110 Corregimiento Nueva Esperanza, municipio de Guaranda (Sucre)

11. Bloque Hroes de Tolov 15/06/2005 465 Vereda La Rusia Ocho, del munici-pio Valencia (Crdoba)

12. Bloque Montes de Mara 14/07/2005 594 Corregimiento San Pablo, del muni-cipio de Marialabaja (Bolvar)

13. Bloque Libertadores del Sur (BCB) 30/07/2005 677 Finca El Romance, ubicado en la Inspeccin de Polica El Tabln, del municipio de Taminango (Nario)

14. Bloque Hroes de Granada 01/08/2005 2.033 Finca La Mariana del corregimien-to de Cristales, jurisdiccin del mu-nicipio de San Roque (Antioquia)

15. Autodefensas Campesinas de Me-ta y Vichada

06/08/2005 209 Finca La Mara, Vereda San Mi-guel, municipio de Puerto Gaitn (Meta)

TOTAL 8.798

3. Desmovilizaciones colectivas - Autodefensas noviembre 2003 - julio 2005

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