desafÍos de la democracia representativa: la búsqueda de

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1 DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: La búsqueda de nuevos espacios de representación ciudadana. El caso de España: el 15M Lic. Daniela Agustina Yozzi [email protected] Fundación UADE Área Temática Sugerida Democracia, Democratización y Calidad de la Democracia Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017

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DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA:

La búsqueda de nuevos espacios de representación ciudadana.

El caso de España: el 15M

Lic. Daniela Agustina Yozzi

[email protected]

Fundación UADE

Área Temática Sugerida

Democracia, Democratización y Calidad de la Democracia

Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia

Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017

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Resumen

En el siglo XXI, las democracias representativas se han encontrado ante el

desafío de generar y consolidar nuevos espacios políticos que garanticen mayores y

mejores niveles de representación ciudadana. Este desafío se ha materializado en

manifestaciones político-sociales cada vez más frecuentes, como consecuencia del

desgaste de la democracia representativa y la ausencia de mecanismos de participación

política accesible y recurrente. En este sentido, el movimiento conocido como 15M en

España brinda una oportunidad única para analizar cuáles son las demandas político-

sociales, a fin de incrementar los niveles y calidad de representatividad, profundizando

aún más la confianza en el sistema democrático.

Palabras clave

Democracia; Representatividad; Participación política

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Antecedentes: el movimiento Indignados en EUA y Europa

La crisis económica y financiera internacional iniciada a mediados de 2007 llevó

a los países afectados por la misma a la implementación de políticas basadas en recortes

a la asistencia social, la austeridad económica y el achicamiento del Estado, políticas

que tuvieron un efecto devastador de manera casi inmediata en la ciudadanía. En este

contexto, comenzaron a emerger movimientos sociales de protesta que rechazaban las

políticas económicas y sus consecuencias sociales; estas movilizaciones comenzaron a

manifestarse en las plazas y calles del mundo entero bajo diferentes nombres:

Indignados, Primavera Árabe, Occupy Wall Street, etc.

Si bien todas estas manifestaciones no se presentaron en simultáneo alrededor

del mundo, ni han tenido el mismo detonante, presentaron tres elementos esenciales en

común, aunque de diferente ponderación según el caso a analizar: rechazo a las políticas

de ajuste, exigencia de una democracia participativa y denuncia de la corrupción

sistémica arraigada en los gobiernos. A estas situaciones de insatisfacción se suman dos

momentos inspiracionales para estas movilizaciones:

Por un lado, las protestas iniciadas en 2008 en Grecia, que si bien fueron desatadas

por el asesinato de un joven de 15 años a manos de la policía, estuvieron

fuertemente marcadas por la preexistente situación de descontento social y de

reclamos de orden económico. Los protagonistas de las movilizaciones fueron en su

mayoría jóvenes que veían su futuro amenazado por las decisiones en materia de

política económica tomadas por el gobierno del entonces Primer Ministro Costas

Caramanlis.

Por otro, las manifestaciones iniciadas en Túnez entre 2010 y 2011, también

conocidas bajo el nombre de Revolución Tunecina y que terminaron con el

derrocamiento del Presidente Zine El Abidine Ben Ali; ésta tuvo un efecto contagio

por toda la región que recibió el nombre de “Primavera Árabe” y se extendió

rápidamente al resto del continente generando movilizaciones en Egipto, Marruecos,

Argelia, Libia, Yemen, Bahréin, Siria, Jordania, entre otros; y aunque no en todos

los casos con las mismas consecuencias, al menos lograron que los gobiernos

tomasen en cuenta los reclamos políticos y sociales.

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Muchos han sido los estudios que se han dedicado a analizar las causas, alcances

y consecuencias de las movilizaciones sociales en búsqueda de apertura democrática en

el mundo árabe, y sus implicancias para los modelos políticos existentes en dicha

región. Sin embargo, el escenario de protesta que abre el llamado 15M mostrará un

fenómeno nuevo en espacio geográfico inesperado: Europa occidental. Este nuevo

escenario de protesta surge en España: como veremos más adelante, éste va a estar

esencialmente liderado por los jóvenes y va a ser aquí en donde la movilización se reúna

bajo el nombre de Indignados y desde donde va a expandirse hacia el mundo occidental,

con una bandera: alcanzar la verdadera democracia. Analizar las causas y los alcances

de este movimiento es fundamental para entender realmente si la democracia está

sufriendo una erosión y consecuente debilitamiento o si podrá sobrevivir a los embates

del siglo XXI.

La movilización del 15M

Contexto político y económico de España

Para poder comprender el fenómeno del 15M es necesario precisar que la crisis

financiera iniciada en 2007, y profundizada a partir de 2008, tuvo un impacto

particularmente fuerte en España, país miembro de la Unión Europea desde 1986 y uno

de los primeros en adoptar el Euro como moneda nacional desde su creación en 2001. El

impacto de la crisis va a tener su apogeo en 2010 cuando los indicadores de desempleo

muestren que el 22% de la población activa se encuentra situación de desempleo– del

cual el 46% son jóvenes de entre 16 y 25 años de edad - mientras que el 30% de los

trabajadores se encontraban bajo contratos de trabajo precarizado.

Con este panorama, el 10 de mayo de 2010, el entonces gobierno del Partido

Socialista Obrero Español (PSOE) encabezado por el Presidente Zapatero iniciaría una

serie de reformas económicas y sociales a fin de hacer frente a la parálisis económica,

reformas que contaron con el pleno apoyo de la Unión Europea; entre ellas, cabe

destacar:

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1. Reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% en 2010 y

congelamiento salarial para el año siguiente, lo que afectaba a más de tres millones

de españoles.

2. Reducción en un 15% del sueldo de los miembros del Gobierno.

3. Suspensión de la revalorización de las pensiones, afectando a más de cinco

millones de ciudadanos.

4. Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la ley

40/2007.

5. Eliminación de la pensión no contributiva de 2.500 euros otorgado por cada hijo

nacido o adoptado en territorio español.

6. Reducción de la ayuda oficial al desarrollo en 600 millones de euros.

7. Reducción de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal.

8. Recortes en los presupuestos de las Comunidades Autónomas y entidades locales

de 1.200 millones de euros.

Como se puede observar, estas reformas supusieron profundos recortes y ajustes,

principalmente en sistema de ayuda social y de pensiones, junto a un recorte en los

salarios de los funcionarios públicos. La consecuencia inmediata de este programa

económico, aprobado por el Parlamento español, implicó un aumento exponencial en la

desigualdad social de España, llegando a niveles similares a los de los países

recientemente incorporados a la Unión Europea como Letonia, Lituania y Rumania.

La consecuencia inmediatamente posterior a estas medidas fue la convocatoria

de los sindicatos españoles a una huelga general el 29 de septiembre de 2010; sin

embargo, más allá del descontento, la adhesión a la misma será irregular y las

negociaciones entre sindicatos y gobierno terminan fracasando. Esta situación

contribuirá a una seria y gradual erosión de los distintos indicadores de apoyo político

en España, especialmente aquellos referidos a la aprobación de cargos públicos, la

confianza en las instituciones democráticas y el funcionamiento de la democracia

(Lobera, 2015).En los meses sucesivos a las reformas implementadas por el gobierno

del PSOE, las noticias sobre drásticos recortes en otros países miembros de la Unión

Europea y las recomendaciones del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario

Internacional de continuar con el ajuste en los sistemas de pensiones, asistencia social,

etc. “contribuyeron a elevar un estado de inquietud e incluso indignación en amplios

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sectores de la ciudadanía, sin que encontraran oportunidad o cauces adecuados de

expresión desde la huelga general aludida” (Coca y Del Río, 2014).

En medio de esta tensión social es sencillo entonces explicar el éxito (claramente

sorpresivo) de la convocatoria de manifestaciones el 15 de Mayo (15M) de 2010,

realizada a través de la Plataforma DRY1; la convocatoria inicial y consecuentes

acampadas en las plazas de más de 60 ciudades españolas presentaron muchos

elementos novedosos que analizaremos más adelante, constituyendo un acontecimiento

singular en España desde la transición política a la monarquía parlamentaria de la

década de los ´70.

Radiografía del 15M

De acuerdo a Pastor Verdú (2011), el grupo motor del llamado Movimiento de

Indignados fue la “juventud de entre 23 y 30 años, mayoritariamente licenciada con un

capital cultural alto y que afronta la amenaza de un futuro de precarización prolongada”.

En términos demográficos, el Movimiento se compuso de jóvenes de entre 19 y 30 años,

que manifestaban tener una conciencia política bien definida, pero que no participaban

de los procesos electorales (Calvo, Gómez-Pastrana y Mena, 2011). Es en esencia una

juventud marginada económica y políticamente por el sistema, con muy poca militancia

en organizaciones clásicas del movimiento obrero, que logró atraer a adultos que,

desencantados con las viejas estructuras políticas y económicas por considerarlas

obsoletas se habían marginado de ellas y, ahora, encontraban nuevos motivos para

recuperar su participación activa en luchas sociales.

Según un relevamiento realizado por la Universidad de Salamanca, el 15M se

compuso de individuos que no veían en el futuro de mediano plazo una mejoría en su

situación socio-económica, siendo la primera generación que percibe para sí un futuro

peor en relación a la percepción de generaciones anteriores.

1¡Democracia Real Ya! (DRY) es un movimiento social nacido en España que inspirará el llamado

Movimiento 15M, apartidista y asindical, que considera que los ciudadanos nos están adecuadamente

representados a través de los políticos.

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Es importante destacar que el 15M nace como algo dinámico y espontáneo,

convocado esencialmente a través de redes sociales y prescindiendo de los medios

tradicionales de comunicación. Tal como sostiene Romero Sire (2011) “era la primera

vez en España que la gente se organiza[ba] sin depender de instituciones, ni de partidos,

ni de sindicatos (…). En su lugar, se ha multiplicado el uso político de la tecnología

para extender la comunicación no como transmisión de información, sino como

organización interactiva e inteligencia colectiva”. De esta manera, la convocatoria

nunca estuvo asociada a ningún partido político pre-existente; recordemos que tal como

se mencionó anteriormente, desde el comienzo del movimiento se marcó distancia no

sólo con los sindicatos sino también con los partidos, lo que se evidencia en lo que se

constituyó en una suerte de slogan del movimiento: somos apartidistas.

En este sentido, y para poder comprender el impulso del 15M, es fundamental

entender cómo los propios protagonistas perciben la movilización. Encuestas realizadas

durante los acampes mostraron que los participantes del movimiento se veían a sí

mismos como una “fuerza reformista pero no rupturista (…); buscan cambios generales

en la forma en que se organiza y conduce la política” (Calvo, Gómez-Pastrana y Mena,

2011). Esto confirma que quienes participan del movimiento no están en contra del

sistema democrático per se, sino que en todo caso están presentando la necesidad de

analizar la actual democracia representativa y proponer modificaciones que mejoren,

principalmente, la relación entre representantes y representados, entre gobernantes y

gobernados.

Tal como lo señala Donatella de la Porta “el 15M no supone una ruptura con el

pasado (…). Estas protestas son en el fondo la reacción ante una creciente y alarmante

desigualdad, la precariedad, el desempleo y las dificultades para acceder a una vivienda

digna. También surgen por la necesidad de caminar hacia una democracia real”

(Masullo y Portos, 2015).

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62%

38%

El 15M supone una EVOLUCIÓN del

sistema actual

El 15M supone una RUPTURA con el

sistema actual

Ruptura / Reforma del Sistema

29.20%

23.80%

56.30%

45.60%

37.90%

Gobierno Disconformidad

con PP y PSOE

Corrupción Injusticias del

Sistema

Electoral

Recortes

políticas

sociales

Motivos para Participar del 15M

Cuadros de elaboración propia a partir de Calvo, Gómez-Pastrana y Mena (2011)

En conclusión, el 15M se presenta como un movimiento social innovador, en

donde esa juventud mayoritaria que los conforma vive su primera experiencia

democrática participativa y deliberativa. No es sólo un espacio de protesta, es un

espacio de participación democrática que la juventud española no había experimentado

hasta el momento.

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El 15M como cuestionamiento a la democracia del siglo XXI

¿Qué entendemos por democracia en el siglo XXI?

Para poder analizar el fenómeno del 15M a la luz de las democracias liberales

del siglo XXI es necesario retomar dos conceptos: primero, el de poliarquía; segundo, el

de democracia representativa.

Por las transformaciones que a lo largo de la historia ha transitado la

democracia, hoy es un fenómeno complejo de definir, multifacético y ambiguo; esto ha

generado tensiones al momento de acordar una definición unívoca sobre qué es

democracia. Sin embargo, podemos retomar la definición de Robert Dahl (1989) según

la cual los regímenes políticos democráticos posibles son denominados como

poliarquías (reservándose el concepto democracia para hacer referencia a un valor

universal perfecto que sirve como modelo, pero al que nunca llegaremos).

Este concepto propuesto por Dahl se convirtió en una definición clásica en la

disciplina, asociada a 8 requisitos mínimos que deben estar presentes para que un

sistema político pueda ser clasificado como poliárquico:

1. Derecho al voto

2. Derecho a ser electo

3. Derecho de los líderes a competir por el voto popular

4. Elecciones libres y justas

5. Libertad de asociación

6. Libertad de expresión

7. Libertad de prensa

8. Que las instituciones públicas dependan del voto popular.

Se ha planteado entonces que, de la mano del concepto de poliarquía, tenemos

que considerar una segunda caracterización de la democracia, que tiene que ver con su

cualidad representativa. En este sentido, Manin (1995) plantea que son cuatro las

características que nos permiten categorizar a un sistema político como una democracia

(o poliarquía) representativa:

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1. Los gobernantes son elegidos por los gobernados a intervalos regulares: la

condición de gobernante es conferida únicamente por el consentimiento de los

gobernados, siendo la elección un procedimiento de designación y legitimación de

éstos últimos. Es importante destacar que en el gobierno representativo los

gobernantes ocupan una posición distinta a la de los gobernados y, en ese sentido, el

pueblo no se gobierna por sí mismo; sin embargo, como las elecciones se repiten en

intervalos preestablecidos, la ciudadanía tiene un medio eficaz para ejercer cierta

influencia sobre los gobernantes.

2. Los gobernantes conservan cierto margen de independencia en relación con los

gobernados: si bien los gobernantes no están rigurosamente obligados a poner en

ejecución los deseos de los gobernados, los electores tienen la facultad de despedir a

los gobernantes al término de su mandato si éste no les satisfizo.

3. Es necesaria la existencia de una opinión pública: ésta debe tener la libertad de

expresarse sobre cuestiones políticas por fuera del control de los gobernantes; para

ello requiere a dos condiciones: los gobernados deben tener acceso a la información

política (publicidad de los actos públicos y decisiones de gobierno) y debe haber

libertad para expresar las opiniones políticas.

4. La decisión colectiva es tomada al término de la discusión: el gobierno

representativo siempre ha sido pensado y justificado como un sistema político en el

que una asamblea compuesta de una pluralidad de individuos desempeña un papel

decisivo, siendo a partir del debate que se produce en dicha asamblea que se toman

decisiones de alcance colectivo.

Hasta ahora se ha delineado qué se entiende por democracia en el siglo XXI y

cómo se distingue de otros tipos de regímenes políticos. Sin embargo, es necesario

profundizar en la cuestión de la representación, si se pretende comprender por qué

parecería no ser un régimen político satisfactorio para quienes participaron del 15M.

Sartori (2005) explica que en su significado originario representación se define como la

actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses. Las dos características

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definitorias de este concepto son: a) una sustitución en la que una persona habla y actúa

en nombre de otra; b) bajo la condición de hacerlo en interés del representado.

Como se mencionó anteriormente, uno de los momentos fundamentales en el

proceso de consolidación de las democracias liberales modernas es la adopción del

principio de la autonomía del representante con el que se intenta superar el mandato

imperativo de los sistemas representativos premodernos. Este principio de autonomía

será promovido y defendido tanto en la práctica como en la teoría política, pero implica

el riesgo de producir la independencia absoluta de los representantes respecto de los

representados, produciendo la ausencia de control de los últimos sobre los primeros. El

riesgo de la disolución del vínculo que fundamenta el mandato de los representantes ha

constituido uno de los principales focos de preocupación en las democracias modernas

(Avedaño, 2008). Ahora bien, esta definición se encuentra con algunos problemas

cuando la trasladamos al ámbito político. Por un lado, el principio que se mencionó

anteriormente a partir de Manin por el que los representantes no están sujetos a un

mandato imperativo está firmemente arraigado en la teoría de la representación política

y el constitucionalismo; en el caso a analizar, se encuentra el artículo 62, inciso 2 de la

Constitución de España (1978) en el que se indica que “los miembros de las Cortes

Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Por otro lado, se encuentra una

diferencia de tipo fáctica entre la simple representación y la representación política, y es

que la segunda implica inevitablemente una relación de muchos con uno, en la cual los

muchos suelen ser decenas de miles de personas, de modo que la propia noción de

dominus queda diluida por la magnitud de las cifras.

Bajo estas consideraciones es posible plantear entonces si existe una verdadera

representación. Aunque en el ámbito de la política el representante no tiene un principal

concreto y perfectamente identificable, la “representación electiva” trae, de acuerdo con

Sartori (2005), consigo tres ventajas:

a) Receptividad (responsiveness): los parlamentarios escuchan a su electorado y ceden

a sus demandas;

b) Rendición de cuentas (accountability): los parlamentarios han de responder, aunque

difusamente, por sus actos;

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c) Posibilidad de destitución (removability): si bien únicamente en momentos

determinados (castigo electoral) o condiciones particulares (juicio político).

Uno de los elementos que distingue a las democracias representativas liberales

de otro tipo de regímenes políticos es la combinación de un marco institucional de

legalidad del poder político con otro orientado a asegurar la correspondencia de las

preferencias del electorado con las decisiones políticas (responsiveness) es preciso

resolver la ineludible existencia de la brecha entre los representantes políticos y los

ciudadanos. Para resolver esta tensión existen mecanismos institucionales que aseguran

que dicha separación no resulte en gobiernos cuyas políticas no responden a las

preferencias del electorado o en acciones de gobierno ilegales.

En este sentido y dado el caso de estudio es preciso hacer una serie de

aclaraciones respecto a ese mecanismo de rendición de cuentas o accountability que

Sartori menciona. La accountabiliy es definida como "la capacidad para asegurar que

los funcionarios públicos rindan cuentas por sus conductas, es decir, que están obligados

a justificar y a informar sobre sus decisiones y a que eventualmente puedan ser

castigados por ellas” (Peruzzotti & Smulovitz; 2002). Según O´Donell (2004): existen

dos formas típicas para volver efectivo este proceso de rendición de cuentas: la

accountablity horizontal (conjunto de organizaciones estatales que tienen autoridad

legal y están capacitadas para emprender acciones de control rutinario y/o sanciones en

relación con actos u omisiones de otros agentes u organizaciones del Estado calificados

como ilícitos) o la accountability vertical (mecanismo de control de las autoridades

políticas que hace referencia a las acciones de un múltiple conjunto de asociaciones de

ciudadanos y de movimientos sociales, con el objetivo exponer errores gubernamentales

o incorporar nuevos temas a la agenda política).

Es esta última versión de la accountability que encontramos un subtipo

importante para el caso de estudio, la accountability vertical social. Peruzzotti y

Smulovitz (2002) la definen como aquella rendición de cuentas “llevada a cabo por un

grupo diverso de actores y mediante múltiples estrategias (que) constituye un

mecanismo alternativo para el ejercicio de la accountability de las acciones

gubernamentales”.

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Hemos realizado hasta aquí una breve caracterización del régimen democrático

liberal de tipo representativo, y las herramientas que posee en términos institucionales

para garantizar su correcto funcionamiento. Sin embargo, tal como señala Bobbio “uno

de los principales desafíos de la democracia real es el de las promesas no mantenidas,

que no se han podido cumplir porque los obstáculos materiales existentes no sólo son

técnicos sino específicamente políticos” (Rodríguez-Aguilera de Prat; 1997). Es posible

entonces preguntarse qué es lo que falla o ha fallado en el sistema representativo

español, cuáles son las falencias que inspiran movimientos como el de los Indignados.

Por un lado, existe un desafío que surge de la constatación de dos factores: en

primer lugar, las cifras demográficas (población creciente) y en segundo lugar, la

sobrecarga de temáticas (demasiados asuntos de interés público). Cuanto mayor es el

número de personas que se tratan de representar en el proceso legislativo y más

numerosos son los asuntos en los que se ejerce la representación, más pierde la

representación su sentido con respecto a la voluntad de cada representado. Por otra

parte, existe otro desafío relativo a la calidad de las personas dedicadas a la política: una

preocupación para los representados es la capacidad, la cualificación y la

responsabilidad de aquel que los representa.

Una cuestión relacionada con estos desafíos de la representación es que se ha

roto el equilibrio entre los dos componentes de la trasmisión representativa del poder: la

receptividad y la responsabilidad independiente. Un gobierno que cede totalmente a las

demandas se convierte en un gobierno altamente irresponsable, que no está a altura de

sus responsabilidades; no obstante, en la mayor parte de la literatura reciente se pone

exclusivamente el énfasis en maximizar la receptividad, buscando más directismo

(Sartori, 2005) bajo dos formas que se refuerzan mutuamente:

Introducir “más democracia”, dar más peso al demos en la propia representación

mediante la introducción de subordinación al mandato en el nexo representativo.

Conseguir una “democracia semi-directa”, de carácter electrónico, ciberdemocrático

y otorgando poder creciente a las asambleas locales de base, a los referendos y a la

orientación hacia las encuestas.

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La diferencia entre una democracia directa y una representativa es que en esta

última el ciudadano sólo decide quién decidirá por él, mientras que en la primera es el

propio ciudadano quién decide sobre las cuestiones públicas: es el decisor (Sartori,

2005). La democracia representativa espera del ciudadano mucho menos que la directa

y puede operar aunque su electorado sea mayoritariamente analfabeto, incompetente o

esté desinformado. Por el contrario, una democracia directa en tales circunstancias está

condenada a la autodestrucción: un sistema en el que los decisores no saben nada de las

cuestiones sobre las que van a decidir está condenado al fracaso.

Retomando entonces lo aclarado hasta el momento: en el siglo XXI la alternativa

más cercana (y factible) de democracia que podemos encontrar son las poliarquías, con

todas las limitaciones que éstas suponen. Por un lado, la cuestión del dilema de la

representación ante la incapacidad de garantizar que los representantes cumplan con las

promesas de campaña (ya sea por limitaciones contextuales o ideológicas); por otro, el

desafío del control de representantes sobre representados y de qué manera garantizar

una eficiente rendición de cuentas. Finalmente, el problema de la expectativas latentes

de la sociedad en relación a la democracia: cuando el reclamo es por más democracia

directa aparecen nuevas limitaciones; la complejización y consecuente heterogeneidad

social vuelven extremadamente difícil que los ciudadanos puedan tomar decisiones

informadas sobre todos los distintos temas en los que la política interviene.

Los desafíos de la democracia del siglo XXI: la materialización del 15M

Al analizar las características de la democracia representativa (y su importancia

para articular la participación política) es importante reconocer que las democracias

liberales contemporáneas enfrentan una serie de desafíos que, dependiendo de cómo

sean enfrentados, pueden convertirse en oportunidades. Elizalde menciona 4 desafíos

específicos (2001):

1. El tamaño de la polis: la dimensión de las sociedades modernas organizadas

políticamente dista profundamente de los modelos aristotélicos clásicos de polis que

inspiraron los diseños democráticos representativos. El tamaño cada vez más grande

de las sociedades políticamente organizadas no permiten que lo público sea

realmente conocido por todos los miembros de esa sociedad, requisito indispensable

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para clasificar como ciudadano de acuerdo a la visión aristotélica; no es solamente

una cuestión de desinterés o la falta de tiempo por parte de los ciudadanos, sino que

se suma la creciente complejidad de estos temas para el ciudadano común.

2. La multiculturalidad: el paso de sociedades homogéneas y cuasi-monoculturales a

sociedades profundamente heterogéneas implica un desafío para encontrar puntos en

común desde dónde organizar y dirigir a la sociedad política, siendo el consenso una

situación cada vez más difícil de alcanzar.

3. Incremento del capital social: ese incremento, producto de los niveles educativos

cada vez mayores, no sólo ha aumentado la población que puede y debe participar

de los procesos políticos, sino que también ha hecho posible el acceso generalizado

a la información disponible, aumentando los niveles de conciencia en temáticas

referidas a los DDHH y a las expectativas en relación al mejoramiento de la calidad

de vida de la población.

4. El desafío de la inclusión: hasta hace dos décadas, la pobreza implicaba déficit de

integración, incluyendo a aquella población que no había logrado integrarse a la

vida moderna. Si bien esta pobreza aún persiste, hoy la situación es mucho más

compleja porque ha aparecido una masa de personas que, habiendo alcanzado algún

grado de participación en el mundo laboral, han experimentado luego procesos de

exclusión: cesantía, pérdida de beneficios sociales, subempleo, etc. El proceso

industrial y estatal moderno no sólo no pudo absorber la masa de fuerza de trabajo

sino que incluso comenzó a expulsar a aquellas personas que en algún momento

habían logrado incorporarse al mundo del siglo XX/XXI.

Ahora bien, más allá de estos desafíos estructurales de la democracia del siglo

XXI, estudios realizados sobre la percepción de la población sobre la política y los

políticos han demostrado que, en general, las percepciones negativas se centran en las

figuras políticas y en los partidos políticos, y no tanto en las instituciones en las que

interactúan dichos partidos y figuras. Esto es una buena noticia para la democracia

como sistema político, porque entonces lo que se está cuestionando no es el sistema

político sino, en todo caso, los actores que en él intervienen. El desprestigio que sufre la

política en el siglo XXI está vinculado a tres cuestiones:

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1. El incremento de la información disponible ha hecho que los ciudadanos estén cada

vez más capacitados no sólo para evaluar con mayor precisión el desempeño de

políticos y de partidos sino también para intervenir en la arena política; lo que se

evidencia es un aumento en las expectativas y exigencias de los ciudadanos en

relación a la política.

2. La consolidación del Estado de bienestar en los países desarrollados ha generado

ciudadanos que adjudican la responsabilidad de la solución de la totalidad de los

problemas al Estado, más que a los individuos.

3. La consolidación de los procesos electorales, específicamente al interior de los

partidos, ha hecho a los partidos políticos dependientes del voto ciudadano,

convirtiéndose estos últimos (y aceptando ese rol) en clientes cuyas necesidades y

exigencias deben ser satisfechas, sin espacio para el error, por los partidos políticos.

En estas líneas generales se resume el panorama con el que se encuentra la

política en los países desarrollados, más específicamente los partidos políticos y los

políticos. Ahora bien, analizando el caso de España, según García-Albacete (2008) esta

disconformidad con la política se le suma una comprobada reducción en la participación

electoral, especialmente en los jóvenes. Si bien los índices de legitimidad de la

democracia se han mantenido estables, es la relación con las instituciones de dicho

sistema político lo que muestra cambios: desde la década de 1980 ha aumentado

progresivamente la desconfianza de la población en los partidos políticos; si bien los

españoles comprenden la importancia de los partidos para el funcionamiento de la

democracia, es en relación a su rol como facilitadores de la participación ciudadana lo

que no está tan claro. Frases como “los partidos sólo sirven para dividir a la gente” y

“los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad todos son iguales”

demuestran que la desconfianza hacia los partidos políticos es en relación a su rol como

facilitadores de la participación ciudadana. En este sentido es importante destacar que el

15M aparece luego de una convocatoria al paro por parte de los sindicatos españoles;

dicha convocatoria tendrá escasa participación y esto también se puede entender dentro

de esta percepción negativa de los partidos políticos. Parecería que las organizaciones

sociales y políticas tradicionales no están en condiciones de representar las necesidades,

intereses y reclamos de la ciudadanía, ni tampoco saben cómo sortear este problema.

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Respecto de la participación política española, la participación electoral sigue

siendo la de mayor impacto en el sistema democrático. Esto tiene sentido porque, tal

como sostiene Dalton, “el voto es la actividad que une al individuo al sistema político y

legitima el resto del proceso democrático” (García-Albacete, 2008). Ahora bien, en los

últimos años y especialmente entre los jóvenes, se ha visto un incremento en otros tipos

de participación política, como son las movilizaciones o manifestaciones políticas; sin

embargo, es importante destacar que en los últimos años este tipo de participación ha

dejado de ser un reducto exclusivo de la juventud, sino que también han comenzado a

participar activamente de ella los adultos.

Los datos aquí mencionados dan muestra de que si bien es cierto que los jóvenes

españoles manifiestan menor interés por la política y una desafección en relación a

ciertas instituciones políticas – tales como los partidos – esto no es signo de apatía

política por parte de la juventud. Lo que sí se hace evidente es el creciente

cuestionamiento sobre el funcionamiento de ciertas instituciones democráticas como los

partidos políticos y la consolidación de formas de participación política pre-existentes

pero poco promovidas con anterioridad, tales como las movilizaciones o

manifestaciones políticas.

¿Qué reclamó el 15M al sistema democrático?

Teniendo en cuenta el análisis anterior, tanto de la situación de las democracias

liberales como la percepción de la política en España, sería extremadamente simplista

señalar como base del reclamo del 15M sólo las medidas en materia de política

económica tomadas por el gobierno del PSOE, en tanto este movimiento tiene un

impulso superador como fenómeno político-social ya que da cuenta de dos situaciones.

De acuerdo a Resina de la Fuente (2008), por un lado constituye una expresión de

insatisfacción para con la democracia representativa como sistema político – idea a la

que volveremos más adelante -, y por otro se constituye a sí mismo como un ejercicio

práctico de deliberación ciudadana y experimentación democrática directa.

A partir de las movilizaciones se creó y publicó un compilado de las propuestas

que se buscaban impulsar a partir del Movimiento de Indignados; aunque numerosas,

las propuestas que es necesario destacar por su claro componente político son:

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Modificación de la Ley Electoral española para garantizar que el otorgamiento de

escaños parlamentarios sea proporcional al número de votos.

Una reforma fiscal para en busca de gravar a las financieras internacionales y

flexibilizar las rentas para la ciudadanía.

Reforma política que vuelva vinculante los programas y propuestas políticas que se

presentan en las campañas electorales.

Incorporar a la Ley Electoral el requisito obligatorio de que las listas de candidatos

se presenten libres de imputados o condenados por corrupción, tanto en el ámbito

público como el privado. Asimismo, se propone la total transparencia de las cuentas

y de la financiación de los partidos políticos como medida de contención de la

corrupción política.

Promoción de una democracia participativa real, en la que la ciudadanía pueda

desempeñar un rol activo más allá del momento electoral.

Asimismo, esa insatisfacción con la democracia representativa se hace evidente

al recoger algunos de los lemas manifestados durante los acampes: no nos representan,

democracia real YA, democracia no es votar cada cuatro años, no somos anti-sistema,

el sistema es anti-nosotros, nuestros sueños no caben en vuestras urnas, etc. Éstos

sintetizan de manera concisa las inconformidades que impulsan la protesta social: es un

reclamo en torno a la condición de ciudadanos, que termina opacando reclamos obreros

clásicos generalmente orientados a repudiar los recortes en la asistencia social o el

sistema de pensiones; esta diferencia de reclamos queda evidenciada en la ausencia casi

total de representantes sindicales y de partidos políticos. En el 15M hay una clara

postergación de lo laboral y de lo obrero por sobre lo ciudadano.

Page 19: DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: La búsqueda de

19

9

8.7

8.32

9.16

8.83

7.78

Reforma

Electoral

Reforma

Educativa

Defensa Estado

Bienestar

Lucha contra

corrupción

Transformación

de la democracia

Castigo partidos

políticos

Valoración de los objetivos del movimiento 15M

(escala 1 a 10)

Cuadro de elaboración propia a partir de Calvo, Gómez-Pastrana y Mena (2011)

A su vez, otro elemento característico del 15M es el hecho de ser percibido

como una experimentación de democracia directa y de deliberación ciudadana,

entendiendo al movimiento como una “forma de auto-organización de lo social que, a

través de la subpolítica (una movilización política “desde abajo”, ajena pues a las

formas rutinarias de practicar la política en las democracias liberales avanzadas que

tienen a los partidos políticos como protagonistas estelares) se promueve un cambio

social a partir de la crítica al funcionamiento defectuoso del sistema social del

momento, específicamente la política y la economía” (Casquette, 2011).

Ejemplo de esta forma de auto-organización innovadora es la manera de

participación promovida por los propios participantes del movimiento. De acuerdo con

el historiador Carlos Taibo la organización a través de asambleas fue la característica

del 15M, en donde los indignados participaban directamente en la decisión sobre los

reclamos de la protesta, los pasos a seguir, la designación de representantes (temporales)

para comunicarse con los medios, etc. (Klein Bosquet, 2012). Esta preferencia por el

asambleísmo y la autogestión – que se fortaleció de manera tal que a la fecha en la que

se escribe esta investigación existen en España más de 500 asambleas activas- dan

claras muestras de que uno de los reclamos que ha persistido en el 15M es la posibilidad

de hacer política de forma directa, de poder experimentar en primera persona la

deliberación ciudadana.

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El fenómeno de la revalorización de la democracia directa está relacionado con

el aumento de las demandas de más democracia, no tanto para sustituir la representativa,

sino para complementarla. Ejemplo de esto es que esta búsqueda de mayor participación

en la toma de decisiones, una suerte de movimiento que hace de la democracia directa

una práctica, llevó a la elaboración de un texto programático consensuado entre los

participantes de la Acampada de Puerta del Sol en Madrid, en donde se sintetizaban las

propuestas del Movimiento. Entre ellas cabe mencionar:

Democracia participativa y directa en la que la ciudadanía tome parte activa. Acceso

popular a los medios de comunicación, que deberán ser éticos y veraces.

Recuperación de la Memoria Histórica y de los principios fundadores de la lucha

por la Democracia en el Estado.

Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como

medida de contención de la corrupción política.

Cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción

única. La obtención de escaños debe ser proporcional al número de votos.

Estas propuestas son un claro ejemplo de que el motor del 15M es una idea

reformista y no rupturista del sistema democrático. Las manifestaciones de los llamados

Indignados del mundo occidental no tienen como sustento un desprecio por la

democracia como régimen político, sino la necesidad de mejorar los mecanismos de

representación y de participación directa que prevé la democracia del siglo XXI.

El futuro del 15M

Si bien, como se mencionó anteriormente, aún existen activas algunas asambleas

que nacieron con la movilización de los Indignados, la realidad es que éstas han perdido

el impulso y visibilidad originarios. Esto no es algo que tenga su explicación como en la

falta de compromiso político, sino que es un proceso natural que experimentan todas las

movilizaciones sociales, más cuando su organización es de tipo espontánea y carece de

los mecanismos tradicionales de movilización (partidos políticos, organizaciones de la

sociedad civil, sindicatos, etc.).

Sin embargo, es importante destacar que producto del 15M se originaron varios

partidos políticos como el Partido X: partido del futuro, el Partido Democracia

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Participativa y otros colectivos sociales y políticos como Ahora Tú Decides. Uno de los

partidos más importantes dada su rápida consolidación y crecimiento es caso de

PODEMOS, un partido político creado en enero de 2014 por Pablo Iglesias Turrión, un

académico de la Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

Encontramos las bases ideológicas de PODEMOS en el manifiesto “Mover ficha:

convertir la indignación en cambio político” y su impacto político fue tal que en los

primeros 20 días en que el partido permitió la inscripción de afiliados obtuvo más de

100.000 miembros, alcanzando unos meses más tarde el tercer lugar en cuanto a

partidos políticos con mayor cantidad de adherentes. Esta enorme convocatoria se

tradujo cuatro meses después de su creación, en 5 escaños parlamentarios para

PODEMOS, convirtiéndose en el cuarto partido político más votado de España.

Es importante destacar la aparición de estas nuevas organizaciones políticas

porque ese desinterés manifestado por los Indignados del 15M por los partidos políticos

tradicionales no parece haber minado la importancia de los partidos como institución. El

problema parecería ser con las opciones partidarias existentes en ese momento: ante el

surgimiento de nuevos colectivos partidarios, los ciudadanos están dispuestos a sostener

estas instituciones fundamentales de la democracia representativa.

Y no sólo han surgido estos nuevos espacios de representación ideológica

partidaria, sino que han logrado convertirse en lo que Sartori (1980) llama “partidos que

cuentan” y deben ser considerados como parte del sistema político español. Estos

partidos poseen fuerza electoral (capacidad de traducir los votos obtenidos en escaños

parlamentarios), potencial de gobierno (capacidad del partido de formar coaliciones de

gobierno) y posibilidades de chantaje (capacidad de alterar la competencia entre los

partidos políticos). Todo esto se evidencia en la joven vida de los partidos políticos

surgidos como consecuencia de los reclamos del 15M, especialmente en el caso de

PODEMOS que ha sido fundamental en el proceso de confirmación de coalición de

gobierno en España, empleando su capacidad de chantaje para ser tenido en cuenta en la

conformación del gobierno español en los últimos 3 años.

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A modo de conclusión

El 15M fue para España y para las democracias liberales de Europa un ejemplo

de lo que sucede ante la imperfección del sistema representativo. Sin lugar a dudas la

democracia representativa tiene mucho por mejorar y dista de ser un sistema político

perfecto. Sin embargo, manifestaciones como las del 15M y sus indignados no son

rupturistas sino reformistas. Y esto es una buena noticia no sólo para la democracia sino

para la política.

La ventaja de la democracia es que es un sistema perfectible, permeable a las

críticas y moldeable ante cambios en el contexto político, social, económico y educativo

de las sociedades en las que subsiste. El incremento de las protestas en el seno de

sociedades democráticas no es señal de debilidad del sistema sino del incremento en el

nivel de exigencia que los ciudadanos plantean al sistema y a sus representantes.

Fenómenos como los del 15M no deben ser correspondidos con la intervención de las

autoridades gubernamentales, en búsqueda de la restauración del orden público, sino

que deben ser correspondidos con una reflexión que permita una adecuada

interpretación de lo que las expresiones populares ponen de manifiesto.

Es por todo esto que es sumamente importante analizar el fenómeno del 15M no

como un movimiento disruptivo del orden democrático, sino como una expresión

ciudadana que pone el acento en mejorar el sistema democrático representativo. Una

sociedad democráticamente madura es aquella que comprende que la política no es

perfecta y que nadie consigue exactamente lo que desea; la única opción viable es el

consenso, susceptible de ser alterado y mejorado de acuerdo a las demandas de los

gobernados. El compromiso cívico es fundamental para el fortalecimiento y

mejoramiento de la democracia, por lo que no estamos en la antesala de una crisis de la

democracia sino ante una etapa nueva, completamente compatible con el orden

democrático, que busca mejorar el sistema, obligándolo a que atienda las nuevas

exigencias de ciudadanos del siglo XXI. Estas cualidades de adaptabilidad y

permeabilidad de las instituciones democráticas le da a este sistema político la

posibilidad de perdurar en el tiempo, porque en política quien no se adapta perece.

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