derechos humanos
DESCRIPTION
Derechos humanosTRANSCRIPT
-
Por qu el Aumento del Sindicalismo en el Per?
Kimberly Inksater Directora, Just Governance Group
www.justgovernancegroup.org
A pesar del contexto mundial caracterizado por la crisis econmica globalizada, en el Per sectores de la economa nacional estn en constante crecimiento y a su vez se nota un aumento en la afiliacin sindical. El ao 2000 en un informe de la OIT denominado Organizacin, negociacin y dilogo para el desarrollo de la mundializacin se inform sobre la disminucin de la organizacin sindical desde el final de la dcada de los ochenta debido a la globalizacin de la economa.
Segn la OIT, en la mayora de los 58 pases que abarc este informe el ndice de organizacin disminuy en la dcada de los noventa, y slo en pocos pases -en proceso de reformas democrticas- hubo un incremento. Al mismo tiempo se ha observado que los pases con las economas ms competitivas tambin cuentan con mayores ndices de sindicalizacin. El propsito de este breve artculo es mostrar el contexto en que aumenta, an paulatinamente, la afiliacin sindical en Per.
Organizacin Sindical Segn estadsticas del Ministerio de Trabajo del Per desde el ao 2004 ms de 8% de la poblacin econmicamente activa est afiliada a un sindicato. El nmero grueso de trabajadores afiliados ha subido de 83,509 a 128,856 personas. De acuerdo a un artculo difundido en el peridico El Comercio1 los mayores ndices de sindicalizacin corresponden a tres departamentos (Junn, Lambayeque y Moquegua) donde existe explotacin minera, actualmente uno de los rubros de mayor importancia econmica en el pas.
Conflictos Laborales y Ambientales La Defensora del Per monitorea los conflictos sociales y su reporte mensual se ha convertido -tanto para actores gubernamentales como no gubernamentales- en una referencia obligada para el tratamiento y prevencin de conflictos en el pas. En septiembre de 2009 el reporte de la Defensoria ilustra un crecimiento continuo de conflictos sociales en los ltimos 12 meses desde septiembre 2008, el mayor porcentaje de conflictos, 46%, abarca temas socio ambientales, el 16% estuvo relacionado a asuntos de gobiernos locales y 11% a conflictos laborales. Estas tres categoras de conflictos tambin fueron las ms altas para el ao 2008.
La misma Defensora, en un estudio incluido en su Informe Anual al Congreso muestra que los conflictos socio-ambientales y los laborales estn vinculados a la explotacin minera. Precisamente, 50% de los conflictos laborales el ao 2008 estuvieron vinculados a actividades mineras y petroleras, y el 43% (43/99) de conflictos socio-ambientales involucraban a comunidades que rechazan estas actividades en sus territorios.
El Ministerio de Trabajo tambin registra y gestiona conflictos laborales, segn un reporte del bufete laboral Miranda & Amado Abogados en su Informativo Laboral en el mes de agosto de 2009 el Ministerio cit a 128 reuniones para resolver conflictos y 50% de ellas implicaron al sector de explotacin minera.
Polticas Pblicas Incipientes Per muestra un crecimiento econmico importante y un aumento de afiliacin sindical por varias razones, incluyendo mayor inversin y exportacin de metales cuyos precios han aumentado en
1 http://elcomercio.pe/impresa/notas/sindicatos-crecen-pais-no-se-
modernizan/20091009/352644)
-
el ltimo ao. Sin embargo las polticas econmicas del gobierno y las estrategias de negociacin de convenios colectivos no estn acompaadas de soluciones claras para dar solucin a los reclamos de los trabajadores por mejores condiciones y renumeracin y tambin a las comunidades afectadas por la minera. Entre las soluciones a los problemas pendientes a resolver mediante mejores polticas pblicas estn: un mayor control medioambiental en el sector, promocin de dilogo tripartito basado en el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales, capacitacin tcnica a los trabajadores, mayor respeto por el derecho de consulta previa de pueblos indgenas y la poblacin en general (y por tanto seria un avance importante la pronta aprobacin de la ley de consulta presentada por la Defensora del Pueblo) y mayor vigilancia de la situacin laboral y medioambiental de las empresas mineras.
Octubre 2009