derechos de las personas privadas de la libertad
TRANSCRIPT
1
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD: ESTÁNDARES DE
PROTECCIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN COLOMBIA
Sandra Marcela Lambraño Pacheco y Francy Liliana López Durango
Director:
Luis Manuel Castro Novoa
Universidad Santo Tomás
Facultad de Derecho
Maestría En Defensa de los Derechos Humanos y el DIH Ante Organismos, Tribunales y
Cortes Internacionales
Bogotá, 27.11.2020
2
Dedicatoria
Dedico este logro a Dios, a mi madre Xiomara y a mi abuela Sixta que desde el cielo iluminaron
mi camino. A mi compañero de vida, por su apoyo incondicional, por siempre creer en mí.
A mis tías, por no dejarme desfallecer en este sueño y alentarme a creer en él.
A Néstor y Sindy, mis grandes amigos, por su apoyo inquebrantable desde que inició este sueño.
A mi tutor por tanta paciencia y motivación en este camino.
Sandra
Dedico con todo mi corazón mi tesis a mi padre que desde el cielo siempre está conmigo, a mi
madre que me apoya siempre, a mis compañeros y motores de vida: mi esposo y mi hija Luciana.
A mi tío Fredy por su rol de padre en mi vida, quien siempre ha sido mi apoyo incondicional y a
mi tutor porque sin él nada de esto hubiese sido posible.
Francy Liliana
3
Resumen
Este trabajo da cuenta del estado actual de los derechos humanos de los reclusos en los centros
penitenciarios en el Estado Colombiano a la luz de los estándares de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos desde el año 1998, fecha en la cual se declaró por primera vez el Estado de
cosa inconstitucional en el país, hasta la tercera declaratoria en tema penitenciario en el año 2015,
año en el cual se han tomado medidas para enfrentar la crisis que son analizadas para determinar
si satisfacen los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Palabras Claves: Hacinamiento, población privada de la libertad, violación,
derechos humanos, establecimiento penitenciario, omisión, Estado de Cosas
Inconstitucional.
4
Tabla de Contenido Introducción .................................................................................................................................................. 6
Estándares Interamericanos de protección a las Personas Privadas de la Libertad ..................................... 14
1.1. Informe de la CIDH sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas:
finalidad y estructura ............................................................................................................................... 16
1.1.1. Sobre la posición de garante del Estado frente a las personas privadas de libertad .................. 17
1.1.2. Sobre las obligaciones de los Estados frente el derecho a la vida ............................................. 21
1.1.3. Sobre las obligaciones de los Estados frente a la integridad personal ...................................... 24
1.1.4. Sobre las obligaciones de atención médica y el derecho a la salud .......................................... 30
1.1.5. Sobre los deberes del Estado frente a los familiares y sus relaciones con los internos............. 32
1.1.6 Conclusiones y recomendaciones finales del informe ............................................................... 35
Estado de cosas inconstitucional, Situación Carcelaria en Colombia en Sentencias Eci Desde 1998 ........ 39
2.1. Estreno del ECI sobre la situación penitenciaria y carcelaria en el país: La Sentencia T-153/1998 40
2.1.2. Argumentos ............................................................................................................................... 43
2.2. Continuidad del ECI y reflexión sobre la política penitenciaria y carcelaria en el país: Sentencia T-
388 del 2013 ............................................................................................................................................ 50
2.3. Elementos para la superación del ECI penitenciario y carcelario: Sentencia T-762 del 2015 ......... 58
2.4. Conclusión ....................................................................................................................................... 68
Seguimiento al Eci en las Cárceles Colombianas: Avances y Dificultades ................................................ 72
3.1. Introducción ..................................................................................................................................... 72
3.2. Primeras acciones de seguimiento y acción frente a la superación del ECI. ................................... 73
3.3. Dificultades y transformaciones frente al seguimiento del ECI penitenciario y carcelario: el papel
de los Autos Constitucionales ................................................................................................................. 81
3.4. 2020: Derechos Humanos de la población privada de la libertad en Colombia y COVID-19 ......... 94
Conclusiones ............................................................................................................................................. 103
Referencias ................................................................................................................................................ 110
Sentencias y Autos Consultados - Corte Constitucional ....................................................................... 115
Sentencias Consultadas - Corte Interamericana de Derechos Humanos ............................................... 116
5
Registro de Siglas y/o Acrónimos
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanas
CNRR Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
CP Constitución política
DDHH Derechos Humanos
DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos
ECI Estado de Cosas Inconstitucional
CSPC Consejo Superior de Política Criminal
CSS Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil respecto al
seguimiento de la Sentencia T-388/2013
USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social
INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
6
Introducción
El tema de la seguridad y el tratamiento del crimen, en sociedades como la colombiana, se
ha abordado sobre la base de un tratamiento punitivo del delito. Generalmente, el tratamiento de
las políticas de seguridad se enfoca en privar de la libertad a los y las delincuentes en
establecimientos carcelarios. Sin embargo, lo que ocurre al interior de estos, en lo que se refiere al
respeto y garantías de los derechos humanos, es una problemática poco abordada dentro de la
opinión pública. En los discursos sobre el tratamiento de las políticas de seguridad, los discursos
gubernamentales se centran en la exclusión a la persona privada de la libertad de la sociedad, sobre
la base de calificativos como “criminal”, “amenaza” y “peligro para la sociedad”, estos
calificativos obstaculizan el reconocimiento de la persona como un ser humano capaz de
transformarse y de resarcir el daño cometido a la sociedad.
No obstante, las personas que han cometido delitos aún cuentan con un conjunto de
derechos, que han sido reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales. En una clara
alusión al tema, Orozco Abad (1992) sostiene que:
Una democracia pluralista orientada hacia la construcción del Estado desde la sociedad
requiere de una política criminal -y de un modelo penal- que asuma como postulado ético
fundamental el que todos los miembros de la sociedad, incluido el delincuente, sean
reconocidos como miembros del pacto social. En ello radica, en última instancia, la
fundamentación demoliberal del orden constitucional en general, y del derecho penal en
particular, en los derechos humanos (p. 42-43, cursivas del autor)
Sin embargo, el reconocimiento de la población privada de la libertad dentro del “pacto
social” pareciera ser negado. Una muestra de ello es la manifestación de una profunda crisis
7
carcelaria en América Latina que desde la década de 1980 se ha venido deteriorando, y en la década
de 1990 se ha tornado insostenible para la mayoría de los países de la región (Carranza, 2012).
Infortunadamente, dicha situación persiste en la actualidad, pues según un estudio de la
Universidad de Sussex sobre el nivel de hacinamiento de las cárceles a nivel mundial en el año
2017, cuatro países latinoamericanos se encuentran entre los diez países a nivel mundial con mayor
tasa de hacinamiento en sus centros de reclusión: “El ranking lo encabeza Haití con una tasa de
ocupación del 416 por ciento, seguido por El Salvador con 320 por ciento, Venezuela con 270 por
ciento y Bolivia con 256 por ciento” (González, 2017).
Como se puede apreciar, la tasa de hacinamiento es una de las variables usadas para el
análisis de la situación penitenciaria y carcelaria, así como la idoneidad del personal que labora en
dichos centros (Carranza, 2012). Este tema ha sido objeto de debate en centros de estudios, por
parte de juristas y organizaciones que defienden los derechos de la población privada de la libertad.
El caso colombiano no es la excepción, pues su tasa de hacinamiento, ronda el 150% (EFE, 2020)
y las condiciones de existencia al interior de las cárceles, de acuerdo con las denuncias de dicha
población, son infrahumanas.
En ese sentido, el problema radica en las acciones desarrolladas, tanto por el ejecutivo
como por el sistema judicial en el país, dirigidas a garantizar el respeto a los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad. En un sistema de poderes equilibrados,
mientras un sector establece el marco normativo que delimita y garantiza el marco de derechos
fundamentales que goza dicha población; el otro establece el marco administrativo, los programas,
políticas y estrategias conducentes a identificar las problemáticas denunciadas, a fin de intervenir
sobre ellas y superarlas.
Sin embargo, y como se pretende demostrar en el presente trabajo, la labor de desarrollar
8
acciones hacia protección de los derechos de la población privada de la libertad a tenido origen en
las decisiones de Corte Constitucional. Esto en aras de garantizar unas condiciones de existencia
digna a dicha población con los esfuerzos, aún insuficientes, del Estado colombiano por superar
las situaciones problemáticas del sistema penitenciario y carcelario como el hacinamiento,
condiciones insalubres en la alimentación e higiene, la prestación de unos servicios adecuados de
salud y justicia. Frente a esto, la Corte Constitucional, ha adelantado medidas para llamar la
atención del Estado sobre dicha situación, invocando la figura del Estado de Cosas Inconstitucional
(ECI) como una medida de presión que permita redoblar esfuerzos, de parte del ejecutivo, a la hora
de atender dicha problemática. Aún más, cuando la pandemia del COVID-19 azota a la población
mundial, y los centros de reclusión se convierten en un foco de cultivo del virus, a causa del
hacinamiento.
Dicho esto, el presente trabajo tiene como propósito identificar los estándares
jurisprudenciales desarrollados por los órganos del sistema interamericano y la Corte
Constitucional colombiana, a favor de los derechos fundamentales de la población privada de la
libertad, entre los años 1998 y 2020. En concreto, con este ejercicio se busca analizar en qué
medida y en cumplimento de las órdenes que ha dictado la Corte Constitucional frente a este tema,
y en especial aquellas en las que ha declarado la existencia y profundización de un Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI), el Estado colombiano ha acogido e implementado los estándares del
sistema interamericano y el impacto que ello ha tenido en el ajuste de la política pública en materia
penitenciaria y carcelaria en el país.
Para ello, se analizarán estas acciones a la luz de los estándares definidos por la Comisión
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la situación carcelaria en América Latina;
se identificarán las principales sentencias emitidas por la Corte Constitucional a favor de la
9
población privada de la libertad en nuestro país; y se indagarán en las medidas desarrolladas por
el gobierno nacional al implementar las decisiones dictadas por la Corte Constitucional al respecto.
Para cumplir con estos objetivos, el trabajo se elaboró con base en una metodología de
carácter cualitativo y descriptivo, puesto que pretende ubicar una serie de acciones de orden
jurídico y administrativo a nivel latinoamericano y colombiano1, con el fin de garantizar los
derechos de la población privada de la libertad al interior de los centros de reclusión. Al ser esta
una tesis de análisis jurisprudencial, donde se reconstruyen los estándares de instancias como la
Corte Interamericana, la Corte Constitucional y el impacto que estas han tenido en las acciones del
gobierno, se opta por adelantar un análisis documental de informes, sentencias, registro de prensa
e investigaciones independientes, que dan cuenta de la implementación de las acciones de parte
del gobierno nacional y sus entidades competentes relacionadas con la administración del sistema
penitenciario y carcelario.
Para la redacción de este trabajo, de manera previa, se llevó a cabo una revisión previa de
literatura sobre el tema, encontrando una serie de publicaciones recientes dentro de la academia
que dan cuenta de reflexiones acerca del sistema carcelario en Colombia, en relación con la
implementación del ECI. Los textos revisados se refieren a reflexiones en torno a temas como el
manejo de la Corte Constitucional a la situación carcelaria del país (Echeverry, 2017), el manejo
de figuras jurídicas como la tutela (Molinares, Tolosa & Quintero, 2016) y la responsabilidad
extracontractual del Estado (Suárez, Flórez & Flórez, 2014). Otro grupo de trabajos, hace
revisiones críticas de las medidas implementadas por el Estado colombiano para intentar afrontar
y hacer cumplir las sentencias de los jueces constitucionales respecto a la materia (Rodríguez,
2016), en materias especiales como la implementación del enfoque de género (Giraldo, 2021), así
1 Dados los alcances de la presente investigación, su concentración se halla en el caso latinoamericano y
colombiano, y no a nivel universal, el cual es un asunto que puede inspirar futuras investigaciones en la materia.
10
como las implicaciones ético-jurídicas, por parte de la Corte Constitucional, no solamente al tomar
la decisión de declarar un ECI penitenciario y carcelario, sino también en las implicaciones de esta
decisión en torno a la construcción de ciudadanía (Arcos, 2018; Arcos & Osorio, 2019). Un último
grupo de trabajos, por su parte, abordan estudios de casos sobre la manera cómo se manifiesta el
ECI penitenciario y carcelario en lugares como una cárcel municipal (Posada, & Guardia, 2021) y
las Estaciones de Policía (Consuegra & Moreno, 2020).
Es evidente que el Estado colombiano, al menos en materia ejecutiva y legislativa, aboga
por una erradicación del delito que conlleva a una serie de medidas que desconocen los derechos
y garantías fundamentales de la población privada de la libertad (Rodríguez, 2016), de ahí el papel
del ente judicial en cuanto actor garante de los derechos de esta población (Echeverry, 2017). En
ese sentido, actores como la Corte Constitucional han reconocido en esta población la existencia
de derechos como la dignidad humana (Arcos & Osorio, 2019), la igualdad, la integridad física y
moral del sujeto (Echeverry, 2017).
La limitante del papel del Estado colombiano, al momento de enfrentar, de manera integral,
el fenómeno del delito y la situación de las personas privadas de la libertad, tiene que ver también
con una serie de encrucijadas, mencionadas por Olarte (2021): la resolución de asuntos de orden
estructural se halla estancados por múltiples bloqueos que impiden su cumplimiento efectivo, entre
ellos algunos establecidos por el mismo sistema legislativo y judicial. Por otro lado, las medidas
exigidas por las Cortes, de inmediato cumplimiento, se hallan estancadas por consideraciones
burocráticas y por particularidades propias del campo penitenciario. Esto tiene que ver con lo
mencionado por Echeverry (2017), quien manifiesta que la Corte Constitucional intenta establecer,
mediante el ECI, una solución al problema penitenciario y carcelario, sin atender de fondo las
causas del delito, como las desigualdades sociales, las discriminaciones, como también la
11
criminalización de la protesta y del mismo ejercicio de la pobreza.
Este último es un asunto abordado por Giraldo (2021) quien, desde una perspectiva a favor
de las mujeres, concluye la existencia de unos procesos de criminalización y privación de la
libertad diversos, al menos en términos de categorías sexuales, para lo cual toma como ejemplo,
el tema de la feminización de la pobreza y los roles de género, que llevan a las mujeres
proveedoras del hogar a involucrarse con los delitos de drogas, delito por el cual son más
encerradas las mujeres en los centros de reclusión en el país.
Las reflexiones, a partir de la literatura revisada, tiende a atender también las implicaciones
sociales, respecto al trato digno de la población privada de la libertad. En ese sentido, Suárez,
Flórez & Flórez (2014) advierten que, al aumentar el uso de la pena privativa de la libertad como
función coercitiva impuesta por el Estado a la sociedad, no se ha logrado crear conciencia en torno
a la prevención del delito en la sociedad y, por tanto, no se ha logrado tampoco minimizar el índice
de criminalidad. De la misma forma, los trabajos de Arcos (2018) y Arcos & Osorio (2019) apuntan
a que la ciudadanía cuenta con una visión pesimista acerca del dolor que le es infringida a la
persona privada de la libertad y que, en ese sentido, se cuenta con una legitimidad social toda
forma de ostracismo, lo cual deja de lado la discusión, como sociedad, acerca de la necesidad de
un trato digno a dicha población.
De esta forma, un último conjunto de reflexiones, surgidas en la revisión de literatura previa
a este trabajo, surgen sobre la base de propuestas para promover y garantizar una gama de derechos
sobre este conjunto de la población. Por ejemplo, Olarte (2021) sugiere la implementación de
medidas excepcionales dirigidas a trasladar un segmento de la población privada de la libertad del
régimen intramural al domiciliario. Otras propuestas, como las de Posada & Guardia (2021),
sugieren la necesidad de formar en temas de protección de los derechos humanos al cuerpo de
12
custodia y vigilancia, así como la formulación de políticas sociales destinadas a garantizar la
dignidad humana de este sector social. Por otro lado, Consuegra y Moreno (2020) apunta a
establecer soluciones de fondo a temas como las personas procesadas y la solución en el
hacinamiento de las Estaciones de Policía, las cuales se han convertido en una problemática
adicional a la situación ubicada en el presente trabajo. Por último, Giraldo (2021) apunta a una
efectiva implementación del enfoque de género en las diversas medidas instauradas por la Corte
Constitucional a los centros de reclusión del país, en aras de superar el ECI.
En ese orden de ideas, el presente documento inicia con un análisis de los estándares
interamericanos de protección a las personas privadas de la libertad, partiendo del Informe
desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) sobre los derechos de
las personas privadas de libertad en las Américas, y la revisión de una serie de decisiones de la
Corte IDH posteriores a este informe que profundizan en las obligaciones del Estado sobre el tema.
En el segundo capítulo, se realiza un análisis documental de las sentencias T-153/1998, T-
388/2013 y T-762/2015 que reflejan el panorama y la crisis que caracteriza la situación
penitenciaria y carcelaria en el país. En este punto, se explica la declaratoria, por parte de la Corte
Constitucional, del ECI Penitenciario y Carcelario, como una forma de llamar la atención al estado
colombiano para adelantar soluciones a la problemática relacionada con el hacinamiento y la
provisión de servicios básicos a la población privada de la libertad.
En el tercer capítulo se analizan algunos documentos relacionados con la implementación
de las decisiones proferidas en las sentencias T-153/1998, T-388/2013 y T-762/2015, como son:
el Documento CONPES 3828/2015, los Autos Constitucionales 121/2018 y 110/2019, así como
los informes del gobierno nacional y de la Comisión de la Sociedad Civil para el seguimiento de
la Sentencia T-388/2013, las cuales exponen las diversas acciones desarrolladas por el estado
13
colombiano, posterior a las sentencias analizadas en el segundo capítulo, en vista de atender y
solucionar las problemáticas señaladas, ubicando sus avances, dificultades e intervenciones de la
Corte Constitucional al respecto. Además de eso, se ubica un acápite especial sobre las acciones
desarrolladas, tanto por el ejecutivo como por la Corte Constitucional, respecto a la atención de la
situación carcelaria en tiempos de la pandemia del COVID-19.
Con base en lo anterior, al final de este documento se formulan una serie de conclusiones
que hacen las veces de balance sobre la correspondencia de las medidas implementadas en
Colombia luego de las sentencias que declaran la existencia de un estado de cosas inconstitucional
para atender la crisis penitenciaria y carcelaria, y las obligaciones internacionales del Estado a
partir de los parámetros definidos por la CIDH y la Corte IDH.
14
Estándares Interamericanos de protección a las Personas Privadas de la Libertad
Una de las funciones de los Estados a la hora de garantizar la existencia de un orden social está
relacionada con el tratamiento de las personas que, por un motivo u otro, se encuentran privadas
de la libertad. Efectivamente, desde finales del siglo XVIII una de las preocupaciones que ha
acaparado la atención de los teóricos sociales está referida a las estrategias que utilizan los Estados
para limitar las libertades. Principalmente, las preguntas giran en torno a las posibilidades de la
cárcel como medio eficaz para garantizar la «resocialización» de las personas que han infringido
la ley.
En particular, dentro del contexto americano las discusiones han mostrado cómo la cárcel
ha sido utilizada por los Estados en el marco de las dictaduras y los estados de excepción, como
también casos en donde permanecen paradigmas del control social asociadas a entender las
problemáticas sociales como un asunto de individuos “desviados” (Pavarini, 2002), sin tener en
cuenta otras medidas, más amplias, de protección social, en especial, sobre la población más
vulnerable, económicamente hablando (Wacquant, 1999). En estos casos se ha observado que
quienes tienen un marco ideológico distinto son objeto de persecuciones, detenciones y condenas
arbitrarias. Asimismo, se ha encontrado que, en el caso de ser recluidos en prisión, se les restringen
las visitas, y en ocasiones son objeto de tortura y violencia sexual.
En América Latina se han presentado muchos escenarios problemáticos en materia de
respeto de derechos humanos frente a personas privadas de la libertad. Por ejemplo, situaciones
derivadas del aumento en la población carcelaria y, con ello, su hacinamiento; la existencia de
prácticas como torturas y otros tratos crueles sobre los cuerpos y las dignidades de la población
privada de la libertad; como también situaciones que afectan el goce efectivo del derecho a la salud
y al debido contacto con sus familias, en condiciones dignas.
15
Estas situaciones conllevan a que, dentro de contextos democráticos, la población privada
de la libertad y sus familias reclamen el cumplimiento y garantía de sus derechos. De esto surge la
necesidad de realizar reformas estatales al sistema penal y mejorar las condiciones de
infraestructura de los sitios donde las personas son recluidas. Frente a ello, y al agotar las instancias
del derecho interno, en ocasiones las personas acuden al Derecho Internacional en busca de la
satisfacción de sus derechos vulnerados. En consecuencia, el accionar de la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos ha sido crucial ante la necesidad de salvaguardar los derechos de la
población privada de la libertad.
En vista de rescatar su importancia, en el año 2011, la CIDH elaboró un informe en el que
recopilan los estándares y las principales sentencias de la Corte Interamericana, a favor de dicha
población. Por lo tanto, este capítulo tiene por objetivo reconstruir los estándares interamericanos
de protección de personas privadas de la libertad señalados en este informe por la CIDH. Para ello,
se hará una revisión general de los principales derechos vulnerados hacia este grupo poblacional,
para luego ubicar las garantías estatales sentenciadas por la Corte Interamericana en aspectos como
el debido proceso, condiciones dignas de reclusión, garantías de respeto a la vida y la integridad
personal, el control estatal frente a fenómenos de violencia carcelaria y una debida atención
médica.
En ese sentido, se describirá el Informe desarrollado por la CIDH (2011) sobre los derechos
de las personas privadas de libertad en las Américas, tomando en cuenta su importancia en materia
de recolectar los principales elementos ubicados en las sentencias de la Corte Interamericana sobre
dicha población, ubicando posteriormente algunos procesos y sentencias desarrollados con
posterioridad a la publicación del mencionado informe.
16
1.1. Informe de la CIDH sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las
Américas: finalidad y estructura
En el marco del seguimiento a la situación de la población privada de la libertad en la región, la
CIDH detectó una serie de escenarios en la que identificó un déficit de respeto y garantía de las
personas en esta condición. Algunas de éstas son el hacinamiento; condiciones deficientes de
infraestructura; violencia carcelaria y el uso excesivo por parte de las autoridades, de herramientas
legales e ilegales como la tortura, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones preventivas; entre
otras.
Con el fin de que los Estados conocieran de manera sistematizada sus obligaciones
internacionales frente a este tema, la CIDH decidió elaborar el Informe sobre los derechos de las
personas privadas de libertad en las Américas que fue publicado en el año 2011. En este informe,
la CIDH decidió “formular recomendaciones concretas a los Estados, orientadas a coadyuvar con
el pleno respeto y garantía de los derechos de los reclusos” (CIDH, 2011, p. 3). El Informe se
encuentra estructurado en seis partes referidas a distintos temas que, para la Comisión, afectan de
forma más contundente los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad:
a) la posición de garante del Estado frente a las personas privadas de libertad;
b) las garantías estatales al derecho a la vida;
c) el derecho a la integridad personal
d) la atención médica;
e) las relaciones familiares de la población privada de la libertad
f) Conclusiones y recomendaciones.
Para la elaboración de cada uno de los apartados que componen el Informe, la CIDH realizó
17
una revisión exhaustiva de las sentencias de la Corte Interamericana donde se identificaron
elementos clave con respecto a la defensa de los derechos fundamentales de la población en
cuestión Del mismo modo, la CIDH tuvo en cuenta, además de la Convención Americana sobre
derechos humanos, el marco normativo del derecho internacional de los Derechos Humanos
contenido en instrumentos como: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belém do Pará.
A continuación, se describirán resumidamente los principales hallazgos temáticos
realizados por la CIDH en este documento.
1.1.1. Sobre la posición de garante del Estado frente a las personas privadas de libertad
La garantía de los derechos humanos por parte de los Estados constituye un fin esencial y un marco
de alcances y límites respecto a su accionar legal. Es por ello que le corresponde garantizar el
orden, ejercer responsablemente el control social y establecer sanciones justas y proporcionales.
En ese sentido, la obligación de los Estados se centra no sólo en el reconocimiento de derechos
por parte de la población privada de la libertad, sino también en el ejercicio de todas las acciones
necesarias para garantizar su reconocimiento. Todo esto a través de medidas que permitan el goce
de sus derechos dentro del establecimiento respectivo, así como el desarrollo de acciones de
prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos (CIDH,
2011).
La primera garantía de los Estados frente a la población privada de la libertad consiste en
18
proporcionar un trato humano mientras se halle bajo su custodia. Esto implica para los Estados
garantizar el respeto a su dignidad y a sus derechos con estricto apego a los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos. Dicha garantía, de acuerdo con las sentencias de la Corte
Interamericana, se debe ejercer desde el momento en que las personas han sido detenidas por las
autoridades competentes, para lo cual se debe cumplir con los requerimientos debidos impuestos
por las leyes internas. Por ejemplo, la comparecencia de la persona detenida de forma personal
ante una autoridad competente, el derecho a que le conozca su versión de los hechos y a que se
determine si tiene derecho a la libertad o se la mantiene privada de su libertad (CIDH, Sentencia
Caso Vélez Loor Vs. Panamá, 2010; CIDH, Sentencia Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs.
Ecuador, 2007).
La segunda garantía, por parte de los Estados, consiste en proteger la vida e integridad de
la población privada de la libertad, brindando condiciones para la prevención y tratamiento frente
a fenómenos de violencia que les vulnere sus derechos. En este sentido, ha de mencionar el
Informe, los Estados cuentan con el deber y la responsabilidad de ejercer el control efectivo de los
centros penitenciarios, no solo en la provisión de seguridad interna y externa, sino también la
provisión de los elementos básicos necesarios para la vida del personal protegido y la prevención
de delitos cometidos desde las cárceles, todo enmarcado dentro de los estándares de derechos
humanos.
La tercera garantía de los Estados hacia la población privada de la libertad se encuentra en
las concernientes al control judicial efectivo en el proceso de detención. En ese sentido, la CIDH
(2011) es clara en ubicar la necesidad de autoridades competentes, independientes e imparciales,
que posean las facultades jurisdiccionales necesarias para ejercer una tutela judicial efectiva del
proceso. Cuando se detecte una vulneración al proceso, a la persona detenida se le garantizará el
19
derecho al Hábeas Corpus; es decir, el procedimiento jurídico mediante el cual cualquier persona
puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del
arresto. De acuerdo con la Sentencia del Caso Tibi Vs. Ecuador (CIDH, 2004), el Estado tiene,
tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de
proveer la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido. Del mismo modo,
este derecho debe ser garantizado en todo momento a la persona detenida por parte del Estado, aun
cuando se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretadas
(CIDH, Sentencia Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, 1997).
Para evitar toda forma de arbitrariedad, la garantía mencionada incluye la obligación de los
Estados a limitar el ejercicio de su autoridad sobre las personas detenidas, como también indicar
la privación de la libertad como un acto a producirse estrictamente en los casos o circunstancias
expresamente previstas en la ley y en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos a
tal efecto. Sentencias como el Caso de la “Panel Blanca” (CIDH, Paniagua Morales y otros Vs.
Guatemala, 1998), determinan la obligación estatal de garantizar la certeza y la publicidad del
registro de detenidos, en el entendido que se debe notificar en los archivos correspondientes la
identificación de las personas detenidas, motivo de la detención, autoridad competente, hora de
ingreso y de liberación e información sobre la orden de detención.
Del mismo modo, los tiempos para el debido proceso deben de cumplirse con el orden, el
personal y los tiempos establecidos por el ordenamiento jurídico. Sentencias como el Caso Tibi
Vs. Ecuador (CIDH, 2004) y el Caso Bulacio Vs. Argentina (CIDH, 2003) determinan que la
persona detenida, al momento de ser privada de su libertad y antes de que rinda su primera
declaración ante la autoridad, debe ser notificado de su derecho de establecer contacto con una
tercera persona.; por ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según
20
corresponda, para informarle que se halla bajo custodia del Estado. Esto último tiene especial
importancia cuando las personas detenidas son niñas, niños o adolescentes.
De la misma forma, las condiciones de detención deben ser abiertas, claras y expeditas,
evitando con ello toda forma de detención secreta y/o clandestina, haciendo uso de la
incomunicación sólo como medida excepcional. Por lo cual, ésta debe responder a criterios de
legalidad, necesidad, proporcionalidad, y atender a un fin legítimo en una sociedad democrática.
Una cuarta garantía fundamental de los Estados a la población privada de la libertad
consiste en la provisión de condiciones para un debido ingreso y en condiciones de salud
adecuadas. Para su implementación, se requiere la verificación de las órdenes de remisión a los
centros de detención, la debida identificación de la persona detenida y el respectivo conocimiento
de los derechos que, como recluso/sa, goza dentro del centro de detención. Del mismo modo, los
Estados cuentan con la responsabilidad de contar con registros expeditos de las personas que
cuentan bajo su custodia en calidad privativa de la libertad, cuya información debe ser tratada de
forma organizada y eficiente, centralizada y disponible para la obtención de datos y estadísticas
confiables. A su vez, se consigna el derecho de estas personas a un examen médico de ingreso con
la finalidad de evaluar el estado de salud de las y los reclusos, buscando con ello prevenir posibles
vulneraciones a su derecho a la vida e integridad.
Una quinta garantía, por parte de los Estados consiste en la provisión de personal
penitenciario acordes a los estándares de derechos humanos de las personas privadas de la libertad
y sus familias. Para ello, se requieren unos grados mínimos de garantía frente a dicho personal,
como son la idoneidad en cuanto a las características éticas y de formación que cuenta el personal
penitenciario para una efectiva labor en un contexto hostil como los centros de reclusión; el aporte
periódico de capacitación especializada, con énfasis en el carácter social de la función, con enfoque
21
en derechos humanos y de prevención del uso excesivo de la fuerza; brindando unas condiciones
laborales adecuadas en términos de implementos, salarios y servicios básicos.
Dichas condiciones, al ser satisfechas, facilitan el cumplimiento de una garantía
fundamental de los Estados con respecto a las personas privadas de la libertad, como es un uso
legítimo proporcional de la fuerza en caso de que las circunstancias así lo ameriten. Por ejemplo,
el empleo de armas letales sólo cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y
cuando resulten ineficaces las medidas menos extremas. Esta garantía implica, entre otras cosas,
la implementación por parte de los Estados de medidas apropiadas para prevenir la ocurrencia de
brotes de violencia y el uso de medidas de orden disuasivo que permitan evitar el uso de la
violencia física para hacer frente a la situación creada por las y los internos.
Por último, la población privada de la libertad, a pesar de contar con una limitación a
algunos de sus derechos cuenta con la garantía de los Estados hacia el goce de los mismos, sobre
todo a la hora de presentar recursos judiciales y quejas ante la administración de justicia. Esto cabe
dentro de sentencias como el Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú (CIDH, 1995), la cual determina
la necesidad de que las personas privadas de la libertad deben vivir en condiciones de detención
compatibles con su dignidad personal, exigiendo al Estado la garantía de sus derechos sin ser
objeto de ninguna restricción por parte de las autoridades. Para ello, los Estados deben garantizar
a la población bajo su custodia la existencia de los canales adecuados para la comunicación entre
ellas/os, sus familias y las entidades de administración de justicia. Lo anterior, con el fin de dar a
conocer sus peticiones, quejas y reclamos, y para que así mismo éstas sean tramitadas.
1.1.2. Sobre las obligaciones de los Estados frente el derecho a la vida
La protección de los Estados del derecho a la vida de la población privada de la libertad parte de
un estándar básico: la consideración de la vida como el más fundamental de los derechos dentro
22
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin su protección y garantía, es imposible que
puedan existir los demás derechos. Este derecho se encuentra consagrado en el Artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 4 de la Convención
Americana, el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 6 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 2 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos y el Artículo 4 de la Carta Africana de Derechos Humanos.
Frente al contexto mencionado, la posición garante de los Estados es mayor, dada la
condición de custodia de estos con respecto a las vulnerabilidades que puede sufrir la población
privada de la libertad. La vida se encuentra en peligro constante de ser comprometida, bien sea por
otras personas privadas de la libertad o por agentes estatales, debido al contexto hostil de las
cárceles. Por lo tanto, toda afectación a este derecho radica en el Estado la responsabilidad de
ejecutar acciones de investigación y esclarecimiento de los hechos cuando este derecho sea
vulnerado, independientemente de las circunstancias.
Dicha importancia se debe al contexto de violencia carcelaria existente en muchos países.
Dentro de las causales para la existencia de este fenómeno, la CIDH ubicó en su informe las
siguientes:
a) la corrupción y la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades;
b) la existencia de cárceles con sistemas de autogobierno en las que son los propios
presos quienes ejercen el control efectivo de lo que ocurre intramuros, en las que
algunos presos tienen poder sobre la vida de otros;
c) la existencia de sistemas en los que el Estado delega en determinados grupos de
reclusos las facultades disciplinarias y de mantenimiento del orden;
d) las disputas entre internos o bandas criminales por el mando de las prisiones o por
23
el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas;
e) la tenencia de armas de todo tipo por parte de los reclusos;
f) el consumo de drogas y alcohol por parte de los internos;
g) el hacinamiento, las condiciones precarias de detención y la falta de servicios
básicos esenciales para la vida de los presos, lo que exacerba las tensiones entre los
internos y provoca una lucha del más fuerte por los espacios y recursos disponibles
(CIDH, 2011, p. 111).
De ahí que, tanto la Corte como la CIDH insten a los Estados a promover medidas que
prevengan conductas asociadas a esta modalidad de violencia, y que den tratamiento a los factores
mencionados, ubicando el componente de prevención dentro de la integralidad del tratamiento a
una política carcelaria. De igual forma, los Estados deben contar con la disposición, los elementos
y las garantías necesarias para esclarecer los fenómenos de violencia carcelaria que conlleva a
vulnerar el derecho a la vida de la población recluida.
Un ejemplo importante para tener en cuenta en este caso, es la Sentencia del Caso “Instituto
de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay (CIDH, 2004), donde la Corte Interamericana estableció
la responsabilidad internacional del Estado paraguayo inter alia por tres incendios ocurridos entre
2000 y 2011 en el Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López”, en los que murieron en
total nueve adolescentes y al menos 41 resultaron heridos. Para la Corte, estas situaciones eran
evitables si el Estado paraguayo hubiese tomado las medidas de prevención en cuanto a
infraestructura y capacitación de personal requeridas. De igual forma, la Corte en la sentencia del
Caso Bulacio Vs. Argentina (CIDH, 2003) afirma que la víctima, un joven de 17 años, aprehendido
el 19 de abril de 1991 en medio de una detención masiva, falleció siete días después de su arresto
a causa de un “traumatismo craneano” provocado por una brutal golpiza a la que fue sometido por
24
agentes policiales.
Otra posibilidad de afectación al derecho a la vida, tiene que ver con las acciones
imputables a los Estados, como son las ejecuciones extrajudiciales, los actos de tortura o tratos
crueles, inhumanos y degradantes que han resultado en la muerte de la víctima, y las desapariciones
forzadas de personas privadas de libertad. En ese sentido, en el caso que la persona privada de la
libertad falleciera dentro del penal, el Estado debe brindar una explicación satisfactoria y
convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante
elementos probatorios válidos (CIDH, Sentencia Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras,
2003), llevando a cabo un proceso de investigación serio e imparcial que considere todos los
posibles móviles de los hechos bajo un carácter de imparcialidad y bajo unas líneas lógicas
definidas (CIDH, Sentencia Caso Escué Zapata Vs. Colombia, 2007).
Para ello, el informe de la CIDH (2011) recomienda a los Estados la implementación de
medidas como el mantenimiento del control efectivo de los centros de privación de libertad y la
prevención de hechos de violencia; el control judicial de la privación de la libertad; el ingreso,
registro y examen médico inicial de las personas privadas de la libertad; el uso proporcional de la
fuerza por parte de las autoridades encargadas de los centros de privación de libertad y el derecho
a la atención médica.
De la misma forma, la CIDH recomienda la adopción de medidas de orden estructural de
los centros de privación de libertad para que se mantengan en condiciones que permitan reducir al
mínimo posible la ocurrencia de fenómenos de violencia carcelaria, incendios y otros accidentes
que puedan poner en peligro la vida de la población en custodia.
1.1.3. Sobre las obligaciones de los Estados frente a la integridad personal
Así como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal se constituye como pilar
25
fundamental en el ejercicio de todos los otros derechos. La CIDH, en el análisis de sus estándares,
precisa la protección de la seguridad ciudadana como un fin de los Estados para la consecución de
una sociedad democrática, razón por la cual toda forma de abuso hacia dicho ejercicio se constituye
como un factor de riesgo para la seguridad mencionada.
En el Sistema Interamericano el derecho a la integridad personal está prescrito
principalmente en los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana y el artículo 5 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. Esta última ubica una claridad importante, ya que
bajo ninguna circunstancia es posible suspender el ejercicio de este derecho.
En ese sentido, un aspecto esencial del derecho a la seguridad personal es la absoluta
prohibición de la tortura o cualquier otra forma de tratos crueles y degradantes para los seres
humanos. Dicha premisa es la base para la Convención contra la Tortura de 1987. En relación con
lo anterior, la Corte Interamericana acoge la concepción de tortura definido desde el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos como
Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o
sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier
otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica (CIDH, 2011, p. 133).
Por ello, el Sistema Interamericano, ha definido que, para la existencia de un caso de
tortura, debe acometerse las siguientes características: (a) que sea un acto intencional; (b) que
cause severos sufrimientos físicos o mentales; y (c) que se cometa con determinado fin o propósito.
Por tal motivo, desde la Corte Interamericana se asegura que su prohibición es absoluta e
26
inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha
contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o
conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras
emergencias o calamidades públicas.
Del mismo modo, estableció que “las amenazas y el peligro real de someter a una persona
a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que
puede ser considerada tortura psicológica” (CIDH, Sentencia Caso Cantoral Benavides Vs. Perú,
2000, p. 69), o al menos tratamiento inhumano. Sin embargo, el análisis de la gravedad de los
comportamientos mencionados es relativo a todas las circunstancias del caso, tales como la
duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales; y, en algunos casos, el sexo, edad y estado
de salud de la víctima, entre otros. Lo anterior, teniendo en cuenta factores endógenos y exógenos
que deberán ser demostrados en cada situación concreta (Sentencia Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri Vs. Perú, 2004; Sentencia Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, 1997; CIDH, Sentencia Caso
Fleury y otros Vs Haití, 2011).
En caso de que se denuncie un caso de tortura al interior de un centro de reclusión, el Estado
tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita
identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables. Por ello, debe partir del testimonio de
la víctima o persona cercana como elemento probatorio fundamental (CIDH, Sentencia Caso Tibi
Vs. Ecuador, 2004; Sentencia Caso Vélez Loor Vs. Panamá, 2010), cuyo proceso de
documentación debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia,
diligencia y acuciosidad. Este proceso tendrá que orientarse a la determinación de la verdad y a la
debida protección de la víctima, y conducirse dentro de un plazo razonable, lo cual debe ser
garantizado por los órganos judiciales intervinientes. (CIDH, Sentencia Caso Bueno Alves Vs.
27
Argentina, 2007; Sentencia Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador, 2007; CIDH, Caso Bulacio
Vs. Argentina, 2003).
Además, la Corte Interamericana en sus sentencias ha ubicado la limitación de los Estados
a recurrir a las torturas y tratos crueles como mecanismos de coacción para lograr confesiones u
obtener testimonios frente a investigaciones en curso. Para la muestra, se encuentra la sentencia
del Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México (CIDH, 2010) donde la Corte manifiesta
que, al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la
voluntad de la persona, implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del
proceso judicial.
Sumado a ello, la Sentencia del Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago (CIDH, 2005) limita a
los Estados de abstenerse a imponer penas corporales contra la población reclusa. Del mismo
modo, la Sentencia del Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (CIDH, 2006), determinó la
existencia de una práctica de torturas caracterizadas por golpes con diversos elementos en los
cuerpos de los reclusos, mientras debían transitar por un “callejón oscuro”, como una forma de
castigo colectivo implantado por las autoridades del penal. Frente a ello, la Sentencia del Caso
Girón & Otro Vs Guatemala (CIDH, 2019) determina que el uso de la fuerza por parte de los
cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por un caso de excepcionalidad, es decir, cuando
se han agotado las demás formas de control. Igualmente, manifiesta que esta práctica debe limitarse
a un criterio de proporcionalidad por parte de las autoridades.
Adicionalmente, diversas sentencias han ubicado una multiplicidad de circunstancias que,
combinadas pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes en los términos de
los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, como son: la falta de infraestructuras adecuadas; la
reclusión en condiciones de hacinamiento; sin ventilación, luz natural ni salubridad; sin camas
28
(durmiendo en el suelo o en hamacas); sin atención médica adecuada ni agua potable; sin
clasificación por categorías (por ejemplo, entre niños y adultos, o entre procesados y condenados);
sin servicios sanitarios adecuados (teniendo que orinar o defecar en recipientes o bolsas plásticas);
sin condiciones mínimas de privacidad en los dormitorios; con alimentación escasa y de mala
calidad; con pocas oportunidades de hacer ejercicios; sin programas educativos o deportivos, o
con posibilidades muy limitadas de desarrollar tales actividades; con restricciones indebidas al
régimen de visitas; con la aplicación periódica de formas de castigo colectivo y otros maltratos; en
condiciones de aislamiento e incomunicación; y en lugares extremadamente distantes del domicilio
familiar y bajo condiciones geográficas severas.
De ahí surge la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para
asegurar, en las circunstancias mencionadas, la protección efectiva de los derechos humanos en
las relaciones interindividuales, siendo de responsabilidad estatal la omisión en su deber de
prevenir las violaciones a los derechos humanos cometidas por terceros (CIDH, Sentencia Caso
Ximénez López Vs. Brasil, 2006; CIDH, Sentencia Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú,
2006; CIDH, Sentencia Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, 2006;
CIDH, Sentencia Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, 2004).
Para ello, y tomando en consideración la Sentencia del Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia) Vs. Venezuela (2006), la CIDH (2011) determina que, en caso de hacer efectivo
el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, se deben cumplir los siguientes estándares:
a) De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les
está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se
encuentren bajo su jurisdicción.
b) El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por
29
criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, […] sólo podrá
hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan
fracasado todos los demás medios de control. En un mayor grado de excepcionalidad se
ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de los agentes de seguridad
contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional
deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea
minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el absolutamente necesario en
relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Los Estados deben priorizar la
prevención de la violencia a un sistema de acciones de represión. Estos deben adoptar todas
aquellas medidas dentro de su ordenamiento para prevenir la ocurrencia de actos de
violencia a los que luego haya que responder mediante el uso de la fuerza.
c) Los Estados deben crear un marco normativo que regule el uso de la fuerza por parte de
agentes estatales, en particular deben establecer pautas suficientemente claras para la
utilización de fuerza letal y armas de fuego.
d) Los miembros de los cuerpos armados y los organismos de seguridad deberán recibir el
entrenamiento y capacitación adecuados que incluyan la instrucción en normas
fundamentales de derechos humanos y los límites aplicables al uso de la fuerza.
e) Debe existir un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza. Una
vez que se tenga conocimiento de que miembros de las fuerzas de seguridad han hecho uso
de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado debe iniciar de oficio y sin dilación
una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público. En la que se
respete además la independencia de las autoridades encargadas de conducir las
investigaciones (p. 86 – 87).
30
1.1.4. Sobre las obligaciones de atención médica y el derecho a la salud
De la misma forma en que se defienden los derechos a la vida y la integridad personal, la provisión
de atención médica adecuada a las personas privadas de la libertad se ubica como un estándar que
extiende la obligación estatal a la protección de dicha población dentro y fuera de los centros de
reclusión.
El ejercicio de este derecho implica situar consideraciones importantes: primero, su
garantía corre por cuenta del personal idóneo, de acuerdo al requerimiento o circunstancia debida
para la atención. En segundo lugar, el Principio X de los Principios y Buenas Prácticas de la CIDH,
parte de una concepción ampliada e integral de salud, la cual se materializa en el derecho que
gozará la población privada de la libertad por disfrutar del más alto nivel posible de bienestar
físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica
adecuada. Dicho principio ubica también la obligación de los Estados a garantizar que estos
servicios se brinden, así como ofrecer a la población privada de la libertad los tratamientos y
medicamentos requeridos para el goce efectivo de la salud integral, mediante criterios de buenas
prácticas y autonomía.
Los estándares enunciados parten del principio de que la pérdida de libertad no debe
representar jamás la pérdida del derecho a la salud, y mucho menos el aumento de enfermedades,
padecimientos físicos y mentales adicionales a la privación de libertad en sí. Esto recae de forma
especial a grupos considerados de alto riesgo como: las personas adultas mayores, las mujeres, los
niños y las niñas, los jóvenes y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas
portadoras del VIH/SIDA y tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal.
Es necesario considerar los aportes de la Corte Interamericana a la protección de los
derechos de la población privada de la libertad en lo que a atención médica se refiere. En primera
31
medida, la Corte estableció que, conforme al Artículo 5 de la Convención Americana, el Estado
tiene el deber de proporcionar a dicha población la revisión médica regular, su atención y
tratamiento adecuados cuando así se requieran, como también el deber estatal de permitir y facilitar
que dicha población sea atendida en lugares y por personal facultados/as elegidos/as por dichas
personas y/o sus allegadas (CIDH, Sentencia Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia)
Vs. Venezuela, 2006; CIDH, Sentencia Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, 2005; CIDH,
Sentencia Caso Tibi Vs. Ecuador, 2004)
Por otro lado, sentencias como la del Caso Vélez Loor Vs. Panamá. (2010); y el Caso Vera
Vera y otra Vs Ecuador (CIDH, 2011) es reiterativa frente a la condición a la que se expone la
población privada de la libertad dentro de un centro reclusorio, y le atribuye al Estado la
responsabilidad total. Éste al ser garante de derechos como la vida y a la integridad personal, debe
salvaguardar la salud de dicha población brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica
requerida, cuya provisión es un requisito material mínimo e indispensable que debe ser cumplido
para garantizar un trato humano a las personas bajo su custodia (CIDH, Sentencia Caso García
Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, 2005).
La atención médica requerida deberá ser brindada conforme a su situación real y
dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que
padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos (CIDH, Sentencia Caso
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, 2006). Así mismo, debe ser
proporcionada por el personal médico idóneo y adecuado, ubicando como condiciones agravantes
para su atención la responsabilidad directa de los agentes de seguridad al momento de provocar el
percance de salud. Igualmente, debe garantizar la atención a aquellas personas privadas de libertad
que sufren enfermedades, pues la falta de tratamiento puede ocasionar la muerte (CIDH, Sentencia
32
Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, 2006; CIDH, Sentencia Caso Fleury y otros Vs
Haití, 2011).
Por último, el Estado cuenta con la responsabilidad de regular y fiscalizar toda la asistencia
de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida
y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de
carácter público o privado (CIDH, Sentencia Caso Ximénez López Vs. Brasil, 2006).
Particularmente, que las y los profesionales de la salud que brinden la atención médica a la
población privada de la libertad, actúe con total autonomía e independencia, libres de cualquier
forma de injerencia, coacción o intimidación por parte de otras autoridades, bien sea que dicha
atención se realice dentro del penal o en un hospital externo a donde sea remitida la persona (CIDH,
Sentencia Caso Vélez Loor Vs. Panamá, 2010; CIDH, Sentencia Caso Bayarri Vs. Argentina,
2008; CIDH, Sentencia Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, 2006).
1.1.5. Sobre los deberes del Estado frente a los familiares y sus relaciones con los
internos
Hasta este punto, el Informe de la CIDH se concentró en los derechos de la población privada de
la libertad. Sin embargo, realizó un capítulo referente a los derechos de las familias de la población
carcelaria. Estos derechos parten de la obligación de los Estados, a “facilitar y reglamentar el
contacto entre los reclusos y sus familias, y de respetar los derechos fundamentales de éstos contra
toda interferencia abusiva y arbitraria” (CIDH, 2011, p. 218). Los estándares se realizan con base
al respeto y garantía de los derechos humanos establecidas en el Artículo 1.1 de la Convención y
del deber específico de proteger a la familia de que trata el Artículo 17.1 de la misma, a través de
tres vías básicas, como son la correspondencia, las visitas domiciliarias y las llamadas telefónicas.
La importancia del apoyo familiar a la población privada de la libertad es fundamental,
33
tanto en aspectos emocionales como en la provisión del sustento material, dada la ausencia en
muchos de los centros penitenciarios de elementos básicos para la supervivencia de esta población
por parte de los Estados.
La CIDH, en su Informe, observa dos grandes obstáculos para el mantenimiento de una
interacción normal entre la población privada de la libertad y sus familias, como son la falta de
condiciones para que las visitas puedan llevarse a cabo de forma digna, con condiciones aceptables
de privacidad, higiene y seguridad; y el trato humillante o denigrante hacia los familiares de los
reclusos por parte de las autoridades durante los días de visitas.
Un primer derecho señalado tiene que ver con la facilitación del contacto entre la persona
privada de la libertad con su familia, a través de mecanismos como las llamadas telefónicas, el
envío de correspondencia y las visitas. Frente a ello, los Estados cuentan con la obligación positiva
de garantizar las debidas condiciones de infraestructura para su goce efectivo. Esto frente a la
carencia, evidenciada por la CIDH, de instalaciones y las condiciones mínimas necesarias para que
las visitas puedan realizarse en un ambiente que ofrezca un mínimo de privacidad, higiene y
seguridad para las y los visitantes. Del mismo modo, en el Informe se indica que:
En muchos casos la falta de espacios adecuados obliga a las familias a reunirse en las
propias celdas, pasillos, pabellones e instalaciones internas en las que habitan los reclusos;
y en muchos casos también, los familiares que acuden a las visitas están considerablemente
expuestos, e incluso sometidos a las dinámicas de violencia que imperan en las cárceles
(CIDH, 2011, p. 220).
Por lo tanto, la obligación de los Estados no solo consiste en la provisión básica de
elementos para la población privada de la libertad, sino también la garantía estatal para brindar las
condiciones, tanto de infraestructura como de seguridad para el ejercicio del derecho al contacto
34
con las familias. Debido a esto, se encuentra también la obligación de garantizar el libre acceso de
la población privada de la libertad a los recursos que tienen derecho, así como la participación de
las familias dentro del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de la
población privada de la libertad (CIDH, Sentencia del Caso Tibi Vs. Ecuador, 2004; CIDH, Caso
Bulacio Vs. Argentina, 2003; CIDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, 2006).
Dentro de los estándares, la Corte Interamericana insta a los Estados a promover al interior
de los centros penitenciarios, la ubicación de un espacio propio para las visitas, el no cobro del uso
de los teléfonos o el servicio de correspondencia por parte de las autoridades. Sin embargo, esto
se condiciona, de acuerdo con CIDH (2011), a los controles que las autoridades deben realizar para
que, durante el ejercicio de los contactos, no se lleven a cabo prácticas como el ingreso de objetos
indebidos a los centros de privación, como equipos de comunicación, dinero y sustancias
psicoactivas.
Del mismo modo, los Estados deben garantizar que los espacios para las visitas íntimas
destinados a esta población se encuentren en condiciones higiénicas, infraestructura y de respeto
dignos, evitando con ello prácticas como, por ejemplo, que las parejas tengan que visitar a la
población reclusa dentro de sus celdas. A su vez, este derecho se encuentra condicionado por el
ejercicio de las autoridades para prevenir casos como el ejercicio de la prostitución dentro de
dichos establecimientos.
Así mismo, la Comisión Interamericana detalla en su Informe (2011) la necesidad de que
las familias de esta población no sufran tratos denigrantes o sean vulneradas por las autoridades al
momento de ejercer su derecho a la visita de sus familiares. Esto se debe a la existencia de
situaciones como filas extenuantes que, por varias horas, tienen que soportar el grupo de visitantes,
entre ellos adultos mayores y niñas/niños; como también la revisión de las cavidades vaginales y
35
tocamientos a mujeres y niñas por parte de las autoridades en condiciones insalubres. Ante ello, la
CIDH aduce que dichas revisiones corporales deben desarrollarse de acuerdo a criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, sin vulnerar la dignidad humana de la persona que
es sometida a ellas, prohibiendo ultimadamente la realización de prácticas como las revisiones
vaginales y anales.
Por último, cabe reiterar el derecho que cuentan las personas privadas de la libertad y sus
familias a no ser separadas mediante prácticas como los traslados de detención a sectores
extremadamente lejanos, lo cual dificulta el ejercicio de derechos como las relaciones familiares y
la protección de la familia. Del mismo modo, al dificultar el acceso de sus abogadas/os con sus
defendidas/os, dadas las condiciones de distancia, se comete una vulneración al debido proceso,
por las dificultades de sus defensoras/es a participar en procesos como la comparecencia al juicio
u otras diligencias procesales. En ambos casos, los Estados cuentan con la obligación de analizar
los procesos de traslado de la población privada de la libertad, garantizando que sus nuevos sitios
de reclusión se encuentren cercanos a los domicilios familiares y de su respectiva defensa.
1.1.6 Conclusiones y recomendaciones finales del informe
A lo largo del presente capítulo, se ha evidenciado la existencia de un sustento jurídico basado en
el Derecho Internacional Americano, ligado a la defensa de los derechos fundamentales de la
población privada de la libertad, los cuales fueron sustentados a partir de las sentencias de la Corte
Interamericana y el Informe de la CIDH (2011) sobre la población en cuestión. Esto, partiendo del
fin primordial de la reforma y la readaptación social de las personas que son, efectivamente,
detenidas y condenadas por la violación de las reglas de convivencia y seguridad ciudadana.
Ubicadas estas claridades, las recomendaciones del Informe de la Comisión Interamericana
manifiestan las obligaciones estatales en materia de protección a este grupo poblacional. A partir
36
del Artículo 5.6 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se resumen las siguientes:
a) Garantizar que las personas privadas de la libertad cuenten con asistencia y oportunidades
necesarias para desarrollar su potencial individual y hacer frente de manera positiva a su
retorno a la sociedad, prohibiendo a los Estados cualquier intento por entorpecer este
desarrollo. Para lo cual se fomenta la promoción de programas de educación y manejo del
tiempo donde se les brinda oportunidades de establecer aprendizajes y oficios que pueden
ser aprovechados una vez queden en libertad. Se tiene claro que dichos programas parten
de la voluntad de la población privada en pertenecer a ellos y se les debe considerar como
un estímulo para el equilibrio emocional, la promoción de la rehabilitación y el desarrollo
de la dignidad humana.
b) Adoptar marcos normativos y políticas públicas integrales, orientadas a la readaptación
social y la rehabilitación personal de los condenados, que le permita a esta población
prepararse para un retorno a la sociedad con oportunidades para resarcir ante ella los daños
que le hubiera ocasionado.
c) Proporcionarles un trato humano mientras se hallen bajo su custodia, protegiendo la vida e
integridad de la población privada de la libertad.
d) Precaver un control judicial efectivo en el proceso de detención. Para ello, los Estados
deben brindar unas condiciones, tanto de personal como de infraestructura, que permita
garantizar unas condiciones de vida digna a dicha población, en términos de prevención y
tratamiento frente a situaciones que les vulnere sus derechos.
e) Materializar el debido proceso legal, un efectivo y correcto diligenciamiento de los
formatos requeridos y, ante todo, celeridad en los procesos jurídicos concernientes a la
legalización de captura, juicios y condenas. Resaltando para ello, que las personas
37
procesadas les asisten los derechos a una defensa jurídica idónea, a que sean escuchadas
dentro del proceso y al Hábeas Corpus cuando se demuestra de que existan irregularidades
en el proceso de captura y detención. Esto conlleva, no solamente a garantizar el debido a
la integridad personal y al debido proceso, sino también a descongestionar el sistema
carcelario y de administración de justicia, cuyas fallas conllevan a una vulneración de los
derechos de esta población, máxime cuando no se comprueba el ejercicio de un delito por
parte de la persona detenida.
f) Garantizar que las personas privadas de la libertad cuenten con el contacto y la protección
de sus familias, en lo concerniente a distancias justas entre los centros carcelarios y los
hogares. Así mismo que esto se haga en condiciones de salubridad e infraestructura.
g) Adelantar procesos de investigación efectiva, en el caso que se presenten violaciones a los
derechos de la población privada de la libertad. Estas investigaciones deben permitir
identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, bajo criterios de independencia,
imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad, aprovechando los medios legales
disponibles. Igualmente, debe estar orientada a la determinación de la verdad, justicia y
reparación, en unos tiempos precisos y evitando la generación de fenómenos de impunidad
que, contrario a resolver la situación, tiende a agravarla.
h) Establecer medidas concernientes a la protección de la vida y la integridad de la población
privada de la libertad, bajo condiciones de infraestructura y de personal capacitado que les
permita disfrutar de un goce efectivo de ambos derechos. En ese sentido, resulta execrable
la permanencia de prácticas al interior de los centros penitenciarios como la tortura y los
tratos crueles, así como cualquier acto que conlleva a degradar la dignidad humana de estas
personas por parte de las autoridades.
38
i) Contar con políticas y programas de salud adecuadas para dicha población. Para esto se
debe disponer de personal idóneo y recursos adecuados para el desarrollo de los
procedimientos necesarios para garantizar una adecuada salud física, emocional y mental
de esta población, ofreciendo las condiciones mínimas de higiene y atención médica.
39
Estado de cosas inconstitucional: situación Carcelaria en Colombia desde 1998
Uno de los principios de los estados integrantes de la Corte y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, consiste en la obligatoriedad de aterrizar sus mandatos en los sistemas
jurídicos internos, en especial el contenido de las sentencias emitidas por el tribunal
interamericano, con el objetivo de brindar una mayor garantía de los derechos a la población.
Dentro de este ejercicio, el Estado colombiano ha construido un entramado jurídico de derechos y
garantías para la población privada de la libertad que se encuentre en su territorio, incluyendo el
Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.
Sin embargo, a lo largo de los últimos veinticinco años, dicha población ha manifestado su
inconformismo, dentro de los estrados judiciales, sobre las condiciones en las cuales se encuentran
recluidos en las cárceles del país. Al no encontrar las garantías jurídicas, por parte de los jueces y
entidades administrativas de los centros de reclusión, para resarcir sus derechos vulnerados,
algunos integrantes de esta población han recurrido a la Corte Constitucional, como máxima
guardiana en la aplicabilidad de las leyes sobre la sociedad civil. Lo anterior con el fin de solicitar
una revisión del estado de las cárceles, el respeto de unos mínimos de sobrevivencia en lo que se
refiere a la permanencia dentro de dichos lugares, así como un debido proceso jurídico y garantías
de resocialización a la población civil, apenas recuperen su libertad.
Frente a esto, la Corte Constitucional ha emitido importantes pronunciamientos, en los
cuales llaman la atención al Estado colombiano por la situación penitenciaria y carcelaria en el
país, a tal punto de hacer uso de la figura del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), como
mecanismo de alerta ante la situación de vulnerabilidad que vive la población privada de la libertad
en el país. Gran parte del andamiaje jurídico y argumentativo en que la Corte Constitucional se
40
soporta para tomar tales determinaciones proceden, precisamente, de analizar los estándares
internacionales de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad a la luz del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por tal motivo, el presente capítulo pretende ubicar y analizar el ejercicio adelantado por
la Honorable Corte Constitucional, en lo que se refiere a la situación penitenciaria y carcelaria en
el país, a partir del año 1998 hasta el año 2015, cuando emite tres importantes sentencias en ese
sentido: la Sentencia T-153 de 19982, la Sentencia T-388 de 2013 3 y la Sentencia T-762 del 20154.
De ellas, se extraen los hechos que ocasionan su promulgación por parte de la Corte Constitucional,
los argumentos esgrimidos por este tribunal y las decisiones de fondo tomadas.
2.1. Estreno del ECI sobre la situación penitenciaria y carcelaria en el país: La Sentencia T-
153/1998
Esta sentencia nace por dos acciones de tutela interpuestos por los ciudadanos Manuel José Duque
Arcila y Jhon Jairo Hernández y otros, respectivamente, contra el Ministerio de Justicia y del
Derecho, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, por las situaciones
presentadas en los centros de reclusión Bellavista en Medellín y La Modelo en Bogotá.
En el primer caso, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
admitió la tutela interpuesta el 2 de mayo de 1997 por Manuel José Duque, alegando que, tanto el
Ministerio como el INPEC, vulneraron sus derechos humanos al no tomar medidas para solucionar
la situación de hacinamiento en la que se encontraba junto con los reclusos del centro carcelario
Bellavista de Medellín. Esgrimió las deficientes condiciones para la habitabilidad del penal, en
2 Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 3 Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa 4. Magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado
41
especial, la elevación de la temperatura al interior de las celdas, producto del hacinamiento.
Frente a este hecho, el director del penal admitió la existencia de dicho hacinamiento,
aclarando que la entidad responsable por la situación demandada no era el INPEC, pues todo
obedecía a las consecuencias propias de la política criminal colombiana. A manera de ilustración,
el funcionario señaló que las Leyes 40 de 1993, 228 de 1995, 292 de 1996 y 360 de 1997 buscaron
apelar a la reclusión, al incremento de penas y a la restricción de los beneficios de excarcelación
como remedio para hacer frente a los desajustes sociales. Como consecuencia, dicha cárcel
sobrepasó la ocupación establecida de 1.500 personas, llegando a 4649 personas privadas de la
libertad.
Sin embargo, llaman la atención las respuestas del Ministerio de Justicia y el INPEC al
respecto. Mientras que el Ministerio afirmó que la competencia de la denuncia proferida
únicamente recae al INPEC, como entidad independiente de sus funciones, el INPEC sostuvo que
la situación expuesta en Medellín es reflejo de una problemática estructural en las cárceles del
país, remitiendo dicha responsabilidad al Ministerio de Justicia. Esto, debido a que el hacinamiento
se asocia a problemas derivados del incremento en la delincuencia, a demoras en los procesos
judiciales y la falta de presupuesto para las mejoras en infraestructura; lo cual impide avanzar con
celeridad en los procesos contra las personas sindicadas, y lograr condiciones de vida digna en el
conjunto de la población recluida en las cárceles.
El 13 de mayo de 1997, la Sala negó la tutela interpuesta, aduciendo que la misma se dirigía
hacia la construcción de obras materiales para el bienestar de la población recluida en Bellavista.
La decisión fue recurrida y confirmada, el 16 de junio de 1997, por la Sala de Casación Civil y
Agraria de la Corte Suprema de Justicia. Si bien, la Corte reconoció la existencia de unas
problemáticas de orden estructural, también consideró que una acción de tutela no puede ordenar
42
que se realicen construcciones necesarias para ofrecer a los reclusos condiciones mínimas de vida,
pues ello es competencia de las autoridades administrativas.
Ahora bien, con respecto a la situación en la Cárcel Nacional Modelo, la tutela señala los
riesgos para los derechos fundamentales a la salubridad, igualdad, privacidad e intimidad de los
presos ubicados en los pabellones 3, 4 y 5, debido a un plan de remodelación en la infraestructura
de los pabellones referidos, las cuales omitieron las exigencias de tipo técnico, humanitario y legal
solicitado por los presos. Tomando un ejemplo expuesto por ellos, las nuevas celdas por construir
acomodarían a un mínimo de cuatro internos dentro de un espacio de 6.60 metros cuadrados, lo
cual impide la libertad de movimiento y, con ello, aumentaría la situación de hacinamiento y
desmejoraría las precarias condiciones de vida de la población carcelaria. Dicha situación, de
acuerdo con la tutela, afectaría su salud física y mental, dificultando también el ejercicio de
derechos como la intimidad al momento de las visitas familiares y conyugales.
Frente a esta acción, el 12 de agosto de 1997, el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de
Bogotá admitió la tutela y solicitó al INPEC que se manifestara al respecto, adjuntando copias de
los documentos donde fundamentan el proyecto de remodelación y adecuación de las celdas de los
pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Cárcel Modelo. Sin embargo, el 21 de agosto del mismo año, el
Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá denegó la tutela, declarándola improcedente, bajo
la consideración de que existían otros medios de defensa para la protección de los derechos
exigidos. Los argumentos señalados por el Juzgado determinan que, en tanto las obras fueron
adjudicadas mediante una licitación pública, la obra debió ser tutelada ante la jurisdicción
contencioso administrativa con el objeto de obtener la nulidad del contrato, reconociendo el
incumplimiento de las normas establecidas para la construcción de las celdas. De igual forma, el
Juzgado advirtió que los tutelantes debieron invocar una acción de cumplimiento, con el fin de
43
solicitar la vigencia de los mandatos internacionales existentes. La decisión fue recurrida y
conocida por la Corte Constitucional.
En el trámite procesal de ambas tutelas, la Sala de Decisión de la Corte ordenó la práctica
de inspecciones judiciales a las Cárceles Modelo y Bellavista, con participación de delegados de
la Defensoría del Pueblo, a fin de verificar la información expuesta en las tutelas impetradas. En
ambas visitas, la población privada de la libertad les expuso sus condiciones infrahumanas de
existencia al interior de los penales, indicando que a ellos no se les ha tenido en cuenta en lo que
a planes de remodelación de los penales se refiere. De igual forma, la población consultada se
quejó por la falta de celeridad por parte de los jueces de penas, en las solicitudes de libertad
condicional, las cuales les eran negadas, lo que agrava las condiciones de hacinamiento dentro de
los centros de reclusión y, a su vez, obstaculiza la existencia de debidas resocializaciones.
2.1.2. Argumentos
Desde este punto, la Corte trató de establecer si las condiciones en que se encontraban albergados
los reclusos de las Cárceles Modelo y Bellavista, constituyeron una vulneración de los derechos
fundamentales de los internos y, en caso de ser así, si las acciones de tutela son procedentes para
exigir el remedio a las condiciones señaladas.
De acuerdo con las inspecciones mencionadas, se pudo constatar que las condiciones en
las dos cárceles tuteladas, atentan efectivamente contra la dignidad humana y, por ende, contra los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Retomando la respuesta interpuesta
por el INPEC en la demanda contra la Cárcel Bellavista de Medellín, dicha situación es estructural
en las demás cárceles del país. Para ello, presentaron un informe retomado en el ejercicio
argumentativo de la Corte Constitucional, donde data un nivel de hacinamiento en el país del
45,3% en los centros de detención; es decir, para el año 1997, en un país con cupos existentes para
44
28.300 personas privadas de la libertad, en realidad se contaba con un número cercano a 40.000
personas en dichos lugares.
En un intento por disminuir tal cifra, el gobierno nacional expidió la Ley 415 de 19975, la
cual pretendió descongestionar las cárceles, mediante el otorgamiento de libertad condicional a las
personas condenadas por determinados delitos, con penas superiores a tres años, con 3/5 partes de
la condena cumplidas y hubieran mantenido buena conducta. Sin embargo, no se avanzó con el
objetivo propuesto, de acuerdo al Ministerio de Justicia, por la insuficiencia de jueces de penas
que hicieran efectivos los beneficios. Del mismo modo, el INPEC señaló que los delitos señalados
para la excarcelación, en gran parte de la población privada de la libertad, se encuentran
relacionados con otros delitos de mayor gravedad que les excluyen del beneficio mencionado.
Por ello, la Corte se pregunta por las causas del elevado hacinamiento mencionado por el
INPEC en sus cifras, encontrando una de ellas en el aumento de detenciones preventivas emitidas
por las administraciones de justicia y de la fuerza pública. Sin embargo, para la Defensoría del
Pueblo, se comete un abuso contra dicha medida, lo cual se relaciona con la mínima o nula
aplicación de los subrogados penales. Para la muestra, la Corte señala que, de las 42.454 personas
confinadas en los penales colombianos al 31 de octubre de 1997, 19.515, el 46%, eran sindicadas.
Adicional a ello, el hacinamiento aumenta, de acuerdo con la Corte, cuando la detención preventiva
se prolonga por un tiempo excesivamente largo, sin una determinación precisa de cada situación
jurídica.
Otro tema señalado por la Corte respecto a las causas del hacinamiento carcelario está
relacionado con su infraestructura. Las visitas técnicas ordenadas por la Corte señalan que ésta no
se adecúa a las necesidades de la población privada de la libertad, ya que varias de ellas se
5 Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras
disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país
45
encuentran en situaciones avanzadas de deterioro. De igual forma, la Procuraduría General de la
Nación concluyó en un estudio, señalado por la Corte Constitucional, que muchas de las cárceles
del país cuentan con condiciones altas de antigüedad y de carencias de servicios públicos, con
cifras que rondan el 54.8% de dichos penales.
Sin embargo, las deficiencias encontradas no fueron solamente de infraestructura, sino
también administrativas, todo por cuenta de un informe emitido por la Contraloría General de la
República en 1997, donde informó sobre la existencia de deficiencias en el manejo de los recursos
destinados a los centros de reclusión; en especial, se hallaron detrimentos patrimoniales en los
rubros destinados a infraestructura. Dentro de la evidencia hallada, la Contraloría señaló la
existencia de inversiones indebidas, sin justificación en los gastos y construcción de obras de
infraestructura que no resuelven el problema del hacinamiento. Del mismo modo, también se
encontraron obras inconclusas y abandonadas, tanto por la firma constructora como por el mismo
INPEC.
Otra causal de hacinamiento, detectada por la Corte, se refiere a la distribución irregular de
presos. Concretamente, se encontraron, en las dos cárceles visitadas, celdas donde convivían
personal sindicado y condenado, como también personal reincidente y primario, integrantes de la
Fuerza Pública y población civil. Esta situación contraviene lo emanado en la Ley 65, la cual
establece una distinción en los espacios exclusivos en que se distribuye a las personas sindicadas,
y a quienes integran la fuerza pública.
Esto lleva a concluir que la situación de hacinamiento evidenciada en las cárceles tuteladas
impide el cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario. En especial, el fin resocializador
46
expreso en el Artículo 10 de la Ley 65 de 19936, ya que dicha situación fomenta prácticas de
corrupción y violencia asociadas al acomodamiento de las y los presos en determinadas celdas y
espacios dentro de ellas. Frente a esto, la Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada
que, si bien existe una cierta suspensión de algunos derechos fundamentales de los reclusos, la
población privada de la libertad goza del ejercicio de muchos otros derechos, los cuales deben ser
respetados por las autoridades que se encuentran a cargo de los presos, respeto basado en una
especial relación de sujeción. Esto se encuentra sustentado dentro de la legislación colombiana:
Código de Procedimiento Penal, Código Penitenciario y Carcelario- como también del derecho
internacional -Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de
Derechos Humanos.
Al evidenciarse la inexistencia de tal relación de respeto y de garantía a la dignidad humana
de la población privada de la libertad, la Corte Constitucional les dio la razón a los tutelantes
mencionados, concluyendo que el problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de
ellas no ocupa un lugar destacado dentro de la agenda política del Estado colombiano.
Con respecto a las decisiones tomadas frente a los casos expuestos, la Corte Constitucional
decide en la Sentencia T-153/1998 notificar la existencia del Estado de Cosas Inconstitucional
(ECI) en las prisiones al Presidente de la República; a los presidentes del Senado de la República
y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia
y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura;
al Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las
Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; y a los personeros
6 Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la
resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.
47
municipales.
Cabe aclarar, en este punto, la importancia de dicha figura: de acuerdo con Quintero,
Navarro & Meza (2011) la figura del ECI es un mecanismo jurídico implementado por la Corte
Constitucional para anunciar que una serie de hechos resultan contrarios a los emanado por la
Constitución Política. Al invocar esta figura, la Corte Constitucional señala que un conjunto de
instituciones del Estado colombiano comete, contra la población privada de la libertad, una serie
de hechos que conlleva a:
Una violación permanente, generalizada o sistemática de derechos fundamentales de un
grupo de personas, lo que hace que se requiera tomar medidas urgentes para conjurar la
problemática y asegurar el orden constitucional vigente. De lo contrario, se puede agravar
la situación humanitaria de los afectados, sean o no accionantes. Y, además, se puede
ocasionar una grave congestión judicial por el número de acciones de tutela que se podrían
interponer en procura de la protección de los derechos fundamentales conculcados
(Echeverry, 2017, p. 106)
De igual forma, Quintero, Navarro y Meza (2011) plantean tres factores que sugieren la
existencia del ECI: factores relacionados con las condiciones de proceso -fallas estructurales de
las políticas públicas en el país-, factores relacionados con las condiciones de resultado violación
masiva y sistematizada de los derechos fundamentales de un número indeterminado de personas-
y factores relacionados con la necesidad, por parte de las autoridades públicas, de modificar una
realidad existente, contraria a la Constitución. De ahí la finalidad del ECI: “impulsar al aparato
estatal para que diseñe, implemente, financie y evalúe las políticas públicas necesarias para cesar
la violación masiva de derechos que dio lugar a dicha declaratoria” (Rodríguez Garavito, 2010, p.
438).
48
A pesar de ello, autores como Rodríguez Garavito (2010) plantean la necesidad de hacer
un uso excepcional a la medida, dado el mensaje fuerte que ella transmite al cuerpo ejecutivo y
legislativo del país. Dicho mensaje, que bien puede resumirse como la incapacidad de un Estado
para el cumplimiento de un fin misional ante la comunidad, puede entenderse como una
intromisión del sistema de justicia y un mecanismo de presión para su superación. Esto conlleva a
las diversas instituciones al consumo de un capital político que puede terminar, de acuerdo con la
extensión del debate y de la figura, a desgastar la imagen y funcionalidad de una instancia como
la Corte Constitucional.
Sin embargo, la figura demuestra también el nivel de compromiso que la Corte
Constitucional tiene con la sociedad colombiana, sobre todo con los sectores más vulnerados, dado
el llamado a superar fenómenos de orden estructural que se encuentran irresueltos. Para el presente
caso, la importancia de proteger los derechos de la población privada de la libertad es crucial, dado
que por su condición no cuentan con los recursos para hacer valer sus derechos, pues las vocerías
sobre su situación, hasta el momento, se encontraban muy reducidas. Con el llamado de la Corte
Constitucional, básicamente se acoge al llamado del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, de garantizar a este grupo poblacional unos estándares mínimos, por parte de los
Estados, para salvaguardar la dignidad humana de este grupo poblacional.
De este modo, la Corte Constitucional revocó las sentencias que denegaron las pretensiones
de los accionantes y en su lugar, ampararon los derechos solicitados. Concretamente, la Corte
ordenó al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de
Planeación elaborar e implementar un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a
garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. Del mismo modo, la Corte
ordenó al INPEC, suspender las remodelaciones en la Cárcel Modelo en Bogotá; distribuir de
49
manera adecuada a los presos, de acuerdo a su condición -sindicado/condenado/integrante de la
fuerza pública- y, así mismo, ordenó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura investigar la razón de la no asistencia de los jueces de penas y medidas de seguridad
de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista.
Otra decisión de la Corte consistió en ordenar al INPEC, a la Presidencia de la República
y a los Ministerios de Justicia y Hacienda, a tomar las medidas necesarias para solucionar las
carencias de personal especializado en las prisiones; promover, a nivel territorial, la creación y
mantenimiento de centros de reclusión locales, la garantía del orden público y el respeto de los
derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusión del país.
Estas decisiones marcaron un hecho importante dentro del constitucionalismo colombiano,
tanto por el uso de la figura del ECI, como por la población que tiende a proteger la Corte. En
primera instancia, el ECI es una figura que inicia a emplearse en el año 1997, con el fin de
garantizar a un grupo de docentes del Departamento de Bolívar el derecho a gozar de prestaciones
sociales (Quintero, Navarro & Meza, 2011), por lo cual la presencia fue tan solo la tercera vez en
que la misma se invoca, dado el carácter excepcional de la misma, expuesta anteriormente. Por su
parte, el empleo de esta figura para garantizar los derechos de la población privada de la libertad
constituye también un hecho importante, en la medida que ubica claridades frente al deber ser de
la relación entre el Estado colombiano y dicha población. Además, sobre la base de esta sentencia
es que se asientan las decisiones jurídicas y constitucionales que han de incidir sobre este grupo
poblacional, en especial, lo referente a la protección de la dignidad humana, la integridad física y
moral y el derecho a la resocialización. De igual forma, y como lo manifiesta Echeverry (2017),
la sentencia T-153 de 1998 vislumbra un panorama abrumador sobre la realidad carcelaria de este
país que, infortunadamente, no se ha logrado superar, a pesar de lo que se expresará más adelante.
50
2.2. Continuidad del ECI y reflexión sobre la política penitenciaria y carcelaria en el país:
Sentencia T-388 del 2013
A partir de la promulgación de la Sentencia T-153/1998, se creó una gran expectativa acerca de
una posible transformación del sistema penitenciario y carcelario en el país. Sin embargo, un
informe emitido por Ámbito Jurídico (2011), indica que, si bien, se han construido diez cárceles
en el país entre los años 1998 y 2010 la situación de hacinamiento dentro del sistema no se ha
logrado reducir. Esto, de acuerdo con el Informe, se debe a que la población carcelaria en Colombia
se duplicó en el periodo de tiempo señalado, razón por la cual, en la práctica, el nivel de
hacinamiento en las cárceles tan solo disminuyera del 40 al 30%, siendo las cárceles Modelo en
Bogotá y Bellavista en Medellín, las más hacinadas en el país.
Esto tiene que ver, de acuerdo con el informe, con la implementación del Sistema Penal
Acusatorio, en el año 2005. Dicho sistema se basa en dos principios: eficiencia y garantismo, donde
la primera propende por más condenas, mientras que el segundo busca mayores garantías a las
personas procesadas y presas. Sin embargo, el informe señala que se ha puesto en práctica el primer
principio en detrimento del segundo. Esto implica que la política carcelaria, entre 1998 y 2013,
continúa bajo un sistema de justicia punitivo, basado en el aumento en la construcción de cárceles
y no en la implementación de sistemas alternativos de justicia, ni mucho menos en el mejoramiento
del sistema carcelario.
Ante esta situación, a los juzgados del país seguían llegando denuncias instauradas por
integrantes de la población privada de la libertad, solicitando de manera reiterativa la solución a
las situaciones, tanto de hacinamiento, como otros derechos vulnerados al interior de las cárceles
del país. Al respecto, la Corte Constitucional decidió continuar en la responsabilidad de velar por
los derechos de la población mencionada, sobre la base de reflexionar si la figura del ECI ha
51
contribuido a solucionar la situación penitenciaria y carcelaria en el país.
Para ello, la Corte tomó nueve tutelas posteriores a la emisión de la Sentencia T-153/1998,
referidas a las violaciones de derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la
privacidad, la salud, la integridad personal, la intimidad, la igualdad, la reintegración social, al
libre desarrollo de la personalidad, a un ambiente sano, al deporte y a la recreación de la población
privada de la libertad de seis centros de reclusión del país, ubicadas en Cúcuta, Valledupar, Bogotá,
Medellín, Popayán y Barrancabermeja.
En la cárcel de Cúcuta, el Juez de primera instancia, tuteló los derechos invocados y
protegió especialmente el derecho de algunos internos del establecimiento que se encontraban en
situaciones de claro riesgo. Sin embargo, el INPEC impugnó dicha decisión, solicitando ampliar
el plazo para el cumplimiento de la sentencia, la cual es revocada en segunda instancia por la Sala
Civil del Tribunal Superior de Cúcuta, considerando que, para el momento, se trataba de un hecho
superado.
Con respecto a la Cárcel de Valledupar, se expuso la existencia de torturas, grave
separación de la población encarcelada con su familia y un mal sistema de control interno de
derechos humanos. Dentro de sus solicitudes, se encontraba el ejercicio del derecho a la protesta
pacífica, los cuales fueron negados, en primera instancia, por el Juzgado 3° Penal del Circuito de
Valledupar considerando la falta de elementos probatorios y la falta de competencia ante sus
solicitudes. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Valledupar por considerar
que las autoridades carcelarias han tomado medidas para enfrentar los problemas, y por considerar
por fuera de las competencias de los Jueces el cierre total del Establecimiento.
Para el caso de la Cárcel Modelo de Bogotá, sus acciones retomaron las inicialmente
abordadas en la sentencia T-153 de 1998; es decir, aquellas asociadas con las vulneraciones a los
52
derechos a la vida y la dignidad humana, relacionada con el hacinamiento y la falta de condiciones
para el servicio de salud. Las dos tutelas revisadas contra dicho penal fueron falladas una a favor
y otra en contra de los accionantes; sin embargo, en la tutela negada, la Corte Suprema de Justicia
hace el llamado a las autoridades a tomar medidas adecuadas a la superación del ECI existente en
el sistema carcelario colombiano.
Contra la Cárcel San Isidro de Popayán, se instauraron tres acciones de tutela, cuyos
accionantes exigían derechos como el mínimo vital, el núcleo familiar, el respeto al principio de
favorabilidad, la presunción de inocencia y la libertad individual; derivados de una situación de
hacinamiento e indefinición de su situación judicial. Las respuestas de las autoridades tuteladas
consideraron no ser las competentes para resolver las tutelas invocadas, argumento valorado
positivamente por las autoridades judiciales, por considerar que se trata de un asunto estructural el
que origina el malestar de los accionantes y que, por tanto, no corresponde a los jueces de tutela
resolverlos.
Por su parte, internos de la Cárcel de Barrancabermeja interpusieron una tutela basada en
la situación de hacinamiento en la que viven. Dicha acción fue declarada improcedente por el
Juzgado 2° Penal del Circuito de Barrancabermeja, y confirmada en segunda instancia. Dentro de
sus consideraciones, el Juzgado asegura que si bien, existe un estado deprimente del centro de
reclusión, ordenar mediante una acción de tutela una inversión económica para solucionar dicha
situación supondría anteponerla a otros graves inconvenientes sociales, asunto del cual no es
competencia de un juzgado resolver.
Por último, en la Cárcel Bellavista de Medellín, los internos presentaron una acción de
tutela en virtud de su situación de hacinamiento, en circunstancias similares a la expuesta en la
Sentencia T-153 de 1998. En ese sentido, el Tribunal Superior de Medellín, tuteló los derechos de
53
los accionantes y ordenó un plazo de dos años a las autoridades carcelarias tomar las medidas
adecuadas para que el accionante tuviera un lugar de reclusión digno, con un plan listo dentro de
un mes, y con medidas de protección específicas al tutelante.
Sobre la base de los casos mencionados, la Corte Constitucional decidió revisar el estado
de la situación carcelaria en el país y evidenciar la utilidad fáctica en la aplicación de la sentencia
T-153/1998 y, con ello, la continuidad de la figura del ECI. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Corte resaltó, en primera medida, un éxito relativo referido a la creación y adecuación de cupos
carcelarios a partir de la promulgación de la mencionada sentencia. Sin embargo, también hubo la
necesidad de revisar los contenidos fácticos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios
presentados en el año 2013, a 15 años de las decisiones tomadas.
En un ejercicio reflexivo sobre la política criminal en el país, la Corte Constitucional
evidenció que ésta presenta, a nivel nacional, un carácter desarticulado, reactivo, volátil,
incoherente, ineficaz, sin perspectiva de Derechos Humanos y supeditado a la política de seguridad
nacional, enfatizada en el orden público y el tratamiento punitivo de la criminalidad. Como
consecuencia de ello, dicha política ha abandonado la búsqueda de un fin resocializador de la pena,
lo cual ha promovido una mayor criminalidad, en gran parte, por el papel que han jugado los
centros de reclusión como “universidades del delito”.
En segundo lugar, la Corte Constitucional concluyó que, si bien, el hacinamiento no es el
único problema del sistema penitenciario y carcelario del país, toda la inversión presupuestal a
estos sistemas se ha dirigido, únicamente, a la creación de nuevos cupos carcelarios. Dicha
estrategia, afirma la Corte, resulta insuficiente, pues se abandona la atención de otras
problemáticas igual de importantes, y la política criminal continúa aún sin resolverse. Entre otras
situaciones, la Corte resaltó la adecuación y puesta en práctica de programas de resocialización; la
54
adecuada prestación de los servicios de salud y agua potable; la prevención de enfermedades sobre
la base de espacios higiénicos y salubres de alimentación; así como una adecuada seguridad y
vigilancia para los presos.
Dada las situaciones expuestas en las tutelas, la Corte argumenta que los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad continúan siendo vulnerados, de forma masiva
y generalizada. Del mismo modo, las obligaciones de cumplimiento, por parte de las autoridades
competentes, siguen cargadas de vicios inconstitucionales, las cuales no fueron evitadas por las
autoridades encargadas del tema. Es por esto que la Corte considera que la solución debe ser
construida de manera conjunta, por cuenta de una intervención compleja y coordinada, de diversas
autoridades del orden nacional y local que contribuyan a resolver el actual ECI. De lo contrario, el
aumento de las tutelas, por parte de la población privada de la libertad, conllevaría al colapso del
sistema judicial. De ahí que la declaratoria del ECI suponga la necesidad, por parte del juez
constitucional, de sensibilizar a la ciudadanía con respecto a la población privada de la libertad y
sus derechos. Esto ante las condiciones de marginalidad y precariedad en las que vive dicha
población, la dificultad de su resocialización y, sobre todo, la presunción de un Estado que exalta
la deliberación y el debate democrático, respetuoso de las minorías.
Por tanto, la Corte Constitucional considera que el Estado colombiano debió contar con
estándares mínimos para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de la libertad,
guiados mediante los instrumentos del Derecho Internacional y la normatividad interna. En
especial, cabe resaltar lo mencionado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-881 de 20027,
la cual resalta como componentes de la dignidad humana: la autonomía individual, unas
7 Expedientes T-542060 y T-602073. Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin
Campo Vega (personero de El Arenal (Bolívar)) contra Electrocosta S.A. E.S.P. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo
Montealegre Lynett.
55
condiciones de vida cualificadas y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu.
De igual forma, la Corte Constitucional retomó la síntesis desarrollada por el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con respecto a la población privada de la libertad, la
cual afirma que:
Todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de
instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno
degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor
nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse
notar que son estos requisitos mínimos, que, en opinión del Comité, deben cumplirse
siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el
cumplimiento de esas obligaciones (Comité Permanente de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, citado en Sentencia T-388/2013, p. 172, cursivas del autor).
Con base en lo señalado, la Corte Constitucional estableció la necesidad de tomar medidas
tendientes a garantizar la existencia de una política criminal articulada, consistente y respetuosa
de la dignidad humana, orientada a materializar el respeto efectivo de los derechos de las personas
privadas de la libertad. De ahí la necesidad de cambiar el enfoque de la actual política criminal
basado en un sistema de justicia retributivo, hacia un carácter preventivo, cuyo objetivo central
fuese la resocialización de las personas condenadas y, con ello, se permitiera combatir
efectivamente la criminalidad.
Para ello, la Corte estimó conveniente ubicar unos elementos mínimos verificables, a través
de la gestión de instituciones específicas en plazos determinados o determinables, que contribuyan
a fijar soluciones concretas, conducentes a la concreción de una política criminal adecuada a los
estándares de Derechos Humanos. Dichos elementos son:
56
a) la política criminal debe contar con un carácter preventivo, donde el derecho penal debe
administrarse como Última ratio.
b) la política criminal debe respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta
y reforzada.
c) la política criminal debe buscar, como fin primordial, la efectiva resocialización de la
población condenada.
d) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales.
e) la política criminal debe ser coherente, sustentada en elementos empíricos y sostenible,
en términos económicos, y
f) la política criminal debe proteger los derechos humanos de los presos.
A partir de estos argumentos, la Corte Constitucional decidió, en primera medida, mantener
el ECI frente a la situación carcelaria en Colombia. Frente a esto, la Corte llamó a las entidades
del gobierno nacional competentes a convocar un Consejo Superior de Política Criminal CSPC,
para continuar tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el ECI, tomando en
cuenta los estándares expuestos por la Corte. Como acción de seguimiento, la Corte instó al
gobierno a presentar dos informes donde especifique, en dos meses y dos años, respectivamente -
a partir de su promulgación- las acciones tomadas para el cumplimiento de las medidas expuestas
en la presente sentencia.
De igual forma, la Corte instó a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y la Contraloría General de la Nación, a participar en el seguimiento de las disposiciones
emanadas en esta providencia, tanto generales como específicas. Para ello, la Corte ordenó a las
autoridades carcelarias y administrativas a nivel territorial, a entregar la debida documentación a
estas entidades, a fin de que cumplan con dicho seguimiento.
57
Con respecto a las sentencias de las tutelas objeto de seguimiento en este caso, la Corte
decidió revocar las sentencias impugnadas, confirmar las sentencias tuteladas y revocar las
decisiones de instancia, todas en aras de tutelar los derechos de la población privada de la libertad
accionantes. En las mismas se reconocieron los derechos a la dignidad humana, la salud,
condiciones de reclusión y subsistencia dignas, siendo el INPEC y las administraciones de las
prisiones tuteladas las responsables por los cumplimientos de dicha orden y de socializar las
acciones previstas para garantizar los contenidos más básicos de los derechos fundamentales, la
manera cómo se han implementado tales acciones y sus debidos resultados, en términos del
cumplimiento de los derechos exigidos.
Concretamente, la Corte ordena a entidades como los Ministerios de Salud, Justicia y
Hacienda, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y las administraciones de los centros de reclusión
tutelados, a adelantar acciones y recursos que garanticen los derechos a la vida, a una salud integral
y al debido proceso jurídico, esto último como una forma de enfrentar las situaciones de
hacinamiento. De igual forma, la Corte promovió poner en práctica el principio de equilibrio
decreciente -del cual se profundizará en el siguiente capítulo-, como una forma de controlar el
ingreso de población privada de la libertad y, así, contribuir a la disminución de la tasa de
hacinamiento.
Al revisarse los contenidos de esta sentencia, se detalla el no cumplimiento, por parte del
Estado colombiano, de las condiciones para superar el ECI carcelario. No solamente persistieron
las situaciones de hacinamiento; sino que, como consecuencia de su falta de superación,
continuaron llegando las tutelas a nivel nacional, de parte de la población privada de la libertad,
solicitando la garantía de sus derechos vulnerados dentro de las cárceles.
Dicha situación obligó a la Corte Constitucional a revisar los contenidos de la política
58
carcelaria existente, constatando una relación inversamente proporcional entre la aplicación de
dicha política con el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, la Corte evidenció que la falta
de avances, con respecto a la Sentencia T-553/1998, no se debe únicamente a aspectos de
infraestructura, sino a una problemática estructural del sistema penitenciario y carcelario, por
cuanto existe una política criminal de corte punitiva, en detrimento del principio de resocialización
de la población privada de la libertad.
De ahí que la decisión de la Corte, no se enfoque tanto en las insuficiencias de la
infraestructura carcelaria, atención en salud, alimentación y otros derechos a la población privada
de la libertad; sino en el contenido de la política carcelaria. En ésta se ubica, a lo largo de la
sentencia, elementos para su debida transformación, a través de unos estándares mínimos que el
Estado colombiano debe cumplir, en materia de promoción de la dignidad humana de la población
mencionada. Al respecto, cabe señalar que la política carcelaria colombiana busca asimilarse a la
política carcelaria norteamericana; es decir, centrada en la cantidad de cárceles, y no en la
búsqueda de alternativas al sistema retributivo de justicia, ni en un sistema preventivo en el manejo
del delito y la criminalidad (Wacquant, 1999; Ámbito Jurídico, 2011).
2.3. Elementos para la superación del ECI penitenciario y carcelario: Sentencia T-762 del
2015
Ante la persistencia del incumplimiento, por parte de las instituciones del Estado colombiano de
superar el ECI penitenciario y carcelario, la Corte Constitucional emprenderá un cambio
importante en cuanto al tratamiento jurídico de la situación, ubicándose en una mayor
responsabilidad frente a la necesidad de implementar una política carcelaria acorde a los Derechos
Humanos, así como en el mejoramiento del sistema carcelario que conlleve a la superación del
59
ECI. Dicha persistencia se manifiesta en la continuación de la llegada de tutelas a los estrados
judiciales, exigiendo garantías a sus derechos, por parte de la población privada de la libertad.
Para ello, la Corte parte de revisar y analizar dieciocho tutelas contra diferentes cárceles a
lo largo y ancho del país. Su pertinencia radica en ubicar elementos en común de carácter
reivindicativo, como los supuestos fácticos, el material probatorio, las entidades accionadas, los
derechos fundamentales invocados y la fundamentación jurídica empleada por accionantes e
intervinientes. Las tutelas se fundamentaban en la violación de los derechos a la vida, la dignidad
humana y la salud, las cuales, según todos los accionantes, se vulneraron a partir de la situación
de hacinamiento en que se encuentran. Dentro de los elementos probatorios, los accionantes alegan
condiciones vetustas de infraestructura, insuficiencia en el número de sanitarios y duchas, la
inexistencia de condiciones de higiene para la entrega de alimentos y la mezcla entre personal
sindicado y condenado en un mismo espacio de reclusión. Situaciones que, valga recordar,
configuraron los elementos argumentativos y jurídicos que motivaron la providencia de las
sentencias analizadas anteriormente.
Dentro de los alegatos de las partes accionadas, las respuestas de los tutelados oscilaron
entre las solicitudes de improcedencias y el llamamiento a una situación estructural de
hacinamiento en las cárceles del país, producto de una política criminal ineficiente para resolver
la problemática, centrándose en la represión y no en la prevención del delito, motivo por el cual
una administración no se encontraba en condiciones de resolver. Por su parte, entidades como el
INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la Entidad Prestadora de
Salud EPS CAPRECOM argumentaron que las tutelas solicitadas excedían el marco de sus
competencias, o se sentían imposibilitadas a cumplir, alegando la inexistencia de recursos propios
para cumplir con ellas. Como elemento en común, dichas entidades llamaron a que se investigaran
60
a entidades de corte mayor frente al tratamiento de la política criminal en el país, como el Gobierno
Nacional, el Congreso de la República y el CSPC, entre otros.
Después de comprobarse que, en las cárceles tuteladas, se encontraron situaciones
deficientes de infraestructura, alimentación, salud y debido proceso jurídico, las demandas fueron
falladas en su totalidad -a excepción del caso de la cárcel de Villavicencio- a favor de la población
carcelaria en primera instancia. En ellas, las sentencias giraron en torno a cuatro elementos: la
abstención de permitir el ingreso de nuevos reclusos cuando se exceda la capacidad de los penales;
el traslado de internos a otros establecimientos penitenciarios; la realización de mejoras
estructurales dentro de los centros penitenciarios para alcanzar condiciones dignas de vida; y la
mejora en la prestación de los servicios de salud, sanitarios, de agua potable y de alimentación.
Frente al caso de Villavicencio, el Juzgado 3º de Familia del Circuito negó el amparo a la población
carcelaria, al no encontrar configurado un perjuicio irremediable, y al no probarse la urgencia de
las necesidades de salud solicitadas.
De igual forma, la mayoría de las decisiones fueron impugnadas, principalmente por
entidades como el INPEC, el USPEC y las direcciones de las cárceles, alegando factores
relacionados con el conflicto de competencias, la imposibilidad de cumplir con las sentencias y la
falta de recursos para su implementación. Muchas de sus impugnaciones fueron falladas a favor
por jueces de segunda instancia y otros fallos, como el adelantando contra el centro penal de
Roldanillo (Valle del Cauca), fue confirmado en segunda instancia.
Los argumentos suscitados por la Corte Constitucional, a lo largo de esta sentencia, se
enfocaron en los elementos relacionados dentro de las tutelas analizadas con la implementación de
la actual política criminal y su relación con el ECI, en continuidad con el ejercicio reflexivo
inicialmente desarrollado por la Corte en la Sentencia T-388/2013. Este análisis partió de ubicar
61
la figura del ECI como llamativa frente a una incoherencia entre unos derechos constitucionales
tutelados y su implementación en la práctica, cuyas causas se remiten a factores como el
desconocimiento masivo y generalizado de los derechos fundamentales; el incumplimiento de las
autoridades estatales del deber de garantía y respeto de los derechos; la institucionalización de
prácticas inconstitucionales; la ausencia de medidas legislativas o presupuestales que se orienten
a conjurar la situación; y, la necesidad de intervención de varias entidades públicas en la
materialización de las soluciones, que precisan de una intervención compleja y coordinada, y de
un importante esfuerzo presupuestal.
Con respecto a la situación penitenciaria y carcelaria, la Corte evidenció en los centros de
reclusión tutelados tasas de hacinamiento que oscilaron entre un 60 y un 300%, cuya población
recluida asciende a más de 24.107 internos de los 117.000 a nivel nacional. A pesar de representar
tan solo una parte del total nacional, la Corte Constitucional reconoció que las situaciones tuteladas
son generalizadas en todas las cárceles del país, aspecto que ya ha sido abordado en las sentencias
anteriormente analizadas. Debido a eso, la Corte ubicó una serie de problemáticas estructurales
que justificaron la persistencia en la existencia del ECI penitenciario y carcelario en el país:
La primera problemática guarda relación con la desarticulación de la política criminal y el
ECI. Esto en el sentido de que, si bien, toda política criminal debe conducir a la superación de los
patrones de criminalidad dentro de los diversos ámbitos de la vida humana, en Colombia ésta se
ha trazado con unos criterios punitivos, represivos, restrictivos, carentes de contexto y de
elementos probatorios que justifiquen su accionar. En conclusión, una política guiada más por
criterios de corte populista que de corte técnico y preventivo del crimen.
La segunda problemática estructural, de acuerdo con la Corte, tiene que ver con las
situaciones de hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos. Esto se relaciona
62
con las alarmantes cifras de sobrepoblación carcelaria, la cual bordean máximos históricos del
60% a nivel nacional y a 31 de diciembre de 2014, en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país, había un sobrecupo de 35.749 reclusos, equivalente al 45.9%.
Dicha situación, según la Corte, tiene relación con la existencia de tres situaciones: la
desproporción entre las entradas y las salidas de las personas privadas de la libertad, la falta de
construcción y adaptación de cupos que respeten las mínimas condiciones de dignidad y
subsistencia de las personas por recluir y la insuficiencia de recursos destinados a la financiación,
tanto de la política penitenciaria y carcelaria, como la política criminal.
La tercera problemática estructural consiste en la reclusión conjunta de personas sindicadas
y condenadas al interior de las celdas. Dicha situación, de acuerdo con la Corte, es consecuente a
la falta de articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho, donde
el 38% de la población, es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente (sindicados). Esta
situación muestra el abuso de medidas como el aseguramiento privativo de la libertad de corte
preventivo las cuales, según la Corte, sólo se deben aplicar de forma excepcional como una forma
de respetar la libertad personal y rescatar la residualidad del derecho penal.
La cuarta problemática estructural reside en la deficiencia en el sistema de salud del sector
penitenciario y carcelario del país: las demoras excesivas en la atención, la ausencia de personal
médico al interior de los centros de reclusión, la ausencia de contratos, el represamiento de las
solicitudes de procedimientos y autorización de medicamentos; son algunas de las circunstancias
expuestas y que permitieron a esta Sala establecer que el Estado colombiano estaba incumpliendo
sus deberes de protección y garantía de derechos.
Por su parte, la quinta problemática estructural consiste en las condiciones indignas de
salubridad e higiene, situación que es detectada en la mayoría de los establecimientos
63
penitenciarios en el país, lo cual constituye un trato cruel e inhumano propiciado por el Estado
hacia una población que cuenta con una obligación especial de protección.
Atendiendo las problemáticas expuestas, la Corte establece una serie de parámetros de
protección constitucional a la población carcelaria. Con ello, también plantea transformar el
sentido argumentativo hacia las condiciones que el Estado colombiano debe cumplir para la
superación del ECI, lo cual abarca un proceso de cuatro etapas: una fase inicial en la que las
medidas de política pública empezarán su implementación; una fase intermedia hacia la
renovación de la política criminal; una fase de solidificación de una política criminal articulada y
eficiente; y una fase de superación del carácter masivo del compromiso de derechos.
Estas etapas se habrían de verificar de la siguiente forma: la primera etapa se verificará
cuando el 60% de las personas recluidas del país sean satisfechas en cuanto a mínimos que implica
su estadía en la prisión frente a las problemáticas reseñadas. La segunda etapa se cumple cuando
el índice de satisfacción llega a un 70% de dicha población. Por su parte, la tercera etapa se cumple
cuando el índice de satisfacción de derechos ronda el 86% de la población carcelaria, en una etapa
donde, se espera, haya una consolidación de una política criminal sistémica. Solo al superar la cifra
del 86%, en el 70% del país, se declararía la superación del ECI.
Posterior a ello, la Corte ha de ubicar, de acuerdo a cada una de las problemáticas
estructurales expuestas, las condiciones requeridas para la superación del ECI por parte del Estado
colombiano:
Con respecto a la situación de hacinamiento, la Corte señaló como una superficie mínima
para la estancia de una persona en prisión de 20 metros cuadrados, los cuales deben aumentar
cuando la persona detenida cuenta con alguna discapacidad física. En todo caso, en dicha superficie
deben ubicarse hasta cuatro personas, quienes ocuparán un lugar de alojamiento mínimo entre los
64
3,4 y 5,4 m2, todo de acuerdo al número de horas que la persona privada de la libertad goce por
fuera de su celda en el día.
De igual forma, los espacios de reclusión deben contar con aberturas para la circulación de
la luz solar y el viento, así como mecanismos que impidan el paso del frío de la noche, la cual debe
constituir el 10% de la superficie del área de la celda. Ahora bien, dichos espacios deben contar
también con un mínimo de utensilios para el descanso nocturno, como son: una almohada, una
cama/colchoneta, un juego de sábanas y una/dos cobijas, conforme las condiciones climáticas del
lugar y las necesidades particulares especiales de algunos internos, médicas o culturales
certificadas.
Sumado a ello, el penal deberá dividirse por áreas para su limpieza y cada una de las áreas
tendrá una persona responsable, tanto de limpieza como de desinfección. Con respecto al área de
los baños, estos deben contar con un mínimo de 1,2 m2, y con un sanitario en óptimo estado de
funcionamiento por cada 25 internos. En caso de no cumplirse la norma de sanitarios por número
de reclusos, debe aumentarse la cantidad diaria de limpiezas de los mismos. De igual forma, el
área de las duchas debe contar con un mínimo de 1,2 metros cuadrados, ubicándose una por cada
cincuenta internos. Tanto los baños como las duchas, deben contar con agua que se encuentre libre
de agentes contaminantes.
Por último, la Corte señaló como condición para la superación concreta del tema del
hacinamiento, la existencia de, por lo menos, dos cubos para la basura en las celdas y dormitorios,
uno para desechos orgánicos y otro para no orgánicos. Estos deben ser fáciles de transportar por
una o dos personas cuando se encuentren llenos.
Ahora bien, con respecto a la “precariedad de los servicios de salud”, la Corte
Constitucional señaló como condicionantes para la superación del ECI los siguientes elementos
65
dentro de los centros de reclusión: una sala de espera protegida; una sala de tratamiento y entrevista
privada; espacios de oficina y descanso para el personal médico; y un área de aislamiento de
internos calificados como fuente de contagio o infección de alguna enfermedad. Además, el centro
de reclusión debe garantizar, como mínimo, la existencia permanente de personal médico,
odontológico, psicológico, psiquiátrico, ginecológico y pediátrico, estos últimos en los centros de
reclusión para mujeres.
Con respecto a la “imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a
la redención de la pena”, la Corte Constitucional señaló algunos condicionantes para la superación
del ECI. El primero consiste en que los proyectos de formación y trabajo que tienen lugar al interior
de las cárceles del país deben articularse con esquemas externos que permitan la reinserción laboral
del condenado. Esto implica, por parte del penal, analizar las necesidades del mercado laboral
externo, para luego impartir programas relacionados con el referido nicho de mercado. De igual
forma, la disposición de la biblioteca y el acceso a material de lectura, por parte del centro de
reclusión, deberá ser parte integral de los programas de resocialización, fomentando la lectura
recreativa y con material suficiente para realizarla.
En este punto, la Corte ubica un aspecto relevante sobre las personas sindicadas, las cuales
cuentan con una situación especial dentro de los centros de reclusión, en la medida que, al no ser
condenadas, no son sujetas de programas de resocialización. Sin embargo, esto no significa que
no obtengan derechos dentro de los centros de reclusión, como la habilitación de espacios de
capacitación y la conformación de Brigadas Jurídicas, conformadas con estudiantes, para dar
celeridad a sus procesos judiciales y, así, solucionar el problema de las “demoras en la evacuación
de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional”.
Del mismo modo, frente a las necesidades de “acceso al agua potable en forma continua al
66
interior de los establecimientos carcelarios” la Corte propone establecer sistemas de calidad y
abastecimiento correcto del agua, reconociendo un mínimo de consumo de 50 litros por persona
al día. De igual forma, los centros de reclusión deben contar, cuando menos, con un grifo por cada
dos sanitarios; y un grifo por cada tres celdas destinadas a visita íntima, situado en el interior de la
zona empleada para tal fin.
Igual forma aduce la Corte frente al problema de la “alimentación y su tratamiento poco
higiénico en las cárceles”, advirtiendo que los centros de reclusión deben cumplir con estándares
de calidad en la alimentación y una proporción balanceada de acuerdo a las necesidades calóricas
y alimenticias de la población privada de la libertad. En términos concretos, dichos centros deben
proporcionar cantidades adecuadas de proteínas, lácteos, frutas, verduras, granos y grasas, y estas
últimas no deben superar el 30% de las calorías suministradas.
Frente a la “imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad”,
la Corte ubicó como condicionante para la superación del ECI los mismos estándares de celdas
anteriormente descritos, garantizando a cada persona privada de la libertad un espacio de intimidad
con su cónyuge de una hora al mes.
Por último, sobre el “reducido número de guardias, en relación con el aumento en el número
de reclusos”, la Corte determina la necesidad de conformar un comité que permita estructurar las
normas mínimas de privación de la libertad. Dicho comité, conformado por la Defensoría del
Pueblo, el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC, el Ministerio de Salud y la Protección
Social y organizaciones de defensa de los derechos de los presos; debe, entre otros aspectos:
estimar el número de reclusos por guardia que se estima conveniente para conservar la convivencia
y la disciplina dentro del establecimiento penitenciario, e indicar dispositivos a emplear en diversas
situaciones, identificando los derroteros y límites para su utilización.
67
Finalizados los argumentos, la Corte Constitucional procedió a emitir decisiones con
respecto a las tutelas recogidas para la presentación de esta sentencia. Con relación a las sentencias
que terminaron en negatorias de los derechos exigidos por la población carcelaria, la Corte
Constitucional revocó dichas decisiones, tutelando los derechos invocados por la misma. Ahora
bien, con respecto a las sentencias afirmadoras de tales derechos, la Corte los confirma titulando,
a modo general, el derecho a la salud y la dignidad humana de la población de las dieciséis
prisiones accionantes.
La segunda decisión de impacto tiene que ver con la reiteración del ECI. Como en la
sentencia T-388/2013, la Corte insiste en declarar la actual política criminal colombiana como
reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad.
Frente a esto, la Corte llamó al Congreso de la República, al Gobierno y a la Fiscalía a iniciar de
manera conjunta el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en una nueva
política criminal respetuosa de los Derechos Humanos.
Del mismo modo, la Corte ordenó al Gobierno Nacional las siguientes acciones: Primero,
brindar una mayor viabilidad financiera e institucional al CSPC y a sus instancias técnicas.
Segundo, estructurar una política pública de concientización ciudadana, sobre los fines del derecho
penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas
sancionatorias. Tercero, la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable
sobre Política Criminal. Cuarto, revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual,
con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio
de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. Por último, la Corte
Constitucional conminó al gobierno nacional a garantizar la viabilidad de recursos suficientes y
oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar, de
68
acuerdo a lo ordenado en esta sentencia.
Como se puede apreciar, una vez más, la respuesta de la Corte Constitucional hace
referencia a mantener el ECI sobre la situación carcelaria en el país, estado iniciado mediante la
sentencia T-153/1998 y que continuó mediante la sentencia T-388/2013. A diferencia de las dos
sentencias anteriores, donde la Corte llamó la atención sobre la existencia de una serie de falencias
en lo referido a la administración de los servicios penitenciarios y carcelarios, así como los
sistemas de justicia y resocialización, la Corte decidió asumir un camino mucho más propositivo
en términos de ubicar una posible hoja de ruta para garantizar los derechos vulnerados a la
población privada de la libertad y, con ello, superar el ECI.
Dichas medidas, de acuerdo con la Corte, deben consignarse en una Política Criminal
acorde con los Derechos Humanos, en donde se garanticen unos mínimos en aspectos elementales
como las condiciones de infraestructura de las celdas, la provisión de una sana alimentación, un
sistema de acueducto y alcantarillado salubre, la prestación de los servicios de salud, seguridad y
de justicia con base en personal idóneo, capacitado y con los recursos adecuados para su efectivo
cumplimiento. Estos elementos, ubicados en unos rangos de aprobación propuestos por la Corte
son, sin duda, un paso avante en la disputa jurídica por salvaguardar la dignidad humana de la
población privada de la libertad, la cual aún se encuentra expuesta a situaciones de vulneraciones
derivadas del hacinamiento y una política criminal basada en el castigo y no en la prevención del
delito.
2.4. Conclusión
De acuerdo con lo presentado en el siguiente capítulo, es posible evidenciar que la Corte
Constitucional, como entidad encargada de velar por el respeto a los derechos consagrados en la
69
Carta Magna de 1991, ha jugado un papel protagónico a la hora de velar por los derechos de la
población privada de la libertad en el país. Como se evidenció en el capítulo anterior, los Estados
juegan un papel fundamental a la hora de este ejercicio; sin embargo, ellos también han
protagonizado episodios de graves violaciones a tales derechos, dentro de los cuales entra la
jurisprudencia a abogar a favor de los grupos vulnerados.
En el caso de la Corte Constitucional, su accionar a favor de dicha población se ha
manifestado a partir de tres sentencias en diecisiete años, cada una de ellas enfocadas en aspectos
que giran en torno a llamar la atención sobre las condiciones de infraestructura y hacinamiento,
como el contenido de la Política Criminal en el país. Frente a las condiciones de vulneración a los
derechos fundamentales de la población privada de la libertad, la Corte Constitucional ha invocado
la figura del Estado de Cosas Inconstitucional ECI para anunciar la compatibilidad entre una serie
de hechos fácticos con los mandatos de la Constitución Política.
De este modo, las decisiones de la Corte Constitucional, más allá de revocar o confirmar
sentencias propias de los juzgados, fueron llamados de atención a la hora de modificar aspectos
como la infraestructura carcelaria y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
amparada, no solamente en términos de contar con espacio adecuado entre sus celdas, sino también
con la necesidad de que cada grupo fuera ubicado en su debido lugar, en referencia a la población
sindicada e integrantes de la fuerza pública.
Otro grupo de decisiones emanadas de la Corte Constitucional destacaron la insuficiencia
e idoneidad del personal relacionado con la población amparada, tales como los jueces de
ejecución de penas, los guardias de seguridad y el personal médico, lo cual afecta los derechos
como el debido proceso jurídico, la vida, y la salud integral. En su contenido, las sentencias
profieren que dicho personal sea el adecuado al interior de los centros de reclusión y garantice que
70
su servicio beneficie al personal recluido.
Sin embargo, el punto más importante con relación a las sentencias, tiene que ver con el
llamado de atención de la Corte Constitucional sobre la realidad del sistema penitenciario y
carcelario, cuya manifestación se aprecia en una Política Criminal supeditada al castigo y el orden
público, y no frente a la alternatividad en las penas, la prevención del delito y la resolución pacífica
de conflictos, como elementos que contribuirían a una disminución en las tasas de hacinamiento
al interior de los centros de reclusión.
En ese sentido, el llamado de la Corte al Estado colombiano, consiste en garantizar unos
estándares básicos de protección de la dignidad humana de la población carcelaria, a partir de una
política criminal basada en la prevención del delito, al respeto del principio de la libertad personal,
una efectiva resocialización de la población condenada, la excepcionalidad en cuanto las medidas
privativas de la libertad, la sostenibilidad y la protección a los Derechos Humanos como elementos
cruciales dentro de su aplicación.
A pesar de estos elementos, las decisiones de los gobiernos de turno parecieran continuar
con la implementación de una política carcelaria encaminada al aumento de los cupos carcelarios,
tal como queda demostrado en las declaraciones del, entonces Ministro de Justicia Yesid Reyes,
al conocer la sentencia T-762/2015 de la Corte Constitucional:
del 2014 al 2018 está prevista la construcción de 18 mil nuevos cupos carcelarios, bien sea
construcciones nuevas, rehabilitación de cupos carcelarios o ampliaciones de centros
penitenciarios. Y estamos trabajando en la consecución de 12 mil cupos carcelarios
adicionales. Eso debería darnos al final de este cuatrienio unos 30 mil cupos nuevos frente
a un hacinamiento que ronda los 35 mil cupos. Es decir, si nosotros logramos construir esos
30 mil cupos carcelarios en estos cuatro años, logramos racionalizar la detención
71
preventiva y logramos frenar la sobreproducción de leyes que impactan el Código Penal
muy probablemente tendremos o un hacinamiento muy reducido a finales de 2018 o incluso
un hacinamiento inexistente (Reyes, citado en Redacción Judicial, 2015).
Dicha afirmación, expuesta en el Diario El Espectador, da cuenta de la intencionalidad del
gobierno a la hora de superar la situación carcelaria en el país, la cual vislumbra un sentido
contrario con las disposiciones de la Corte, en términos de solicitarle a este ente una reforma
estructural al sistema carcelario. De igual forma, cabe resaltar las limitaciones técnicas y humanas
del aparato judicial colombiano, en términos de solventar la demanda de procesos judiciales
pendientes (Consuegra & Moreno, 2020), un asunto que, sumado a los procesos de corrupción
existente al interior de las cárceles, sobre la base de que un segmento de la población cuenta con
privilegios al interior de sus celdas, no sean tenidos en cuenta por la institucionalidad colombiana
en términos de la (necesaria) reforma solicitada por el alto tribunal constitucional.
72
Seguimiento al ECI en las Cárceles colombianas: avances y dificultades
3.1. Introducción
Hasta este punto, se ha expuesto un panorama jurídico en el orden latinoamericano e interno sobre
los Derechos Humanos de la población privada de la libertad, caracterizado por una problemática
permanente con respecto a unas condiciones de vida indignas al interior de los centros carcelarios.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado declarando, en tres ocasiones, la existencia
de un ECI, como forma de llamar la atención al Estado colombiano frente a la problemática que
suscitan aspectos como el hacinamiento y la falta de condiciones mínimas de existencia de la
población reclusa.
En ese sentido, la pregunta que cabe ubicar en este punto es ¿Qué acciones ha realizado el
Estado colombiano al respecto? ¿Qué ha pasado en Colombia en el tema penitenciario desde la
declaratoria del ECI, hasta la fecha? ¿Se han mejorado las condiciones de existencia de la
población privada de la libertad en el país? ¿Qué medidas han desarrollado las autoridades, con
respecto al manejo de la pandemia del COVID-19 en las cárceles? Frente a esto, el propósito del
presente capítulo consiste en ubicar algunos puntos esenciales que dan cuenta del panorama
contemporáneo de la situación carcelaria, tomando en cuenta las acciones adelantadas, tanto por
el Estado colombiano como por la sociedad civil, así como las dificultades identificadas en el
camino.
Para ello, se ubicarán algunos elementos transversales que darán cuenta de la lectura y
análisis de la coyuntura carcelaria, empezando por la conformación de la Comisión de Seguimiento
de la Sociedad Civil CSS a la Sentencia T-388/2013, pasando por la redacción del CONPES
3828/2015, los informes de seguimiento del Consejo Superior de Política Criminal a las sentencias
73
expuestas anteriormente. Además, las debidas respuestas por parte de la CSS y algunos Autos de
la Corte Constitucional, que actualizan aspectos derivados de la problemática señalada en el
presente trabajo. De igual forma, se contará con un aparte importante, respecto al manejo del ECI
en tiempos del COVID-19, el cual ha sido un foco de múltiples desafíos por parte de la sociedad
colombiana, y en donde las autoridades penitenciarias y carcelarias no se escapan ante ellos.
3.2. Primeras acciones de seguimiento y acción frente a la superación del ECI.
El año 2015 será determinante en cuanto a acciones relacionadas con la superación del ECI, sobre
todo por las acciones de las diversas instancias de la sociedad colombiana. Cabe rescatar, en primer
lugar, la conformación de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil respecto al
seguimiento de la Sentencia T-388/2013 (CSS) el 9 de junio de 2015, por iniciativa de diversas
personas y organizaciones interesadas en contribuir a la superación del ECI, por medio del
cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional.
Como mandato, quienes integran la CSS se han propuesto emprender acciones tendientes
a promover la divulgación y socialización de la Sentencia T-388, realizar acciones de monitoreo
frente a los compromisos impuestos por la Corte a las instituciones correspondientes, presentar
informes especializados en la materia y, en general, acciones de tipo evaluativa, consultiva y
propositiva con respecto a la política criminal.
De igual forma, el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) expone ante la opinión
pública un primer informe de seguimiento a las acciones ordenadas por la Corte en el marco de la
sentencia señalada. Esto debido al tiempo de preparación –entre junio del 2013 y abril del 2015-
para preparar y diseñar una hoja de ruta que permita la construcción de una política criminal
racional, coherente, articulada y con enfoque restaurativo, al tiempo que se han realizado
intervenciones en la infraestructura de los centros de reclusión que promovieron la definición de
74
la Sentencia. Producto de ello, el CSPC afirma, en este Informe, haber adelantado ocho acciones
en ese sentido, como son:
Primero, la creación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios (USPEC), creada con la finalidad de gestionar y operar el suministro de bienes y
servicios que permitan garantizar el bienestar de la población privada de la libertad. Dicha entidad,
adscrita al Ministerio de Justicia y el Derecho, se encarga también de los aspectos relacionados
con la infraestructura, el apoyo logístico y administrativo requerido para un adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios, los cuales quedan a cargo del INPEC.
En la práctica, dicha entidad se encarga de aspectos como la construcción de nuevas
cárceles y la adecuación de las existentes, el suministro de insumos adecuados para el
funcionamiento de las unidades médicas y de seguridad requeridas al interior de dichos
establecimientos, y el suministro de elementos básicos para la población carcelaria, como la
alimentación y el sistema de vigilancia electrónica a la población sindicada y condenada que paga
sus penas por fuera de los mencionados.
Una segunda medida, tiene que ver con la expedición de la Ley 1709/2014, la cual
pretendió brindar garantías mínimas de dignidad humana y Derechos Humanos al interior del
Sistema Penitenciario y Carcelario. Esta ley creó y otorgó algunas garantías importantes para la
población privada de la libertad, como facilitar las condiciones de libertad de dicha población;
garantizar lo emanado en el Código Penal en el Artículo 64, sobre la posibilidad de solicitar la
libertad al momento de cumplir las tres quintas partes de la condena; la casa por cárcel frente a
delitos con condenas igual o inferior a ocho años de prisión; y la suspensión de la pena cuando
esta sea menor a cuatro años.
De igual forma, dentro de esta ley se precisan garantías en términos de prestaciones sociales
75
y cubrimientos de servicios que permita dignificar la pena privativa de la libertad en aspectos como
la salud, el trabajo, las audiencias públicas, las vigilancias electrónicas, la preservación de la
seguridad por parte del INPEC y la Fuerza Pública, así como el derecho de las madres presas a
lactar a sus hijas/os.
En tercera medida, el Informe habla de la creación de tres Documentos CONPES: uno de
ellos ya se encontraba elaborado, el CONPES 3828/2015, del cual se hablará más adelante. Por
otro lado, otros dos Documentos CONPES, el de Política Criminal y el de prevención de la
delincuencia juvenil, se encuentran, hasta la actualidad, en discusión: Este último pretende fijar
los lineamientos que orientarán los procesos de formulación, implementación y evaluación de la
política criminal en el país, a partir de superar una visión punitiva de la resolución del conflicto
social en el país. Por su parte, el CONPES de prevención de la delincuencia juvenil propone
desarrollar, desde un enfoque de derechos, acciones preventivas que permitan afectar escenarios
de riesgo para reducir las posibilidades de que adolescentes y jóvenes se vinculen a grupos
delincuenciales.
La cuarta acción ubicada en el Informe es el fortalecimiento del CSPC, al atribuirle un
papel más activo en el diseño, coordinación, evaluación y dirección de la política criminal; como
la creación de una Comisión Asesora en la materia que permita evaluar, periódicamente, dicha
política.
La quinta acción consiste en el aumento de cupos en el Sistema Carcelario, con un número
total de 2.216 nuevos cupos en 10 cárceles del país, en el año 2014. De la misma forma, el informe
proyectó, para el año 2015, entregar 3.755 nuevos cupos en diversas cárceles, así como la
proyección de construir tres nuevas prisiones de mediana seguridad en el país, que garantizarían
5.899 cupos adicionales. Por su parte, el informe proyecta, para el año 2016, la entrega de 1.008
76
cupos de colonias agrícolas, 1.936 nuevos cupos en pabellones de mediana seguridad, y entre los
años 2017 y 2020 entregar alrededor de 4.400 nuevos cupos.
Como sexta acción, el informe ubica la promulgación de una ley de racionalización de la
detención preventiva, o Ley 1760/2015, aprobada en el mes de junio por el Congreso de la
República, y cuya finalidad reside en regular el ejercicio de la detención preventiva que, como se
señaló en el capítulo anterior, debe usarse únicamente como una medida excepcional, de acuerdo
con la Sentencia de la Corte Constitucional. Así, la medida de aseguramiento, con esta Ley, contará
con un tiempo máximo entre uno y dos años. Además, se fortalecieron las condiciones para el
establecimiento de dicha medida, las cuales deben contar con un sustento jurídico fuerte que
justifique la imposibilidad de contemplar otra serie de medidas no privativas de la libertad sobre
la persona acusada.
En la séptima acción, el Ministerio de Justicia y del Derecho propone la destinación de un
espacio específico, denominado Casa Libertad, para la atención, orientación y apoyo a la población
que recién recobra la libertad, lo cual les permitirá garantizar aspectos fundamentales para el goce
efectivo de sus derechos, como la salud integral, un empleo digno y la educación, a partir de la
ubicación de oportunidades donde la persona pueda, realmente, encontrar oportunidades para
resarcir la infracción cometida contra la sociedad.
Por último, la octava acción tiene que ver con las intervenciones realizadas a los centros
de reclusión que fueron objeto de revisión dentro de la Sentencia T-388. En términos generales,
dichas intervenciones consistieron en la mejora de las condiciones, tanto de infraestructura, como
la provisión de nuevos cupos que permitan superar la situación de hacinamiento que sufre la
población tutelante.
Como uno de los puntos del Informe expuesto por el CSPC, el Departamento Nacional de
77
Planeación, en aras de identificar los principales problemas del sistema penitenciario y carcelario,
promueve el Documento CONPES 3828/2015. Esto con el fin de determinar una serie de acciones
que contribuyan a una política criminal integral. Dicho documento se basa en la evaluación
ejercida por los CONPES 3412/2006 y CONPES 3575/2009, los cuales concluyen con una
problemática común: reducir la solución de la situación carcelaria al aumento en los cupos de
reclusión en los establecimientos del sistema penitenciario y carcelario, propuesta que no cuenta
con la concurrencia de otras entidades y sectores diferentes al sector justicia.
Dentro del marco conceptual presentado en el CONPES 3828/2015, es necesario ubicar
dos claridades: la primera es la distinción entre la política penitenciaria -encargada de la población
condenada en los centros de detención- y la política carcelaria -encargada de la población detenida
preventivamente-. Por su parte, la distinción entre la política penal y la política criminal radica en
que la primera debe ser parte de la segunda, sustituyendo un modelo penal punitivo a uno
resocializador y restaurador de la justicia. Esta relación armónica y coherente permitirá no sólo
garantizar, en debida forma, la aplicación de los principios constitucionales que subyacen a la
justicia penal, sino también aumentar sus índices de eficacia y eficiencia, armonizando la relación
entre los diferentes actores estratégicos intervinientes dentro de la política penal y criminal.
Ubicada la situación problemática, similar a lo expuesto en las sentencias analizadas en el
capítulo anterior, el CONPES 3828/2015 propone abordar una política pública penitenciaria a
partir de tres ejes estratégicos que permitan atender el problema integralmente:
El primer eje, se refiere a las condiciones generales en las prisiones, atendiendo la carencia
de una infraestructura que logre satisfacer de manera adecuada las necesidades de la demanda
penitenciaria. Además del hacinamiento ya señalado, el documento señala insuficiencias en
aspectos como la atención y tratamiento de la población detenida, la operación administrativa, el
78
alojamiento de las guardias, y otros destinados a los servicios que gozan dicha población. Estas
limitaciones en infraestructura, impiden atender la demanda y brindar alojamiento, capacitación y
bienestar social adecuado a toda la población reclusa que se recibe en los establecimientos.
Como causas de esta situación, el documento señala: la obsolescencia de los inmuebles
utilizados como establecimientos carcelarios, la ausencia de una articulación de los programas
penitenciarios con una política criminal adecuada y la ausencia de competencias profesionales y
técnicas acordes a las labores que se desempeñan. De igual forma, la falta de centralización de las
bases de datos -muchas de ellas incompletas y/o inaccesibles al público- impide la formulación de
políticas, programas y proyectos que trate la problemática mencionada.
El segundo eje estratégico dentro del documento CONPES consiste en integrar y
armonizar la política penitenciaria y la criminal. Como ha quedado demostrado, las prisiones no
resultan efectivas como mecanismos disuasivos de la criminalidad; es decir, el problema de la
criminalidad no se resuelve con más cárceles y más detenidos. Por ello, es necesario analizar la
criminalidad como un asunto de mayor complejidad que requiere una intervención integral de la
institucionalidad, que solo la oferta de prisiones no puede resolver. Dicha concepción restringida
de la política penitenciaria trae consecuencias negativas, como la generación de estigmas frente a
las personas privadas de la libertad, la alta proporción de reclusos/as sindicados/as dentro de las
cárceles y la generación de fenómenos de violencia y criminalidad dentro de los centros
penitenciarios.
Finalmente, el tercer eje estratégico hace referencia a la integración de los diferentes
actores que intervienen o deberían intervenir en el diseño, planeación y operación de los planes
y proyectos derivados de la política penitenciaria. En concreto, se precisa redefinir las relaciones
entre agencias de la nación, las relaciones entre la nación y el territorio, así como promover las
79
relaciones entre el sector público y el privado. Una adecuada articulación entre las entidades del
orden nacional y territorial, así como la activa participación de la empresa privada, ayuda a
garantizar la efectividad en el desarrollo de una política que se basa fundamentalmente en la
sinergia de las acciones a la cabeza de cada uno de los actores estratégicos involucrados.
Ya con los ejes ubicados, es posible identificar los objetivos del Documento CONPES:
Como objetivo general, el Documento apuesta por “Fortalecer la capacidad institucional desde una
perspectiva integral con miras a garantizar la efectiva resocialización de la población privada de
la libertad y el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena en condiciones de dignidad
humana” (p, 56). Por su parte, los objetivos específicos conducen a:
a) Generar las condiciones de infraestructura física, sanitaria, tecnológica y humana que
permitan el cumplimiento de los fines del sistema penitenciario y carcelario en condiciones
de dignidad humana para los reclusos.
b) Armonizar la política penitenciaria y carcelaria como parte integral de la política criminal
con miras al cumplimiento del fin resocializador de la pena
c) Promover la articulación de las entidades territoriales y del sector privado con el Gobierno
nacional para solventar las necesidades del sistema penitenciario y carcelario (Ibidem.)
Ahora bien, con respecto a cada uno de los ejes identificados, las acciones propuestas en el
CONPES 3828/2015, son las siguientes:
a) Eje 1. Condiciones del sistema penitenciario y carcelario respetuosas de los derechos
humanos: Adoptar medidas encaminadas a generar condiciones penitenciarias y carcelarias
que faciliten el cumplimiento del fin resocializador de la pena y garanticen el respeto de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Estas acciones se
orientan a contrarrestar las debilidades de la infraestructura, de las condiciones sanitarias,
80
de las capacidades y competencias del personal penitenciario y carcelario, y de las
tecnologías de seguridad, vigilancia y gestión de información.
b) Eje 2. Política criminal y penitenciaria racional, eficaz y coherente: comprender la política
penitenciaria y carcelaria como parte integral de la política criminal. Esto permitirá abordar
las problemáticas identificadas, no solo con aumento de infraestructura, sino también con
la adopción de medidas legislativas destinadas a crear mecanismos alternativos al
encarcelamiento y racionalizar, tanto la aplicación de la detención preventiva como la
proporcionalidad de las penas.
c) Eje 3. Articulación de la nación con las entidades territoriales y el sector privado: Su
propósito consiste en mejorar la articulación entre distintos niveles de acción y
competencias del sistema, para la atención de la población detenida preventivamente por
parte de los entes territoriales. Adicionalmente, se establece la posibilidad de vincular
participación privada, como apoyo a la resolución de las necesidades del sistema
penitenciario y carcelario, sobre la necesidad de un trabajo mancomunado para garantizar
los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
Con las acciones ubicadas, el Documento CONPES aspira a una reducción de la tasa de
hacinamiento en 7 puntos porcentuales; una disminución en la relación entre sindicados y
condenados de 9 puntos porcentuales, y la implementación de dos alianzas público-privadas para
la generación de 7.200 cupos penitenciarios y carcelarios. Así mismo, se espera lograr el
fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario y carcelario en procura de lograr mayor
eficiencia en los procesos, reducir tiempos y costos de traslado de servidores, guardias y reclusos
a diligencias judiciales, a través de la realización de audiencias virtuales.
81
3.3. Dificultades y transformaciones frente al seguimiento del ECI penitenciario y carcelario:
el papel de los Autos Constitucionales
Hasta el momento, se mencionan algunas acciones, por parte del Estado colombiano, para
solventar la ausencia del cumplimiento de su deber por garantizar los derechos fundamentales de
la población privada de la libertad. No obstante, el año 2018 será determinante en la materia, puesto
que la Corte llamará la atención sobre aspectos que, a su juicio, no brindan claridad en torno a los
seguimientos realizados por las entidades competentes en esa materia.
Concretamente, la Corte Constitucional advierte sobre la falta de información precisa y
objetiva que dé cuenta de la dimensión de la crisis carcelaria en el país. Hasta ese momento, dicha
Corporación había recibido dos informes del CSPC sobre los seguimientos a las disposiciones de
las Sentencias T-388/2013, mientras que la CSS remitió a la Corte tres informes, en 2015, 2017 y
2018. Por su parte, el Grupo Líder, un equipo conformado por las entidades de control como la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación, remitió tres informes
respecto al seguimiento a la Sentencia T-762/2015, uno en 2016 y dos en 2017.
Sin embargo, estos informes, de acuerdo con el Grupo Líder, padecían limitaciones
importantes, como la falta de indicadores del goce efectivo de los derechos de la población privada
de la libertad; la falta de avances en la construcción de una política criminal integral; la persistencia
en las situaciones de hacinamiento y la falta de espacios mínimos vitales; la obstaculización al
ingreso de funcionarias/os a realizar las debidas inspecciones por parte del INPEC, cuya situación
se agrava por limitaciones en el manejo de recursos para llevar a cabo las inspecciones.
Otras problemáticas identificadas por el Grupo Líder, están relacionadas con la autonomía
y competencia de las entidades responsables en la ejecución de las Sentencias, lo cual evidencia
una falta en el rol articulador de la Presidencia, así como la falta de calidad y oportunidad en la
82
información suministrada por algunas entidades, por lo que dificulta el ejercicio del seguimiento
del ECI por parte de la Procuraduría y la Defensoría
Por su parte, la Sala Especial de la Corte Constitucional identificó otras limitantes al
ejercicio de seguimiento de las Sentencias mencionadas anteriormente, como su focalización en
los centros de reclusión de donde surgen las Sentencias, la falta de acreditación de los logros de la
estrategia, el carácter reactivo de los seguimientos presentados, la falta de articulación de la
estrategia de seguimiento con la academia y con la sociedad civil, y la desatención de las fases de
criminalización primaria y secundaria en el seguimiento.
Frente a estas limitaciones descritas, la Corte Constitucional emitió en el año 2018 el Auto
121, el cual pretende reorientar la estrategia de seguimiento del ECI en la población carcelaria.
Con este Auto, la Corte insistió en el llamado al Estado colombiano de propender por la
satisfacción de unos mínimos constitucionalmente asegurables, asociados a los derechos que goza
la población privada de la libertad, cuya base se encuentra en el Derechos Internacional, la
Constitución Política y la normatividad vigente, como son: resocialización, salud, servicios
públicos, alimentación, infraestructura y acceso a la administración pública y de justicia.
Para ello, la Corte ordenó, tanto al Gobierno Nacional como a los organismos de control,
que cada uno presente un informe semestral donde ubiquen las estrategias de superación del ECI.
Para el caso de los organismos de control, sus informes permitirán contrastar o validar la
información suministrada por el Gobierno en su reporte semestral. Estas entidades, como las
entidades de la sociedad civil que lo requieran, tienen un mes para presentar sus respectivos
informes. De igual forma, la Sala Especial de la Corte adelantará sus facultades para comprobar,
por sí misma, la evolución del ECI en los centros carcelarios. Con esto, la Corte garantiza una
mayor autonomía y pluralidad de voces, en lo que a procesos de evaluación se refiere, buscando
83
con ello una pluralidad de perspectivas que, conforme a su competencia, la Corte puede corroborar
y fijar sus propios criterios.
Dicho seguimiento, de acuerdo con la Corte, debe soportarse sobre la base de cuatro
bastiones como son: (i) la estructuración de las normas técnicas sobre la vida en reclusión; (ii) la
construcción de una batería de indicadores para adelantar la medición de las normas técnicas; (iii)
la consolidación de una línea base; y (iv) el diseño de un sistema de información en materia de
política criminal (Corte Constitucional, 2018).
El Auto ordenó al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo estructurar, de manera
conjunta, la definición de las normas técnicas sobre privación de la libertad, en un término de
cuatro meses posteriores a la divulgación de la presente, el cual debe de ser divulgado para su
pleno conocimiento y objeto de controversia por parte de los organismos de control y las
organizaciones de la sociedad civil. Como se evidenciará más adelante, esto conlleva a la
generación de desacuerdos, por parte de las entidades responsables de la disposición.
Adicional a ello, la Corte le solicita al Ministerio de Justicia que en su próximo informe
(Junio/2018), entregue información precisa acerca del estado de estructuración de una nueva
política criminal -solicitada, tanto en las Sentencias T-388/2013 como en la T-762/2015-, los
avances en la formulación de una política pública de concientización ciudadana sobre los fines del
derecho penal y de la pena privativa de la libertad, así como un balance en el estado de población
sindicada y condenada en los centros de reclusión.
Por último, este Auto ofreció una serie de garantías a los diversos actores involucrados, en
lo que al ejercicio de la información concierne. Concretamente, a través de este Auto, la Corte le
otorga a la población privada de la libertad conocer el contenido de las Sentencias T-388/2013 y
T-762/2015, sus respectivos informes de seguimiento y Autos, como también las garantías a los
84
organismos de control para llevar a cabo sus visitas de inspección a las cárceles, a fin de continuar
con la labor de seguimiento a las sentencias encomendada por la Corte.
No obstante, por estos tiempos se agitaron tensiones dentro de entidades de administración
carcelaria, concretamente el INPEC, quienes solicitaron a la Corte Constitucional resolver una
inquietud con respecto a la regla de Equilibrio Decreciente, en relación con las Sentencias T-
388/2013 y T-762/2015, por cuanto ubicaron que las tutelas basadas en las disposiciones emanadas
en estas sentencias se resolvían mediante argumentos, según ellos, contradictorios. En pocas
palabras, de acuerdo con el INPEC, se corría un doble riesgo al recibir y, a su vez, no recibir
población privada de la libertad en centros de reclusión con cupos llenos, pues ambas situaciones
incurrirían en sanciones por parte de entidades sancionatorias, entre ellas la misma Corte.
Sin embargo, dicha inquietud elevaba cuestiones más importantes por resolver: ¿La Corte
Constitucional, en su Sala Especial de seguimiento al ECI, debe pronunciarse frente a centros de
reclusión no relacionados con las Sentencias T-388/2013 y T-762/2015? Y, ¿existen otras
fórmulas, aparte del Equilibrio Decreciente, para superar la situación de hacinamiento en las
cárceles del país?
Cabe recordar que la regla de Equilibrio Decreciente, fue contemplada por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-388 de 2013, como parte de la estrategia de superación del ECI
penitenciario y carcelario, como una forma de equilibrar la garantía de los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad, con la correcta ejecución de la administración de justicia.
Para resolver este asunto, la Corte emite el Auto 110 del 2019, el cual ubica claridades importantes
frente a la implementación de esta medida. En primer lugar, la Corte clarifica la aplicación del
Equilibrio Decreciente en los centros de reclusión del país:
Se permitirá el ingreso de personas al establecimiento siempre y cuando no se aumente el
85
nivel de ocupación y se haya cumplido el deber de disminuir constantemente el nivel de
hacinamiento, es decir, sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión
si y sólo si (a) el número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas
que salgan del establecimiento de reclusión durante la semana anterior (por ejemplo, a
causa de un traslado o por obtener la libertad), y (b) el número de personas del
establecimiento ha ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y
las proyecciones esperadas (Corte Constitucional, 2019. p, 23)
Dicho esto, la Corte afirma su competencia para pronunciarse frente al ECI en todas las
cárceles del país, incluyendo aquellas no relacionadas con la emisión de las sentencias
mencionadas. De igual forma, mediante este Auto, la Corte se pronuncia a favor de aplicar otras
medidas para contener el hacinamiento de las cárceles del país, sin tener que aplicar
exclusivamente la regla de Equilibrio Decreciente. Para ello, la Corte explicita la necesidad de
ubicar un juicio de proporcionalidad, en tanto permite al juez constitucional ponderar los bienes
constitucionales que conflictúan en cada una de las acciones jurídicas interpuestas.
Sin embargo, para la Corte, la regla de Equilibrio Decreciente mantiene su aplicabilidad
dentro del sistema carcelario, siempre y cuando exista una adecuada articulación entre las
entidades gubernamentales, los sistemas de administración de justicia y de administración
carcelaria, lo cual puede traducirse en la definición de un “sistema de priorización e intervención
de los centros de reclusión del país para garantizar la atención progresiva y efectiva de los derechos
de la población recluida en todos establecimientos carcelarios y penitenciarios del país” (Ibidem.
50). A través de esta estrategia solicitada mediante este Auto 110, la Corte hizo un llamamiento a
una intervención priorizada y progresiva en las cárceles del país, de acuerdo al grado de
vulneración y amenazas que estas sufren, a través de un Plan de Contingencia que el gobierno
86
nacional aplica en el momento que el sistema sea efectuado.
Sin embargo, las acciones emitidas hasta el momento, desencadenaron desacuerdos entre
el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, sobre la construcción de las normas técnicas
sobre privación de la libertad, una de las definiciones del Auto 121/2018. De igual forma, se
evidenciaron dificultades a la hora de la construcción de una línea base que mida los indicadores
de cumplimiento de las normas tendientes a superar el ECI, lo cual evidencia la persistencia de
bloqueos institucionales y la desarticulación institucional entre las entidades que hacen parte del
seguimiento al ECI en materia penitenciaria y carcelaria.
Frente a esta situación, la Corte Constitucional se pronunció nuevamente, emitiendo el
Auto 141/2019, en el cual llama a las entidades gubernamentales y organismos de control a
establecer, cuanto antes, un plazo definitivo para la entrega de indicadores del seguimiento del ECI
en materia penitenciaria y carcelaria, así como las tareas concretas a realizar para el levantamiento
de la línea base. La importancia de esta línea base, radica en que, por medio de ella, es posible
levantar el diagnóstico de los estándares mínimos constitucionales en todas las cárceles del país;
razón por la cual se convierte en un instrumento constante de medición y evaluación del ECI, bien
sea para determinar su continuidad o superación.
Dada la importancia de cumplir con estos elementos la Corte, mediante este Auto,
interviene para mediar en la falta de articulación entre las entidades competentes para hacer
seguimiento del ECI, razón por la cual exige al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo,
como entidades líderes del Comité Interdisciplinario para la estructuración de normas técnicas
sobre privación de la libertad, remitir ante la Corte, a más tardar el 7 de junio de 2019, los
indicadores definitivos del seguimiento del ECI, de acuerdo a lo emanado tanto en el Auto 121
como en este Auto. Por último, la Corte exige al Gobierno que, en el próximo informe de
87
seguimiento a las Sentencias T-388/2013 y T-762/2015, haga entrega de claridades respecto al
estado de las normas técnicas y la línea de base de evaluación y seguimiento al ECI.
Aun así, la Corte Constitucional no ha sido la única en pronunciarse críticamente respecto
a la situación carcelaria en el país, y las acciones implementadas por los gobiernos de turno en los
últimos años. Como bien se sabe, existe una CSS para el seguimiento de la Sentencia T-388/2013,
la cual ha manifestado hondas preocupaciones respecto a la situación descrita en este trabajo, en
especial por las acciones de los dos últimos gobiernos de turno: Juan Manuel Santos (2010-2018)
e Iván Duque (2018-2022).
En ese sentido, los pronunciamientos de la CSS se han enfocado en ubicar debilidades
respecto a la ausencia de información clara, al diagnóstico de la situación carcelaria en el país, a
sus principales problemáticas y las acciones a desarrollar para superarlas. Esta falta de
información, de acuerdo con la CSS (2019), afecta el ejercicio de evaluación del ECI, ya que los
gobiernos presentan en sus informes, como regla general, una declaración de acciones
implementadas, indicadores de gestión desarrollados y acciones a desarrollar a futuro. Esto, sin
tener en cuenta las problemáticas concretas y la relación entre ellas, que ocurren en los centros de
reclusión; la realización de las acciones implementadas; y la satisfacción de los derechos
vulnerados hacia la población privada de la libertad.
La CSS ha reconocido las acciones del Estado colombiano, respecto a la superación del
ECI. Por ejemplo, la ubicación de la política criminal como una dimensión independiente de la
actual crisis constitucional, lo cual se traduce en la ubicación de este punto como una dimensión
propia de seguimiento. De igual forma, el CSS reconoció el paso que han dado los gobiernos de
turno por racionar el uso de la privación de la libertad, a través del Plan de Transformación y
Humanización, lo cual es un paso importante para la superación del ECI.
88
Sin embargo, los informes del Gobierno Nacional, a juicio del CSS, no han ofrecido una
caracterización cualitativa ni cuantitativa de las dimensiones de la crisis carcelaria en el país.
Muestra de ello, los informes del Gobierno Nacional carecieron de información relevante que
permita estimar el comportamiento del hacinamiento carcelario y su evolución. Además, no se
presentó un dato comparativo entre las personas que reciben medidas privativas de la libertad,
como tampoco su ubicación, lo cual imposibilita establecer datos precisos sobre el número de
personas que se encuentran privadas de la libertad, cuántas de ellas se encuentran en centros de
reclusión permanentes y transitorias, así como la calidad preventiva y privativa de la persona
detenida.
Para la CSS llama la atención que el CSPC no presentara en sus informes los estados
referentes a la cantidad de medidas de aseguramiento interpuestas por las entidades judiciales en
el país, cuántas de éstas no son privativas de la libertad, la duración promedio de las detenciones
preventivas en el país, la caracterización de las demoras que conducen a detenciones preventivas
injustificadas, la cantidad y causales de las privaciones injustas a la libertad. Sobre todo, cuando
la intención de los gobiernos, a raíz de las Sentencias de la Corte Constitucional, consiste en
racionalizar el uso de la privación de la libertad, como mecanismo de descongestión de los centros
de detención.
La CSS señala, frente a este punto, la incoherencia existente frente a esta meta con los
llamados de Iván Duque a aumentar las penas de cárcel frente a algunos delitos, como el robo de
ganado, los relacionados con las Sustancias Psicoactivas y el endurecimiento del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente. Contrario a ello, el Comité advirtió que el gobierno no
presenta planes concretos para la reducción de las condiciones de hacinamiento sugiriendo, en
cambio, una continuidad en la construcción de más cárceles a nivel nacional.
89
Ante la ausencia de dichos datos, de acuerdo con la CSS (2019), resultó difícil identificar
el panorama de las vulneraciones a los Derechos Humanos de la población carcelaria en el país,
así como la definición de estrategias diferenciadas, por parte del Estado, para darle atención a cada
uno de los centros de reclusión. Una muestra de ello, tuvo que ver con la falta de claridad respecto
a la implementación del Plan Nacional de Transformación y Humanización del Sistema
Penitenciario y Carcelario y el Plan Nacional de Política Criminal. Para el CSS, las afirmaciones
de los Gobiernos frente a estos planes se caracterizan por sus afirmaciones abstractas y generales,
sin medidas concretas a desarrollar y efectos sobre la actual crisis carcelaria.
Adicionalmente, la CSS considera que el CSPC omitió algunos elementos a la hora de
construir los diagnósticos para sus informes, como los retos que enfrenta el sistema de salud de las
cárceles, las barreras de acceso a la justicia de la población privada de la libertad y los obstáculos
que enfrentan las reformas legislativas necesarias en el Congreso de la República. Esto hace que,
por ejemplo, en el Plan propuesto por el gobierno nacional, no se tengan en cuenta los elementos
diferenciales que debe contener dicha propuesta, de acuerdo a los diversos grupos poblacionales.
A modo de ejemplo, las respuestas de la CSS a los informes V y VI de seguimiento del Gobierno,
no establecen claridades frente a la inclusión de enfoque diferenciales en la construcción del Plan
de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia.
De igual forma, tampoco se ubicó, de acuerdo al CSS (2019), una caracterización
poblacional en las cárceles, de acuerdo a sus particularidades étnicas, sexuales, etarias,
discapacidad y nacionalidad. A pesar de que en el Informe VI se recogieron algunos aspectos
respecto a la población LGBTI, dicho informe carece de acciones afirmativas en la construcción
de una ruta de atención integral que se refleje en todas las fases de la política criminal, no solamente
a este sector, sino a todos los sectores poblacionales en las cárceles del país.
90
Posterior a estas observaciones, el Gobierno de Iván Duque presentó el Séptimo Informe
de seguimiento al ECI del sistema carcelario y penitenciario, en diciembre del 2019. En dicho
informe, el gobierno indicó la persistencia en la discusión acerca de los lineamientos de la Política
Criminal, razón por la cual aún no se presenta a socialización, proyectando cumplir dicha meta
para el primer semestre del año 2020. De igual forma, con respecto al Plan Nacional de Política
Criminal, el gobierno asegura que es una tarea que se encuentra en construcción por parte del
CSPC quienes, de igual forma, se encargan de brindar consultas y conceptos frente a proyectos de
ley promulgados en el Congreso de la República, cuya naturaleza atañe el desarrollo de la política
criminal del país.
En dicho informe, el gobierno manifestó haber adelantado medidas conducentes a la
resocialización de la población privada de la libertad, como por ejemplo una caracterización de su
nivel de estudio8, la expedición de la Resolución 4020 del 4 de octubre de 2019, la cual promovió
la creación de condiciones especiales de trabajo y remuneración a dicha población, mediante
modalidad indirecta, así como la inclusión de cinco nuevas comunidades terapéuticas, en igual
número de centros penitenciarios.
Otro programa que el gobierno resaltó en su VII Informe es la adecuación de doce centros
de autoabastecimiento de uniformes para la población privada de la libertad, dando cumplimiento,
no solamente al acceso al trabajo, sino también al acceso a uniformes e implementos para su
vestimenta, ambos aspectos señalados en las sentencias de la Corte Constitucional. De la misma
forma, y dada la creciente demanda, se solicitó en el Informe la creación de tres centros de
autoabastecimiento similares en el país
8 De esta caracterización, se demuestra que “De los 124.640 PPL [personas privadas de la libertad] de todo el país,
según reporte del INPEC del mes de septiembre, 120.024 poseen estudios de educación básica y media, mientras que
solo 4.616 han realizado estudios de educación superior” (Presidencia de la República, 2019, p. 18). De igual forma,
se demuestra que, del total de dicha población, solamente 50.740 están vinculados a programas de estudio.
91
Un programa adicional de resocialización, ubicado en el Informe, tiene que ver con las
Casas Libertad, centros destinados a la población postpenitenciaria, en la cual establecen una fase
de transición entre el centro carcelario y la recuperación de la libertad, a través de un
acompañamiento psicosocial que permita evitar la reincidencia. A pesar de que el informe
evidenció resultados favorables en la implementación de dicho programa, el informe mostró
también un leve aumento, en el marco de los últimos seis años, entre 2013 y 2019, en la tasa de
reincidencia de la población privada de la libertad, pasando de un 14% a un 21,3%, con una tasa
de crecimiento constante año por año.
Ahora bien, con respecto a las condiciones de infraestructura a nivel nacional, el Informe
señaló las gestiones de viabilidad, para la construcción y ampliación de centros penitenciarios en
siete lugares del país, durante el año 2019. De otra parte, el Informe ubicó la proyección de ampliar
el cupo carcelario para los años 2020, 2021 y 2022, con una capacidad esperada de 510, 480 y
1920 nuevos cupos, respectivamente.
Con respecto a los servicios públicos existentes, el Informe realizó un balance en el estado
de las plantas de tratamiento de agua en los establecimientos carcelarios, distribuido de la siguiente
forma: 21 Plantas de Tratamiento de Agua Potable y 28 Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales, de las cuales “siete se encuentran en operación, seis están suspendidos, quince sin
operar y dos de estos establecimientos no requieren operación y mantenimiento de las plantas
porque cuentan con sistema de acueducto y/o alcantarillado que suple dicha necesidad”
(Presidencia de la República, 2019, p. 61).
Otros de los servicios públicos analizados en el informe, tuvo que ver con la alimentación
brindada en los centros carcelarios. Al respecto, el Gobierno Nacional ubicó una serie de ítems a
evaluar su desempeño: en el tema de la alimentación, la evaluación pasa por aspectos que van
92
desde las condiciones de almacenamiento de los alimentos, su manipulación por personal idóneo
y las condiciones de salubridad, dando un total de evaluación global promedio de un 85,6%. Por
su parte, el Informe indicó que, en tan solo 21 establecimientos carcelarios, el 15,4% del total
nacional, pudo haber casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA, lo cual pudo haber
sido ocasionado por deficiencias en la producción de alimentos y malos procesamientos de
cárnicos, en la mayoría de los casos reportados.
Sin embargo, la preocupación expresada en el informe, radicó en el balance de las actuales
condiciones de las instalaciones físicas y sanitarias de los centros de reclusión en el país, de las
cuales tan solo 16 cumplen satisfactoriamente con las condiciones técnicas evaluadas, 61 cumplen
parcialmente y 49 no cumplen con dichas condiciones. Sin embargo, llama la atención en el
informe que los centros de reclusión que cuentan con más fallas en dichas condiciones sean,
precisamente, los centros que han sido construidos en los últimos treinta años, que corresponden
al 11,1% del total nacional, mientras que los centros penitenciarios más antiguos gozan de mejores
condiciones de instalaciones físicas y sanitarias, en especial aspectos como la alimentación y el
almacenamiento de materias primas e insumos.
Por último, el informe expresó, como información relevante, aspectos concernientes al
acceso a la justicia; por ejemplo, el reconocimiento de la población condenada al interior de
veintidós cárceles del país, donde encuentran un número total de 51.367 personas condenadas, un
72,7% del total de personas privadas de la libertad, en cárceles cuya capacidad total es de 49.295.
Es decir, aún existe una ocupación total del 143%, por lo que la situación de hacinamiento en el
sistema penitenciario y carcelario, es un asunto de gran calado que no se ha logrado resolver.
Frente a esto, el informe plantea la realización, a finales del año 2019, de tres brigadas jurídicas
integrales en 105 establecimientos penitenciarios, con el fin de contribuir con el esclarecimiento
93
jurídico de las personas sindicadas y condenadas que ya han cumplido su pena privativa de la
libertad.
Si bien, este último informe del Gobierno Nacional, ubicó avances en aspectos como la
resocialización de las y los reclusos, tanto dentro como fuera de las cárceles, y la realización de
brigadas jurídicas para esclarecer la situación jurídica de muchas personas presentes en dichos
centros, es importante evidenciar que este informe aún sigue careciendo de elementos solicitados
por el CSS y la Corte Constitucional, a la hora de definir criterios de evaluación del ECI.
Tiene razón el CSS cuando afirmó que informes, como el último reseñado, presentan
afirmaciones generales sin elementos claros con qué contrastar y evaluar los elementos expuestos
por la Corte Constitucional, en el marco de la Sentencia T-762/2015, considerados como
pertinentes para la superación del ECI. De la misma forma, este informe sigue presentando las
falencias advertidas por la CSS, en cuanto a la ausencia de un enfoque diferencial a la hora de
evidenciar la crisis de Derechos Humanos, al interior de las cárceles, a excepción de unas cuantas
referencias a la población LGBTI y las mujeres (Giraldo, 2021).
En ese sentido, los años 2018 y 2019 se caracterizaron por las muestras de desarticulación
entre las entidades gubernamentales y los organismos de control, a la hora de definir criterios de
evaluación del ECI, razón por la cual, tanto la Corte Constitucional como la CSS se han
pronunciado, en el ámbito jurídico y de control político ciudadano, sobre la necesidad de establecer
criterios claros y con tiempos definidos, respecto a la evaluación de mínimos requeridos para la
superación del ECI. Si se analiza con detalle el VII informe del Gobierno Nacional (Presidencia
de la República, 2019), habrá de percatarse en la persistencia, por parte del Estado colombiano, en
buscar salidas a la crisis penitenciaria y carcelaria a través del fortalecimiento de su infraestructura
física. Mientras que el hacinamiento persiste, el índice de reincidencia aumenta, y los lineamientos
94
de una política criminal con enfoque preventivo y de Derechos Humanos sigue pendiente por
discutirse.
3.4. 2020: Derechos Humanos de la población privada de la libertad en Colombia y COVID-
19
A la hora de enfrentar desafíos, respecto a las garantías y exigibilidad de los Derechos Humanos,
se tienen en cuenta aspectos de las acciones humanas, tales como la construcción, modificación y
derogatoria de leyes, decretos, autos, sentencias, planes, estrategias, y otros mecanismos de índole
jurídico y político, que sostienen las bases para un orden social determinado. Sin embargo, cuando
los desafíos planteados provienen de situaciones cuyo origen recae en acciones como desastres
naturales y otros eventos de diversa índole, los desafíos en términos de garantía y exigibilidad de
derechos se tornan apremiantes y urgentes y la planeación se hace difícil dada la volatilidad de lo
hechos no previstos.
En este caso, sin lugar a duda, el hecho más importante que ha afectado a la comunidad
internacional, en el último año, está relacionado con la pandemia del COVID-19. A los pocos días
de que el gobierno nacional emitiera su VII Informe de Seguimiento del ECI del sistema
penitenciario y carcelario, los primeros casos de neumonía, asociados al virus SARS-COVID-19-
2, eran reportados ante la Organización Mundial de la Salud OMS. En tres meses, dicho virus
había logrado expandirse por todo el mundo, reportándose el primer caso de COVID-19 en
Colombia el 6 de marzo del 2020.
En aquel tiempo las alarmas se encendieron y, con ello, las medidas de bioseguridad, como
la implementación de una cuarentena estricta a nivel nacional, a partir del 18 de marzo. Sin
embargo, como en todas las sociedades, existen sectores con mayor riesgo de contagio y muerte
por el virus, de acuerdo con diversos factores; uno de ellos, el tema del hacinamiento. En ese
95
sentido, y ante un ECI declarado, entre otras cosas, por la situación de hacinamiento en las cárceles
del país, la atención frente a la pandemia en las personas privadas de la libertad requirió total
atención por las diversas entidades encargadas de velar por la superación del ECI.
Dicho esto, la pandemia en las cárceles del país tuvo un primer episodio de crisis en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Villavicencio,
cuando se reportó el primer recluso muerto por coronavirus el 1 de abril y que, cuarenta y dos días
después, dentro del penal se reportaran 876 casos positivos, lo que representa más de la mitad de
su población recluida (González, Ramírez & Salinas, 2020). Frente a esta situación, la Corte
Constitucional se declaró competente para pronunciarse, a favor de adoptar medidas que
condujeran a proteger los derechos fundamentales de dicha población, ante un riesgo inminente de
vulneración de sus afectaciones al derecho a la vida y la salud integral.
En respuesta a ello, la Corte emite el Auto 157/2020, el cual parte del marco de seguimiento
a las Sentencias T-388/2013 y T-762/2015. Dentro de sus consideraciones, la Corte consideró la
necesidad de adoptar medidas que descongestionara el penal, con el fin de disminuir la situación
de riesgo de la población privada de la libertad en el EPMSC de Villavicencio. Dichas medidas
conducen a la emisión, mediante el Auto mencionado, de una estrategia donde se incluyen acciones
como: actualizar la documentación de las personas privadas de la libertad, remitir dicha
documentación a la Defensoría del Pueblo y a jueces de ejecución de penas , la priorización de
audiencias de libertad, un plan para atender las libertades y prisiones domiciliarias concedidas, y
el respectivo seguimiento de las órdenes por parte de los órganos de control (Corte Constitucional,
2020a).
A las problemáticas reportadas, se suma el aumento considerable de casos positivos de
COVID-19 en las cárceles. Por ejemplo, para la fecha del 28 de mayo del 2020, existían 1.166
96
casos confirmados y 74 personas recuperadas, en cuatro cárceles del país (Corte Constitucional,
2020b). Esta situación, según la Corte Constitucional exige, de parte del gobierno nacional, contar
con información relevante sobre la estrategia de control de contagios y la continua prestación de
los servicios básicos requeridos por la población privada de libertad. Esto lleva a indagar a las
entidades responsables de la política penitenciaria y carcelaria por las condiciones en que se
cumplen los estándares mínimos constitucionales en épocas del COVID-19, junto con la necesidad
de reducir las condiciones de hacinamiento, en aras de disminuirla velocidad de contagio del virus
dentro de los centros de reclusión.
Frente a esto último, la Corte Constitucional reconoce el esfuerzo adelantado por el
Ministerio de Justicia en contribuir a superar dicha problemática, por medio de su Decreto
546/2020; sin embargo, la Corte indaga sobre su efectividad con respecto a la situación planteada.
De igual forma, existe una preocupación, por parte de este alto tribunal, sobre los espacios
designados en las cárceles para la población reclusa identificada como positiva para COVID-19,
así como la preocupación por el sistema de justicia, ante la alta demanda de solicitudes de
detención domiciliarias y medidas de libertad, dadas las preocupaciones en materia de contagio y
salubridad de la población recluida.
Con el fin de enfrentar dichas preocupaciones, la Corte Constitucional emite un Auto, el
día 3 de Julio del 2020, en donde solicitan, tanto al Ministerio de Justicia como al INPEC, una
caracterización precisa y completa de la población carcelaria, a nivel nacional, que presente algún
factor de riesgo a causa de la propagación del COVID-19. Concretamente, la Corte solicita
información respecto al número exacto de personas adultas mayores, pacientes con VIH, diabetes,
enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas u otras condiciones de salud relevantes.
De igual forma, la Corte emite una serie de inquietudes a estas entidades frente a
97
determinados puntos, relacionados con la prevención, protección y atención de las personas
privadas de la libertad, en el marco de la pandemia del COVID-19, al interior de los penales del
país. Frente al contenido de las inquietudes, un primer grupo se relaciona con la existencia de
modificaciones en la satisfacción de los derechos fundamentales hacia esta población, como el
suministro de servicios públicos, alimentación, programas de resocialización y atención en salud.
Un segundo grupo de preguntas se relacionan más con la existencia de protocolos, la entrega de
equipos de bioseguridad y kits de aseo, así como el desarrollo de diagnósticos tendientes a
identificar el virus, en toda la población presentes en los centros de reclusión.
Un grupo adicional de inquietudes elevadas por la Corte se refiere al uso de la fuerza por
parte del personal del INPEC, en caso de la existencia de motines en el marco de la pandemia, así
como la remisión de quejas ante posibles abusos de la fuerza pública al interior de los centros de
reclusión. Por último, la Corte plantea inquietudes relacionadas con los costos de sostenimiento de
cada reclusa/so en los penales, así como el nivel de congestión del sistema judicial ante las
solicitudes de prisión domiciliaria, revocación de las medidas privativas de la libertad y otras
solicitudes alternativas de la pena privativa intramural.
Dicha situación obligó al gobierno a pronunciarse respecto a la evolución del ECI en las
cárceles, a través de un nuevo informe de seguimiento. Previamente, el gobierno, en cabeza del
Ministerio de Justicia y el INPEC, había informado a la Corte Constitucional de una serie de
medidas tendientes a la prevención del COVID-19 en las cárceles, como la aplicación de una Ruta
de Gestión del Riesgo para la detección temprana del virus en las cárceles, la restricción en la
circulación de personal externo al ya existente en ellas, la atención inmediata de casos positivos
de COVID-19 en reclusas/os y la provisión de alimentación y agua potable, con el fin de evitar
episodios de desabastecimiento (Corte Constitucional, 2020b).
98
En el informe de seguimiento, realizado por la Oficina de Control Interno del Ministerio
de Justicia (2020) llama la atención, en primer lugar, el aumento presentado en la población
recluida en los establecimientos carcelarios durante el 2020, con relación al año inmediatamente
anterior: la población privada en intramuros pasó de ocupar un número de 118.794 en 2019, a
124.308 en 2020; hubo también un aumento en las personas que cumplen penas de prisión
domiciliaria, de 60.194 en 2019 a 62.228 en 2020; mientras que las personas con vigilancia asistida
pasaron de ser 5.035 en 2019, a ocupar 6.839 en 2020. Este aumento da pie para dos cosas: en
primer lugar, puede pensarse en un aumento en las tasas de efectividad, por parte de la fuerza
pública, a la hora de controlar el delito en el país; no obstante, dado el aumento, año por año, en la
situación de hacinamiento en los centros de reclusión, las cifras dan cuenta de la permanencia en
una ausencia de una política criminal basada en el carácter preventivo, cuyo cuerpo sigue siendo
de carácter represivo y policivo y que, en una situación como la pandemia por el COVID-19,
representa un aumento en la población de riesgo expuesta a contagiarse del virus.
Sin embargo, el informe indica también un crecimiento en el cupo carcelario, registrando
un aumento en el 6,9%, equivalente a 5.202 cupos nuevos (Ministerio de Justicia, 2020), lo cual
equivale a un aumento de 76.726 cupos en enero del 2013 a 80.156 cupos en enero de 2020. De
igual forma, el mismo informe manifiesta que los niveles de hacinamiento, en lo que va corrido
del año 2020, ha ido disminuyendo, por cuenta de la emergencia social y sanitaria, a causa del
COVID-19, pasando de un porcentaje cercano al 53,3% en enero del 2020, a una tasa de
hacinamiento del 35,8% en Junio (Ibidem, 2020). Uno de los aspectos a resaltar de estas cifras, es
la disminución importante de población recluida intramuralmente, pasando de una cifra de 122.598
personas en marzo, a 109.921 en junio del presente año.
Esta situación, de acuerdo con el informe, se debió a circunstancias tales como: la
99
liberación masiva de presas/os, el aumento en la tasa de población enviada a prisión domiciliaria
y vigilancia asistida, el aumento en 772 cupos carcelarios y la suspensión emitida por el INPEC
de enviar a personas privadas de la libertad a las cárceles. Una medida adicional, empleada por el
ejecutivo mediante el Ministerio de Justicia, fue la expedición del Decreto Legislativo 546/2020,
el cual permitió que 794 personas fueran cobijadas con penas alternativas, dada su condición
vulnerable al COVID-19. De esta forma, se hace efectivo el llamado de Olarte (2021) por
desarrollar una medida excepcional que, mediante el traslado de población privada de la libertad
del régimen tradicional al régimen domiciliario, se logra superar, en cierta medida, el problema
del hacinamiento en las cárceles del país.
No obstante, el informe reconoce que aspectos clave para la transformación de la actual
política criminal, como el Plan Nacional de Política Criminal, aún no se encuentra listo, sino que
presenta un avance del 80%, proyectando cumplir con ello en el segundo semestre de 2020. Dicho
esto, al no contarse con un Plan, la evaluación del ECI queda pendiente. Aun así, el informe da
cuenta de la creación de un Plan Integral de Programas y Actividades de Resocialización, a través
de acciones orientadas a mitigar los efectos de la exclusión. Esto, mediante acciones orientadas a
la salud, alimentación, atención psicosocial, condiciones de habitabilidad, comunicación familiar,
desarrollo espiritual, asesoría jurídica, uso del tiempo libre; y, por otro lado, impulsando a la
persona recluida a preparar su reinserción social mediante actividades laborales, de estudio y
enseñanza.
Por último, el informe revela una serie de medidas realizadas por las autoridades
competentes del gobierno nacional y el sistema carcelario, para atender la crisis de la pandemia
del COVID-19 al interior de los centros de reclusión. Entre las medidas adoptadas, se encuentran:
la caracterización de la población de riesgo presente en dichos centros. De igual forma, se hicieron
100
entregas de elementos destinados a la prevención y atención del contagio, como kits de aseo y la
instalación de carpas destinadas a aislar la población carcelaria que den positivo en las pruebas
para COVID-19. Finalmente, el INPEC autorizó ingresar la tecnología al momento de las visitas
familiares, a través de la inserción de visitas virtuales y videollamadas, como mecanismos para
que personas privadas de la libertad y sus familias, pudieran mantener el contacto, a pesar de las
medidas de restricción a las visitas presenciales, dada la emergencia sanitaria.
A pesar de la información expuesta, el Informe no da cuenta del número de pruebas de
detección de COVID-19 practicadas a dicha población en los centros de reclusión. En su momento,
esta situación presentó una dificultad general por cuenta de las demoras que, a nivel nacional, hubo
con respecto al proceso de detección de casos de COVID-19. Como lo manifiestan González,
Ramírez y Salinas (2020), al inicio de su artículo:
En las cárceles colombianas se hacen muy pocas pruebas de detección del coronavirus pese
a que son parte de los principales focos de contagio en el país. Los presos que contrajeron
la enfermedad no reciben tratamiento adecuado y alivian sus síntomas con agua de panela
y aspirina
De acuerdo a dicha investigación, las autoridades representadas en el Fondo de Atención
en Salud para personas privadas de la libertad, encargado del servicio de las/los internos,
manifiestan que a inicios del mes de Julio, la situación estaba controlada, con un número de 2.067
de personas privadas de la libertad contagiadas y sólo seis fallecidas por el COVID-19. De acuerdo
con la versión del Fondo, la mitad de las personas resultaron “asintomáticas”, razón por la cual no
hubo la necesidad de trasladarlas a centros de salud para su atención, sino directamente en las
cárceles. Sin embargo, el grupo investigador afirmó que dicha conclusión carece de un monitoreo
suficiente que explique la baja letalidad en las cárceles, y de una metodología epidemiológica clara
101
que permita establecerlo (Ibidem, 2020).
Lo que sí muestran los datos del Fondo es la baja cantidad de pruebas de detección de
COVID-19 practicadas, hasta Julio del 2020: 7.153 exámenes en 90 días, correspondiente al 6.41%
de la población privada de la libertad, debidamente testeada. A pesar de lo informado por el Fondo,
los autores de la investigación dan a conocer un informe de la Contraloría General de la Nación,
emitido en 2019, donde clarifica que ningún establecimiento carcelario del país cuenta con equipos
para el tratamiento de urgencias médicas (Ibidem, 2020) y que, además, no ha habido un aumento
en el número de personal médico al interior de las cárceles para el tratamiento contra el COVID-
19 en la población recluida.
3.5 Conclusión
En conclusión, se puede deducir la existencia de avances en cuanto al tratamiento de la situación
penitenciaria y carcelaria en el país, situación que, de entrada, juega a favor de la población privada
de la libertad en la conquista de sus derechos. Sin embargo, a la hora de analizar con detalle la
situación, es posible apreciar una serie de dificultades para que las decisiones emanadas de las
sentencias de la Corte Constitucional analizadas en el anterior capítulo, puedan materializarse.
Dentro de las dificultades evidenciadas, se encuentra el lento avance a la hora de definir la
construcción de una nueva Política Criminal, con enfoque preventivo y de derechos; las
dificultades a la hora de evaluar la aplicación de los diferentes planes adelantados por el gobierno
nacional, el INPEC y el USPEC; y las dificultades a la hora de concertar criterios de acción entre
las entidades mencionadas y los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación
y la Contraloría General de la Nación.
Dado esto, la Corte Constitucional ha entrado nuevamente en escena, intentando dirimir
102
algunos de los conflictos presentados entre las entidades institucionales, como también las
entidades de la sociedad civil que buscan velar por el cumplimiento de las decisiones de las
Sentencias analizadas. Dicho accionar, como se ha evidenciado, busca ubicar claridades a la hora
de: evaluar la implementación de los programas y estrategias gubernamentales destinados a la
superación del ECI; resolver claridades acerca de la regla de Equilibrio Decreciente: llamar la
atención del gobierno a la hora de atender, con inmediatez, la emergencia sanitaria derivada de la
pandemia del COVID-19.
Este último aspecto, inesperado para los sistemas de administración de la política
penitenciaria y carcelaria, ha puesto en evidencia las precarias condiciones en que la población
privada de la libertad convive en los centros de reclusión. De ahí que, haciendo llamado a los
requerimientos de la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud, haya implementado programas
que buscan disminuir la tasa de hacinamiento. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para reducir
tal situación, ni mejorar las condiciones de existencia de dicha población; las cuales, al inicio de
la pandemia en nuestro país, protagonizaron un escenario de protestas masivo que condujo a
tragedias, como la ocurrida en la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá, donde veintitrés reclusos
murieron y más de ochenta resultaron heridos (BBC News Mundo, 2020).
La tarea, hasta el momento, no persiste únicamente en el tratamiento de la situación
penitenciaria y carcelaria en el marco de la pandemia, sino también en el cumplimiento de las
decisiones emanadas en las sentencias y, con ello, en la superación del ECI; no solamente de parte
de las administraciones, sino también de los organismos de control y los sectores de la sociedad
civil preocupados por la satisfacción de los derechos fundamentales de la población privada de la
libertad.
103
Conclusiones
A lo largo del presente trabajo, se ha hecho un abordaje jurídico, a nivel colombiano, sobre las
acciones tendientes a salvaguardar los derechos fundamentales de la población privada de la
libertad, sobre la base de una preocupación existente acerca de su menoscabo por parte del Estado,
como principal garante de tales derechos.
Para ello, este trabajo empezó analizando el Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, cuyo contenido se
soporta sobre unas garantías mínimas, por parte de los Estados, en términos de garantizar el orden
al interior de los centros de reclusión, ejercer responsablemente el control social y establecer
sanciones justas y proporcionales a las personas que han sido condenadas por determinados delitos.
Las garantías evidenciadas, giran en torno a proporcionar unos aspectos básicos a la
población privada de la libertad, como el trato humano con dignidad, mientras estos se hallen bajo
la custodia de las administraciones penitenciarias y carcelarias; la protección de su vida e
integridad; la garantía de un control judicial efectivo en el proceso de detención; la provisión de
condiciones para un debido ingreso y en condiciones de salud adecuadas; como también de un
personal penitenciario acordes a los estándares de derechos humanos de las personas privadas de
la libertad y sus familias.
Así, el Sistema Interamericano ha establecido las siguientes garantías, por parte de los
Estados, a proteger los derechos de la población mencionada: derecho a la vida, integridad
personal, obligaciones de atención médica y el derecho a la salud, así como garantías al momento
de las interacciones entre cada reclusa/recluso con sus familias, con sus compañeros/as y con el
personal de administración de los centros de reclusión.
En esa medida, el Estado colombiano, como parte del Sistema Interamericano de Derechos
104
Humanos, cuenta con la obligación de aterrizar el marco jurídico establecido por dicho sistema
dentro de su marco interno, en especial en el Código de Procedimiento Penal y el Código
Penitenciario y Carcelario. Sin embargo, ante la insuficiencia en el respeto hacia los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad, al interior de los centros de reclusión, la
Corte Constitucional se ha visto obligada a intervenir a la hora de desarrollar el debido control y
la toma de decisiones para subsanar las situaciones presentadas, a raíz del no cumplimiento
efectivo con los estándares básicos de derechos y de dignidad humana hacia esta población.
La actuación de la Corte Constitucional, como se pudo evidenciar, giró en torno a las
garantías emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los Estados de la región.
En este caso, la Corte creó el ECI, como una figura que permitió llamar la atención sobre la crisis
penitenciaria y carcelaria en el país. Esta figura se ubicó mediante la emisión de tres sentencias
importantes en la materia: la Sentencia T-153/1998, la Sentencia T-388/2013 y la Sentencia T-
762/2015. En cada una de estas sentencias, la Corte Constitucional evidenció la existencia de unas
condiciones de hacinamiento y de insuficiencia en la prestación de los servicios básicos, como la
alimentación, salud y un debido proceso jurídico, las cuales afectaban derechos hacia la población
recluida, como la vida, la integridad, la libertad, la intimidad y el debido proceso. Dada esta
situación, cada una de estas sentencias tomaron postura al evidenciar la existencia de una
incompatibilidad entre una serie de derechos consagrados en la ley y su aplicabilidad, motivo por
el cual, a partir de 1998 y hasta la fecha, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas
Inconstitucional ECI, respecto a la situación penitenciaria y carcelaria en el país.
El empleo de esta figura, para garantizar los derechos de la población privada de la libertad,
constituyó un hecho importante dentro del constitucionalismo colombiano, en la medida que ubica
claridades frente al deber ser de la relación entre el Estado colombiano y dicha población. Además,
105
sobre la base de esta sentencia es que se asientan las decisiones jurídicas y constitucionales que
han de incidir sobre este grupo poblacional, en especial, lo referente a la protección de la dignidad
humana, la integridad física y moral y el derecho a la resocialización.
De igual forma, cabe resaltar que la definición del ECI, por parte de la Corte Constitucional,
está acompasado a los criterios definidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no
solamente en el transcurso de las Sentencias de la Corte Interamericana analizadas en este texto,
sino también en el conjunto normativo que compone la arquitectura jurídica del Sistema. En esa
medida, se aprecia cómo la Sentencia T-153/1998 acoge los preceptos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
sobre la garantía de la reclusión digna y el fin resocializador de las penas privativas de la libertad.
De igual forma, la Sentencia T-388/2013 se soporta de sentencias de la Corte Interamericana como
el Caso Pacheco Teruel y otros vs Honduras (CIDH, 2012) y el Caso Mendoza y otros vs Argentina
(CIDH, 2013), sobre la necesidad de establecer unos mínimos estándares de protección
penitenciaria y carcelaria. Por último, la Sentencia T-762/2015 se soporta, en gran medida, en la
Sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil (CIDH, 2006), sobre
el deber estatal de proporcionar atención médica adecuada e idónea a las personas bajo su custodia,
como también unas condiciones de salubridad óptimas al interior de los centros de reclusión.
No obstante, a pesar de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, y a pesar de los
esfuerzos desarrollados por las entidades administradoras del sistema penitenciario y carcelario, la
Corte Constitucional ha decidido mantener esta figura, pues han pasado más veinte años desde que
se estableció para este grupo poblacional, y las condiciones de las prisiones colombianas no
expresan mejoría. En el camino, la Corte ha evidenciado que las fallas dentro de dicho sistema, no
tienen que ver tanto con una cuestión administrativa local y nacional en el manejo de las cárceles,
106
sino que ello se encuentra relacionado con la existencia de una política criminal de corte punitiva,
reactiva, y basada en un enfoque de orden público y de seguridad nacional, en lugar de una política
preventiva, basada en un enfoque de derechos, de alternatividad de la pena y resocializador de la
población privada de la libertad. Se concluye, entonces, una necesidad del Estado colombiano por
emular la política carcelaria norteamericana: con muchas cárceles, pero con poca atención a
alternativas al sistema retributivo de justicia, como tampoco un sistema preventivo al manejo del
delito y la criminalidad.
Ya en la Sentencia T-762/2015, la Corte decidió asumir un camino mucho más propositivo
en términos de ubicar una posible hoja de ruta para garantizar los derechos vulnerados a la
población privada de la libertad y, con ello, superar el ECI. La propuesta de la Corte, indicada en
dicha sentencia, apunta a garantizar unos mínimos en aspectos elementales como las condiciones
de infraestructura de las celdas, la provisión de una sana alimentación, un sistema de acueducto y
alcantarillado salubre, la prestación de los servicios de salud, seguridad y de justicia con base en
personal idóneo, capacitado y con los recursos adecuados para su efectivo cumplimiento.
El accionar desarrollado por la Corte Constitucional, en ese sentido, no se redujo a dichas
sentencias, dada la incapacidad del Estado colombiano por implementar las acciones necesarias
para superar el ECI. También, permitió al Estado avanzar en iniciativas como el Documento
CONPES 3828/2015, y la posibilidad de emitir informes acerca de sus avances en cuanto la
superación del ECI, cuya implementación ha permitido mejorar un poco las condiciones de las
personas privadas de la libertad. Sin embargo, la Corte Constitucional ha encontrado
inconsistencias en orden de los criterios a trabajar, de parte del gobierno, con los organismos de
control, así como dificultades al momento de adelantar los procesos de evaluación de las diferentes
acciones y programas adelantados para superar la situación penitenciaria y carcelaria en el país,
107
caracterizada por la permanencia de situaciones como el hacinamiento, la falta de condiciones
dignas de alimentación, salud y prestación de los servicios de justicia.
En medio de estos conflictos procesales, han surgido la pandemia del COVID-19, cuya
expansión por los países implicó una serie de retos a toda la población, en especial las poblaciones
en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo, entre ellas la población privada de la libertad. Frente
a esto, tanto el gobierno como la Corte Constitucional se han pronunciado mediante la emisión de
medidas que ha implicado la descongestión del sistema penitenciario y carcelario, como también
medidas de orden sanitario, preventivas y de acción frente a las y los reclusos contagiados.
Acciones que, como se evidenció en el capítulo, no quedaron exentas de dificultades y asuntos por
resolver.
De este modo, las decisiones de la Corte Constitucional frente a esta situación han adoptado
tres formas: una primera, dedicada a revocar y confirmar sentencias propias de los juzgados, todas
en clave de garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. Una
segunda forma ha sido mediante el llamado de atención al Estado colombiano frente a las bases
que soporta la actual política criminal, con miras a transformarlas hacia un sistema basado en un
enfoque de derechos, preventivo, alternativo a la pena y resocializador de la población recluida.
Por último, la tercera es aclaratoria de las formas cómo las entidades de administración de justicia,
los organismos de control y las organizaciones de la sociedad civil entran a jugar a la hora de
desarrollar las diversas acciones tendientes a superar el ECI penitenciario y carcelario.
En ese sentido, el núcleo de las acciones adelantadas por la Corte Constitucional consiste
en garantizar unos estándares básicos de protección de la dignidad humana de la población
carcelaria. Esto a partir de una política criminal basada en la prevención del delito, en respeto del
principio de la libertad personal; en una efectiva resocialización de la población condenada; y en
108
la excepcionalidad en cuanto a las medidas privativas de la libertad, la sostenibilidad y la
protección a los Derechos Humanos como elementos cruciales dentro de su aplicación.
Sin duda, formalmente las decisiones de la Corte Constitucional se ajustan a lo dispuesto
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para garantizar unos estándares básicos de
protección y exigibilidad de derechos hacia la población privada de la libertad. En consecuencia,
el interés de esta entidad se centra en aportar a la reflexión sobre la política criminal y su necesidad
de transformación, la cual no consista exclusivamente en la administración de justicia, sino en
garantizar los derechos de la persona detenida. Para que posteriormente ésta pueda resarcir el daño
ocasionado a la sociedad, y través de este enfoque reducir las tasas de hacinamiento.
De esta forma, es posible concluir que el ECI es una figura que la Corte implementa para
llamar la atención al Estado colombiano, sobre la necesidad de reformar el sistema penitenciario
y carcelario en el país. No es un asunto de orden cosmético, es un asunto de orden estructural
relacionado, no solamente con las condiciones de hacinamiento y falta de condiciones dignas al
interior de las cárceles, sino que es un problema relacionado con el tratamiento del delito. De ahí
que las acciones gubernamentales encaminadas, principalmente, con el aumento en el número de
cupos en las cárceles y algunas flexibilizaciones en las medidas privativas de la libertad en la
población privada de la libertad, no resultan suficientes para solventar el ECI, de ahí su
permanencia.
Así, a pesar de los desarrollos jurisprudenciales esta investigación refleja la necesidad de
profundizar en el análisis de la (in)efectividad en la implementación de las órdenes de la Corte
Constitucional por parte del Estado colombiano. Estudios posteriores deberán concentrarse en
identificar sobre la base de los hallazgos aquí formulados las características que debe tener una
reforma estructural al sistema carcelario a partir de la implementación de una política pública que
109
garantice no solo que estas no sigan siendo abarrotadas, sino que además, la privación de la libertad
en el país se logre en lo más altos índices posibles de dignidad para las personas en conflicto con
la ley.
110
Referencias
Ámbito Jurídico (2011) El eterno estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas.
https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/penal/el-eterno-estado-de-cosas-
inconstitucional-de-las-carceles-colombianas
Arcos, J. (2018) Hacinamiento carcelario: reflexiones críticas en el constitucionalismo
colombiano. Pensamiento Jurídico, 49, 205-228.
Arcos, J. & Osorio, J. (2019) Reflexiones éticas sobre el hacinamiento carcelario en la sentencia
T-153 de 1998. Precedente, 14, 143-171.
BBC News Mundo (2020) Cárcel La Modelo: un motín en una prisión de Colombia deja 23
muertos en medio de la tensión por el coronavirus. BBC News Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51998800
Carranza, E. (2012) Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer? Anuario
de Derechos Humanos, 31-66. DOI: 10.5354/0718-2279.2012.20551
Castro, A. (2018) Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de
imputados y condenados privados de libertad. Anuario de Derechos Humanos, 14, 35-54.
DOI 10.5354/0718-2279.2018.49161
CIDH (2011) Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las
Américas. CIDH
Consuegra, K. & Moreno, J. (2020) Análisis del Estado de Cosas Inconstitucional generado por
el hacinamiento carcelario. Especial mención al caso de la Estación de Policía Candelaria
de Medellín [Tesis de Pregrado, Universidad San Buenaventura] Archivo digital.
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/7879/1/Analisis_Estado_Inconstitu
cional_Moreno_2020.pdf
111
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020) Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos Nº 9: personas privadas de libertad.
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo9.pdf
Comisión de Seguimiento de la Sentencia (2018) Sentencia T-388/2013 CSS Respuesta al Auto
613 de 2018. https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/10/CSST-388-
Respuesta-a-Auto-613-de-2018-ok.pdf
Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil (2019) Comentarios de la Comisión de Seguimiento
al VI Informe de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional del Sistema
Penitenciario y Carcelario del Gobierno Nacional.
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/Informe%20de%20la%20%20C
omision%20de%20Seguimiento%20de%20la%20sociedad%20civil%20al%20VI%20Inf
orme%20de%20Seguimiento%20al%20Gobierno%20Nacional.pdf
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES (2015) Documento CONPES 3828 -
Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia.
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/CONPES%20Pol%C3%ADtica
%20penitenciaria%20y%20carcelaria%202015.pdf
Consejo Superior de Política Criminal CSPC (2015) Informe de Seguimiento y Cumplimiento de
la Sentencia T-388 de 2013.
https://www.humanas.org.co/archivos/segundo_Informe_CSPC_T388_2013_13_07_201
5.pdf
DeJusticia (2019) V Informe de la Comisión de Seguimiento de Cárceles responde al Gobierno
Nacional sobre situación carcelaria. https://www.dejusticia.org/v-informe-de-la-
comision-de-seguimiento-de-carceles-responde-al-gobierno-nacional-sobre-situacion-
112
carcelaria/
Echeverry, Y. (2017) Hacinamiento y política penitenciaria en la jurisprudencia constitucional
colombiana. Precedente, 10, 81-143. DOI: https://doi.org/10.18046/prec.v10.2476
EFE (2020) Las cárceles de América Latina, un riesgo aumentado en tiempos de pandemia. EFE.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/las-carceles-de-america-latina-un-riesgo-
aumentado-en-tiempos-pandemia/20000013-4206731
Garland, D. (1999) Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. Siglo XXI.
Giraldo, W. (2021) Cárceles para mujeres: la necesidad de implementar el enfoque de género en
el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y
carcelaria en Colombia. Estudios de Derecho, 78 (171) 88-116 DOI:
10.17533/udea.esde.v78n171a04
González, D. (2017) La grave crisis del sistema carcelario en América Latina. Deutsche Welle.
https://www.dw.com/es/la-grave-crisis-del-sistema-carcelario-en-am%C3%A9rica-
latina/a-37043423
Ministerio de Justicia (2020) Informe de Auditoría - Seguimiento al Estado de Cosas
Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario.
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Control_Interno/Informe%20Final%20ECI%20
.pdf?ver=2020-07-17-170653-937
Molinares, V; Tolosa, A. & Quintero, M. (2016) Las injusticias de la Justicia: un análisis de
precedentes judiciales sobre protección a la población carcelaria en Colombia a partir de
la dignidad humana. Vniversitas, 132, 235-310. DOI: http://dx.doi.
org/10.11144/Javeriana.vj132.ijap
Olarte, D. (2021). Decisión judicial y situación carcelaria en Colombia: la encrucijada de los
113
fallos estructurales. Estudios de Derecho, 78 (171), 223-244 DOI:
10.17533/udea.esde.v78n171a09
Orozco Abad, I. (1992) Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y Derecho en Colombia.
Universidad Nacional – TEMIS.
Pavarini, M. (2002) Control y dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto
hegemónico. Siglo XXI.
Posada, J. & Guardia, C. (2021). Cárcel legal y Cárcel real: una mirada a los derechos
fundamentales de los reclusos en el municipio de Segovia (Antioquia). Estudios de
Derecho, 78 (171), 319-351 DOI: 10.17533/udea.esde.v78n171a13
Presidencia de la República (2019) Séptimo Informe Semestral de Seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario.
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/S%C3%A9ptimo%20informe%
20de%20seguimiento%20al%20ECI%20del%20Sistema%20Penitenciario%20y%20Carc
elario.pdf
Quintero, J; Navarro, A. & Meza, I. (2011) La figura del estado de cosas inconstitucionales como
mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable en
Colombia. Revista jurídica Mario Alapo D’Filipo, 3 (1), 69-80.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4767667
Redacción Judicial (2015, 24 de Septiembre) El plan de la Corte contra el hacinamiento
carcelario. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-plan-de-la-
corte-contra-el-hacinamiento-carcelario/
Redacción Política (2015) Alertan por situación de hacinamiento y enfermedades en cárcel de
Sincelejo. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/alertan-por-
114
situacion-de-hacinamiento-y-enfermedades-en-carcel-de-sincelejo/
Rodríguez, M. (2016) El hacinamiento carcelario en Colombia: una revisión crítica a la respuesta
estatal. En Vásquez, F. & Vargas, R. (Comp.) Problemas actuales del Derecho Penal,
Volumen I: 2012-2015 (pp. 113-145) Universidad Sergio Arboleda.
Rodríguez Garavito, C. (2010) ¿Cuándo cesa el estado de cosas inconstitucional del
desplazamiento? Más allá del desplazamiento, o cómo superar un estado de cosas
inconstitucional. En Rodríguez Garavito, C. (Eds) Más allá del desplazamiento:
Políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en Colombia. (pp. 434-492).
Bogotá, Universidad de los Andes.
Suárez, N; Flórez, A. & Flórez, E. (2014) Responsabilidad extracontractual del Estado por
afectaciones ocasionadas a los reclusos en las cárceles colombianas a causa del
hacinamiento. Nuevo Derecho, 10 (14), 69-83.
Wacquant, L. (1999) Las cárceles de la miseria. Manantial.
115
Sentencias y Autos Consultados - Corte Constitucional
Corte Constitucional (1998, 28 de Abril) Sentencia T-153/98 (Eduardo Cifuentes, Magistrado
Ponente) https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-153-98.htm
Corte Constitucional (2013) Sentencia T-388/13 (María Victoria Calle, Magistrada)
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-388-13.htm
Corte Constitucional (2015) Sentencia T-762/15 (Gloria Stella Ortiz, Magistrada)
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-762-15.htm
Corte Constitucional (2018, 22 de Febrero) Auto 121/18 (Gloria Stella Ortiz, Magistrada
Sustanciadora) https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2018/a121-18.htm
Corte Constitucional (2019a, 11 de Marzo) Auto 110/19 (Gloria Stella Ortiz, Magistrada
Sustanciadora)
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/autos/AUTO_110_de_2019.pdf
Corte Constitucional (2019b, 26 de Marzo) Auto 141/19 (Gloria Stella Ortiz, Magistrada
Sustanciadora) https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2019/a141-19.htm
Corte Constitucional (2020a, 6 de Mayo) Auto 157/20 (Gloria Stella Ortiz, Magistrada
Sustanciadora) https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/autos/2020/A157-
20.htm
Corte Constitucional (2020b, 3 de Junio) Auto (Gloria Stella Ortiz, Magistrada Sustanciadora)
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/autos/AUTO%20C%C3%81RCELES-
Junio%203-20%20Informe%20medidas%20COVID19-FIRMADO%20(1).pdf
116
Sentencias Consultadas - Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos (1995, 19 de Enero) Sentencia Caso Neira Alegría y
otros Vs. Perú (Héctor Fix-Zamudio, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (1997, 17 de Septiembre) Sentencia Caso Loayza
Tamayo Vs. Perú (Hernán Salgado Pesantes, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (1997, 12 de Noviembre) Sentencia Caso Suárez
Rosero Vs. Ecuador (Antônio A. Cançado Trindade, Presidente)
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (1998, 08 de Marzo) Sentencia Caso de la “Panel
Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala (Hernán Salgado Pesantes,
Presidente) http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_37_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999, 19 de Noviembre) Sentencia Caso de los
“Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala (Antônio A. Cançado
Trindade, Presidente) https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000, 16 de Agosto) Sentencia del Caso Durand y
Ugarte Vs. Perú (Antônio A. Cançado Trindade, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_68_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000, 18 de Agosto) Sentencia Caso Cantoral
Benavides Vs. Perú (Antônio A. Cançado Trindade, Presidente).
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_69_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002, 21 de Junio) Sentencia Caso Hilaire,
117
Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago (Antônio A. Cançado Trindade,
Presidente) http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003, 07 de Junio) Sentencia Caso Juan Humberto
Sánchez Vs. Honduras (Antônio A. Cançado Trindade, Presidente).
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003, 18 de Septiembre) Sentencia Caso Bulacio
Vs Argentina (Antônio A. Cançado Trindade, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004, 08 de Julio) Sentencia Caso de los Hermanos
Gómez Paquiyauri Vs. Perú (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004, 02 de Septiembre) Sentencia Caso “Instituto
de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004, 07 de Septiembre) Sentencia Caso Tibi Vs.
Ecuador (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005, 11 de Marzo) Sentencia Caso Caesar Vs.
Trinidad y Tobago (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005, 15 de Septiembre) Sentencia Caso Raxcacó
Reyes Vs. Guatemala (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_133_esp.pdf
118
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005, 25 de Noviembre) Sentencia Caso García
Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_137_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006, 04 de Julio) Sentencia Caso Ximénes Lopes
Vs. Brasil (Sergio García Ramírez, Presidente).
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006, 05 de Julio) Sentencia Caso Montero
Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela (Sergio García Ramírez, Presidente).
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006, 25 de Noviembre) Sentencia Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007, 04 de Julio) Sentencia Caso Escué Zapata
Vs. Colombia (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_165_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007, 11 de Mayo) Sentencia Caso Bueno Alves
Vs. Argentina (Sergio García Ramírez, Presidente).
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_164_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007, 20 de Noviembre) Sentencia Caso Boyce et
al. Vs. Barbados (Sergio García Ramírez, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007, 20 de Noviembre) Sentencia Caso García
Prieto y otros Vs. El Salvador (Sergio García Ramírez, Presidente).
119
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_168_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007, 21 de Noviembre) Sentencia Caso Chaparro
Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador (Sergio García Ramírez, Presidente).
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008, 06 de Mayo) Sentencia Caso Yvon Neptune
Vs. Haití (Cecilia Medina Quiroga, Presidenta)
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_180_esp1.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008, 30 de Octubre) Sentencia Caso Bayarri Vs.
Argentina (Cecilia Medina Quiroga, Presidenta)
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2010, 23 de Noviembre) Sentencia Caso Vélez
Loor Vs. Panamá (Diego García-Sayán, Presidente).
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2010, 26 de Noviembre) Sentencia Caso Cabrera
García y Montiel Flores Vs. México (Diego García-Sayán, Presidente).
http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM1.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011, 19 de Mayo) Sentencia Caso Vera Vera y
otra Vs Ecuador (Diego García-Sayán, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011, 23 de Noviembre) Sentencia Caso Fleury y
otros Vs Haití (Diego García-Sayán, Presidente)
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012, 27 de Abril) Sentencia Caso Pacheco Teruel
120
y otros Vs Honduras (Diego García-Sayán, Presidente)
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014, 20 de Noviembre) Sentencia Caso Arguelles
y otros Vs Argentina (Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente)
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_288_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015, 02 de Octubre) Caso Galindo Cárdenas y
otros Vs Perú (Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente).
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_301_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016, 29 de Febrero) Sentencia Caso Chinchilla
Sandoval Vs Guatemala (Roberto F. Caldas, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016, 01 de Septiembre) Sentencia Caso Herrera
Espinoza y otros Vs Ecuador (Roberto F. Caldas, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_316_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016, 22 de Noviembre) Sentencia Caso Yarce &
otras Vs Colombia (Roberto F. Caldas, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019, 15 de Octubre) Sentencia del Caso Girón &
Otro Vs Guatemala 2019 (Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente)
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_390_esp.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019, 15 de Octubre) Sentencia Caso Romero Feris
Vs Argentina (Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente)
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_391_esp.pdf
121
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019, 25 de Noviembre) Sentencia Caso López y
otros Vs. Argentina (Eduardo Vio Grossi, Presidente)
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_396_esp.pdf