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Bogotá, 08 de abril de 2016
SeñoresJUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la Republica de Colombia
LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI
Ministro de Defensa
E. S. D.
Ciudad.
Ref.: Derecho de petición
Respetado señor Presidente y señor Ministro:
Con el acostumbrado respeto y en ejercicio de la garantía fundamental reconocida en
el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el
artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, elevo ante ustedes el siguiente derecho de petición, con
base en los fundamentos que a continuación se exponen:
El día 30 de marzo de 2016, se difundió a través de los medios de comunicación que
la organización criminal denominada “Clan Úsuga” anunció que ejecutaría un plan
delictivo denominado “paro armado”, en diferentes municipios y departamentos del
territorio nacional.
De acuerdo con lo informado por los medios de comunicación, con las declaraciones
de diferentes autoridades públicas como el mismo Ministro de Defensa y por la
cartera a su cargo, durante los días 30 de marzo y 1º de abril del presente año, el
referido grupo criminal paralizó 36 municipios y 8 departamentos, atemorizando a
los millones de colombianos pobladores de esas localidades, tanto por el temor a las
acciones que pudieran desarrollar contra la población como contra la infraestructura.
Adicional a lo anterior, aumentó el terror sobre la población, la amenaza latente
sobre la fuerza pública por lo que se podría considerar como un “plan pistola”.
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En desarrollo de esta estrategia delictiva del denominado “Clan Úsuga”, según los
medios de comunicación, se ha informado de la ocurrencia de 4 asesinatos, 9
hostigamientos, 8 incendios de vehículos, 5 bloqueos de vías, 15 eventos de
propaganda, en 36 municipios de 8 departamentos.
Durante los días previos, estas acciones estuvieron precedidas de la difusión, a
través de panfletos y redes sociales, de amenazas para amedrentar a la población
civil y del anuncio por esa organización de un “plan pistola” dirigido a asesinar a
miembros de la fuerza pública. Las amenazas de ese grupo llegaron, incluso, a
prohibir a los taxistas y estudiantes de Sincelejo “asomarse a las calles”, municipio
capital del departamento de Sucre.
Tal situación, demuestra que durante los días 31 de marzo y 1º de abril de 2016 el
Estado colombiano perdió el control del orden público y el ejercicio del control
territorial y del poder político, civil y militar en los 36 municipios y 8 departamentos
afectados por los delincuentes. Así mismo, en ese periodo y en esas localidades, el
Estado perdió o cedió, lo que es peor, el monopolio del uso legítimo de las armas y
la posibilidad de hacer cumplir la ley.
La recuperación del control territorial que garantizara presencia de la fuerza pública
en cualquier municipio, vereda o calle de Colombia, constituyó un elemento fundamental de la Política de Seguridad Democrática que le permitió al país a partir
del 2002 mostrar avances permanentes en la protección de la población, como es
deber del Estado. El control del territorio por parte del Estado y la consolidación de
la legitimidad institucional, han sido resultado de la determinación de la sociedad
colombiana y de la inversión de importantes recursos económicos y humanos, pues
son muchos los soldados y policías de Colombia que ha entregado su vida en esa
misión de demostrar que no hay ningún lugar del país vedado a la fuerza pública ni
en el cual la población civil quede inerme, en condición de indefensión frente al
terrorismo o la ilegalidad mafiosa.
La tarea de la fuerza pública en cuanto a la protección de los ciudadanos en su vida
y libertades, no es una opción, sino una obligación derivada de un mandato
constitucional. De lo contrario, la esencia misma de nuestra democracia y la unidad
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de nuestra Nación dependería de las conveniencias políticas o de las decisiones
cambiantes de los gobiernos de turno. Lamentablemente en muchos episodios de
nuestra historia republicana, la vida de muchos colombianos ha resultado sacrificada
por las acciones de terroristas, mafiosos y delincuentes y en los episodios del 31 de
marzo y el 1º de abril, la población afectada por el “toque de queda” ordenado por la delincuencia, no solo puso en riesgo severo a un sinnúmero de ciudadanos, sino
que dejó en entredicho la capacidad de control del Estado, lo cual pone en duda la
viabilidad de nuestro sistema y cuestiona, ni más ni menos, que la legitimidad de las
instituciones y la capacidad estatal de dar cumplimiento a los deberes y funciones de
sus órganos .
Debe tenerse en cuenta señor Presidente y señor Ministro, que esta no es la primera
vez que el “Clan Úsuga” incurre en este teatro delictivo denominado “paro armado”.
Ya en el año 2012, la misma organización criminal había paralizado unos
municipios y departamentos con la consiguiente comisión de delitos en contra de la
población y de los miembros de la fuerza pública, aunque en menor medida que en
esta oportunidad. Es decir, estábamos avisados desde hace tiempo, pues ya
Colombia tenía pleno conocimiento de la capacidad criminal de esta organización
desde el año 2012.
Recientemente, el Ministro del post conflicto Rafael Pardo, y no el Ministro de la
Defensa a quien le correspondería, ha notificado al país la pronta eliminación del servicio militar en Colombia, para lo cual resulta indispensable anunciar también
cuál será la contrapartida de soldados profesionales que incorporarán las Fuerzas
Militares para evitar el riesgo de reducir el tamaño de las mismas en un momento en
que se planeta al país la incertidumbre del resultado de los diálogos para terminar el
conflicto con las dos guerrillas, el riesgo evidente de cualquier incidente militar por
razones fronterizas a raíz de las tensiones con Nicaragua y ahora, este desafío que
plantean al país las denominadas Bacrim.
Por lo anterior, solicito me sea informado:
1. ¿En qué momento el Gobierno Nacional tuvo conocimiento de los planes
criminales del “Clan Úsuga” del pasado 31 de marzo y 1º de abril?
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2. ¿Qué medidas adoptó el Gobierno Nacional para prevenir las acciones criminales
del “Clán Úsuga” del pasado 31 de marzo y 1º de abril de 2016?
3. ¿En concreto, qué medidas tomó el Gobierno Nacional para proteger a los
ciudadanos colombianos en su integridad y bienes, de las acciones criminales del
“Clan Úsuga” del pasado 31 de marzo y 1º de abril de 2016?4. ¿Qué medidas tomó el Gobierno Nacional desde el año 2012 para perseguir al
“Clan Úsuga”?
5. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno Nacional para evitar que los hechos del 31 de
marzo y 1º de abril de 2016 se vuelvan a repetir?
6. ¿Porqué no había Fuerzas Militares y Policía en las calles de los municipios
afectados el 30 de marzo y el 1º de abril para demostrar a la población que sin
perjuicio de las amenazas y de la orden de confinamiento ciudadano había
condiciones para que la ciudadanía pudiera circular con normalidad?
7. ¿Cuál es el número total de personas que compone la Fuerza Pública, en sus
diferentes órganos, y cual es el costo en el presupuesto nacional para su
financiamiento?
8. ¿Quiénes prestan el servicio militar obligatorio a qué porcentaje del total de la
fuerza pública corresponden?
9. ¿Quienes presentan el servicio militar obligatorio, una vez éste desaparezca, serán
reemplazados por soldados profesionales?
10. ¿Existe un plan de sustitución de quienes prestan el servicio militar obligatorio por
soldados profesionales?11. ¿Está previsto el costo de reemplazar a quienes prestan servicio militar obligatorio
por soldados profesionales?
12. ¿Cuál es el plan del Gobierno Nacional para el desmonte del servicio militar y la
incorporación de soldados profesionales que reemplacen a los conscriptos?
13. ¿Cual es el presupuesto del Ministerio de Defensa para asumir el mayor costo de los
soldados profesionales?
14. ¿Cuántos soldados profesionales tendrán las Fuerzas Militares de Colombia y
cuánto tienen hoy entre profesionales y reclutas o conscriptos?
15. ¿A partir de cuando empieza el desmonte de los soldados de servicio militar?
La respuesta al presente derecho de petición la recibiré en la carrera 14 No. 85-68
oficina 401 de la ciudad de Bogotá.
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Atentamente,
MARTA LUCIA RAMÍREZ DE RINCÓN
C.C. 41.602.794 de Bogotá
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