denuncia publica brigada xvii hace señalamiento contra población
DESCRIPTION
Denuncia publicaTRANSCRIPT
DENUNCIA PÚBLICA: EL CORONEL GERMAN ROJAS Y EL TENIENTE JAVIER ROJAS UTILIZAN LA BRIGADA XVII PARA HACER SEÑALAMIENTOS Y ESTIGMATIZACIONES CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ Y PONE EN PELIGRO A LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y AMPARADAS
EN LA LEY
San José de Apartadó 28 de Octubre 2014 El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, miembros de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano, y miembro Parte de La Mesa Humanitaria de Interlocución y Acuerdo con el Gobierno Nacional de Colombia y la Gobernación de Antioquia, ejerciendo nuestro legitimo deber y derecho a la defensa, promoción, y exigencia de los Derechos Humanos:
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE Ante la opinión pública nacional e internacional: Los señalamientos, estigmatizaciones, injurias y calumnias realizadas en medios de comunicación
radial tales como Antena Estéreo, Apartadó Estéreo, La Chiva de Urabá, en declaraciones del pasado 27 de octubre, en las que el coronel GERMAN ROJAS Y EL TENIENTE JAVIER ROJAS pertenecientes a la Brigada XVII utilizando la institución Militar para lanzar todo tipo de improperios contra los campesinos tratando de deslegitimar el derecho de rango constitucional a la protesta pacífica, legitimo recurso al que se ven avocadas las comunidades campesinas, en este caso para defender en ley los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que a diario les son violentados por estos señores de la guerra. La comunidad campesina insiste en que la manifestación de protesta llevada a cabo no era contra una jornada de salud sino contra una jornada cívico-militar adelantada por la brigada 17 la comunidad de San José de Apartadó, pero esta protesta no fue un capricho de la comunidad, que reitera haber agotado todos los medios de interlocución posibles, que después de haberle solicitado al Estado colombiano por el respeto, protección y cumplimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, conociendo que estas jornadas denominadas cívico-militares van en contravía de los principios de distinción y de protección contenidas en el Derecho de Ginebra (DIH) y que violan prohibiciones internacionales expresas para Colombia como las recomendaciones al
Estado colombiano del 11 de junio de 2010 hechas por el Comité Internacional de los Derechos de los niños al encontrar que estas operaciones cívico-militares violan el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; violan además la ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) en su artículo 41. Estas jornadas tampoco responden a los principios ni a las funciones constitucionales de la fuerza pública; violan de manera expresa las funciones de prevención que el Estado debe garantizar para la protección de la población civil que vive en zonas de conflicto social y armado como la nuestra, y obedecen a estrategias de consolidación militar con fines netamente de ventaja táctica no legitima por cuanto pretenden vincular a las personas no combatientes a las dinámicas de la guerra, lo cual reiteramos, se encuentra proscrito por las normas del Derecho Internacional Humanitario, esto implica que tales practicas constituyen un verdadero crimen de guerra cometido por el propio estado colombiano a través de su fuerza pública. Por estas legitimas y legales razones, el pasado 26 de octubre un grupo de por lo menos 200 personas y representantes de varias veredas, realizaron una jornada de protesta pacífica en la que se exigían garantías al Estado Social de Derecho, por considerarse en peligro con las jornada Civico-Militar que intentaba realizar el ejército ese mismo domingo 26 de octubre. Es muy recurrente la actitud del coronel cuando queda sin argumentos; verlo utilizando a la institución para dedicarse en las emisoras y medios locales a señalar injustamente, a estigmatizar, a tratar a los campesinos de pertenecer a grupos armados ilegales, a hacer señalamientos mendaces e injuriosos contra organizaciones legalmente constituidas como la siempre respetadísima y admirable Comunidad de Paz, organización de resistencia a la que San José debe tanto; señalamientos directos contra el líder comunitario Arley Cartagena y contra los participantes en dicha protesta, afirmando sin ningún fundamento probable, que dicha marcha se trataba de una protesta por la muerte de un miembro de la guerrilla, lo que lo convierte en un orador cobardemente aferrado a su mitomanía compulsiva, actitud completamente reprochable desde la democracia y desde los valores morales que se deben inculcar en la institución y que no ayudan a construir el país en paz por el cual todos luchamos día a día. La comunidad ha expresado que desde por lo menos una semana antes se estaban realizando acercamientos con la Gobernación de Antioquia y otras instituciones para impedir el evento denominado cívico-militar. La comunidad advierte que en uso legítimo de la protesta social aunó esfuerzos, pintaron y cubrieron sus rostros con los colores de la paz, a lo que el coronel declaró públicamente como grupo desadaptado, incluso mencionó abiertamente que las personas allí presentes estaban contra su voluntad, conducta que nuevamente va en contravía de la verdad, de la dignidad campesina, en contravía de nuestra frágil democracia, en contravía de la protesta social permitida en nuestro sacro Estado Social de Derecho y que este funcionario público demuestra no respetar. Los miembros de la comunidad campesina insisten en que no están en contra de la presencia institucional, pero esta institucionalidad no puede ser reducida simplemente a la presencia militar en la zona, además insisten en que es necesario una fuerza pública que respete a los campesinos, que no siga señalándonos, que la fuerza pública no sea utilizada para denigrar de los que conocen y exigen sus derechos, una fuerza pública que no sea para mentir o para señalar con vilipendios vergonzosos, insisten en que se respeten los derechos humanos que diariamente ven en peligro por el accionar irregular y criminal de las tropas, que desde los escritorios los mandos no ven lo que realmente hacen sus unidades alejándose así de la realidad de nuestro país.
La comunidad espera encontrar algún día militares que reúnan los valores de la democracia, del respeto por los Derechos Humanos, del respeto por el Derecho Internacional Humanitario… pero que en este contexto estos militares solo encuentran formas de intimidación contra las personas que buscan caminos claros para la paz y la democracia. La pobreza de nuestras gentes es evidente, pero no es justo ni legítimo, ni legal jugar con esa pobreza a través de controles de la población con fines militares. Duele e indigna que miembros de la fuerza pública enamoran a las niñas menores de edad de la escuela El Mariano, duele e indigna cuando hasta el día de hoy el ejército militariza las zonas civiles en las que juegan los niños y las niñas, duele e indigna que las zonas civiles y públicas se convierten en campos de batalla como los ocurridos el pasado 6 de septiembre cuando las tropas del ejército ingresaron violentamente a iglesias y viviendas de personas protegidas según el DIH, por eso no es gratuita la permanencia de las tropas dentro de la población civil porque aumentan los riesgos convirtiendo a las personas en verdaderos escudos humanos, como lo sucedido el pasado 9 de marzo en donde luego de que varios líderes sostuvieran una acalorada discusión con el teniente Rico y casi seguidamente es accionada una ráfaga de fusil por parte de un soldado que casi por su trayectoria recae sobre la humanidad de estos líderes y que al final terminó con la vida de un equino, hecho que hasta ahora sigue sin investigar y sin indemnizar a los dueños de dicho animal. Duele cuando desde los escritorios, los altos oficiales no se ven lo que hacen a diario sus tropas contra la población, también duelen las invasiones e irrespeto a los bienes civiles protegidos, cuando los soldados no dejan que nuestros campesinos recojan sus cosechas, cuando construyen helipuertos y causan daños irreversibles al medio ambiente, cuando fumigan indiscriminadamente los cultivos de pancoger, cuando bombardean también indiscriminadamente bosques y zonas ambientales protegidas, cuando someten a los campesinos a interrogatorios ilegales como los del pasado 10 de octubre en la vereda La Cristalina, cuando no dejan pastorear el ganado, duele e indigna cuando en las incursiones militares engañaron a un campesino con problemas mentales para que se declarara como desmovilizado, tal cual fue el caso de Jhon Eider Flórez, a quién sometieron ilegalmente a manipulaciones y presiones para que se auto incriminara como desmovilizado, sin que ninguna entidad del Estado atendiera estos montajes, sin embargo el 15 de octubre queda en libertad, porque no encontraron artimañas suficientes para vincularlo al falso proceso de desmovilización, duele e indigna que el ejército dispare y asesine a campesinos como el caso de Deimer Guaca en el 2012, como el caso de Carlos Torres en el 2013, duele e indigna el más reciente caso de falso positivo contra la niña de 16 años Yerit Magaly Muñoz, que enlutan nuevamente y van en contravía de los mas elementales y sensibles derechos, la democracia y los fines esenciales del estado social y de derecho tales como la protección y el respecto por la vida, honra y bienes del pueblo colombiano. Que fácil es negar desde los escritorios las acciones ilegales que acometen las unidades del ejército, que fácil es agitar los pañuelos blancos y “rasgarse las vestiduras” pero demostrar con hechos todo lo contrario, las voces de los ciudadanos también merecen respeto, merecen ser atendidas y escuchadas, no colocarlas al oprobio y a la difamación como lo hizo la fuerza pública el día 26 y 27de octubre del presente año por las emisoras y los diferentes medios, al descubierto la bajeza ética de la triste y aterradoramente recordada de algunos miembros de la Brigada 17. El negacionismo de la fuerza pública nos recuerda las épocas de Rito Alejo del Río, las épocas en las que delincuentes como éste utilizaron las instituciones del Estado, utilizaron a la brigada 17 para desde allí delinquir. En esos tiempos se denunció lo que ya no era un secreto en la zona, recuerda incluso las descaradas declaraciones del general Harold Bedoya en las que defendía a del Río y lo
calificaba de “pacificador”. Hoy en día la justicia conduce a la razón, y seguirá dando la razón en el futuro cuando se demuestre lo que es ya evidente, en donde se demuestren lo que diariamente ven nuestros indefensos ojos campesinos, en donde se demostrara el sometimiento al peligro al que hemos sido sometidos sin que existan las garantías propias de las que alardea el Estado colombiano para proteger a los habitantes de San José de Apartadó. Se ha conocido con gran preocupación la manera en que son expuestas personas de esta comunidad a peligros por parte de la fuerza pública, en el uso de las comunidades por la legítima protesta, evidenciamos claramente la forma indiscriminada e ilegal como el ejército tomaba fotografías y videos a los participantes de esta jornada legal. Se Pudo observar que una unidad del ejército de apellido Cadavid cometía esa acción. Ya el día 27 de octubre, reconocidos miembros de la fuerza pública llaman a alguno de los manifestantes ofreciéndoles trasladarse a Apartadó para adelantar la plena identificación del uniformado, situación que preocupa, pues ha sido recurrente queluego de la manifestación los participantes en la misma terminan siendo vinculados en formasrepresivas, además la fuerza pública no ha sido garante de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Es por todo esto que:
EXIGIMOS: Al Presidente Juan Manuel Santos y al Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo:
Que adopte las medidas inaplazables contempladas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ydel Derecho Internacional Humanitario, ordenandoinstrucciones y mecanismosclaros que busquen prevenir los riesgos que puedan afectar a la población civil.
A que no permita estos comportamientos dentro de las instituciones del Estado, pues ponen en peligro a la población y no están acordes a las funciones constitucionales de la Patria.
Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos y demáspersonas protegidas por el Derecho de Ginebra.
A que reprochen, rechacen y desautoricen públicamente las lamentables declaraciones del coronel GERMAN ROJAS Y EL TENIENTE JAVIER ROJAS contra los manifestantes en uso legítimo, constitucional y legal de su derecho a la protesta pacifica.
A la Fiscalía General de la Nación:
Que investigue, identifique e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico penal a que haya lugar en contra de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil por hechos que constituyen crímenes de guerra sancionables por el Estatuto Penal Colombiano.
Se investigue y sancione los señalamientos, estigmatizacionesrealizadas por las declaraciones que violan principios de nuestra democracia y ponen en peligro a los manifestantes legitimados por nuestro Estado Social de Derecho y que constituyen conductas penales descritas en el Estatuto Penal como injuria y calumnia.
A que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar las afectaciones a la población y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario, así estas responsabilidades sean cometidas por el mismo Estado.
A la Procuraduría General de la Nación:
Que investigue, sancione, e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico-disciplinarios a los que haya lugar contra los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil.
Se investigue y sancione los señalamientos, estigmatizaciones realizadas por las declaraciones que violan principios de nuestra democracia y ponen en peligro a los manifestantes legitimados por nuestro Estado Social de Derecho.
A que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar, sancionar y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario.
A la Personería Municipal de Apartadó:
Que basados en las funciones constitucionales de las Personerías en Colombia brinde y defienda las garantías a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la fuerza pública.
A que en derecho, y en uso de sus funciones realice lo concerniente para no permitir los señalamientos y las estigmatizaciones pues estás lamentables e ilegales practicas no deben ser permitidas a los funcionarios públicos y van en contravía de las leyes de nuestro país y contra las obligaciones adquiridas mediante los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en materia de Derechos Humanos.
A la Defensoría del Pueblo: Para que en consecuencia de sus funciones claramente establecidas en la constitución y la ley, defienda y no descansen hasta garantizar el cumplimiento de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Código de Infancia y Adolescencia, los Derechos Internacionales de los Niños y los demás a los que haya lugar.
LLAMAMOS A la Opinión Pública nacional e internacional, a los Organismos deprotección y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a todas las organizaciones y personas sensibles al dolor humano cercano y lejano a que suscriban nuestras sentidas, urgentes y justas demandas al Estado colombiano, posad vuestros ojos sobre nuestras heridas, reconoced y señalad a nuestros verdugos, hasta que sepan que no somos pocos, que no estamos solos y que están perdidos.
Con copia:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
[email protected], [email protected], [email protected]
JUAN FERNANDO CRISTO.
Ministro del Interior
MINISTERIO DE JUSTICIA.
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
[email protected], [email protected]
JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
[email protected],[email protected], [email protected]
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
anticorrupció[email protected], reygon@procuraduría.gov.co
Secretaría de Gobierno de Antioquia
Santiago Londoño Uribe (Secretario) e-mail: [email protected]
Secretaría General De Antioquia Clara Luz Mejía Vélez (Secretaria) e-mail: [email protected]
JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN - Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de
DDHH y DIH. [email protected]
Defensoría Regional de Urabá
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
Organización Nizkor para los Derechos Humanos. [email protected]
Federación Internacional de Defensores de Derechos Humanos (FIDH).
Corporación Jurídica José Alvear Restrepo
Corporación Jurídica Libertad.
Comité Permanente para los Derechos Humanos de Antioquia.
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos COOEUROPA Nodo Antioquia.
Corporación REINICIAR
Entre otras…
COMITÉ DE Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS SAN JOSE DE APARTADO