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Congreso Mundial de Ciencia Política

Ponencia

Del riesgo anunciado de ser mujer a la lucha por una sociedad sin violencia:

La influencia del movimiento de mujeres en las políticas públicas para la erradicación

de la violencia contra la mujer.

Ivonne Lariza Solórzano Castillo

Santiago de Chile

Julio 2009

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Del riesgo anunciado de ser mujer a la lucha por una sociedad sin violencia

La influencia del movimiento de mujeres en las políticas públicas para la

erradicación de la violencia contra la mujer

Ivonne Lariza Solorzano Castillo1 ivonne.solorzano@flacso.edu.mx

“…las mujeres, durante siglos, hemos demostrado

que tenemos condición de sobrevivientes…” Carolina Escobar Sarti

Resumen Luego de 36 años de guerra se firma una paz negociada entro los actores del conflicto armado. La base de esa paz son los acuerdos, sustantivos y operativos, que se convertirían en la agenda de política pública para transitar a una sociedad más democrática y equitativa. Sin embargo, estos acuerdos obviaron una problemática fundamental sentida por las mujeres: la violencia contra la mujer: El movimiento de mujeres ha emprendido una lucha para que los compromisos signados para terminar el conflicto lleven también a la erradicación de la violencia contra la mujer. Hay avances, sin embargo, los alcances del movimiento continúan siendo limitados dada la naturaleza del Estado guatemalteco.

Introducción

Guatemala vivió un conflicto armado de más de 36 años que culminó formalmente con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996. El conjunto de los acuerdos signados por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Guatemala incluían algunos compromisos relativos a la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres y a la erradicación de la violencia contra estas últimas. La inclusión de estos compromisos en la agenda de la paz significó una ardua lucha para el movimiento de mujeres ante un contexto de un Estado etnocéntrico, patriarcal, contrainsurgente, que reprimía la acción colectiva utilizando el “recurso del miedo”. Luego de la firma de la Paz, el problema de la violencia contra las mujeres ha ocupado un lugar central en la agenda del movimiento. Ha habido algunos avances, sobre todo en la creación de institucionalidad para la atención a la problemática. Sin embargo, la ausencia de una asignación presupuestaria coherente con las políticas diseñadas para el efecto da cuenta de un discurso doble por parte del Estado. En este contexto, la ponencia describe los alcances de la acción colectiva del movimiento de mujeres y cuestiona la actitud estatal respecto a un problema considerado urgente no sólo en Guatemala sino en general en América Latina.

1 Estudiante de la VII Promoción del Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales, Mención en Sociología de FLACSO, sede académica México.

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Para ello, en la primera se describe de manera breve el contexto histórico en el que se inserta la lucha del movimiento de mujeres, es decir, el conflicto armado y la firma de la paz. En la segunda parte se destaca la agenda de la paz y los compromisos que esta incluye para hacerle frente a la problemática que afecta a las mujeres guatemaltecas y presenta una breve descripción del movimiento de mujeres en este país. En el tercer apartado se informa sobre la influencia que ha alcanzado el movimiento de mujeres en las políticas públicas para la erradicación de la violencia y menciona los principales obstáculos que enfrentan. Al final de la ponencia se incluyen algunas consideraciones cuyo fin, más que concluir, es invitar a la reflexión sobre las posibilidades reales de movimientos sociales, y en este caso el de mujeres, de incidir en políticas estatales en contextos de negociación y acción marcadamente desiguales.

I. Contexto histórico: el conflicto armado y la firma de la paz

La violencia es el marco general en el que se han ido constituyendo nuestros países. Fue el instrumento que usaron los españoles para doblegar a la población autóctona de estas tierras en la invasión; el instrumento que usaron los criollos para conformar nuestros estados latinoamericanos, fue y sigue siendo el instrumento que han usado los gobiernos autoritarios o en apariencia democráticos, para doblegar la propuesta distinta que surgía de los oprimidos durante el Siglo XX y lo que va del XXI. En Guatemala, esa violencia se ha hecho manifiesta en diferentes momentos de la historia, el más reciente de ellos es el periodo que abarca al conflicto armado. Sin embargo, cabe mencionar que entre 1944 y 1954, durante los gobiernos de Jaboco Arbenz y Juan José Arévalo, en el país se produjeron una serie de reformas que apuntaban hacia la democratización. Las mujeres fueron incluidas dentro de la comunidad política al otorgarles el derecho al voto en 1945. Otra serie de derechos civiles, políticos y sociales fueron ampliados. El punto de quiebre se ubicó en la reforma agraria, el Decreto 900, que tocó las fibras más delicadas de la oligarquía guatemalteca: su poder económico. Es así como en 1954, a través de una invasión estadounidense, se llega al final de “la primavera democrática” y se instala la dictadura militar. El conflicto armado en Guatemala se refiere a un periodo que va de 1960 hasta 1996. Es en él donde se registran las peores atrocidades dado que se exacerba la violencia de parte del Estado hacia la sociedad. Las cifras hablan por sí mismas, la síntesis de sexismo y racismo cobró las vidas de 10,568 mujeres y más de 1,500 fueron violadas. El 89 por ciento de las víctimas pertenecía a comunidades mayas, 62 por ciento eran adultas, 35 por ciento niñas y 3 por ciento ancianas (CEH; 1999)

Hacia finales de la década del setenta, el movimiento popular, que realizó una serie de acciones colectivas de protesta en la ciudad capital, fue duramente golpeado, sus líderes fueron asesinados o “desaparecidos”2.

2 Sobre esto, Carlos Figueroa Ibarra realizó un trabajo ampliamente documentado que tituló El recurso del miedo.

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El grado de represión más alto se ubica durante los gobiernos de Lucas García y Ríos Montt, esto es entre 1978 y 1983.

“[…] organizaciones pro Derechos Humanos calcularon en un mínimo de 10.000 los guatemaltecos ejecutados extrajudicialmente, hombres, mujeres y niños víctimas de todas las atrocidades imaginables, y en 100.000 los refugiados como resultado de las campañas contrainsurgentes del Ejército y los desmanes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, reconocidas legalmente con el acuerdo gubernativo del 14 de abril de 1983 al amparo del P2SD), que en la práctica funcionaron como escuadrones de paramilitares con carta blanca para asesinar y destruir a su antojo. En añadidura, un informe elaborado por la O2U estableció que 448 aldeas, la mayoría pobladas por indígenas mayas, fueron literalmente borradas del mapa.”3

Estas Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, fueron creadas en el gobierno de Ríos Montt y se les adoctrinó de tal manera que el informe de la CEH denuncia que estos patrulleros participaron en el 18% de las violaciones a los derechos humanos. De éstas, 85% fueron realizadas en conjunto con el ejército, y en el 15% de los abusos, las PAC actuaron autónomamente (Esparza 2006:79) Tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) mediante la presentación del trabajo Memorias del Silencio, como el informe Guatemala: ¡2unca Más! del proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) dan cuenta de la represión excesiva por parte del Ejército al punto de llegar al etnocidio y genocidio en este país. Con el objetivo de ilustrar la violencia sufrida por las mujeres durante los años de conflicto armado en Guatemala, el REMHI consideró 185 testimonios de mujeres en los que había mayor calidad de información. Con estos testimonios, el informe confirma la tendencia a tratar “diferenciadamente a las mujeres” pues se implican menos en la lucha directa y uno de sus objetivos es el salvar a su familia. Así, la violencia contrainsurgente en Guatemala adquirió carácter genocida ya que supuso un exterminio de mujeres, niñas y niños como “factores de continuidad de la vida y transmisión de la cultura”. En otros conflictos armados4 ha sido un elemento común la violación sexual salvaje y masiva a mujeres como una manera específica de violencia y de manifestación de poder por parte del victimario. Las atrocidades cometidas contra mujeres en el conflicto armado de Guatemala dan cuenta de la crueldad y saña empleada para aterrorizar a la población. (ODHAG; 1998: I, 203-217)

No es sino hasta 1985, con la llegada formal de un gobierno civil – aún y cuando los militares conservaban su poder- que se plantea la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Inicia entonces una etapa de reuniones entre “las partes”: los oficiales (gobierno y ejército) y la guerrilla. La Comunidad Internacional se va involucrando y el proceso de

3Ver http://www.cidob.org/ca/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/efrain_rios_montt consultada el 5 de abril de 2009 4 Vietnam y Boznia-Herzegovina son citados en el informe. En estos lugares las mujeres fueron violadas como parte de la dinámica de la guerra contra la población civil y como una manera de sembrar terror.

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negociación va avanzando lentamente, se van firmando acuerdos tanto sustantivos como operativos que incluyen una serie de cambios estructurales que apuntan a la inclusión y democratización de Guatemala. No es sino hasta diciembre de 1996 en que se da por concluida la negociación al signar el acuerdo de paz firme y duradera.

I. El movimiento de mujeres y la agenda contenida en los acuerdos de paz

Si bien no hay un acuerdo específico donde se plantee la atención que requiere toda la problemática que involucra la inequidad entre hombres y mujeres en una sociedad con las características de la guatemalteca, en los compromisos signados hay una serie de planteamientos que fueron incorporados gracias a la participación de mujeres organizadas que mantuvieron su voz durante la etapa de consulta entre la URNG y los sectores sociales. A la mesa que discutió la problemática que enfrentan mujeres guatemaltecas se le denominó “Sector de Mujeres”. Posteriormente, varias de las mujeres que participaron en esa mesa se organizaron y adoptaron ese nombre. La agenda de la paz, en materia de compromisos específicos dirigidos a las mujeres, consta de 28 acuerdos, que se subdividen en etapas de acuerdo a los cronogramas definidos para su cumplimiento5. Ahora bien, la forma en que están planteados dichos acuerdos es muy vaga y hasta ambigua, es decir, falta fuerza y claridad en el compromiso que se asume. Dentro de la primera etapa, prevista para impulsarse durante los años 1997 y 1998, los acuerdos sustantivos contemplan: Acuerdo de identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas • Tipificar el delito de acoso sexual con agravante a mujer indígena. • Defensoría de la Mujer Indígena con servicios de asesoría jurídica y servicio social. • Divulgación y fiel cumplimiento de la CEDAW. Acuerdo para el Reasentamiento de Población Desarraigada • Eliminar discriminación legal y de hecho contra la mujer en cuanto a aspectos

productivos (tierra, crédito). • Incorporar enfoque de género en políticas y proyectos de desarrollo. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria • En los planes y estrategias de desarrollo considerar la situación específica de las

mujeres. • Formar personal de servicio en el análisis de género. • Reconocer igualdad de derechos del hombre y de la mujer en los diferentes ámbitos de

su vida. • Garantizar igualdad de oportunidades a la mujer en educación, acceso a vivienda.

5 Para este resumen de la adenda de la paz fue necesario consultar el compendio de Acuerdos de Paz y la publicación que, con motivo del décimo aniversario de la firma de la paz, divulgara del Sector de Mujeres “Balance del cumplimiento de los acuerdos de paz y su impacto en la vida de las mujeres” con fecha 29 de diciembre 2006.

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• Implementar programas nacionales de salud integral para la mujer. • Reducir la mortalidad materna en un 50% respecto de 1995. • Garantizar el trabajo a las mujeres en condiciones de igualdad de derechos y

oportunidades; brindarle capacitación laboral; legislar para la defensa de los derechos de las trabajadoras, con énfasis en las de “casa particular”.

• Garantizar el derecho de organización y participación de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre, en niveles de decisión y poder.

• Promover la participación de las mujeres en la gestión gubernamental, especialmente en la formulación y ejecución de planes y políticas gubernamentales.

• Revisar la legislación nacional y sus reglamentaciones a fin de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en la participación económica, social, cultural y política.

• Hacer efectivos los compromisos gubernamentales derivados de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil • Campañas de difusión y programas educativos para concienciar a la población sobre el

derecho de las mujeres a participar. • Tomar medidas para que las organizaciones de carácter político y social adopten

políticas específicas tendientes a favorecer la participación de la mujer. • Respetar, apoyar e institucionalizar las organizaciones de mujeres del campo y la

ciudad. • Determinar que en todas las formas de ejercicio de poder se establezcan y garanticen

oportunidades de participación a las mujeres organizadas o no. Acuerdo Cronograma • Propiciar la convocatoria de un foro de la mujer sobre los compromisos relativos a los

derechos y participación de la mujer, plasmados en los acuerdos de paz. • Con base en los resultados del foro, dar seguimiento a los contenidos en los acuerdos de

paz. • Realizar una evaluación de los avances en la participación de la mujer y, sobre esa base,

elaborar el plan de acción correspondiente. La segunda etapa, se deriva de los resultados del Foro Nacional de la Mujer, y va de 1998 a 1999, estos compromisos se conocen como de “segunda generación” y comprende las recomendaciones del Foro y un marco de propuestas para la formulación de la Política Nacional. Además, el diseño de una reforma educativa de la Comisión Paritaria creada para ese fin. Dado que las discusiones del foro se organizaron con base en “ejes”, en esta etapa se incluyó dentro del Eje de Equidad una política específica de lucha contra la discriminación de género, étnica, social y geográfica. Para este fin, se diseñaron estrategias como: la revisión de programas, contenidos, prácticas de aula, textos y materiales para eliminar creencias, actitudes y procedimientos discriminatorios; la promoción y respeto de la igualdad de oportunidades y del trato igualitario en la escuela y otros ambientes educativos; la revisión de la legislación educativa para eliminar las disposiciones discriminatorias.

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La tercera etapa se refiere al acuerdo cronograma establecido para el periodo 2000-2004 que se definió luego del cambio de gobierno y tras las elecciones de 1999. Básicamente consistió en la recalendarización para el seguimiento de la mayoría de los compromisos, plasmados en los acuerdos sustantivos, que continuaban sin ser cumplidos a esa fecha. Entre ellos sobresalen: la divulgación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, CEDAW6; la garantía del acceso igualitario de mujeres a vivienda; participación de las mujeres en el desarrollo económico y social; la implementación de un programa de salud integral para las mujeres; la elaboración de un plan de acción para la plena participación de las mujeres; el impulso de campañas de concientización sobre la participación de las mujeres; la tipificación del acoso sexual y la discriminación étnica como delitos; la adecuación del Código penal, según disposiciones de la CEDAW. Finalmente, la cuarta etapa se refiere a la Política para el Desarrollo de las Mujeres y el Plan de Igualdad de oportunidades 2001-2006, también de segunda generación. Esta política se estructura a partir de ejes que plantean equidad en áreas jurídica, económica, tierra y vivienda, educativa, salud, violencia contra la mujer, mecanismos institucionales para el avance de las mujeres. Ahora bien, se debe reconocer que los acuerdos de paz han hecho visible la desigualdad en la que se encuentran las mujeres y, especialmente, las mujeres indígenas. Por ello constituyeron un punto de partida histórico y un paso inicial importante. Sin embargo, hay debilidades en su contenido, como no haber incluido la problemática de la violencia contra las mujeres, a pesar de que el sector de mujeres lo propuso en la mesa. Tampoco cuestionan el sistema de poder (patriarcado) que oprime a las mujeres. Los acuerdos de paz, si bien se reconocen la desventaja que viven las mujeres en cuanto a las oportunidades de las que disponen para su desarrollo, no llegan a cuestionar las relaciones de poder en las que se fundamenta esa desigualdad; relaciones que basan su dominación en el hecho de nacer y ser mujer, De los compromisos asumidos, diez años después de firmada la paz, solamente se habían cumplido 2 de ellos: el establecimiento del Foro de la Mujer y avances en el Plan de Acción para la Plena Participación de las Mujeres 2002-2014. Trece compromisos se cumplieron de manera parcial por haberse desarrollado acciones por debajo de las recomendaciones de las instancias correspondientes y expectativas de las mujeres y haber carecido de voluntad política o recursos suficientes para su seguimiento adecuado. De ellos destacan la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena; la formación de personal de servicio civil en el análisis y planificación de género; el reconocimiento de la igualdad de derechos del hombre y la mujer en el hogar; el acceso al crédito y la tierra; la igualdad de oportunidades de estudio y la eliminación de contenidos educativos discriminatorios; la implementación de programas nacionales de salud integral para la mujer; el derecho de organización de las mujeres y su participación en los niveles de decisión y poder de las instancias local, regional y nacional; terminar de revisar la legislación nacional; impulsar campañas de difusión y programas educativos a nivel nacional encaminados a concienciar a la población

6 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women.

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sobre los derechos de las mujeres en cuanto al acceso a la tierra, vivienda, créditos y participación en proyectos de desarrollo. Los 13 compromisos restantes se consideran incumplidos, entre ellos: la tipificación del delito de acoso sexual; legislar sobre derechos de las trabajadoras de “casa particular”; la divulgación y fiel cumplimiento de la CEDAW; la incorporación del enfoque de género en políticas, programas y actividades de desarrollo; garantizar el derecho de las mujeres al trabajo mediante capacitación, revisión de la legislación y reconocimiento de las trabajadoras agrícolas; promover la participación de las mujeres en cargos de gobierno y en todas las formas de ejercicio del poder, así como la reducción de la mortalidad materna a un 50% respecto de 1995. Respecto a los ejes de la política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, se registra un avance inicial en procesos relacionados con el eje de violencia contra las mujeres y equidad jurídica, mientras que no se lograron documentar avances concretos en los de equidad socioeconómica y participación sociopolítica, salvo la presencia de mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo y Comisiones Municipales específicas.

El movimiento de Mujeres en Guatemala y la lucha por una sociedad sin violencia

El origen del movimiento de mujeres en Guatemala no puede verse aislado de las acciones del movimiento feminista en el mundo. Las primeras demandas del movimiento feminista se centraban en la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dejando claramente visible que la inequidad imperante es producto de las relaciones de poder que continúan reproduciéndose hasta nuestros días. No existe sociedad alguna en la que las mujeres tengan más poder que los hombres. Por ello, Millet señalaba en su obra Política Sexual, donde reflexiona sobre el origen de la desigualdad de los géneros, que el patriarcado es el sistema de dominación más universal y longevo existente7. El aporte del movimiento de mujeres, entonces, está dado por el cuestionamiento de las concepciones y prácticas políticas tradicionales, evidenciando el carácter multidimensional y jerárquico –y por tanto desigual– de las relaciones sociales, así como la existencia de otros sistemas de opresión, como el clasista y el étnico. En Guatemala, si bien no es posible hablar de un movimiento feminista, sí lo es de un movimiento de mujeres compuesto por diferentes organizaciones sociales, expresiones organizadas de mujeres y organizaciones feministas. Las principales demandas y reivindicaciones del movimiento giran en torno a la mejora de las condiciones que enfrentan las mujeres en la sociedad. (Solorzano; 2007:9) Algunas autoras hacen una clasificación (García et al. 2005:42-43) en la que sitúan al movimiento de mujeres de Guatemala dentro de lo que ellas denominan “Movimiento

7 Op. cit. Millet, 1995 en De Miguel Álvarez, Ana. El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación: el caso de la violencia contra las mujeres. Revista Internacional de Sociología –RIS- N°35, mayo 2003. pp. 127-150.

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Amplio de Mujeres”, que surge a finales de los 70 y desarrolla una doble militancia y un trabajo de, para y con mujeres. En éste participan organizaciones de mujeres, ONG del movimiento de mujeres y ONG feministas, centros académicos e individualidades con fines y proyectos concretos a corto y mediano plazo. En Guatemala este movimiento, al igual que en otras partes del mundo, “surge desde mujeres urbanas, ladinas, profesionales, con una visión bastante etnocéntrica, urbanocéntrica […] a finales de los años 80 e inicios de los 90, empieza a adquirir otros rasgos, otro perfil identitario, porque entonces empiezan a involucrarse más mujeres de otras condiciones, más obreras, indígenas, de las áreas rurales, eso creo que es un elemento importante” (Solorzano; 2007:9). No obstante, no todo el movimiento comparte todas las demandas. Esto quiere decir que por asemejarse más a un movimiento amplio, sus demandas son igualmente abarcadoras, además, la diversidad que engloba este tipo de movimientos provoca también que estas necesidades no sean igualmente sentidas por todas sus miembras. Así, podemos afirmar que actualmente el movimiento de mujeres en Guatemala lucha por la atención a demandas estratégicas como la lucha contra el neoliberalismo; la erradicación de la violencia contra las mujeres; la equidad entre mujeres y hombres; y la lucha por el respeto y garantía a sus derechos sexuales y reproductivos. Cada una de estas demandas estratégicas tiene su expresión coyuntural, que puede manifestarse mediante su trabajo por la aprobación de determinada ley o política pública, o por la creación y fortalecimiento de instituciones, o bien, a través de actividades o acciones que visibilizan determinadas problemáticas que afectan de manera más sentida a las mujeres. Para el caso que nos ocupa en esta ponencia, me centraré en la violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, sometiendo a la mujer a una situación de dominio y subordinación, lo que ha impedido su desarrollo pleno. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos haciendo referencia a "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada." 8 Esta definición ha dado lugar a diversas interpretaciones algunas de las cuales consideran que los actos de omisión, como la desatención o la privación, pueden constituir violencia contra las mujeres y hay quienes van más allá aún a la hora de interpelar al Estado y establecen que un tipo de orden económico que se desentiende de lo social constituye un daño estructural que afecta más profundamente a los sectores con menos poder, esto sería un caso también de violencia contra la mujer.

8 Esta es la definición de violencia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Agenda de proceso para combatir la violencia

contra las mujeres

1. Concepción de violencia contra las mujeres,

considerando la sexual y la articulación entre

violencia y salud.

2. Violencia intrafamiliar, trabajo por conceptualizar

y homogeneizar términos; acompañar a la víctima;

crear redes en diferentes ámbitos.

3. Legislación sobre violencia contra las mujeres,

mecanismos y divulgación.

4. Administración de justicia: acceso al sistema de

justicia, formación y capacitación a operadores.

5. Sensibilización a la población, instituciones del

Estado y medios de comunicación a través de

campañas de información, capacitaciones y

educación con equidad de género.

6. Alianzas con expresiones sociales organizadas para

combatir la violencia contra las mujeres.

7. Recursos financieros y humanos.

En tal sentido, puede tomarse como violencia por parte del Estado guatemalteco que el 51% de las mujeres indígenas sean analfabetas. “…existen áreas de mayoría indígena donde el analfabetismo alcanza el 90 por ciento. La situación de la niña guatemalteca también es precaria. En el ámbito educativo, tan sólo 17 de cada cien niñas completa la escuela primaria y en zonas rurales el 66 por ciento de ellas abandona la escuela antes de concluir el tercer grado. La mano de obra femenina no siempre es reconocida […] las labores domésticas recaen en la mujer sin que éstas les sean reconocidas como trabajo remunerado. Solo el 27 por ciento de los títulos de propiedad de la tierra pertenecen a mujeres, aún cuando la tierra es la principal fuente de subsistencia de la familia campesina e indígena, siendo frecuentemente ella la que la trabaja amén de cumplir con sus obligaciones en el hogar. En resumen, estas cifras ponen de manifiesto la existencia de dos Guatemalas en materia de género, ofreciendo un diagnóstico de la situación de las niñas y las mujeres, especialmente, de aquéllas que viven en el área rural y campesina y las indígenas”. (Montenegro; 2001: 87-89) En la posguerra, la violencia ejercida contra integrantes del movimiento de mujeres de manera recurrente desde el 2000 ha buscado la paralización del mismo (Cabañas y del Cid, 2003; Samayoa, 2004). Los asesinatos de mujeres y la persistente negligencia del sistema de justicia ante las violaciones que sufren mujeres, mayas, garífunas, refuerzan la legitimación de la violencia. (Del Cid; 2004). El movimiento lucha contra la violencia hacia la mujer enfatizando dos tipos: a) violencia intrafamiliar; y b) femicidios. De igual manera, y como parte de una agenda de proceso en esta lucha, busca también conceptualizar la violencia contra las mujeres y sus causas. La relatora especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la violencia intrafamiliar y doméstica afecta particularmente a la mujer, pero no está tomada en cuenta como un problema de seguridad ciudadana […]se puede apreciar la invisibilización de la violencia contra la mujer en la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de violencia intrafamiliar”. (AI; 2005)

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A partir de 1994, las agresiones contra la población femenina es considerada como una violación a los derechos humanos de las mismas, al establecer que éstas tienen derecho a una vida libre de violencia, lo que implica el derecho a ser libre de toda forma de discriminación; ser educada libre de patrones estereotipados de comportamiento, así como de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. A pesar que en los acuerdos de paz se reconoce la situación de discriminación específica de las mujeres y las partes signatarias se comprometen a superarla, asegurando su participación en la toma de decisiones sobre las estrategias, planes y programas de desarrollo, así como en la gestión, formulación, ejecución y control de los planes y políticas gubernamentales, esta no ha sido tarea fácil para el movimiento.

II. Influencia en las políticas públicas para la erradicación de la violencia contra

las mujeres

Los acuerdos de paz proporcionan un marco que propone condiciones, que no fueron del todo llevadas a la práctica, para que las mujeres puedan trascender su papel como beneficiarias y asumir el pleno ejercicio de su ciudadanía. En ellos destaca la necesidad de apoyar y fortalecer la participación de las mujeres, reconocerlas como ciudadanas plenas. Varias organizaciones del movimiento de mujeres se han dedicado, luego de la firma de la paz, al monitoreo y seguimiento del cumplimiento de esos compromisos. Una de las organizaciones que se ha concentrado en ello es el Sector de Mujeres, pero no lo ha hecho en solitario, ha sido una tarea que ha contado también con el acompañamiento y apoyo de otras organizaciones de mujeres, organizaciones de segundo nivel o redes como la Red de la No Violencia contra la Mujer, y feministas individuales. Entre los logros obtenidos destacan: a) la promoción con las organizaciones de mujeres a nivel nacional para la organización y participación en el Foro Nacional de la Mujer; b) incorporar el concepto de copropiedad en la Ley de Fondo de Tierras; c) la participación de las mujeres en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en más de 16 departamentos; d) participación en el diseño de la Secretaría Presidencial de la Mujer y en la formulación de la Política de Equidad; e) la elaboración y presentación del “Balance sobre el Cumplimiento de los Compromisos relativos a las Mujeres contenidos en los Acuerdos de Paz” que incluye una propuesta de recalendarización de los compromisos pendientes. (MINUGUA; 2001:18-19) No obstante al adentrarnos en el problema de la violencia, los alcances del movimiento han tomado más tiempo para llegar a concretarse. De acuerdo con investigaciones de Ana Leticia Aguilar (2005), el silencio que históricamente ha afectado el problema de la violencia contra las mujeres, se ha visibilizado en la actualidad con el femicidio. En la medida en que se conozca y comprendan las causas que originan la violencia contra las mujeres, será posible definir estrategias para enfrentar y defender ese problema (Aguilar; 2005). Sin embargo, estas pasan necesariamente por la voluntad política del Estado y la

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relación que el movimiento de mujeres tenga con el mismo, así como sus posibilidades de incidencia. La voluntad del Estado: En materia de violencia contra la mujer, el Estado guatemalteco ha tomado una serie de medidas formales orientadas a la atención del problema. Así, ha ratificado convenios e instrumentos internacionales, además de crear un marco legal e institucional en el ámbito nacional. Cuadro 1. Reseña de la Institucionalidad para atender la Violencia contra la Mujer Año Instrumento

1967 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW- en Nueva York.

1993 Conferencia Mundial de Derechos Humanos y Programa de Acción de Viena. 1994 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra la mujer. 1994 Convención Belem Do Pará 1995 Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones

Unidas de Beijing. 1996 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Decreto

97-96 1996-1998

Implementación del Foro Nacional de la Mujer

1999 Defensoría de la mujer Indígena – DEMI- Acuerdo Gubernativo 525-99 2000 Secretaría Presidencial de la Mujer – SEPREM- 2000 Coordinadora nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia

Intrafamiliar y contra la Mujer – CONAPREVI- 2001 Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y

Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006. 2003 CONAPREPI. 2004 Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y

contra la Mujer –PLANOVI- 2001-2014. Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. 2008 Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (decreto 22-

2008) Fuente: Elaboración propia con base en Trujillo (2004: 29-60) y revisión hemerográfica. No obstante la institucionalidad creada, hay algunos obstáculos que impiden el desarrollo y funcionamiento de la misma. Los problemas que se enfrentan y que han sido identificados y señalados por el movimiento de mujeres incluyen la débil o nula asignación presupuestaria, la incapacidad para llevar un registro actualizado y desagregado por etnia y sexo de los casos denunciados, la falta de investigación y estrategias de atención integral al problema de violencia contra la mujer, la poca información sobre una ruta crítica a seguir para la atención a casos de violencia, entre otros.

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Para ilustrar lo difícil que ha resultado para el movimiento participar plenamente en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, tomemos el caso del proceso de elaboración de la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades”, de él pueden extraerse importantes aprendizajes sobre carencias en el ejercicio de influencia en políticas públicas: a) la falta de mecanismos institucionales claros de interlocución entre el Estado y la sociedad civil; b) la falta de articulación entre las diferentes instancias gubernamentales para el adelanto de las mujeres; c) la limitada capacidad de las distintas expresiones de mujeres para construir consensos y establecer alianzas estratégicas por encima de sus intereses particulares, y d), la descoordinación entre la cooperación internacional para la entrega de asistencia. (MINUGUA, pp 22). Los alcances del movimiento de mujeres El marco interpretativo de la realidad, apunta a los significados compartidos y conceptos por medio de los cuales las personas y la sociedad tienden a definir su situación, el cómo interpretan las oportunidades políticas existentes para plantear sus demandas y encontrar respuesta a sus necesidades no satisfechas. Se refiere a esquemas que legitiman las actividades de un movimiento social y tiene concordancia con los valores y símbolos que consensuados en una sociedad o actores sociales que son la base de su cultura política (Yagenova; 2007:25). Dado lo anterior, estos marcos cognitivos dan sentido a las acciones colectivas porque logran situar las causas que las motivan como injustas dentro de un contexto histórico – cultural. Así, el movimiento de mujeres, como parte de sus acciones colectivas para influir en las políticas públicas y situar la violencia como un problema que compete dentro de la agenda pública se ha dispuesto a visibilizar y sensibilizar a la población sobre la gravedad que este problema tiene para la sociedad y para la democracia. Con el objetivo de situar a la violencia contra las mujeres como un problema público y grave, el movimiento de mujeres y otras organizaciones aliadas han hecho públicas una serie de consignas mediante carteles y volantes, comunicados y a viva voz durante las manifestaciones y marchas. Esta constituye una forma alterna, a la influencia en la política pública, para generar interés en problemas públicos. Las consignas más comunes son:

• Ni un minuto más de violencia contra las mujeres • Por la vida y los derecho de las mujeres… ni una muerte más • No más violencia contra las mujeres • ¡Cuidado! El machismo puede matar. • Por la salud de las mujeres. Por la salud del mundo: ¡No más Violencia! • Trabajo sí, ¡pero con dignidad!

Además de estas consignas, en el día por la No violencia contra la mujer (25 de noviembre), las mujeres del movimiento salieron a marchar, llevaron una carroza en la que se encontraban figuras de mujeres, vestidas pero sin cabeza, cada una de estas figuras llevaba un cartel que decía "era mi hermana”, "era mi mamá”, "era mi hija”, "era mi

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amiga”, estrategia que pretendía impactar a quienes se encontraban en la ruta que siguió la marcha. El movimiento imprimió calcomanías amarillas con la leyenda "Zona de peligro para las mujeres”, que fueron colocadas en las puertas del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Corte Suprema de Justicia y en el pavimento de la calle, haciendo clara alusión a la poca atención que estas instituciones prestan a las denuncias sobre casos de violencia contra las mujeres y a la idea que se ha intentado implantar que el ámbito público es "peligroso” para las mujeres por lo que éstas deberían limitarse a espacio privado. A manera de síntesis, el impacto concreto de algunas iniciativas de las diferentes instancias de mujeres en su interlocución con el Estado en los últimos seis años, ha obtenido resultados concretos. En materia legal

• Aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-96)

• Modificación y/o supresión de disposiciones discriminatorias en el Código Civil y Código Penal (Decreto 80-98)

• Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99) • Incorporación del concepto de copropiedad en la Ley del Fondo de Tierras (art. 20) • Acuerdo Legislativo para dictaminar sobre la integralidad de la Ley Electoral y de

Partidos Políticos (88-2000) • Aprobación del Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Intrafamiliar (Acuerdos Gubernativos 831 y 868-2000) • Influencia en el contenido del marco legal para la descentralización, que incluye: la

Ley de Consejos de Desarrollo, el Código Municipal y la Ley de Desarrollo Social. • Aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la

mujer (Decreto 22-2008). En fortalecimiento de instituciones:

• Propuesta de diseño del Foro Nacional de la Mujer, su instalación y funcionamiento (Acuerdos Gubernativos 744-97 y 105-98)

• Creación de la Defensoría de la Mujer Indígena (Acuerdo Gubernativo 525-99) • Incorporación de contenidos de equidad y necesidades de las mujeres en la Reforma

Educativa • Propuesta de acuerdo gubernativo para la creación de la Secretaría de la Mujer (200-

2000) • Acuerdo Ministerial que declara a Mayo “Mes de la Salud de las Mujeres” (1307-

2000) • Convenio de colaboración entre el Fondo de Tierras y la Coordinadora de Mujeres

por el Derecho a la Tierra y a la Propiedad

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• Creación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer (CONAPREVI) y participación con tres delegadas de la sociedad civil (Acuerdo Gubernativo 831-2000)

• Formulación consensuada de la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006”.

En el balance que el Sector de Mujeres hizo sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz, se señala que hay un impacto percibido por mujeres encuestadas en cuanto al conocimiento de sus derechos, así como mayores posibilidades de organización y participación. En la situación socioeconómica y acceso a salud, sólo algunas percibieron mejorías, la mayoría considera que la situación sigue igual o ha empeorado. En la problemática de la violencia hacia las mujeres, para la mayoría de las consultadas fue evidente que ésta ha empeorado. La aprobación de la “Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” es, sin duda, un buen logro, su espíritu contempla “garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito púbico o privado, quien agrede cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos estableciendo para tal fin las definiciones que se entenderán para efectos del cumplimiento de la Ley así como medidas de carácter preventivo, delitos y penas, reparaciones a las víctimas”. No obstante, no basta con que se apruebe la ley es necesario vigilar que se cumpla y fortalecer los mecanismos de captura y condena a los responsables de actos violentos contra las mujeres. Según datos ofrecidos por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), más de cuatro mil trescientas (4300) mujeres fueron asesinadas violentamente entre 2000 y 2008 en Guatemala, y esto se agrava al descubrir que en el 98% de los casos denunciados no se obtiene justicia penal. Justamente es esa impunidad la que contribuye a que esos actos de violencia continúen. (El Mundo, junio 8, 2008) Redes y alianzas para la 2o Violencia Otro tipo de acción colectiva – y estratégica- del movimiento de mujeres es el establecimiento de alianzas tanto nacionales como internacionales, a fin de alcanzar la fuerza necesaria para luchar a favor de la No Violencia contra la mujer. Con otras organizaciones y movimientos de mujeres, estas alianzas se establecen en función del seguimiento a convenciones internacionales como Beijing; los encuentros mesoamericanos de mujeres (ya sean sobre estudios de género, indígenas o amplio de mujeres); en estos espacios se ha discutido sobre categorías como sujeta política (o sujeto político mujer, como le llaman algunas), se intercambia experiencias y se discute sobre discriminación, racismo, derechos laborales, entre otros temas. Es motivo de alianza la denuncia pública contra el Estado, sobre todo por la falta de atención o incapacidad para solucionar problemas políticos y sociales que enfrentan las mujeres, entre ellos el de la violencia y la que se magnifica hasta llegar al femicidio. Otros

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problemas que han llamado la atención en el ámbito internacional son el resarcimiento y el conflicto armado. Se mantienen vínculos permanentes en el ámbito internacional para luchar por los derechos políticos, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos sociales y civiles. En el ámbito nacional, las alianzas dependen de las coincidencias políticas, así, pueden darse dentro del movimiento, entre éste y otros movimientos sociales, o bien, entre algunas organizaciones del movimiento de mujeres y los partidos políticos. Estas alianzas son más endebles por las mismas diferencias internas en el movimiento en cuanto a algunos puntos de la agenda política9. Y es que, como ya se publicara, el hecho que el movimiento se abra a una serie de demandas no implica que todas ellas sean compartidas al mismo tiempo por quienes lo conforman. (Solorzano; 2006:16) Lo importante es que se buscan coincidencias y sobre esa base se plantea el apoyo, las redes de trabajo, en función de objetivos que les son comunes, que se proyectan para alcanzar una sociedad sin violencia contra las mujeres.

III. Reflexiones y consideraciones

Una de las formas en que se expresa la violencia hacia las mujeres es en las condiciones de inequidad que ellas viven en la sociedad y en muchos aspectos de su cotidianeidad. Es por ello que la participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad es muy importante. En la política, esta participación conlleva a una visión más integral de las necesidades poblacionales e imprime calidad a la participación política de la ciudadanía en general. La situación de la mujer guatemalteca en este sentido es aún precaria pese al trabajo de los sectores y el movimiento que han reivindicado la igualdad entre hombres y mujeres. Debe reconocerse que ha existido un importante crecimiento del número de organizaciones de mujeres en el país y nuevos espacios de participación en los ámbitos local, municipal, departamental y nacional. A pesar de la alentadora magnitud de esa participación, la incidencia ha sido relativa y la presencia de mujeres en cargos de representación y gestión pública sigue siendo reducida. La interlocución lograda con el Gobierno ha estado exenta de dificultades y tensiones, en la mayoría de ocasiones, el Estado ha brindado respuestas coyunturales a las demandas del movimiento de mujeres. Para el movimiento, el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de paz ha puesto en evidencia el desafío de canalizar la potencialidad que las diversas organizaciones y personas que lo conforman tienen en materia participativa y organizativa, para no limitarse a la participación formal y la visibilización como un fin en sí mismo que les lleve a perder la perspectiva estratégica a más largo plazo. Esto es, sobre todo, porque se han observado algunos problemas que requerirán de discusiones con miras a ser superados a favor de 9 Durante el 2005, un punto de quiebre en el movimiento lo constituyó la lucha por la aprobación de la Ley de Planificación Familiar. Fueron pocas las organizaciones que impulsaron las protestas dado el pulso en que se mantenía la discusión de la ley en el Congreso. No fue sino hasta varios meses después y cerca de su aprobación que se fueron sumando otras organizaciones del movimiento. La demanda por los derechos sexuales y reproductivos no era, en ese entonces, consensuada ni respaldada por el movimiento en su conjunto. Y me atrevería a asegurar que sigue sin serlo en la actualidad.

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causas comunes: i) Insuficiente debate entre las distintas expresiones del movimiento, para articular lo temático a lo orgánico estratégico; ii) escaso nivel de comunicación y coordinación entre las organizaciones de mujeres urbanas y las rurales, distancia entre las dirigencias y sus bases, y escaso nivel de interlocución entre mujeres indígenas y no indígenas en torno a la interculturalidad, a la discriminación étnica y a las necesidades estratégicas comunes; iii) fuertes liderazgos individuales y organizacionales que en ocasiones dificultan el proceso de legitimación y reconocimiento a las distintas capacidades de mujeres y grupos emergentes, como las mujeres indígenas y las jóvenes; iv) dificultad para construir consensos y mantenerlos, así como alianzas de largo aliento en torno a una agenda consensuada, sobre la que se puedan construir estrategias de incidencia política y de vigilancia de las políticas públicas. En este sentido, el mecanismo participativo para la elaboración conjunta de la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006”, ha significado un avance en la superación de esta tendencia. Otros avances se han registrado en la relación y diálogo entre el movimiento de mujeres y las funcionarias públicas. Si bien el movimiento ha avanzado en colocar problemas importantes en la agenda pública, quedan aún desafíos – externo e internos- que debe enfrentar, específicamente ante el Estado, quien tiene deudas importantes hacia las mujeres en su diversidad:

• La deuda social que ha sido producto del incumplimiento de los principales compromisos socioeconómicos para con la totalidad de la población guatemalteca (pacto fiscal, reforma tributaria, aumento de la inversión social, acceso a la tierra, entre otras)

• La deuda étnico cultural que afecta especialmente a las mujeres indígenas, ya q ue salvo algunos esfuerzos puntuales, no se ha logrado la definición constitucional del carácter multicultural, multiétnico y plurilingüe del estado guatemalteco ni la transformación de sus estructuras racistas; mientras que las estadísticas disponibles continúan mostrando grandes brechas en pobreza, educación y participación.

• La deuda específica hacia las mujeres de los diferentes pueblos, reflejada en la falta de cumplimiento de compromisos y políticas dirigidos a transformar los modelos de conducta que promueven la opresión de todas las mujeres (delito de acoso sexual y la divulgación y cumplimiento de la CEDAW)

El Estado y la sociedad en su conjunto no han logrado transformar el orden simbólico que legitima la opresión de las mujeres, pues son pocas las acciones que encaminadas a la modificación de los patrones culturales en lo público y en lo privado. Se requiere mayor compromiso del Estado en el impulso de políticas culturales que contribuyan a desmontar el machismo así como un compromiso de los diferentes grupos sociales en revisar y cambiar sus propias pautas sexistas. Por ello la importancia de las acciones del movimiento tanto en el establecimiento de relaciones de cooperación e intercambio con otros movimientos sociales, como en la construcción de alianzas nacionales e internacionales para la influencia en políticas públicas contra la violencia hacia la mujer, problemática sentida más allá de nuestras fronteras.

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Las acciones de sensibilización impulsadas en los últimos años, y las consignas utilizadas por el movimiento, buscan impactar en esos marcos cognitivos que el Estado y la sociedad aún no modifican, a efecto de situar esas causas de la violencia como injustas y graves para toda la sociedad y para la democracia. Finalmente, continúa siendo señalable la actitud del Estado, que ha refuncionalizado varias de las demandas del movimiento, pero sin llegar a destinar o asignar los recursos financieros para que las instituciones creadas puedan cumplir con las funciones que les competen. Bibliografía

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Ilustración de carátula: Diálogo 44 publicado por FLACSO Guatemala en octubre 2005.

Nota: agradezco los valiosos comentarios recibidos de colegas del programa de doctorado en investigación en ciencias sociales de FLACSO Guatemala, principalmente de Mariana Delgado y Diana Palmerín.; así también los que me trasladaran colegas investigadoras en ciencias sociales de Guatemala Wendy Santa Cruz, Silvia Trujillo, Solveig Sevila.