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EL REFERIMIENTO Dr. Erick J. Hernández-Machado Santana Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional En ocasión del TALLER SOBRE EL REFERIMIENTOS Y LA JURISDICCION DE EJECUCION EN MATERIA DE TRABAJO Organizado por la Magistrada Odri Reyes, en la ciudad de La Vega 16 abril 2011 La Jurisdicción de Trabajo y el Juez de los Referimientos Entre las reformas e innovaciones puestas en vigor por el Código de Trabajo están las facultades del Presidente de la Corte, en materia de referimientos, que hace suyos los principios y normas procesales de la materia civil. El Presidente de la Corte de Trabajo en el ordenamiento jurídico de la jurisdicción laboral nacional, bajo el texto legal alguno del Código de Trabajo, conoce de recursos de apelación o de alzada, sino que corresponde al pleno de la Corte. 1 En ese orden, debemos hacer un estudio combinado del texto de la ley, cuando se indica que el recurso de apelación será formalizado ante la Corte de Trabajo 2 y por definición legislativa, debe de entenderse que la Corte es el tribunal de alzada compuesto por cinco jueces, como se ha examinado. 3 Una vez excluida la posibilidad que este funcionario judicial conozca de recursos de apelación, debemos reconocer que “el presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita. En los casos que la obligación no es seriamente discutible, puede otorgar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes”, 4 atribución que le es exclusiva. Como juez de referimiento, corresponde al Presidente de la Corte de Trabajo determinar cuando se ha producido una turbación ilícita, que deba hacerse cesar y si la misma es capaz de producir un daño; que asimismo es a quien corresponde cuando procede la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por un juzgado de trabajo; se rechaza la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Presidente del Juzgado de Trabajo, actuando como juez de ejecución, al estimar que la medida adoptada por ese magistrado no constituye una turbación 1 N/U 471-2004-(154-23-06-2004), Exp. 01/2004, Construcciones y Montajes, S. A., Angel Diosmarys Encarnación y Compartes, 30 de septiembre del 2004. 2 Art. 621 del Código de Trabajo. 3 Art. 473 del Código de Trabajo. 4 Art. 667 del Código de Trabajo.

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Page 1: Del Referimientos

EL REFERIMIENTO Dr. Erick J. Hernández-Machado Santana

Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional En ocasión del

TALLER SOBRE EL REFERIMIENTOS Y LA JURISDICCION DE EJECUCION

EN MATERIA DE TRABAJO Organizado por la Magistrada Odri Reyes,

en la ciudad de La Vega 16 abril 2011

La Jurisdicción de Trabajo y el Juez de los Referimientos

Entre las reformas e innovaciones puestas en vigor por el Código de Trabajo están las facultades del Presidente de la Corte, en materia de referimientos, que hace suyos los principios y normas procesales de la materia civil.

El Presidente de la Corte de Trabajo en el ordenamiento jurídico de la jurisdicción laboral nacional, bajo el texto legal alguno del Código de Trabajo, conoce de recursos

de apelación o de alzada, sino que corresponde al pleno de la Corte.1 En ese orden, debemos hacer un estudio combinado del texto de la ley, cuando se indica que el

recurso de apelación será formalizado ante la Corte de Trabajo2 y por definición legislativa, debe de entenderse que la Corte es el tribunal de alzada compuesto por cinco jueces, como se ha examinado.3

Una vez excluida la posibilidad que este funcionario judicial conozca de recursos de apelación, debemos reconocer que “el presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita. En los casos que la obligación no es seriamente discutible, puede otorgar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes”,4 atribución que le es exclusiva.

Como juez de referimiento, corresponde al Presidente de la Corte de Trabajo determinar cuando se ha producido una turbación ilícita, que deba hacerse cesar y si la misma es capaz de producir un daño; que asimismo es a quien corresponde cuando procede la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por un juzgado de trabajo; se rechaza la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Presidente del Juzgado de Trabajo, actuando como juez de ejecución, al estimar que la medida adoptada por ese magistrado no constituye una turbación

1 N/U 471-2004-(154-23-06-2004), Exp. 01/2004, Construcciones y Montajes, S. A., Angel Diosmarys

Encarnación y Compartes, 30 de septiembre del 2004. 2 Art. 621 del Código de Trabajo. 3 Art. 473 del Código de Trabajo. 4 Art. 667 del Código de Trabajo.

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ilícita ni ocasionó daño, en vista de que el crédito que le acordaba la sentencia que decidió la demanda estaba garantizado con el depósito de una fianza por el monto del duplo de las condenaciones; que no podía producir daños la orden de levantamiento del embargo que había practicado, al haberse ordenado previamente, por el juez de referimiento, que ésta depositara el duplo de las condenaciones para evitar la ejecución de la sentencia condenatoria, lo que hizo a través de la

contratación de la póliza, lo que fue apreciado atinadamente.5 “En los casos de ejecución de sentencias o de otro título ejecutorio, el presidente de la corte puede ordenar, en referimiento, todas las medidas que no colidan con una contestación seria o que se justifiquen por la existencia de un diferendo”.6

El Código de Trabajo reconoce en su artículo 668 que el Juez de los Referimientos “tendrá también las facultades reconocidas por la Ley 834 de 1978 y el Código de Procedimiento Civil, en la medida que no sean incompatibles con las normas o principios que rigen el proceso en materia de trabajo”.

La turbación manifiestamente ilícita se puede desprender de que, no obstante haberse notificado oportunamente el recurso de casación y demanda en suspensión ante la Suprema Corte de Justicia, el embargante desconoció voluntariamente el efecto suspensivo de esta última actuación e hizo publicar en el matutino la venta en pública subasta y cumplió también con la formalidad previa a la operación de venta en pública subasta, relativa a la fijación de edictos, lo que se traduce en la evidente urgencia e interés que no se ejecutara definitivamente la venta fijada, evitando de este modo el daño inminente y descartando la turbación ilícita que se comprueban en

las actuaciones extrajudiciales ya señaladas.7

El Juez de los referimientos y las vías de ejecución

Este es otro de los puntos interesantes de estudio y que nos permitirán justificar bajo una lógica procesal los planteamientos a realizar.

La Corte de Trabajo se compondrán por cinco jueces, de los cuales habrá, además de un presidente, un primer sustituto del presidente y un segundo sustituto del presidente, los que sustituirán al Presidente en caso de ausencia e incapacidad

para el ejercicio de sus funciones;8 siendo el Distrito Nacional conformado por dos Salas, cuyos presidentes a su vez sustituyen al Presidente y juez de los referimientos, cada vez que esté imposibilitado de ejercer sus funciones, bastando para dicha sustitución que la Secretaría de la Corte de Trabajo informe a los referidos

magistrados la necesidad de ésta.9 En este escenario, el juez de los referimientos puede “en los casos de ejecución de

sentencias o de otro título ejecutorio, el presidente de la corte puede ordenar, en referimiento, todas las medidas que no colidan con una contestación seria o que se justifiquen por la

5 B.J. 1103, Página No. 871. 6 Art. 666 del Código de Trabajo. 7 Exp. 161/2002, Transporte Mi Hogar, S.A. y Rafael Martínez Brens Vs. Sr. Adalberto Méndez Benítez,

del 10 del mes de mayo del año 2002. 8 Art. 473 del Código de Trabajo, modificado por la Ley No. 142 del 6 de mayo de 1998. 9 Resolución de la Suprema Corte de Justicia del 23 de noviembre de 2000, que regula las suplencias del Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

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existencia de un diferendo”;10 adopción de esta norma del derecho civil, entendemos, que no tuvo en consideración la conformación de la jurisdicción de trabajo en lo relativo a la existencia del juez de la ejecución, que al igual que en Francia, constituye una jurisdicción especial llamada a conocer de las acciones ligadas a “las dificultades relativas a los títulos ejecutorios y de las contestaciones que surjan en ocasión de la ejecución

forzosa”.11 Señala Enmanuel Blanc, en su obra Nuevo Código de Procedimiento Civil,

Comentado en el Orden de los Artículos,12 que “éste es un texto tradicional puesto que las medidas previstas por él estaban ya inscritas en el artículo 806 del antiguo Código de Procedimiento Civil.” Continua exponiendo Enmanuel Blanc, que “puede estatuir en referimientos sobre toda dificultad de ejecución de una sentencia o de un título ejecutorio, tal como un acto notarial o bien conociendo de los incidentes que pueden sobrevenir en curso de

una expulsión ordenada por sentencia”.13 Pero dichas apreciaciones de materia civil difieren en lo laboral, por no ser

aplicables al Presidente de la Corte estatuyendo en referimientos pues han sido reservadas al juez de la ejecución en materia de trabajo, que están previstas en los ordinales tercero y quinto, artículo 706 del Código de Trabajo, que otorgan competencia de atribución en relación con las demandas en ejecución de sentencias laborales, al Presidente del Juzgado de Trabajo, o bien, al Presidente de la Corte que ha dictado la sentencia condenatoria, conforme los lineamientos del artículo 472 del Código de Procedimiento Civil.14

Bajo este planteamiento de competencia de atribución, es que estimamos que el Presidente de la Corte de Trabajo en atribuciones de Juez de los Referimientos no está llamado a conocer de las acciones cuyo objeto sea en la ejecución de las sentencias laborales con carácter definitivo, ya sea para obtener su ejecución o descartarla, pues corresponde al Presidente del Juzgado de Trabajo o al Presidente de la Corte, por mandato de la ley, conocer de tales acciones; resultando que, la competencia del Presidente de la Corte de Trabajo se enmarca en las medidas esencialmente provisionales ligadas accesoriamente a la instancia en ejecución, como

el caso, por ejemplo, la solicitud de cambio de guardián del objeto embargado,15 después de comprobar que el mismo no fue localizado durante el proceso celebrado

ante la jurisdicción de referimientos.16

10 Art. 667 del Código de Trabajo y 109 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978. 11 Art. L. 311-12-1 del Código de Organización Judicial Francés (L. No. 91-650 del 9 de julio 1991). 12 Blanc, Enmanuel, NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, Commente Dans L’Ordre Des Articles,

Librairie du Journal del Notaries et des Avocats, Mise á Jour 13 septembre 1986, Páginas Nos. 521-10. 13 Ibid, Blanc, Enmanuel. 14 Art. 472 del Código de Procedimiento Civil: “La ejecución de una sentencia confirmada, corresponderá al tribunal que la dictó en primera instancia. La ejecución, entre las mismas partes, de una sentencia revocada, correspondera al tribunal que resolvió la apelación, o a otro tribunal que se designe en la sentencia revocatoria;...” 15 Ver sentencia No. Un-028-2002-00222, Exp. 222/2002, Ing. Rafael Barreiro y Joaquín Sánchez Vs.

Vicente Arias, Mario Franco, Eulogio de los Santos y Compartes, del 11 del mes de julio del año 2002.- 16 Ver sentencia No. Un-028-2000-139, Exp. #. 139/2000 del Presidente de la Corte de Trabajo del

Distrito Nacional, del 12 de septiembre del 2000, en proceso Gendarmes Nacionales, S.A. Vs. Hipólito González Reyes; Ver sentencia No. Un-028-2000-00013, Exp.#. 13/2000 del Presidente en Funciones

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Cuando la sentencia que se pretende ejecutar es dictada por una Corte de Trabajo dividida en salas, por aplicación combinada de los artículos 663 y 706, que hace común al Presidente de la Corte de Trabajo, las atribuciones del Presidente del Juzgado de Trabajo, entre las que se encuentran las ejecuciones de las sentencias, el tribunal competente para conocer de la demanda de que se trata es el Presidente de la Corte de Trabajo. La competencia del tribunal de alzada para conocer de la ejecución de la sentencia no constituye una violación al doble grado de jurisdicción, en vista de que éste se basa en principios de derecho y no en cánones constitucionales, permitiendo al legislador establecer excepciones sobre el mismo.17 La prestación de la garantía de una condenación establecida en la Corte, por aplicación del artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que tiene facultad de recibir y aprobar la prestación de la garantía al crédito.18

No tiene competencia para decidir, directa o indirectamente, sobre las vías de ejecución en esta materia de trabajo, salvo de que se trate de medidas esencialmente provisionales ligadas a las vías de ejecución, o bien que el embargo realizado sea en desconocimiento de la autoridad del juez de los referimientos, al ordenar la suspensión provisional mientras se juzgue la instancia de referimientos, entre otros casos de la especie.

En tal sentido, que el párrafo final del artículo 50 del Código de Procedimiento

Civil,19 no se aplica a plenitud a la materia de trabajo, pues el carácter enunciativo en cuanto a la oportunidad de la intervención del Juez de los Referimientos, colide con la existencia del juez de la ejecución, que conforme los Arts. 663 y 706 del Código de Trabajo y 472 del Código de Procedimiento Civil, conforma la jurisdicción de ejecución en materia laboral y que salvo los casos enunciados, es la competente para conocer de la demanda en ejecución de sentencias.

Que esta apreciación dada sobre la incompetencia de atribución para los asuntos de ejecución de las sentencias, ha sido confirmada por la Suprema Corte de

Justicia,20 al señalar “que la facultad que otorga el artículo 667 del Código de Trabajo, al Juez Presidente de la Corte de Trabajo, para dictar cuantas medidas conservatorios sean de lugar para hacer cesar toda turbación ilícita, no le autoriza a declarar la nulidad de ninguna actuación judicial, ni a ordenar el levantamiento de embargo retentivo basado en que el mismo es nulo, pues de hacerlo así estaría tomando decisiones que coliden con lo principal del asunto, lo cual le está impedido al juez de los referimientos; se demandó el levantamiento de un embargo retentivo practicado, para lo cual alegó que el mismo era nulo, lo que de haber sido decidido por el Tribunal a-quo, habría implicado un fallo sobre aspectos que tienen que ver con el fondo de la demanda intentada en reclamación de prestaciones laborales y que en el

de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 17 de marzo del año 2000 en proceso Cirilo Antonio

Rodríguez VS. Molinos del Ozama & Banco Popular Dominicano. 17 B.J.1094, Página No. 511. 18 N/U-471-2004-00094, Exp. (94/2004), Empresas Lora, C. por A. Vs. Alfredo González Pichardo, Pedro Antonio de Jesús Salazar, Manuel Mateo Cuevas, Francisco Robles y Narciso Sánchez Salvador,

de marzo del 2004. 19 Parte in-fine del artículo 50 del Código de Procedimiento Civil: “El tribunal apoderado del litigio o el juez de los referimientos podrá ordenar la cancelación, reducción o limitación del embargo, en cualquier estado de los procedimientos, cuando hubiere motivos serios y legítimos” 20 B.J. 1071, Página No. 602.

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momento de dictarse la sentencia impugnada estaba pendiente de ser conocida por el Juzgado de Trabajo, tribunal ante el cual debió incoarse la demanda en nulidad del embargo retentivo

de que se trata, al tenor de las disposiciones del artículo 480 del Código de Trabajo”,21 que da competencia a ese tribunal para conocer los asuntos que sean accesorios a las demandas principales.

Si ante los referimientos se pretende suspender un mandamiento de pago, sobre la base de que se hace por una suma mayor a la cual corresponde, aspecto que le compete al juez de la ejecución, por mandato de los artículos 663 y 706 del Código de Trabajo y 472 del Código de Procedimiento Civil; como se observa en el aspecto relativo al objeto de la demanda, el Juez de los Referimientos sí es competente para la “suspensión” solicitada, pero no basada en los medios relativos a la regularidad o no de una vía de ejecución, y que debieron sustentar una demanda principal ante el juez de fondo o de la ejecución, razón por la cual no procedía la declaratoria de incompetencia de atribución, siendo lo correcto, procesalmente hablando, de avocarse al rechazamiento del fondo de la acción en referimientos.22

Habiéndose realizado un embargo retentivo contra entidades que no son condenadas, es ostensible que han actuado en la vía de ejecución con ligereza censurable, equiparable a la perturbación ilícita y motivos serios que permiten la intervención del juez de los referimientos.23 El embargo retentivo trabado sobre la base de una sentencia que no condena a una de las partes embargadas, ni que el Presidente de la Corte haya autorizado dicha medida, al proceder de esta manera, constituye un exceso de las vías de los embargos, donde se establece el estado de urgencia, el daño inminente, vía de hecho unilateral desconocedora de la organización judicial y las facultades dadas al Presidente de la Corte, que crean en sí misma una turbación manifiestamente ilícita y es fuente del peligro inminente, que justifica la intervención de la jurisdicción de

referimientos.24 Por otra parte, no procede la intervención de los referimientos, cuando con

motivo de un embargo conservatorio se cuestiona la capacidad de la embargada sobre la disponibilidad o no del bien embargado, por constituir una contestación seria que debía de ser resuelta conjuntamente a la demanda en validez.25 Casuística en referimientos Los casos a examinarse tienen sus particularidades y circunstancias procesales propias, debiendo de asimilarse que la solución dada responde a tales aspectos.

21 Art. 480 del Código de Trabajo, Tercer Párrafo: Los juzgados de trabajo son competentes para

conocer de los asuntos ligados accesoriamente. 22 N/U-471-2004-00152, Exp. (152/2004), Constructora Acosta Bello, S. A. e Ing. Antonio Acosta

Espinosa Vs.Vicente Montilla y Compartes. 12 de mayo 2004. 23 N/U-471-2004-000425, Exp. (425/2004), Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) y

Fondo Patrimonial de las Empresas Públicas (FONPER) Vs. Teresita de Jesús Blanco Vásquez y

Compartes, del 29 de septiembre de 2004. Ver: B.J. 1123, Página No. 68. 24 Un-471-2004-94, Exp. (94/2004), Domingo Rivera Lagares y Lisset Rivera Vs. Rosanna Yulisa Díaz

Camilo y María Luisa Encarnación E., del 21 de abril de 2004. 25 B.J. 1123, Página No. 1092.

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1. Competencia territorial y la ley Alfonseca-Salazar, No. 259 del 2 de mayo de 1940. Nuevas disposiciones comerciales.

En materia de trabajo la competencia para conocer de los incidentes, acciones

y pretensiones ligadas a una vía de ejecución, viene dada de la economía de la parte inicial del artículo 663 del Código de Trabajo, que establece: La ejecución por vía de embargo de la sentencia de los tribunales de trabajo, compete al tribunal de trabajo que dictó la sentencia, y se regirá por el procedimiento sumario; que en ese tenor, los lineamientos de competencia territorial responden al mandato expreso del texto legal examinado, sin necesidad de suplirse de la Ley No. 259 del 2 de mayo de 1940,

conocida como Ley Alfonseca-Salazar,26 ni el criterio del domicilio del deudor o del lugar del embargo, pues en esta materia se suple del derecho común y leyes especiales en la medida que no sean incompatibles con las normas de trabajo; la urgencia creada por la vía de ejecución y la circunstancia de hecho que un embargo se trabe fuera de la jurisdicción que dictó la sentencia, no derogan la competencia expresa dada por el artículo 663 del Código de Trabajo, por lo que debe de reconocerse que los embargos e incidentes que se desprenden de la ejecución de un título de los tribunales del Departamento de San Cristóbal, corresponde su competencia a dichos tribunales.27

La novedosa legislación sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, marcada con el núm. 479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008, establece sin lugar a equívocos la posibilidad de comprobar varios “domicilios o casa social el principal establecimiento que posea o la oficina del representante en cada jurisdicción de la República”,28 que tampoco aplica a la materia de trabajo en la etapa de ejecución de las sentencias. 2. Competencia. Levantamiento de embargos. Sustitución de garantías

La jurisdicción de referimientos tiene la facultad de disponer el levantamiento de una vía de ejecución, siempre que previo a ese levantamiento el demandante haya prestado la correspondiente garantía, en cuyo caso se produce una sustitución de garantías, comprobándose el cumplimiento de la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo;29 que en tal sentido, no obstante haberse embargado antes de la prestación de la garantía, se comprueba respecto del crédito de que se trata, que se constituyen en los motivos serios y legítimos que trata el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, resultando viable en la sustitución de garantías. Al proceder de este modo en referimientos no se decide un aspecto de fondo respecto de lo principal,

26 Art. 3.- Toda persona física o moral, individuo o sociedad, sean cuales fueren sus estatutos, que

ejerza actos de la vida jurídica en la República Dominicana, por medio de un establecimiento cualquiera o de un representante, se encuentra bajo el imperio de las Leyes Nacionales. Por

consiguiente, tendrá por domicilio o casa social el principal establecimiento que posea o la oficina del Representante en cada jurisdiccion de la República; entendiéndose que esta disposición es imperativa

de las prescripciones contenidas en los artículos 59 a 74 inclusive del Código de Procedimiento Civil 27 Exp. 489/2002, Productos Avon, S.A. Vs. Virgen Rodríguez de Óleo, del 8 de enero de 2003 28 Artículos 8 y 9 de la Ley sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada, marcada con el Núm. 479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008 29 B.J. 1120, Página No. 872

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que lo es la acción principal en validez, sino que ha tomado las medidas conservatorias necesarias, respecto de la garantía del crédito que contiene la indicada sentencia.30

La realidad incontestable de que la vía de ejecución se haya hecho legítimamente, no es obstáculo para la intervención del juez de los referimientos para dejar sin efecto el embargo, en vista de que en su “sustitución de garantías” constituye una respuesta judicial al contenido literal del artículo 539 del Código de Trabajo, que dispone que la vía de ejecución se “detendrá en el estado en que se encuentre”. Observamos que no

entra dentro de criterios de razonabilidad31 el hecho que el crédito se haya garantizado después de un embargo y que el mismo se mantenga vigente, máxime cuando el mismo legislador ha previsto para otros casos amplios poderes respecto de

las vías de ejecución32 y que los poderes del juez de los referimientos en caso de nuevas circunstancias, tales como la formalización del crédito, no es un punto a discutir en materia procesal.33

La finalidad del articulo 539 del Código de Trabajo, al disponer que para la suspensión de la ejecución de una sentencia del Juzgado de Trabajo, es necesario el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia, es garantizar que al termino del litigio la parte gananciosa asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de una insolvencia que impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente. Esa finalidad se cumple cuando el depósito se hace en efectivo en una colectaría de Impuestos Internos, en un banco comercial o mediante el deposito de una fianza otorgada por una compañía de seguros de las establecidas en el país, de suficiente solvencia económica. Una vez cumplido el depósito en cualquiera de las modalidades arriba indicadas, el mantenimiento de una medida conservatoria o ejecutoria que mantenga paralizados bienes de la parte que la ha formalizado se convierte en el mantenimiento de una doble garantía que produce una turbación ilícita y que como tal puede ser ordenada su cesación por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de Juez de Referimientos; al dar por establecido el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia que procuraba ejecutar, lo que no fue discutido, se cumplió la finalidad del articulo 539 del Código de Trabajo y torno en turbación ilícita el mantenimiento del embargo ejecutivo practicado en perjuicio de la demandada.34 Sobre este aspecto es oportuno apuntar que la vía de ejecución fue realizada legítimamente, pero esta posibilidad no descarte la prerrogativa de acceso a la justicia de la parte que sucumbe en primer grado, máxime que el mismo texto legal del artículo 539 del Código de Trabajo lo preceptúa como un “derecho” y que el principio constitucional de razonabilidad de ley no admite la posibilidad abandonar en indefensión a la parte que ha sido embargada, porque el legislador limitó, mas no prohibió, los efectos del

30 Un-173-2004-00564, Exp.#. (564/2004), Courier Carga Marítima CCM, Auto Parts Vs. Gerdhis

Penélope Luna Lora, del 22 días del mes de diciembre de 2004 31 Numeral 5, Literal J, Art. 8 de la Constitución 32 V.g.: Ver Artículo 50, del Código de Procedimiento Civil 33 Art. 104 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978 34 B. J. 1147, Páginas 1577-1582

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cumplimiento de la garantía después de la ejecución, a que la misma se “quedará suspendida en el estado en que se encuentre,”35 lo cual ha sido complementado por la jurisprudencia al reconocerse la posibilidad jurisdiccional de la sustitución del embargo, por la indicada garantía ya evaluada y admitida.

La disposición del articulo 539 del Código de Trabajo que obliga al depósito del

duplo de las condenaciones impuesta, para garantizar el pago de la acreencia una

vez concluya el litigio sin necesidad de recurrir a las medidas de ejecución, el

levantamiento de todo embargo realizado en apoyo de dicha sentencia surge como un

imperativo cuando ese depósito ha sido realizado, no pudiendo ser visto como una

decisión ultra petita la adoptada por el juez de referimientos, que al disponer la

modalidad de esa garantía ordene el levantamiento de cualquier medida

conservatoria o ejecutoria que haya iniciado la parte gananciosa, aun cuando no se

le hubiere solicitado de manera expresa, la cual tiene su fundamento en el papel

activo del juez laboral y en la facultad del juez de referimientos de disponer lo que

fuere necesario para hacer una perturbación ilícita, la que se origina cuando a

pesar del deudor haber garantizado el crédito en su contra se mantiene la medida

emprendida por el acreedor.36

Prorrogación de la competencia La instancia en referimiento por mandato de la ley tiene un carácter esencialmente provisional y en las atribuciones en que se ha apoderado, le está impedido al Juez de los Referimientos aceptar una prorrogación voluntaria de la competencia realizada por las partes mediante sus conclusiones, habida cuenta de que la posibilidad del levantamiento definitivo de un embargo o medida ejecutoria es de competencia exclusiva del juez de la ejecución, que en este caso por tratarse de una sentencia del Juzgado de Trabajo, el tribunal competente para abordar el contrato judicial intervenido entre las partes en la audiencia, lo es la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en aplicación del Art. 706, ordinal tercero y artículo 472

del Código de Procedimiento Civil.37 Este criterio ha sido atenuado por decisión

35 Artículo 539 del Código de Trabajo 36

B. J. 1152, Página 1798-1804 37 Exp. 342/2002, Frito Lay Dominicana, S. A. Vs. Denny Silvestre y Andry de los Santos, del 25 de septiembre de 2002.

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posterior de la Suprema Corte, al atribuir competencia al juez de los referimientos para la denominada demanda en sustitución de garantías, que hemos examinado supra.38 Sustitución de guardián. Competencia. Obligación del guardián Esta jurisdicción sí es competente para asuntos de carácter provisional y como se ha establecido en la demanda en sustitución de guardián con motivo de embargo ejecutivo, “que el carácter esencialmente provisional de la decisión a intervenir, impone la competencia de la jurisdicción de los referimientos, la cual es la natural para examinar la urgencia, necesidad, daño inminente y bien en peligro ante el hecho señalado de que el secuestrario judicial de que no está cumpliendo con sus obligaciones de conservación del bien mueble en la dirección que indica el proceso verbal de embargo ejecutivo, sustancial para que su mandato se estime regular, y cuyo propósito es que las partes envueltas en el referido embargo sigan el curso del mismo y de las acciones que del mismo se deriven, sin la preocupación de que el mueble sometido a la vía de ejecución no está salvaguardado en un lugar conocido por las partes, para supervigilar la conservación del mismo, lo que no sucedería si el guardián dispusiere el traslado a un sitio ignorado por las partes del proceso; la presente acción en referimientos no constituye propiamente un incidente del embargo ejecutivo, de que se trata, sino una demanda principal en justicia que tiende

a adoptar una decisión provisional”.39 Cuando la demandante no prueba ninguna falta a cargo del secuestrario

judicial, procede rechazar la petición de sustitución del mismo.40 Las obligaciones del guardián con motivo del embargo ejecutivo se contraen a

conservar en un domicilio conocido por las partes litigantes, íntegramente los objetos embargados y oponerse a que sean sustraídos. Como depositario judicial en el desempeño de sus funciones, debe emplear los cuidados de un buen padre de familia, conforme al artículo 1962 del Código Civil, pero ante la ausencia de pruebas de los argumentos de irregularidad del proceso verbal de embargo, se desprende la ausencia de urgencia de tomar las medias conservatorias relativas al cambio de guardián.41

No resulta viable designar a una sociedad de comercio en esta calidad, por las

obligaciones de orden personal que se asumen en dichas funciones,42 que por demás, tiene dicho auxiliar la justicia que cumplir con las obligaciones que van unidas a la personalidad, para oportunamente prestar juramento, lo que no es viable en el caso de personas jurídicas.

38 B.J. 1120, Pag. 872. 660. Un-028-2002-395, 395/2002, Guardianes Dominicanos, C. por A. Vs.

Antonio Reyes de los Santos, del 30 de octubre de 2002. 39 Un-028-2002-395, 395/2002, Guardianes Dominicanos, C. por A. Vs. Antonio Reyes de los

Santos, del 30 de octubre de 2002. 40 Un-471-2003-59, Exp. 59/2003, Envasadora de Gas Loncha Gas, S. A. Vs. Emilio Reyes y Leonardo

Belén, del 28 de febrero de 2003. 41 N/U-471-2004-00103, Exp. (103/2004), Laboratorios Orbis, S. A. Vs. Ramón Reyes Paredes, del 1ro. de abril de 2004. 42 Un-028-2002-395, Exp.#. 395/2002, Guardianes Dominicanos, C. por A. Vs. Antonio Reyes de los Santos, del 30 de octubre de 2002.

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No es prueba a los fines de establecer una falta a cargo del guardián un acto de emplazamiento, pues no surte los efectos jurídicos de un acto de comprobación, habida cuenta que el requerimiento en uno y en el otro al auxiliar de justicia, es obvio que es de diferente naturaleza y por ende, no se suplen mutuamente; explicándose más a fondo, en el emplazamiento el alguacil da fe de que no “localizó” a la persona en el domicilio señalado, mientras que en el acto de comprobación, es un requerimiento a los fines de verificar, comprobar o dar fe de la “situación o estado”

del bien mueble que ha sido sometido a las vías de ejecución.43 Cuando no se le da cumplimiento a la sentencia que dispone la devolución o

distracción de un bien mueble embargado, se puede apoderar al juez de los referimientos para que, dentro de sus amplios poderes, disponga la fijación de un astreinte, por la resistencia ilegítima e injustificada, pues el juez de la ejecución ha ordenado su devolución.

Reducción de embargos. Condiciones

La decisión del juez de los referimientos que admite la reducción del embargo,

sólo se justifica cuando éste ha valorado los demás bienes embargados y comprobado que los mismos son suficientes para garantizar el crédito que ha servido de base a la medida conservatoria.44

Aquel que propugne por la reducción del embargo que le afecta, debe hacer la prueba sobre el valor de los demás bienes muebles embargados que mantendrán la

afectación del embargo.45 No basta con la pretensión en justicia que sea excluido un determinado bien

por el hecho de constituirse en una garantía otorgada por el deudor embargado, sino que la parte embargada tiene la actual obligación procesal de aportar la prueba sobre el valor de los demás bienes muebles embargados que mantendrán la afectación del embargo.46 Intervención de las aseguradoras y las nuevas circunstancias del artículo 104 de la Ley No. 834 del 15 de julio 1978

En el proceso de liquidación de las operaciones de un asegurador o reasegurador será forzosa cuando la Superintendencia le revoque por resolución, debidamente motivada, la autorización para operar en uno o más ramos de seguros, quedando facultada la Superintendencia para actuar como liquidador.47

A partir de la fecha de la resolución que disponga la revocación de la autorización para operar en el país, la compañía quedará imposibilitada de efectuar

43 N/U-471-2004-000585, Exp. (585/2004), Laboratorios Orbis, S. A. Vs. Franklin de la Cruz, del 4 de febrero 2005. 44 B.J. 1123, Página 1092. 45 N/U 471-2004-(154-23-06-2004). Exp.#. (01/2004), DSD Construcciones y Montajes, S. A. Vs.

Ángel Diosmarys Encarnación Compartes, del 30 de septiembre de 2004. 46 Un-173-2004-00411, Exp.#. (411/2004), Financiera Mercabanc, S. A. Vs. Nova, Sergio Adolfo Batista, José Manuel Sepúlveda, Epifanio Tiburcio y Ángel María Marte, del 7 de octubre de 2004. 47 Art. 195 de la Ley No. 146/02 del 11 de septiembre de 2002, sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana.

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ninguna operación de venta ni suscribir contratos de seguros y sólo podrá hacer pagos con autorización de la Superintendencia. Así mismo el control de los activos de dicha compañía quedará bajo la guarda de la Superintendencia, hasta tanto se hayan agotado todos los procesos legales, pudiendo dicha Superintendencia disponer de la venta de aquellos activos que, por alguna razón, puedan deteriorarse y depositar el importe en una cuenta especial, con la finalidad de suplir compromisos de la compañía.48

La jurisdicción de trabajo ante un proceso de liquidación forzosa de una aseguradora, está llamada a garantizar la ejecución a primer requerimiento de la fianza de que se trata y estas sí constituyen nuevas circunstancias, donde el juez de los referimientos tiene la plena facultad de intervenir para modificar su ordenanza anterior, en razón de su estado de cesación y revocación de licencia y disponer la

sustitución de la aseguradora presentada y admitida.49

Suspensión de venta en pública subasta. Condiciones En sendas demandas en suspensión de ejecución de sentencia del Juzgado de Trabajo, fusionadas por aquel tribunal, en la que se condena a una parte y la otra es excluida, pero se inician vías ejecutorias contra las dos, en relación suspensión de la venta en pública subasta a causa de embargo ejecutivo, sobre la base de tener un interés directo sobre la propiedad de los muebles embargados y de haber apoderado a la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional de la demanda en distracción correspondiente, debe verse el cumplimiento del contenido del artículo 539 del Código de Trabajo y 93 de su reglamento, o bien, a la parte in-fine del artículo 667 sobre la prestación de una garantía sustitutiva de las condenaciones relativa a la prestación de una fianza, como ya se ha indicado.

Antes de toda ponderación sobre la viabilidad de la acción, resulta indeclinable verificar si las partes condenadas han dado cumplimiento a las indicadas disposiciones de los artículos 539 del Código de Trabajo y 93 de su reglamento, o bien, a la parte in-fine del artículo 667, habida cuenta que las pretensiones de la parte excluida, que también demanda la suspensión, encierran todas las características de ser un litigante por procuración, vale decir, aquel que por su acción en justicia produce efectos jurídicos en beneficio de otros litigantes en la misma instancia, sin haberlo solicitado, por lo cual no puede el impetrante propiciar ni producir efectos jurídicos que beneficien a los no comparecientes.

La demanda en suspensión sobre la base de una demanda en distracción, constituye una acción principal que tiene por objeto desconocer implícitamente el cumplimiento de los artículos 539 del Código de Trabajo y 93 de su reglamento, o bien, a la parte in-fine del artículo 667, pues la suspensión de la venta no es más que la suspensión misma de la sentencia sin garantía alguna, obviamente en desmedro del mandato irrestricto de la ley, porque si bien es viable que se discuta el derecho de propiedad ante la jurisdicción competente, no menos cierto es que el contenido de los mencionados artículos 539 del Código de Trabajo y 93 de su Reglamento y la parte

48 Art. 196, Ibidem. 49 N/U-471-2003-000289, Exp. (289/2003), Luis Antonio de la Cruz Vs. Mac Deal Rent A Car, C. por A. y Melquíades Cabral, del 15 de septiembre de 2003.

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in-fine del artículo 667, no deben ser burlados.50 En sentido contrario, para los casos de suspensión de venta en pública subasta

a causa de embargo ejecutivo, donde se ha expuesto que habiéndose demandado la distracción del bien embargado, éste se ha comprobado que la actora tiene un interés, serio, legítimo y actual para la suspensión de la venta en pública subasta fijada en acto de embargo, siendo la urgencia en el caso de la especie apreciada en el carácter no seriamente discutido de la documentación aportada, relativa a un contrato de venta condicional de muebles, debidamente registrado antes del embargo, junto a la circunstancia que de ejecutarse la venta en pública subasta, sería frustratoria toda acción en distracción o proceso de incautación ante una venta pública consumada, lo que se traduciría en la materialización misma del daño inminente.51

La diferencia a retenerse en estos casos planteados, es que para que la acción en suspensión prospere sin la prestación de la garantía, entre otras circunstancias reconocidas por la jurisprudencia civil tradicional, es menester que se trate de la configuración de la turbación ilícita en perjuicio de un tercero, máxime cuando se trate de un bien mueble, vehículo de motor, que está sometido a un régimen especial de publicidad. Se ha juzgado en caso de suspensión de venta en pública subasta a causa de embargo ejecutivo, que no habiéndose establecido por las vías probatorias correspondientes, el interés actual en relación a la necesaria demanda en distracción que debe formalizarse por ante la Presidencia del Juzgado de Trabajo, en materia sumaria, al juez de los referimientos no le basta establecer la propiedad del vehículo embargado, sino que es menester que la parte actora haya apoderado al juez de lo principal para la distracción o reivindicación del bien mueble embargado, lo que se traduce en el interés actual ya señalado, permitiendo que la suspensión de la venta, si fuere ordenada, no caiga en un limbo procesal por la inacción del demandante en referimientos, circunstancias estas que ostensiblemente afectan el derecho de la embargante y ahora demandada; que decidir en sentido positivo esta demanda, o sea ordenar la suspensión de la venta sobre la base del derecho de propiedad del bien embargado, sin la existencia de una instancia principal, constituye un examen mismo

del fondo, lo cual le está vedado al juez de los referimientos”.52 Constituye un derecho de opción del embargado el de accionar en los sentidos siguientes: 1. Demandar en levantamiento de embargo, por constituirse en una turbación ilícita, creadora de la urgencia apreciada en referimientos, y 2. Demandar la suspensión de la venta en pública subasta a causa de embargo ejecutivo, con el necesario apoderamiento previo ante el juez de la ejecución para la decisión de la demanda en distracción. Competencia según el domicilio del embargo. La norma más favorable

50 Un-471-2003-00012, Exps. 12 y 13/2003, Compañía Inversiones H. M. G., S A & Express Way y

Rafael Mojica Vs. Sr. Santos Isidro Peña Segura, del 22 de enero de 2003. N/U-471-2004-000479, Exp. (479/2004), Consorcio Magna “COMPREICA” Vs. Andrés

Hernández de la Cruz y compartes, del 22 del mes de octubre de 2004. 51 Un-028-2002-382, Exp.#. 382/2002, Préstamos al Instante, S. A. Vs. José A. Gutiérrez, del 17 de octubre de 2002. 52 Un-028-2002-446, Exp. 446/2002, Juan de Jesús Belliard Vs. Sr. Luis Antonio Alcántara, del 5 de diciembre de 2002.

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Se ha presentado la especie donde se plantea la excepción de incompetencia territorial, por haberse realizado el embargo fuera del Departamento que dictó la sentencia, con la posición jurisdiccional de que “la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada, en razón del domicilio del embargo, a diferencia de materia civil, la competencia para las acciones que tiendan a impugnar o bien adoptar una medida provisional, como es el caso de la especie, en relación a las vías de ejecución laborales, la misma, de manera exclusiva compete al juez que dictó la sentencia, en materia sumaria, conforme al artículo 663 del Código de Trabajo; que en ese tenor, al ser el juez de la ejecución la Presidencia del Juzgado de Trabajo, conforme al artículo 706 del Código de Trabajo; 472 del Código de Procedimiento Civil, el juez de los referimientos natural lo es el Presidente de la Corte del Departamento que dicta la sentencia; al ser la sentencia dictada en el Distrito Nacional, la competencia del Presidente de la Corte es indiscutible. Que por demás, el Principio Fundamental de la norma más favorable no se aplica a las reglas de competencia, las cuales reglamentan la organización judicial y son de orden público.53 Recibo de descargo y la autoridad de cosa juzgada Procede rechazar la demanda en suspensión de ejecución, cuando el título tiene el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada y no ataca acto de procedimiento de vía de ejecución; que en ese orden de ideas, el contenido de dicha sentencia constituye la expresión de la verdad, que no permite a esta jurisdicción evaluar provisionalmente la viabilidad de ponderar los efectos y consecuencias del recibo de descargo como mérito de la demanda en suspensión; la presunción legal de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada se refiere al contenido de la expresión de la verdad, como se ha dicho, constituye un mandato expreso de la ley conforme al artículo 1350 del

Código Civil.54 No procede la acción en suspensión de una sentencia de la Corte de Trabajo, ante el rechazo de la demanda en suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia, órgano competente para adoptar tal decisión y ante la ausencia de un estado de urgencia o turbación ilícita que se instituyan como nuevas circunstancias de fondo a

ser evaluadas por esta jurisdicción, debidamente probadas.55 La urgencia se expresa en la necesidad que el juez de la ejecución se pronuncie sobre de validez de proceso verbal de embargo ejecutivo, en atención a la posible nulidad que le afecte, en relación a la persona que expresa ha recibido el proceso verbal y que efectivamente no haya estado en la República a la fecha del mismo y que debe

establecerse ante la jurisdicción de ejecución.56

53 Un-471-2006-0053, Exp. 53/2006, Ricardo Aybar Vs. Luis Bonilla, del 17 de febrero de 2006. 54 Un-028-2002-00251, Exp. 251/2002, Autoridad Portuaria Dominicana Vs. Ruddy Alcántara, del 11 de julio 2002. 55 N/U-471-2004-00042, Exp. (42/2004), Constructora Rizek e Ing. Raúl Rizek Vs. Luciano Reyes,

Francisco Reyes y Rafael Reyes, 12 del mes de marzo de 2004. 56 Ordenanza Un-173-2004-00600/04, Exp.#. (600/2004), Granel Cofee & Tea, Inversiones JN, C. por

A., Carlos Lizardi, Maritza Da Silva, Julio Villasmil, Nilson Da Silva y Simón Planas Vs. Oscar Gamero Verger, del 22 de diciembre de 2004.

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Por otra parte, en un aspecto diferente al expuesto, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha admitido la posibilidad de que el juez de los referimientos examine un

recibo de descargo para ordenar la suspensión pura y simple sin garantía.57 Sentencia de la Corte. Recurso de Casación. Suprema Corte de Justicia, tribunal competente para autorizar y recibir garantía Cuando la Corte ha decidido el recurso de apelación relativo a la acción en reclamación de prestaciones y derechos laborales, y a su vez se ha intentado el correspondiente recurso de casación y demanda en suspensión de ejecución, la jurisdicción del Pleno de la Corte es la única que tiene competencia para ordenar la prestación de la garantía, habida cuenta de que le está vedado a la Presidencia de la Corte de pronunciarse sobre este aspecto, por ser de su exclusiva competencia, debiendo de declarar que si, en todo caso, lo que se comprueba es una conexidad de aquella instancia con la solicitud de levantamiento de embargo que han apoderado al Presidente de la Corte, por lo que se impuso el sobreseimiento de la instancia en suspensión, hasta tanto dicho alto tribunal de justicia decidiera sobre la demanda en suspensión y si fuere de lugar, la prestación de una garantía sobre el crédito discutido.58 Aplicación del artículo 127 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978 Resulta improcedente pretender la regularidad de la continuación de las persecuciones de la vía de ejecución, en el entendido de haber recurrido las anteriores decisiones por la vía extraordinaria de la casación, lo que constituye una actitud litigiosa en la que la parte ejecutante se erige en instancia de casación, al evaluar ella misma la suerte de su recurso y al entender que está en derecho de reintentar y reincidir en la vía de ejecución de un título suspendido, sin esperar

prudentemente la decisión de aquel alto tribunal de justicia,59 habida cuenta que las decisiones en materia de referimientos son ejecutorias de pleno derecho.60 Suspensión ordenada. Desacato. Poderes del juez Con motivo de la demanda en suspensión de sentencia intentada ante el juez de los referimientos en materia de trabajo, el Presidente de la Corte, en uso de sus facultades, ordena la suspensión inmediata y provisional de la sentencia, hasta tanto se juzgue la instancia en referimientos, y si pese a la disposición de abstenerse de las vías ejecutorias la poseedora del título embargado lo ejecuta, se constituye de modo inmediato en un desacato a la suspensión provisional. Si bien es cierto que la competencia de atribución del Presidente de la Corte de

57 B.J. 1131, Página No. 697. 58 N/U-471-2003-00061, Exp. 61/2003, Consorcio Elsamex, S. A. Vs. Juan Ramón Sánchez Fajardo, del

4 de marzo de 2003. 59 N/U-471-2003-00086, Exp. (86/2003) Corporación de Hoteles, S. A. (Hotel Santo Domingo) Vs. Manuel Ismael García Quezada, del 13 de marzo de 2003. 60 Ver doctrina: Valenzuela, Emigdio, “El Artículo 12 de La Ley de Casación frente a la suspensión en Referimientos”, ENTRE EL DERECHO Y LA VIDA, Santo Domingo, 2003, Página No. 57.

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Trabajo, como juez de los referimientos no está llamada a examinar la validez o no de una medida ejecutoria de una sentencia de esta jurisdicción, por ser competencia del juez de la ejecución de la sentencia y conforme a los lineamientos del artículo 706 del Código de Trabajo y el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, no menos cierto que constituye una turbación ilícita la ejecución de la sentencia del Juzgado de Trabajo, después de haberse decidido jurisdiccional y contradictoriamente la suspensión provisional de la ejecución de título que sirvió de base para el embargo discutido, con advertencia de abstenerse de implementar medidas ejecutorias, oponible al ejecutante la indicada sentencia por acto extrajudicial notificádole. La legitimidad de la suspensión provisional y su regular oponibilidad, constituye un derecho adquirido judicialmente por la demandante y relativo al proceso de ejecución de la sentencia, derecho que es turbado por el acto traba un embargo retentivo, actuación ésta manifiestamente ilícita, por ser desconocedora de la autoridad competente del juez de los referimientos y de donde se desprende la urgencia que amerita la intervención de la jurisdicción y da plenos poderes, pero sin examinar la validez o no de la medida ejecutoria implementada, para ponderar la posibilidad de ordenar medidas necesarias y conservatorias para descartar toda vía ejecutoria ilícita. Es un interés, serio, legítimo y actual la suspensión de la venta en pública subasta, cuando se ha turbado un derecho en relación a la suspensión de ejecución de la

sentencia, para agotar el procedimiento de prestación de una garantía.61

13. El “petit réferé” o suspensión en curso de instancia En el ordenamiento jurídico procesal dominicano no existe el denominado «petit réferé», utilizado en ocasiones por el Juez de los referimientos como decisión urgente y provisional, sujeta a revisión, a despecho de lo que dispone el artículo 104 de la Ley No. 834 de 1978 en el sentido de que cuando el juez de los referimientos adopta una decisión, sur le champ, provisional y en condiciones de rapidez, acogiendo o rechazando la medida solicitada, no puede ya modificarla ni renovarla, más que en caso de nuevas circunstancias,62 y en tal sentido la Primera Cámara de lo Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, se pronunció en el sentido de “que contrariamente a lo afirmado por, se impone advertir que en el actual ordenamiento jurídico procesal dominicano no existe la institución denominada «petit réferé» con la especificidad que se le ha venido confiriendo en el sentido de que el juez de los referimientos puede disponer inmediatamente medidas urgentes y provisionales y luego revisarlas en una nueva audiencia que se ha dado en designar «el fondo del referimiento», ya que, en primer término, el referimiento, desde su origen en el país de su creación, se caracteriza por la rapidez de su procedimiento y la provisionalidad de sus decisiones, conociéndose, según la terminología utilizada por la práctica, las variedades siguientes: le réferé classique en cas d’urgence (el referimiento clásico en caso de urgencia), le réferé de remise en etat (el referimiento para prescribir medidas conservatorias para prevenir un daño inminente o para hacer cesar una

61 N/U-471-2004-00187, Exp. (187/2004), Compañía Marte Batista Industrial, C. por A. Vs. Bernabé Cabrera, del 21 del mes de mayo de 2004. 62 Luciano Pichado, Rafael, UN LUSTRO DE JURISPRUDENCIA CIVIL, Primera Edición, Impresora Alfa & Omega, Agosto 2002, Santo Domingo, Rep. Dom.

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turbación manifiestamente ilícita), le réferé preventif (el referimiento preventivo, mediante el cual puede autorizarse la conservación de una prueba, antes de todo proceso), le réferé provisión (el referimiento para acordar una provisión al acreedor) y le réferé injonction (el referimiento para ordenar la ejecución de las obligaciones de hacer); y en segundo término, porque el único «referimiento al fondo» designado como tal por la doctrina y la práctica, es el de las instancias perseguidas en la forma de referimiento, pero que tienden a obtener una decisión sobre lo principal, distinta a aquellas que tienen carácter provisional, de todo lo cual resulta que cuando el juez de los referimientos adopta una decisión sur le champ provisional en condiciones de rapidez, acogiendo o rechazando la medida solicitada, esa decisión, que no tiene autoridad de cosa juzgada en cuanto a lo principal, no puede ya, como lo expresa el artículo 104 de la Ley No. 834 de 1978, ser modificada ni renovada por el mismo juez, más que en caso de nuevas circunstancias; la ordenanza que ordenó provisionalmente el le-vantamiento del embargo retentivo u oposición es una decisión definitiva que resolvió la demanda en referimiento ante el primer juez, sujeta únicamente a los recursos instituidos por

la ley, y no a una nueva discusión ante ese juez para conocer del fondo».63 En materia de trabajo, en grado de Corte, se ha decidido que la suspensión provisional constituye una medida de prudencia judicial inspirada en los Principios Fundamentales I y segundo párrafo del Principio III del Código de Trabajo. En caso de desacato, todas las sentencias recaídas por controversia entre las partes, el tribunal que la dicte indicará expresamente cuando sea justo si hubo o no temeridad o mala fe

en algunos de los litigantes64 y el cual deberá ser siempre condenado en costas.65 La suspensión provisional en curso de instancia es posible que sea ordenada en materia de trabajo, en vista de que el objeto de la demanda en suspensión, a diferencia de materia civil, es la prestación de una garantía y no la suspensión misma; ésta es una consecuencia de aquella, por lo cual queda intacto el propósito de la demanda, motivo por el cual, si se dispone la “suspensión” hasta tanto se conozca de la demanda en referimientos, el fondo a juzgarse es la modalidad de la garantía respecto del crédito del acreedor. Ahora bien, ésto no debe ser tenido como una máxima aplicable a todas las situaciones procesales que se le planteen al Presidente de la Corte, pues, a modo de ejemplo, en relación a la demanda en suspensión de la venta en pública subasta a causa de embargo ejecutivo, la “suspensión provisional” de la venta no podrá ser ordenada, porque se estará decidiendo el fondo u objeto de la demanda. El juez de los referimientos debe actuar con cautela y celo en estos escenarios. Suspensión provisional en curso de instancia Vs. Medidas de Instrucción Se ha argumentado que se viola el “derecho de defensa”, al haber suspendido la ejecución de la sentencia, por lo cual fue decidido que la medida dispuesta por sentencia de comunicación de documentos, fue solicitada por la demandada y estando a su cargo dicha medida de instrucción, la misma es árbitro de darle

63 B.J. 1097, Página No. 188, Luciano Pichado, Rafael, UN LUSTRO DE JURISPRUDENCIA CIVIL, Alfa &

Omega, agosto 2002, Santo Domingo, D.N., Página No. 605. 64 Exp. 498/2001 Magna Compreica S. A. y Compartes Vs. Sr. Cándido Mieses y Compartes, del 29 de

noviembre del año 2001 y Artículo 1ro. de la Orden Ejecutiva 378 del 31 de diciembre de 1919. 65 Artículo 2 de la Orden Ejecutiva núm. 378 del 31 de diciembre de 1919.

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cumplimiento o no, pero jamás la suspensión provisional dispuesta y la decisión de no depósito de documentos, se traducen en la violación a su derecho de defensa, pues es justo y equitativo que si la audiencia se prorroga a pedimento de la parte que solicita la medida de instrucción, que dicha parte no se beneficie de su título ejecutorio después de apoderado el juez de los referimientos, pues si bien el Derecho de Trabajo tiene un carácter protector hacia el trabajador, también se está en la obligación de velar por el sector productivo y su integridad económica. El derecho de defensa previsto constitucionalmente, en esencia constituye el derecho hacer emplazado conforme a la ley y de presentar conclusiones sobre la litis de que se trate. Por otra parte, en materia de trabajo a diferencia de la materia civil, si bien el juez de los referimientos se apodera de una demanda en suspensión en ejecución de sentencia, en esta materia el elemento esencial a juzgar y el objeto de la demanda en sí es que el juez evalúe la garantía a prestar, ya sea consignación bancaria o fianza, actuaciones éstas con base legal indiscutibles en los artículos 539, 666 y 667 del

Código de Trabajo respectivamente.66 Pensamos que el camino a recorrer en lo referente al petite réferé por la jurisprudencia de trabajo será el ya trillado por la Cámara Civil y Comercial de ese alto tribunal, pero no por ello debemos dejar de razonar que en materia de trabajo, si bien la garantía del crédito del trabajador es sustancial, en caso de ser necesaria la instrucción de la instancia de referimientos, por las particularidades ejecutorias del artículo 539 del Código de Trabajo se impone la suspensión provisional, para salvaguardar la integridad económica de la empleadora mientras se agotan las medidas de instrucción que procedan, como ya se ha juzgado. El contrapeso a la suspensión provisional en curso de instancia, es que el juez, en la medida de lo

posible, impulse el proceso hasta su conclusión,67 en vista de que la mas justa crítica a este uso judicial, es que desde que se obtiene la suspensión, la parte beneficiada se ha desinteresado en la impulsión del mismo. La posición jurisdiccional constante de examinar la oportunidad de la intervención de esta modalidad en las vías de ejecución, se cimienta en los principios fundamentales e indeclinables de carácter constitucional relativos al derecho de defensa y el debido proceso a que aspira todo justiciable, lo que expresa la preponderancia del estado de derecho previsto en nuestra Carta Magna, cuyo desconocimiento conlleva en esencia el nacimiento de la turbación ilícita, urgencia y daño inminente que se requiere para toda actuación de esta jurisdicción. Embargos conservatorios previos a la notificación de la sentencia. Artículos 539 del Código de Trabajo. La jurisprudencia En principio el embargo retentivo no constituye una medida de ejecución, sino conservatoria, para cuya realización no es necesario notificar con tres días de antelación, el título que lo sustente, ya que ésta puede hacerse conjuntamente con

66 Un-471-2002-00483, Exp.#. 483/2002, Suiphar, S. A. Vs. Pedro Julio Lantigua, del 8 de diciembre 2002. 67 Si el expediente ha quedado en estado de ser fallado, es buena práctica fijar audiencia para la lectura de la sentencia a intervenir.

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dicha medida, ante o sin haberse notificado la sentencia condenatoria, de donde resulta que toda medida conservatoria llevada a cabo en base a una sentencia condenatoria que se notifique en el mismo instante que ésta es válida, salvo que esté afectada de otro vicio. El plazo de tres días a que se refiere el artículo 539 del Código de Trabajo, es requerido para dar carácter de ejecutorias a las sentencias de los juzgados de trabajo, las que no pueden ser ejecutadas antes de transcurrir tres días a partir de su notificación, por lo que el mismo no es aplicable en la ejecución de títulos que de por sí son ejecutorios, como son las sentencias condenatorias dictadas por las Cortes de Trabajo, en cuyo caso la acción debe estar precedida por el plazo de un día que

establece el artículo 583 del Código de Procedimiento Civil.68 Posición Doctrinal Es nuestro parecer que la disposición del artículo 539 del Código de Trabajo que declara ejecutorias las sentencias de los juzgados de trabajo lo es a contar del tercer día de su notificación, plazo este para que la parte contra la cual es dictada tenga, por mandato de la misma disposición, tiene la oportunidad de obtener la suspensión de dicha ejecución, puesto que el mismo texto establece para ello la prerrogativa o “derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas”, o el de solicitar al Juez Presidente ordenar dicha suspensión después de la notificación y en los casos en que haya peligro en la demora. El derecho de obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia corresponde a toda parte que en la materia de que se trata, haya sucumbido ante el juez de primer grado, sea éste trabajador o empleador, por cuanto el ejercicio de las demandas laborales no está reservado de manera exclusiva a los trabajadores, sino que corresponde a todos los sujetos del derecho de trabajo. Esta no tiene por finalidad obligar a la parte sucumbiente ante el Juzgado de Trabajo a pagar el monto de las condenaciones y con ello poner fin al litigio, sino garantizar que al término del mismo, quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de que una insolvencia, impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente. El debido proceso laboral para la ejecución de sentencias de esta jurisdicción, precisa que las mismas deban ser notificadas a la parte perdidosa, en interés que el plazo previsto en el artículo 539 del Código de Trabajo, combinado con el artículo 495 del mismo código, para un plazo total de cinco (5) días, a los fines que la parte condenada ejerza cabalmente el derecho de obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia, lo que corresponde a toda parte que haya sucumbido ante el juez de primer grado, prerrogativa o derecho ligado al debido proceso de carácter constitucional, consignando una suma equivalente al duplo de las condenaciones

68 B.J. 1136, Página No.1235. Nota: esta jurisprudencia aplica al embargo retentivo, las reglas

procesales previas del embargo ejecutivo en lo relativo al plazo para la puesta en mora, artículo 583 del Código de Procedimiento Civil.

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pronunciadas, o bien, la prestación de una garantía sustitutiva relativa a la presentación de una fianza o solicitar al Juez Presidente ordenar dicha suspensión después de la notificación y en los casos en que haya peligro en la demora, lo que implica que toda ejecución realizada sin haber otorgado el plazo de tres días francos previstos en los indicados textos legales, desconoce el debido proceso en materia de trabajo, generador evidente de la turbación de las garantías fundamentales que caracteriza todo estado de derecho, teniendo como consecuencia un daño actual de la indisponibilidad de su patrimonio sobre la base de una actuación, a nuestro entender ilícita, pues el derecho a proceder a la ejecución de una sentencia de primer grado debe estar precedido de la notificación y vencimiento del plazo de tres días francos. Sólo a falta de diligencia de la sucumbiente de hacer consignar el duplo de las condenaciones, de prestar una fianza, una garantía personal con aval inmobiliario u obtener una suspensión sobre la base del peligro en la demora; a contrapelo de esta actitud de la sucumbiente es que se traduce en el derecho de la parte gananciosa de ejecutar su título, siendo en ese preciso estadio procesal que se hace exigible su crédito. En caso de amenaza de embargo sobre la base de una sentencia casada, es una circunstancia que materializa la urgencia ya comprobada y ameritan la intervención de la jurisdicción de referimiento, ante la amenaza de materializarse el principio de ejecución por vía de los embargos. En esta ocasión se ordenó la descontinuación de las medidas ejecutorias, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida un segundo

recurso de casación.69 La posición que se trata de una “medida conservatoria”, como ha dicho la

jurisprudencia,70 debe ser examinada, porque la ejecución de una sentencia que no ha sido oponible a la contraparte, desconocedora de preceptos constituciones y que ha causado una sorpresa procesal que implica violación a los artículos 539 y 495 del Código de Trabajo, literal j), numeral 2), artículo 8 de la Constitución de la República, generadora de una turbación ilegal, urgencia y daño inminente en el patrimonio de la embargada, tiene por consecuencia que procede el levantamiento de todo embargo;71 pero, de manera perentoria hay que reconocer que la formalidad de la garantía prevista en el artículo 539 del Código de Trabajo, es un “derecho” de la parte que sucumbe, como literalmente se puede observar. Cancelación de embargos. Régimen especial de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor. En vista de que el articulo 2279 del Código Civil dispone que: "en materia de muebles, la posesión vale título", los embargos ejecutados sobre bienes muebles encontrados en el domicilio del deudor, se presume que son de este, debiendo quien

69 Exps. Nos. 453/2002, 454/2002, 455/2002), Fernando Hazoury, Jorge Luis López, Miguel Bachá,

Hormigones del Caribe, S.A. y Civilcad, S. A. Vs. Sres. Santo Pérez Santos y Compartes, del 10 de diciembre de 2002. 70 B.J. 1120, Página No. 872 71 Un-471-2003-00032, Exp. 32/2003, Compañía Alimenticia Industrial Europea, S. A. (Caidesa) y Claudio Paccaneglla Vs. Sres. Pedro María Rodríguez, José Orlando Valdez y Norka Disla., del 6 de

febrero de 2003; Nu-471-2003-000255, Exp. (No. 89/2004), Agropecuaria Santo Domingo Vs. Nelson Guance del Rosario, del 17 de marzo de 2004

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se pretenda propietario de los mismos, demostrar esa condición, que al “no demostrar su alegato”, dicha presunción prevalece en el procedimiento ejecutorio.72

Los vehículos de motor son bienes muebles a los cuales no se aplican las

disposiciones del artículo 2279 del Código Civil,73 por estar sometidos el derecho de propiedad a un régimen especial de registro y publicidad en la Dirección General de Impuestos Internos, lo que unido a la circunstancia adicional que está dado en garantía ante una institución bancaria, según contrato de prenda sin desapoderamiento debidamente inscrito en el registro para vehículos de motor y la certificación de Impuestos Internos, permitirían al juez de los referimientos ordenar la suspensión, o fin, la cancelación, reducción o limitación del embargo, en cualquier estado de los procedimientos, por haber motivos serios y legítimos.74 La competencia de esta jurisdicción de los referimientos para abordar la pretensión de incidir en una vía de ejecución por la preexistencia de un contrato de venta condicional de muebles, Ley No. 483, si bien es de principio que el Presidente de la Corte de Trabajo no tiene competencia para incidir directa o indirectamente en las vías de ejecución, lo que implica una aplicación atenuada y excepcional de la parte in-fine del artículo 50, modificado, del Código de Procedimiento Civil, en razón de que en materia de trabajo está conformada la jurisdicción de ejecución, por la combinación de los artículos 706 del Código de Trabajo y 472 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, esta jurisdicción sí puede prescribir medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita ante un derecho no contestado seriamente. Para la materialización de la turbación ilícita que permita la intervención del juez de los referimientos, se precisa de la preexistencia de un derecho o prerrogativa del justiciable, que no sea seriamente discutido, lo que se expresa en los hechos para el caso de la especie en el contrato de venta condicional de muebles relativo al vehículo de motor, contrato debidamente registrado en la Dirección de Registro Civil. Un inequívoco derecho de propiedad sobre un vehículo de motor sometido al régimen especial de venta condicional, sobre el cual no se han concluido las obligaciones contractuales y que han sido turbadas por la vía ejecutoria proveniente de un tercero respecto de la convención, cuya ilicitud se deriva de la reputada oponibilidad y publicidad que goza este régimen contractual que le permite al propietario “reinvidicar las cosas vendidas en manos de dichos terceros” y hasta “en manos de comprador”, siendo obvio que el embargo ejecutivo debe descartarse sobre la base legal que otorga la Ley No. 483, citada y que procede a todas luces la reivindicación

del mismo a su propietario, eliminándose de este modo el daño inminente.75 La jurisprudencia civil ha reconocido la existencia de un registro especial, que hace inaplicable el artículo 2279 citado, para determinados bienes muebles, a saber:

72 B.J. 1109, Página No. 779 73 Art. 2279 Côdigo Civil: En materia de muebles, la posesión vale título; sin embargo, el que haya perdido o a quien haya sido robada alguna cosa, puede reinvindicarla durante tres años, contados

desde el día de la pérdida o de robo, de aquel en cuyo poder lo encuentre, salvo el recurso que éste

tiene contra aquel quien la hubo. 74 Art. 50, parte in-fine del Código de Procedimiento Civil. 75 N/U-471-2003-00060, Exp. 60/2003, Silvia Altagracia Ortega Vs. Epifanio Alcántara Estévez, Sabina Marisol Zorrilla y Jonathan Heriberto Zorrilla & Polonia Motors, C. por A., del 22 de abril de 2003.

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“Si bien es cierto que en materia de muebles el artículo 2279 del Código Civil establece una presunción de propiedad en favor de quien posee la cosa, no menos verdadero es que, dicha presunción sufre excepción en determinados casos, como en el de la especie, cuando se trata de muebles que para establecerse su existencia e individualización se precisa de un registro público regulado por el Estado dominicano a través de sus instituciones públicas, verbigracia: el caso de las aeronaves, cuyos registros deben hacerse en la Dirección General de Aeronáutica Civil, y se regula por la Ley núm. 505 del 22 de noviembre de 1969; los buques, cuyo registros deben hacerse en la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, mientras se crea la Dirección de la Marina Mercante, y se regula por las Leyes núms. 180 del 21 de mayo de 1975 y 603 del 17 de mayo de 1977; y, los vehículos de motor, que es el caso que nos ocupa, los cuales deben ser registrados en el Departamento de Vehículo de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en virtud del artículo 3 de la Ley núm. 241 del 29 de marzo de 1977, modificado por la Ley num. 56 de 1989, el cual en su literal b), que se titula Certificado de Propiedad y Origen del Vehículo de Motor o Remolque, establece que «el Director de Rentas Internas expedirá una certificación a cada vehículo de motor o remolque registrado numéricamente, según el tipo de vehículo correspondiente. Esta certificación se denominará «Certificado de Propiedad y Origen de Vehículo de Motor o Remolque» y será confeccionado de acuerdo a las disposiciones del Director de Rentas Internas»; que, dicha excepción se produce además, en aquellos casos de muebles vendidos por contratos bajo el régimen de la Ley núm. 483, sobre Ventas Condicionales de Muebles, de 1964, por estar estos contratos sometidos a un sistema de registro y publicidad que hace los mismos oponibles a terceros; y no transfieren al comprador el derecho de propiedad de los muebles así obtenidos, sino hasta que se haya pagado la totalidad del precio”.76 Se ha juzgado por otra parte, que procede el levantamiento de las vías de ejecución en casos de especie y son a saber: 1. Si una vez suspendida la sentencia de primer grado y se continúan con las vías ejecutorias, en detrimento a la autoridad del juez de los referimientos. 2. Cuando sin haberse concluido el proceso de primer grado, las vías ejecutorias han sido implementadas sin autorización del Presidente de la Corte, o bien, sin título alguno; 3. Cuando se constituyen en una turbación manifiestamente ilícita a un derecho u obligación no seriamente discutida. Si bien el juez de los referimientos tiene competencia para cancelar, reducir y limitar un embargo, en cualquier estado de los procedimientos, cuando hubieren motivos serios y legítimos, pero; dicha posibilidad no tiene lugar cuando se ha apoderado el juez de la ejecución; jurisdicción aquella, llamada a resolver por una sola sentencia, tanto la ejecución del título, si fuere procedente, así como sobre la oponibilidad o no

de la sentencia.77

De la indexación monetaria La indexación prevista en el artículo 537 no es un requisito previsto para la aplicación del artículo 539 del Código de Trabajo y 93 del Reglamento y, por tratarse de una

76 Sentencia de la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, del 9 de noviembre de 2005. 77 Un-471-2004-264, Exp. (264/2004), Acrópolis Managment Corporation, C. por A. Vs. Sr. Wilfredo Alonso García, del 8 de julio de 2004.

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labor de interpretación del título, está llamada a ser realizada por el tribunal que dictó la sentencia con motivo de la ejecución definitiva de la misma, es decir, que

tenga la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.78 El mandato legislativo contenido en el artículo 537 del Código de Trabajo no puede ser obviado bajo el argumento simple del rechazo de la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación por su monto, habida cuenta que nadie puede prevalerse de su propia falta en justicia, máxime cuando el principio de razonabilidad de la ley está llamado a ser aplicado a los fines de atenuar el rigorismo de una norma del mismo derecho de trabajo, pero no para inaplicarla en su

totalidad.79 En nuestro sistema de bloque de constitucionalidad la norma está vigente, o no. Sobre la posibilidad que el juez de los referimientos proceda a la interpretación del artículo 537 del Código de Trabajo, en el sentido si la indexación incluye las condenaciones por indemnizaciones en virtud de una responsabilidad civil comprometida, habida cuenta que la jurisprudencia de la Corte de Casación ha definido que la actualización monetaria va dirigida “sobre las condenaciones principales”, no permite al juez de la ejecución definir si incluye o no el concepto de las indicadas indemnizaciones y que también debe ser apreciado por la Primera Sala de la Corte de Trabajo, en el ámbito de sus atribuciones, que ante aparente y razonable incertidumbre de cómo apreciar, interpretar y aplicar el artículo 537 del Código de Trabajo, constituye efectivamente un valedero motivo para la intervención del juez de los referimientos, constitutivo, no propiamente de una “irregularidad” procesal, sino de una dificultad de ejecución y que está llamada a ser solucionada de

manera definitiva por la decisión de la Corte de Trabajo.80

Referimientos y el archivo definitivo. Amparo Al pretenderse que el juez de los referimientos desapodere una jurisdicción y remita el conocimiento de un proceso determinado a otra del mismo grado, no está dentro de las atribuciones de este tribunal, pues en este escenario la única posibilidad de intervención es para disponer que la jurisdicción de primer grado prosiga el conocimiento de la instrucción de la causa, como corolario del derecho fundamental de acceso a la justicia. La resistencia inexplicable, de naturaleza esencialmente administrativa-judicial, en fijar nueva vez el conocimiento de la audiencia es manifiestamente contraria a los lineamientos de la jurisprudencia de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, contenida en Boletín Judicial No. 1099 página 793, precedente judicial que no tiene carácter vinculante general, pero sí constituye una indeclinable orientación para la manera de

78 Auto administrativo entre CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A. y NELSON

RODRÍGUEZ, del 12 de abril de 2004. 79 Un-471-2005-000243, Exp. (243/2005), Ferretería El Águila, S. A. Vs. Aladino Guzmán Pérez, del 29 de abril de 2005, Ver: Art. 46 Constitución. 80 N/U-471-2004-000310, Exp. (310/2004), American Airlines, Inc. Vs. Kenia Saline Josefina Abikarram Díaz y Marisol del Carmen Pacheco Giradles, del 21 de julio de 2004.

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proceder en el ámbito administrativo-judicial de los tribunales inferiores.81 Cuando al usuario del sistema de justicia le está siendo vulnerado su derecho fundamental de carácter constitucional de acceso a la justicia, y ante la realidad incontestable que el Presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional no tiene la posibilidad de proceder al desapoderamiento, por no estar en estado de ser fallado el expediente de que se trata, sobreviene de este modo la competencia del juez de los referimientos para descartar la indicada resistencia administrativa de la fijación de audiencia, pues la presunción iure tantum de conciliación ha sido descartada con la voluntad misma de fijar nueva vez la audiencia, a los fines de proseguir sus reclamos ante la autoridad jurisdiccional del Estado. Referimientos, acción de radiación hipotecaria y el embargo inmobiliario Sobre el embargo inmobiliario, en razón de su gravedad, está colocado bajo el control de una jurisdicción excepcional dentro de la jurisdicción de trabajo, mediante un procedimiento sumario particular, por lo que de una forma general, el juez de los referimientos es en principio incompetente para conocer de todas las excepciones promovidas por el embargado o por los terceros que toquen el fondo del derecho de las partes; de las que tienen su causa en el embargo y se refieren directamente a él; así como de las que ejercen una influencia sobre su marcha o su solución y constituyen verdaderos incidentes, con excepción de algunos de éstos que son propios de la falsa subasta; que el hecho de que para la introducción de los incidentes del embargo inmobiliario basta un simple acto de abogado a abogado, o por vía principal y con solución antes de la venta, permite interpretar en el sentido de que este texto legal ha implícitamente indicado en esta materia de ejecución la jurisdicción competente, que no es otra que aquella que ha sido apoderada de la acción principal, teniendo la posibilidad de intervenir el Juez de los Referimientos sólo en caso de demandas incoadas antes del vencimiento del plazo de quince días del mandamiento de pago. Sobre el Ministerio Público y el artículo 663 del Código de Trabajo Cuando la sentencia es dictada por el distrito judicial del Distrito Nacional, el ministerio público natural por su competencia llamado a conocer las incidencias de las vías de ejecución laboral, lo es el del Distrito Nacional,82 o por ser el del tribunal que dictó la sentencia, en mérito del artículo 663 del Código de Trabajo. Por otra parte, en cuanto al fondo, el ministerio público no tiene aptitud legal para ordenar, ponderar o decidir en contra de un alguacil y el guardián la “incautación u ocupación” de un objeto embargado en base a una sentencia laboral, por ser las irregularidades señaladas en el proceso verbal de embargo ejecutivo, de la expresa competencia del juez de la ejecución en materia de trabajo, o bien, del juez de los referimientos, si hubieren turbaciones ilícitas. Al incoar una acción penal sin apoderar al funcionario judicial especializado

81 N/U-471-2004-000238, Exp. (238/2004), Sarah Ivelisse Acevedo Vs. Telever, S. A., del 14 de julio de 2004. 82 Ver: Literal e), Art. 60, Ley No. 78-03 que establece el Estatuto del Ministerio Público, de fecha 15 de abril del 2003.

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competente, que es en materia de trabajo el Presidente del Juzgado de Trabajo, en atribuciones sumarias y por aplicación de artículo 472 del Código de Procedimiento Civil y 706 del Código de Trabajo, se ha propiciado de este modo una turbación ilícita producto de su incumplimiento procesal. Proceder de este modo, desconoce la competencia de atribución de esta jurisdicción sobre las irregularidades de embargos, competencia absoluta que no puede ser evadida, directa o indirectamente por acciones de otra naturaleza, materializándose de este modo un manifiesto exceso que impone la intervención del juez de los referimientos para descartar la situación de hecho creada, y que se manifiesta, como una turbación ilícita generadora de la posible realización de un daño inminente consistente en que ha embargado, por la ausencia del cumplimiento de la garantía ordenada, verá sucumbir, indirectamente, su embargo ejecutivo por la decisión de un funcionario judicial incompetente, siendo esto último la materialización misma de un daño inminente.83 En sentido contrario y en diferentes circunstancias, se ha juzgado que se ha procedido al embargo de un bien mueble, vehículo de motor, habiéndose demandado la distracción y el cambio de guardián, lo que constituyó un ejercicio normal de su derecho, notificándose la sentencia, con obvia autoridad de cosa juzgada, que ordena la distracción y pone en mora de hacer entrega del bien embargado al guardián designado, lo que fue desconocido voluntariamente por la ejecutante y el guardián designado en el proceso verbal; que en estas circunstancias, se formalizó una la querella directa de carácter criminal donde tampoco se observó ligereza procesal con la intención de dañar, sino que el indicado guardián tuvo tiempo razonable para dar cumplimiento a la sentencia que dispone la entrega del

mueble embargado.84

Embargos conservatorios sin autorización Cuando se ha establecido que el Presidente de la Corte de Trabajo no ha autorizado la medida conservatoria, ya que es el único funcionario que, una vez comprobada la existencia de las condiciones de un estado de urgencia, un daño inminente, crédito cierto en peligro y justificado en principio, puede autorizarla; mas, al no contar con la autorización correspondiente, tal actuación se constituye en una vía de hecho unilateral desconocedora de la organización judicial y las facultades dadas al Presidente de la Corte, que crean en sí misma una turbación manifiestamente ilícita y es fuente de la urgencia necesaria para la intervención de la jurisdicción de referimiento.85 Fijación de astreintes. Condiciones

83 Un-471-2004-219, Exp. (219/2004), Sixta Ramona Páez, Luciano Primitivo Comas, Jorge

Encarnación Báez Ferney Morillo y Ricardo Santana Vs. Telemicro; En sentido contrario y en diferentes circunstancias, Ver: Un-471-2004-255, Exp. (255/2004), Anyelis Báez Mora y Ramón Salazar Vs. Sr.

Isabel Maria Cristina Puig y José Luis Aguilo Feliu, del 31 de mayo de 2004. 84 Un-471-2004-255, Exp. (255/2004), Anyelis Báez Mora y Ramón Salazar Vs. Isabel Maria Cristina Puig y José Luis Aguilo Feliu, del 9 de julio de 2004. 85 Un-471-2004-51, Exp. (51/2002), Arce Dominicana, S.A. Vs. Juan Edward Duran Fernández, del 5 de marzo de 2005.

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El astreinte es una condenación pecuniaria, conminatoria, accesoria, eventual e independiente del perjuicio causado, pronunciada con el fin de asegurar la ejecución de una condenación principal. Pecuniaria, porque se resuelve en una suma de dinero por cada día de retardo; conminatoria, pues constituye una amenaza contra el deudor; accesoria, al depender de una condenación principal; eventual, ya que si el deudor ejecuta no se realiza e independiente del perjuicio, puesto que puede ser superior a éste y aún pronunciada cuando no haya perjuicio.86 La fijación de astreintes a los fines de hacer vencer la voluntad de un deudor de una obligación, procede en derecho siempre que se haya comprobado una resistencia en la ejecución de dicha obligación, situación que no es posible evaluar cuando es realizada la solicitud del mismo conjuntamente con la demanda de suspensión de la venta en pública subasta a causa de embargo ejecutivo, y sin poder determinar si procediere la demanda principal en distracción ante el Juzgado de Trabajo, es que podría eventualmente intervenir esta jurisdicción a los fines de atender tales pretensiones.87 De las inembargabilidades La facultad que otorga el artículo 667 del Código de Trabajo al Juez Presidente de la Corte de Trabajo, para dictar cuantas medidas conservatorias sean de lugar para hacer cesar toda turbación ilícita, no le autoriza a declarar la inembargabilidad de una entidad jurídica, ni a ordenar el levantamiento del embargo retentivo basado en precedentes jurisprudenciales sin carácter vinculante, máxime que en la especie no estaban vigentes las disposiciones del Código de Trabajo, específicamente el artículo 731 del mismo; que por otra parte, de intervenir esta jurisdicción de referimientos, cuyo carácter es esencialmente provisional, se estaría tomando una decisión que colide con lo principal, lo cual le está impedido, por lo cual no procede el levantamiento del embargo retentivo porque viola la Ley Orgánica en su el artículo 5, marcada con el No. 5892, que crea el Instituto Nacional de la Vivienda, pues implicaría un fallo sobre aspectos que tienen que ser resueltos con el fondo, en relación a la calidad para obligarse o no al pago de prestaciones laborales.88

Sobre la responsabilidad civil. Provisionalidad de la instancia

la normativa procesal en materia de referimientos no le otorga poderes o facultades para estatuir sobre la evaluación, examen y decisión final de una responsabilidad civil comprometida, en principio, para justificar indemnizaciones, en el entendido de que se ha desconocido los efectos jurídicos y económicos ligados a una vía de ejecución, habida cuenta que dicha decisión conllevaría la violación del carácter provisional en el cual se enmarcan las decisiones de referimiento, al tenor del artículo

86 N/U-471-2005-000148, Exp. (148/2005), Marcial Corcino Alcántara y Gerardo Antonio Núñez Vs.

Promed Dominicana, S. A. y J. Ramón Rojas Genao, del 16 de marzo de 2005. 87 Un-471-2005-000281, Exp. (281/2005), Filomena Familia Cuevas Vs. César Apolinar Ramírez Díaz y Wascar Lizandri Herrera Vásquez, del 18 de mayo de 2005. 88 N/U-471-2004-000577, Exp. (577/2004), Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Vs. Ricarda Medina Florián, del 25 de enero de 2005.

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101 de la Ley No. 834 del 15 de julio del 1978; Considerando, que sin bien el artículo 667 del Código de Trabajo indica que el Presidente de la Corte, como juez de los referimientos, podrá “fijar las indemnizaciones pertinentes”, no menos cierto es que esta posibilidad será siempre en ele ámbito de la provisionalidad, lo que expresado en la realidad procesal se refiere a la facultad de fijar astreintes indemnizatorios, pero bajo ninguna circunstancia dicha atribución permite abordar el examen de el régimen de responsabilidad civil, en ninguno de sus ámbitos contractual, delictual, cuasicontractual o cuasidelictual;

Considerando, que al reconocer que este tribunal no tiene poderes para fijar indemnizaciones a causa de responsabilidad civil comprometida, resta reconocer que tales atribuciones le competen al juez de la ejecución del tribunal que dicto la sentencia, al tenor de los artículos 663 y 706 del Código de Trabajo y 472 del Código de Procedimiento Civil;89

Libro III Módulo 3

DEL PROCEDIMIENTO EN REFERIMIENTOS Procedimiento La demanda es llevada por vía de citación a una audiencia que se celebrará a este efecto el día y horas habituales de los referimientos.90 Si, sin embargo, el caso requiere celeridad, el juez de los referimientos puede permitir citar, a hora fija aun los días feriados o de descanso, sea en la audiencia, sea en su

domicilio con las puertas abiertas.91 El plazo de comparecencia es de un día franco, a lo menos, lo que reserva la facultad de emplazamiento en un tiempo menor y la cual es privativa del Presidente de la Corte. El juez se asegurará que haya transcurrido un tiempo suficiente entre la citación y la

audiencia para que la parte citada haya podido preparar su defensa.92 La demanda en materia de trabajo se hace bajo la formalidad de una instancia dirigida al juez de los referimientos. En efecto, con todas las formalidades que le son propias a las demandas ordinarias en esta materia, en cumplimiento del artículo 509 del Código de Trabajo. El juez de los referimientos emitirá un auto por el cual permitirá la notificación de la demanda, los documentos en que se base y fijará la audiencia en que se conocerá la misma, debiéndose de emplazar con un alguacil de estrados u ordinario del tribunal que conozca de la acción.93 Las formalidades previstas en el artículo 511 del Código de Trabajo, en caso de comparecencia de las partes, no están sujetas a sanciones procesales sobre la

89

90 Art. 102 de la Ley No. 834 del 15 de julio 1978. 91 Segundo párrafo, Art. 102 de la Ley No. 834 del 15 de julio 1978. 92 Art. 103 de la Ley No. 834 del 15 de julio 1978. 93 Art. 511 del Código de Trabajo.

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inadmisibilidad de las acciones apoderadas, ni nulidades de forma, sino a que el juez está llamado a verificar que la parte a que se le opone el acto de emplazamiento, haya ejercido cabalmente su derecho de defensa.94 Los plazos aumentados en razón de la distancia previstos en los artículos 643 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, son inaplicables en referimientos, del mismo modo el previsto en el artículo 495 del Código de Trabajo.95 El emplazamiento a la audiencia en referimientos debe cumplir con el artículo 511 del Código de Trabajo, que exige que la citación al tribunal que conocerá de una demanda sea realizada por un alguacil de ese tribunal, solo tiene aplicación para la notificación de la demanda introductoria y no para las demás actuaciones procesales a cargo de las partes,96 lo cual se aplica a fines de esta materia. Toda acción que afecte los intereses de una persona, debe ser dirigida contra ésta, la que debe ser emplazada a los fines que pueda defenderse de la misma, debiendo ser irrecibible cuando va dirigida contra un tercero acreedor, sin ponerse en causa al deudor. El deudor hipotecario tiene interés en la preservación de su inmueble dado en garantía a su tercer acreedor, por lo que toda acción que tenga por finalidad la ejecución de ese inmueble a cargo de otro acreedor no hipotecario, afecta en sus intereses, no pudiendo tomarse ninguna decisión al respecto sin darle oportunidad a que participe en el proceso de que se trate. La obligación de un emplazamiento contra un demandado está a cargo de la persona que acciona en su perjuicio, pues la indivisibilidad existente entre los intereses del acreedor y el deudor se imponía que este último fuere demandado conjuntamente la entidad financiera, lo que al no hacerlo, dio lugar a la inadmisibilidad decretada por

dicho tribunal.97 Las medidas de instrucción en curso de instancia deben de ajustarse a la naturaleza provisional de referimientos, es decir, que las mismas no deben tender a dilucidar aspectos que se refieran el fondo de la instancia principal, Vg.: no debe cuestionarse la validez de un recibo de descargo; de las causas de terminación del contrato de trabajo; de la improcedencia de condenaciones, sobre la base de la apreciación de la prueba dada en primer grado; de la calidad o no de empleador, en fin, respetar en todo momento los aspectos relacionados a los puntos controvertidos ante los jueces que conocerán de la acción principal. En esta materia se prescinde del proceso de admisión de documentos previsto en el artículo 544 y siguientes del Código de Trabajo, debiendo de acogerse como mejor criterio al uso de la comunicación de documentos prevista en el artículo 49 y siguientes de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978, por tener menos rigores procesales, haciéndola más acorde a la naturaleza de referimientos. Una vez el proceso quede en estado de ser fallado, el juez de los referimientos en materia de trabajo no tiene de manera expresa un plazo para proceder a decidir el caso, por lo que en ausencia de plazo, debe acogerse al mas breve previsto en el

94 N/U-471-2005-000148, Exp. (148/2005), Marcial Corcino Alcántara y Gerardo Antonio Núñez Vs.

Promed Dominicana, S. A. y J. Ramón Rojas Genao, del 16 de marzo de 2005. 95 Saint-Denis de la Réunion, 27 oct. 1989: Gaz. Pal. 1991, 2, 69. 96 B. J. 1143, Páginas, 1476-1482 97 B.J. 1124, Página No. 781

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Código de Trabajo, específicamente de ocho días previsto en el artículo 617 para el procedimiento sumario. Todo lo relativo al recurso sobre las decisiones rendidas por el Presidente de la Corte tanto en referimiento, y en materia de ejecución se rige por el recurso de casación, al cual nos remitimos supra.

Libro III Módulo 4

FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA CORTE DE TRABAJO

1. La Consignación Bancaria 1.1 Introducción La parte que ha sido condenada en primera instancia, podrá obtener la suspensión de ejecución de la sentencia condenatoria cumpliendo con los lineamientos del artículo 539 del Código de Trabajo, que establece “el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas”. En el orden práctico y por disposición del artículo 93 del Reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, la parte sucumbiente hará consignar el duplo de las condenaciones a favor del trabajador que ha obtenido ganancia de causa, recavando de la institución bancaria una certificación de haber verificado dicho depósito, la que es sometida a la comprobación del Presidente de la Corte, quien en Cámara de Consejo, de modo no contencioso, decidirá sobre la regularidad o no de las modalidades de la indicada consignación. Determinas instituciones monetarias y financieras requieren en primer orden el Auto del Presidente. Es oportuno señalar, que estas actuaciones del Presidente de la Corte constituyen ni mas ni menos que ordenanzas sobre requerimiento, vale decir, “las que por la naturaleza misma de la medida solicitada al presidente, no implica la presencia del demandado, sea porque se trata de un acto de pura administración de justicia, sea por consideraciones especiales excluyen momentáneamente la presencia del demandado, sea, en fin, que un texto formal indica el modo de proceder, siendo rendidas esencialmente en

jurisdicción graciosa”.98 La naturaleza administrativa de esta instancia no permite decidir una excepción de incompetencia de atribución, sino que el papel que está llamado a desarrollar, es examinar el ámbito y alcance de la sentencia, así como la existencia o no de un error material.99 1.2 Consignación bancaria. Naturaleza El contrato de depósito o consignación bancaria está regido por las disposiciones del derecho civil y en el caso se aplica expresamente el artículo 1944 del Código Civil, que expresa: “Debe entregarse el depósito al depositante, tan pronto como lo reclame, aun cuando el contrato fije un plazo determinado para la devolución, a menos que haya hecho en manos del depositario un embargo u oposición a la entrega y al traslado de la cosa depositada”. Que en ese orden de ideas, las instituciones bancarias y financieras que para la entrega del depósito requieran la intervención judicial, contravienen el contenido del indicado artículo 1944, el cual no está sujeto a formalidades

98 Gérard, Octave, DES RÉFERÉS SUR LES PLACETS, Paris, L. Larose et Forcel, 1886, pág. 3. 99 Auto a simple requerimiento de VOICE OUTSOURCING SERVICES, C. POR A. del 25 de enero de 2005.

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sacramentales;100 pero, en aras de que la consignante restituya los valores de su propiedad depositados voluntariamente, procede que el Presidente de la Corte lo

autorice por vía administrativa.101 Nuestra Suprema Corte de Justicia por sentencia del 18 noviembre de 1998, Boletín Judicial No. 1056, Pág. 485, sobre la consignación del duplo de las condenaciones, ha establecido sobre el artículo 539 del Código de Trabajo que “las sentencias de los Juzgado de Trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas”; que al rechazar la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia, en atribuciones laborales, bajo el fundamento de que no se había depositado el duplo de las condenaciones impuestas en la sentencia que se pretendía suspender, el tribunal actuó apegado a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo que exige tal requisito para

lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia de los tribunales de trabajo.102 Esta jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de que, no obstante la actora no haya solicitado o propuesto alguna garantía al crédito de su contraparte, es privativo del Presidente de la Corte disponer oficiosamente la prestación de la misma. Esta jurisprudencia ha evolucionado, al afirmarse que es facultativo al Presidente de la Corte de Trabajo “ordenar que el depósito se hiciera en un banco determinado, al tenor de las disposiciones del artículo 93 del Reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, que establece que el depósito puede hacerse tanto en la Colecturía de Rentas Internas, como a solicitud de una de las partes, en manos de un banco comisionado por el tribunal”; que la solicitud de que el depósito se hiciera en un banco específico, fue hecha por la parte

demandada en referimiento y acogida, sin incurrir en ninguna violación de la ley.103 La modalidad de la garantía a prestar es de carácter facultativo al Presidente de la Corte, pronunciándose la jurisprudencia en el sentido de que: es privativo del Juez Presidente de la Corte de Trabajo en funciones de Juez de Referimiento apoderado de una demanda en suspensión de ejecución de una sentencia dictada por el juzgado de trabajo, disponer que para lograr tal suspensión el impetrante deposite una fianza que garantice el cumplimiento de la sentencia condenatoria cuando ésta se haga irrevocable, pero en modo alguno constituye una violación a la ley la decisión de que para la suspensión de la ejecución de una sentencia de primer grado, el interesado deposite el duplo de las condenaciones, pues con la misma se da acatamiento también al referido artículo 539 del Código de Trabajo que declara ejecutoria dicha

sentencia a contar del tercer día de la notificación.104 Tal criterio es constante al señalarse que es facultativo del juez de referimiento decidir cuando el depósito del duplo del monto de las condenaciones de la sentencia cuya ejecución se pretende suspender, se haga mediante la presentación de una garantía otorgada por una compañía aseguradora, no incurriendo en falta alguna el juez que en esas atribuciones disponga que para que esa suspensión se produzca el interesado

100 Civ.1re., 28 févr. 1989: Bull. Civ. I, No. 97. 101 Auto a simple requerimiento marcado con el No. 10 del 1ro. de febrero de 2002. 102 B.J.1056, Página No. 485. 103 B.J.1053, Página No. 416. 104 B.J. 1105, Página No. 795.

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deposite el duplo de las condenaciones en un banco comercial, pues esta forma de proceder está en consonancia con las disposiciones del referido artículo 539 del Código de Trabajo y el artículo 93 del Reglamento No. 258-93 para la aplicación del

Código de Trabajo.105 1.3 Consignación bancaria. Modalidades de la certificación En caso de autorizar la consignación en un banco comisionado por el tribunal, en este último caso, “hará constar en su decisión las modalidades del depósito”, que se refieren a que sea por el duplo de las condenaciones; pagaderas a primer requerimiento de la parte gananciosa y que el título ejecutorio haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada; que en principio, el depósito exigido para lograr la suspensión de la ejecución de una sentencia de un tribunal de trabajo debe ser hecho en la colecturía de Rentas Internas, (ahora Impuestos Internos), pero que por decisión del juez el mismo se puede hacer en un banco comercial, teniendo dicho juez facultad para comisionar el banco consignatario, aún en los casos en que el depósito es solicitado

por la parte que pretende lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia.106 En tal sentido, tiene la facultad de escoger la institución bancaria. 1.4 El banco comisionado debe ser un tercero El cumplimiento del artículo 539 del Código de Trabajo y el artículo 93 del Reglamento para su aplicación, no determina como lineamiento a los fines de establecer las modalidades de la consignación que el secuestrario judicial o tercero que recibe la consignación sea la misma parte perdidosa en primer grado, sin importar que se trate de “una entidad reconocida, con domicilio cierto y real en el país, que brinda servicio permanente y de utilidad pública a una población bastante significativa y representativa”; cualidades descritas por la solicitante, que les son indiscutibles e indeclinables, elementos que igualmente adornan otros sujetos de derecho en materia de trabajo, pero que indefectiblemente deben de ajustarse a las normas de la materia, sucediéndose que en improbable caso de acoger la pretensión que ahora se examina, crearía un delicado privilegio refrendado por esta jurisdicción, lo que resulta improcedente a todas luces, en cumplimiento del artículo 100 de la Constitución de la República, razones por las cuales la garantía a prestar debe estar bajo el cuidado y

guarda de un tercero, que por mandato de citado Art. 93 será un banco comercial.107 1.5 Consignación bancaria. Autoridad de cosa juzgada El juez de los referimientos en materia de trabajo avalúa y juzga para la consignación bancaria, no es la solvencia económica y moral de un banco específico, contrario a la

prestación de fianzas,108 sino la modalidad en sí de la prestación de la garantía, o sea, si será por prestación de una fianza o por depósito bancario, lo que para la especie, no obstante la designación del BP, la parte interesada, en este caso AA, INC., tiene la prerrogativa de proceder a una consignación en la institución bancaria que estime

105 B.J. 1104, Página No. 752. 106 B.J.1059 Página No. 574. 107 Auto administrativo No. 239 del 5 de junio de 2002. 108 Se podría especular en el sentido de que ésto es un trato disciminatorio sobre las modalidades de

la garantía y los sujetos que ella envuelve, pero, al tener la consignación bancaria un efecto suspensivo de pleno derecho por mandato del artículo 539 del Código de Trabajo, es obvio que el juez

no puede distinguir donde la ley no lo ha hecho, ni mucho menos minimizar las consecuencias jurídicas de una consignación bancaria en esta materia, pues incurriría en un exceso de poder.

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pertinente, pues por mandato del artículo 539 del Código de Trabajo y 93 del Reglamento para su aplicación, disponen que dicha suspensión opera de pleno derecho. La autoridad de cosa juzgada no recae sobre la designación específica de un banco comercial, sino sobre la modalidad de garantía dispuesta por el juez de los

referimientos.109 Para descartar la existencia de un error material en el auto de consignación bancaria, el Presidente de la Corte podrá enmendarla; tal es el caso en que “sólo se determinó las condenaciones de prestaciones y derechos laborales, incurriéndose en un error material involuntario, al no incluir las condenaciones de los salarios caídos, conforme el ordinal tercero, artículo 95 del Código de Trabajo”.110 1.6 Consignación bancaria. Caducidad. Improcedente La ordenanza que dispone la consignación bancaria constituye una sentencia que desapodera a esta jurisdicción y que sólo liga las partes al tribunal el cumplimiento positivo de la misma, vale decir, la verificación de la consignación correspondiente, en cuyo defecto sólo tiene como consecuencia el riesgo de embargos asumido por los demandantes en suspensión, pero bajo ninguna circunstancia el estado de falta de éstos otorga competencia para dejar sin efecto lo ya juzgado, lo que equivaldría a rendir una decisión con los efectos propios de un recurso de oposición, que no existe en materia de trabajo y mucho menos en referimientos.111 1.7 Interpretación. Limites Sobre la posibilidad de interpretación de las ordenanzas en referimientos, debe de entenderse que el auto a intervenir no varíe lo ya juzgado, ni tampoco sobre aspectos ligados al fondo, donde se ha juzgado en este último caso que “los medios en que se basa dicha solicitud, más que exponer la posibilidad de una dificultosa interpretación, constituyen argumentos sobre lo principal relativos a la validez o no de la oferta real de pago realizada, en el entendido de la improcedencia de las condenaciones en la sentencia que se solicitó en su oportunidad la suspensión de ejecución, en consecuencia, la posibilidad de interpretar en esa directriz, o sea, para ponderar aspectos de fondo sobre la instancia principal, le está vedado al juez de los

referimientos”.112

1.8 Consignación en cheques Otro usuario del sistema ha pretendido dar cumplimiento a la consignación bancaria, sobre la base de que el tercero secuestrario judicial reciba un cheque a nombre de los trabajadores; pero, se ha decidido que, el cheque que como instrumento de pago está sujeto a caducidades, pues el cheque emitido y pagadero en la República Dominicana

109 Auto a simple requerimiento del Presidente de la Corte del Distrito Nacional No. 582 del 26 de diciembre de 2002. 110 Auto No. 184/2002 Centro Medico Hispanico y Dr. Osvaldo Silva Ferreras Vs. Antonio Rigoberto De

Leon, del 3 de mayo de 2002. 111 Auto a simple requerimiento de GARCIA & ASOC., C. POR A., del 19 de febrero de 2003. 112 Ordenanza entre Asociación Central Dominicana de Adventistas del Séptimo Día Vs. Bartolomé Ramón Acosta, del 28 de octubre de 2002.

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debe ser presentado para su pago dentro de un plazo de dos meses, plazo que se computa desde la fecha que conste en el cheque; que en el eventual caso de que sea presentado fuera de este plazo, conforme a los artículos 26 y 52 de la Ley de Cheques, el derecho a presentación para pago y las acciones que de él se deriven, deben de contar con el consentimiento por escrito del librador; resultado que, la modalidad de la consignación aceptada irregularmente, no cumple con la ordenanza, por lo que la

indicada consignación fue rechazada.113 Sin embargo, si es posible la consignación mediante un cheque de administración o gerencia, porque tienen carácter de certificados de depósito a la vista, son transmisibles por endoso, no están sujetos a plazo alguno de presentación y son

imprescriptibles.114 Si bien el cheque, por otra parte, como instrumento de pago está sujeto a caducidades, el tercero depositario ha emitido la “certificación” con las modalidades y

obligaciones que son conforme a la ordenanza rendida.115

Consignación en certificado de depósito a término Por otra parte, también se hizo valer en su oportunidad un Certificado de depósito a plazo fijo, cuando el indicado depósito debe ser abierto y mientras dura el litigio entre las partes, por lo que el indicado depósito bancario conforme al artículo 539 del Código de Trabajo y 93 del Reglamento para su aplicación, fue rechazado. El no cumplimiento de depósito bajo las modalidades dispuestas tiene por efecto que la sentencia que fue suspendida a condición de la prestación de dicha garantía, retoma su carácter ejecutorio mientras se mantenga el estado de falta.116 Consignación. Devolución. Condiciones En caso de que la empleadora solicite la devolución de las sumas consignadas, debe de probar al juez de los referimientos que la sentencia que revoca las condenaciones sea definitiva, ya sea por sentencia de la Suprema Corte de Justicia que rechace el recurso de casación, o bien, por el acto de notificación de la sentencia y la correspondiente certificación de secretaría, que permita, mediante su cotejo, examinar, a prima facie, la naturaleza definitiva de la sentencia de la Corte de Trabajo”.117 E tal sentido, no procede la devolución si la parte no ha notificado la sentencia de alzada que revoca la sentencia condenatoria; si el plazo del recurso de casación no ha vencido; si la Corte estatuye sobre ciertas condenaciones, donde en todo caso, la

113 Ordenanza No. 0319 entre Linda Beaupre y Blanca Beupre Vs. Miguel Villalona Estevez, del 24 de

julio de 2002. 114 Art. 57 de la Ley No. 2859 de Cheques, modificanda, del 30 de abril de 1951. 115 Auto administrativo entre Agente de Cambio Electroamerica, Ramón Guzmán y Faustino De Jesús,

del 25 de mayo de 2004. 116 Ordenanza No. 413, del 15 de marzo de 2002. 117 Sendos Autos Administrativos del 27 de octubre del 2002, a requerimiento de Soloro Manufacturing Corporation; Autos Administrativos del Centro Cardio-Renal Dr. Yunén, del 3 de marzo de 2003.

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Suprema Corte podrá ordenar una nueva garantía,118 o bien, el juez de los

referimientos podrá examinar las nuevas circunstancias119 sobrevenidas en el proceso, para proceder a la reducción de la garantía admitida. Tales hipótesis son de carácter enunciativo, sin poder descartarse que cada especie responda a motivaciones de hecho distintas, que permitan soluciones disímiles. Objeto de la consignación. Oponibilidad por acto extrajudicial Tales actuaciones administrativas deben ser notificadas a la contraparte. El artículo 539 del Código de Trabajo tiene por finalidad garantizar que al término del litigio, quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de que una insolvencia, impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente; que a contrapelo de este planteamiento, al no haberse probado que se hizo oponible la suspensión dispuesta por vía administrativa, impide examinar o cuestionar el proceder mediante la vía de los embargos por parte del acreedor, con el crédito ya garantizado en la consignación bancaria, pero no conocido por esa parte. Ejecución de la consignación El acreedor beneficiario de una consignación bancaria debe dirigir las vías de ejecución al tercero depositario para liquidarse de las sumas que éste detenta, y en caso de dificultad de ejecución de su título, proceder ante la jurisdicción de ejecución instituida en los artículo 706 del Código de Trabajo y 472 del Código de Procedimiento Civil, para resolver bajo el procedimiento sumario dicha dificultad, y sólo después de estas diligentes y prudentes gestiones profesionales, si el resultado fuere infructuoso, es que procede la expropiación forzosa de otros bienes de patrimonio del deudor recalcitrante.120 Las Fianzas Fijación de Fianzas. Condiciones. Ejecución y Recursos Que el depósito del duplo de las condenaciones trajo consigo justificados reclamos sobre la necesidad de establecer una garantía sustituta, que satisfaciera igualmente la intención del legislador del artículo 539, de modo tal que la acreencia quedare asegurada en beneficio de la parte gananciosa, pero que tampoco se convirtiera en una carga insostenible para los empleadores. Condiciones

118 Art. 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 119 Art. 104 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978. 120 N/U-471-2004-000059, Exp. (059/2004), Promed Dominicana, S. A. Vs. Marcial Corcino Alcántara y Gerardo Antonio Núñez, del 4 de febrero de 2005.

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La facultad de Presidente de la Corte de establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes, deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de un contrato de garantía bajo la modalidad de fianza en beneficio de la parte gananciosa, bajo las siguientes modalidades:

1. Pagadera a primer requerimiento;121 2. A partir del momento en que la sentencia sobre el fondo, haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; 3. Que dicha parte resulte gananciosa; 4. Que su original depositado en la secretaría, debe ser aprobado, si procede, mediante auto dictado por el Presidente de la Corte; 5. Debe indicar que es abierta, vale decir, que no está sujeta a término en el tiempo y hasta que dure el litigio. Las demás condiciones y regulaciones deben ser “fijadas por el juez de los referimientos, para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del

artículo 539 no sea burlada”.122

Solvencia económica de la aseguradora. Carga de la Prueba Sobre la facultad en la ponderación y aprobación final de la fianza, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que a la parte a favor de quien se expide la fianza es “a quien correspondía indagar sobre la solvencia económica de la compañía afianzadora y de su situación legal, pues no cumpliría con la finalidad de la fianza el depósito de una garantía que resultare insuficiente y que no produjere la seguridad de que, para el eventual caso de que la demandante original obtuviere ganancia de causa, ésta pudiere ejecutar la misma”.123 A esos fines, la parte interesada podrá solicitar a la Superintendencia de Seguros “certificación donde se establezca que las partes excedentes en cada contrato emitido cuenta con coaseguro o con el debido reaseguro”.124 La labor del Presidente de la Corte en la evaluación de la fianza también está llamada a verificar el “pleno de retención o suma máxima a retener en cada riesgo individual por las

compañías aseguradoras y reaseguradoras autorizadas a operar en el país”,125 en interés de que los contratos de garantía judicial que sean expedidos por las compañías aseguradoras estén provistos de las garantías necesarias para hacerle frente a las obligaciones asumidas con las mismas. La supuesta competencia atribuida a la jurisdicción civil para conocer de la acción en 121 Ver sentencia de la Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, del 26 de Octubre de 2005,

que expresa: “Considerando, que esa decisión a quién podría afectar es a la compañía aseguradora, la que se vería obligada a ejecutar la fianza al primer requerimiento, sin antes exigir el pago al actual recurrente, lo que obviamente va en beneficio de éste último, razón por la cual el carece de interés para recurrir la ordenanza de que se trata, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible”; Nota del autor: Estimamos que afirmar que la parte con calidad para recurrir en casación una Ordenanza

que autorice una fianza lo es la aseguradora, no toma en consideración que dicha entidad no es parte del proceso en suspensión de ejecución y mal podría accionar en casación, cuyo resultado será

irremisiblemente inadmisible, por no haber figurado en la instancia en referimiento. 122 B.J. 1071, Página No. 37. 123 B.J.1081, Página No. 516. 124 Oficio No. 2383 del 20 de junio de 2001 del Superintendente de Seguros. 125 Circular No. 30 del 10 de julio de 2001 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

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liquidación de una póliza en garantía de un crédito laboral, no es pertinente, en razón de que el tribunal competente para conocer de la ejecución de la sentencia que dio ganancia de causa a los trabajadores corresponde al tribunal que dictó la misma, y siendo la póliza aportada por el empleador para obtener la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, un accesorio del crédito garantizado, es lógico y correcto deducir que la jurisdicción laboral también deviene competente para reconocer de la liquidación de la referida póliza de garantía, por cuanto el referido crédito se ha hecho exigible en virtud de que la sentencia que lo contiene tiene la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.126 Vigencia de la autorización de la fianza Ante la ausencia de depósito de la fianza por la demandante en referimiento, se ha solicitado por la demandada “la perención de la fianza”; pero, se ha decidido que dicha solicitud es inadmisible pues, la perención, como figura jurídica procesal, es la extinción de la instancia por la cesación de los procedimientos por más de tres años, pero bajo ninguna circunstancia es asimilable a la pérdida de las prerrogativas de un litigante de la suspensión de ejecución ordenada y condicionada a la prestación de una fianza; la parte beneficiada de la suspensión que deberá formalizar prestación de la fianza dentro del plazo dispuesto por la Ordenanza, pero, de no hacerlo así, no limita su derecho de depositarla en la Secretaría General de la Corte con posterioridad. La ordenanza que dispone la prestación de una fianza constituye una sentencia que desapodera a la jurisdicción, y que, sólo liga al tribunal en el cumplimiento positivo de la misma, vale decir, la evaluación de la fianza correspondiente, en cuyo defecto, después de comprobada la notificación de la ordenanza sólo tiene como consecuencia el riesgo asumido por los demandantes en suspensión, de que sea embargado su patrimonio, pero bajo ninguna circunstancia el estado de falta de éstos otorga competencia para dejar sin efecto lo ya juzgado. El auto de evaluación de fianza no tiene categoría de una sentencia definitiva, sino de una resolución de carácter administrativo, que como tal no es susceptible del recurso

de casación, razón por la cual el recurso de casación es inadmisible.127 Con motivo de la intervención y liquidación de ciertas aseguradoras, se ha declarado la caducidad de la evaluación de la fianza, sobre la base de que la revocación de licencia para operar y la liquidación forzosa a que ha sido sometida la aseguradora

no garantizan cabalmente el crédito.128 Vías de recurso La posibilidad de modificar las ordenanzas rendidas en referimientos es siempre por la vía del recurso extraordinario de casación, sin perjuicio del derecho de la parte de consignar voluntariamente el duplo de las condenaciones en la institución bancaria de su preferencia, la que sólo una vez realizada es que se dispone mediante auto

126 B.J.1094, Página No. 511. 127 B.J.1094, Página No. 620. 128 Auto Administrativo entre Venre, S.A. y Plásticos del Caribe, S.A. y Francisca Cordero & Compartes, del 10 de septiembre de 2004. -Posición constante-.

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administrativo mantener su guarda por parte del tercero, estando afectada del medio

de no recibir de la cosa juzgada en esta instancia.129 Ante la solicitud a la Secretaría General de la Corte de interpretación en los términos de que “expidáis una certificación en que conste si la ordenanza No. 0009 de fecha 22 de octubre de 2001, evacuada por el Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional supedita el depósito una fianza para suspender la ejecución de la sentencia fecha 6 de agosto de 2000 (expediente No. 051-00-01253) evacuada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional (Sala No. 2) a que sea notificada a la parte demandante”(sic), pero tal atribución corresponde exclusivamente al Presidente de la Corte, en el ámbito de la interpretación de su decisión, procediendo en tal caso expresar que los términos del ordinal segundo de la ordenanza deben de entenderse como se leen, a saber, que el depósito de la fianza deviene con carácter conminatorio y a riesgo de la impetrante que la sentencia retome su carácter ejecutorio, si no se hace dentro de los tres días después de la notificación de dicha Ordenanza, pero no debe entenderse que la notificación es una formalidad sacramental previa al depósito, el que puede hacerse voluntariamente, pues el plazo que corre a su favor, puede válidamente renunciar al mismo.130 En caso de no presentar oportunamente la fianza a fines de evaluación, la posibilidad de ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo en ocasión de la ausencia de la prestación de la garantía, no está supeditada a la autorización o declaratoria de ejecutoriedad por parte del Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, sino a la comprobación que se haya notificado la ordenanza y la correspondiente certificación que permita establecer que entre al indicado acto y la certificación que expide la Secretaría General de la Corte, no se ha dado cumplimiento al depósito de la garantía de la fianza, todo en mérito del artículo 117 de la Ley No. 834 del 15 de

julio de 1978.131

El recurso de casación dirigido contra el auto de evaluación de fianza admitida, dictado por el Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en funciones de Juez de los referimientos, que admite el original de la fianza depositada por la recurrida, como garantía del duplo de las prestaciones laborales contenidas en la sentencia cuya ejecución fue suspendida; el referido auto no tiene categoría de una sentencia definitiva, sino de una resolución de carácter administrativo, que como tal no es susceptible del recurso de casación, razón por la cual el recurso es inadmisible.132 3. La garantía personal con aval inmobiliario 3.1 Modalidades En principio se decidió que, luego de propuesta una garantía personal con aval inmobiliario, que las modalidades de garantías para la suspensión de ejecución de las sentencias dictadas por el Juzgado de Trabajo están establecidas taxativamente por la

129 Ordenanza del Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, No. 247/2002 del 13 de

junio de 2002. 130 Auto Administrativo No. 09/01 del 22 de octubre de 2001. 131 Auto Administrativo entre Telecentro, Canal 13 y Luz María Díaz, del 25 de mayo de 2004. 132 B. J. 1094, Páginas 617-621

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ley al preverse la consignación bancaria y la orientación jurisprudencial al respecto del contrato de fianza, en virtud de los artículos 539 y 667 del Código de Trabajo, y en tal sentido la posibilidad de hacer valer una garantía personal no es aplicable a las

sentencias de primer grado en el estado actual de derecho.133 Esta posición no fue definitiva, y estaba en proceso de estudio y revisión en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia había reglamentado adecuadamente el procedimiento a seguir para admitir una garantía inmobiliaria.134 En efecto, por Resolución 1919/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del 9 de octubre de 2003, sobre garantías con motivo de la suspensión de ejecución de sentencia y la aplicación del artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en la exposición de motivos que, de conformidad con las disposiciones del artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley No. 845 del 15 de julio de 1978: “A solicitud del recurrente en casación la Suprema Corte de Justicia puede ordenar que se suspenda la ejecución de la sentencia impugnada, siempre que se le demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios a dicho recurrente, en caso de que la sentencia fuere definitivamente anulada. La demanda en suspensión será interpuesta por instancia firmada por abogado, y que el recurrente hará notificar a la parte recurrida. La notificación de la instancia suspenderá provisionalmente la ejecución de la sentencia impugnada, hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelve acerca del pedimento. La parte demandada puede impugnar la demanda en suspensión por escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia dentro de los cinco días de la notificación de la instancia. Transcurrido este plazo, la Suprema Corte de Justicia decidirá en Cámara de Consejo, sin asistencia de abogados, si concede o no la suspensión. Cuando la demanda de suspensión fuere desestimada, la parte recurrida podrá ejecutar la sentencia impugnada después de obtener previamente del secretario, un certificado en que conste que la suspensión fue denegada. Cuando la demanda fuere acogida, la Suprema Corte de Justicia deberá fijar, por el mismo auto, la fianza en efectivo que prestará el recurrente para garantía del recurrido, la cual se hará mediante consignación en la Colecturía de Rentas Internas de Santo Domingo. Esta fianza constituirá un privilegio especial a favor exclusivamente del recurrido, hasta la concurrencia de su crédito. El Secretario de la Corte no expedirá la copia certificada del auto de suspensión si no se le entrega el correspondiente recibo de consignación. A falta de esta entrega dentro de los ocho días subsiguientes a la fecha del auto, éste perimirá de pleno derecho y la sentencia podrá ser ejecutada por el recurrido. En materia de divorcio, de separación de bienes, de nulidad de matrimonio, de cancelación de hipoteca y de inscripción en falsedad, el recurso de casación es suspensivo de pleno derecho, sin que sea necesaria la solicitud de suspensión.” El artículo 8 de la Ley No. 845 del 15 de julio de 1978, establece lo siguiente: “La fianza a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Casación podrá ser una garantía personal o en efectivo y estará regida en todos los casos, en cuanto a su constitución y modalidades, por los artículos 131 y 133 de la “Ley que Sustituye Determinadas Disposiciones en Materia de Procedimiento Civil”. Por esta última disposición legal, la Suprema Corte de Justicia está facultada, cuando ordena a petición del recurrente la suspensión de la ejecución de una sentencia para

133 Auto administrativo entre INMOBILIARIA BRUGAL. C. POR A. y JOSE ANTONIO BRUGAL, del 22 de octubre de 2004. 134 Ver Resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del 9 de octubre de 2003, sobre garantías personales con motivo del recurso de casación.

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disponer que la misma sea prestada en efectivo o mediante una garantía personal, de acuerdo con el artículo 131 de la Ley No. 834 ya citada, la naturaleza, la extensión y las modalidades de la garantía son precisadas por la decisión que prescribe su constitución; de conformidad con el artículo 133 de la misma ley, si el valor de la garantía no puede ser inmediatamente apreciada, el juez invitará a las partes a presentarse ante él en la fecha que fije, con sus justificaciones. Expone la Suprema Corte que, con frecuencia que cuando se ordena la suspensión de la ejecución de una sentencia, el recurrente presenta como garante al propietario de un inmueble, depositando fotocopia del certificado de título o del documento de propiedad correspondiente y no el duplicado del dueño del primero o el original o copia certificada del segundo; que tampoco depositan la prueba del valor de dicho inmueble o la tasación correspondiente al mismo realizado por la autoridad competente, lo que impide apreciar el valor del inmueble; que asimismo, cuando la fianza es aceptada, es necesario hacer el depósito del acto notarial constitutivo de la garantía, suscrito por el garante, en el cual además de las generales de ley de éste, debe consignarse su obligación de responder en la forma y circunstancias que establece la ley por los créditos del recurrido en caso de que el recurso de casación sea rechazado, así como la autorización formal al Registrador de Títulos correspondiente de proceder a la inscripción de esa garantía en el original del certificado de título o al Conservador de Hipotecas de la Jurisdicción, antes de que el recurso de casación que origina la suspensión que da lugar a la misma sea definitivamente fallado por la Suprema Corte de Justicia. Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia, fijó los requisitos y modalidades para la garantía personal con aval inmobiliario. Al admitir la jurisprudencia laboral la posibilidad de la suspensión de ejecución por

una garantía personal,135 es prudente que la misma se adhiera a las modalidades y directrices del mas alto tribunal de justicia, donde la prueba del valor del inmueble debe ser establecida mediante una tasación o peritaje a cargo del solicitante. De modo específico, las modalidades de esta garantía se resumen en: a. Debe depositarse en la Secretaría General de la Corte, el original del documento de propiedad del garante o el Certificado de Título si se trata de un inmueble registrado, con la anotación ya realizada por el Registrador de Título; b. Una tasación o prueba del valor de dicho inmueble, es decir, una tasación completa de la situación, ocupación, ubicación, cargas y gravámenes; c. Un acto constitutivo de la misma suscrito ante Notario, en el cual se hará constar además de los datos personales del garante, la descripción y el valor del inmueble y la obligación que el mismo contrae de responder a favor del trabajador por los créditos laborales de éste tal como lo dispone la ley, en cumplimiento del artículo 2148 del Código Civil; d. Que esta garantía no está sujeta a condición suspensiva o resolutoria, que no sea que la sentencia de que se trata haya adquirido, en todo o en parte, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa, sin perjuicio de las actuaciones procesales relativas al embargo inmobiliario abreviado, necesarias para la adjudicación definitiva de la garantía y con cargo al persiguiente;

135 B.J. 1131, Pág. 500 y B.J.1134, Pág. 765.

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e. Que la garantía de que se trata deberá quedar abierta en el tiempo de su vigencia mientras dure el litigio y señalando que la misma se asume en virtud de las

disposiciones de la presente Ordenanza.136

4. Atribuciones del Presidente de la Corte por leyes especiales 4.1 Aprobación e impugnación de estado de costas y honorarios de abogados Actua como tribunal de alzada en caso de Impugnación de Estado de Costas y Honorarios, dictado por el Presidente del Juzgado de Trabajo. En esta materia, los abogados después del pronunciamiento de sentencia condenatoria en costas, depositarán en secretaría del tribunal en el cual se causen las mismas, un estado detallado de sus honorarios y los gastos de la parte que representen, el que será aprobado por el Juez o el Presidente de la Corte en caso de ser correcto en los cinco (5) días que sigan a su depósito en secretaría. Los funcionarios del orden judicial está llamados a mantener vigente la organización jurisdiccional prevista para cada materia y en atención al artículo 706 del Código de Trabajo, como una cuestión de puro derecho y orden público, que compete al Presidente del Juzgado de Trabajo conocer de las solicitudes de autorización de costas y honorarios causados en aquella instancia, con exclusión de este círculo de atribuciones de los jueces que presiden las salas, correspondiendo en derecho revocar el auto dictado por una de las salas y no así por el Presidente del Juzgado.137 Se ha criticado el desfasado contenido económico de las partidas de la Ley de Honorarios de Abogados, pero se reconoce que el estado actual de nuestro derecho la aplicación del contenido de la ley es imperativa y el mandato de la razonabilidad de la ley que dispone la Constitución, sólo constituye una directriz o instrumento para apreciar la constitucionalidad o no de la norma, pero en modo alguno autoriza a los jueces a inaplicar la disposición o constituirse en un legislador negativo al suprimir los efectos jurídicos de la misma. Puede estatuirse sobre las diligencia extrajudiciales con motivo de la ejecución de la sentencia de que se trata, no porque sea producto de la condenación en costas, sino en razón de que son diligencias profesionales que no han culminado con una sentencia condenatoria en costas y cuyo procedimiento a agotarse es el previsto en el artículo 10 de la ley de materia.138 Las personas no ligadas por los convenios por los cuales se estipule el pago de honorarios más elevados por los establecidos por la materia, siempre que estuvieren obligadas al pago de las costas por condenación judicial u otros motivos, solamente podrán exigir los honorarios mínimos que fija la ley.139 Cuando entre las partidas aprobadas consta un error puramente material en la sumatoria de las partidas, puede ser enmendado a opción del impetrante, tanto por el tribunal que dicte el auto, o bien, por el tribunal de alzada con motivo de la

136 Un-471-2006-00007, Exp. (7/2006), William René Amador Alvarez Vs. Herminio Martínez Senate, del 23 de enero de 2006. 137 Lics. Betania Reyes Castillo y Luis Rafael Leclerc, por Auto del 15 de julio de 2005. 138 William Garabito y Domy Abreu Vs. Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), por Auto del 23 de enero de 2006. 139 Corporación Dominicana de Electricidad Vs. Dr. Bolivar Bello Belliard, por Auto del 25 de noviembre de 2005.

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impugnación. Las partidas consignadas como necesarias para la aprobación del estado de costas y honorarios, el criterio es que tales diligencias profesionales no causan costas y honorarios, habida cuenta que debe retenerse que sólo lo será así en las relativas a los servicios de abogado para la conducción de un procedimiento, asesoramiento, asistencia, representación, o de algún modo haya actuado o prestado sus servicios

hacia el cliente, no a sí mismo.140 Cuando haya motivo de queja respecto de una liquidación de honorarios, se recurrirá por medio de instancia al tribunal inmediato superior, pidiendo la reforma de la misma, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación. El recurrente, a pena de nulidad, deberá indicar las partidas que considere deban reducirse o suprimirse. Cuando la impugnación de que se trata ha sido realizada contra un auto dictado por el Presidente de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo de Distrito Nacional, el recurso de impugnación lo es ante el pleno de dicho organismo colegiado y en Cámara de Consejo, conforme el artículo 11 de la Ley No. 302, modificada por la Ley No. 95-88, sobre Honorarios de Abogados, deviniendo incompetente la Presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.141 La nulidad concebida en esta legislación especial es de fondo, que sanciona la ausencia de medios de la acción en impugnación, y se fundamenta en que la parte impugnante debe precisar las partidas que esté disconforme, determinando de este modo el alcance de la impugnación, todo en aras de que, en razón de lo expedito del

procedimiento, coadyuve a la pronta solución de la instancia aperturada,142 pues el que impugna un estado de gastos y honorarios debe indicar las partidas con las cuales no está conforme y exponer las razones en que se funda para impugnarlas, debiendo de precisar en qué consiste el exceso y a qué monto deben ser reducidos, pues no basta indicar las gestiones en que no se está de acuerdo y solicitar su reducción a su justo valor, impugnación esta que debe ser siempre partida por partida.143 El planteamiento de un medio de inadmisión sobre la base de la no mención de las partidas resulta improcedente, pues tal inobservancia está sancionada con la nulidad del recurso. El plazo previsto en el artículo 11 de la Ley 302 sobre Honorarios de Abogados, es un plazo franco por aperturar una nueva instancia, en aplicación del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, siendo admisible en cuanto a la forma la impugnación de que se trata.144 El artículo 619 del Código de Trabajo sobre las condiciones en que resultan inadmisibles los recursos de apelación de las sentencia dictadas por los Juzgado de

140 Dr. Luis Leclerc Vs. Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), en Auto del 1ro. de julio de 2005. 141 Autoridad Portuaria Dominicana Vs. Dres. Trinidad Altagracia Rivera Velásquez y Modesto E. Rivera Velásquez, por Auto del 29 de julio de 2003. 142 Dr. Juan Francisco de la Cruz, Vs. Klinitec Dominicana, S.A., en Auto del 19 de abril de 2002. 143 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA Vs. LIC. TRINIDAD RIVERA Y MODESTO RIVERA, por Auto del 17 de septiembre de 2003. 144 Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Dr. Gilberto Castillo Fortuna, en Auto del 4 de marzo de 2002.

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Trabajo no es aplicable a la materia de liquidación de honorarios profesionales y costas procesales causadas, pues aquel reglamenta el proceso de trabajo, mientras que, la ley especial la marcada con el No. 302, modificada en 1988, sobre Honorarios de Abogados, encierra su procedimiento para la impugnación de los estados de costas, el cual debe ser tenido como de interpretación restrictiva.145 En relación al efecto suspensivo, es preciso señalar que en la impugnación del estado de costas y honorarios el efecto suspensivo opera de pleno derecho y mientras se agote la instancia aperturada en alzada, lo que implica que las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo no se aplican a la materia especializada sobre Honorarios de Abogados, habida cuenta de que en ese orden, las modificaciones a los textos legales que rigen el procedimiento de la Ley No. 302, señalada y sus normas particulares, deben de producirse de manera específica y rigurosamente definidas y claras; que en ese predicamento, la Ley No. 302, modificada sobre Honorarios de Abogados y la Ley No. 95/88 del 20 de noviembre de 1998, es preciso convenir en que al omitir estas leyes y el Código de Trabajo establecer que modifican el artículo 11 de la Ley 302, mencionada, debe interpretarse en el sentido que el artículo 539 no ha modificado el citado artículo 11, ni expresa ni tácitamente, conservando el efecto suspensivo de derecho común. 5. Poderes excepcionales al Presidente de la Corte de Trabajo Sobre la Suspensión Pura y Simple de la Sentencia La suspensión pura y simple de una sentencia de trabajo sin garantía alguna constituye una situación excepcional, pero no por ello que no sea planteado a la jurisdicción. 5.1 Sentencia condenatoria, habiendo contrato de transacción en expediente Se ha presentado un caso de especie con motivo de la demanda en suspensión contra sentencia condenatoria, en la que se había incurrido en un error grave, al estatuir el juez de fondo condenando a la empleadora, cuando en el expediente figuraba depositado contrato de transacción definitivo sobrevenido en curso de instancia ante el Juzgado de Trabajo; cheques originales debidamente canjeados por el abogado del trabajador y poder o mandato ad-litem de este profesional del derecho, en que se establecía la facultad de transigir. Ostensiblemente que el juez de los referimientos, sin inmiscuirse sobre la suerte del recurso de apelación, está facultado para examinar elementos de fondo, en interés de determinar y comprobar un error grosero por parte del juez de primer grado, al no ponderar, ni enumerar siquiera dichos documentos, motivo por el cual fue suspendida sin garantía. Para estos casos la jurisprudencia civil y la reiterada jurisprudencia de la Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia sostiene “sólo cuando la sentencia cuya suspensión se demanda esté afectada de una nulidad evidente o ha incurrido en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, puede el juez de referimiento ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, sin necesidad del depósito del referido duplo.146

145 Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Dra. Alejandrina de la Rosa, en el Auto del 27 de junio de 2003. 146 B.J.1052, Página No. 551; B.J.1052, Página No. 603; B.J.1052, Página No. 648; B.J.1056, Página No. 485.

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5.2 Juez de la ejecución. Exceso de poder Con motivo de un proceso en materia sumaria ante el Presidente del Juzgado de Trabajo, quien actuaba como juez de la ejecución, pero se inmiscuyó en asuntos de fondo atinentes al juez laboral ordinario, por lo que se decidió: “Que la competencia del juez de la ejecución en materia sumaria, concebido en el Código de Trabajo en su artículo 706, las dificultades relativas a los títulos ejecutorios y las contestaciones que surjan en ocasión de la ejecución forzosa, ya sea para descartarlos o bien llevar a cabo la definitiva ejecución, bajo reserva de los asuntos que son de la expresa competencia de otras jurisdicciones del orden judicial;... la nulidad pronunciada por el Juez a-quo se motiva sobre la base de la ponderación, evaluación, estudio y decisión de la calidad de empleadora o no, conforme a la ley orgánica de dicha institución marcada con el No. 307, así como la aplicación del principio de inembargabilidad del Estado consagrado en el artículo 45 de la Ley No. 1494 que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa;... por otra parte, calidad de empleador es un aspecto de fondo que le está vedado al juez de la ejecución y que es de la exclusiva competencia del juez en atribuciones ordinarias de materia laboral que conoce de la demanda en reclamación de prestaciones laborales, conforme el artículo 480 del Código de Trabajo y consecuentemente de la Corte, en atribuciones ordinarias, por lo que al haber decidido lo expuesto, incurrió en un error grosero en su decisión, pues la materia sumaria es la indicada por la ley para instruirse los aspectos de la ejecución de las sentencias de trabajo y cualquier pretensión de las partes sobre el fondo, relativa a la calidad de las partes del proceso, que ha culminado con la sentencia que se discute la ejecución, admitida de este modo por el juez de la ejecución, constituye un exceso de poder en su labor jurisdiccional, pues tales pretensiones escapan de las atribuciones en que se está apoderado, lo que no implica una incompetencia de aquella jurisdicción respecto de la demanda en nulidad, sino el rechazo, si fuere de lugar, en cuanto a las pretensiones de fondo sobre la discutida calidad de empleadora o entidad gubernamental”. La jurisdicción de ejecución en materia de trabajo está llamada a dilucidar las incidencias en las vías de ejecución, ya sea declarando la ejecución de las sentencia, la nulidad de las mismas y resolver los posibles incidentes que a estas se opongan, pero sin la posibilidad de examinar el fondo de crédito, pues dicha labor sólo se limita a que, una vez establecida la obligación de pago con carácter definitivo en una sentencia, comprobar si el crédito contenido en la obligación ha sido satisfecho por el deudor, o bien, la implicaciones jurídicas relacionadas a las vías de ejecución de una conciliación, acuerdo, transacción o descargo a favor del deudor, pero en modo alguno entra en su esfera de atribuciones, ponderar la renunciabilidad o no de los

derechos laborales.147

5.3 Condiciones El artículo 137 de la Ley 834 de 1978, sólo permite al Presidente de la Corte, estatuyendo en referimiento y en caso de apelación, suspender la ejecución

147 Un-471-2005-000130, Exp. (130/2005), Corporación Dominicana del Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) Vs. Juana María Solano Fernández, del 28 de marzo de 2005.

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provisional: 1ro.) si está prohibida por la ley, y 2do.) si hay riesgo de que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas, los poderes de que está investido el presidente, en virtud de los artículos 140 y 141 de la misma ley, le han sido conferidos para evitar la comisión de daños irreparables, proteger el derecho, mantener la lealtad en los debates y evitar la violación de la ley; que el Presidente de la Corte puede, si la decisión obtenida en primera instancia lo ha sido por violación flagrante de la ley, por un error manifiesto de derecho o cuando el juez ha excedido los poderes que le son atribuidos por la ley.148

1.4 Litigante por procuración

Al declarar la nulidad del embargo a pedimento de determinado litigante, extendiendo, sin motivación alguna, los efectos a los demás codemandados, sin éstos haber producido conclusiones en este sentido y sin ponderar, adecuadamente que la sentencia que es el título ejecutorio beneficie a dicho codemandado, lo que permite establecer a esta jurisdicción un error manifiesto y grosero propiciado por el Juzgado a-quo, que amerita sin más justificaciones, la suspensión de la sentencia de que se trata, mientras se conozca el recurso de apelación ante la Sala de la Corte; que es principio que nadie puede pleitear por procuración, vale decir que las conclusiones de la demandante reconvencional fueron extendidas en sus efectos a los demás codemandados sin que en la sentencia, como era deber del Juzgado a-quo, se establecieran las conclusiones al fondo de los codemandados, pero, que han resultado beneficiados del fallo atacado en suspensión, lo que implica que el tribunal de marras ha rendido su decisión en desconocimiento del indicado principio de que toda pretensión del litigante por procuración, en este caso S., S. A., es inadmisible, y en consecuencia, a los jueces les está vedado producir su acto jurisdiccional bajo estos términos. En este sentido, la sentencia fue suspendida pura y simplemente en

perjuicio de la empleadora y sin ninguna otra formalidad.149 5.5 Costas y honorarios de guardián. Exceso de poder Se ha comprobado exceso de poder cuando la acción original se trata en esencia de la aprobación de un estado de Honorarios de un depositario y guardián designado; que un estudio legislativo de la Ley No. 302, modificada sobre Honorarios de Abogados y el Decreto No. 4412 de 8 de junio del 1904, las tarifas vigentes para un depositario y guardián designado se regirán por esta última; de manera particular en la parte de las “Disposiciones Generales”, artículo 28, el procedimiento a seguir para la aprobación de los emolumentos causados los define bajo el vocablo: “los abogados”, pese dicho decreto regular una serie de tarifas para Jueces, Secretarios, Honorarios de Alguaciles, de Abogados, de Notarios, de Directores de Registro y Conservadores de Hipotecas, Síndicos de Quiebra, Venduteros, Administraciones Judiciales, Curadores, Testigos, Oficiales del Estado Civil, Policía Judicial, Alguaciles y Médicos. Al legislador reglamentar las tarifas de los “Depositarios y Guardianes” bajo el mismo procedimiento de “los abogados”, resulta ostensible que el procedimiento de

148 Un-028-2001-185, Exp. (185/2001), Germán Antonio Ramírez de la Cruz Vs. Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM). 149 Un-028-2002-00276, Exp. 276/2002 Yolanda Molón y Compartes Vs. Sociedad de Comercio Inmobiliaria el Conde, C. por A. y Sahgel, S.A., del 6 de agosto del año 2002.

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aprobación para los “abogados” es el aplicable para los demás auxiliares extrajudiciales y por ende, las modificaciones legislativas subsecuentes al procedimiento de aprobación de tales honorarios de la época hasta arribar a la Ley No. 302 sobre Honorarios de Abogados se le aplica por igual a los profesionales, funcionarios y auxiliares de justicia señalados, específicamente a los “Depositarios y Guardianes”, vale decir, bajo el imperio de los artículos 9, 10 y 11 de la vigente Ley No. 302, señalada, o sea, en Cámara de Consejo y sujeta al recurso de impugnación que el mismo texto legal indica; entonces, al proceder en audiencia pública y materia sumaria en esta materia, ha actuado al margen de la Ley No. 302, modificada, sobre Honorarios de Abogados y el Decreto No. 4412 de 8 de junio del 1904, fuera de las funciones que por mandato legislativo está autorizada y le correspondía actuar, lo cual implica que la decisión está afectada de un exceso de poder, entendiéndose éste como la actuación del funcionario judicial fuera de las atribuciones legislativas previstas en la materia, teniéndose como consecuencia la procedencia de la

suspensión pura y simple de la sentencia atacada.150 5.6 Contradicciones graves y excluyentes una de otra, en la motivación y el dispositivo Otro error grosero se manifiesta en que el tribunal comprueba el depósito de la instancia en que figura depositada anexa la comunicación de despido a las autoridades administrativas de trabajo, inventario incluso recibido en forma manuscrita, para luego afirmar en su motivación, que dicha comunicación no ha sido aportada al proceso. La gravedad se aprecia, sin perjuicio de lo principal, a las manifiestas comprobaciones y contradicciones realizadas por el tribunal de marras, que por su naturaleza son excluyentes una de otra, situación contraria al espíritu del artículo 534; numerales 5, 6 y 7 del artículo 537 del Código de Trabajo,151 y al derecho de defensa de la parte que sucumbe. 5.7 Acta de acuerdo condicional El vicio grosero se aprecia, también sin perjuicio de lo principal, al haber insertado condicionantes al acta de acuerdo de que se trata, que por su carácter viene a ser definitiva y con la autoridad de la cosa juzgada, lo que ha sido desconocido, contrario al espíritu del artículo 521 del Código de Trabajo,152 lo que viene a ser más gravoso cuando se rinde otra sentencia sobre las mismas obligaciones y derechos laborales ya acordados en el acta mencionada, contrario todo a las disposiciones del literal h), ordinal 2, del artículo 8 de la Constitución de la República, en el sentido que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, decretaron tales

circunstancias procesales, una suspensión sin garantía.153 5.8 Violación al derecho de defensa y el principio de inmutabilidad procesal

150 Nu-471-2003-00076, Exp. 76/2003, Bemosa, C. Por A. y Flavio Leandro Bautista, del 19 de febrero

de 2003. 151 Ordenanza No. N/U-471-2004-00549/04, Exp.#. (549/2004), Bona, S. A. (Pizzeria Pizarrelli) Vs.

Elias Rivera Timat, del 10 de diciembre de 2004. 152 El acta de acuerdo una vez firmada por los miembros del tribunal y por el secretario, producirá los

efectos de una sentencia irrevocable (Art. 521 Cód. Trabajo) y constituye un título ejecutorio, cuando

la misma contenga un avenimiento entre las partes (Art. 520 Cód. Trabajo). 153 Un-471-2004-00455/04, Exp.#. (455/2004), Enrique Kopel y Entek Textil, S. A., Global Zona

Franca Industrial, S. A. y Technical Support, Inc., Vs. Adrián Alberto Rojas Hernández, de fecha 29 de octubre 2004.

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De igual modo se establece un error grosero cuando un trabajador beneficiado en las condenaciones, no figura entre los demandantes originales, aparece espontáneamente en la sentencia de marras con considerables y las más elevadas condenaciones, sin encontrarse una motivación plausible, ni sucinta para la presencia el indicado trabajador en la sentencia, lo que unido a que los abogados estar contestes que no han accionado en justicia su nombre y en base a tales condenaciones, notifican la sentencia y formalizan intimación en pago a fines de embargos sobre la base de este crédito producto del error de un órgano

jurisdiccional,154 que amerita una suspensión sin garantía. 6. Sobre el rechazo de la demanda en suspensión 6.1 Autoridad de cosa juzgada Las imputaciones que hace la demandante a la sentencia sobre errores procesales y otras violaciones a la ley, son alegatos que tienen que ser dilucidados por la Corte de Trabajo apoderada del recurso de apelación intentado contra dicha sentencia y no por el juez de referimiento, quien sólo puede hacer un examen de la sentencia para determinar si la misma no contiene errores groseros, violación al derecho de defensa o abuso de poder que pudieren decretar su nulidad, sin tomar decisiones que pudieren afectar el fondo del recurso de apelación de que se trata, señalamientos que no justifican sus pretensiones de suspensión, máxime en el caso de la especie que se trata la petición de la suspensión de una sentencia dictada en materia sumaria que dispone la entrega de valores embargados y cuyo efecto inmediato es la suspensión de ejecución de la sentencia del Juzgado de Trabajo, la que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, todo conforme al artículo 545 del Código de Procedimiento Civil y tercer párrafo del artículo 663 del Código de Trabajo.155 6.2 Juez de la ejecución que levanta embargos Corresponde al Presidente de la Corte de Trabajo determinar cuando se ha producido una turbación ilícita que deba hacer cesar y si la misma es capaz de producir un daño; que asimismo es a quien corresponde, cuando procede, la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por un juzgado de trabajo; en la especie se rechazó la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Presidente del Juzgado de Trabajo, actuando como juez de ejecución, al estimar que la medida adoptada por ese magistrado no constituyó una turbación ilícita ni ocasionó daños, en vista de que el crédito que le acordaba la sentencia que decidió la demanda en pago de prestaciones laborales estaba garantizado con el depósito de una fianza por el monto del duplo de las condenaciones; que no podía producir daños la orden de levantamiento del embargo que había practicado, al haberse ordenado previamente por el juez de referimiento que ésta depositara el duplo de las condenaciones para evitar la ejecución de la sentencia condenatoria, lo que hizo a

154 Un-173-2004-00593, Exp.#. (593/2004), Concesiones y Servicios, S. A., (Conservisa), Burguer King

y Gustavo Turull Vs. Yisel María Tapia Santana, & Compartes, del 25 de enero de 2005. 155 Un-028-2001-614, Exp. 614/2001, Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) Vs.

Leonardo Concepción Disla, del 28 de diciembre 2001; Ver también: Un-028-2002-0067, Exp.

67/2002, Francisco Quezada Vs. Requisa S.A. y Pablo Ulises Rodríguez Quiñónez, 21 de marzo 2002; Un-028-2002-00148, Exp. 148/2002, Manuel Emilio Jiménez Medina, Bienvenido Jiménez Encarnación

y Cristino Jiménez Santana Vs. DSC Ingeniería C. por A. y Ing. Richard Martínez, Eladio Andrés García (Papito), de fecha 14 días del mes de mayo 2002.

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través de la contratación de la póliza de seguros.156 6.3 Condiciones para la suspensión El error grosero debe ser retenido, como aquel vicio de embergadura, que implica la revocación íntegra de la sentencia que se ataca en suspensión, por lo que, error sobre determinados conceptos o partidas de condenaciones, no justifican la suspensión sin garantía, sino que le permite a la parte sucumbiente acceder a una garantía menos rigurosa o más blanda, pero no por ello ineficiente para garantizar el crédito. 6.4 Auto de Costas y Honorarios de Abogados El recurso de impugnación conforme a la Ley No. 302, modificada, sobre Honorarios de Abogados, tiene efecto suspensivo pleno, o sea, que en la materia especializada de la Ley No. 302, indicada, no se aplica el artículo 539 del Código de Trabajo por no tratarse de sujetos de derecho del trabajo, lo que implica que la puesta en mora deviene improcedente e infundada, debiendo de ordenarse, mas que la “suspensión” del auto, la descontinuación de las persecuciones iniciadas por el indicado mandamiento de pago, pues por mandato de la ley el efecto suspensivo es de

carácter general y mientras se conozca la instancia en impugnación.157 6.5 Exceso de poder. Condenaciones El error grosero también se manifiesta, que la condenación de la omisión del preaviso dispuesto en perjuicio del trabajador en caso de dimisión injustificada, cuando por mandato expreso e inequívoco de la ley corresponde a la empleadora, siendo ésta suma superior a la impuesta efectivamente en perjuicio de la empresa, lo que tiene por consecuencia que ante la posibilidad de disponer una garantía mediante el duplo de la misma y conforme a la lectura literal de la parte dispositiva, se estaría perjudicando económicamente a la empleadora, pues tendrá que garantizar sumas virtualmente inexistentes en su contra en el estado actual de los procedimientos, siendo contrario a las disposiciones del numeral 5, ordinal 3, del artículo 8 de la Constitución de la República, pues a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no

manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.158

Revocacion del auto de indexación. Improcedente

Considerando, que sobre el fondo de la demanda, la jurisdicción de referimientos en materia de trabajo no constituye un tribunal de alzada, que pudiere actuar bajo los lineamientos de “revocaciòn” del auto administrativo de liquidación de indexación monetaria de fecha 24 de noviembre del 2006, sino que tal competencia es privativa de la Sala de la Corte, habida cuenta de que la posibilidad de que esta jurisdicción intervenga es en caso de que se suscitare alguna turbación ilícita en perjuicio del justiciable, lo que se expresa en el caso de la especie, en la hipótesis de una negativa

156 B.J. 1103, Página No. 871. 157 N/U-471-2003-000373, Exp. (373/2003), Industrias Mirabal, C. por A. y Sr. Julio César Mirabal Ortiz Vs. Dr. Rafael C. Brtio Benzo y Lic. Ignacio E. Medrano García, del 15 de septiembre de 2004. 158 Un-173-2003-00485, Exp.#. (485/2003), Unión Farmacéutica, C. Por A. Vs. Julio Elpidio Batista, de fecha 28 de enero 2004.

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no motivada por parte de la Primera sala del Juzgado de Trabajo, sobre la improcedencia de la indexación monetaria, lo que no sucede en la especie;159 JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE REFERIMIENTOS ANTE LA JURISDICCION DE TRABAJO DESDE EL 1997 AL 2010.

159

N/U-471-2006-000440, Exp. 440/2006, Sra. Emma Elisa Melgen Ramírez Vs. Banco Agrícola de la

República Dominicana, del 27 de diciembre 2006

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Considerando, que la resolución impugnada no hizo más que dar cumplimiento al artículo 539 del Código de Trabajo que dispone que las sentencias de los Juzgados de Trabajo, son ejecutorias al tercer día a partir de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas, lo que es indicativo de que la forma de lograr la suspensión de la ejecución de estas sentencias es a través del depósito del duplo de las condenaciones, medida ésta que fue la dispuestas por el Juez a-quo; Considerando, que por otra parte, el Juez a-quo estaba facultado para ordenar, como lo hizo, que el depósito se hiciera en un banco determinado, al tenor de las disposiciones del artículo 93 del reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, que establece que el depósito “puede hacerse tanto en la Colecturía de Renta Internas, como a solicitud de una de las partes, en manos de un banco comisionado por el tribunal”; Considerando, que en la especie, la solicitud de que el depósito se hiciera en el Banco Nacional de Créditos, fue hecha por la parte demandada en referimiento y acogida por el Juez a-quo, sin incurrir en ninguna violación de la ley, razón por la

cual el medio que examina carece de fundamento y debe ser desestimado; 3OC SCJ, 19 agosto 1998 B.J. 1053, Pág. 416. Considerando, que el artículo 539 del Código de Trabajo disponga que “Las sentencias de los Juzgado de Trabajo en materia de conflictos de derechos de derechos serán ejecutorias a contar de tercer días de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas. Cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, esta quedará suspendida en el estado en que se encuentre”; Considerando, que al rechazar la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por la Cámara Civil Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega, en atribuciones laborales, bajo el fundamento de que la demandante no había depositado el duplo de las condenaciones impuestas en la sentencia que se pretendía suspender, el tribunal actuó apegado a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo que exige tal requisito para lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia de los tribunales de trabajo; Considerando, que sólo cuando la sentencia cuya suspensión de demanda esté afectada de una nulidad evidente o ha incurrido en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, puede el juez de referimiento ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, sin necesidad del deposito del referido duplo, ninguna de cuyas situaciones fue invocada por la recurrente como fundamento de su demanda, por lo que el medio que se examina carece de

fundamento y debe ser desestimado; 3OC SCJ 8 de julio de 1998 B.J.1052.551; 3OC

SCJ 8 de julio de 1998 B.J.1052.603; 3OC SCJ, 8 de julio de 1998 B.J. 1052.648; 3OC SCJ, 18 noviembre de 1998 B.J.1056, Pág. 485. - Jurisprudencia constante ...para que el juez de los referimiento pueda suspender la ejecución de una

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sentencia en ausencia del depósito del duplo de las condenaciones, es menester que la decisión esté afectada de una nulidad evidente, o haya sido producto de un error grosero, un exceso de poder o pronunciada en violación del derecho de defensa de la parte que demanda la suspensión; Considerando, que el examen de la ordenanza impugnada pone de manifiesto que el Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de Juez de los referimientos, no toma en cuenta esa circunstancia, ni da motivos suficientes que justifiquen su dispositivo y no ha expuesto en la misma los elementos de hecho que le permitan a la Suprema Corte de Justicia, verificar si entran en los poderes del juez de los referimientos el ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia ejecutoria de pleno derecho, por lo que la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar

los demás medios del recurso; 3OC SCJ, 6 enero 1999 B.J.1058, Pág. 252. Considerando, que el estudio de la ordenanza impugnada se revela que la misma fue dictada en ocasión de una demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia pronunciada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, el día 2 de abril de 1998, elevada por la recurrente, demanda la cual fue declarada buena y válida y acogida por el Juez a-quo; Considerando, que al acoger la demanda intentada por la recurrente, el Juez a-quo fijó la suma que esta debía depositar para que se hiciera efectiva la suspensión ordenada, con lo cual dio cumplimiento a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo que exige para la suspensión de una sentencia de un juzgado de Trabajo el deposito del duplo de las condenaciones que contiene dicha sentencia; Considerando, que la sentencia contiene motivos suficientes y pertinentes que permiten a esa corte verificar que la ley ha sido bien aplicada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamen-to y debe ser desestimado;... Considerando, que el artículo 93 del Reglamento No. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo, dispone que «la consignación de la suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas de que trata el artículo 539 puede hacerse tanto en la Colecturía de Rentas Internas, como a solicitud de una de las partes, en manos de un banco comisionado por el tribunal, en este último caso, el juez, si hace derecho a esa solicitud, hará constar en su decisión las modalidades del depósito»; Considerando, que de la disposición legal antes transcrita, se deriva que en principio el depósito exigido para lograr la suspensión de la ejecución de una sentencia de un tribunal de trabajo en principio debe ser hecho en la colecturía de Rentas Internas, pero que por decisión del juez el mismo se puede hacer en un banco comercial, teniendo dicho juez facultad para comisionar el banco consignatario, aún en los casos en que el deposito es solicitado por la parte que pretende lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia, razón por la cual, al comisionar el Banco de Reservas como banco donde debía realizarse la

consignación, el Juez a-quo actuó apegado a la ley que rige la materia, 3OC SCJ, 10 febrero 1999 B.J.1059, Pág. 574. Considerando, que los demás alegatos formulados en el memorial de casación contra la sentencia impugnada se refieren a maniobras atribuidas a los abogados

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quienes supuestamente mantuvieron oculta la sentencia sobre el fondo del recurso de apelación y realizaron actos de ejecución de las mismas, las cuales no pueden ser imputadas al Juez a-quo en razón de que en el expediente no se advierte que él tuviera conocimiento de esas supuestas maniobras; que de todas maneras, el hecho de que el recurso de apelación contra la sentencia cuya ejecución se pretendía suspender había sido fallado hace más correcta la decisión del juez de los referimientos rechazando la demanda en suspensión, pues ya dicha sentencia había sido sustituida por otra, lo que impedía al tribunal fallar en el sentido

solicitado por la recurrente. 3OC SCJ, 3 marzo 1999. B.J.1060, Pág. 585. Considerando, que una vez que un tribunal dicta sentencia definitiva sobre un asunto queda desapoderado del mismo y no puede tomar ninguna nueva decisión sobre lo juzgado, salvo que se produzca una nueva demanda o recurso, para lo cual debe cumplir con las reglas procesales que garantizan el derecho de defensa del demandado o recurrido; Considerando, que en la especie, el tribunal revocó su propia decisión, sin que se advierta que hubiere sido apoderado de una nueva demanda en suspensión de ejecución de sentencia y sin que se siguiera el procedimiento para el conocimiento de este tipo de acción, en cuyo caso pudo haber tomado una decisión contraria a la anterior, por tratarse de decisiones en referimientos, que se caracterizan por su provisionalidad; pero no revocar una resolución dictada por él mismo, por lo que la resolución incurrió en los vicios que

le atribuye el recurrente. razón por la cual la misma debe ser casada. 3OC SCJ, 28 abril del 1999 B.J.1061, Pág. 996. Considerando, que de acuerdo al artículo 539 del Código de Trabajo, la regla es que las sentencias de los juzgados de trabajo son ejecutorias, mientras que la excepción de la suspensión se logra cuando la parte perdidosa deposita el duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia, razón por la cual la ejecución provisional de las sentencias en materia laboral no están regidas por las disposiciones del artículo 137 de la Ley No. 834, sobre Procedimiento Civil, razón por la cual el Juez a-quo no pudo violar dicho artículo, siendo en consecuencia el

medio que se examina carente de fundamento, por lo que es rechazado. 3OC SCJ, 5 mayo 1999 B.J.1062, Pág. 556. Considerando, que el artículo 22 de la Ley No. 498, del 13 de abril de 1973, establece que: “los bienes muebles e inmuebles de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), son inembargables”; Considerando, que el artículo 731 del Código de Trabajo «deroga toda norma o disposición legal que prohíba el embargo de los bienes del empleador en perjuicio de los créditos de los trabajadores que hayan sido reconocidos por una sentencia definitiva con autoridad de la cosa juzgada»; Considerando, que en su motivación, la ordenanza impugnada no hace referencia a los textos legales precedentes, según los cuales el Tribunal a-quo estaba obligado a establecer si la sentencia cuya ejecución se pretendía suspender, había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues al ser los bienes de la recurrente inembargables, solo si la sentencia de primer grado tenía esa

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característica, procedía su ejecución; Considerando, que los motivos que contiene la ordenanza impugnada, son apropiados para ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia y no para rechazar una demanda que persiga la suspensión, como ocurrió en la especie, por lo que la ordenanza impugnada además de carecer de falta de base legal, adolece de falta de motivos pertinentes, por lo que la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios

del recurso; 3OC SCJ, 16 junio 1999 B.J.1063, Pág. 1004.

Si bien la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución del 2 de julio de 1992, dispuso que toda demanda introducida, con anterioridad a la entrada en vigencia del actual Código de Trabajo, «debe ser conocida y fallada por los tribunales conforme al procedimiento establecido por la Ley No. 637 del 16 de junio de 1944, sobre Contratos de Trabajo y por el Código de Trabajo de 1951», la misma no se aplica en la especie, en vista de que el presente recurso de casación fue elevado contra una resolución del Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que decidió tina demanda en referimiento cuyo escrito introductorio es del 12 de febrero de 1993, cuando ya estaba en vigencia el procedimiento establecido por el actual Código de Trabajo y la cual es independiente de la demanda en pago de prestaciones laborales intentada por el recurrente, cuyo inicio se produjo en la vigencia del anterior Código de Trabajo. S.C.J., 16 de junio 1999, B. J. No. l063, Pág. 956.

Considerando, que las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo que exigen para la suspensión de la ejecución de las sentencias dictadas por los juzgados de trabajo, el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia, son dirigidas contra toda parte que haya sucumbido en esa jurisdicción, sin establecer diferencias por la condición de trabajador o empleador de ella; que las demandas laborales no están reservadas para ser ejercidas exclusivamente por los trabajadores, sino por todos los sujetos del derecho del trabajo, entre los cuales se encuentran los empleadores, quienes, en caso de ejercer cualquier acción en contra de un trabajador o de un sindicato, tendría a su favor la condición que impone el artículo 539, para la suspensión de la ejecución de la sentencia que le diere ganancia de causa, preservándose la igualdad jurídica de las partes; Considerando, que, independientemente de que el artículo 71, ordinal 1ro. de la Constitución de la República, no prohibe en modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso, el artículo 539, ya citado, no impide el ejercicio del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el tribunal de primer grado, sino que condiciona el efecto suspensivo de ese recurso, efecto éste, cuyo condicionamiento o eliminación no constituye ninguna violación a cánones o principios constitucionales, por no tener su asidero en nuestra carta sustantiva, sino en los principios del derecho; que el recurso de apelación ejercido, aún sin el depósito del duplo de las condenaciones, conserva los demás efectos propios de estos recursos, lo que permite a las partes exponer sus medios de defensa, como si la sentencia no existiere, a través de un procedimiento cuyas reglas están previamente establecidas, lo que les da, además, oportunidad de hacer

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valer todos sus derechos, cumpliéndose con ello el debido proceso; Considerando, que por lo demás, el artículo 539, del Código de Trabajo no persigue forzar a la parte sucumbiente ante el Juzgado de Trabajo a pagar el monto de las condenaciones y con ello poner fín al litigio, sino garantizar que al término del mismo, quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de que una insolvencia, muy normal entre los litigantes en esta materia, por su peculiar característica, impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente; Considerando, que la racionalidad de la ley queda manifestada en el complemento que para el cumplimiento de la exigencia del artículo 539 del Código de Trabajo, establece el artículo 667 de dicho código, al disponer que: “El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible, puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes”, lo que deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir de que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el presidente de la corte, cuyas demás condiciones y regulaciones deben ser fijadas por el juez de los referimientos para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que en cuanto al aspecto examinado, ésta hizo una correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, razón por la cual el medio que se analiza carece de fundamento y debe ser desestimado; 3OC SCJ, 18 agosto 1999 B.J.1065, Pág. 586.

Considerando, que es de principio que cuando existe indivisión en el objeto del litigio, si el recurrente ha emplazado a una o varias de las partes y no lo ha hecho con respecto a las demás, el recurso debe ser declarado inadmisible con respecto a todas; que si es verdad que las actuaciones del procedimiento de instancia, incluso cuando se trata de una vía de recurso, tienen carácter divisible, en el sentido de que producen sus efectos únicamente en provecho del actor y en contra del demandado o recurrido, sin embargo, es forzoso decidir lo contrario cuando el objeto del procedimiento resulta indivisible en razón de su propia naturaleza, cuando lo decidido en el caso en relación con el interés de una de las partes, afectará necesariamente al interés de las demás partes; que por vía de consecuencia, el recurso de casación que se interponga contra una sentencia que aprovecha a varias partes entre cuyos intereses exista el vínculo de la

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indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra todas; que de no hacerse así, el recurso debe ser declarado inadmisible; Considerando, que del estudio de la ordenanza impugnada, se advierte que los recurrentes solicitaron al Tribunal a-quo, la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, y el levantamiento de las medidas conservatorias intentadas por el recurrido acogiendo el tribunal el primer pedimento y declarándose incompetente para decidir el segundo; que también se advierte que como parte del proceso figura Megacorp, S. A., empresa condenada por la indicada sentencia del primer grado y que resultó beneficiaria del auto que ordena la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, por lo que es forzoso decidir que existe en el caso el vínculo de la indivisibilidad por la naturaleza del objeto del litigio y que la contestación no podrá ser juzgada sino conjunta y contradictoriamente con esa parte; que al no ser emplazada la misma, conjuntamente con la parte que fue puesta en causa en casación, es

evidente que el presente recurso no puede ser admitido... 3OC SCJ, 1ro. septiembre 1999. B.J. 1066, Pág. 596. ...el objeto de la demanda de que se trata no era declarar la nulidad de los despidos que, según el sindicato demandante, realizaron las demandadas contra trabajadores amparados por el fuero sindical, en cuyo caso el juez de los referimientos no tiene competencia para tomar dicha decisión, en vista de que si lo hiciere estaría fallando sobre el fondo de un litigio, del cual está apoderado, según las expresiones de la propia recurrente, el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, determinándose, del estudio de la ordenanza impugnada y de los documentos que conforman en el expediente abierto en ocasión del presente recurso, que la demandante en referimiento solicitó al Juez a-quo que ordenara «la reposición inmediata de todos y cada uno de los cancelados protegidos por el fuero sindical, en virtud de lo que establecen los artículos 389, 390, 391 y 392 del Código de Trabajo y muy especialmente a la directiva del sindicato integrada por Alberto Ramírez, José Encarnación, Esmerling De León G., Francisco Montero Ramírez, Cristian Encarnación, Alcides Amador Vargas, José Tejada, Antonio E. Rodríguez y Pablo Moreno Núñez», a la vez que reclaman que las demandadas sean condenadas al pago de una astreinte por cada día de retardo en reponer a dicha directiva;... Considerando, que sobre la base del objeto de la demanda, en la cual se alega la existencia de una perturbación ilícita, y de las disposiciones arriba transcritas, fue que el Juez a-quo declaró su competencia para conocer la misma, sin que ello implique, en modo alguno, aceptación de los pedimentos formulados por la demandante, ni la procedencia de su acción; Considerando, que al considerar que la suerte de la demanda en referimiento estaba sujeta a la solución de la demanda iniciada por la recurrente por ante el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en cancelación del registro sindical de la demandante, el tribunal hizo bien al sobreseer el conocimiento de dicha demanda hasta tanto el referido tribunal decidiera sobre el aspecto de que estaba apoderado,

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sobreseimiento este que no puede ser objetado por la recurrente, en vista de que en sus conclusiones subsidiarias hizo un pedimento en ese sentido; Considerando, que distinto a lo que ocurre en el proceso civil, donde el Juez Presidente de la Corte de Apelación sólo puede actuar como juez de referimiento en el curso de la instancia de apelación, en esta materia no es necesaria esa condición, en vista de que en el proceso laboral el referimiento ha sido reservado exclusivamente al Presidente de la Corte de Trabajo, con exclusión de los jueces de primera instancia, y quien podrá actuar aún antes de que estos jueces dicten sentencia sobre el fondo de una demanda; Considerando, que los aspectos que según la recurrente debió decidir el Tribunal a-quo, antes de conocer el referimiento, están vinculados con la discusión de la demanda en nulidad de los despidos de la cual está apoderado el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, escapando de la competencia del juez de los referimientos, mientras que otros, como la determinación de la urgencia, es un elemento que deberá apreciar el Juez a-quo, cuando se sustancie la acción en referimiento, lo que no le ha sido posible establecer por haber sobreseido el conocimiento de la misma; Considerando, que la ordenanza impugnada contiene una relación completa de los hechos, así como motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta corte

verificar la correcta aplicación de la ley. 3OC SCJ, 13 de octubre de 1999 B.J. 1067, Pág. 600. ...el juez apoderado del conocimiento de una demanda en suspensión de la ejecución de una sentencia de primer grado, puede disponer que el depósito del duplo de las condenaciones de dicha sentencia, se cumpla a través de la prestación de una fianza, en beneficio de la parte recurrida, tal como dispuso el Tribunal a-quo, lo que determina que su sentencia sea correcta en ese sentido; Considerando, que el Tribunal a-quo decidió el pedimento de la fijación de un astreinte hecho por el recurrente, el cual rechazó al considerarlo improcedente; que la decisión sobre un asunto puede constar en cualquier parte de la sentencia, no siendo obligatorio que se consigne en la parte dispositiva de la misma, siendo válido el rechazo de la medida solicitada por el recurrente, que hizo el Juez a-quo a través de sus motivaciones; Considerando, que por otra parte, la necesidad de dictar medidas urgentes es apreciada soberanamente por el juez de los referimientos, lo cual escapa al control de la casación, salvo que se incurra en alguna desnaturalización, lo que no se advierte en la especie, razón por la cual el medio que se examina carece de

fundamento y debe ser desestimado. 3OC SCJ, 13 de octubre del 1999. B.J.1067, Pág. 627. Considerando, que el artículo 95, del Reglamento No. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo, del 12 de octubre de 1993, dispone que: «Las resoluciones del Presidente de la Corte, como juez de los referimientos, pueden ser impugnadas en el término de un mes a partir de la notificación, ante la Suprema Corte de Justicia»; Considerando, que del estudio de los documentos que integran el expediente

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abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que la resolución impugnada fue notificada a la recurrente, el día 2 de julio del 1999, mediante acto No. 17-99, diligenciado por Francisco A. Fernández Monción, Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, por lo que el plazo para ejercer el recurso de casación, se vencía el día 9 de agosto de 1999, al ser un plazo franco y no computarse los días no laborables incluidos en el mismo, al tenor de las disposiciones del artículo 495 del Código de Trabajo; Considerando, que en vista de que el escrito contentivo del recurso de casación fue depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el día 12 de agosto de 1999, cuando ya se había vencido el plazo para el ejercicio del recurso,

el mismo debe ser declarado inadmisible por tardío. 3OC SCJ, 8 diciembre 1999 B.J.1069, Pág. 576. Considerando, que disponiendo el artículo 539 del Código de Trabajo, que las sentencias de los juzgados de trabajo son ejecutorias al tercer día de su notificación, «salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas», lo que significa que dichas sentencias son ejecutorias provisionalmente de pleno derecho, para que el juez de los referimiento pueda suspender la ejecución de una sentencia en ausencia del depósito del duplo de las condenaciones, es menester que la decisión esté afectada de una nulidad evidente, o haya sido producto de un error grosero, un exceso de poder o pronunciada en violación del derecho de defensa de la parte que demanda la suspensión; Considerando, que el examen de la ordenanza impugnada pone de manifiesto que el Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de Juez de los referimientos, no toma en cuenta esa circunstancia, ni da motivos suficientes que justifiquen su dispositivo y no ha expuesto en la misma los elementos de hecho que le permitan a la Suprema Corte de Justicia, verificar si entran en los poderes del juez de los referimientos el ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia ejecutoria de pleno derecho, por lo que la misma debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso; Considerando, que la determinación de la urgencia de un asunto, es una facultad discrecional del juez de referimiento, el cual debe determinar la existencia de ésta antes de dictar una medida en esta materia; que en la especie el tribunal apreció que no era apremiante ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia que rechazó una demanda en distracción de efectos embargados, en vista de que la sentencia que dio lugar al embargo ejecutivo fue objeto de una decisión que ordenó su suspensión a cambio del depósito de la suma de RD$1,105,000.00, dependiendo de ese depósito la suspensión del proceso de ejecución; Considerando, que por otra parte, de acuerdo al artículo 539 del Código de Trabajo, para la suspensión de la ejecución de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia, es necesario el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia que se pretende suspender, depósito del que se puede liberar el demandante, si se establece que dicha sentencia está afectada de una

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nulidad evidente, o sea el producto de un error grosero, de un exceso de poder o pronunciada en violación al derecho de defensa, situación ésta que el Juez a-quo

determinó no ocurrió en la especie; 3OC SCJ, 15 diciembre 1999 B.J.1069, Pág. 664.

Considerando, que las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, que declara ejecutorias las sentencias de los juzgados de trabajo a contar del tercer día de su notificación, no impide a la parte contra la cual es dictada, la oportunidad de obtener la suspensión de dicha ejecución, puesto que el mismo texto establece para ello “el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas”, o el de solicitar al Juez Presidente ordenar dicha suspensión después de la notificación y en los casos en que haya peligro en la demora; que el citado texto legal tampoco prohíbe la interposición del recurso de apelación antes o después de la notificación de la sentencia, en la forma y plazos que establece la ley; que el derecho de obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia corresponde a toda parte que en la materia de que se trata haya sucumbido ante el juez de primer grado, sea este trabajador o empleador, por cuanto el ejercicio de las demandas laborales no está reservado de manera exclusiva a los trabajadores, sino que corresponde a todos los sujetos del derecho de trabajo, entre los cuales se encuentran los empleadores, quienes en caso de ejercer cualquier acción contra un trabajador o un sindicato, disponen de los mismos derechos que se derivan de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, el cual no establece distinciones, preservándose así la igualdad a que se refiere la Constitución; Considerando, que independientemente de que el artículo 71, ordinal 1ro. de la Constitución de la República, no prohibe en modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso, y de que él pueda por medio de leyes adjetivas, salvo disposición expresa de la Constitución, sujetar los procedimientos judiciales al cumplimiento de determinadas formalidades, el artículo 539, ya citado, no impide el ejercicio del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el tribunal de primer grado, sino que condiciona el efecto suspensivo de ese recurso, efecto éste, cuyo condicionamiento o eliminación no constituye ninguna violación a cánones o principios constitucionales, por no tener su asidero en nuestra carta sustantiva, sino en los principios generales del Derecho; que el recurso de apelación ejercido, aún sin el depósito del duplo de las condenaciones, conserva los demás efectos propios de este recurso, lo que permite a las partes exponer sus medios de defensa, como si el carácter ejecutorio de la sentencia no existiere, a través de un procedimiento cuyas reglas están previamente establecidas, lo que además, les da oportunidad de hacer valer todos sus derechos, cumpliéndose con ello el debido proceso, que es el interés del artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal

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formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, a lo cual no se opone el artículo en cuestión; Considerando, que además, el artículo 539 del Código de Trabajo no tiene por finalidad obligar a la parte sucumbiente ante el Juzgado de Trabajo a pagar el monto de las condenaciones y con ello poner fin al litigio, sino garantizar que al término del mismo, quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de que una insolvencia, impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente; Considerando, que la razonabilidad de la ley queda manifestada en la alternativa que para el cumplimiento de la exigencia del artículo 539 del Código de Trabajo, ofrece el artículo 667 de dicho código, al disponer que: “El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible, puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes”, lo que deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir del momento en que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el presidente de la corte, cuyas demás condiciones y regulaciones deben ser fijadas por él, como juez de los referimientos, para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada; que por consiguiente, dicho artículo no contraría lo ordenado por el Art. 8, párrafo 5º del artículo 8 de la Constitución de la República, por tratarse de una disposición legal, justa y útil para la comunidad, aún resulte más favorable al trabajador; Considerando, que asimismo, el artículo en cuestión no contradice el artículo 100 de la Carta Magna, dado que no contiene ninguna situación de privilegio que atente contra la igualdad a que son acreedores todos los nacionales dominicanos, entre quienes no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos y las virtudes, y jamás en títulos de nobleza o distinciones hereditarias; que además del estudio del artículo antes mencionado no se desprende que resulte afectado de la nulidad a que se refiere el artículo 46 de la propia Constitución, ya que como se ha expuesto precedentemente en el mismo no se advierten las violaciones sustantivas denunciadas por el impetrante en la instancia objeto de la presente acción... SCJ, 9 febrero 2000. B.J.1071, Pág. 37.

Considerando, que la facultad que otorga el artículo 667, del Código de Trabajo, al juez Presidente de la Corte de Trabajo, para dictar cuantas medidas conservatorios

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sean de lugar para hacer cesar toda turbación ilícita, no le autoriza a declarar la nulidad de ninguna actuación judicial, ni a ordenar el levantamiento de embargo retentivo basado en que el mismo es nulo, pues de hacerlo así estaría tomando decisiones que coliden con lo principal del asunto, lo cual le está impedido al juez de los referimientos; Considerando, que en la especie, la recurrente demandó el levantamiento de un embargo retentivo practicado en su contra por el recurrido para lo cual alegó que el mismo era nulo, por violar la Ley Orgánica No. 307, que crea el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), lo que de haber sido decidido por el Tribunal a-quo, habría implicado un fallo sobre aspectos que tienen que ver con el fondo de la demanda intentada por el recurrido en reclamación de prestaciones laborales y que en el momento de dictarse la sentencia impugnada estaba pendiente de ser conocida por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, tribunal ante el cual debió incoarse la demanda en nulidad del embargo retentivo de que se trata, al tenor de las disposiciones del artículo 480 del Código de Trabajo, que da competencia a ese tribunal para conocer los asuntos que sean accesorios a las

demandas principales; 3OC SCJ, 23 de febrero 2000 B.J. 1071, Pág. 602.

Considerando, que el Juez a-quo, al dictar la ordenanza impugnada no hizo más que acoger la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, intentada por el propio recurrente con lo que satisfizo sus pretensiones, para lo cual debía ordenar, tal como lo hizo, que el demandante depositara el duplo de las condenaciones contenidas en la sentencia cuya suspensión fue ordenada, para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, que permite la suspensión de las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo, con el depósito de dicho duplo; Considerando, que por haber actuado el Juez a-quo, en funciones de Juez de los Referimientos, estaba impedido de examinar el fondo de la demanda original y hacer verificaciones sobre el contrato de trabajo y otros hechos de la demanda, tal como la negativa del recurrente de ser empleador del demandante, que según éste debió realizar, pues si así actuaba estaría conociendo cuestiones relativas a la procedencia o no, de la demanda intentada por el recurrido, lo cual le está vedado

al juez de referimiento; 3OC SCJ, 1ro. de marzo 2000 B.J.1072, Pág. 646; 3OC SCJ, 7 de marzo 2001 B.J. 1084, Pág. 608. Considerando, que si bien el tribunal pudo ordenar el depósito de una fianza para dar cumplimiento a las disposiciones del referido artículo 539 del Código de Trabajo, esto cae dentro de sus prerrogativas discrecionales, no pudiendo ser censurado en casación, cuando en vez de esa fianza ordena el depósito en efectivo del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia cuya ejecución se ordena suspender; Considerando, que por tratarse de una demanda en referimiento, el Juez a-quo no podía conocer el fondo de la demanda original intentada por el recurrido y que dio lugar a la sentencia cuya suspensión se solicitaba, como pretende la recurrente,

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pues de hacerlo estaría excediendo sus facultades como juez apoderado de dictar una medida provisional, que no prejuzga el fondo de la acción principal; Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual el medio que se examina carece de

fundamento y debe ser desestimado. 3OC SCJ, 24 de mayo 2000. B.J.1074, Pág. 575. Considerando, que tal como se observa, la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, se produce de pleno derecho tan pronto la parte sucumbiente deposita el duplo de las condenaciones impuestas, sin que sea necesario para lograr esto la participación del juez de referimientos; que no obstante eso el apoderamiento del Presidente de la Corte de Trabajo para que como juez de referimiento ordene la suspensión de la ejecución de una sentencia, no constituye ninguna violación a la ley y se justifica para que este establezca las modalidades del depósito, al tenor de los artículos 666 y 667 del Código de Trabajo y del referido artículo 93 del reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, referido anteriormente; Considerando, que en consecuencia no es necesario para lograr la suspensión de la ejecución de una sentencia del Juzgado de Trabajo, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, que la parte que demanda la suspensión demuestre la existencia de algún perjuicio en la ejecución de la misma; Considerando, que en la especie, la intervención del Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, se limitó a disponer que el depósito del duplo de las condenaciones se hiciera en el Banco Popular Dominicano, y no en la Colecturía de Rentas Internas, lo que hizo de acuerdo a las facultades que le confieren las disposiciones legales antes citadas, razón por la cual los medios que se examinan

carecen de fundamento y deben ser desestimados. 3OC SCJ, 6 septiembre 2000 B.J. 1078, Pág. 523. Considerando, que del estudio de la ordenanza dictada por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en funciones de juez de los referimientos, el 7 de junio del 2000, se advierte que ésta establece las condiciones que debe cumplir la fianza prescrita para la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, el 25 de abril del 2000, indicándose además que dicha fianza debía ser depositada «con el propósito de su evaluación final»; Considerando, que esa labor de evaluación de la fianza, advertida en la sentencia que la ordenó, no estaba sometida a la celebración de ninguna audiencia, ni a la participación de las partes en juicio alguno, pues era facultativa del Juez a-quo, por corresponderle a éste determinar si dicha fianza cumplía con las exigencias de la ordenanza que la dispuso y la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo, por lo que no era necesario que las partes fueran citadas para discutir sobre ello; Considerando, que la suspensión de la ejecución de la sentencia aludida, se condicionó a la prestación previa de una fianza por la suma de RD$652,493.06, a

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favor de la reclamante, por lo que dicha sentencia adquirió su ejecutoriedad tan pronto el Juez a-quo denegó la aprobación de la fianza presentada por la recurrente, sin que se hiciere necesario que dicha ejecutoriedad fuere pronunciada por el Tribunal a-quo; Considerando, que era a la recurrente a quién correspondía indagar sobre la solvencia económica de la compañía afianzadora y de su situación legal, pues no cumpliría con la finalidad de la fianza el depósito de una garantía que resultare insuficiente y que no produjere la seguridad de que, para el eventual caso de que la demandante original obtuviere ganancia de causa, ésta pudiere ejecutar la misma; Considerando, que la ordenanza impugnada contiene motivación suficiente, lo que permite a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los

medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. 3OC SCJ, 20 diciembre 2000. B.J.1081, Pág. 516. Considerando, que del estudio de esas motivaciones, se advierte que el Tribunal a-quo, ponderó y analizó el contenido de la sentencia de primer grado para responder a los alegatos de la actual recurrente, que invocó que la misma está afectada de una nulidad evidente y de errores procesales, determinando que dicha sentencia no caía en ninguna de las excepciones planteadas por esta Corte de Casación, para que una sentencia de un juzgado de trabajo sea suspendida sin el depósito del duplo de las condenaciones que ella contiene, lo que también ha sido decidido se puede hacer a través de la prestación de una fianza; Considerando, que las imputaciones que hace la recurrente a la sentencia de primer grado, sobre errores procesales y otras violaciones a la ley, son alegatos que tienen que ser dilucidados por la Corte de Trabajo apoderada del recurso de apelación intentado contra dicha sentencia y no por el juez de referimiento, quien sólo puede hacer un examen de la sentencia para determinar si la misma no contiene errores groseros, violación al derecho de defensa o abuso de poder que pudieren decretar su nulidad, sin tomar decisiones que pudieren afectar el fondo de la demanda o del recurso de apelación, de que se trate; Considerando, que de todas manera el Tribunal a-quo ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Trabajo, tal como lo solicitó la actual recurrente, aunque para ello ordenó la prestación de una fianza para garantizar el monto de las condenaciones contenidas en la misma, con lo cual hizo una aplicación correcta de sus facultades como juez de los referimientos y del artículo 667 del Código de Trabajo, razón por la cual los medios que se examinan carecen

de fundamento y deben ser desestimados; 3OC SCJ, 26 de abril 2000 B.J.1073, Pág. 57. Considerando, que el Código de Trabajo reglamenta su propio régimen de referimiento, facultando al Presidente de la Corte de Trabajo a actuar como juez de referimiento, en toda ocasión en que fuere necesario tomar medidas urgentes para prevenir un daño o hacer cesar una perturbación ilícita, aún frente a la ausencia de una sentencia del juzgado de trabajo, distinto a lo que acontece en otras materias, en las que la ley reconoce esa condición al juez de la jurisdicción en que se esté

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conociendo el asunto, requiriéndose en ese caso la existencia de un recurso de apelación para que el Juez Presidente de la Corte de Apelación actúe como tal, por lo que al proceder como juez de referimiento, el Tribunal a-quo no tenía que indagar si sobre la sentencia cuya ejecución se pretendía suspender había sido objeto del correspondiente recurso de apelación, pues lo dispuesto en ese sentido por la Ley No. 834, sobre Procedimiento Civil, no es aplicable en materia de trabajo, pues sus disposiciones son supletorias en esta materia, sólo en los aspectos que no son reglamentados por la legislación laboral, que no es lo que sucede en cuanto al procedimiento de referimiento, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado; Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación segundo y tercero, los cuales se examinan en conjunto por su vinculación, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que el Juez a-quo actuó como juez de los referimientos, sin observar además que la sentencia cuya suspensión se solicitaba había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, lo que impedía que la suspensión fuere ordenada; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el argumento que esgrimió la recurrente ante el Tribunal a-quo para justificar su pedimento de inadmisibilidad de la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia del juzgado de trabajo, fue que el demandante no había ejercido el recurso de apelación contra dicha sentencia, lo que fue decidido por el Juez a-quo, no advirtiéndose en cambio que ella hubiere invocado que la referida sentencia había adquirido la autoridad de la cosa juzgada, que es algo muy distinto a la inexistencia del recurso de apelación, razón por la cual los medios que se examinan constituyen medios nuevos en casación, que como tales son declarados

inadmisibles; 3OC SCJ, 24 de mayo 2000. B.J.1074, Pág. 562.

Considerando, que el recurso de casación de que trata va dirigido contra el Auto de Evaluación de Fianza Admitida, dictada por el Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en funciones de Juez de los referimientos, que admite el original de la fianza depositada por la recurrida, como garantía del duplo de las prestaciones laborales contenidas en la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, el 27 de noviembre del 2000, cuya ejecución fue si pendida en virtud de ordenanza del 30 de enero del 2001, del referido Magistrado; Considerando, que el referido auto no tiene categoría de una sentencia definitiva, sino de una resolución de carácter administrativo, que como tal no es susceptible del recurso de casación, razón por la cual el recurso de que se

trata es inadmisible; 3OC SCJ, 30 de enero 2002. B.J.1094, Pág. 620; 3OC SCJ, 13 de marzo 2002. B.J.1096, Pág. 789. Considerando, que tal como se ha expresado más arriba, la ordenanza impugnada se limitó a rechazar la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo, el 22 de marzo de 1996, intentada por los actuales recurrentes, para lo cual dio como motivo que éstos no demostraron que sus bienes “constituyeran una garantía para el crédito de la parte demandada” sin atribuir a dicha sentencia las características que le atribuye la recurrente en su memorial de

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casación, ni tampoco declarar su carácter ejecutorio, lo que deviene de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo antes transcrito, de donde se desprende la imposibilidad de que la ordenanza impugnada se cometieran los

vicios señalados...3OC SCJ, 13 de marzo 2002 B.J.1096, Pág. 816.

Considerando, que por esa razón el monto a fijar por un Juez de referimientos en el momento de ordenar la suspensión de In ejecución de una sentencia, debe cumplir con ese objetivo, para lo que es necesario que se tome en cuenta todas las condenaciones que contenga la sentencia cuya ejecución se suspende, para lo que el juez debe precisar la totalidad de la misma; Considerando, que ha sido criterio constante de esta corte de casación, que el depósito del duplo de las condenaciones impuestas por una sentencia impugnada en apelación, puede ser hecho mediante una garantía personal o una fianza emitida por una compañía aseguradora, con lo que se evita que la empresa deudora de los créditos consignados en la sentencia cuya suspensión se persigue, resulte afectada en su desenvolvimiento económico, lo que puede ser dispuesto

por el tribunal que ordene la suspensión; 3OC SCJ, 17 de abril 2002. B.J.1097, Pág. 796. Considerando, que el juez de los referimientos apoderado del conocimiento de una demanda en suspensión de ejecución de una sentencia del Juzgado de Trabajo, no puede, sobre la base de la valoración de los méritos de la demanda, reducir el monto de las condenaciones que dicha sentencia impone, pues con ello estaría invadiendo las facultades de los jueces apoderados del conocimiento del recurso de apelación que se intente contra la misma, lo que le está vedado al juez de los

referimientos; 3OC SCJ, 19 de junio 2002 B.J.1099, Pág. 876.

Considerando como juez de referi-miento corresponde al Presidente de la Corte de Trabajo determinar cuando se ha producido una turbación ilícita que deba hacerse cesar y si la misma es capaz de producir un daño; que asimismo es a quien corresponde cuando procede la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por un juzgado de trabajo; Considerando en la especie el Juez a-quo rechazó la demanda en suspensión, de ejecución de la sentencia dictada por el Presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional actuando como juez de ejecución, al estimar qué la medida adoptada por ese magistrado no constituyó una turbación ilícita ni ocasionó daño a la demandante en vista de que el crédito que le acordaba la sentencia que decidió la demanda en pago de prestaciones laborales estaba garantizado con el depósito de una fianza por el monto del duplo de las condenaciones; Considerando que no podía producir daños a la recurrente la orden de levantamiento del embargo que había practicado contra la recurrida al haberse ordenado previamente por el juez de referimiento que ésta depositara el duplo de las condenaciones para evitar la ejecución de la sentencia condenatoria lo que hizo a través de la contratación de la Póliza No. 171-018305, de la C. N. de S.,

C. por A., lo que fue apreciado atinadamente por el Juez a-quo; 3OC SCJ, 9 de octubre 2002, B.J. 1103, Pág. 867.

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Considerando, que es privativo del Juez Presidente de la Corte de Trabajo en funciones de Juez de Referimiento apoderado de una demanda en suspensión de ejecución de una sentencia dictada por el juzgado de trabajo disponer que para lograr tal suspensión el impetrante deposite una fianza que garantice el cumplimiento de la sentencia condenatoria cuando ésta se haga irrevocable, pero en modo alguno constituye una violación a la ley la decisión de que para la suspensión de la ejecución de una sentencia de primer grado, el interesado deposite el duplo de las condenaciones, pues con la misma se da acatamiento también al referido artículo 539 del Código de Trabajo que declara ejecutoria dicha

sentencia a contar del tercer día de la notificación; 3OC SCJ, 30 diciembre 2002, B.J.1116, Pág. 812. Considerando, que la modalidad del depósito del duplo de las condenaciones a traves de una fianza, va en beneficio de la parte recurrente pues la misma le facilita cumplir con el mandato del artículo 539, arriba indicado, por lo que si tuvo alguna dificultad de adquisición de dicha fianza debió hacer el depósito en efectivo, con lo

que lograba la finalidad del referido artículo. 3OC SCJ, 26 de febrero 2003, B.J.1115, Pág. 1321. … el banco donde se haga la consignación del duplo de las condenaciones debe ser comisionado por el juez, nada resta validez al depósito en un banco comercial hecho por un deudor, sin la previa autorización del juez, si con posterioridad

obtiene de éste el aval correspondiente… 3OC SCJ, 7 de mayo 2003, B.J.1110, Pág. 532. Considerando, que las medidas que puede tomar el Presidente de la Corte de Trabajo como Juez de Referimiento, son de carácter provisional, que no pueden decidir el aspecto principal de un litigio, ni colidir con una contestación seria, lo que es consagrado por los artículos 666 y 667 del Código de Trabajo; Considerando, que en virtud de las disposiciones del artículo 663 del Código de Trabajo, la ejecución por vía de embargo de las sentencias de los tribunales de trabajo corresponde al tribunal que la dictó, especificando el artículo 706 de dicho código que esa facultad está a cargo del Presidente del Juzgado de Trabajo, cuando la decisión emana de ese tribunal; Considerando, que con su acción la recurrente perseguía que el Juez Presidente de la Corte de Trabajo dispusiera la entrega de los valores embargados a Ragle & Asociados, S. A., en manos del Consorcio de Propietarios del Condominio Torre del Sol, hasta la concurrencia del crédito reconocido en su favor por la sentencia No. 254 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, lo que no podía ser decidido por un Juez de los referimientos, por tratarse de una medida definitiva que haría culminar el proceso de embargo retentivo ejecutado por la demandante, lo que constituye una forma de demandar la ejecución de la sentencia que sirvió de base a dicho embargo y como tal escapa de la competencia del juez de referimiento, como fue decidido por el Juez a-quo;

3OC SCJ, 30 julio 2003, B.J.1112, Pág. 1290. Considerando, que cuando la sentencia del juzgado de trabajo cuya ejecución se

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pretenda suspender, contenga la condenación de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las indemnizaciones laborales, el juez de referimiento apoderado de una demanda en suspensión debe calcular los valores correspondientes a ese concepto hasta el momento en que tome la decisión de acoger la demanda, para establecer el monto de la garantía a exigir para que se produzca la suspensión de la sentencia de que se trate; Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo hizo un cálculo de las condenaciones contenidas en la sentencia cuya suspensión le fue demandada, incluida la aplicación del referido artículo 86 del Código de Trabajo, producto del cual estableció el monto de la fianza que debió depositar la recurrente para lograr tal objetivo, lo que hizo al tenor del referido artículo 539 del Código de Trabajo, sin

que se advierta que al hacerlo incurriera en desnaturalización alguna; 3OC SCJ, 13 de agosto 2003, B.J.1113, Pág. 742. Considerando, que en virtud de esas disposiciones el juez presidente puede disponer que el duplo de las condenaciones de la sentencia cuya ejecución se pretende suspender se cumpla a través de la prestación de una fianza en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir de que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el presidente de la corte, cuyas demás condiciones y regulaciones deben ser fijadas por el juez de los referimientos para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada, tal como lo dispuso el Juez a-quo en la especie; Considerando, que la modalidad del depósito del duplo de las condenaciones a través de una fianza, va en beneficio de la parte recurrente pues la misma le facilita cumplir con el mandato del artículo 539, arriba indicado, por lo que si tuvo alguna dificultad en la adquisición de dicha fianza debió hacer el

depósito en efectivo, con lo que se lograba la finalidad del referido artículo; 3OC SCJ, 22 de octubre 2003, B.J.1115, Pág. 1321. ...la referida resolución se limita a corregir el error material que se incurrió en la Resolución No. 0085, arriba indicada, sin que el Juez a-quo alterara los términos de la misma y sin agravar la situación de la actual recurrente, razón por la cual el recurso de casación contra la Ordenanza No. 002001, debe ser declarado

inadmisible...3OC SCJ, 26 de noviembre 2003, B.J.1116, Pág. 813.

Considerando, que el embargo retentivo es una medida conservatoria tendiente a garantizar un crédito, para cuya realización no requiere de la previa notificación de la sentencia condenatoria que le sirve de fundamento, convirtiéndose en acción ejecutoria cuando es validado por el tribunal correspondiente; Considerando, que por no ser una medida de ejecución en su fase inicial para efectuarlo, la persona beneficiaria de una sentencia dictada por el juzgado de trabajo que contenga condenaciones, no está obligado a esperar que transcurra el plazo de tres días a partir de la notificación de dicha sentencia, establecido en el artículo 539 del Código de Trabajo para dar a las decisiones de los juzgados de

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trabajo el carácter de ejecutoria no obstante cualquier recurso, no pudiéndose considerar como una acción el embargo retentivo que se realice en virtud de una sentencia judicial que constituye un título auténtico, aún antes de la notificación de dicha sentencia; Considerando, que si bien la decisión que ordena la suspensión de la ejecución de una sentencia laboral que ha servido de título para la realización de un embargo retentivo, puede disponer el levantamiento de dicho embargo, es a condición de que previo a ese levantamiento el demandante en suspensión haya consignado el duplo de las condenaciones impuestas a favor del embargante, en cuyo caso se produce la sustitución de una garantía por otra y se cumple la finalidad del

artículo 539 del Código de Trabajo; 3OC SCJ, 17 de marzo 2004, B.J. 1120, Pág. 872. ...el juez de los referimientos no puede analizar y decidir sobre vicios procesales atribuidos a una sentencia cuya ejecución se pretende suspender, por cuestiones a ser decididas por la Corte de Trabajo, en ocasión del recurso de apelación que se interponga contra dicha sentencia, salvo que los vicios generen un error grosero, un exceso de poder o una violación al derecho de defensa de la demandante en suspensión, lo que no se advierte en el caso de la especie, por lo que dichos medios

deben ser desestimados; 3OC SCJ 12 de mayo 2004, B.J. 1122, Pág. 693.

Considerando, que la disposición contenida en el artículo 539 del Código de Trabajo, en el sentido de que “cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, ésta quedará suspendida en el estado en que se encuentre”, no impide al juez de la ejecución disponer el levantamiento de cualquier medida, conservatoria o de ejecución, realizada antes del depósito de la garantía correspondiente, una vez éste se haya cumplido, pues de lo contrario sería permitir el establecimiento de una doble garantía para el mismo crédito, lo que constituye una medida irracional e injusta, ajena a la finalidad de dicho artículo 539 del Código de Trabajo, el cual persigue garantizar el cobro de los créditos reconocidos por los tribunales de trabajo a través de una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, para lo que es suficiente el depósito de la garantía del duplo de las condenaciones; Considerando, que ese es el criterio que sustentó la Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación intentado por el actual recurrente y confirmar el levantamiento del embargo ejecutivo mantenido por éste, a pesar del depósito de la garantía de los créditos realizado por la recurrida, sin incurrir en la desnaturalización y confusión que se le atribuye en el memorial de casación, ya que su referencia a la decisión del Juez Presidente de la Corte de Trabajo, que ordenó la suspensión de ejecución de la sentencia del juzgado de trabajo que sirvió de base a la realización del embargo ejecutivo, cuyo levantamiento dispuso la sentencia recurrida en apelación, se utilizó como simple motivación para justificar la improcedencia del mantenimiento de dicho embargo; 3°C SCJ, 19 de mayo 2004, B.J. 1122, Pág. 751. Considerando, que la exclusión de un bien embargado conservatoriamente, por decisión de un juez de los referimientos, solo se justifica cuando este ha valorado

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los demás bienes embargados y comprobado que los mismos son suficientes para garantizar el crédito que ha servido de base a la medida conservatoria, de todo lo cual debe dar motivos pertinentes y suficientes, no pudiendo hacerse bajo el criterio de que el efecto excluido no ha debido ser embargado, pues ello afecta la validación del embargo y colide con el fondo del mismo; Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo ordenó la exclusión de la grúa marca FAUN, modelo RTF 40-3, No. WFN3RT9N4040114, color blanco, del año 1994 y sus partes accesorias, dando como motivo para ello que la misma había ingresado al país bajo el régimen de internamiento temporal, y debía ser reembarcada a su país de origen, so pena de ser incautada por la Dirección General de Aduanas, si el traslado no se producía, lo que constituyo una decisión que cuestiono el derecho de disponibilidad sobre la misma de la recurrida y en consecuencia, la propia validez del embargo conservatorio y que como tal escapa a las facultades y poderes del juez de referimientos, al ser objeto de una contestación seria, que debe ser decidida por el juez apoderado de la demanda en validez, razón

por la cual la ordenanza impugnada carece de base legal y debe ser casada; 3OC SCJ, 23 de junio 2004, B.J. 1123, Pág. 1092. ...los convenios colectivos no constituyen créditos a favor de las partes contratantes, sino derechos y obligaciones, cuyo incumplimiento corresponde a los tribunales de trabajo decidir y, establecer los créditos que del mismo se deriven; Considerando , que en ese tenor, si una parte entiende que los créditos que generarían el cumplimiento de una cláusula de un convenio colectivo, están en riesgo por la resistencia de la otra parte a cumplir con sus obligaciones, además de intentar la demanda correspondiente para el reconocimiento de sus derechos, debe solicitar autorización al tribunal competente para que le autorice a tomar las medidas conservatorias que considere pertinente para la salvaguarda del crédito al que pudiere tener derecho; Considerando , que en la especie, los propios recurrentes reconocen no contar con esa autorización, ni con título válido para intentar el embargo retentivo realizado por ellos, al darle un alcance que no tienen a las cláusulas del convenio colectivo invocado por ello y que como lo expresa la ordenanza impugnada, están siendo discutidas ante los tribunales del trabajo, de donde se deriva el carácter de eventual que han dado dicha ordenanza, a los créditos que mediante su medida conservatoria han pretendido garantizar los recurrentes; 3°C SCJ, 19 de mayo 2004, B.J. 1122, Pág. 718. Considerando, que una sentencia no puede ser objeto de dos recursos de casación sucesivos interpuestos por la misma parte y menos cuando, como ocurre en el presente caso, se proponen contra la decisión impugnada los mismos medios de casación y los mismos agravios o desarrollos, que por figurar ya en la decisión de esta Cámara, del 23 de junio, resulta innecesario repetir ahora; 3°C SCJ, 30 de junio 2004, B.J. 1123, Pág. 1134. ...para que el juez de referimiento ordene la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por un juzgado de trabajo, no es necesario que el impetrante

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demuestre urgencia para la medida que se solicita, ni que se procure prevenir un daño inminente, sino que el tribunal disponga que la suspensión de la ejecución de la sentencia de que se trate esté acompañada de la obligación del demandante de hacer el depósito de la garantía establecida por el referido artículo 539 del Código de Trabajo, salvo cuando el juez apoderado determine que la decisión cuya suspensión se persigue esté afectada de una nulidad evidente o haya sido producto de un error grosero, un exceso de poder o pronunciada en violación del derecho de defensa, en cuyo caso la suspensión de la ejecución puede hacerse sin necesidad del depósito del duplo de las condenaciones; Considerando, que distinto es cuando el Presidente de la Corte está apoderado como juez de referimientos en virtud del artículo 667 del Código de Trabajo para prescribir medidas conservatorias para prevenir un daño inminente o hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita, donde sí es necesario la demostración de la urgencia y del daño existente o inminente que se pretende hacer cesar o prevenir; Considerando, que al rechazar la demanda en suspensión, sobre la base de que la demandante no demostró la urgencia para que se acogiera su pedimento, en desconocimiento de que la suspensión de la ejecución de una sentencia del juzgado de trabajo se suspende con el simple depósito del duplo de las condenaciones impuestas por la misma, el Juez a-quo dictó una ordenanza carente de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del

recurso; 3OC SCJ, del 7 de Julio 2004, B.J. 1124.

...el Juez a-quo en sus atribuciones de Juez de los Referimientos apreció dentro de sus facultades soberanas, que las deficiencias señaladas por el recurrente en el acto de emplazamiento instrumentado por el ministerial Carvajal, no ameritaba declararlo nulo, en razón de que en la instrucción del proceso, con la comparecencia de las partes por ante el Juez a-quo, para discutir los hechos y pretensiones contenidas en la demanda, objetivo principal de dicho acto, se deduce y es obvio así señalarlo, que en la especie no existe agravio alguno que amerite la anulación de dicho acto el cual cumplió con los objetivos perseguidos, y que la irregularidad denunciada no impidió ni dificultó la debida aplicación de la ley; Considerando, que en esta materia por la naturaleza de los intereses envueltos en el litigio el principio de “que no hay nulidad sin agravio” de carácter general y consagrado en la ley de trabajo, se impone con mayor razón por no haber demostrado la recurrente agravios serios que afecten sus intereses. En consecuencia, en la ordenanza de referencia, evidentemente no se ha violado la ley,

ni se han desnaturalizado los hechos en este aspecto; 3O C SCJ, 7 de julio 2004, B.J. 1124, Pág. 621. ...el Código de Trabajo establece un régimen especial para el referimiento, reservando la facultad de juez de los referimientos al Presidente de la Corte de Trabajo, el cual puede actuar aún en ausencia de un recurso de apelación y no al juez de primera instancia, como acontece en el derecho común; Considerando , que el artículo 95 del Reglamento No. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo

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dispone que: “Las resoluciones del Presidente de la Corte, como juez de los referimientos, pueden ser impugnadas en el término de un mes a partir de la notificación, ante la Suprema Corte de Justicia», de donde se deriva el derecho de la parte, que no esté conforme, a recurrir en casación contra una decisión de esta naturaleza, razón por la cual el medio de inadmisión carece de fundamento y debe ser desestimado”; Considerando, que en la ordenanza impugnada consta: “Que al especular en el sentido de que el Sr. Moreta Lagares sería beneficiado con la acción de la ahora parte actora es un planteamiento a priori, que debe de dilucidarse con la presencia de la parte que se juzga, o sea, que debe dársele cumplimiento al debido proceso de ley de emplear o citar a la persona contra la cual indefectiblemente la sentencia a intervenir surtirá efectos, ya sean positivos o negativos, pero que este tribunal en el estado actual de los procedimientos, no está en condiciones de examinar, por el desconocimiento voluntario de la actora del literal j), del numeral 2, artículo 8 de la Constitución de la República, en perjuicio de Rafael Moreta Lagares y RYMESA, S. A.; que es de principio que cuando en un proceso concurren varias partes y existe una indivisibilidad en el objeto del litigio y el intimante emplaza a una o varias de estas y no lo hace respecto de las demás, la acción debe ser declarada inadmisible respecto de todas las partes del proceso”; Considerando , que toda demanda que afecte los intereses de una persona debe ser dirigida contra ésta, la que debe ser emplazada a los fines que pueda defenderse de la misma, debiendo ser irrecibible cuando va dirigida contra su acreedor sin ponérsele en causa; Considerando, que todo deudor hipotecario tiene interés en la preservación de todo inmueble dado en garantía a su acreedor, por lo que toda acción que tenga por finalidad la ejecución de ese inmueble a cargo de otro acreedor no hipotecario le afecta en sus intereses, no pudiendo tomarse ninguna decisión al respecto, sin darle oportunidad a que participe en el proceso de que se trate; Considerando, que es obvio que la obligación de un emplazamiento contra un demandado está a cargo de la persona que acciona en su perjuicio, por lo que en la especie el Tribunal a-quo actuó correctamente al disponer que las recurrentes procedieran a poner en causa al señor Rafael Moreta Lagares; Considerando, que, tal como lo expresa el Juez a-quo la indivisibilidad existente entre los intereses de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda y el señor Rafael Moreta Lagares, imponía que este último fuere demandado conjuntamente con la primera, lo que al no hacer las

demandantes, dio lugar a la inadmisibilidad decretada por dicho tribunal; 3OC SCJ, 28 de julio del 2004 B.J. 1124, Pág. 781. ... en virtud del artículo 539 del Código de Trabajo las sentencias dictadas por el Juzgado de Trabajo son ejecutorias al tercer día de su notificación, salvo que la parte perdidosa deposite a consignación el duplo de las condenaciones que impone la sentencia; Considerando, que la medida que adopta el juez de los referimientos de ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia del juzgado de trabajo, mediante el depósito de una fianza, es una modalidad derivada de la interpretación del referido artículo 539, que persigue facilitar a la parte perdidosa lograr dicha suspensión, a través de una garantía, sin necesidad de inmovilizar una suma de dinero ascendente al duplo de las condenaciones; Considerando, que

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dada la naturaleza propia del proceso laboral y la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo, el cual persigue garantizar a la parte gananciosa tener acceso a los créditos derivados de su acción judicial una vez la decisión del caso sea irrevocable, sin la necesidad de tener que recurrir a un nuevo proceso de ejecución, es obvio que cuando la suspensión se cumpla a través de la prestación de una fianza, esta deba ser pagadera al primer requerimiento para impedir que el

disfrute de los créditos se retrase y de inicio a un nuevo litigio; … 3OC SCJ, 4 de agosto del 2004 B.J. 1125, Pág. 469. … el artículo 104 de la Ley No. 834, permite la modificación de una ordenanza de referimiento cuando surjan circunstancias no previstas en el momento de ser dictadas; Considerando, que de igual manera el juez de lo referimientos puede disponer la sustitución de cualquier fianza otorgada en base a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo para garantizar los créditos que se derivan de una sentencia del juzgado de trabajo, cuando con posterioridad acontezcan hechos que permitan apreciar al juez que no cumple con la finalidad que persigue el referido artículo 539, sin que ello implique una violación al principio de la irretroactividad de la ley, pues en todo caso la ejecución de dicha fianza operará hacía el futuro; Considerando, que en las consideraciones contenidas en la ordenanza impugnada no se advierten las contradicciones que le son imputadas por los recurrentes, por ser estas motivaciones lógicas y coherentes que justifican el dispositivo de la misma, el cual dispone la sustitución de la primera fianza otorgada por la Primera Oriental de Seguros, al producirse con posterioridad a la emisión de la póliza correspondiente la revocación de la licencia para operar de dicha compañía…; 3º C SCJ, 26 de mayo 2004, B.J. 1122, Pág. 843. El citado texto legal no exige ni condiciona la suspensión de la ejecución de la sentencia a que haya un principio de ejecución de la misma, pues la finalidad del depósito del duplo de las condenaciones, no es el de exclusivamente paralizar una ejecución ya iniciada, sino restituir al recurso de apelación el efecto suspensivo propio de este tipo de recurso para evitar que la continuación del proceso esté matizado con acciones ejecutorias que podrían entorpecer el conocimiento del mismo, a la vez que se garantiza a la parte gananciosa que al final del litigio tendrá a su disposición el monto de sus acreencias, sin necesidad de recurrir a la ejecución forzosa. Este criterio se encuentra robustecido en el referido artículo 539 en la parte que dispone que, “cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, ésta quedará suspendida en el estado en que se encuentre”, lo que es indicativo de que también es posible recurrir a la suspensión de la ejecución de la sentencia antes de que ésta sea iniciada. Al declarar la Corte a-qua inadmisible la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata sobre la base de que el demandado no había iniciado la ejecución de dicha sentencia, ésta incurrió en la falta de base legal, razón por la cual la misma debe ser

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casada sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. 3° C SCJ, 22 de diciembre 2004, B.J. 1129, Pág. 688. Considerando, que el artículo 667 del Código de Trabajo faculta al Juez de referimientos a prescribir las medidas conservatorias que se impongan para prevenir un daño inminente, siendo soberano en la apreciación de los hechos que determinan la urgencia en la adopción de esas medidas y el peligro en que se encuentre el crédito del impetrante de la medida; Considerando, que esas medidas pueden ser ordenadas aún cuando con anterioridad el propio Juez haya ordenado la suspensión de la ejecución de la sentencia del juzgado de trabajo que reconoce el crédito que se pretende garantizar, siempre que la suspensión haya sido ordenada sin el depósito del duplo de las condenaciones o de una fianza que constituya esa garantía y se establezca que con posterioridad haya devenido un acontecimiento que ponga en peligro el derecho del reclamante; Considerando, que en la especie el Juez a-quo, tras la ponderación de la prueba aportada apreció que el crédito que reconocía la sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís marcada con el No. 25-2003, dictada el 31 de marzo del 2003, que acogió la demanda en cobro de prestaciones laborales intentada por la señora Ana Antonia Montero Peña contra la recurrente, estaba en peligro por las intenciones de la empresa de abandonar el país y para evitar esto ordenó que la reclamante trabara medidas conservatorias para la preservación del mismo, sin que incurriera en desnaturalización alguna, al identificar y darle un alcance correcto tanto a la referida sentencia como a la ordenanza que dispuso la suspensión de su ejecución; SCJ 5 de enero del 2005, B. J. 1130. Considerando, que la disposición del artículo 539 del Código de Trabajo, en el sentido de que las sentencias del juzgado de trabajo son ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas, persigue garantizar que al final del litigio la parte gananciosa este en condiciones de acceder a sus acreencias, sin necesidad de recurrir al proceso de la ejecución forzosa, por lo que una vez cumplida esa condición resulta innecesaria y perjudicial para el deudor el mantenimiento de cualquier medida conservatoria tendente a preservar dicho crédito; Considerando, que el levantamiento de una medida conservatoria o ejecutoria dispuesto en esas circunstancias, estaría basado en la existencia de una duplicidad de garantía, innecesaria a los fines de preservar los derechos del acreedor, y no en la discusión de esos derechos, lo que le otorga facultad al juez de referimientos para disponer el mismo; Considerando, que en la especie, si bien el Juez a-quo incurre en el error de afirmar que el embargo retentivo constituye una medida de ejecución para cuya realización el ejecutante tiene que esperar que transcurran tres días a partir de la notificación de la sentencia que sirve de sustento a dicho embargo y no una medida con-servatoria, como efectivamente es, para lo cual no es necesario que la parte que la efectúa notifique previamente dicha sentencia, lo que puede hacerse

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conjuntamente con la adopción de dicha medida conservatoria, el mismo no hace a la ordenanza impugnada susceptible de ser anulada, en razón de que al margen del mismo, dicha ordenanza contiene motivos pertinentes y suficientes que justifican su dispositivo, al disponerse el levantamiento del embargo retentivo practicado por la recurrente a la recurrida, sobre la base de que esta ultima había depositado previamente el duplo de las condenaciones de la sentencia que sirvió de base a dicha medida… 3ºC SCJ, 2 de febrero 2005, B. J. 1131, Pág. 434.

Considerando, que la recurrente solicitó al Presidente de la Corte a-qua, en su calidad de Juez de los Referimientos que ordenara la suspensión de la sentencia dictada por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 30 de enero del 2003, que contenía condenaciones, que a la luz de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, son exigibles al tercer día de haberse notificado la misma, que esa solicitud fue satisfecha por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional en sus ya indicadas atribuciones, mediante la Ordenanza hoy recurrida, y que ordenaba el depósito del duplo de las condenaciones en el Banco Popular Dominicano; Considerando, que el salario y los créditos derivados del contrato de trabajo, así como las acciones encaminadas a hacer valer dicho derecho deben recibir la más amplia protección de los organismos del estado, para asegurar una sana convivencia social, tal y como lo prevé la Constitución de la República y los Principios Fundamentales del Código de Trabajo; Considerando, que la actuación del Juez a-quo se ajusta en forma correcta a las disposiciones del ya indicado artículo 539 del Código de Trabajo, siendo potestativo del Magistrado apoderado ponderar la situación económica del solicitante, con el propósito de garantizar las prestaciones e indemnizaciones laborales contenidas en la sentencia de primer grado, que dentro de ese abanico de posibilidades de que puede hacer uso el Juez de los Referimientos ante una solicitud de la naturaleza que ha dado origen a esta decisión, se encuentra la de ordenar la suspensión, previo depósito del duplo de las condenaciones contenidas en la sentencia, en una entidad bancaria de reconocida solvencia económica u ordenar una fianza expedida por una compañía de seguros de las que operan en forma calificada en el territorio nacional, o la prestación de una garantía real que asegure plenamente el crédito del trabajador, pero bajo el entendido de que la elección de una de estas medidas deberá ser determinada por el Juez de los Referimientos, de conformidad con la percepción que el mismo tenga sobre cual de estas medidas garantizara mas eficazmente el crédito del trabajador, y esta decisión tomada dentro de este marco legal, 3ºC SCJ 9 de febrero 2005, B. J. 1131, Pág. 478. Considerando, que ha sido criterio de esta Corte, que el Juez Presidente de la Corte de Trabajo en funciones de juez de referimientos puede ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo, sin necesidad de exigir el depósito del duplo de las condenaciones, cuando advierte que en la sentencia cuya ejecución se pretende ejecutar se ha incurrido en un error grosero, en un exceso de poder o una violación al derecho de defensa de la demandante en

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referimiento; Considerando, que asimismo esa suspensión se puede ordenar sin dicho depósito, cuando el juez de referimiento advierte que la parte gananciosa ha recibido a satisfacción el pago de los créditos consignados en la sentencia cuya suspensión se persigue; Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo dio por establecido que al dictarse la sentencia cuya suspensión se perseguía, el tribunal incurrió en un error grave al no ponderar que los demandantes otorgaron descargo a la demandada por haber recibido los valores reclamados, lo que justificó la suspensión decretada por dicho tribuna, sin necesidad de ordenar el deposito del duplo de las condenaciones; 3ºC SCJ 23 de febrero 2005, B. J. 1131, Pág. 672.

Considerando, que si bien, para el juez del referimiento ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia de un juzgado de trabajo, al tenor de las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, no tiene que exigir la demostración de que la ejecución de dicha sentencia ocasionaría un daño irreparable, siendo suficiente para ello que condicione la suspensión al depósito del duplo de las condenaciones, lo que se puede hacer a través de la modalidad de una garantía personal o fianza judicial, si la demanda en suspensión esta basada en el artículo 667 del Código de Trabajo, el demandante debe hacer esa prueba; 3ºC SCJ, 11 de mayo 2005, B. J. 1134, Pág. 750. Considerando, que los señalamientos de la recurrente en su memorial de casación contra la sentencia que decidió el fondo de h demanda cuya suspensión fue solicitada al Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de juez de los Referimientos, no corresponde a este conocer de los hechos alegados por las pretensiones de las partes respecto del fondo del asunto y que son propias de la jurisdicción del fondo, por lo que procede desestimar sus argumentaciones en lo que se refiere a sustanciar e instruir por el Juez de los Referimientos los términos de su demanda originaria de la litis, puesto que este ultimo solo conoce de medidas urgentes que no colidan con el fondo del asunto; Considerando, que en la especie, el Juez a-quo actuó de acuerdo a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, acogiendo la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el 26 de marzo del 2003, elevada por los actuales recurrentes a condición de que estos en su condición de demandantes ante el Juez de los Referimientos y parte sucumbiente ante el tribunal de primer grado prestaran una fianza por el duplo de las condenaciones impuestas por dicha sentencia, tal como lo demanda el referido artículo 539, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley… 3ºC SCJ, 18 de mayo 2005, B. J. 1134, Pág. 838. Considerando, que de acuerdo al artículo 539 del Código de Trabajo, las sentencias de los juzgados de trabajo son ejecutorias a partir del tercer día de su notificación, salvo que la parte perdidosa haga la consignación del duplo de las condenaciones; Considerando, que la obligación de los jueces de pronunciarse sobre las

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conclusiones de las partes, no significa que deban acoger las mismas, sino que es de derecho decidir sobre los pedimentos contenidos en ellas, ya fuere acogiéndolas o desestimándolas; Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo, decidió sobre las conclusiones que le fueron formuladas por ambas partes, acogiendo el pedimento de suspensión de ejecución hecho por la actual recurrente, pero al mismo tiempo fijando el monto de la fianza que debía prestar esa parte para lograr su objetivo, tal como lo solicitó el ahora recurrido y lo establece el referido artículo 539 del Código de Trabajo, con lo que dando así cumplimiento a la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados. 3ºC, SCJ, 15 de junio 2005, B. J. 1135, Pág. 1080. Considerando, que un vez cumplido el depósito en cualquiera de las modalidades arriba indicadas, (consignación en Impuestos Internos, bancaria o fianza) el mantenimiento de una medida conservatoria que mantenga paralizados bienes de la parte que la ha formalizado se convierte en el mantenimiento de una doble garantía que produce una turbación ilícita y que como tal puede ser ordenada su cesación por el Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de juez de los referimientos; 3ºC SCJ, 22 de junio 2005, B. J. 1135, Pág. 1121.

Considerando, que la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo, al declarar que las sentencias del juzgado de Trabajo son ejecutorias al tercer día de su notificación, salvo cuando la parte perdidosa ha hecho el deposito del duplo de las condenaciones, es la de garantizar que la parte gananciosa pueda ejecutar su crédito una vez haya concluido el litigo, por lo que una vez se haya hecho ese deposito el juez de los referimientos puede ordenar el levantamiento de cualquier

medida conservatoria o de ejecución que se haya iniciado contra el deudor; 3OC SCJ, 24 de agosto 2005, B.J.1137, Pág. 1779. Considerando, que la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo, al disponer que las sentencias de los juzgados de trabajo son ejecutorias después del tercer día de su notificación, salvo el deposito del duplo de las condenaciones por la parte que haya sucumbido, es garantizar que al final del litigio la parte gananciosa este en condiciones de acceder a sus acreencias, sin necesidad de recurrir al proceso de la ejecución forzosa, de donde se deriva que una vez establecida esa garantía, el juez de los referimientos este en capacidad de ordenar el levantamiento de cualquier medida conservatoria ejercida a esos fines, pues su mantenimiento no obstante el cumplimiento de la garantía dispuesta por el indicado artículo genera la existencia de una doble garantía para un mismo crédito y crea una turbación

ilícita para la parte afectada; 3OC SCJ, 21 de septiembre 2005, B.J.1138, Pág. 1411. … que del estudio de la ordenanza impugnada y de los documentos que integran el expediente no se advierte que el Tribunal a-quo haya dado oportunidad a la recurrente de pronunciarse sobre la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia de primer grado y el levantamiento de un embargo ejecutivo trabado por el reclamante en virtud de dicha sentencia, lo que debió hacer al momento de reservarse el fallo del incidente para fallarlo conjuntamente con el fondo o de una

audiencia que debió fijar nuevamente para rechazar el mismo,… 3OC SCJ, 28 de

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septiembre 2005, B.J.1138, Pág. 1569. Considerando, que no corresponde al Juez contra quien se ha formulado recusación decidir la suerte de la misma para dar continuidad al conocimiento del asunto del que se encuentra apoderado; que tal como se evidencia en el examen de la ordenanza impugnada la Suprema Corte de Justicia se encontraba apoderada la referida reacusación realizada por los hoy recurrentes y, en esas circunstancia se imponía al Juez a-quo sobreseer el conocimiento del asunto bajo su examen hasta tanto este tribunal decidiera la suerte de dicha reacusación y no decidirla él, como

lo hizo,… 3OC SCJ, 21 de octubre 2005, B.J.1139, Pág. 1576.

Considerando, que ha sido criterio sostenido de esta Corte de casación, que la indexación de la moneda se genera en el momento en que se va a producir el pago de las condenaciones de una sentencia y no en el momento en que esta se dicta, pues la finalidad de esta es enfrentar la variación que ha tenido la moneda entre el momento en que se inicia la demanda y aquel en que se van a hacer efectivos los derechos que esa demanda ha producido, siendo criterio además de esta Corte, que dada la finalidad de la disposición del artículo 537 del Código de Trabajo en ese sentido, importa poco que el tribunal haya omitido pronunciare sobre la referida indexación, por ser la misma de interés publico, que lo impone la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser

desestimados. 3OC SCJ, 26 de octubre 2005, B.J.1139, Pág. 1579.

… un contrato de fianza que obligara a la compañía aseguradora a pagar el monto de la póliza al primer requerimiento; Considerando, que esa decisión a quién podría afectar es a la compañía aseguradora, la que se vería obligada a ejecutar la fianza al primer requerimiento, sin antes exigir el pago al actual recurrente, lo que obviamente va en beneficio de éste último, razón por la cual el carece de interés para recurrir la ordenanza de que

se trata, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible; 3OC SCJ, 26 de octubre 2005, B.J. 1139, Pág. 1665. Considerando, que frente a la inasistencia de una parte a la celebración de una audiencia, el tribunal apoderado esta en la obligación de verificar la regularidad del acto de citación, para determinar el cumplimiento del mandato constitucional arriba indicado; Considerando, que un acto de citación donde se indique que la persona a quien va dirigido dicho acto, debe de asistir a un lugar ubicado en una dirección distinta de donde se va a celebrar la audiencia para la cual se le convoca, no cita debidamente a esa persona y en consecuencia, la audiencia no puede ser celebrada sin su presencia o la de su representado; Considerando, que del estudio de la ordenanza impugnada y el acto No. 12-2004, diligenciado el 13 de septiembre del 2004, por Ariel Paulino, Alguacil Ordinario de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, se advierte que el recurrente me citado a comparecer por ante el Magistrado Juez Presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Municipio Este, situada en la calle Charles de Gaulle No. 4, de esa

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ciudad; Considerando, que como en la ordenanza impugnada se hace constar que la Jurisdicción del Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, en sus atribuciones de referimientos en materia laboral, celebra sus audiencias en la primera planta de la casa marcada con el No. 3 de la avenida Charles de Gaulle, Los Trinitarios, es evidente que dicho recurrente no fue citado debidamente para comparecer a la audiencia de que se trata, lo que obligaba al Juez a-quo, frente a la inasistencia del demandado a disponer la cancelación del rol de audiencia o disponer el reenvío de la misma, a fin de que se hiciera la citación correctamente, por lo que al no hacerlo, violó su derecho de defensa, al privársele de la oportunidad de presentar sus reparos, razón por la cual la ordenanza impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar

los demás medios del recurso; 3OC SCJ, 30 de noviembre 2005, B.J. 1140, Pág. 1867. Considerando, que las decisiones que adopta el juez de los referimientos son de carácter provisional, por lo que no hay ningún impedimento para que este juez sea apoderado en mas de una ocasión para adoptar una decisión, sobre un aspecto que anteriormente había sido denegado o acogido, si con posterioridad al primer fallo surgen las condiciones que exige la ley para que se dicte una medida de esta naturaleza; Considerando, que por demás en la especie, tal como lo expresa la sentencia impugnada, se trato de acciones que tenían objetivos distintos, pues la primera decisión adoptada por el Juez a-quo produjo la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida en apelación, mientras, que la ordenanza, cuyo recurso de casación se discute, decidió un pedimento de suspensión de la venta de muebles embargados a la actual recurrida, razón por la cual el medio examinado carece de

fundamento y debe ser desestimado; 3OC SCJ, 30 de noviembre 2005, B.J. 1140, Pág. 1813. Considerando, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción que corresponde cuando la notificación del memorial a la recurrida no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido código debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio; Considerando, que del estudio de las piezas que componen el expediente abierto en ocasión del presente recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 13 de junio del 2005 y notificado a la recurrida el 22 de junio del 2005, por acto No. 1288-05, diligenciado por Faustino Arturo Romero Tavárez, Alguacil Ordinario de la Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual

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debe declararse su caducidad; 3OC SCJ, 14 diciembre 2005, B.J. 1141, Pág. 1304.

Considerando, que el artículo 480 del Código de Trabajo atribuye competencia a los juzgados de trabajo para conocer de las demandas que se establecen entre empleadores y trabajadores, con motivos de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo, o de la ejecución de contratos de trabajo y de convenios colectivos de condiciones de trabajo, así como de los asuntos ligados accesoriamente a esas demandas; Considerando, que la competencia que se otorga a los tribunales de trabajo para conocer de los asuntos ligados accesoriamente a las demandas laborales, está cónsono con el interés del legislador de que todo lo que en modo alguno se vincule a una relación laboral y las decisiones que emanan de la jurisdicción laboral sean competencia de esos tribunales y conocidos mediante el procedimiento laboral, por estar éste dotado de la simplicidad, celeridad y liberación de tasas e impuestos que la naturaleza de los conflictos laborales y la condición económica de sus actores requieren; Considerando, que un asunto se considera accesorio a una de las demandas cuyo conocimiento corresponde al juzgado de trabajo conocer, cuando está íntimamente vinculado a una acción ejercida o por ejercer, o cuando el mismo se deriva de la existencia de un contrato de trabajo o procura preservar derechos surgidos de la ejecución de este tipo de contrato, aún cuando una de las partes no haya tenido la condición de empleador o de trabajador, pero la acción que se ejerce afecta esos derechos; Considerando, que si bien la demanda en daños y perjuicios, aun cuando se deriva de una acción principal está sometida a los procedimientos ordinarios del proceso laboral y no corresponde su competencia al juez de la ejecución, cuando ella se lleva de manera accesoria a una dificultad o contestación de un procedimiento ejecutorio, como es la ejecución de una fianza o la negativa de un tercero a entregar valores embargados retentivamente, el juez que dictó la sentencia que ha resultado afectada por los hechos en que se fundamenta la demanda en daños y perjuicios es el competente para conocer del asunto; Considerando, que en la especie el demandante original y actual recurrente procura la reparación de daños y perjuicios que alegadamente le ha ocasionado la recurrida al no obtemperar con la exigencia de la entrega de los valores embargados en sus manos, propiedad de la empresa Holanda Dominicana, en ejecución de una sentencia laboral que adquirió la autoridad de la cosa juzgada, lo que hace que dicha demanda esté vinculada estrechamente a dicha ejecución, de la cual constituye un accesorio y como tal de la competencia del juez de la ejecución, tal como lo decidió la Corte a-qua, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Recurso incidental Considerando, que como en el desarrollo del medio de casación propuesto, el recurrente incidental alega que la jurisdicción laboral no es competente para conocer de la acción ejercida por el reclamante original Eusebio Germán al

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considerar que la competente es la jurisdicción civil, lo cual es contradicho por las motivaciones que da esta sentencia para rechazar el recurso principal y reconocer la competencia del Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional para el conocimiento de la demanda de que se trata, procede rechazar el recurso

incidental en base a las consideraciones más arriba expuestas; 3OC SCJ, 18 de enero 2006, B. J. 1142, Pág. 992. Considerando, que de acuerdo con el artículo 539 del Código de Trabajo la suspensión de las sentencias de los juzgados de trabajo en materia de conflictos de derechos pueden ser suspendidas con la consignación de una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas; Considerando, que los jueces apoderados de una demanda en suspensión de la ejecución de una sentencia tienen la discrecionalidad para establecer la modalidad del depósito del duplo de las condenaciones, teniendo facultad de disponer la garantía a prestar y la institución en que se deba hacer el correspondiente depósito, cuando se trate de una suma en efectivo, ya fuere en una Colecturía de Rentas Internas o en un Banco, siempre que salvaguarde la finalidad del artículo 539 del Código de Trabajo, la cual es permitir facilitar el cobro de las acreencias derivadas de las sentencias, cuando estas tienen la autoridad de la cosa juzgada, sin tener que recurrir a las ejecuciones forzosas, traumáticas para ambas partes; Considerando, que en la especie, el Juez a-quo cumplió con los preceptos legales vigentes al disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia de que se trata y ordenar el depósito en una institución bancaria escogida por él, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de

fundamento y deben ser desestimados. 3OC SCJ, 25 de enero 2006, B. J. 1142, Pág. 1101. Considerando, que si bien el Presidente de la Corte de Trabajo, actuando como juez de referimientos, puede ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por el juzgado de trabajo, sin el depósito del duplo de las condenaciones que contenga dicha sentencia, cuando aprecie que en la misma se incurrió en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, se trata de una facultad que es utilizada discrecionalmente por el juez, quien no obstante esas consideraciones puede disponer que para lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia de que se trate, el demandante en suspensión cumpla con el mandato del referido artículo 539 del Código de Trabajo; Considerando, que en la especie, al disponer el Tribunal a-quo que el recurrente depositara el monto de una suma de dinero como garantía para lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada el 21 de septiembre del 2001 por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por ella solicitada, no hizo más que dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, para lo cual dio los motivos pertinentes, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en

consecuencia, rechazado el presente recurso. 3OC SCJ, 8 de febrero 2006, B. J.

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Inédito. Considerando, que los vicios que se presentan en un recurso de casación deben estar dirigidos contra la sentencia que se impugna y no contra la dictada por el tribunal de primera instancia, por lo que el medio examinado debe ser declarado inadmisible en vista de que atribuye faltas a una sentencia que no es contra la que va dirigido el recurso de casación, vicio que por demás no pudo haber incurrido el Tribunal a-quo por haber sido el actual recurrente quien demandó y emplazó ante

dicho tribunal; 3OC SCJ, 15 de febrero 2006, B. J. Inédito.

Considerando, que de acuerdo con el artículo 539 del Código de Trabajo para la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por un juzgado de trabajo en materia de conflictos jurídicos, es necesario que la parte que haya sucumbido consigne una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas; Considerando, que si bien el Presidente de la Corte de Trabajo actuando como Juez de los Referimientos, puede ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por el juzgado de trabajo, sin el depósito del duplo de las condenaciones que contenga dicha sentencia, cuando aprecie que en la misma se incurrió en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, se trata de una facultad que es utilizada discrecionalmente por el juez, quién no obstante esas consideraciones puede disponer que para lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia de que se trate, el demandante en suspensión cumpla con el mandato del referido artículo 539 del Código de Trabajo; Considerando, que aún cuando la consignación de una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas es suficiente para lograr la suspensión de la ejecución de una sentencia del juzgado de trabajo, la utilización de la vía del referimiento resulta útil para el establecimiento de la modalidad de esa consignación la cual puede hacerse a través del depósito de una garantía personal o de otra índole, pero en forma alguna implica que el juez de los referimientos deba aceptar las condiciones ofrecidas por el demandante para que se produzca

dicha suspensión; 3OC SCJ, 15 de febrero 2006, B. J. Inédito.

Considerando, que en virtud de los artículos 640 y 642 del Código de Trabajo, el recurso de casación se interpone mediante un escrito depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia, que contendrá los medios en los cuales se funda el recurso, así como los fundamentos en que se sustentan las violaciones de la ley alegados por los recurrentes, formalidad sustancial para la admisión del recurso de casación; Considerando, que para cumplir con el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales y de los principios jurídicos cuya violación se invoca; que es indispensable además, que los recurrentes desarrollen, aunque sea de una manera sucinta, en el memorial introductivo del recurso, los medios en que lo fundan y que expliquen en que consisten las violaciones de la ley y de los principios jurídicos invocados, lo que no ha ocurrido en la especie, pues los recurrentes no han motivado su recurso, ni han explicado en el memorial introductivo en que consisten las violaciones por ellos alegados por tanto la

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Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, se encuentra imposibilitada de conocer el recurso de que se trata; que en consecuencia procede declarar su

inadmisibilidad; 3OC SCJ, 22 de febrero 2006, B. J. Inédito.

Considerando, que el artículo 539 del Código de Trabajo dispone que las sentencias del Juzgado de Trabajo son ejecutorias al tercer día de su notificación, salvo que la parte perdidosa deposite en consignación el duplo de las condenaciones; Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo dio cumplimiento a esa disposición legal al ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el 27 de septiembre del 2002, previo depósito en el B. de R. de la República Dominicana de la suma de Ochenta y Siete Mil Trescientos Diecisiete Pesos con 64/00 (RD$87,317.64), suma que constituye el duplo del monto de Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos con 82/00 (RD$44,658.82), que es a cuanto ascienden las condenaciones impuestas a la recurrente por dicha sentencia, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes, razón por la cual los medios examinados carecen

de fundamento y deben ser desestimados. 3OC SCJ, 8 de marzo 2006, B. J. Inédito.

Considerando, que del estudio de la ordenanza impugnada y de los documentos que integran el expediente se advierte que los actuales recurridos apoderaron al Juez a-quo, para que en su condición de juez de referimientos dispusiera Ala suspensión de la venta en pública subasta referente al proceso verbal de embargo ejecutivo marcado con el No. 44-2005, de fecha 19 de enero del 2005; Considerando, que sin embargo, la sentencia impugnada califica la acción ejercida por los recurridos, de manera indistinta, como una demanda en nulidad de embargo ejecutivo y como una demanda en distracción, adoptando una decisión en la que decide sobre la propiedad de los efectos embargados y ordena la entrega de los mismos a quienes estiman son sus propietarios; Considerando, que igualmente se advierte que el Juez a-quo altera los hechos procesales, desnaturalizándolos, al indicar que la demanda en nulidad de embargo ejecutivo fue introducida mediante acto No. 2 del 3 de febrero del 2005, el cual no es más que un acto de citación y de notificación de los documentos que los demandantes harían valer en apoyo de sus pretensiones, precisadas en el escrito introductorio de la demanda, depositado el 25 de enero del 2005, en la secretaría del tribunal, al tenor del artículo 508 del Código de Trabajo; Considerando, que todo esto constituye el vicio de desnaturalización de los hechos y de falta de base legal, razón por la cual la ordenanza impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso; Considerando, que cuando la ordenanza es casada por faltas procesales puestas a cargo de los jueces, como es la falta de base legal, las costas pueden ser

compensadas; 3OC SCJ, 22 de marzo 2006, B. J. Inédito.

Considerando, que el embargo retentivo en su primera etapa es una medida conservatoria que puede ser trabado por todo aquel poseedor de un título auténtico que contenga crédito en su favor, sin necesidad que fuere ejecutorio y sin

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importar, si se tratare de una sentencia judicial, de que esté sometida a los efectos de una suspensión; Considerando, que el artículo 12 de la Ley No. 3726, declara la suspensión de la ejecución de toda sentencia recurrida en casación, desde el momento en que al recurrido se le notifica una instancia en suspensión de ejecución de dicha sentencia, pero en modo alguno impide la realización de un embargo retentivo, mientras este se mantenga en su fase preparatoria, por lo que el hecho de que el mismo se efectúe no obstante la formulación de un pedimento de suspensión al tenor del referido artículo 12, no constituye una turbación ilícita que pudiere ser levantada por el juez de referimiento; Considerando, que si bien este Juez puede ordenar el levantamiento de un embargo retentivo cuando el deudor ha depositado una garantía del crédito adeudado por ser esta suficiente para la preservación de dicho crédito, no puede hacerlo por el solo hecho de que la sentencia que sirve de soporte a dicho embargo esté sometida a un proceso de suspensión de su ejecución; Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo ordenó el levantamiento del embargo retentivo trabado por el recurrente en base a la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 28 de abril del 2005, bajo el fundamento de que contra la misma la recurrida había solicitado la suspensión hasta tanto se conociera el recurso de casación por ella intentado, lo que convertía dicho embargo en una turbación ilícita, y constituye una errónea interpretación del artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, que deja la ordenanza impugnada carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser

casada; 3OC SCJ, 19 de abril 2006, B. J. Inédito.

Considerando, que es privativo del juez presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de Juez de los Referimientos apoderado de una demanda en suspensión de ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo, disponer que para lograr tal suspensión el impetrante deposite una fianza que garantice el cumplimiento de la sentencia cuando ésta se haga irrevocable, pero en modo alguno constituye una violación a la ley la decisión de que para la suspensión de la ejecución, el interesado deposite el duplo de las condenaciones, pues con la misma se da acatamiento también el referido artículo 539 del Código de Trabajo, que declara ejecutora dicha sentencia a contar del tercer día, salvo cuando se haga ese depósito, para lo cual el juez no tiene que tener la aceptación de la parte contra quien va dirigida la demanda en suspensión; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal a-quo dio cumplimiento a la normativa legal comentada al disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia solicitada por la recurrente, previo depósito del monto del duplo de las condenaciones impuestas por ésta en un banco comercial, para lo cual da motivos suficientes y pertinentes, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

3OC SCJ, 17 de mayo 2006, B. J. Inédito. Considerando, que cuando una persona resulta afectada con un embargo ejecutivo

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dirigido contra un deudor del ejecutante, pero sobre los bienes muebles de su propiedad, tiene el derecho a demandar en distracción ante el juez que dictó la sentencia que se pretende ejecutar, quién hace las veces de juez de la ejecución, a los fines de demostrar su calidad de propietario y obtener el levantamiento de la medida ejecutoria o la exclusión de sus bienes; Considerando, que la facultad que le otorga el artículo 666 del Código de Trabajo al Presidente de la Corte para ordenar en referimiento cualquier medida en los casos de ejecución de sentencia, está circunscrita a aquellas que no colidan con ninguna contestación seria o que se justifiquen por la existencia de un diferendo, siempre con un carácter provisional, lo que no ocurre cuando la medida que se solicita se basa en la discusión sobre el derecho de propiedad del bien embargado; Considerando, que el impedimento del Juez de los Referimientos para ordenar el levantamiento de un embargo ejecutorio, cuando hay disputa sobre la calidad de la persona afectada por el embargo, no desaparece por el hecho de que el ejecutante haya fijado la fecha para proceder a la venta en pública subasta del bien embargado, pues en este caso el juez debe limitarse a suspender dicha venta hasta tanto sea decidida la demanda en distracción; Considerando, que en la especie, el Juez a-quo ordenó el levantamiento del embargo ejecutivo trabado por el recurrente sobre el vehículo placa No. L019281, que a su juicio es propiedad del señor J. F. S. C., al considerar que el mismo no es acreedor del embargante y que por haber estado fijada la venta del mismo en pública subasta, se le había producido una turbación ilícita que le generaría daño con la consumación de la misma, lo que constituye un desbordamiento de sus facultades como Juez de los Referimientos, por las razones arriba apuntadas, razón por la cual la ordenanza impugnada carece de base legal y debe ser casada, sin

necesidad de examinar los demás medios del recurso; 3OC SCJ, 24 de mayo 2006, B. J. Inédito. Demanda en sustitución de garantías. Objeto. La finalidad del articulo 539 del Codigo de Trabajo, al disponer que para la suspensión de la ejecución de una sentencia del Juzgado de Trabajo, es necesario el deposito del duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia, es garantizar que al termino del litigio la parte gananciosa asegure el cobro de sus acreencias, sin correr el riesgo de una insolvencia que impida la ejecución de la sentencia que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente. Esa finalidad se cumple cuando el deposito se hace en efectivo en una colectaría de Impuestos Internos, en un banco comercial o mediante el deposito de una fianza otorgada por una compañía de seguros de las establecidas en el país, de suficiente solvencia económica. Una vez cumplido el deposito en cualquiera de las modalidades arriba indicadas, el mantenimiento de una medida conservatoria o ejecutoria que mantenga paralizados bienes de la parte que la ha formalizado se convierte en el mantenimiento de una doble garantía que produce una turbación ilícita y

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que como tal puede ser ordenada su cesación por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo, en funciones de Juez de Referimientos. En la especie, el Juez a-quo dio por establecido que la actual recurrida deposito en el Banco Popular Dominicano el duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia que procuraba ejecutar el recurrente, lo que no es discutido por este, con lo que se cumplió la finalidad del articulo 539 del Código de Trabajo y torno en turbación ilícita el mantenimiento del embargo ejecutivo practicado en perjuicio de la demandada.

3OC SCJ, 14 de junio 2006, B. J. 1147, Págs. 1577-1582. AUTO DE EVALUACIÒN DE FIANZA. NATURALEZA JUDICIAL-ADMINISTRATIVA. RECURSO DE CASACION ANADMISIBLE. El recurso de casación dirigido contra el auto de evaluación de fianza admitida, dictado por el Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en funciones de Juez de los referimientos, que admite el original de la fianza depositada por la recurrida, como garantía del duplo de las prestaciones laborales contenidas en la sentencia cuya ejecución fue suspendida; el referido auto no tiene categoría de una sentencia definitiva, sino de una resolución de carácter administrativo, que como tal no es susceptible del recurso de casación, razón por la cual el recurso es inadmisible. B. J. 1094, Páginas 617-621