defensorÍa de los habitantes de la repÚblica informe de … · 2019-02-19 · defensorÍa de los...

Dirección General de Presupuesto Nacional

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), es un órgano auxiliar del Poder

Legislativo, responsable de proteger a las y los habitantes frente a las acciones y omisiones del

Sector Público, por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e

intereses. Su fin es entonces, velar porque el sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y

ético, mediante el control de la legalidad, la moralidad y la justicia de su actividad administrativa, de

forma que los derechos e intereses de los y las habitantes siempre estén protegidos.

Con ese propósito, la divulgación y promoción de los derechos humanos es una acción necesaria

para que la participación comunitaria se convierta en un factor fundamental de cambio; razón por la

que se han desarrollado una serie de proyectos con la asistencia de cooperación internacional,

para rescatar y fortalecer el principio de que los y las habitantes no sean receptores pasivos de los

servicios de la institución, sino protagonistas de un proceso de lucha cívica por los derechos, bajo

la premisa de que el mejor defensor de los habitantes es el mismo habitante.

http://www.hacienda.go.cr/


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2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 2018, con

ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280).

Cuadro 1

Defensoría de los Habitantes de la República Ejecución del Presupuesto 2018 por clasificación objeto del gasto

Al 31 de diciembre 2018 (en millones de colones)

Fuente: Módulo de Poderes

¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2018. ² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2018. ³Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

El cuadro anterior muestra el nivel de ejecución presupuestario alcanzado por la Defensoría de los

Habitantes de la República para el ejercicio económico 2018, siendo un 89,8%, lo que

corresponde a una ejecución del 2% menos que el año 2017 (91,8%).

PartidaPresupuesto Inicial

2018

Presupuesto Actual

2018

Presupuesto Ejecutado

2018

Porcentaje de

Ejecución

TOTAL 6.361,0 6.172,8 5.543,2 89,8%

Recurso Externo - - -

SUBTOTAL 6.361,0 6.172,8 5.543,2 89,8%

Remuneraciones 5.493,0 5.283,6 4.764,5 90,2%

Servicios 553,2 518,2 442,7 85,4%

Materiales 48,6 52,9 49,8 94,3%

Intereses - - -

Activos Financieros - - -

Bienes Duraderos 154,0 169,0 161,1 95,3%

Transf Corrientes 112,2 149,0 125,2 84,0%

Transf de Capital - - - -

Amortización - - - -

Cuentas Especiales - - - -



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De conformidad con los datos del cuadro anterior, se considera relevante para el análisis del

comportamiento de la ejecución presupuestaria de la entidad, las partidas que presentan una

ejecución menor al 90%, que son las siguientes:

Servicios:

Presenta un porcentaje promedio de ejecución 2016-2018 de un 88,4%, siendo el 2018 el que

presenta una menor ejecución, 3,5% menos que el periodo 2017.

2016 2017 2018

90,9% 89,1% 85,4%

Los factores que incidieron en la ejecución, según indica la institución, son los siguientes:

No gestionó el Proyecto Sistema de Gestión de Contenido Documental, para el que se

presupuestó Ȼ90.0 millones; en razón de que el Jerarca determinó y comunicó "no

continuar con dicho proceso licitatorio del Sistema de Defensa", decisión que se

fundamenta en una valoración de riesgos realizada por el Jerarca y sometida a

conocimiento de la Asesoría Legal de la institución, la cual concluyó que: "sacar a licitación

dicho proyecto resulta un riesgo inminente de incumplimiento contractual para la

administración"; por lo tanto, el Jerarca ordenó "reformular el proyecto para que el mismo

sea viable y se superen los aspectos especificados" y redirigir los recursos a otras

necesidades institucionales.

Se restringió el uso de recursos de gastos de viaje y de transporte, dentro y fuera del país.

Los organismos internacionales, aportaron los gastos de los funcionarios, en aquellas

actividades a las que asistieron, lo que generó un remanente en gastos de viaje y de

transporte.

Se presentó un incumplimiento por parte del contratista encargado de la remodelación de

la oficina del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que afectó en un 17% el

gasto en mantenimiento de edificios y locales.



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En relación con lo anterior, la institución indica que tomó acciones durante el periodo, para redirigir

los recursos no utilizados, dentro de lo programable, hacia otras subpartidas de gasto que lo

requirieran; como resultado de lo anterior, se aplicaron rebajas en la partida, que se utilizaron para

la atención de gastos en servicios públicos, la inversión en bienes duraderos (4 vehículos, entre

otros), así como para contribuir con ¢25,0 millones a la propuesta de rebaja planteada por la

institución por un total de ¢188,2 millones, en respuesta a solicitud del Ministerio de Hacienda, que

tenía como propósito amortizar la deuda a corto plazo del gobierno. No obstante lo anterior, no fue

posible canalizar todos los recursos sobrantes, quedando en la partida un remanente que no pudo

ser utilizado.

Transferencias corrientes:

Alcanzó un porcentaje promedio de ejecución 2016-2018 de 87,1%. Siendo el 2018 en el que

obtuvo la menor ejecución, un 3,5% menos que en el 2017 y un 5,9% menos con respecto al

2016.

2016 2017 2018

89,9% 87,5% 84,0%

Los factores que incidieron en su ejecución para 2018, son los siguientes:

Se tenía programado la cancelación de las prestaciones legales a un funcionario; sin

embargo, el mismo se mantuvo en la institución, lo que generó un remanente que afectó la

ejecución de la partida, por cuanto el mayor porcentaje de recursos presupuestados estaba

programado para el pago de Prestaciones legales.

Otro factor que incidió es que se presupuestó una previsión para el pago de incapacidades,

que resultó casi el doble de lo ejecutado (¢21.95 millones vrs ¢11.8.0 millones). Al

respecto, la institución indica que esta subpartida no es programable y que debe disponer

de recursos suficientes para atender las obligaciones que surjan.



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En relación con los factores que incidieron en la ejecución de esta partida, la institución indica que

la acción correctiva será orientar los recursos remanentes, dentro lo programable, hacia otras

subpartidas que lo requieran. Sin embargo, no señala responsables, ni establece plazos de

implementación.

Modificaciones presupuestarias tramitadas:

La Defensoría de los Habitantes de la República durante el 2018 tramitó, cuatro modificaciones

programadas al presupuesto institucional, según lo establecido por el Ministerio de Hacienda, una

modificación para atender compromisos no devengados y una modificación legislativa, por un total

de ¢332.785.864,22. El siguiente detalle corresponde a las modificaciones efectuadas:

Decreto 40.904-H. Traslado de recursos por ¢34.844,22; para atender los compromisos no

devengados al 31 de diciembre 2017.

Decreto 40.995-H. Traslado de recursos por ¢50,5 millones para reforzar los recursos de

algunas subpartidas, para el pago de prestaciones legales, el aporte estatal a la Caja

Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), la adquisición de bienes duraderos (sillas,

mobiliario oficina, destructora de papel, entre otros) y la Asociación Solidarista de

Funcionarios Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes (ASOFUNDE).

Decreto 41.191-H. Traslado de recursos por ¢34,9 para para reforzar los recursos de

algunas subpartidas, para el pago de Servicios de Clima Organizacional, la construcción de

un Plan Estratégico de Seguridad de Información, servicios de correo certificado,

prestaciones legales y el aporte estatal a la C.C.S.S.

Decreto 41.224-H. Traslado de recursos por ¢13.400.000,00. Ajustes para el pago de

servicios de agua y alcantarillado, municipales y de la plataforma SICOP, entre otros.

Decreto 41.405-H. Traslado de recursos por ¢ 45.576.643,00, aplicados al pago de horas

extras de los choferes, la Asociación Solidarista de Funcionarios y Funcionarias de la

Defensoría de los Habitantes (ASOFUNDE), los Servicios básicos (agua,



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telecomunicaciones y otros), el uso de la plataforma SICOP, compra de materiales y

suministros, equipo y mobiliario de oficina, pago a practicantes, entre otros.

Ley Nos. 9406. Incluye una rebaja total de ¢188,2 millones, en atención a solicitud del

Ministerio de Hacienda para amortizar la deuda a corto plazo del gobierno.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Contribución a la gestión institucional

La Defensoría de los Habitantes, en consonancia con su mandato, establece su estrategia

mediante dos ejes de actuación: uno que se orienta a atacar las vulneraciones en materia de

derechos humanos y otro, educación en derechos para dotar de capacidades a la población,

mediante diversas estrategias de educación popular.

Durante el año, en cumplimiento con su mandato, en su labor de intervención para la defensa de

los derechos e intereses de las y los habitantes de la República, la institución intervino en

diferentes temas de derechos humanos, de los cuales, se rescata lo siguiente:

a. Equidad de Género

Exigibilidad de las Observaciones Finales emitidas por el Comité para la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Concluyó el proceso

referente a la construcción de una Agenda de las mujeres para el CEDAW, con ocasión al

sétimo examen periódico efectuado al país, y su relación con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (Agenda 2030 ODS); para ello, se convocó a 35 organizaciones de mujeres

representantes de diversos sectores de la sociedad civil, que trabajan activamente para el

avance de los derechos de las mujeres, las cuales efectuaron un análisis de los temas que

consideran que deben atenderse en forma prioritaria por parte de las instituciones

estatales: violencia contra las mujeres, norma técnica de aborto impune, el acceso a la

tierra de las mujeres indígenas y las mujeres rurales, entre otros.

Salud de las Mujeres. Nuevamente la Defensoría emitió recomendaciones sobre salud y

violencia obstétrica a la CCSS, para continuar con las actividades de capacitación y



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sensibilización en normativa institucional, nacional e internacional de respeto de los

derechos humanos de las mujeres, y ampliando a la necesidad de investigar las denuncias

que se reciban, mediante la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios, de

manera que no se favorezca la impunidad de estas conductas, dado que las mujeres

embarazadas o en labor de parto, continúan siendo víctimas de regaños, burlas e insultos,

en las salas de maternidad de algunos centros hospitalarios.

Sobre la denegación de seguro por el Estado a mujeres embarazadas morosas con la

CCSS, la institución reiteró la obligación establecida en las normas nacionales e

instrumentos internacionales de derechos humanos, de garantizar la atención prenatal a

las mujeres embarazadas que no pueden sufragar ninguna modalidad de aseguramiento;

otorgándoles el seguro por el Estado. En cumplimiento de este mandato en agosto del

2018 las autoridades de la CCSS emitieron una directriz dirigida a todas las personas

Directoras Médicas de los Hospitales, a las Direcciones Regionales y las Áreas de Salud,

así como, de Validación de Derechos y otros, en la que garantiza la atención prenatal a

todas las mujeres embarazadas.

Pensiones alimentarias. Sobre el trámite de las órdenes de apremio por parte de las

delegaciones policiales del Ministerio de Seguridad Pública, el señor Luis Carlos Castillo

Fernández, Viceministro de Seguridad, a partir de las recomendaciones emitidas por la

Defensoría, emitió Circular en la que ordena a las direcciones regionales y al personal

comisionado que deben implementar el "Protocolo para la Actuación Policial en materia de

Pensiones Alimentarias" y enviar un informe mensual sobre los casos de apremio corporal

y su seguimiento al Despacho del Viceministro, con copia a la Contraloría de Servicios, con

el fin de verificar si existe o no falta de atención a estas órdenes, tema que se reitera en las

denuncias recibidas en la Defensoría sobre la materia de pensiones alimentarias.

b. Igualdad y no discriminación de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Derecho de los pueblos indígenas. En relación con el apoyo y asesoría a diferentes

comunidades y dentro de las diferentes intervenciones en materia de los pueblos indígenas

la Defensoría de los Habitantes, efectuó una serie de acciones para facilitar el acceso del



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pueblo indígena Maleku a la laguna sagrada de Caño Negro, así como a los recursos y

gestión del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, en las instalaciones del

Área de Conservación Arenal Huetar Norte, ubicadas en Caño Negro, participando en

reuniones con miembros del pueblo Maleku, de la comunidad de Caño Negro y de varias

instituciones públicas, así como del Sistema de Naciones Unidas. Producto de estas

acciones, se acordó mantener la comunicación y coordinación, entre la comunidad de

Caño Negro y el pueblo Maleku, con la finalidad de comprender la complementariedad y

apoyo que se pueden dar y generar sinergias que faciliten la cooperación entre ambas

comunidades.

c. Derecho a la salud, vivienda y un ambiente sano, derechos de una adecuada calidad

de vida.

Derecho a la salud. En servicios de salud de personas privadas de libertad, se han

logrado algunos alcances importantes, entre ellos: la atención médica pronta y

oportuna, otorgamiento de recursos humanos requeridos para el cumplimiento

satisfactorio del servicio de salud, uno de los temas más relevantes, tiene que ver con

la prescripción y ejecución de dietas especiales –por prescripción médica- que

requieren algunas personas privadas de libertad, la Defensoría de los Habitantes

recomendó la necesidad de que exista en el Sistema Penitenciario Nacional una Guía

Nutricional Unificada que integre criterios médicos, nutricionales, procedimientos,

coordinaciones, consulta nutricional, información al usuario, entre otros. A partir de los

informes de la Defensoría, la administración activa elaboró un documento con fichas

técnicas que incorpora las características requeridas en los productos alimenticios;

asimismo, se estableció el “menú guía” que regirá en los centros penitenciarios.

Derecho a un ambiente sano y libre de contaminación. Existen temas de constante

denuncia, en los cuales a partir de la intervención de la Defensoría de los Habitantes,

se logra incidir en garantía del pleno disfrute del derecho humano a un ambiente sano

y libre de contaminación sónica; contaminación atmosférica, disposición de aguas

negras y pluviales; inadecuado suministro de agua potable por parte de los diferentes

operadores del servicio. En el 2018, se hicieron intervenciones en materia de gestión



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de residuos sólidos del Relleno Sanitario de la Carpio, del Centro de Transferencia de

Residuos sólidos de Pérez Zeledón; así como en el campo de la gestión de los recusos

marinos costeros, la protección de la biodiversidad y el suministro de agua potable en

el cantón de Aserrí.

Producción cuantificable

La Dirección General de Presupuesto Nacional, para clasificar los grados de cumplimiento de los

indicadores y de las unidades de medida de los productos, utilizó los rangos establecidos por

Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), que se detallan a continuación.

Parámetros de cumplimiento Rango

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90%

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89.99% o igual a 50%

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99%

De acuerdo con la metodología anterior, en los siguientes cuadros se presentan los resultados

relacionados con la producción cuantificable de la entidad:

Cuadro 3 Defensoría de los Habitantes de la República

Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por programa/subprograma Al 31 de diciembre 2018

Programa y/o

subprograma Producto

Unidad de

medida

Cumplimiento

Alto

Cumplimiento

Medio

Cumplimiento

Bajo Indicadores

Cumplimiento

Alto

Cumplimiento

Medio

Cumplimiento

Bajo

Defensoría de

los

Habitantes de

la República

2 2 2 0 0 5 5 0 0

Total 2 2 2 0 0 5 5 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la Institución


http://www.cusiglas.com/siglade/mideplan-ministerio-de-planificacion-nacional-y-politica-economica.php


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Con base en el cuadro anterior, la institución en sus unidades de medida e indicadores de

producto, obtuvo resultados con grado de cumplimiento alto (CA); por lo anterior, no requieren

acciones correctivas.

Cuadro 4 Defensoría de los Habitantes de la República

Unidades de medida e indicadores por programa/subprograma Al 31 de diciembre 2018

Nombre Programa /

Subprograma

Descripción Unidad de medida (UM) o Indicador

(I)

Programado Alcanzado Porcentaje de

cumplimiento

808- Defensoría de los

Habitantes de la República

Intervención realizada (UM) 3000 6191 100%

Actividad de promoción y divulgación (UM) 350 375 100%

Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la

intervención de la Defensoría durante el año y que

recibieron una resolución final durante su transcurso (I)

50% 57% 100%

Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia con

menos de un año de abiertas (I) 83% 83% 100%

Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia que

son abiertas en un plazo máximo de tres días (I) 82% 85% 100%

Porcentaje del total de talleres en derechos humanos que

son impartidos por la Defensoría de los Habitantes a

líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de

vulnerabilidad (I)

35% 37% 100%

Porcentaje de actividades de divulgación en educación en

derechos humanos (I) 30% 33% 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la Institución

Del cuadro anterior se desprende que el 100% de los indicadores institucionales se ubican dentro

del rango de cumplimiento alto, razón por la que es importante detallar lo siguiente:

El indicador “Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la

Defensoría durante el año y que recibieron una resolución final durante su transcurso”

sobrepasó el 100%; la institución explica, que esto se debe a, que dentro de la revisión de los

procesos de trabajo interno, se están potenciando las estrategias de defensa que privilegien la



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sumariedad e informalidad en la atención de las y los habitantes, tal y como lo establece la ley de

creación de la institución.

Respecto al indicador “Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia (ID) con menos

de un año de abiertas”, busca disminuir el nivel de mora institucional, de las investigaciones que

tienen menos de un año de abiertas y se encuentran en fase de trámite, este análisis, se realiza

comparando el estado de las investigaciones en trámite al 31 de diciembre de cada año. Para

2018, quedaron en trámite 3295 ID, de las cuales 2732 correspondían al 2018, por lo que el

indicador se cumple al 100% tal y como se formuló.

En lo relativo al indicador, “Porcentaje del total de Investigaciones por Denuncia (ID) que son

abiertas en un plazo máximo de tres días”, refleja la capacidad de respuesta institucional para

abrir una estrategia de defensa, si esta cumple los requisitos establecidos por ley, y disminuir el

momento en que se realiza la primera solicitud de información a la entidad denunciada. Para 2018,

el porcentaje del total de ID que fueron abiertas en un plazo máximo de tres días fue de un 85%,

un 3% más de ID abiertas que la programada. La entidad indica, que este resultado es muestra

evidente de que los criterios de admisión y el establecimiento de parámetros de atención, están

generando mejoras en las respuestas que se obtienen de parte de las entidades denunciadas, con

lo que se mejora el servicio al o la habitante al contar con respuestas más prontas a la vulneración

del derecho denunciado.

Según la entidad, un análisis global de los tres indicadores evidencian que las metas vinculadas al

producto “Defensa de derechos de los (as) habitantes de la República”; confirman que las

mejoras en los procesos de trabajo, a partir del establecimiento de prioridades en la atención de los

asuntos que ingresan por primera vez, aunado a un compromiso institucional de disminuir los que

tienen mayor antigüedad, para así concentrar esfuerzos en los más nuevos, han permitido no sólo

atender en un menor tiempo al o la habitante, sino que reciba una respuesta pronta y efectiva.

Las intervenciones en educación en derechos humanos, están orientadas a fortalecer las

capacidades cognitivas de los grupos o poblaciones en condición de vulnerabilidad y, en esa línea,

se han establecido las acciones y actividades para empoderar a las personas que se encuentran

en esta condición.



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El indicador denominado “Porcentaje del total de talleres en derechos humanos, que son

impartidos por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones

en condición de vulnerabilidad”, le permitió a la institución ejecutar una serie de estrategias de

intervención tendientes a formar, informar y divulgar la importancia de conocer los derechos como

una forma de empoderamiento. La estrategia de trabajo establecida para 2018, permitió

sobrepasar la meta, al lograr que un 36,8% de los talleres efectuados en derechos humanos

estuvieran dirigidos a grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad; esto es,

por cuanto, de los 375 talleres impartidos, 138 se dirigieron a las poblaciones sexualmente

diversas, en atención a la demanda de capacitaciones solicitadas por estas poblaciones y dentro

de un marco de cooperación con diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan en el

tema.

Respecto al cumplimiento del indicador “Porcentaje de actividades de divulgación en

educación en derechos humanos” es importante indicar que para 2018, las actividades se

orientaron hacia las organizaciones de la sociedad civil; las que, como aliadas estratégicas de la

Defensoría de los Habitantes, trabajan en la defensa y protección de los derechos e intereses de

todas las personas que habitan el país, la institución estableció como prioridad fortalecer estas

organizaciones, para que conozcan de derechos y se conviertan en las primeras defensoras de sus

miembros. El indicador sobrepasó la meta establecida; por cuanto, se realizó un número mayor de

actividades de divulgación respecto de las programadas, lo que permitió fortalecer un número

mayor de grupos organizados de la sociedad civil respecto de los que se tenía programado.

4. EFECTIVIDAD

Para obtener los resultados de efectividad, se consideraron los niveles de cumplimiento obtenidos

tanto a nivel de ejecución financiera y programática.

Para efectos de la metodología se asignaron porcentajes de ponderación para cada una de las

variables; para las unidades de medida e indicadores, se asignó un 35,0% a cada una,

representando un 70,0% en lo que se refiere a la programación física. El restante 30,0% se asignó

a la ejecución financiera. De acuerdo a estos porcentajes, la valoración de la efectividad de cada



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programa se obtuvo al aplicar la siguiente fórmula: (% alcanzado promedio unidad de medida *

35,0%) + (% alcanzado promedio indicadores * 35,0%) + (% ejecución financiera * 30,0%).

El resultado obtenido se asocia a la siguiente tabla:

Efectividad Nivel de cumplimiento

Efectivo Mayor o igual a 90%

Parcialmente efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50%

No efectivo Menor o igual a 49,99%

Cuadro 5

Defensoría de los Habitantes de la República Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores

Al 31 de diciembre 2018

Nombre del Programa / Subprograma

Porcentaje alcanzado

(unidades de medida)

Porcentaje alcanzado

(Indicadores)

Ejecución Financiera

Nivel de cumplimiento

Efectividad

Defensoría de los habitantes de la República

100% 100% 89,8% 96,9% Efectivo

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la Institución.



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OBSERVACIONES

En el 2018, la institución atendió más de las dos terceras partes de la demanda de

servicios, permitiendo una rápida respuesta a las personas que acuden a la institución a

denunciar un derecho vulnerado, esto lo logró a través de procesos de trabajo más ágiles.

El nombre y la fórmula para la aplicación del indicador “Porcentaje de actividades de

divulgación en educación de derechos humanos”, que se establece en el aparte de

“Indicadores” de la programación presupuestaria incorporada en la Ley de Presupuesto

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2018,

específicamente, en el campo correspondiente a las “Notas Técnicas”, no da cuenta de lo

que se quiere medir, ni responde a la fórmula que utilizó la DHR para medirlo. En el

análisis se determinó que se debe corregir la fórmula para que muestre el propósito que

tiene este indicador, cual es, según el conocimiento trasmitido por el funcionario de la DHR

a cargo de la programación, medir porcentualmente, la participación que tiene la suma total

de las actividades de divulgación en temas específicos de “derechos humanos” respecto al

total de actividades de divulgación que se realicen en un universo más amplio, que es el de

los derechos de las y los habitantes de la República. Lo cual queda además evidenciado

en el análisis de las metas establecidas, las cuales son crecientes en la línea de tiempo

considerada para esos efectos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la

República para el Ejercicio Económico del 2018, que va del 2018 al 2021, partiendo de un

30% hasta alcanzar un 45%.

La institución, apoyó los esfuerzos por amortizar la deuda a corto plazo y, en atención a

solicitud del Ministerio de Hacienda, propuso una rebaja por la suma ¢188,2 millones del

presupuesto asignado para el periodo 2018, que fue incorporada y autorizada en Ley No.

9406, Modificación a la Ley No.9514 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República.

En lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, es conveniente indicar que algunos de

los factores que incidieron, en las partidas con una ejecución menor al 90%, están

relacionados con situaciones que no están bajo control de la entidad, como son las

asociadas al retiro e incapacidades de los funcionarios y las resoluciones judiciales, que en



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este caso, marcan el comportamiento de la ejecución de las subpartidas de gasto

Prestaciones legales, Otras prestaciones e Indemnizaciones; las cuales, obtuvieron

ejecuciones particulares del 75,7%, 56,6% y 0%; respectivamente.

Por otra parte, la entidad solicitó recursos adicionales al Ministerio de Hacienda para llevar

a cabo en tres años, el Proyecto Sistema de Gestión de Contenido Documental, y luego de

dos años sin concretarlo, determinó no continuar con el mismo. Aún cuando se comprende

que el proyecto tuvo cambios en su enfoque y alcance, así como dependió de decisiones

de jerarcas distintos para su contratación, esta decisión afectó el nivel de ejecución de la

partida Servicios; por cuanto, aunque se movilizaron recursos durante el periodo, el monto

inicial asignado para el proyecto correspondía a un 93,8% del total partida.

Adicionalmente, existen factores que resultan controlables por la institución o que se

presentan como oportunidades que, si se aprovechan en tiempo, pueden favorecer la

gestión financiera de la institución; tal es el caso de la decisión interna de restringir el uso

de los gastos de viaje y de transporte internos, ante la cual la Administración reaccionó

oportunamente, rebajando el monto asignado inicialmente, y así logró evitar una

subejecución del 21,4%; un caso contrario ocurrió, con la oportunidad que se presentó al

contar con la cooperación internacional para el pago de gastos de viaje y transporte al

exterior; en este caso, la Administracción no reaccionó igual, pues no aplicó una rebaja del

monto inicialmente asignado en esas subpartidas, lo que conllevó a que se diera una

subejecución del 43,9%.

No obstante lo anterior, se resalta el desempeño efectivo, que denota una adecuada

relación entre los porcentajes de cumplimiento físico y la ejecución de los recursos

financieros asociados.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Jerarca institucional, girar las instrucciones, a quien esté a cargo de la

programación presupuestaria, para que tome las acciones que correspondan para incluir

en el DGPN-H-04-Reprogramación, la modificación del nombre y la fórmula del indicador



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que en la Ley No.9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República

para el Ejercicio Económico del 2019. aparece como: “Porcentaje de actividades de

divulgación en educación de derechos humanos”; así como, realizar una revisión de

los indicadores y sus metas, de cara al proceso de formulación del presupuesto para el

2020.

Se recomienda al Jerarca institucional, instruir a la unidad que corresponda, para dar un

seguimiento más oportuno al comportamiento de la ejecución del presupuesto institucional

y en el caso de las subpartidas de gasto no controlables, realizar un análisis casuístico, de

manera que, conociendo las causas, se puedan tomar, en la medida de lo posible,

acciones que permitan ejecutar los recursos asignados; así como, tomar en consideración

los resultados de estas acciones para realizar mejores estimaciones de este tipo de gasto

en la formulación del Anteproyecto de presupuesto para 2020. En todos los casos, el

seguimiento deberá permitir determinar, en forma oportuna, si lo que aplica es una

movilización de recursos para fortalecer otras subpartidas, cubrir nuevas necesidades y por

ende obtener un mejor resultado en la ejecución del 2019.

Se recomienda al Jerarca institucional para que gire, a quien corresponda, las

instrucciones que permitan que cuando se establezcan proyectos de gran alcance, en los

que medie la solicitud de recursos adicionales al límite establecido a la institución, se

incluya en el estudio correspondiente, una ruta crítica para determinar los puntos en que es

factible modificar el proyecto, iniciarlo y continuar y concluir cada etapa; de manera que,

cuando el Jerarca solicite los recursos al Ministerio de Hacienda, haya seguridad de su

consecución; por cuanto, los recursos que se conceden en forma adicional, no pueden ser

utilizados en propósitos diferentes para los que fueron concedidos.

Las recomendaciones anteriores, no menoscaban la potestad del Jerarca institucional de tomar

acciones distintas de las que aquí se proponen, guardando la relación que corresponde con los

aspectos a los que se les quiere dar solución o mejorar en las mismas. Por tal razón, se solicita

comunicar a la Dirección General de Presupuesto Nacional, a más tardar el 30 de abril de 2019,



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sobre las acciones que se deriven de las recomendaciones anteriores, los responsables de las

mismas y plazos establecidos, en el entendido de que dichas acciones deberán impactar los

resultados de la ejecución presupuestaria de 2019 y la formulación del presupuesto de 2020 y

siguientes.

Elaborado por

Francinia Pérez Amador Analista,

Unidad de Análisis Presupuestario de Poderes Dirección General de Presupuesto Nacional

Aprobado por

Fanny V. Morales Mendoza Coordinadora,

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