BUENOS AIRES, 13 de agosto de 2014

VISTO la actuación Nº 3218/14 caratulada: “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA

NACIÓN sobre incremento en la facturación del servicio de gas natural”, y

CONSIDERANDO:

Que se han recibido múltiples consultas de distintos usuarios de todo el país,

vinculadas con el incremento en la facturación del servicio de gas natural, superior en

muchos casos al 300%.

Que mediante Resolución Nº 226/14, la Secretaría de Energía de la Nación

determinó un esquema de racionalización del uso de gas natural y estableció los

nuevos precios de las cuencas, y en ese esquema, se fijaron precios segmentándolos

por mes (abril, junio y agosto) como así también de acuerdo al ahorro de consumo en

igual período del año anterior (superior al 20% y entre el 5% y el 20%).

Que, asimismo, se dispuso mantener los precios de gas hasta ahora vigentes,

para aquellos usuarios de la zona geográfica sur del país.

Que por dicha norma, también se instruyó al ENARGAS que proceda a dar

cumplimiento al punto 9.2.4 de las Licencias Básicas de Distribución (ajuste de tarifas

por el precio de gas en boca de pozo).

Que por Resolución Secretaría de Energía Nº 305/14 se instrumentó la aplicación

del régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para los

usuarios de la zona denominada “Puna” y la provincia de La Pampa, con el objeto de no

modificar los precios de gas a los usuarios de las zonas mencionadas.

Que, por su parte, el Ente Regulador por Resoluciones ENARGAS Nros.

2843/14; 2844/14; 2845/14; 2846/14; 2847/14; 2848/14; 2849/14; 2850/14; 2851/14;

2880/14; 2881/14 y 2882/14, aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las distintas

distribuidoras del país, en tanto que por Resoluciones ENARGAS Nros. 2852/14 y

2853/14 se aprobaron los cuadros tarifarios de las transportistas de gas.

Que analizando los mismos se observó que, excepto que se produzca un ahorro

de consumo mayor al 20% en el mismo bimestre del año anterior, fue incrementado el

valor del cargo fijo y el valor del metro cúbico.

Que en los considerandos de las resoluciones mencionadas se indicó que las

distribuidoras solicitaron recursos adicionales con el objeto de atender el circuito de

pagos y garantizar la continuidad, seguridad y confiabilidad del servicio público.

Que cabe aclarar que mediante Resolución ENARGAS Nº 2407/12 y

modificatoria, se incluyó un monto fijo en las facturas de las distribuidoras, diferenciado

por categoría de usuario, cargo que sería considerado “a cuenta” de los nuevos cuadros

tarifarios.

Que se dispuso constituir con esos fondos un Fideicomiso, denominado “FONDO

PARA OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN”, para ser utilizado en forma

exclusiva para la ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión,

repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica de los sistemas de distribución

de gas por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así

como mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la prestación del servicio

público de distribución de gas, hasta el límite de los fondos efectivamente disponibles.

Que las prestadoras debían depositar en ese Fideicomiso aquellos valores

correspondientes a los montos fijos percibidos para cumplir con los desembolsos

previstos en el Plan de Inversiones vigente de aquellos proyectos que se gestionen bajo

la modalidad de „Obras por Certificación de Avance‟, como así también los necesarios

para hacer frente a los pagos de servicios de financiación, impuestos, tasas y otros

gastos para el funcionamiento de cada „Fideicomiso Financiero y de Administración

Privado Fondo de Obras de Consolidación y Expansión de la Distribución de Gas por

redes‟ suscripto por cada prestadora.

Que a la fecha no se conocen cuáles son las obras realizadas por las

distribuidoras con los fondos percibidos ni los motivos por los cuales aquellas solicitaron

los recursos adicionales, ya que la información que surge de las Resoluciones que

aprobaron las modificaciones tarifarias, carecen de datos o motivación para justificar el

incremento.

Que en la normativa del Ente se hace referencia a las Audiencias Públicas

realizadas en el año 2005, en el marco del proceso de Renegociación de los Contratos

de Obras y Servicios Públicos.

Que particularmente, en el caso de las distribuidoras y transportistas de gas,

solamente se expusieron propuestas de Cartas de Entendimiento dado que, en aquel

momento, ni las distribuidoras ni las transportistas habían arribado a acuerdo alguno

con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.

Que pasados ya nueve (9) años de la celebración de las Audiencias Públicas y

conforme lo dispuesto por el art. 46 de la Ley Nº 24.076, el Decreto Nº 1172/03 y la

Resolución ENARGAS Nº 3158/05, es necesario la convocatoria a nuevas Audiencias

Públicas para transparentar los costos de las empresas, conocer las inversiones

realizadas por las mismas y las razones que pudieran justificar un incremento.

Que, así las cosas, nos encontramos frente a la variable de ahorro de consumo

establecida en un 20% para mantener la tarifa anterior, pues de no darse este ahorro,

se verificará automáticamente el incremento en el cargo fijo y en el cargo por metro

cúbico de consumo, lo cual constituye un aumento de la tarifa.

Que este porcentaje de ahorro resulta de cumplimiento casi imposible en épocas

de bajas temperaturas, por lo que será un exiguo grupo de usuarios aquel que pueda

recibir sus facturas sin modificaciones.

Que la aplicación de nuevas formas de facturar el servicio, sin la previa

realización de una campaña de información y concientización del uso racional del gas,

genera un estado de desconcierto en los usuarios ya que al momento de consumir el

servicio no contaban con la información necesaria para tomar los recaudos

correspondientes para disminuir el consumo, y/o variar los hábitos o las conductas

vinculadas con el consumo de gas.

Que estamos frente a un recurso escaso y todos los usuarios deben tomar

conciencia de ello, pero la realidad demostró que la falta de información, al menos,

coadyuvó probablemente a un consumo descuidado con un incremento no deseado y

sorpresivo en la facturación del servicio. Una vez que el consumo se realizó, ya no hay

posibilidad de volver atrás.

Que de la normativa en trato surgen causales para el mantenimiento del subsidio

en la tarifa, sin embargo, éstas no alcanzan a la mayoría de la población.

Que cabe advertir que, si bien al momento de iniciar el trámite para mantener el

subsidio el usuario queda inmediatamente excluido de la aplicación de las nuevas

tarifas (manteniéndose el subsidio hasta que el Ente resuelva la petición), tal situación

conlleva el riesgo de rechazo del pedido exponiéndose a dicho usuario, seguramente, a

una situación de imposibilidad de pago con corte del servicio.

Que toda la situación relatada tornaba necesaria transparentarla en una

Audiencia Pública previa, y más allá de la obligación legal de convocarla, la hace

necesaria para que los usuarios pudieran conocer en forma anticipada la aplicación del

nuevo cuadro tarifario como así también comprender el esquema de racionalización del

uso del gas natural.

Que en línea con ello, cabe recordar que el art. 42 de la CONSTITUCIÓN

NACIONAL establece que los usuarios tienen derecho a la protección de los intereses

económicos y a una información adecuada y veraz.

Que el objeto del derecho a la información, en definitiva, es el adecuado

conocimiento de las condiciones del servicio, sus derechos y obligaciones mediante una

información oportuna, completa y veraz.

Que es deber y función del Estado y de los Entes de Control brindar una

adecuada información a los usuarios, como así también verificar que las distribuidoras

informen sobre las condiciones del servicio, máxime cuando se establecieron nuevas

tarifas que los afectan.

Que concretamente los usuarios tienen derecho a tener certeza tarifaria; a

acceder a tarifas justas y razonables; y a conocer el régimen tarifario en forma previa a

su aplicación.

Que asimismo el art. 4º de la Ley Nº 24.240 establece la obligación del proveedor

de informar en forma clara, abierta y detallada todo lo relacionado con las

características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de

comercialización.

Que la Audiencia Pública resulta ser el instrumento eficaz para dar cumplimiento

al art. 42 de la Carta Magna.

Que el propio ENARGAS en su Resolución Nº 3158/05 indicó que la misma, “…

habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un

espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados,

manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal

o colectiva respecto de la decisión a adoptarse…”.

Que ello así, “…en el entendimiento de que la Audiencia Pública es un instituto

con raíz en la garantía constitucional del debido proceso adjetivo, y también, una

manifestación del fenómeno de la participación ciudadana en el ejercicio de la función

administrativa como un modo de legitimar esta actividad con sustento democrático…”.

Que “…reiterada doctrina ha señalado que „el mecanismo de la audiencia pública

es un claro ejemplo de democratización del poder, toda vez que el Estado opera bajo

mecanismos de participación y transparencia que garantizan al ciudadano una

adecuada administración de los servicios públicos privatizados.‟ (Goldenberg y

Cafferatta "El Papel del Estado en la Etapa de Postprivatización" —L.L. 1998— F, pág.

1179)…”.

Que “…la jurisprudencia nacional resulta uniforme al considerar que „La

audiencia pública, prevista en las leyes regulatorias de los servicios públicos de

transporte y distribución de la electricidad y el gas, y en el decreto de la Comisión

Nacional de Telecomunicaciones 1185/90 constituye uno de los cauces posibles para el

ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 42 de la C.N. - Ello pues la

realización de dicha audiencia no sólo importa garantía de razonabilidad para el usuario

y un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos, un mecanismo de formación

de consenso de la opinión pública, una garantía de transparencia de los procedimientos

y un elemento de democratización del poder, sino que también resulta una vía con la

que puede contar aquel para ejercer su derecho de participación en los términos

previstos en la citada norma constitucional, antes de una decisión trascendente‟.

(CNFed. Contencioso Administrativo, L.L. D1998, 712)…”.

Que nos encontramos frente a un claro desconocimiento de los usuarios respecto

a la aplicación de la nueva normativa dictada, la que por una parte, tal como se dijo,

eliminó subsidios al servicio y por otra, incrementó las tarifas.

Que lo dicho, en nada enerva las potestades de los Poderes Legislativo y

Ejecutivo para otorgar o reasignar subsidios y que en modo alguno podríamos

considerar una disfuncionalidad que habilita la competencia de la Institución.

Que por todo lo expuesto y a los fines de evitar cortes en la cadena de pago y la

suspensión del suministro por imposibilidad de pago, se entiende necesario conforme a

las previsiones del artículo 28 de la Ley N° 24.284, exhortar a la SECRETARÍA DE

ENERGÍA DE LA NACIÓN que disponga la suspensión de lo dispuesto en la Resolución

N° 226/14 y las Resoluciones ENARGAS que aprobaron los nuevos cuadros tarifarios

con vigencia a partir del 1 de abril de 2014 y convoque a una Audiencia Pública para

brindar adecuada información a los usuarios y transparentar los costos de las

empresas, conocer las inversiones realizadas por las mismas y las razones que

pudieran justificar un incremento en las tarifas del servicio público de gas.

Que la presente medida se dicta conforme lo establecido por el artículo 86 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL, Ley N° 24.284 y normas concordantes, como así también

la autorización conferida por los Sres. Presidentes de los bloques de la Unión Cívica

Radical y del Frente para la Victoria del Honorable Senado de la Nación y de la

Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación del

Honorable Congreso de la Nación ratificada por su Resolución Nº 1/14 del 23 de abril

de 2014.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Exhortar a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN que

disponga la suspensión de lo dispuesto en la Resolución N° 226/14 y las Resoluciones

ENARGAS que aprobaron los nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1 de

abril de 2014 y convoque a una Audiencia Pública para brindar adecuada información a

los usuarios y transparentar los costos de las empresas, conocer las inversiones

realizadas por las mismas y las razones que pudieran justificar un incremento en las

tarifas del servicio público de gas.

ARTICULO 2º.- Poner en conocimiento la presente a la COMISIÓN BICAMERAL

PERMANENTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN del HONORABLE

CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTICULO 3º.- Regístrese; notifíquese y resérvese.

RESOLUCIÓN Nº 17/14