debatindo con animo de lucha

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Debatiendo... CON ANIMO DE LUCHA El XYZ de la reforma a la Ley 30 1992. Ecos de una Audiencia Publica. Por:Leopoldo Munera Octubre 21, 2011 Por:Leopoldo Munera Octubre 28, 2011 CON ANIMO DE LUCHA ! SIN ANIMO DE LUCRO !! SINONIMO DE CAMBIO !!! TRANSFORMANDO SOCIEDAD !!!! [email protected]

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Muy buenos argumentos del Profesor Leopoldo Munera, de la facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Escríbenos, compártenos y recuerda que somos: CON ANIMO DE LUCHA SIN ANIMO DE LUCRO SINONIMO DE CAMBIO TRANSFORMANDO SOCIEDAD

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Page 1: Debatindo Con Animo de Lucha

Debatiendo... CON ANIMO DE

LUCHAEl XYZ de la reforma a

la Ley 30 1992.

Ecos de una Audiencia Publica.

Por:Leopoldo Munera Octubre 21, 2011

Por:Leopoldo Munera Octubre 28, 2011

CON ANIMO DE LUCHA !

SIN ANIMO DE LUCRO !!

SINONIMO DE CAMBIO !!!

TRANSFORMANDO SOCIEDAD !!!!

[email protected]

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XYZXYZXYZ

La reforma está dirigida a reestruc-turar el mercado laboral en fun-ción de las nuevas formas de acu-

mulación del capital y de la inserción acrítica y subordinada en la economía global.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la baja cobertura en la educación superior colombiana fue compatible con un tipo de desarrollo que no exigía una mano de obra especialmente cualificada. No obstante, los cambios en el proceso productivo, deter-minados por el post-fordismo y la global-ización, exigen en la actualidad la formación de operadores competentes para hacer fun-cionar la nueva máquina social y produc-tiva del capital en el país. De lo contrario, la competitividad en el mercado global y la capacidad de consumo de los nuevos bienes y servicios continuará siendo muy limitada.

Con este horizonte económico, se pre-tende que el mercado laboral del futuro esté conformado por una pequeña élite de profe-sionales con alta formación académica para los cargos directivos y los servicios espe-cializados, un grupo un poco más amplio de profesionales con una formación intermedia y funcional a la máquina productiva, lo op-

eradores calificados, y una gran masa de téc-nicos y tecnólogos con conocimientos bási-cos y flexibles, que ejecuten diferentes tipos de tareas cambiantes, sin reflexionar sobre ellas, o que puedan ser los empresarios de su propia pobreza.

Por consiguiente, la reforma a la Ley 30 de 1992 no implica una ruptura del modelo práctico para la educación superior seguido hasta el momento por Colombia, caracter-izado por una reducida inversión pública y una educación superior de mediana o baja calidad y pertinencia, sino la profundización y reorientación del mismo, de acuerdo con la nueva fase de acumulación del capital.

Si la propuesta gubernamental es aproba-da en el Congreso de la República, seguirán proliferando las instituciones privadas de “garaje” o “condominio” y las instituciones públicas con una pobre financiación estatal, fundamentalmente en las ciudades interme-dias o en las capitales de los departamentos con menor presupuesto, al tiempo que se re-forzará la mutación de la educación para el trabajo, como la del Sena, en una educación técnica y tecnológica con baja inversión por estudiante y ajena al desarrollo de capacid-

El XYZ de la Reforma a la Ley 30 de 1992

(Ley de Educación Superior)

1¿Para qué y por qué una reforma a la educación superior?

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CON ANIMO DE LUCHA

Page 3: Debatindo Con Animo de Lucha

ades críticas o innovadoras.

En términos generales, la educación de las elites se concentrará en unas pocas uni-versidades privadas de alto costo y en al-gunas estatales con tendencias a asimilarse a aquellas, la de los cuadros medios en el resto de las universidades públicas sumidas en diferentes procesos de privatización o re-

Si nos atenemos a las cifras dadas por la Ministra de Educación, sin explicar con claridad la destinación

específica de los recursos ni cómo se cal-cularon, en los próximos tres años se va a incrementar el presupuesto para el sector en 1,5 billones de pesos para generar 600.000 nuevos cupos en el pregrado y 45.000 en el postgrado. Para las instituciones públi-cas se van a destinar 420.000 millones de pesos “frescos” para generar 95.000 cupos. Además, entre 2012 y 2022 los recursos nuevos llegarán a ser 11.1 billones de pesos.

Sin duda, en términos absolutos el presu-puesto va a aumentar. ¿Pero va a suceder lo mismo en términos relativos, es decir en lo que el Estado invierte por cada estudiante, suma que se ha venido reduciendo notoria-mente en los últimos años?

Veamos:De acuerdo con las cifras oficiales, el presupuesto anual por cada es-tudiante, sumados los de pregrado y post-grado, inscrito en una institución de edu-cación superior, pública o privada, es de $

convertidas en mixtas y la de la mayoría de la población en la educación técnica y tec-nológica de baja calidad, poca creatividad y salarios precarios. De esta forma piensa el Gobierno Santos insertar el país en el mer-cado global y enganchar la educación supe-rior a las locomotoras del desarrollo.

2 Sin embargo, de acuerdo con la Ministra de Edu-cación, se va a aumentar el presupuesto para la edu-

cación superior como nunca antes en la historia colom-biana.

4.764.164 (8,06 billones de pesos dividido por 1.691.797 estudiantes) y el de las insti-tuciones públicas es de $4.557.635 (4,24 billones de pesos dividido por 930.307 estu-diantes). Ambos son menos de la mitad del presupuesto per cápita mexicano.

En virtud de la reforma se van a destinar 1,5 billones de pesos para los tres primeros años, con el propósito de generar 645.00 cupos nuevos. Es decir, por cada estudiante nuevo se van a invertir $ 2.325.581 para el primer trienio, $ 775.194 por año. Una sexta parte de lo que se invierte en la actualidad. No hay que olvidar que el 76% de los cupos nuevos debe ser ofrecido por instituciones oficiales y que después de 2014 los cupos deberán seguir aumentando hasta llegar a un 64%. de la tasa bruta de cobertura.

A las universidades públicas, que tienen un déficit acumulado cercano a los 715.000 millones de pesos, se les asignará un poco más de la mitad del mismo, 420.000 mil-lones de pesos, en los tres años, con el propósito de que ofrezcan 95.000 cupos

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nuevos: $4.421.052 por estudiante para el trienio, $1.473.684 cada año. Menos de una tercera parte.

Desde luego, estas proyecciones son meramente ilustrativas, pues los 645.000 cupos nuevos son la meta para el tercer año y para llegar a ella se debe seguir un aumen-to progresivo. Sin embargo, si calculamos el presupuesto per cápita necesario de acuerdo con el que actualmente existe en las instituciones públicas, los 1.5 billones de pesos solo servirían para 329.118 cupos nuevos en un año, conservando una calidad de la educación mediana y baja.

No es necesario hacer más operaciones, aunque desde luego pueden ser afi-nadas, para deducir que en las instituciones públicas el presupuesto por estudiante se va reducir y que, por consiguiente, si se aprueba la reforma, el presupuesto relativo de las instituciones públicas va a disminuir.

Dos datos más permiten confirmar este cálculo. Si se estima que por cada treinta estudiantes es necesario un profesor de tiem-un profesor de tiem-po completo, promedio muy superior al ac-tual, se deberían contratar 21.500 docentes para atender los nuevos cupos. Si se les pag-ara un salario promedio bajo, comprendidos todos los gastos laborales, de $2.500.000 mensuales, solo la nómina costaría cada año $650.000 millones de pesos. En tres años

superaría el presupuesto previsto en la re-forma para el periodo comprendido entre 2012 y 2014. No quedarían recursos para laboratorios, proyectos de investigación, aulas, honorarios de los auxiliares de docen-cia, equipos informáticos, etc.

Para los subsidios de sostenimien-to, matrícula y tasas de interés se prevé

$915.000 millones de pe-sos; $472.868 por año para cada uno de los 645.00 cu-pos nuevos. ¿Con tan po-cos recursos se podrá ba-jar la tasa de deserción del 45%? ¿El gobierno no está haciendo demagogia con cifras absolutas gigantescas que en términos relativos son diminutas? ¿Si se qui- ¿Si se qui-ere ofrecer una educación superior de calidad no se debe tener en cuenta el presupuesto por estudiante en las universidades públi-cas y privadas de calidad que hay en Colombia, el cual fluctúa entre 10 y 22 millones por año? ¿No se deberían incrementar pau-latinamente los

recursos para la edu-cación superior, como un porcentaje del pre-supuesto de gastos de la nación, teniendo como referencia las instituciones que el mismo gobierno ha considerado de alta calidad?

...se deberían contratar 21.500 do-centes para atender los nuevos cupos...

... la nómina costaría cada año

$650.000 millones de pesos.

...420.000 millones de pesos, en los tres años, con el propó-sito de que ofrezcan 95.000 cupos nue-

vos...

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CON ANIMO DE LUCHA

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La reforma no está orientada a crear una educación superior de cali-dad, sino a convertir el modelo del

SENA, cuya educación para el trabajo fue deformada durante el gobierno de Uribe al disfrazarla de educación técnica y tecnológi-ca de calidad, en la principal alternativa de educción superior para la juventud colom-biana, especialmente para los sectores más pobres de la población. Así no tendremos derecho ni a una educación para el trabajo pertinente, ni a una educación técnica y tecnológica de calidad

Para inflar las estadísti-cas de cobertura, el gobier-no de Uribe en un poco más de un año, entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010, le dio la certificación de calidad a 72 programas del SENA. Batió así todos los récords lati-noamericanos y mundiales. Ese es el camino que desea seguir el gobierno actual: hacer una reforma para la educación superior que se fundamente en una educación para el tra-bajo travestida en educación técnica y tec-nológica y en una educación superior articu-lada alrededor de competencias laborales acríticas que inhiben la capacidad creativa de los estudiantes.

De los 465.000 cupos nuevos para los próximos tres años, 395.000 (85%) deben ser generados por las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, incluido el SENA. ¿De dónde van a salir los docentes espe-

3 ¿Con este presupuesto se puede ofrecer una edu-cación de calidad, incluso si el único criterio son las

competencias laborales?cializados? ¿Dónde están los recursos para la formación de profesores que permitan la innovación que requiere el país? ¿Cuál va a ser la inversión en los laboratorios indis-pensables para que este tipo de educación sea de calidad? ¿La infraestructura se va a reducir a salones para jornadas triples? ¿Es esta la educación superior de calidad que no están prometiendo? ¿De esta manera vamos a superar el 13% de programas, el

8% de instituciones de alta calidad y el 13,5% de pro-fesores con doctorado? ¿Se ha reflexionado sobre el tipo de profesional que necesita Colombia para salir de la situación de pobreza y vio-lencia en la que está sumida o solo se está pensando en crear condiciones para la ex-pansión de la inversión ex-tranjera en el país? La cali-

dad implica pensar en la pertinencia social de la educación superior y en los objetivos colectivos que se pretende alcanzar con ella mediante la formación, la investigación y la interacción con el conjunto de la sociedad.

Cualquiera que sea la manera como el gobierno entiende la calidad está engañando a los estudiantes de educación básica o me-dia y a los padres de familia que esperan en el futuro que sus hijos puedan acceder a in-stituciones que les ofrezcan una educación superior que le sirva a ellos y a Colombia, y no solo a un pequeño número de inversioni-stas nacionales y extranjeros.

395.000 (85%)deben ser para educar

técnicos y tecnológos, en entidades publicas

465.000 cupos nuevos para los

próximos 3 años

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4Pero de todas formas fueron retiradas del proyecto de reforma las instituciones con ánimo de lucro.

Las instituciones con ánimo de lu-ánimo de lu- de lu-cro fueron criticadas por miem-bros de la comunidad académica

colombiana, entre ellos por rectores de uni-versidades públicas y privadas, pues son vis-tas como un negocio en el que con una baja inversión se esperan sacar grandes ganan-cias, ofreciendo un producto, la educación, que solo puede ser de calidad cuando se asume como una inversión social destinada a generar beneficios individuales y colecti-vos, pero no ganancias económicas.

No obstante, el conjunto de la reforma conserva la ideología del ánimo de lucro: ampliación de mano de obra con una for-mación básica y flexible, baja inversión pública que no implique una mayor carga tributaria y ganancias para el capital, medi-ante la formación de una fuerza de trabajo de bajo costo. Los intereses del conjunto de la sociedad colombiana son totalmente olvi-dados.

Adicionalmente, a pesar de las declara-ciones de la Ministra, la definición poco clara de las instituciones mixtas deja abierta la posibilidad de que el ánimo de lucro se cuele por ellas y de que sean la única alter-nativa para las instituciones públicas que por la falta de recursos estatales se encaminen hacia la quiebra. En este caso, estas últimas quedarían listas para someterse al Régimen de I n s o l v e n c i a E m p r e s a r i a l c o n t e m p l a d o

en la ley 1116 de 2006 y consagrado en el proyecto de reforma, que curiosamente en su articulado exceptúa a la mayoría de las instituciones prestadoras de servicios públi-cos, por ser una norma aprobada solo para las instituciones con ánimo de lucro.

El ánimo de lucro no ha desaparecido de la reforma. Para poder sobrevivir, las uni-versidades públicas colombianas cada vez se parecen más a empresas productoras de mercancías: amplían la contratación de pro-fesores ocasionales a bajo costo, sustituyen las investigaciones que sus comunidades consideran pertinentes por consultorías rent-ables económicamente para las instituciones y los profesores, o reducen la interacción con la sociedad a la denominada “exten-sión remunerada”. En consonancia con es-tas actividades, la dirección académica está siendo sustituida por nuevas formas de ger-encia, poco compatibles con las actividades académicas, inspiradas en la simple efica-cia económica. De igual manera, los pro-fesores son obligados a comportarse como microempresarios de sus proyectos para poder realizarlos y en medio del mercado de créditos académicos, muchos estudiantes es-cogen sus asignaturas electivas de acuerdo con un cálculo de costo y beneficio de tipo económico y no del sentido que le desean dar a su formación. Finalmente, la tendencia

a privilegiar den-tro de los nuevos recursos el subsi-dio o el crédito a la demanda, des-tinado a los estu-

Ley de Quiebras para una Universidad, tratamiento de empresa privada a la Uni-

versidad Publica¡!6

CON ANIMO DE LUCHA

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diantes individualmente considerados, sobre el subsidio a la oferta, destinado a las insti-tuciones, crea una competencia universitaria alrededor de la financiación dominada por la reducción de costos y no por la ampliación

de la calidad. La reforma va a agudizar estas características que están deformando la edu-cación superior pública con rasgos propios de las empresas con ánimo de lucro.

La primera propuesta de reforma elaborada por el gobierno de Juan Manuel Santos fue criticada por los rectores y las comunidades académicas por reducir la educación supe-rior a su condición de servicio público.

En consecuencia, la Ministra de Educación decidió corregir el error en la nueva versión. La educación superior pasó a ser un derecho, un servicio y un bien público basado en el mérito y la vocación. Sin embargo, el texto de la reforma no desarrolla en ninguno de sus artículos lo referente al derecho.

De acuerdo con la caracterización contem-poránea más generalizada, acogida por las Naciones Unidas, el derecho a la educación tiene cinco componentes básicos: la ase-quibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad o permanencia de los es-tudiantes, la aceptabilidad o la calidad y el respeto por la diversidad. Ninguno es garan-tizado en el proyecto de ley, ni siquiera con-

5 ¿Acaso en la reforma no se define la educación su-perior como un derecho?

siderado en sus aspectos más elementales.

¿Cuáles y de qué tipo van a ser las instituciones encargadas de garantizar el aumento de la cobertura de tal forma que se realice el derecho mediante la oferta de dife-rentes alternativas de calidad? ¿Cómo se le va a garantizar a los estudiantes un acceso en condiciones de igualdad y no de segmen-tación y diferenciación jerarquizada? ¿Qué políticas públicas de bienestar se van a im-plementar para evitar la deserción? ¿Quién determina la calidad de la educación superior y mediante qué mecanismos participativos? ¿Cómo se va a garantizar la diversidad ét-nica y cultural definida por la Constitución Política? Ninguno de estos interrogantes puede ser respondido mediante el texto del proyecto de ley, a menos que se recurra a las virtudes mágicas y azarosas de la fórmula manida: más cobertura con menos recursos relativos.

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El sistema que supuestamente va a organizar la nueva ley es más bien un embrollo o conjunto amorfo

donde caben todas las instituciones rela-cionadas con la educación superior en una unidad sin diferenciaciones internas, sin funciones, sin una estructura jerárquica y sin articulaciones entre los distintos tipos de instituciones y con los otros niveles del sistema educativo en su conjunto.

En este maremágnum educativo solo sobresale la omnipresencia del Estado y de sus dependencias como reguladores abso-lutos de la amalgama educativa. Todas las IES (Instituciones de Educación Superior) tienen autonomía, sin que nadie se haya pre-guntado por el origen académico de la mis-ma, basado en la existencia de comunidades académicas productoras de sentido social y societal, y en su fundamento constitucional, limitado a las universidades; la educación terciaria, como la ofrecida por el SENA, que ha servido para aumentar la estadísticas de cobertura y los indicadores de financiación, es rebautizada legalmente como superior; los títulos en los diferentes niveles pueden ser otorgados por todas las instituciones, sin importar los requisitos que debe reunir una comunidad académica para ofrecer pro-gramas de maestría y doctorado, siempre y cuando tenga la acreditación de alta calidad, conferida por un gobierno con la obsesión de ampliar la cobertura a toda costa; todas pueden organizarse por ciclos; y los dos organismos sistémicos, el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) y el SUE

(Sistemas de Universidades Estatales) son, en el mejor de los casos, cuerpos consulti-vos sin ninguna incidencia en la adopción de decisiones.

De esta manera, la existencia de comu-nidades académicas compuestas por miem-bros con altos niveles de formación (la exi-gencia mínima del título de maestría para los profesores queda reservada en la propu-esta de reforma para las instituciones públi-cas) y caracterizadas por comprender en su complejidad campos de conocimiento diver-sos, interactuar permanente con la sociedad y articularse alrededor de la investigación, pierde su relevancia ante cualquier tipo de institución que sea considerada por el Es-tado como de “alta calidad” y que en con-sonancia con tal califi-cación tenga la patente de corso para expedir todo tipo de títulos

Este embrollo no constituye un simple recurso retórico, des-tinado a producir una eficacia simbólica limitada dentro de la nueva norma; es decir, a generar recono-cimiento dentro de al-gunos sectores de las directivas universitar-ias o de la comunidad académica que con sentido pragmático pu-eden ver en él un gran

6 ¿La reforma no estructura por primera vez un siste-ma de educación superior en Colombia?

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CON ANIMO DE LUCHA

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Como se dijo con anterioridad, la autonomía se extiende a todas las instituciones de educación supe-

rior (IES) sin ninguna diferencia. Funda-mentalmente se trata de una autonomía em-presarial, de gestión, para rendirle cuentas transparentes a un gobierno que en forma heterónoma define el derrotero del sector y se reserva la facultad omnímoda de recono-cer o no a las instituciones que participan en él.

La exclusión de los consejos acadé-micos, conformados en su mayoría por los miembros de las comunidades acadé-micas, de los órga-nos de gobierno, para incluirlos posterior-mente, mediante un

avance hacia la constitución de un eventual sistema a mediados del siglo XXI. Permite además ampliar los ámbitos de intervención del Estado en desmedro de la autonomía universitaria, seguir jugando nacional e in-ternacionalmente con las estadísticas de cobertura y de financiación, al fusionar toda

la educación terciaria y superior en la masa de las IES, y convertir la denominación uni-versidad, que contiene una rica historia so-cial, política e institucional, en una especie de título nobiliario postrevolucionario: in-útil y con muy poca incidencia práctica.

eufemismo, como cabezas de una dirección académica supeditada al consejo superior, con las características de una junta directi-va, no es sino el símbolo del desprecio por la autonomía universitaria que campea en todo el texto de la reforma.

La función de inspección y vigilancia, de la cual afortunadamente se suprimió la inconstitucional intervención directa en las

instituciones que incluso estaba pre-vista como medida preventiva, cen-trada en los com-promisos de cum-plimiento, y en la tipificación abierta e imprecisa de las faltas , tiene más bien las caracterís-

ticas de una función disciplinaria y de con-trol institucional.

En términos financieros, la reforma man-tiene las restricciones presupuestales que atentan contra la autonomía universitaria y, en contra de los fallos reiterativos de la Corte Constitucional, somete los nuevos re-cursos financieros a condicionamientos gu-bernamentales.

7 ¿Tampoco hay una ampliación de la autonomía?

... reconoce una autonomía in-stitucional restringida en ca-beza de las directivas, que a su vez, en las universidades públi-cas, seguirán siendo nombra-das por Consejos Superiores...

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Al igual que la ley 30, el proyecto del gobierno solo reconoce una autonomía ins-titucional restringida en cabeza de las di-rectivas, que a su vez, en las universidades públicas, seguirán siendo nombradas por Consejos Superiores donde la representa-ción de la comunidad universitaria es clara-mente minoritaria y la influencia del gobier-no nacional o departamental decisiva.

Tampoco se reconoce una autonomía sistémica. En el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) las universidades sólo tienen dos representaciones directas en un conjunto de diez y siete miembros, las del Rector de la Universidad Nacional de Colombia y la del Presidente del SUE, mientras el gobierno tiene seis, incluido el Director del SENA, el denominado sector productivo dos, las asociaciones profesio-nales uno, y las IES en su conjunto los seis restantes. El CNA, a su vez, estará integra-

do por miembros nombrados por el CESU, y la CONACES (Comisión Nacional Inter-sectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) por tres miembros del gobierno y uno del sector productivo. Es decir, en la regulación de la calidad de la educación superior no participan las uni-versidades, tampoco el resto de las IES, a menos que lo hagan como invitadas especia-les. Solo el SUE (el retórico Sistema de Uni-versidades Estatales) tiene una composición mayoritaria de las universidades, pero para cumplir tareas operativas y de racionaliza-ción y optimización de los recursos. La au-tonomía sistémica no está ni siquiera en los bordes más lejanos del horizonte de sentido de los reformadores y, por consiguiente, las universidades no van a tener la más mínima injerencia en la formulación de las políticas públicas para el sector o en el gobierno ex-terno de las instituciones.

Los últimos gobiernos, y también las autoridades académicas de las universidades públicas, han ido institucionalizando lo que en teoría política se denomina una simulacra: la participación de la sociedad en debates destinados a legitimar de-

cisiones previamente adoptadas, la cuales solo sufren retoques en virtud del proceso par-ticipativo.

8 De acuerdo con la Ministra, el último proyecto de re-forma fue el resultado de una amplia participación de

la comunidad académica en el debate.

Leopoldo Múnera Ruiz Profesor Asociado Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia Director Observatorio Nacional de Paz 21 de octubre de 2011

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Ecos de una Audiencia Pública

1 Los cupos nuevos que deben generar las universidades pú-

blicas en los próximos tres años: En la intervención de la Ministra resultó evi-dente la falta de transparencia en la infor-mación que se le ha venido suministrando a la opinión pública. Hace unos meses, como lo mencionó el Rector de la Universidad Nacional en la audiencia pública, en el Mi-nisterio de Educación afirmaban que las uni-versidades públicas debían generar 120.000 cupos nuevos en los próximos tres años. El 16 de octubre, en entrevista que la Ministra concedió al diario El Espectador habló de 95.000 cupos nuevos. En la audiencia, ante las críticas en materia financiera, redujo los cupos a 75.000 y manifestó que los otros 20.000 serían el resultado de la reducción de la deserción; es decir, que no serían nuevos.

En cualquier circunstancia, el presupues-to adicional para las universidades públicas en el trienio comprendido entre 2012 y 2014 se mantiene en $428.000 millones. No sobra recordar que el déficit acumulado en el pre-supuesto de dichas instituciones asciende a $ 715.000 millones. De acuerdo con lo afir-

mado por la Ministra, el presupuesto per cá-pita adicional superaría los $ 3.500.000, que según los cálculos del Ministerio se destinan en la actualidad 1 . El Cuadro N° 1 ilustra la proyección presupuestal entre el 2012 y 2014, bajo la condición de que en cada se-mestre se genere el mismo número de cupos nuevos y de que el presupuesto per cápita se mantenga invariable.

El presupuesto adicional calculado por el Ministerio solo alcanzaría parcialmente hasta el segundo semestre de 2014. A par-tir de este período empezaría a acumu-larse un nuevo déficit que en el segundo semestre de 2014 llegaría a 31.375 millo-nes de pesos. Además, todos estos cálculos se hacen suponiendo que el presupuesto per cápita para cada estudiante nuevo permane-ce igual que el de los antiguos, sin tener en cuenta las nuevas inversiones, no supedi-tadas a obligaciones crediticias, en infraes-tructura, laboratorios, equipos, proyectos de investigación y extensión, y contratación de profesores, que la ampliación de la cobertu-ra exige para conservar una educación con la calidad que tiene actualmente.

El miércoles 26 de octubre se realizó en la Cámara de Representantes una audien-cia pública sobre la reforma a la educación superior en Colombia. Los convo-cantes fueron los representantes Ángela María Robledo, Carlos Amaya y Wilson

Arias. Participaron estudiantes, profesores, congresistas, directivos de las universidades y la Ministra de Educación, acompañada por algunos funcionarios de su despacho. Los datos suministrados dentro del debate permiten aclarar algunos de los problemas de la propuesta gubernamental. En este texto voy a hacer tres precisiones, pues la mayoría de las críticas no fueron respondidas o fueron eludidas.

1 De acuerdo con mis cálculos el presupuesto per cápita en las instituciones públicas es de $4.557.635 , resultante de dividir el 1,01% del PIB, que según el Ministerio se invierte en educación superior, por ´los 930.307 estudiantes registrados por el SNIES en las IES estatales.

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CON ANIMO DE LUCHA

Proyección PresuPuestal Para las universidades Públicas (2012-2014)

semestres i-2012 ii-2012 i-2013 ii-2013 i-2014 ii-2014

Cupos 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500 75.000

Presupuesto 21.875 43.750 65.625 87.500 109.375 131.250

Acumulado 21.875 65.625 131.250 218.750 328.125 459.375

Proyección PresuPuestal Para las instituciones técnicas y tecnológicas Públicas (2012-2014)

semestres i-2012 ii-2012 i-2013 ii-2013 i-2014 ii-2014

Cupos 65.833 131.667 197.500 263.332 329.165 395.000

Presupuesto 115.208 230.417 345.625 460.833 576.041 691.250

Acumulado 115.208 345.625 691.250 1.152.083 1.728.124 2.419.375

Cuadro 1: Presupuesto: Millones de pesos, Acumulado: Millones de pesos

Cuadro 2: Presupuesto: Millones de pesos, Acumulado: Millones de pesos

2El presupuesto necesario para las instituciones téc-

nicas y tec-n o l ó g i c a s . La Ministra

sostuvo en la audien-

cia que la may-

oría de los c u p o s nuevos s e r í a n g e n -erados por el

SENA y por las institu-ciones técnicas

y tecnológicas

de carácter público. En la entrevista del 26 de octubre había estimado estos cupos en 395.000. En el Cuadro 2 se calcula, en las mismas condiciones del cuadro anterior, cuál sería el presupuesto necesario para al-canzar tal objetivo entre 2012 y 2014. Se mantiene como referencia una inversión per cápita de $ 3.500.00 anuales, la cual es muy baja para los estudios universitarios y también para una educación técnica y tec-nológica de calidad. No se toman en con-sideración los recursos públicos que necesi-tarían las instituciones privadas, técnicas, tecnológicas y universidades, para generar 135.000 cupos nuevos en tres años, pues re-sulta contraevidente que con el simple cobro de derechos económicos financiados por la banca privada logren alcanzar los objetivos que les define el gobierno.

En total se necesitarían 2,4 billones de pesos para los tres años. Si suponemos que la mitad de esos cupos los va a cubrir

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el SENA con recursos parafiscales, que no están incluidos en los de educación supe-rior, su presupuesto tendría que aumen-tar anualmente en $403.229 millones. Sin embargo, en 2012 el incremento está por debajo de los $ 150.000 millones. Para las otras instituciones técnicas y tecnológicas se necesitarían 1,2 billones de pesos. De acu-erdo con el proyecto de ley solo se podría aspirar, en el mejor de los casos, a $ 915.513 millones, contemplados en el capítulo sobre el impacto fiscal. En consecuencia se con-

firma la hipótesis de que la mayor parte de la cobertura se desea ampliar con educación técnica y tecnológica mal financiada y, por ende, de baja calidad.

En estas condiciones y sin crear ni un cupo nuevo después de 2014 serían nece-sarios 12,88 billones para los diez años a los que hace referencia el proyecto, es decir, dos billones más de lo que se prevé en el mismo, que propone aumentar la tasa de cobertura en otro 14% hasta el 2024.

3El gobierno de las univer-sidades. Después de una interven-

ción del autor de estas notas en la au-d i e n c i a p ú b l i c a sobre el bajo por-centaje de la representación de la comunidad universitaria en los órganos superiores de las instituciones (25% en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia frente al 37,5% del gobierno nacional), la Ministra afirmó que los cál-culos estaban mal hechos, pues la participación de los repre-sentantes era del 33%. De esta manera confundió a los representantes (elegidos por los profesores y los estudiantes) con otros miembros de la comunidad académica, como los decanos, en cuyo nombramiento la participación de la comunidad universi-

taria no es decisoria, y de nuevo hizo mal los cálculos. El Cuadro N° 3 ilustra parcial-mente el resultado de una investigación que será publicada próximamente; es suficiente-mente ilustrativo de las razones por las cu-

ales se afirma que en términos de gobierno universi-

tario, la universidad colombiana está muy

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CON ANIMO DE LUCHA

...investigación que será publicada próximamente;

es suficientemente ilustrati-vo de las razones por las cua-les se afirma que en términos de gobierno universitario, la universidad colombiana está muy por debajo de los están-dares latinoamericanos...

por debajo de los estándares latinoameri-canos relacionados con la autonomía uni-versitaria. Adicionalmente, la participación del gobierno nacional es la más alta de las cinco instituciones analizadas y la depen-dencia del Consejo Académico con respecto al Superior, que se verá agravada con la re-forma, es total y ratifica la heteronomía de las universidades con respecto al gobierno nacional.

Con respecto a los organismos guberna-mentales de aseguramiento de la calidad y acreditación, la Ministra sostuvo que el tra-bajo lo van a hacer, como hasta ahora, pares académicos provenientes de las institucio-nes de educación superior, lo cual es cierto, pero omitió decir que los lineamientos gene-rales y específicos van a ser realizados por organismo colectivos: el CESU, el CNA y la CONACES, en donde las universidades tendrían una representación directa irrisoria o inexistente.

Leopoldo Múnera Ruiz Profesor Asociado Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia Director Observatorio Nacional de Paz 28 de octubre de 2011

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El primer punto del programa es un Rechazo rotundo y hundimiento de la propuesta de la nueva ley de educación superior. Lo que quiere decir que no estamos por ceder ante éste o aquel artículo mientras el fondo sea el mismo, buscamos la construcción democrática de una propuesta alternativa.

Además el programa mínimo establece seis ejes que serán guía para la construcción de un pliego, con reivindicaciones concretas para el paro actual así como la base con la que se proyecta la lucha a mediano y largo plazo. Dichos ejes son:

FINANCIACIÓN: Asegurar la educación como un derecho lo que implica fi �Asegurar la educación como un derecho lo que implica fi �ar la educación como un derecho lo que implica fi-nanciamiento estatal adecuado, control de costos de matrículas con miras en la

gratuidad y replanteamiento del carácter del Icetex financiado por recursos del Estado.

DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA:Garantizar la autonomía de las uni-versidades públicas para determinar sus agendas investigativas, programas, cur-

rículos y contenidos, así como administración de recursos (no entendida como autofinan-ciamiento) con base en sus necesidades, exigiendo garantías de participación democrática de todos los estamentos.

BIENESTAR: Recursos del Estado para Bienestar que hagan parte de base pre�Recursos del Estado para Bienestar que hagan parte de base pre-supuestal y que el bienestar sea ofrecido directamente por las Universidades y no a

través de concesiones, garantizando así bienestar integral para estudiantes y trabajadores de las universidades.

CALIDAD ACADÉMICA: Rechazo a la estandarización de contenidos exigiendo como garantes de calidad al descongelamiento y aumento de la planta

docente, el respeto y garantía para la libertad de cátedra, y financiación adecuada para ga-rantizar aumento de cobertura con base en calidad.

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS: Respeto y apoyo tanto a las expre-Respeto y apoyo tanto a las expre-siones culturales, políticas y sociales, como a las formas de organización estudian-

til, profesoral y sindical. Rechazo a la militarización y a la estigmatización del movimiento estudiantil exigiendo respeto a los Derechos Humanos y respeto a la movilización social y protesta.

RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD: Propender por una Uni-versidad ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrol-

lo y progreso de su mercado interno; actividades académicas, investigativas y de extensión que respondan a las prioridades y necesidades del pueblo.

PROGRAMA MÍNIMO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:

NOTA: Éste es un resumen del programa mínimo, para ver en su totalidad buscar en google: “PROGRAMA MÍNIMO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS�COLOMBIA”

“No somos un pueblo que asimila las ideas y los hombres de otras naciones, impregnándolas de su sentimiento y su ambiente, y que de esta suerte enri-quece, sin deformarlo, su espíritu nacional. Somos un pueblo en el que con-

viven, sin fusionarse aún, sin entenderse todavía, indígenas y conquistadores (…) La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional: tiene más

bien un espíritu colonial y colonizador”José Carlos Mariátegui