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DEBATE DEL PLAN INTEGRAL DE POLÍTICA DEMOGRÁFICA

13 de marzo de 2001

Una vez más, tengo el placer y el honor de comparecer ante la comisión

de estas Cortes, en este caso para tratar un asunto de importancia

fundamental para nuestra comunidad autónoma y sobre el cual yo creo

que se han vertido muchos ríos de tinta y espero que se viertan más a

partir de ahora.

Efectivamente, quiero recordar a sus señorías que el Gobierno de Aragón

remitió a las Cortes, en febrero del año 2000, una comunicación sobre

política demográfica y que, como resultado del debate sobre dicha

comunicación en el Pleno de la cámara, se aprobaron diversas

resoluciones a propuesta de los distintos grupos parlamentarios. La

primera de ellas fue aprobada a propuesta conjunta de todos los grupos

parlamentarios e instaba al Gobierno de Aragón a «elaborar y presentar,

antes del uno de octubre, un Plan integral de política demográfica en el

que se contengan las medidas a desarrollar». Pues bien, en cumplimiento

de dicho plan, se ha elaborado un documento que integra un conjunto de

medidas, en nuestra opinión, coherentes y sistematizadas dirigidas a

poner en marcha diversas políticas tendentes a enfrentarse con el

problema que supone la actual evolución demográfica de Aragón.

He de recordar a sus señorías que, como se dice en el propio plan, el

calificativo «integral» no debe o no puede ser entendido como

omnicomprensivo de todo tipo de políticas relacionadas con la población,

que, al fin y al cabo, es la destinataria de cualquier acción de gobierno.

Hay que reconocer que, efectivamente, actuaciones trascendentales como

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la mejora de la red de carreteras o los nuevos regadíos o la política

industrial, todo, lógicamente, tiene que ver con lo que son las políticas

relacionadas con la población, porque tienen a ésta como el objetivo

fundamental. De entenderlo de otra manera, un Plan integral de política

demográfica sería tanto como decir un plan integral de gobierno, y parece

claro que el debate planteado y las resoluciones aprobadas como

consecuencia de la comunicación presentada debían venir referidos, que

es lo que se ha intentado, más a aspectos especializados y concretos, más

directamente relacionados con lo que podríamos entender, en términos

teóricos, como política demográfica.

El presente plan, el que se presenta ahora, recoge medidas referidas a

apoyo a las familias, a la inmigración y a la política de equilibrio territorial,

lógicamente, en la misma línea que se planteó cuando el Gobierno

presentó ante la cámara la correspondiente comunicación.

Es evidente, y quiero recordarlo aquí, que la elaboración del plan ha

tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera, las resoluciones

aprobadas por el Pleno de las Cortes. Todas ellas han sido objeto de

análisis y reflexión por todos los departamentos afectados por la

elaboración del plan integral y se han recogido siempre que se ha

estimado posible concretar actuaciones en aplicación de las mismas. En

algunos casos, ello no ha sido posible, sin que eso suponga que no puedan

ser tenidas en cuenta en futuras actuaciones.

No voy a recordar a sus señorías cuál fue el diagnóstico de la situación

demográfica de esta comunidad autónoma porque ya tuvimos la ocasión

de debatirlo ampliamente con motivo de la presentación de la

comunicación. Simplemente, recordar que esta comunidad autónoma

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«padece», entre comillas, una de las densidades medias de población más

bajas de Europa: efectivamente, en el año 1999 era de 24,8 habitantes

por kilómetro cuadrado frente a los 78,8 de España y a los 116 de media

de la Unión Europea, siendo, en consecuencia, la duodécima región

europea con menor densidad de población. Si a esta bajísima densidad de

población unimos la segunda característica del problema demográfico de

nuestra comunidad, que es el sobresaliente o el fuerte desequilibrio

territorial interno, con una ciudad con seiscientos mil habitantes y otros

municipios con siete habitantes, con veinte, etcétera, pues yo creo que

nos hacemos una idea, aunque sólo sea a modo de recordatorio, de cuál

es la situación demográfica, en la que no quiero volver a insistir porque la

conocen sus señorías mejor que yo.

Lógicamente, es obvio también que las causas del problema son dos: la

emigración y el crecimiento vegetativo negativo, y no creo que tengamos

que extendernos más en las causas, me parece que son conocidas

prácticamente de todos.

En cuanto a las perspectivas futuras, el futuro de las zonas actualmente

despobladas tiene mucho que ver, lógicamente, con sus posibilidades para

ofrecer incentivos suficientes, económicos y no económicos, para evitar

seguir perdiendo población, frenando las posibles salidas y consiguiendo

también atraer población con voluntad de establecerse en ella. Es decir,

en nuestra opinión, las perspectivas de futuro, entre otros muchos temas,

yo creo que van a depender fundamentalmente de los incentivos

económicos que seamos capaces de generar en las distintas comarcas, en

los distintos territorios, y, lógicamente, de los incentivos sociales y de

calidad de vida. A nadie se le oculta cuál es la situación económica de los

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distintos territorios de Aragón; incentivar económicamente esos territorios

será una buena causa que permitirá mejorar las perspectivas de futuro, y

hablamos igual de incentivos de carácter social y de calidad de vida.

Cuanto mejores sean los servicios en los territorios, con mayor facilidad se

quedará la gente o volverá gente que actualmente se ha tenido que

marchar.

Pero, bien, esto es obvio, señorías, no voy a descubrir el Mediterráneo,

como pueden suponer sus señorías, aunque siempre se descubre alguna

parte del Mediterráneo, pero en este caso no se trata de descubrir. Yo

creo que conocemos todos perfectamente cuál es la situación.

Ahora bien, ¿qué objetivo se pretende desde el Gobierno y se plantea

hoy al parlamento para incluir en un Plan integral de política demográfica?

En nuestra opinión, ese plan pretende facilitar al menos los siguientes

objetivos: primero, que se avance en la corrección de los profundos

desequilibrios territoriales y demográficos que experimenta Aragón;

segundo, frenar la tendencia regresiva que la población en su conjunto

muestra en los últimos años; tercero, que los ciudadanos puedan fijar sus

domicilios donde lo deseen, no estando sujetos a restricciones originadas

en carencias de servicios públicos básicos, en escasez de viviendas o en

incomunicación; cuarto, que los ciudadanos puedan compaginar su vida

familiar y sus proyectos laborales y profesionales de forma que tanto la

legislación laboral como los servicios asistenciales tomen como referente

el bienestar de los ciudadanos de acuerdo con sus preferencias; quinto,

que los ciudadanos puedan alcanzar el número de hijos deseados y en el

momento en que lo estimen oportuno; sexto, que los ciudadanos

procedentes de otros territorios se integren laboral, social y culturalmente

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en nuestras ciudades y pueblos, disfrutando de iguales derechos y

obligaciones que cualesquiera otros; séptimo, que en cualquier territorio

puedan localizarse actividades económicas y promoverse iniciativas

emprendedoras, contribuyendo la Administración de la comunidad

autónoma a subsanar los fallos del mercado; octavo, que el patrimonio

medioambiental sea conservado e incrementado incluso, si fuera posible,

y no se vea amenazado por actuaciones públicas ni privadas; noveno, que

la riqueza cultural de los lugares y sus habitantes se desarrolle y no se

vea amenazada por actuaciones públicas ni privadas, y décimo, que las

discriminaciones positivas que contrarrestan desigualdades derivadas del

género, situación económica y lugar de residencia sean transparentes y

equitativas.

En suma, que la calidad de vida en cualquier lugar de Aragón, urbano o

rural, sea adecuada para convivir en libertad y solidaridad todos sus

ciudadanos, siendo capaz de atraer la localización de nuevos residentes.

Voy a hacer abstracción de los principios que inspirarán la política

demográfica del Gobierno por estar incluidos en la comunicación

correspondiente. No me querría extender en exceso sobre la misma por lo

que diré después, pero es evidente que hay una serie de principios que se

han incluido que nos parecen de obligado cumplimiento o, al menos, que

tendrían que ser tenidos en cuenta, fundamentalmente, en la puesta en

marcha de este plan.

Y luego, respecto a las medidas concretas, que es lo que el parlamento

solicitó por unanimidad al Gobierno, el Gobierno de Aragón ha establecido

tres paquetes de medidas o tres conjuntos de medidas, un poco en la

misma línea que cuando se presentó la comunicación ante el parlamento.

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Primero, las medidas relativas a las familias. Efectivamente, el Gobierno

de Aragón se compromete a llevar a cabo una serie de medidas para

mejorar el nivel de vida de las familias y compensar, aunque sólo sea

parcialmente, el incremento de costes que supone el tener familias

numerosas: garantizar el acceso a viviendas dignas, promover la

integración de la mujer en el mercado laboral, conciliar la vida familiar y

laboral y facilitar más la educación de los hijos, etcétera.

Y se proponen una serie de medidas, primero, de carácter fiscal, que

tienen sus señorías en el correspondiente plan: entre otras, se propone

una ayuda directa de cien mil pesetas por cada nuevo nacimiento a partir

del tercer hijo, para lo que se establecerán las condiciones de niveles

máximos de renta para poder ser beneficiario de dichas ayudas; en

relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se propone

también una serie de medidas, como una reducción de cinco millones de

pesetas en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones

o la reducción del 95% sobre el valor neto incluido en la base imponible

del impuesto sobre sucesiones correspondiente a cualquier derecho sobre

una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades

adquiridos mortis causa por parte del cónyuge o descendientes de quien

fallece, etcétera; en relación son el impuesto sobre transmisiones

patrimoniales y actos jurídicos documentados, se propone también una

serie de medidas (en la adquisición de aquellos inmuebles que vayan a

constituir, por ejemplo, la vivienda habitual, se propone que la cuota

tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido

del 2%, por ejemplo). Es decir, hay una serie de medidas de carácter

fiscal que tienen sus señorías aquí, que pueden ser ampliadas por otras o

que pueden ser reducidas, matizadas o reconducidas.

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En materia de vivienda se pretende activar una serie de medidas que

también, lógicamente, se han incluido: respecto a la mejora de viviendas,

aspectos que se refieren a lesiones estructurales en vivienda en el medio

rural, estableciéndose una serie de ayudas que el departamento

correspondiente propone e incluye en el plan; en cuanto a la materia de

supresión de barreras arquitectónicas en edificios del medio urbano,

también se propone una serie de ayudas (establecemos, por ejemplo, una

línea de ayudas para pequeñas obras que permitan la adecuación

arquitectónica de la vivienda habitual a las personas mayores en situación

de dependencia o el estudio de las necesidades de vivienda en cada

comarca, estableciendo un Plan de viviendas de promoción no oficial

territorializado); asimismo, el ISVA incluirá en el próximo plan cuatrienal

acciones para asegurar las ayudas a parejas jóvenes menores de treinta y

cinco años.

En fin, entre otras ayudas, como digo y repaso: en las medidas relativas

a las familias hemos incluido medidas de carácter fiscal, medidas que

afectan a la vivienda, medidas de promoción de la mujer; con el objeto de

incrementar las tasas de actividad femenina, se propone también una

serie de actuaciones; lo mismo con el objeto de fomentar la iniciativa

emprendedora de las mujeres... Yo creo que leérselas todas a sus

señorías sería excesivo por mi parte. Han tenido más que tiempo para

podérselas leer con tranquilidad y con calma, y creo que no merecería la

pena que reiterara todo lo que se dice. Pero, vamos, simplemente

recuerdo que estamos en las medidas correspondientes a la promoción de

la mujer.

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También, en cuanto a familias desfavorecidas, se propone una serie de

acciones como, por ejemplo, incrementar los convenios con corporaciones

locales para la atención de núcleos familiares desfavorecidos o en

situación de riesgo; la existencia de una dotación necesaria para atender a

familias con menores en situación crítica, o incrementar la dotación

mínima necesaria para atender la demanda de partos múltiples.

Lo mismo en materia de personas mayores, con una serie de actuaciones

bastante pormenorizadas en cuanto a la realización, por ejemplo, de las

siguientes inversiones en centros para personas mayores, con una

dotación presupuestaria de mil setenta millones de pesetas, en donde se

incluyen: transformación de plazas para válidos en plazas para

dependientes en residencias como las de Albarracín, Utrillas, Foz y

Romareda; reforma y reposición de equipamientos en centros de día y

residencias; reforma de la Residencia de la Sagrada Familia, de Huesca, la

tercera fase; reforma de la residencia Hogar Doz, de Tarazona, etcétera;

se incrementará también la dotación personal para los centros citados en

el apartado a), que son los referidos a Albarracín, Utrillas, Foz y

Romareda; se actualizarán los conciertos de reserva y ocupación de plazas

para personas mayores y personas con discapacidad; se actualizarán los

convenios de colaboración para el funcionamiento de los centros, etcétera.

Otra serie de medidas para el apoyo a la infancia y otras en materia de

educación, referidas, por ejemplo, a la gratuidad de los libros de texto

(así, en el curso 2001 se establecen ayudas de hasta doce mil pesetas por

alumno en educación infantil, educación primaria y educación especial, y

de hasta veinte mil por alumno en educación secundaria obligatoria y

programas de garantía social), referidas a comedores escolares (se amplía

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la oferta de comedores escolares a alumnos de educación secundaria

desplazados, bien con la instalación de comedores en institutos de

secundaria, si lo solicita la comunidad educativa, o bien autorizando la

utilización del comedor del colegio público de la misma localidad),

referidas a transporte escolar, referidas al mapa escolar, referidas a la

permanencia del profesorado en el medio rural, referidas a ciclos

formativos de formación profesional en comarcas, referidas a formación

profesional a distancia, referidas a horarios vespertinos y nocturnos,

referidas a la gratuidad entre los cero y los tres años y referidas a la

coeducación.

Es decir, resumo: el conjunto de medidas que afectan especialmente al

capítulo que hemos denominado «Medidas relativas a las familias», que

son de orden fiscal, en materia de viviendas, en materia de promoción de

la mujer, en materia de familias desfavorecidas, personas mayores, apoyo

a la infancia y educación, fundamentalmente.

Hay otra serie de medidas, un segundo capítulo de medidas, relativas a

la inmigración. Y, efectivamente, resaltar que en la definición de objetivos

de este plan se ha señalado que la inmigración puede realizar un aporte

significativo para la revitalización demográfica y el reequilibrio territorial,

así como puede contribuir a superar una serie de carencias del mercado

laboral que pueden estrangular la viabilidad de ciertas actividades y

comarcas. Pero, además, la inmigración incorpora elementos de tipo

personal y sociológico, de mentalización individual y colectiva para

quienes llegan y para quienes los acogen y que es preciso considerar junto

con los anteriores.

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En consecuencia, ante esta complejidad, el Plan integral de política

demográfica propone afrontar la inmigración desde una perspectiva

abierta que integre de forma coherente la evaluación de las necesidades

de mano de obra y de regeneración demográfica, con el desarrollo de

medidas que favorezcan su integración laboral y social; en definitiva, su

enraizamiento en el territorio aragonés. Y se insta, junto a otras políticas

que en la actualidad son competencia del Gobierno central, a que las

políticas de inmigración se descentralicen al máximo en su gestión y

ejecución, no sólo hacia las comunidades autónomas, sino también hacia

los ayuntamientos, dado que las necesidades de mano de obra y las vías

de integración social son particulares en cada ámbito y merecen ser

territorializadas para ganar en efectividad.

Todos estos fines serán objeto de atención específica por el Gobierno

mediante el planteamiento de un conjunto de medidas de carácter plural

en un plan de atención al inmigrante que aborde el fenómeno de la

inmigración como un reto social, cultural, económico y demográfico. Así,

se avanzan algunas de las medidas en materia de acción social,

subvencionando a asociaciones, organizaciones no gubernamentales y

agrupaciones de mujeres que trabajen con mujeres inmigrantes, con el

objetivo de realizar acciones de formación para su inserción; el estudio

continuo de las necesidades de las personas inmigrantes para su

integración social y laboral en condiciones de igualdad; la elaboración de

un plan de integración social de inmigrantes y prestaciones básicas de

servicios sociales en municipios tan significativos para esta cuestión como

Caspe, Fraga y Monzón; la puesta en marcha de un plan de integración

social de inmigrantes y mantenimiento de centros de acogida en

Zaragoza, Huesca y Teruel y servicios de ONG; el refuerzo técnico de los

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servicios sociales de base para la acción social, o la creación de un grupo

de trabajo integrado por profesionales sociosanitarios.

En materia de educación, apertura de aulas de inmersión para acoger a

los inmigrantes que lleguen a nuestra comunidad sin conocer nuestro

idioma; se incrementará el número de profesores de educación

compensatoria, etcétera.

En fin, una serie de cuestiones que, como digo, afectan a la acción social

y a la educación.

Y el tercer capítulo de medidas son medidas relativas al fomento del

reequilibrio territorial, lo que hemos denominado siempre en esta cámara

«política territorial», que, lógicamente, se resumen en lo que sus señorías

ya conocen, que ha sido reiteradamente debatido en esta cámara y espero

que lo siga siendo en el futuro, que es la puesta en marcha y

cumplimiento de las directrices generales de ordenación del territorio, una

norma, señorías, de estas características que aporta cierta coherencia en

la medida en que señala cómo territorializar los servicios públicos y

completar ciertas dotaciones de infraestructuras en función de los rangos

atribuidos a ciertas localidades según el sistema de ciudades en los que se

organiza Aragón. Es decir, el cumplimiento escrupuloso en la medida que

es posible, desde todas las administraciones públicas, de las directrices

generales de ordenación del territorio.

Lo mismo en la línea de fortalecimiento de las haciendas locales, que sus

señorías ya conocen. Este año se ha duplicado el fondo incondicionado

hasta cuatro mil millones de pesetas, que nunca es suficiente, lo

entendemos, pero, bueno, al menos estamos manteniendo la línea que

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dispuso la Ley de Administración local de Aragón, que creemos que es lo

adecuado.

Apoyo al proceso de comarcalización, como una forma diferente de

organizar el territorio más adecuada a las necesidades del siglo XXI, y

que, por supuesto, ahorro a sus señorías el desarrollar más este tema.

Lo mismo en cuanto al acercamiento de la actuación administrativa al

territorio, con una serie de medidas que no voy a pormenorizar ahora y

que tienen mucho que ver, señorías, con las que el Gobierno ha incluido

en la comunicación que envió en su día al parlamento, que está pendiente

de debatir en esta cámara, sobre las consecuencias en la Administración

del proceso de comarcalización, más o menos resumido de alguna

manera. Entonces, eso tiene que producir un nivel de acercamiento de la

actuación administrativa al territorio, con una serie de medidas, que será

mejor que las pormenoricemos un poquito más cuando se vea la

comunicación que envió en su día el Gobierno y que, como digo, está

pendiente de discutir en el parlamento y de debatir entre los grupos, y me

parece que puede ser una idea muy adecuada llegar a acuerdos sobre esa

línea.

Fomentar la implantación de infraestructuras para la información y

promocionar un uso creciente, que también se incorporan estas ideas en

la comunicación y en la otra comunicación que el Gobierno remitió al

parlamento, y mejorar la información sobre la situación territorial

mediante la creación del Centro de Documentación e Información, el

Instituto Aragonés de Estadística, etcétera.

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En fin, no me voy a extender excesivamente sobre las medidas de

política territorial, que han sido reiteradamente debatidas en esta

cuestión.

Además de las medidas propiamente dichas de política territorial, hay

otras que tienen que ver mucho con lo que pueda ser el futuro de esta

comunidad autónoma, que es el fomento de la actividad económica.

Podemos citar algunas de carácter más o menos especializado, aunque,

evidentemente, todo lo que hacen todos los departamentos y todas las

administraciones tiene algo que ver con ese objetivo que es la población:

medidas que promueven el desarrollo endógeno del medio rural, como el

Programa de industrialización agraria, incluido en el Plan de desarrollo

rural 2000-2006; las ayudas a la agricultura ecológica, incluidas en el

Programa de medidas de acompañamiento 2000-2006; programas de

restitución territorial para zonas afectadas por grandes embalses; el

aprovechamiento de los bosques e industrialización de sus producciones;

el fomento de empresas artesanales, o la información sobre acciones

jurídicas de Derecho civil aragonés para la transmisión de empresas y

patrimonios familiares.

Además de eso, fomento de iniciativas empresariales en el sector

turístico, con una serie de programas (programa de materia de turismo

rural); la consolidación y ampliación de la red de hospederías y albergues;

la colaboración con otras comunidades autónomas en la creación de una

estrategia conjunta para promocionar y desarrollar áreas turísticas

complementarias, que se citan también en el plan integral.

La estabilidad de los mercado laborales e integración de la mujer

trabajadora, con una serie de medidas que se dirigen a promover el

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aumento de la tasa de actividad femenina; las ayudas a la creación de

empresas que empleen mano de obra femenina, reconocidas en el

programa presupuestario correspondiente; medidas relativas a la

inserción y formación ocupacional, desarrolladas en el Instituto Aragonés

de la Mujer y desde el Instituto Aragonés de Empleo; medidas relativas al

apoyo a las iniciativas empresariales en labores de asesoramiento, apoyo

y evaluación desde el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto

Aragonés de Empleo; creación de guarderías, o ampliación de los horarios

de los centros educativos.

Y, por último, medidas de competencia de otras administraciones, de las

que no podemos hacer abstracción porque tienen también su efecto

inmediato sobre la política demográfica.

Bueno, sobre el tema de la ley de extranjería, recordar cómo está la

situación, sobre lo cual no voy a hacer incidencia ahora, salvo que alguna

de sus señorías me lo pregunte.

Sobre la política de inmigración, una mayor descentralización en su

planificación y ejecución creo que sería recomendable. En esta línea,

deberíamos instar a potenciar la contratación en origen de los

trabajadores temporeros, erradicar la intermediación ilegal y mejorar el

funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo como agencia de empleo

que desarrolla políticas activas y elimina costes informativos y de

negociación, y asimismo deberíamos solicitar a la Administración central

las modificaciones precisas en el régimen especial agrario de la Seguridad

Social.

Sobre el modelo de financiación autonómica, en fin, se insta al

Gobierno... La idea es muy clara: sobre el modelo de financiación

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autonómica, en relación con la demografía, lo que hemos de tener claro es

que el nuevo modelo de financiación autonómica no puede basarse

exclusivamente en razones de población, sino en la baja densidad

demográfica que padece esta comunidad autónoma y que la diferencia de

otras comunidades autónomas distintas a la nuestra. Yo creo que esa

referencia, ese punto de referencia, ha de ser tenido en cuenta en

cualquier actuación que tenga que ver con el nuevo modelo de

financiación de las comunidades autónomas: no podemos tener en cuenta

los términos absolutos, sino la tasa, la bajísima tasa demográfica y la

mala distribución que a lo largo y a lo ancho del territorio tiene la

población. Ahora, por ejemplo, que está discutiendo o se va a discutir o se

está empezando a negociar la transferencia del Insalud, por ejemplo, no

deberíamos aceptar una transferencia cuyo coste efectivo se calculara

exclusivamente sobre la población y no tuviera en cuenta la distribución

sobre el territorio de esa población, que yo creo que produce un coste

añadido a lo que sería, simplemente, un coste a tener en cuenta

exclusivamente por la población.

Sobre la normativa laboral, instar al Gobierno español a mejorar las

condiciones laborales y de protección social de los trabajadores en peores

condiciones, que, dado los indicadores manejados por el Inem y la EPA,

son los jóvenes y las mujeres.

Sobre la legislación relativa a familias numerosas, simplemente, solicitar

o instar o hablar con el Gobierno central para que se actualice la

legislación sobre protección a las familias numerosas.

Lo mismo sobre la legislación relativa a conciliación de la vida familiar y

laboral de las personas trabajadoras.

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Y, por último, sobre los servicios públicos prestados por las entidades

locales, instar también a los ayuntamientos a que, en el ámbito de sus

competencias, establezcan medidas de apoyo a las familias numerosas,

estableciendo un trato favorable en la aplicación de sus tasas y precios

públicos.

Es decir, hemos arbitrado una serie de medidas, resumiendo, que

afectan a la familia, núcleo esencial de destino de esta política

demográfica, que afectan a la inmigración y que afectan a la política del

territorio, un poco en la misma línea que se planteó en su día por la

comunicación. Entendemos que el Gobierno ha interpretado bien, en la

medida de sus posibilidades, lo que las Cortes le ordenaron realizar.

Hemos traído, como digo, este plan integral, y yo diría -y me van a

perdonar el ánimo de cierta confianza que siempre pretendo mantener

ante esta Comisión Institucional- que el mejor plan es el que se cumple.

Yo creo que todos los planes son opinables. Unos serán más ambiciosos,

otros serán menos ambiciosos. Es evidente que se puede hacer un plan,

como digo, corto, largo, profundo, pero el plan mejor es el que se cumple.

Y, en ese sentido, destacar que, en mi opinión, deberíamos garantizar

que el plan que apruebe este parlamento después del paso del plazo de

los ocho días, durante los que se podrán presentar las proposiciones que

los grupos parlamentarios estimen oportunas, que creo que sería bueno

que se estudiaran entre todos y fuéramos capaces de acertar con una

fórmula lo más consensuada posible, dentro de lo que sea posible la

fórmula del consenso en estas cuestiones, dar con un plan que garantice,

en mi opinión, dos cosas: primero, una perfecta coordinación de todas las

administraciones públicas implicadas, empezando por los distintos

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departamentos del Gobierno, donde vamos a intentar coordinar, como

digo, adecuadamente las acciones que cada departamento tenga que

cumplir siguiendo el compromiso adquirido por el plan que aprueben las

Cortes, y dos, hay que garantizar la ejecución del plan. En mi opinión creo

que hay que garantizar que el plan se cumple, al 100% si es posible, pero

hay que garantizar que el plan se cumple.

Ésa es la voluntad del Gobierno: coordinar el plan, en la medida que es

de su competencia, una vez que lo aprueben las Cortes, y garantizar la

ejecución del plan que aprueben las Cortes, porque, al final, éste no será

el plan del Gobierno, aunque el Gobierno haya hecho la labor de ponente,

sino, lógicamente, el plan que el parlamento apruebe.

Ya saben ustedes que en la Ley de presupuestos de este año 2001 se

incluyó en un artículo la necesidad de que cada tres meses el Gobierno

informara al parlamento sobre las medidas que se han adoptado en

cumplimiento del plan, una vez aprobado éste. En consecuencia, éste es el

reto que nosotros traemos y creemos que hemos asumido y creemos que

hemos reflejado lo mejor que hemos sabido sobre estos folios. Creemos,

como digo, que no puede ser un plan que recoja toda la acción del

Gobierno, pero que son las medidas más directamente relacionadas con el

plan sobre la política demográfica. Y, bueno, a partir de ahora, sus

señorías tienen la palabra.

Simplemente, indicarles, como digo, que el compromiso del Gobierno es

garantizar las mejores fórmulas de coordinación de los distintos

departamentos para que el plan se cumpla y, lógicamente, garantizar la

ejecución y el cumplimiento de este plan.

Nada más, y muchas gracias.