Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2005 Resumen En el marco del Da mundial de los derechos humanos, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), publica su informe anual sobre la situacin de los derechos humanos en el pas. El Servicio realiza desde hace 18 aos este monitoreo con un enfoque integral de los derechos fundamentales. Una mirada al Uruguay en clave de derechos humanos implica analizar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones desde un rol proactivo y comprometido. El presente Informe releva la situacin de los derechos civiles y polticos en el pas a partir del nuevo escenario instalado desde el 1 de marzo de 2005. SERPAJ destaca que el nuevo gobierno ha manifestado una voluntad distinta a las anteriores administraciones en investigar y alcanzar la verdad de lo sucedido con los detenidos desaparecidos por la dictadura cvico-militar y ha exigido la participacin de las Fuerzas Armadas en esa bsqueda. Sin embargo, reclama la nulidad de la ley de Caducidad, en el entendido que instituy un contexto poltico y jurdico de impunidad con consecuencias que afectan la democracia. La organizacin subraya que esta ley viola constante y flagrantemente el derecho internacional de los derechos humanos, que desprestigia al pas frente al mundo. Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2005 reflexiona sobre el derecho a la verdad y la necesidad de garantizar el acceso a la informacin pblica. Revela informacin desclasificada de los archivos de inteligencia del Ministerio del Interior sobre la actividad de organizaciones de DDHH, y da cuenta de un documento entregado por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, que seala que por razones de seguridad nacional no es conveniente la desclasificacin de la informacin solicitada en poder de Inteligencia de esa cartera. Respecto a los ascensos de militares acusados de haber violado los derechos humanos durante la dictadura, SERPAJ reafirma que se deben dejar sin efecto. Asimismo se pronuncia sobre los informes de las Fuerzas Armadas respecto del destino de los detenidos desaparecidos y los resultados de las investigaciones ordenadas por el Poder Ejecutivo. Derechos humanos en el Uruguay. Informe 2005 presenta un completo relevamiento sobre la situacin de las personas privadas de libertad; denuncia la sistemtica violacin de sus derechos y analiza la nueva ley de humanizacin del sistema carcelario. El informe reflexiona sobre los incidentes ocurridos en la Ciudad Vieja, condenando la lgica de violencia tanto desde la manifestacin social como desde la irracionalidad de la represin policial. Cuestiona el fallo judicial que criminaliza la protesta social y la discrepancia ideolgica, limitando la democracia y plantea la necesidad de derogar la tipificacin de sedicin en el Cdigo Penal. En el captulo dedicado a los derechos econmicos, sociales y culturales, SERPAJ presenta informes en las reas de trabajo, pobreza, seguridad social, salud, vivienda y medioambiente, a cargo de especialistas en cada temtica. Algunos puntos fundamentales de este captulo: Trabajo: Desde el punto de vista del derecho al trabajo, se puede concluir que el ao 2005 muestra mejores indicadores que 2004 en cuanto al empleo y desempleo, debido fundamentalmente al proceso de recuperacin econmica que operaba desde el ao

pasado. Sin embargo, los niveles de desempleo continan siendo muy importantes a la vez que muy superiores respecto a la media histrica de los ltimos aos. El incremento en la tasa de empleo se traduce en algo ms de 7.000 puestos de trabajo creados desde que asumi funciones el actual gobierno. Falta un mayor empuje en las polticas activas de empleo. En tal sentido, se torna imprescindible contar con una institucionalidad ms fuerte en la materia. Es indispensable velar por la calidad del empleo, lo que obligadamente incluye aumentar el poder de compra de los salarios, especialmente los ms sumergidos, de donde se deduce la importancia de generar polticas salariales redistributivas. No cabe duda que este ao se han logrado avances en materia de polticas de regulacin: el incremento del salario mnimo nacional, la convocatoria a los consejos de salario, la discusin sobre un proyecto de fueros sindicales, y la regulacin de algunos aspectos de las relaciones laborales, van en esa lnea. Seguridad Social: La constante y en los ltimos aos aguda precarizacin del mercado de trabajo pone en tela de juicio el actual diseo de los programas de seguridad social, porque deja fuera del sistema a una proporcin importante de las familias uruguayas. La cobertura del seguro de desempleo nunca sobrepasa el 30% de los desocupados. Por otra parte, mas del 50% de la Poblacin Econmicamente Activa se encontraba sin cobertura de la seguridad social en el ao 2004 Salud: La propuesta de fondo del gobierno en materia de Salud refiere a la creacin progresiva de un Sistema Nacional Integrado de Salud y de un Seguro Nacional de Salud. Esta propuesta representa un notorio avance hacia la equidad en salud en el pas. De los mltiples cuellos de botella a resolver en este proceso, el ms importante es que no se renuncie a la transformacin ante las mltiples resistencias que existen e irn aumentando en la medida que se concreten los cambios anunciados. Situacin de los nios, nias y adolescentes: Como resultado de la situacin social observada en los ltimos aos el nmero de nios y adolescentes pobres en el pas casi se ha duplicado. En el ao 1999 se estimaban unos 210 mil nios y adolescentes pobres, incrementndose para el ao 2004 hasta los 380 mil. Los nios y adolescentes que viven en hogares que no logran cubrir sus necesidades bsicas alimenticias (indigencia) han pasado de 24 mi en el ao 2000 a 60 mil en el 2004. Agua: An luego de aprobada una reforma constitucional que consagr las gestin pblica, participativa y sustentable del agua, y la consideracin de su acceso como un derecho humano fundamental, el Poder Ejecutivo habilit la permanencia de las empresas multinacionales de agua, privatizadoras de los servicios en Maldonado. En Pinar Norte, en Canelones, la gestin privada del servicio de agua y saneamiento ha derivado en una emergencia sanitaria; finalmente, la participacin pblica y la introduccin de mecanismos que permitan una gestin sustentable del agua son cuestiones an pendientes de instrumentacin, cuando ha pasado mas de un ao de la aprobacin de la reforma constitucional.

Plantas de celulosa: Desde la perspectiva de derechos no es posible establecer a priori una respuesta acerca de si es o no conveniente la instalacin de las plantas. No obstante, si surge que el Estado tiene obligaciones que debe asumir y que eventualmente podran concluir en la prohibicin de la instalacin de las plantas o en su autorizacin bajo determinada condiciones. El Estado, en el caso de que se instalaran las plantas, debe garantizar el monitoreo de los parmetros, dentro de los cuales las empresas estn obligadas a actuar, promoviendo la participacin de la sociedad civil en el mismo. No existe, o al menos no es de pblico conocimiento, que se haya realizado una evaluacin de impacto ambiental de efecto combinado de la instalacin de las dos plantas procesadoras de celulosa (ENCE y BOTNIA). Esta carencia ha sido sealada con insistencia por las organizaciones que se oponen a la iniciativa, y el Estado no ha dado una respuesta clara al respecto. Sera oportuno un debate especfico encaminado a la definicin de un plan estratgico de desarrollo que incluya una evaluacin ambiental sistemtica. Extender indefinidamente este tipo de produccin en Uruguay sera adoptar un modelo de desarrollo que podra interesar a las empresas inversoras pero que acarreara consecuencias graves respecto a la situacin de los derechos humanos.