En la actualidad, todos sabemos que nuestra planificación no tiene otro sentido que la garantía de accesibilidad del medicamento para el usuario del sistema nacional de salud. Pero no fue ese el motivo directo que propició su inicio, a principios de los 40 del pasado siglo, en plena posguerra autárquica.

Podemos transcribir del decreto de 24 de enero de 1941, por el que se reglamenta el establecimiento de nuevas farmacias, lo que en su exposición de motivos figura: “...Es cierto que la libre concurrencia base de la industria y del comercio del pasado siglo, atraviesa una crisis aguda, libertad que, si en algún tiempo produjo algún beneficio, hoy produce un notable encarecimiento de las mercancías y, a la par, no satisface las necesidades más elementales del profesional, planteando un grave problema social y otro de sentido moral que el Gobierno debe vigilar estimulando una mayor elevación en ese sentido moral de los profesionales farmacéuticos, de lo que se deducirá un mayor beneficio para la salud pública...”.

Ya en los años 40 el precio de los medicamentos estaba regulado y en la ciudad las farmacias se organizaban para la realización de guardias obligatorias. Esto es, existía una regulación previa a la implantación de medidas reglamentarias para el establecimiento de nuevas farmacias. O sea, obviamente fue antes la regulación de precios y la obligatoriedad de servicios que la reglamentación de límites en la apertura de establecimientos.

Una vez hecha la introducción, podemos afirmar -todos conocemos- que la planificación actual, desarrollada por las diferentes comunidades autónomas, atiende a criterios territoriales y poblacionales. En cuanto a los criterios territoriales la referencia son las Zonas Básicas de Salud, ligeramente retocadas y/o renombradas. En cuanto a los criterios poblacionales, de igual modo, las comunidades autónomas marcan unos módulos poblaciones en función de sus criterios particulares.

El resultado de la aplicación de la normativa reguladora en materia de oficinas de farmacia es, mas o menos, una farmacia por cada 2.000 habitantes de media nacional. Pero claro, hay diferencias muy significativas en cuanto a la dispersión geográfica de las poblaciones en las distintas comunidades autónomas. Así, la media nacional son 24 kilómetros cuadrados por oficina de farmacia. En Madrid hay una farmacia cada 0.62 kilómetros cuadrados; en Castilla y León una cada 58 kilómetros cuadrados; Valencia una cada 4.71 kilómetros cuadrados; Castilla la Mancha una cada 62 kilómetros cuadrados; Cataluña una cada 8.84 kilómetros cuadrados; Andalucía una cada 25 kilómetros cuadrados, entre otras. Todo ello lleva a que en comunidades autónomas como las dos Castillas tengan en su haber un gran número de minúsculas boticas diseminadas por su territorio para dar el servicio farmacéutico al 100% de la población española.

Otro día escribiré, que tengo ganas, sobre el interesante tema de responsabilidades civiles y penales de los farmacéuticos en virtud de su cargo en la oficina de farmacia.

Un saludo,

Andrés C. Reviriego