Bonaudo, Marta- Sonzogni, ElidaCuando disciplinar fue ocupar (Santa Fe, 1850-90)Nuestro propsito es analizar las vas de unificacin desde un rea de la regin pampeana argentina y particularmente en el proceso de conformacin del mercado de trabajo rural durante la segunda mitad del siglo XIX. Intenta recuperar la centralidad del sector agrario en una sociedad q no potencia en las etapas iniciales las actividades industriales. A su vez el caso santafesino se distingue de otros espacios pampeanos por cuanto el eje agroexportador exhibe como rasgo el peso de su produccin cerealera y las particulares formas q adopta el proceso d apropiacin de la tierra. La construccin histrica de este mercado implic la necesidad de producir cambios en las relaciones sociales y entre el Estado y la sociedad que afectaban al mundo de las mercancas en general y a la propiedad en particular. Mercantilizar la fuerza de trabajo escasa, obligndola a abandonar circuitos marginales d sustento, a formalizar relaciones laborales hasta entonces espordicas y precarias, a identificar y asociar el trabajo asalariado con reglas de juego claras y definidas, se convierte en una prioridad.El Estado Confederal primero y luego el Estado-Nacin as como las administraciones provinciales se enfrentarn al desafo de la construccin de un orden burgus donde el capital y la fuerza de trabajo son los grandes ausentes. Superar los lmites de estas carencias provoca, en pos de la concrecin del modelo de desarrollo agroexportador, su conversin como objetivos privilegiados para la administracin central y para las provinciales.1. El espacio santafesino y sus transformacionesSi bien la cada de Rosas no significa el fin de los enfrentamientos que todava debern esperar otros treinta aos para eliminarse, s seala el primer intento sistemtico continuado de reorganizacin social y de unificacin estatal. Bajo la consigna de vencer el desierto y sentar las bases de un orden burgus acorde a las demandas de la nueva coyuntura mundial, el gobierno de Urquiza elabora los primeros proyectos en esa direccin. Por una parte, adquiere prioridad el garantizar una soberana territorial que supere los niveles de atomizacin y fragmentacin existentes y d respuestas eficaces a la cuestin indgena. No son ajenos a este objetivo los esfuerzos que se despliegan para reactivar y asegurar el trnsito fluvial con el esbozo de los primeros diseos para potenciar el traslado de bienes y personas a travs de las mensajeras y del ferrocarril. Los smbolos de la modernizacin son la contracara de las constantes avanzadas militares destinadas a la apropiacin del espacio de dominio indgena. A ello se articula la bsqueda deliberada en el Viejo Mundo de dos elementos para impulsar los niveles de acumulacin: capital y fuerza de trabajo. Los lmites de la propuesta urquicista sern superados por las tres gestiones que suceden al conflicto dirimido en l862 con Pavn, que marca el fin de la secesin del Estado de Bs As y la Confederacin. Santa Fe no haba escapado a la desolacin y el aislamiento que caracteriza la situacin de muchas jurisdicciones durante la primera mitad del siglo XIX. Del grupo de provincias del entonces Litoral, ella ofrece las visiones ms negativas de estancamiento econmico, despoblacin, amenaza indgena, que marcan fuertes obstculos para un verdadero despegue. Hasta Caseros, los pilares econmicos de la provincia se asientan sobre la actividad mercantil y la ganadera, afectados por la persistencia de las guerras civiles sobre su suelo y la irrupcin sorpresiva de los malones. A ello se suman los condicionamientos externos desde el sur (Buenos Aires) y desde el norte (Paraguay) para un aprovechamiento integral de su principal va de navegacin, el ro Paran.El triunfo urquicista y la organizacin de la Confederacin influye sobre el destino de la provincia. decisiones de carcter geopoltico: la elevacin del oscuro Pago de los Arroyos (Rosario) al rango de principal puerto de la Confederacin. decisiones de carcter jurdico: la sancin de la ley de Derechos Diferenciales procura menguar la competencia con el puerto de Bs As. Ello permite una primera reactivacin comercial particularmente en la ciudad del sur, q ir potencindose con otros emprendimientos alentados desde el propio Estado Provincial y que tipificar de manera singular la especializacin productiva de la provincia. En el horizonte d 1890 es otra la sociedad que se ha plasmado. El acelerado crecimiento demogrfico q exhibe Santa Fe ya desde los 60, motivado por el aporte de la inmigracin europea, revitaliza las dbiles tasas de crecimiento vegetativo. La informacin censal indica el incremento de la participacin extranjera en la composicin demogrfica. Pero su impacto no es slo numrico sino que modifica tb otras variables demogrficas: se amplan los segmentos etarios correspondientes a edades productivas y se refuerzan los ndices de masculinidad. A su vez la provincia, tradicionalmente receptora de migrantes internos que proceden de un arco diverso de representacin provincial, se potencia a travs de los aos, con quienes provienen de estados limtrofes. Cordobeses y bonaerenses se localizan en el sur santafesino, mientras que correntinos, y entrerrianos se ubican en el norte y en las zonas ribereas.La tenaz difusin de la colonizacin agrcola basada en la pequea y mediana propiedad ha sembrado de ncleos poblados el centro-oeste santafesino, pero tambin otras reas: las que conforman el hinterland rosarino y las que, con tendencias ms dbiles se desarrollan en el norte y en la costa. El fenmeno de urbanizacin muestra la ms alta concentracin demogrfica en la capital provincial- la ciudad de Santa Fe- aunque con mayor pujanza en Rosario, el puerto del sur. esa primaca no impide la formacin de otros espacios urbanos, cabeceras de los departamentos en que se divide el territorio, cuyos procesos formativos se articulan al proyecto de colonizacin agrcola. El crecimiento demogrfico y la urbanizacin que registra el rea corren paralelos a su expansin productiva, que obliga a una modificacin del eje dinmico de la produccin. Las antiguas estancias del centro- este y las del sur comienzan a sufrir un proceso de subdivisin, al tiempo que la chacra -unidad productiva presente en etapas tempranas- se redefine en el interior del nuevo escenario. sta puede adoptar diferentes apariencias en cuanto a la relacin entre propiedad y tenencia. Pero es la responsable de la evolucin agrcola santafesina que convierte a la provincia en el principal centro exportador de cereales en la ltima dcada del siglo. Esta particular configuracin social asentada sobre el presupuesto de la agricultura como vehculo de un proceso de redencin social, cuyas bases se vinculan con la acertada conjuncin de agricultura, propiedad y trabajo familiar, al llegar a los noventa y ms all de la prosperidad alcanzada revela sus lmites. Al bloquearse, el acceso a la propiedad, el capitalismo agrario santafesino se sostendr en una estructura de estancia que apela a la pequea unidad como estrategia de potenciacin de cultivos combinados.

2. En busca de trabajadores para un orden nuevoLas condiciones previas y la magnitud de la empresa que los santafesinos debieron acometer para construir un verdadero mercado de trabajo rural dan cuenta de las dimensiones de los obstculos: una correlacin negativa entre la vastedad del territorio y su densidad demogrfica, agravada por la falta de control y de dominio. la heterogeneidad de condiciones en las que opera esa poblacin potencialmente activa que va desde quienes arrastran una acendrada tradicin de movilidad geogrfica y una recurrencia espordica a vnculos laborales orgnicos hasta quienes se manejan en los mbitos comunitarios tribales con escasos niveles de sedentarizacin. Entre ambos extremos se ubican las experiencias residuales de una agricultura cuasi de subsistencia que alcanza a colocar sus excedentes en los circuitos locales. El imperativo de la nueva etapa es penetrar y desestructurar las relaciones preexistentes e imponer las pautas bsicas del capitalismo. Quines van a generar estas modificaciones sern el Estado y los sectores empresariales quienes representan los dos grandes demandantes de esa fuerza de trabajo.

2.1. El estado en la disyuntiva:coaccin o civilizacin?Es indudable que en la instancia de reorganizacin que sucede a la sancin de la constitucin provincial, cobran proyeccin las medidas destinadas a incorporar y retener la fuerza de trabajo existente. Dos son los sectores hacia los que se orientan las polticas de disciplinamiento: las tribus indgenas y el mundo del bandidismo y la vagancia.

a) Polticas hacia el mundo indgenaA lo largo de las dcadas del 60 y 70, procuran viabilizar diversas metodologas frente a la cuestin indgena. Una de ellas la constituye las campaas militares para expandir las fronteras norte y sur que se inician en l858 y culminan en la dcada del 80.Estas tienen como finalidad el exterminio de los caciques y la chusma rebelde y la integracin paulatina de las comunidades al sistema de reducciones. Calchines, San Javier, Sauce, San Pedro son las experiencias piloto sobre las que se pretende ejercer la accin transformadora de la escuela y la iglesia intentando recuperarlas para la civilizacin. Los indios reducidos son sometidos a la accin educativa y evangelizadora, estimulando el cambio de hbitos y la internalizacin de rudimentarios conocimientos de una agricultura de subsistencia y de otras destrezas domsticas. Cuando el xito alcanza esa tarea de resocializacin del aborigen- en el contexto normativo eurocntrico- se instrumenta una segunda va de integracin. En no pocos casos, la siempre carente fuerza de milicianos aportados por el Estado Nacional o por los gobiernos provinciales en defensa de los cantones es auxiliada con lanceros provenientes de las propias reducciones. Una tercera alternativa q combina las anteriores consiste en la erradicacin de las parcialidades de sus lugares de asentamiento natural, trasladndolos a las ciudades de Santa Fe y Rosario. La preocupacin por fundar pueblos para que en ellos habiten las tribus sometidas expresan la confianza en dos elementos centrales del orden a establecer: la propiedad y la familia. Nuevamente es el Gobernador Fraga, protagonista de las primeras expediciones, su vocero: "la causa de la disolucin de las antiguas reducciones, ha sido la ausencia de esos principios constitutivos de la unin y el adelanto. No habiendo propiedad privada y siendo todos los bienes comunes sin el estmulo que produce el incremento de lo que nos pertenece...era lgico que...los indios corrieran a buscar la libertad de los bosques y los halagos (sic) de la vida independiente del salvaje".Las reflexiones del jefe del Ejecutivo se orientan, a contraponer dos modelos societales: el que parece tener un carcter ancestral para los indios, cuya base de propiedad comunitaria tiene como contracara el retornar al estado de naturaleza y el que se propone desde la civilizacin, donde la propiedad privada asegura la unin y el adelanto. A pesar de la decisin gubernamental de implementar esta poltica de radicacin con reparto de predios en propiedad como estrategia de afincamiento, la carencia crnica de recursos obliga a reclamar el aporte de los particulares. Los costos del progreso exceden la capacidad econmica de ese Estado y los logros son limitados en esa direccin.

b) Bandolerismo y vaganciaAcciones destinadas a terminar con cuatreros y bandidos, con vagos y malentretenidos. Si bien todo el espacio rural carece de seguridades es el rea reactivada del Rosario la que muestra las mayores preocupaciones por las condiciones de su campaa. En ella se reiteran las demandas orientadas a la persecucin y desarraigo definitivo de estos grupos marginales, particularmente de los vagos. Sin embargo, las circulares de los Jefes de Polica a los Comisarios de Campaa resultan poco precisas inicialmente en la identificacin del sujeto que debe ser retenido y disciplinado cuando de vagos de habla. En la percepcin de algunos dirigentes, el vago se asimila al pobre, perspectiva que crea inconvenientes y malentendidos en el control. Oroo, elaborando el primer Reglamento de Campaa del perodo, pretende poner punto final a los perjuicios que originan vagos y malentretenidos sobre la propiedad y la seguridad de la vida rural (Archivo de la Jefatura Poltica, 1856). Para alcanzar tal objetivo, el funcionario sabe que es preciso articular los criterios coactivos con una legislacin complementaria que ordene y garanta la propiedad rural, tanto como el control y la eliminacin de los circuitos marginales que obran como espacios potenciales de reproduccin de esa fuerza de trabajo. Est en condiciones de bloquear la llegada de estos sujetos a mercados informales de intercambio de frutos de la tierra o productos robados. Es por eso que ordena el conchavo obligatorio para " todo individuo que no tenga profesin ni oficio ni ocupacin conocida" y la portacin de la papeleta, documento de control ante propietarios y comisarios; prohbe la instalacin de pulperas volantes e impone la exigencia de guas y pasaportes para ganados, venta de cueros y acarreo de animales salvajes (Archivo de Jefatura Poltica, l855). Tanto para la instancia departamental como provincial resulta imperativo retener esta mano de obra que se muestra tan reticente a aceptar las reglas que un mercado en construccin pretende imponerle. En realidad, cada administracin sale a competir por ella con los empresarios rurales a medida que se acrecienta la demanda de hombres para las fronteras y para los diferentes emprendimientos pblicos que comienzan a materializarse. Es por eso que quien viola las leyes de conchavo o atenta contra la propiedad en sus diferentes planos o altera el orden, es obligado a engancharse en las Guardias Nacionales o a realizar trabajos pblicos.El tema de la frontera es, una responsabilidad del Estado Central, pero el costo del esfuerzo, la insuficiencia y fragilidad de los recursos militares, generan un accionar compartido entre las fuerzas nacionales y las guardias provinciales. A ellos, se suman los particulares en la medida que las operaciones militares exigen ms recursos de los que pueden disponer ambas entidades. La frontera aparece explcitamente operando en dos frentes: como barrera ante la barbarie y como catalizador de la marginalidad y la pobreza. Mientras la frontera sea til para neutralizar a los indeseables, el accionar gubernamental tendr consenso y apoyo. Sin embargo, resulta imprescindible definir, la funcin de las levas en este proceso como el sentido de la incorporacin de los infractores al espacio fronterizo. La prctica del reclutamiento forzoso no ha desaparecido con la crisis del rosismo. Contrariamente a ello, las gestiones provinciales acuden a sta intentando reproducir en el imaginario social y en la cotidianeidad su visin reformadora y disciplinadora en una sociedad convulsionada an por los levantamientos militares, la guerra, los malones y el cuatrerismo.Pero tambin aparecen niveles de disenso en la opinin pblica o intentos de replanteo de los alcances de la leva desde el propio mbito gubernamental. La Capital, el peridico rosarino que a partir de su creacin viene sealando el impacto que sobre la ganadera tiene la escasez de trabajadores nativos "diezmados por el plomo paraguayo o en contnuo cuartel"(20 de junio, l868), despliega crticos editoriales en torno de un servicio militar q viola las condiciones de pago y el tiempo de retencin de unos recursos humanos escasos y no fcilmente reemplazables por los europeosPara el peridico, esos enclaves de trabajo forzado que son el resultado del servicio de armas, operan como una rmora disruptiva en el proyecto de construccin de un nuevo orden. En definitiva, este supuesto lugar civilizador impacta negativamente sobre el mercado de trabajo, tanto en el mbito rural como en el urbano y altera las condiciones en las que se presenta la oferta. Su escasez facilita los reclamos de jornales ms altos estimulando asimismo, demandas referidas a la prctica laboral.A los efectos perturbadores sobre el mercado, se suma la brutal incidencia que la coaccin tiene sobre el goce de las garantas constitucionales: "...Echemos ahora una mirada sobre el habitante de la campaa. Para stos, las garantas son una quimera. Estos son vctimas de los comisarios, de los jueces de paz, de los tenientes alcaldes, y por fin del ltimo bandido que ha logrado prenderse el sable de vijilante (sic) de partida "(La Capital, 10 de abril, 1870. El editorialista deja al descubierto no slo el desenlace del acto coactivo, sino tambin la fuerte articulacin que se establece entre autoridades civiles y militares para concretarlo. En los hechos, esta vinculacin del poder judicial y la fuerza policial, de la que participan los comandantes de campaa, otorga a las autoridades un alto margen de discrecionalidad en sus procedimientos.

c) El camino hacia la codificacinUn primer paso en esta direccin es, llevar a cabo un reordenamiento de la polica de campaa para hacer frente a la "relajacin de las masas"(Mensajes de Gobernadores, l972: 99). Ms all de elaborar estrategias destinadas a favorecer la creacin de puestos policiales y la multiplicacin de las partidas volantes, se detecta una dificultad tanto para aprovisionarlas, asegurndoles su paga, como para encontrar en esos recursos humanos garantas de idoneidad, educacin y condiciones morales. Frente a estos condicionamientos, los gobiernos acuden a sectores representativos de la campaa y apelan a mecanismos para involucrarlos: designacin de Comisarios entre "ciudadanos domiciliados y con intereses rurales, que no pueden menos de tener vigilancia hasta por sus propias conveniencias". la conformacin de una representacin de hacendados "para asistir a la autoridad en las buenas obras de reglamentar la campaa y garantizar la propiedad". El gobierno responde as a quienes pretenden recrear una experiencia exitosa en el mbito bonaerense de la dcada del 50 por medio de la cual, los propios interesados convenan reglas para la contratacin de peones, la persecucin de vagos, la fijacin de criterios y costumbres de trabajo, etc.Un segundo nivel de decisiones a adoptar se refiere a la elaboracin de normativas en torno a lo que se consideran las aristas policiales del problema rural, as como a aqullas atinentes a la regulacin del trabajo, los intercambios y el afianzamiento del principio de propiedad. Las respuestas son el Reglamento de Polica Urbana y Rural (l864) y el Cdigo Rural (l867), rplica del ya existente en Bs As. modificar las prcticas consuetudinarias confirmando un nico y exclusivo derecho de propiedad asentado sobre parmetros de privacidad y plenitud, establecen criterios homogneos para la captacin de la fuerza de trabajo remisa, legitimando la coercin. universalizan las reglas q regirn las relaciones laborales entre peones y patrones. Las instancias policiales (Jefes de Polica y Comisarios Generales) asociados a la Justicia de Paz se encargan de la fuerza de trabajo en trnsito o incapaz de comprobar su condicin laboral. La polica es responsable del registro actualizado de peones y sirvientes a jornal proporcionndoles sus respectivas papeletas de ocupacin (Reglamento de Polica Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe, l882:20). Esta herramienta es el parteaguas en el mundo del trabajo, entre la legalidad y la ilegalidad. Todo individuo q circula o transita, es colocado bajo sospecha, debiendo presentar obligatoriamente el contrato o boleto de conchavo, so pena de ser catalogado como vago. Igual criterio se aplica en el caso de que el personaje q deambula intente acreditar su pertenencia a tropas de lnea o milicias, sin portar las licencias o pases pertinentes (Reglamento, 1882: 43).En el Reglamento se advierte una ms lograda definicin de la vagancia, reputndose como la condicin de quienes se ubican en algunas de estas situaciones: 1. los que no tengan oficio, jornal ni medios lcitos como vivir. 2. los que teniendo algn oficio o industria no los ejerciten habitualmente careciendo de otros medios lcitos para su subsistencia. 3. los q con medios de subsistencia, pero insuficientes, no se dediquen a algn trabajo honesto y que frecuenten casas de juego y otros parajes sospechosos.4. los q sin impedimento para dedicarse al trabajo, se ejerciten en el oficio de mendigo. 5. al pen o sirviente que deserte de su trabajo, sin causa justificada Mientras en el Reglamento de Polica el concepto de vagancia aparece como la contrafigura del valor que se pretende internalizar, el trabajo, el Cdigo refuerza el prejuzgamiento, al asociar la carencia de aquel valor con una inevitable predisposicin delictiva. Esta condicin coloca al margen de la legalidad a estos sujetos que se hacen pasibles del estigma de su peligrosidad.En la medida en que lo que se pretende afianzar es aquella concepcin, las condenas remiten como va de recuperacin a una integracin compulsiva en la esfera laboral, ya sea destinndolos al servicio de armas, ya a los trabajo pblicos, ya a concentrarlos en las colonias fronterizas en las que articularn los roles defensivos con los productivos.Mientras en la definicin de la relacin laboral el Reglamento hace privar el costado punitivo, en el Cdigo Rural prevalece el criterio de contractualidad, asentando el vnculo sobre bases ms racionales en la clave de un intercambio entre iguales. Con tales objetivos no solamente estn definidos los roles de patrones y peones, sino que se estipulan las pautas que debe reunir el contrato escrito indicando el tipo de trabajo al que se lo destina, el tiempo, las remuneraciones y los intervalos de descanso.El Estado- a travs de los funcionarios judiciales y policiales- interviene en las relaciones privadas. Dicha intervencin se hace notoria en el articulado referido a la regulacin del control de la mano de obra, especialmente aqulla de carcter itinerante; a las garantas que se otorgan para el mantenimiento del vnculo contractual, particularmente en pocas de mayor demanda, como la cosecha o la esquila; y al relacionado con la conflictividad entre patrones o entre stos y sus peones. Respecto de esto ltimo, dos conflictos parece habituales en el mundo rural: el q enfrenta, dada la escasez crnica de mano de obra, a unos empleadores con otros, generando situaciones de competencia desleal el q s desata entre los trabajadores conchavados o a destajo con el patrn, ya sea por incumplimiento de las clusulas contractuales, ya por su transgresin, ya, por su desconocimiento de los valores bsicos q s suponen vigentes en esa sociedad: obediencia, laboriosidad y virtud.El afn disciplinador y su propsito moralizante no deja fuera de su preocupacin el tiempo libre, sealando los lmites admisibles y controlando los espacios en los que debe desarrollarse. El Reglamento de Polica aborda estos problemas legislando sobre las actividades o prcticas insumidas en el tiempo de ocio, en tanto el Cdigo Rural sienta jurisprudencia sobre el contexto espacial de su ocurrencia, definido como las pulperas volantes.El fundamento ideolgico es el deseo de desestructurar la simbiosis entre el trabajo y la vida, tpica de las comunidades campesinas donde el capitalismo an no ha estampado su impronta. El objetivo es desalojar la nocin de un tiempo que pasa sin apremios, entronizando la concepcin d q aqul equivale a dinero y por lo tanto, debe ser gastado productivamente.El lugar prototpico donde se dilapida es, la pulpera. Esta es vista desde la autoridad como el mbito potenciador de duelos, pendencias, embriaguez y desorden y en consecuencia se intenta reglamentar las condiciones y horarios de su funcionamiento. En realidad, estos recintos constituyen un doble peligro para la moral burguesa que se insiste en imponer: en su calidad de mbitos de esparcimiento pueden propiciar el desenfreno; en tanto sedes de transacciones, pueden favorecer los intercambios clandestinos, coadyuvando a la perduracin de circuitos marginales. Como complemento a esta defensa de la propiedad pero tambin como eje articulador del modelo de desarrollo, en esas tres dcadas se promulgan leyes que legitiman las apropiaciones precedentes de tierras y establecen los criterios para generar la privatizacin definitiva del fondo territorial pblico. La consolidacin de estos derechos est orientada, sin duda, a potenciar la eficacia de las normativas referidas al mercado de trabajo.

d) Adaptaciones y resistencias. Estrategias de una fuerza de trabajo remisaLos destinatarios de tal jurisprudencia no aparecen como sujetos pasivos e inermes frente al poder, como se desprende de la crnica periodstica, los informes policiales o de los jueces de paz. Por el contrario, elaboran diferentes estrategias facilitadas por los intersticios que les dejan las instancias de coaccin as como por las oportunidades que les brinda el mercado. Los protagonistas son diversos actores que conservan todava mrgenes de autonoma: el pen que abandona el trabajo, el miliciano que deserta del servicio de armas, el deliberadamente ocioso que se las sigue ingeniando para sobrevivir. En el primer caso no pocas veces el abandono de un trabajo es el resultado del influjo del mercado. En realidad, estas situaciones estn reflejando una contradiccin entre las previsiones tericas que se adoptan para engrosar y fijar la fuerza de trabajo y los mecanismos propios del mercado capitalista, basados en el libre juego de la oferta y la demanda. Un representativo funcionario de las dcadas del 70 y 80, Gabriel Carrasco, destaca el anacronismo de cierto articulado del Reglamento de Polica, que penaliza a todos los que estn seduciendo o sonsacando peones. Una alternativa tb frecuente que puede conducir al abandono del conchavo se contina encontrando hasta avanzada la dcada del 80, en un mercado de mercancas que deja todava flancos por los q pueden introducirse los que reiteran su intencin de mantenerse al margen de las imposiciones de un contrato. Uno de esos flancos lo ofrece la comercializacin de haciendas ajenas, ya sea porque se arrea el ganado a otra jurisdiccin o porque es muy difcil recuperar el cuerpo del delito, en la medida en que no pocos de esos animales son consumidos sobre la marcha. No slo se trata de peones sin conchavo o de indios, sino tb de desertores o de soldados dados de baja de las filas del ejrcito, q utilizan su entrenamiento y sus pertrechos en beneficio propio. Hay opinin compartida por funcionarios de gobierno, empresarios y publicistas para reclamar otras polticas destinadas a aumentar la mano de obra y modificar su calidad. Ellas se encontrarn en la convocatoria a la inmigracin extranjera.

2.2. Los colonos, entre el paradigma civilizador y las exigencias del mercado

a) La visin desde el EstadoEn la bsqueda de la superacin del estancamiento que caracteriz la sociedad santafesina en la primera mitad del siglo XIX y simultneamente a las medidas tendientes al disciplinamiento social, las administraciones provinciales colocan en el aporte inmigratorio todas sus expectativas: el ser en primer trmino, el protagonista de una verdadera transformacin productiva, el fondo de reserva de fuerza de trabajo y el portador del ideal civilizatorio que venza la barbarie. Tal vez la figura que resume con mayor claridad los sustentos del modelo fuertemente ligado a la inmigracin es la de Nicasio Oroo. En Oroo aparece muy presente la visin sarmientina de asignar al protagonismo estatal las funciones de subdivisin y entrega de la tierra pblica, el desarrollo cerealero y la conformacin de una burguesa agraria en la que adquieran fuerte representatividad los pequeos y medianos propietarios, proyecto que no discrimina a los productores criollos.Desde otros agentes gubernamentales, as como desde ciertos grupos empresariales, se pretende atemperar el protagonismo del Estado. La mayor divergencia se detecta en las vas de instrumentacin del propio proceso colonizador. Algunos funcionarios nacionales y ciertos publicistas reconocen la necesidad de un trabajo eficiente del Estado a travs de sus legaciones consulares en Europa, como herramienta para promover la inmigracin y garantizar a los recin llegados los apoyos para su instalacin definitiva. El accionar de las Comisiones de Inmigracin, del Ministerio de Gobierno en las dcadas del 60 y 70 va a ser sistematizado con la sancin de la Ley de Inmigracin (1876). Pero la mayor discusin se centra en torno a si el Estado debe o no comprometerse con " el negocio de la inmigracin o colonizacin por cuenta propia"La experiencia de dos dcadas impulsa a algunos legisladores como Estanislao Zeballos, a desestimar lo que denomina colonizacin oficial porque el Estado no slo carece de recursos humanos y administrativos idneos, sino que adems no tiene la capacidad para: "elegir los inmigrantes, para la preferencia de las tierras y de su posicin, para la direccin sucesiva de los colonos y para el manejo de los caudales aplicados a su fomento". Para Wilcken, considera operativa la llamada inmigracin espontnea, que trae generalmente hombres solos, escasamente capacitados y cuya condicin " los habilita para cualquier ocupacin de peonaje". Estanislao Zeballos, en cambio, propone la va de la inmigracin artificial, limitando el compromiso bsico del Estado a garantizar el acceso a la propiedad. Vuelve a reafirmarse la pretensin de potenciar un flujo migratorio que asegure el surgimiento y la expansin de las capas medias rurales.b) El paradigma civilizatorio subordinado al inters empresarioEl ideario estatal se redefine desde la ptica empresarial, particularmente en las experiencias que se materializan entre los 50 y los 70. En primer lugar, como bien lo seala Guillermo Perkins, posteriormente vinculado a la Compaa de Tierras del Central Argentino, la colonizacin debe ser entendida como un nuevo mbito de especulacin comercial y permitir una maximizacin de los beneficios. En virtud de ello, la preocupacin de los inversores no reside en promover la emergencia de una pequea y mediana burguesa agraria. Esta parece ser solo una de las estrategias a desarrollar, al calor de las presiones gubernamentales o de ciertos sectores de la opinin pblica, pero puede coexistir sin contradicciones con la gran propiedad, generadora de otras relaciones sociales como el peonazgo, el arrendamiento y/ o la mediera, o bien sus combinaciones. Tampoco son ajenas a esta realidad, los intentos d retener a la fuerza d trabajo, utilizando los mecanismos del endeudamiento.Sobre este diseo de los inversionistas, se sobreimprime la propia realidad de los inmigrantes. En el contexto de una convocatoria a familias agricultoras que renan de tres a cinco miembros adultos, se despliegan diversas modalidades cuando el propio grupo no puede dar respuesta a la consigna. Junto al cabeza de familia, el contrato incluye la presencia de asociados en paridad de condiciones o con participaciones proporcionales. En otros casos, los colonos con cierto patrimonio inicial, cubren los gastos de viaje de connacionales a los que incorporan en calidad de peones. Este acuerdo implica, una relacin salarial corriente; otras, un vnculo a trmino que concluye al saldar la deuda pero que obliga al patrn a la manutencin y alojamiento. El lugar del pen puede ser ocupado por hombres o mujeres en edad activa que trabajan en el servicio domstico.En los convenios que los empresarios suscriben con el Estado, ste se obliga a la cesin gratuita o a bajo precio del fondo territorial sobre el que se disear la colonia. En oportunidades exige a las compaas, como en el caso de San Carlos, poblar con familias "escogidas en Europa". Las otras responsabilidades a cargo de las empresas, se limitan a solventar los gastos de pasaje, instalacin y mantenimiento de los colonos durante un lapso que puede extenderse hasta el ao. Las obligaciones relativas a la adquisicin del predio, se amortizan con intereses en un perodo que puede alcanzar hasta los cinco aos desde la instalacin.Entre todos los ensayos de colonizacin que se reproducen hasta entrada la ltima dcada del siglo, la propuesta de Beck y Herzog para San Carlos parece exhibir un mayor grado de organicidad. En este caso, la Empresa asocia el nivel de rentabilidad a su capacidad de retener a la fuerza de trabajo e incrementar la productividad de las concesiones, obteniendo en el plazo ms breve, la recuperacin del capital y los beneficios esperados de tamaa inversin. Para ello, la sociedad parte de una seleccin previa de las familias a las cuales se aplicar una normativa. El Reglamento q acompaa el contrato q suscriben los colonos, convierte el emprendimiento en una gran propiedad puesta en produccin por una mano d obra extranjera sobre la q s ejerce una fuerte dosis d adscripcin personal. El conjunto de clusulas genera una tutela restrictiva: se coarta la libre movilidad, se impide el acceso directo al mercado para vender los excedentes y an la posibilidad de disponer sin controles de la cosecha; se supervisa la capacidad para establecer vnculos contractuales con peones; se sujeta a los colonos a la ejecucin de "trabajos pblicos" que pueden insumir hasta veinte das por ao, etc. Pero la injerencia de la Administracin excede la esfera estricta de las relaciones de produccin y de realizacin de las mercancas, para extenderse a un conjunto de libertades individuales y al goce del tiempo libre. Sus atribuciones alcanzan las prcticas religiosas, la consagracin del matrimonio civil, la tutela y asistencia de hurfanos y viudas, la definicin y castigo de los delitos, la aplicacin de leyes de vagancia, llegando incluso a la expresa prohibicin de la actividad poltica.Esta base organizativa se cumple a travs del equipo de administradores atentos a los ritmos de trabajo, las prcticas societales e incluso los avatares en la vida privada de los colonos. El celo y la marcada supervisin no alcanza a garantizar la supervivencia de la especulacin comercial. Un segundo cuerpo de cuestiones emanadas del ensayo colonizador se refiere al imaginario forjado respecto de la poblacin convocada. La visin de estos nuevos actores como partcipes de un proceso de regeneracin social a travs de la agricultura, comienza a ser matizada, a medida que se detectan ciertos desajustes. El primigenio arquetipo es re-discutido y esto deriva d las caractersticas que ostenta la masa humana q ingresa al pas. Desde temprano es puesto en cuestin el grado de adiestramiento que para la prctica agrcola poseen estos trabajadores. Contrariamente a la percepcin que rige el mundo ganadero, en donde la mano de obra criolla, aparece dotada con habilidades naturales para las actividades especficas, el escenario agrcola presupone estrategias formalizadas de capacitacin y entrenamiento. Un sector considerable de los supuestos agricultores, no es tal, y, an sindolo, las dificultades emanan del desconocimiento del hbitat, de sus condiciones climticas y de los particulares ritmos del ciclo agrcola en el hemisferio. La escala de valores de la cual se los supona portadores. Los observadores destacan la escasa recuperacin, por parte de los ncleos familiares, de sus propias tradiciones y la fragilidad de sus orientaciones valorativas. Estas tendencias le sirven para explicar el acriollamiento y la propensin a frecuentar "la sociedad de la pulpera, la embriaguez y la pendencia". Para superar las trabas que plantean ambas situaciones, el empresariado y los funcionarios elaboran estrategias. Los primeros acuden a la instalacin de granjas modelos q cumplen un doble cometido: ser un laboratorio d experimentacin y d adquisicin d conocimientos y un referente testigo para el control de la productividad. En cuanto a la gestin poltica, las propuestas van desde la elaboracin de materiales de asesoramiento (cartillas, manuales de agricultura) hasta una formacin ms especfica de los estudios elementales, proyectando escuelas de agricultura, para q en el futuro los hijos de los agricultores no reproduzcan "las mismas huellas y aejas prcticas de sus padres.Ambos sectores se estimulan todas aquellas iniciativas y mbitos institucionales que aseguren la consolidacin d una visin eurocntrica de la cultura: se arraigan en las colonias las asociaciones de ayuda mutua, las escuelas tnicas, las iglesias de culto catlico y protestante, etc.c) La contestacin social de los nuevos trabajadores.Los esfuerzos normativos y organizativos llevados a cabo por el Estado provincial en concordancia con las directivas nacionales, sumados a los realizados por las compaas colonizadoras, no encontraron un sujeto pasivo y sumiso. Las condiciones y medios a los que apela, diferencian sus marcos de autonoma de los del trabajador criollo o indgena: se trata de una fuerza de trabajo q hasta la dcada del 80 tiene como horizonte convertirse l mismo en un productor propietario independiente sus estrategias no evaden el mercado, sino q estn marcadas por l aquel objetivo y estos instrumentos lo pueden llevar incluso a transformarse a su vez, en extractor del excedente de otra fuerza de trabajo.Una serie de condiciones puede facilitar la resistencia de estos grupos a las presiones empresariales. Una de ellas es la existencia de una frontera agrcola todava mvil hasta la primera dcada del siglo XX y que permite, acceder a la propiedad. Una vez clausurada, an puede insertarse bajo las habituales formas de tenencia (arriendo, mediera, aparcera, tantera). Ambas situaciones postergan hacia adelante el fantasma de la proletarizacin.El corrimiento del rea productiva y la emergencia de nuevos emprendimientos, tanto los que continan ligados a la colonizacin como los vinculados a los procesos de modernizacin de las comunicaciones y los transportes, dan espacio para la competencia entre compaas o entre stas y el Estado para atraer a la fuerza de trabajo inmigrante. Dicha puja provoca desplazamientos y cambios de asentamiento q marcan los peldaos de un proceso de ascenso social. Otras movilidades significan la huda d las formas adscriptivas impuestas por una empresa.La defensa de los criterios contractuales sirve a algunos de estos colonos para limitar las arbitrariedades de la Administracin. Un episodio que refleja esta situacin es el que en noviembre de l863 protagoniza un miembro de la familia Stetler de San Carlos a quien se pretende obligar a la entrega del tercio de la cosecha de porotos, en contravencin con la clusula que exclua las legumbres del pago anualEn oportunidades, el eje del conflicto no est ni en la productividad ni en el tipo de produccin sobre la que pesa la renta, sino en las frmulas de evasin instrumentadas en el ciclo de la cosecha. Este es el caso de colono Kappeler, quien cosech batatas sin dar el aviso obligatorio y pag con ellas a las familias que trabajaron para l. El artilugio le signific el embargo d la cosecha, la prisin y la posterior expulsin. Estos conflictos individuales suelen, en virtud de las dificultades comunes que enfrentan los colonos para salir del endeudamiento, trasladarse a instancias colectivas. Las expulsiones, fenmeno q no es exclusivo de San Carlos, sino q aparece como solucin para los inversores en otros espacios, ya que a travs de ella se liberan no slo de trabajadores dscolos sino tb d deudores insolventes, q irn a engrosar el ejrcito d reserva en reas rurales y urbanas.

Conclusinproceso de construccin de un orden burgus en un espacio q va a incorporarse a las prcticas capitalistas a partir de un modelo agroexportador sin haber experimentado ni una instancia de revolucin industrial ni tampoco de revolucin agraria. De tal contexto deviene la alta significacin q s le asigna a la conformacin y consolidacin de un mercado de trabajo rural. Dsd 1850, los esfuerzos en los q s empean tanto el Estado como las fracciones burguesas van a generar una formacin de clases sociales en el mbito rural provincial.La provincia se ve sometida a condiciones de fuerte movilidad social, en cuyo interior se van redefiniendo los mecanismos de apropiacin de la tierra y consolidando nuevas relaciones sociales. Estos fenmenos se materializan en un escenario donde la tierra, es recuperada del dominio indgena por la accin del Estado y los particulares y reasignada luego al sector privado. Existe una masa significativa de tierra en manos del Estado como resultado d la conquista, las ocupaciones precarias y la labilidad d ttulos d propiedad. La paulatina transferencia incide sobre los intercambios. Si el discurso y gran parte de las normas jurdicas sancionadas en relacin a ella conducen a pensar en el afianzamiento de condiciones de igualdad en el acceso a la tierra, el privilegio o la desigualdad aparecen como marcas q van desde las cesiones honorficas a prohombres hasta las que se concretan a empresas de colonizacin, de transporte terrestre o fluvial, de infraestructura urbana, etc.S perfila otra preocupacin central en las diversas administraciones referida a la necesidad de definir los contenidos y lmites de una propiedad privada que tiende a imponerse desestructurando antiguas legalidades consuetudinarias. Desde esta perspectiva tambin se pretende avanzar sobre prcticas y tradiciones de usufructo, de los denominados productos espontneos del suelo, reafirmando la preeminencia de los propietarios en su mercantilizacin, desestimando el uso domstico tradicional y bloqueando intercambios marginales.En lo que respecta a las relaciones sociales varias son las innovaciones: s difunde la salarizacin tendiendo a establecer relaciones de equivalencia entre empresarios y trabajadores y a universalizar pautas contractualistas, pero coexisten con formas adscriptivas previas y combinaciones q expresan estadios de transitoriedad q van desde la domesticidad al peonazgo o desde la tenencia a la propiedad.Estado y empresarios actan dentro de una lgica q s desplaza entre la pulsin del disciplinamiento y la necesidad econmica. La jurisprudencia que se sanciona para regular las relaciones en el mundo del trabajo rural (emanada del principio de la libertad individual) destaca, las preocupaciones por la fijacin. Este parmetro antagoniza con el funcionamiento de la demanda en el interior del mercado ya q en los momentos en q ste requiere d una fuerza de trabajo abundante, la papeleta de conchavo o las prohibiciones sobre la disolucin del vnculo laboral entran en colisin con el libre juego de la oferta y la demanda. En 1890 hay cuando se ha avanzado en la consolidacin de las relaciones capitalistas, resultan ms evidentes aquellos desajustes. Desde la retrica liberal, aparecen algunas voces q apelan a fundamentos emanados del derecho civil para cuestionar el anacronismo de cierta normativa presente en los reglamentos policiales y en la codificacin rural que colocan en calidad de delito el incumplimiento de contratos civiles, tales como los que se establecen entre patrn y pen. El propio Cdigo Civil, que rige desde 1871, al instalar este tipo de contratos en el marco de la locacin de servicios, refuerza el carcter consensual de un intercambio entre sujetos equivalentes.la contradiccin formulada desde esta perspectiva general adquiere, especificidad en los proyectos de colonizacin agrcola. Frente a la heterogeneidad de los actores -nativos o extranjeros - destinatarios de las polticas y de las prcticas, una visin manifiesta un consenso generalizado: la de afianzar en el conjunto de la sociedad, 2 valores primordiales del nuevo orden, la propiedad y el trabajo. A diferencia de lo que parece plantearse en el mundo urbano en donde la gestin poltica combinada con la accin de los particulares desarrolla prcticas de asistencialidad pasiva hacia pobres y mendigos, en el mbito rural en el cual resulta imprescindible erradicar la inactividad voluntaria se planifican formas operativas de insercin por el trabajo. Las colonias indgenas y de fronteras, expresan el afn disciplinador con doble finalidad: la internalizacin de valores y la retencin forzada de los sujetos. Sin que est ausente la arista disciplinadora, las experiencias q tienen como protagonistas a los grupos inmigrantes enfatizan los criterios econmicos. El empresario promotor es un inversor capitalista en bsqueda d rentabilidad, en tanto el colono es un trabajador en bsqueda d la propiedad. Una parte sustancial de estos productores extranjeros en el rea centro-oeste e incluso en el sur de la provincia accede al horizonte deseado. El fracaso, parece acompaar a la mayora de las experiencias destinadas a la poblacin nativa, indgena o criolla. En los 80, los grupos indgenas del norte alternan en su mayora las actividades de subsistencia en el interior d la reduccin con conchavos espordicos en ingenios y obrajes d la costa noreste; en el sur, un mundo de trabajadores criollos q no logr retener la propiedad d la tierra, ya sea en la colonia fronteriza o en la cedida como premio militar, s inserta en las estancias como capataces, puesteros, pastores o personal temporario. O son fuerza d trabajo urbana no calificada.Este conjunto d actores en su contacto con el mercado ha sufrido, la desestructuracin d sus formas d organizacin social y cultural previas. El mercado necesita garantizar la existencia d un ejrcito de reserva, pero en su dinmica no lo reclama permanentemente por cuanto la produccin agraria, presenta caractersticas estacionales q generan amplios perodos de inactividad. A esto se suma el bloqueo, en los 90, del acceso a la tierra para el productor con escasos recursos.Mientras el paradigma del productor propietario comienza a desdibujarse, los otros dos trabajadores emergentes de esta nueva realidad presentan rasgos peculiares. Nos enfrentamos a: asalariado rural altamente mvil, con inserciones espordicas y escasos niveles de calificacin, aunque con una gran capacidad de adaptacin a las condiciones de transitoriedad. Este trabajador combina la experiencia del mercado rural con el urbano y no desestima el acudir a las prcticas tradicionales. un tenente que resume distintos recorridos laborales en el mundo rural: el que perdi su calidad de propietario, los que llegaron en pleno proceso de valorizacin de la tierra y no pudieron acceder a ella, y quienes habiendo comenzado como peones rurales, ven en las formas de arrendamiento, mediera o tantera q les propone la estancia de cultivos combinados, la oportunidad de ascenso.El mercado q emerge en el rea pampeana santafesina utiliza funcionalmente los criterios d esporadicidad, transformando en un dato estructural de la demanda, una condicin tradicionalmente inherente de la oferta a la que la legislacin punitiva pretenda eliminar. La lgica de libertad e igualdad impuesta por la experiencia del mercado en el marco de una nueva organizacin social, tampoco garantiz de por s la autonoma de estos productores. La pervivencia de las formas transicionales q afectan al mercado de tierras y al de trabajo s reflejan, en comportamientos heternomos q s expresan en la conflictividad social y en las prcticas polticas. La tensin generada entre los postulados tericos y las prcticas sociales concretas, obligan al Estado, entre el fin d siglo y la 1era guerra mundial, a replantear su rol. Estos diferentes actores van generando la necesidad d rediscutir el papel punitivo d ste o su desempeo slo como garante del orden en trminos de legalidad. 1