luis iavier ortiz mesa

CRIMIINALIDAD y VIOLENCIA EN ANTI·OQUIA sobre la tesis

de doctorado

de miguel martínez (1895)

Los estudios sobre el desarrollo económico all­tioqueño en la segunda mitad del siglo XIX , han demostrado que Antioquia fue una sociedad rela ­tivamente estable y cohesionada que se esforzó Gil mantener la paz para avanzar con osadía en sus negocios. Pero tal vez se ha insistido menos en los conflictos y en los del itos que coexistieron con la prosperidad económica. Es prec isamente a eSie tema al que se aproxima Miguel Martínez en su tesis de doctorado "La Criminalidad en Antioquia " presentada en la Facultad de Derecho de la Uni­versidad de Antioquia y publicada en 1895 por la imprenta del periódico El Espectador, radicado en ese entonces en Medellfn.

A mediados del siglo XIX el poder económico de Antioquia en el ámbito nacional era creciente y su proceso de modernización durante la Federac:ón y la Regeneración fue cada vez más considerable . Durante el siglo XIX, la población antioqueña tuvo las más altas tasas de crecimiento del país -2.5 ro anual sobre 1.5% en el total nacional- y los n'l­veles educativos pr imarios más altos -1847: 4.097 estudiantes, 1905: 44.909-. Un buen aprovecha­miento de las oportunidades económicas asociadas a un medio natural rico en oro, hicieron de An­tioquia su principal productor y exportador, lo que facilitó el desarrollo comercial, expandió la gana­dería y aceleró sus procesos de colonización . Este último aspecto , cuya incidenc ia en la expansión cafetera fue decisivo, se caracterizó por una alta movilidad social y por la presencia de oportunida­des económicas relat ivamente amplias. Los fenó­menos anotados, asociados a la estabilidad política regional donde Pedro Justo Berrío (1864-1873) fue su principal símbolo; a la Iglesia, elemento esencial del orden social ; y al carácter pragmático de sus élites, crearon las condiciones para que en Antio­quia se establecieran industrias a comienzos del siglo XX, se expandiera aún más la producción ca­fetera y ascendieran políticos antioqueños, de ma­nera más significativa, a los poderes naciona les. No obstante aquella Antioquia no estuvo exenta de conflictos. Por ello un acercamiento a esta tesi s, podrá confirmar o modificar las imágenes que han sido construidas sobre el pueblo antioqueño.

Miguel Martínez introduce su obra con un suge­rente texto de Ferri , uno de los maestros italianos de la escuela positiv ista del derecho en el siglo XIX : " La Escuela positivista se desenvuelve toda ella en­tre estos dos polos : buscar las causas naturales de los delitos y señalar sus eficaces remedios, natura­les y jurídicos". Para ello divide su tesis en dos par­tes. La primera versa sobre las causas de la crimi­nalidad en Antioquia y en los demás departamentos, y comprende tres capítulos que estudian los facto­res antropológicos, naturales y sociales del crimen . La segunda, desarrollada en dos capítulos se de­

tiene en las reformas a las leyes y a las institucIo­nes con el objeto de modificar las conflictivas rea­lidades halladas en la primera parte. Dado que su argumentación está basada en principios pOSltIV;S­tas , su confirmación es establecida a través UE; datos estadísticos y de pertinentes aspectos so­c;ales extractados de memorias de presidentes del Estado y gobernadores, secretarios, anuarios esta­dísticos nacionales y regionales, informes de pre ­fectos, procuradores, médicos y directores de cár­celes, casas de presidio y reclusión; de articulos de prensa, libros de viajeros y autores antioqueños.

Pues bien , los delitos contra las personas, la propiedad y la moralidad , comienzan a ser estudia­dos detalladamente a través de una amplia geo­grafía cuando entre 1856 y 1885 Antioquia fue un Estado Federal y desde 1886 se constituyó en de­partamento.

Según Martínez, Antioquia fue en la segunda mitad del siglo XIX la región del país con el más alto grado de violencia. Los homicidios, heridas y demás actos v;olentos contra las personas predo­minaron en las zonas de reciente colonización, en espec ial en los distritos del sur cuyo centro fue Manizales; en los centros mineros cercanos a las poblaciones de Jericó, Amalfi y Titiribi, así como en el Nordeste -Remedios, Zaragoza y Segovia­donde se reunían trabajadores de diversas partes del departamento, muchos de ellos reos prófugos y " personas corrompidas"; y en el Occidente, cuya capital fue Santa Fe de Antioquia, de importancia en el periodo colonial como centro de poder admi · nistrativo, económico y religioso, ya superado ini­cialmente por Rionegro y para entonces por Me· dellín .

Después de Cundinamarca, Cauca y Santander, los delitos contra la propiedad fueron sign:ficativos en Antioquia. Predominaron los hurtos y robos en localidades pobres, faltas de recursos y en zonas de colonización; las estafas y falsedades abunda­ron en centros de comercio como Medeliin.

La frecuencia de los delitos contra la moralidad fue relativamente baja en Antioquia con respecto a los demás departamentos del país. Tolima, Cun­dinamarca, Magdalena y Bolívar la antecedieron. Los amancebamientos, raptos , estupros, seduccio­nes, alcahuetería, corrupción de jóvenes y delitos de fuerza y violencia fueron más numerosos en las zonas de frontera agrícola del suroeste, en parajes montañosos y valles calientes del occidente y del nordeste, y en Medellín.

Basado en estadisticas aún limitadas, Martínez extrae unas conclusiones aproximadas y compara­tivas con los otros departamentos así: En cuanto a los atentados contra las personas, en lo concer­niente a los homicidios entre 1889 y 1895, Antio­quia ocupó el primer lugar (62.2 % ), seguido de Panamá (48.3%), Santander (40'7"0), Cauca (36.6%) y Boyacá (34.3 % ) . En lo relativo a los delitos de heridas, riñas, maltratamientos y en general los de sangre, éstos se encontraban en la misma propor­ción que los homicidios entre 1889 y 1892, predo­minando en Antioquia, Cauca, Santander, Boyacá y Panamá. Por su parte entre los delitos contra la propiedad, los robos fueron numerosos en Cauca y Antioquia, las falsedades en Cund:namarca, y las estafas y abusos de confianza en Cundinamarca, Bolívar, Magdalena y Panamá Los delitos contra la moralidad, en especial los es:upros y forzamien­tos, fueron más frecuentes en Tolima, Magdalena y Cundinamarca. A pesar de todos los esfuerzos estadísticos hubo delitos imposibles de cuantificar en todas las regiones, tales como el amanceba­miento, a tal punto que en algunas localidades és­tos no fueron registrados en la proporción que debían tener; allí se convirtieron en hechos co­rrientes y se formó el hábito de mirarlos con indi­felencia, lo que revela en parte la formación de distintas mentalidades en las diferentes regiones del país.

Llama poderosamente la atención la coexisten­cia de un conservatismo político y una Iglesia pre­

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64 ponderantes, con altos índices de crimina lidad con­tra las personas y en menor medida contra la pro­piedad y la moralidad. Para entonces, la iglesia antioqueña no era rica , ni numerosa, ni hegemó­nica sobre todo el territorio . No estuvo, al parecer, presente en todas las poblaciones ni en las áreas de colonización y de minería con la misma fuerza que en los principales centros urbanos o en los distritos predominantemente conservadores. El oc­cidente, donde Santa Fe de Antioquia fue la ciudad principal, ocupó el primer lugar en delitos contra las personas, no obstante haber sido sede de :a silla episcopal desde comienzos del siglo XIX y UilO

de los pilares para la formación de sacerdotes y de individuos de la élite de la provincia . De otra parte, el conservatismo fue mayoritario en Antio­quia sobre el liberalismo, pero existeron sectores que vivieron por fuera de militancias y compromisos políticos, a quienes no llegaba o no interesaba la política y poco o nada sabían de ella más allá de las formas coactivas o permisivas de un inspectoí , un alcalde, un jefe político, un guardia civil, un re­clutador, un policía, un hacendado o un minero. También la presencia del Estado según el historia­dor Jorge Orlando Melo, fue muy limitada en las áreas mineras y de colonización reciente donde se reunían individuos más levantiscos y aventureros, y donde el esfuerzo de generación de una actitud eJe obediencia a la ley y a las convenciones sociales y religiosas estaba aún en niveles muy incipientes.

Tal como señala Martínez, sólo es posible COfTl­

prender estos fenómenos de criminalidad con una buena dosis de conocimientos acerca de la interre­lación entre factores antropológicos , naturales y so­ciales . Aunque desde una óptica hoy revaluada, el autor estudia el factor antropológico, o sea las razas en relación con la criminal idad. Considera que la laza antioqueña fue el producto de la fusión de la blanca, la negra y la indígena y que tomó de cada una de ellas, cualidades y defectos: constancia y amor al trabajo unidos al profundo respeto por la propiedad, e ímpetu y fogosidad en las pasiones, fueron tomados de la raza blanca, lo que dio lugar a que los delitos contra la propiedad fuesen mencs frecuentes que los delitos contra las personas. La raza negra aportó el espiritu vengativo y el amor a las reuniones tumultuarias -bailes y fiestas- origen de tantas riñas, heridas y maltratamientos. De ésta y de la indigena, tomó el gus10 desmedido por las bebidas, razón primordial de la decadencia física y moral del antioqueño. La mezcla de estas razas con­formó la población antioqueña, en la cual mestizos y blancos fueron dominantes, en buena parte con un gran espíritu de litigio y un afán desmedido por ser propietarios.

Asociados a los factores antropológicos, los fac­tores naturales fueron también móviles del delito.

Clima, suelo, temperatura y medo ambiente incidie­ron en la criminalidad . No obstante , fueron los fac­tores sociales los que el autor consideró causa prin­cipal del crimen , poniendo a los factores raciales, las deformaciones cerebrales y craneanas, el suelo o la temperatura como causas secundarias. El cri­men dependió así en gran parte, de las instituciones sociales viciosas , pues como se ha dicho, en todo delito la sociedad es más o menos responsable.

Los factores sociales son analizados sucintamen­te : moralidad , instrucción, riqueza y miseria, profe­siones, admnistrac ión de justicia, establecimientos de castigo , emigración e inmigración, instituciones políticas, amor al trabajo y vagancia, derecho de gracia y alcoholismo.

Los contrastes que presenta la moralidad del pueblo antioqueño son bastante reveladores: buenas costumbres , virtudes y aptitudes para el bien, pa­siones amorosas muy fuertes y el matrimonio, una de las instituciones más respetadas. Allí los deritos contra el matrimonio -adulterios y bigamias- fue­ron menos frecuentes que en las demás regiones

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de la república. Estos abundaron en Tolima y Mag­dalena donde a su vez las relaciones matrimoniales fueron menos estrechas. Por contraste, Antioquia, la región que tuvo más matnmonios legales o de derecho contó con el mayor número de matrimonios de hecho o amancebamientos, especialmente en las décadas de 1870 y 1880, pues ya para 1890 dismi­nuyeron significativamente. Los estupros, violacio­nes, abusos deshonestos, infanticidios y raptos pre­dominaron en Tolima, Magdalena, Bolívar, Panamá y Cauca; la alcahuetería y corrupción de jóvenes en Antioquia, y los abortos en Panamá y Cauca. Los suicidios no fueron muy frecuentes excepto en indi­viduos de la fuerza pública, por su creciente desmo­ralización y la insuficiencia de la disciplina militar para contener los desbordes, según el autor, y tu­vieron alguna importancia en Tolima y Bolívar.

El aspecto en el cual más se detiene Miguel Martínez es en el de la administración de justicia y su influencia sobre la criminalidad. Encuentra que si bien los puestos elevados en la jerarquía judicial son servidos por personas, por lo general, compe­tentes, los puestos inferiores tanto de la judicatura

como del ministerio público, los desempeñan per­sonas sin conocimiento de las prescripciones legales pertinentes y con poca ilustración; los asuntos judi­ciales marchan con lentitud; la complejidad y negli­gencia ante los sumarios no permite su conclusión debida; la formación de corruptelas ha sido introdu­cida por secretarios y jueces; el alto número de procesos de responsabilidad, de prevaricato y vio­laciones de la ley muestra con bastante aproxima­ción la marcha de la administración de justicia y sus efectos sobre la criminalidad del pueblo. Los jurados de conciencia son hombres en su mayoría ignorantes y fácilmente sobornables por los defensores; el alto porcentaje de reincidencia se debe a la ineficacia de las sanciones penales; los establecimientos de cas­tigo -casas de reclusión y de presidio, cárcel de mujeres- con raras excepciones se encuentran en estado físico deplorable y se caracterizan por ser lugares de ociosidad, vagancia y corrupción más que de rehabilitación y corrección, es decir, son fábricas de reincidencia. Las instituciones políticas son causa de abusos tales como asonadas, moti­nes, tumultos y demás delitos contra el orden pú­blico -fraudes en elecciones, cohechos, etc.-. Un contraste llamativo es señalado por el autor: ia virtud del amor al trabajo de los antioqueños pa­rece estar decayendo e incrementándose los hábitos de ociosidad y vagancia, lo cual aumenta la cn­minalidad y las estadísticas de policía. Por ello el Procurador General del Estado en 1883 señaló como una de las causas del excesivo número de delitos, la vagancia, los vicios y el amor al Juego. En aquel año en Medellín,

"Las inspectorías de barrio están demasiado recargadas de causas de policía: hurtos, rate­rías, etc. Igual cosa sucede en la Alcaldía, don­de cada vez aumentan las causas de juego, por las cuales se descubre que éste contamina aún las clases más elevadas y trabajadoras. Prueba de que la criminalidad se ha extendido porqu6 la vagancia aumenta. Y en vez de ponerse cola a este vicio, se ha tratado de protegerlo por el gobierno y por los particulares, aquel permi­tiendo las llamadas fiestas y descuidando la vigilancia de los juegos (aún los prohibidos), y los particulares, dueños de la renta de licores, fomentando el consumo de éstos por cuantos medios están a su alcance" (p. 47).

De otra parte, el abuso en las rebajas de penas, las conmutaciones y los indultos ha excedido la facultad de conceder gracias y por ende ha irres­petado las leyes, promoviendo las continuas fugas de reos, las insubordinaciones y afectando la mo­ralidad pública. Su estudio comparativo de las po­blaciones en las cuales hubo mayor consumo de licores y la criminalidad dio como resultado que el alcoholismo no fue ni el principal ni el único

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factor en el incremento de los delitos. Lo que sí produjo fue un incremento en el número de sui­cidios y de casos de locura, e incidió en la de­generación de la raza. Por último, respecto de los oficios, el orden de criminalidad se hallaba pri­mero en los mineros, seguidos por los artesanos y agricultores.

Ante este espectro social, el gobierno nacio­nal y el antioqueño afrontaron la situación con múltiples medidas, jurídicas, de policía, de mora­lización de las costumbres, de educación religiosa y técnica, y con la construcción de obras públicas. Por su parte Martínez dentro de su filosofía po­sitivista propuso desde reformas legales a los có­digos penal y judicial hasta reformas sociales de envergadura. Basado en que "más vale prevenir que castigar", consideró que la prevención al de­lito era el mejor camino para destruir el criterio exclusivo y muchas veces poco eficaz de la re­presión.

Con relación a la moralidad, para mantener el respeto por la institución matrimonial y dismi­nuir los divorcios, propuso no dar al marido esa potestad casi absoluta sobre su mujer sino reiVin­dicarla en sus derechos, concederle la capacidad para los actos jurídicos y reconocer como legales las simples separaciones de hecho. Dado que la inmoralidad violenta aumentaba al ejercerse ma­yor represión sobre la prostitución, ésta debía ser tolerada con su debida reglamentación. Para dis­minuir la inmoralidad debía educarse al ejército, vigilar porque todas las clases sociales tuviesen ocupación y suprimir muchos espectáculos.

La instrucción en un gobierno republicano fa­cilitaría a sus asociados conocer sus deberes y derechos, evitaría tanto delito de fraude en elec­ciones, profundizaría el principio de autoridad en las masas y formaría a muchos individuos que ejer­clan superficialmente la autoridad. De otra parte, sólo a través de la prensa y de la cátedra podía inculcarse al pueblo los principios de orden y res­peto a los mandatarios.

Si el móvil más reconocido de los delitos con­tra la propiedad era la indigencia, para enfrentarla se hacía necesario proporcionar trabajo a quienes carecían del mismo; difundir la riqueza a través de leyes y procedimientos que permitiesen más fácil­mente los derechos de reivindicación, división y trasmisión; garantizar la propiedad; perseguir acti­vamente la vagancia; reglamentar y vigilar la men­dicidad y establecer y fomentar las sociedades de beneficencia.

La vigilancia de las autoridades debía mirar al ejercicio de los diversos oficios, en especial en los centros mineros. Allí debía haber una autoridad

especial para mantener el vigor de la ley, suprimir los jolgorios que se hacían con motivo de la paga de salarios y evitar la embriaguez y el juego.

La reforma a la administración de justicia Im­plicaba la creación de funcionarios de instrucclóll que velaran por una acción rápida y eficaz; la for­mación de sumarios instruidos con celo y pronti­tud; la publicación de los fallos para garant izar la rectitud y legalidad de los mismos; la abolición del jurado de conciencia y la adopción del jurado me­dico, pues había de tenerse en cuenta el estado patológico del delincuente.

La construcción de edificios apropiados para los delincuentes, la separación de los reos por se­xos y categorías (incorregibles y de ocasión, rein­cidentes y primerizos), el restablecimiento de las colonias penales para incorregibles y reincidentes, la educación de los penados y la correspondiente enseñanza de algún oficio o industria, mejoraría la situación de los establecimientos penales.

Si una de las causas principales de la vagancia eran los juegos, éstos deberían ser declarados li­bres con algunas restricciones para aminorar dicho mal. Para evitar la imposición de la impunidad, las rebajas de penas no deberían otorgarse a toda clase de criminales ni se permitiría el cambio de unas penas por otras. Y en cuanto a delitos polf­ticos, dejemos que hable directamente el autor:

' .. . difúndase cuanto más se pueda la instruc­ción en las masas, para que se eviten los frau­des y las especulaciones de los políticos. Per­mítase siempre la oposición racional y justa, aquella oposición que se ejerce en la prensa, en las Cámaras, en las cátedras, etc., sin pasar nunca a las vías de hecho. Dénse amplias ga­rantías a los asociados, no en leyes y consti­tuciones, sino con hechos reales" (p. 70).

Finalmente, debido a que el alcoho:ismo pro­jucía efectos desastrosos sobre lo moral, lo físico y la criminalidad, debería aplicarse medios preven­tivos directos e indirectos. Los primeros consisten en moderar las ventas de licores en cuanto a lu­gares, días, horas y personas. Los segundos van desde la supresión de fiestas y regocijos públicos, la publicación de los nombres de todos los que sean penados por ebriedad y el fomento de socie­dades de temperancia hasta una educación que desarrolle los sentimientos artísticos a través de exposiciones, concursos, conciertos populares y música -elemento éste que suaviza el carácter, morigera las costumbres y calma las pasiones-o

Así, este estudio aún incompleto sobre la cri­minalidad, nos ofrece pistas para identificar y com­prender rasgos, actitudes y comportamientos de individuos y grupos sociales en una sociedad prós­

pera, inmersa en múltiples conflictos. Sólo que en vez de factores antropológicos estrechos será ne­cesario investigar la formación de diversas tipolo­gías culturales y su incidencia en los comporta­mientos sociales actuales; profundizar en las re­laciones de los individuos con las diversas formas de producción material -en la minería, la agricul­tura, las artesanías, las industrias . . . - para de­terminar sus posibles relaciones con factores de criminalidad y de violencia ; y a la vez que abordar factores sociales de orden institucional, explicitar las formas de conflicto, resistencia y cohesión so­cial , así como sus rasgos de continuidad y de cambio en ámbitos tales como la familia, las leal­tades locales y reg ionales, las tradiciones rellg io­sas , los contenidos educativos y los sistemas de valores .

Es posible que lo anterior permita comprender mejor los contrastes y la dimensión real de esté! socredad en el siglo XIX, para obtener asi una ima­gen más precisa del pueblo antioqueño. Si bien la documentación más conocida de la época hace énfasis en una sociedad pacífica y en progreso económico, Martínez pone su énfas is en lo violento y lo conflictivo . Una historia apoyada sólo en un aspecto, sería de una inevitable unilateralidad.

Hace casi un siglo, el jurista Miguel Martínez realizó este estudio, el cual podrá tener aspectos revaluables, pero no hay duda que su análisIs en el presente colombiano seria muy provechoso y de gran utilidad.

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