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Economa Poltica de la Seguridad Ciudadana

Fernando Carrin y Manuel Dammert G., compiladores

Economa Poltica de la Seguridad Ciudadana

de la presente edicin:

FLACSO, sede EcuadorLa Pradera E7-174 y Diego de AlmagroQuito, EcuadorTelf.: 593 2 323 8888Fax: 593 2 323 7960www.flacso.org.ec

ISBN: 978-9978-67-196-2Cuidado de la edicin: Gabriela Chauvin O.Diseo de portada e interiores: Antonio MenaImprenta: CrearimagenQuito, Ecuador1 edicin: febrero de 2009

Entidades gestoras- Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO, sede Ecuador)- Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito (MDMQ)

ndice

Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

IntroduccinBarajar y dar de nuevo: hacia una nueva comprensin de la violencia y la seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Fernando Carrin M.

I. PRESUPUESTO

Presupuesto nacional y seguridad ciudadana en Colombia: a propsito del gasto pblico en Seguridad y Defensa y la lucha contra la violencia y el crimen . . . . . . . . . . . . . . . 39Alejo Vargas Velsquez y Viviana Garca Pinzn

El gasto pblico y la seguridad ciudadana en Chile . . . . . . . . . . . . . . . 59Felipe Salazar Tobar y Guillermo Fernndez

Seguridad ciudadana y su presupuesto en el Per . . . . . . . . . . . . . . . . 81Alejandra Muoz Gonzles

Seguridad ciudadana y presupuesto en el Distrito Federal, Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Benjamn Mndez Bahena

II. COSTOS DE LA VIOLENCIA

Los costos econmicos de la violencia en El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Carlos Acevedo

El costo de la violencia contra las mujeres en Panam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Mariblanca Staff Wilson

La violencia y sus costos en Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Jorge Lavarreda

III. COOPERACIN INTERNACIONAL

Cooperacin internacional y seguridad ciudadana en el Ecuador: tendencias contradictorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Andreina Torres

Seguridad ciudadana en Colombia y cooperacin internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Nathalie Pabn Ayala y Felipe Ortega Gmez

IV. SEGURIDAD PRIVADA

Las externalidades y la seguridad privada: un marco terico para la regulacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Adam Abelson

Mecanismos de control sobre la seguridad privada en el Brasil . . . . . . 283Carolina de Mattos Ricardo

La seguridad privada en Venezuela: control estatal y participacin civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Roberto Briceo-Len

Privatizacin y seguridad ciudadana:incompatibilidad entre la oferta pblica y lademanda ciudadana de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Gustavo A. Lalama y Lautaro Ojeda

II.Costos de la violencia

Introduccin

La violencia, la delincuencia y la inseguridad son los temas de mayor preo-cupacin de la sociedad salvadorea. Con tasas de homicidios superiores a60 muertes por cada 100 mil habitantes y altos ndices de otras expresionesde violencia como lesiones, robos, hurtos, extorsiones, violencia de gneroe intrafamiliar, El Salvador se coloca a la cabeza de los pases ms violentosde Amrica Latina. El auge de la violencia y la elevada percepcin de inse-guridad de la mayora de la poblacin afectan la vida cotidiana y la calidadde vida de las personas, e inciden negativamente en el desarrollo humano yla consolidacin de la gobernabilidad democrtica del pas.

Una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinin Pblica(IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) seala que la situa-cin de crimen e inseguridad sigue siendo motivo de enorme preocupacinciudadana, aunque no predomina decisivamente como sucedi a finales de2006 (IUDOP, 2007). Consultados sobre la situacin delincuencial en elpas a finales de 2007, ms de la mitad de las personas encuestadas (52,4%)aseguraron que la violencia aument respecto al ao anterior. Por otra parte,el 19,4% de la ciudadana declar haber sido vctima de un hecho delin-cuencial en forma directa, con lo cual se mantiene la tendencia al alza en losporcentajes de victimizacin registrados por el IUDOP en aos recientes.

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Los costos econmicos de la violencia en El Salvador

Carlos Acevedo*

* PNUD, San Salvador.

Segn informacin de la base de datos conjunta del Instituto deMedicina Legal, la Fiscala General de la Repblica y la Polica NacionalCivil, en 2006 se registraron 3.928 homicidios a escala nacional, lo cualimplic una tasa de casi 68 homicidios por cada 100 mil habitantes,1 estoes, 6,8 veces la tasa considerada epidmica por la OPS.2 En 2007, elnmero de homicidios habra disminuido a 3.491, con lo cual la tasacorrespondiente tambin se habra reducido a poco ms de 60 homicidiospor cada 100 mil habitantes. Aun as, tal tasa sita a El Salvador entre lospases ms violentos del continente (cuadro 1).

La criminalidad, la violencia y la inseguridad ciudadana imponen unaenorme carga sobre los pases, tanto en trminos humanos como econ-micos. En primer trmino se hallan las vidas perdidas, principalmente depersonas jvenes. En el 80,4% de los homicidios cometidos en ElSalvador en 2006, las vctimas tenan edades entre 20 y 39 aos. La vio-lencia y la criminalidad implican tambin costos onerosos en gastos desalud, costos legales, ausentismo del trabajo y productividad perdida, loscuales tienen una enorme incidencia en las posibilidades de desarrollo deuna sociedad al afectar la capacidad de acumulacin de capital humano ysocial. Segn el Enterprise Surveys 2006 del Banco Mundial, los empresa-rios salvadoreos consideran que la criminalidad y la delincuencia seconstituyen, por mucho, en el principal obstculo para invertir y hacernegocios en El Salvador. La carga econmica asociada con el fenmeno dela violencia incluye costos a los individuos, las familias, las empresas o ins-tituciones, por los hechos de violencia que han sufrido directa o indirec-tamente, as como los impactos ms amplios sobre la sociedad, y que seexpresan en los fondos presupuestarios que el Estado debe destinar paraimplementar polticas de prevencin y combate a la violencia, y para tra-tar sus consecuencias.

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1 Estas cifras ajustan las tasas de homicidios con base en la informacin preliminar del Censo dePoblacin de 2007.

2 De acuerdo con la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), un ndice normal de crimi-nalidad es el que se halla entre 0 y 5 homicidios por cada 100 mil habitantes por ao. Cuandoel ndice de homicidios excede 10, una sociedad se enfrenta a un cuadro de criminalidad epi-dmica. Esta es la situacin de El Salvador y de la mayora de pases de Amrica Latina.


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Cuadro 1Tasas de homicidios en Amrica Latina (nmero dehomicidios por 100 mil habitantes)

Pas / regin TasaLatinoamrica (2003-2006) 24,8

Mxico (2003)a 28,7Centroamrica (2006) 36,6

Belice (2006)b 33,0Guatemala (2006)b 45,2El Salvador (2006)b 67,8Honduras (2006)b 42,9Nicaragua (2006)b 12,5Costa Rica (2006)b 7,7Panam (2006)b 11,3Repblica Dominicana (2006)b 23,6

Sudamrica (2003-2005) 22,6

Pases andinos (2003-2005) 29,4

Colombia (2005)a 43,0Ecuador (2005)a 16,8Bolivia (2003)a 18,1Per (2003)a 5,1Venezuela (2005)a 41,2Cono Sur (2005) 4,7

Argentina (2005)a 5,7Chile (2005)a 2,0Uruguay (2005)a 5,6Brasil (2005)a 24,0Paraguay (2005)a 16,1

a/ Revista Latinoamericana de Seguridad y Democracia.b/ Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI).

El propsito de este trabajo es efectuar un ejercicio de actualizacinde la carga econmica que la violencia impone sobre El Salvador, apli-cando la metodologa utilizada en el estudio realizado por PNUD(2005). Los resultados de nuestras estimaciones indican que los costoseconmicos de la violencia en el pas, en 2007, alcanzaron un total de $2.225 millones, equivalentes al 10,9% del PIB. Si bien esta cifra esmenor a las estimadas en el estudio de PNUD (2005) y en otros traba-jos, an representa una onerosa carga que limita considerablemente elpotencial de El Salvador para alcanzar mayores niveles de bienestar ydesarrollo humano.

La estructura del trabajo consta de cuatro secciones. En la primera seefecta una breve revisin de algunos de los principales factores genera-dores de la situacin de violencia en El Salvador. En la segunda seccin sepresentan algunas consideraciones metodolgicas generales para la medi-cin de los costos econmicos de la violencia. La tercera aborda la estima-cin de los costos econmicos que la situacin de violencia impuso al pasen 2007. Y, finalmente, la cuarta seccin concluye con la agregacin detales costos y unas breves reflexiones sobre las limitaciones que la situa-cin de violencia supone para el desarrollo de El Salvador.

La etiologa de la violencia en El Salvador

La violencia es un fenmeno multicausal arraigado en una diversidad defactores y en el cual confluyen diversas dinmicas. Entre esos factores sedestacan las diversas variables relacionadas con condiciones sociales bsi-cas, oportunidades laborales, especialmente las tasas de desocupacinjuvenil y acceso a educacin.

La evidencia disponible sugiere que la epidemia de criminalidad y violen-cia que azota a la mayora de pases latinoamericanos, incluido El Salvador,est entrelazada con las condiciones de pobreza que afectan a vastos sectoresde la poblacin, pero esa relacin no es en modo alguno mecnica o lineal.Los datos muestran una correlacin apreciable entre las tasas de homicidiosy las tasas de pobreza en el continente, pero en el caso de El Salvador y delos pases ms violentos del continente las tasas de homicidios se encuen-

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tran muy por encima de lo que sera de esperar dadas sus tasas de pobreza(grfico 1). Ms que la pobreza por s misma, es la inequidad social combi-nada perversamente con otras condiciones econmicas, polticas y sociales,lo que explica las mayores expresiones de violencia en Amrica Latina.3

Entre los dems factores sociales que contribuyen a crear un contexto pro-picio para la violencia se destaca el desempleo juvenil, especialmente entrelos jvenes urbanos que han abandonado la escuela, el cual ha sido asocia-do en diversos estudios con altos niveles de criminalidad (ONU, 2007).Universalmente, la mayor parte del crimen callejero es cometido por hom-bres entre los 15 y 24 aos, a menudo contra sus coetneos. Mientras msalta es la proporcin que este segmento demogrfico representa dentro dela poblacin, ms grande es el nmero de perpetradores y vctimas poten-ciales en la sociedad, manteniendo constante las otras variables.

3 Diversos estudios han encontrado que la distribucin de la riqueza en una sociedad es ms sig-nificativa que la pobreza para predecir las escalas de violencia. Por ejemplo, Lederman Fajnzylbery Loayza (2001) encontraron, en una investigacin sobre 45 pases, que la desigualdad elevadaest positiva y significativamente correlacionada con las tasas de homicidios.

Grfico 1Correlacin entre tasas de homicidios y tasas de pobreza en AmricaLatina, 2003-2006

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de cuadro 1 y CEPAL (2007).

En el caso de El Salvador, la tasa de desempleo abierto entre los jve-nes de 15 a 24 aos de edad en 2006 era del 12,4%, comparada con unatasa de desempleo en la PEA total de 6,6%, de acuerdo con los datos dela ms reciente Encuesta de Hogares de Propsitos Mltiples (EHPM).Por otra parte, el 50% de los jvenes de 15 a 24 aos de edad estaban sub-empleados. Al sumar ambas tasas, resultaba que aproximadamente 62 decada 100 jvenes de entre 15 y 24 aos estaban desempleados o subem-pleados. La situacin de los jvenes excluidos que no encuentran vas deentrada a la vida laboral, de baja educacin y que provienen en muchoscasos de entornos familiares altamente disfuncionales, propicia que estesegmento importante de la poblacin se encuentre en mayor riesgo deexposicin a la violencia, como victimarios y como vctimas.

En ese contexto, el crecimiento de las bandas de jvenes delincuentes,organizados en maras, ha recibido creciente atencin en los medios decomunicacin y la investigacin sociolgica en aos recientes. En uninforme en el que se evala la magnitud de dicho fenmeno en cinco pa-ses de la regin (Mxico, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nica-ragua), USAID ha estimado que el nmero de miembros de maras endichos pases podra alcanzar ms de 300 mil y que est ascendiendo(USAID, 2006). Segn dicho informe, El Salvador registra una tasa de180 pandilleros por cada 100 mil personas. A su vez, la relacin entre elfenmeno de las maras y la violencia se ha complicado por los efectoscolaterales asociados con las migraciones, como la transculturizacin delas pandillas y las deportaciones. Estas ltimas han experimentado unmarcado incremento en aos recientes, en la medida en que los EstadosUnidos ha endurecido sus polticas de inmigracin. De acuerdo con datosdel U.S. Homeland Security, en el ao 2005 El Salvador habra registradouna tasa de 45 deportados por cada 100 mil habitantes, la ms alta enCentroamrica.

Adicionalmente, la problemtica interna de violencia e inseguridad enEl Salvador y sus vecinos centroamericanos se ha visto expuesta duran-te la ltima dcada a las presiones exgenas del crimen organizado (parti-cularmente del narcotrfico) debido a su ubicacin geogrfica entre losproveedores mundiales de cocana y sus principales consumidores. Seconsidera que Centroamrica se constituye en una zona de trnsito por

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donde pasa el 88% de la cocana que se consume en los Estados Unidos(ONU, 2007). El hecho de que las ganancias del trfico de drogas sobre-pasan por mucho los recursos con que los gobiernos centroamericanoscuentan para combatir el narcotrfico limita considerablemente la capa-cidad de stos para hacerle frente a tal problemtica.

A los factores anteriores se ha sumado en El Salvador la debilidad ins-titucional y la adopcin de polticas que han privilegiado la adopcin deun enfoque de mano dura frente a la delincuencia. En julio de 2003, elgobierno de El Salvador promulg una Ley de Mano Dura, a la cual si-gui la Ley de Sper Mano Dura en agosto de 2004. En virtud de tallegislacin, se confiri a la Polica Nacional Civil (PNC) amplias faculta-des para encarcelar a un sospechoso hasta por la simple presencia de tatua-jes. Bajo el rgimen de la Sper Mano Dura, en tan solo un ao la PNCarrest a 11 mil personas acusadas de pertenecer a las maras. Sin embar-go, el nmero de homicidios, lejos de disminuir, aument 80% en tresaos. Al mismo tiempo, la aplicacin de dicho enfoque gener otros efec-tos colaterales contraproducentes. El principal de ellos fue el incrementode la presin sobre el sistema carcelario, que ya en 2002 era consideradoel ms superpoblado de la regin. La poblacin privada de libertad creciconsiderablemente, alcanzando en 2007 un total de 16.145 personas,encerradas en 24 prisiones que tenan una capacidad real para la mitad dereos.

Por otra parte, existe en el pas una percepcin generalizada de que laPolica es incompetente (cuando no corrupta e infiltrada por el crimenorganizado) y de que el sistema judicial es incapaz de procesar y condenara los delincuentes, lo cual retroalimenta la criminalidad. Un estudio co-misionado por PNUD encontr que, de 1.020 homicidios cometidos en2005 en los tres municipios ms grandes del pas (San Salvador, San Mi-guel y Santa Ana), apenas el 3,8% fueron plenamente esclarecidos y losautores recibieron sanciones, esto significa que el 96,2% de los homici-dios quedaron impunes (Blanco y Daz, 2007).


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Acotaciones metodolgicas para la medicin de los costos econmicos de la violencia

Inevitablemente, la tarea de cuantificar la carga econmica que la violen-cia impone sobre una sociedad implica adoptar una perspectiva contable,que aspira a sumar todos los costos asociados con dicho fenmeno, direc-tos e indirectos, tangibles e intangibles, hasta donde lo permitan los datosdisponibles. Dada la diversidad de las manifestaciones de la violencia, ascomo la multidimensionalidad de sus efectos, esta tarea es sumamentedifcil. Existen diversos enfoques metodolgicos para medir los costoseconmicos de la violencia y las estimaciones pueden variar considerable-mente, dependiendo de las metodologas y supuestos que se adopten.

El primer problema prctico que ese esfuerzo de cuantificacin debeenfrentar consiste en que el rango de individuos y organizaciones afectadaspor la violencia es mucho ms grande de lo que convencionalmente se con-sidera. Incluye a las vctimas individuales y sus familias, los gobiernoscentrales y locales, los contribuyentes de impuestos, los ofensores y susfamilias, las empresas, entre otros. Las vctimas encaran los costos de lasconsecuencias de la violencia a travs de la propiedad robada, daada o des-truida, as como del costo de oportunidad del tiempo empleado en lidiarcon los efectos de la violencia, adems del impacto emocional y fsico desta, y de los costos directos e indirectos en que se refleja este impacto (cos-tos de atencin mdico-hospitalaria, prdida de productividad, entre otros).

Las vctimas potenciales sobrellevan los costos en anticipacin al posi-ble hecho de violencia, por ejemplo, a travs de medidas encaminadas areducir el riesgo de victimizacin (mediante gasto privado en seguridad,conductas precavidas, iniciativas comunitarias de carcter preventivo,entre otros); medidas para reducir las consecuencias de la victimizacin(seguros de vida, por ejemplo), as como a travs de la reduccin de lacalidad de vida y el temor a la violencia. En las zonas de alto riesgo delin-cuencial, la violencia involucra distorsiones econmicas ms amplias, talescomo la reduccin en las compras, los servicios, la instalacin de aguapotable y luz, as como las oportunidades de empleo.

La sociedad, en su conjunto, sobrelleva los costos de los recursos des-tinados a la aprehensin, juzgamiento y sancin de los ofensores a travs

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del Sistema de Justicia Criminal, el cual involucra el servicio de Polica,cortes y magistrados, asistencia legal, gastos de prisin, entre otros. Otrosefectos de la violencia que imponen una carga onerosa sobre la sociedadincluyen el valor descontado de las propiedades robadas, la prdida deinversiones por causa del clima de violencia, la productividad disminuidade las empresas, las reducciones en las tasas de acumulacin de capitalhumano y social, la disminucin de las tasas de participacin laboral, y latransmisin intergeneracional de los comportamientos violentos.

Entre los costos ms difciles de cuantificar estn los costos intangiblesque derivan del dolor y sufrimiento de las vctimas y sus familiares, de losefectos de largo plazo del abuso infantil y de la violencia contra las muje-res, de la disrupcin de la vida familiar, el mayor temor e inseguridad porel clima de violencia, los estilos de vida cambiados, la prdida de confian-za en la comunidad o la ciudad, el alejamiento de las familias y de los ne-gocios de las zonas de alta criminalidad, entre otros. El sufrimiento emo-cional de una persona que debe permanecer en su casa, en la noche, porel clima de violencia imperante en su vecindario, o el hecho de que losnios y nias en una comunidad vean limitadas sus capacidades de desa-rrollo social, cultural y deportivo, y las pocas posibilidades de construircapital social debido a las condiciones de violencia prevalecientes en elentorno, son situaciones a las que no puede asignarse fcilmente un valormonetario, pero que tienen un costo de oportunidad implcito, que enprincipio podra ser tambin expresado en trminos econmicos.

En este trabajo se aplica la metodologa utilizada en el estudio dePNUD (2005). La estructura adoptada para estimar los costos de la vio-lencia en El Salvador es la siguiente: i) costos en salud, desglosados en cos-tos mdico-hospitalarios, produccin perdida y costos intangibles (daopsicolgico); ii) costos institucionales (legales, judiciales y policiales); iii)costos preventivos en seguridad privada; y iv) prdidas materiales (trans-ferencias de propiedad debido a violencia delincuencial).

Los datos bsicos sobre los diferentes tipos de incidentes de violenciaque sirven de insumo para el ejercicio de contabilidad de los costos de laviolencia en el pas han sido tomados de la pgina web del ObservatorioCentroamericano de Violencia (OCAVI) (http://www.ocavi.com) y hansido complementados con informacin proveniente de otras fuentes (Po-


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lica Nacional Civil, Fiscala General de la Repblica, entre otros). En sugran mayora, tales datos tienen base en las denuncias interpuestas porquienes han sido vctimas de un hecho de violencia o por sus familiares oconocidos. Con el propsito de obtener la cuantificacin ms realistaposible del impacto total de los diferentes tipos de violencia, y dada labrecha normalmente existente entre el nmero de incidentes ocurridos ylos denunciados, se han aplicado multiplicadores implcitos para pro-yectar el nmero de hechos violentos estimados a partir de las denunciasregistradas. Los multiplicadores aplicados se han sustentado en los calcu-lados en el informe de PNUD (2005).4 El cuadro 2 presenta las denun-cias de diversos actos de violencia reportadas por la Polica Nacional Civil(PNC) y la Fiscala General de la Repblica (FGR), as como los multi-plicadores utilizados para estimar los incidentes ocurridos en 2007.

No est de ms subrayar que, aun con el uso de multiplicadores, losincidentes de violencia estimados muy probablemente subestiman consi-derablemente las dimensiones reales de la violencia. Adems de las mani-festaciones ms visibles de la violencia, como los homicidios y los delitoscontra la propiedad, diariamente ocurren otro tipo de agresiones, fsicas ypsicolgicas (como amenazas y coercin basadas en el potencial de violen-cia fsica o sexual), de las que se cuenta con datos poco precisos debido alsubregistro de este tipo de delitos. Asimismo, la violencia presenta coti-dianamente otras caras menos visibles, pero no por eso menos dramti-cas. Los sectores ms vulnerables de la poblacin salvadorea sufren lasconsecuencias de situaciones violentas que causan sufrimiento agudo yhasta la muerte a raz de su condicin social y econmica. Padecen de lamuerte prevenible de infantes y ancianos por falta de servicios socialesbsicos; soportan la desintegracin familiar forzada al tener que enviar amiembros lejos para buscar sustento; y aguantan la inequidad y la exclu-sin, por ejemplo al carecer de oportunidades de educacin o empleo, y

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4 Uno de los principales problemas prcticos que surge cuando se intenta cuantificar los costosasociados a los distintos tipos de violencia consiste en el subregistro de estos debido a que solouna fraccin de las vctimas denuncia el hecho ante las autoridades o alguna otra instancia. Enel caso de El Salvador, las encuestas de victimizacin conducidas por el IUDOP revelan queaproximadamente un 25% de las vctimas de un delito acuden a las autoridades a denunciarlo aescala nacional; en algunos delitos, ese porcentaje puede ser menor, mientras que en otros puedeser mayor.

al tener que sobrellevar la pobreza debido a la desigual distribucin de losrecursos y de las oportunidades.

Estimacin de los costos econmicos de la violencia en El Salvador

Costos en salud

Analticamente, los costos en salud ocasionados por la violencia puedencuantificarse adaptando el enfoque aplicado por Salkeld y otros (1996)para desglosar los costos totales de una enfermedad en costos directos,indirectos e intangibles.

Los costos directos surgen de los servicios de salud usados en la pre-vencin, diagnstico y tratamiento de una enfermedad (en este caso de laviolencia) as como de los servicios de rehabilitacin. Incluyen los costosprivados en que incurre el paciente y su familia y otros recursos pblicos.Si la incidencia de la violencia disminuyera, tales recursos podran serliberados para otros fines.


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Cuadro 2Hechos de violencia estimados por tipo de delito, ao 2007

Tipo de delito Nmero de Multiplicador Incidentesdenuncias estimados

Homicidio culposo por accidente de trnsito 1.161 1,0 1.161Homicidio 3.491 1,0 3.491Lesiones 10.298 3,0 25.745Violacin 2.293 3,0 8.769Extorsin 2.486 2,2 5.469Robo 9.847 2,3 22.648Hurto 13.638 2,2 30.004Robo y hurto de vehculo 3.375 1,6 5.400

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de la PNC, FGR y el IUDOP.

Los costos indirectos son provocados por la produccin perdida debi-do a la reduccin de la produccin y/o productividad causada por elausentismo del trabajo, la discapacidad temporal o permanente y la mor-talidad prematura. La prdida de produccin equivale al valor presentedel flujo de ingresos que se habran obtenido en el curso de la vida pro-ductiva de la persona si el acontecimiento violento no hubiera ocurrido.

El tercer grupo de costos, y el ms difcil de medir, es el relacionadocon los efectos intangibles o psicosociales de la enfermedad. El dolor, elsufrimiento o cualquier otra reduccin de la calidad de vida son intangi-bles y, por tanto, muy difciles de cuantificar.

Costos mdico-hospitalarios

El punto de partida para cuantificar los costos directos en salud ocasio-nados por la violencia lo constituyen las diferentes categoras de inci-dentes de violencia reportados en el cuadro 2, en los cuales existira, enprincipio, un componente de lesin fsica a las vctimas que requiere deatencin mdica. En el supuesto de que los incidentes de violencia estnadecuadamente contabilizados, el reto metodolgico principal a esterespecto consiste en determinar los costos unitarios apropiados paracada categora de incidente.

En el caso de los homicidios intencionales y de los homicidios culpo-sos por accidente de trnsito, los costos unitarios resultan relativamentebajos debido a que la mayora de las vctimas muere en el lugar del inci-dente o poco despus de recibir primeros auxilios mdicos. En lo que res-pecta al costo de atencin mdica de los lesionados que sobrevivieron aun hecho de violencia, se desagreg el universo de lesionados en tres gran-des categoras: lesionados de gravedad; lesionados menos graves querequirieron hospitalizacin; y lesionados leves. Para estimar el costo deatencin mdico-hospitalaria de los heridos graves, se utiliz como par-metro de referencia los costos unitarios estimados por Mdicos Salvado-reos para la Responsabilidad Social (MESARES, 2004) para atender alos heridos por arma de fuego en la red hospitalaria nacional en 2003,ajustados por la inflacin registrada durante 2003 a 2007. Para la cuanti-ficacin de los costos mdicos de los otros lesionados se utilizaron los cos-

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tos unitarios calculados en el estudio de PNUD (2005), ajustados porinflacin.

En el cuadro 3 se reportan los costos totales en atencin mdico-hospi-talaria para las personas lesionadas en hechos de violencia delincuencialcomn en El Salvador durante 2007. A ese monto habra todava queaadir los gastos mdico-hospitalarios incurridos en la atencin a lasvctimas de actos de violencia sexual, los cuales ascendieron a $ 10,5millones. Incluyendo los gastos de bolsillo (transporte, exmenes m-dicos, medicinas, transporte, entre otros) en que habran incurrido lasvctimas para recibir atencin mdica, los costos totales de atencin m-dico-hospitalaria debido a la violencia habran ascendido a unos $ 34,5millones.


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Cuadro 3Costos de atencin mdico-hospitalaria debido a diferentes tipos de violencia contra las personas en El Salvador, 2007

Tipo de acto violento Incidentes Costo Costos totalesestimados ($) (millones $)

Homicidio culposo poraccidente de trnsito 1.161 276 0,3Homicido 3.491 276 1,0Lesiones 25.745 354 9,1Hospitalizados graves 1.204 4.136 5,0Otros hospitalizados 3.612 861 3,1Lesiones leves (atencin ambulatoria) 20.921 48 1,0

Violacin 8.769 1.200 10,5Subtotal 30,0Ms gastos de bolsillo 4,5Total 34,5

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la PNC y otras fuentes.

Produccin perdida

En el caso de los costos de la violencia en trminos de la produccin per-dida, el componente ms elevado corresponde, comprensiblemente, alcosto de oportunidad de una vida perdida debido a un homicidio.5

En general, existe considerable variacin en el valor monetario asigna-do a la prdida de una vida humana entre los estudios que tratan de cuan-tificar el costo de tal prdida. En la mayora de casos, el valor de unavida humana es calculado sobre la base de estimaciones de la calidad devida, el premium salarial por trabajos riesgosos, y la disposicin a pagarpor medidas de seguridad, por ejemplo, el comportamiento individualrelacionado con medidas tales como el uso de cinturones de seguridad(Boardman y otros, 1996). Los valores estimados en diversos estudios semueven en un rango entre $ 2,6 millones y $ 13,7 millones por cada pr-dida humana (Miller, 1989; Fisher y otros, 1989; Viscusi, 1993).

Al igual que en otros estudios empricos sobre los costos de la violen-cia, en este trabajo se utiliza el indicador de Aos de Vida SaludablesAjustados por Discapacidad (AVISA) para estimar los costos indirectos dela violencia en trminos de la produccin perdida debido a la discapaci-dad temporal o permanente, y la mortalidad prematura. El costo corres-pondiente se obtiene multiplicando el nmero de AVISAS por el PIB percpita, lo cual equivale aproximadamente al valor presente de los flujos deingreso monetario que hubiese generado cada vctima de haber vividosaludablemente los aos perdidos por un hecho de violencia. El PIB percpita de El Salvador en 2007 fue aproximadamente $ 3.513 en dlarescorrientes.

Los clculos realizados con base en la estructura de edades de las vc-timas de homicidios, segn los registros del Instituto de Medicina Legal,indican que en 2007 se perdieron ms de 100 mil aos de vida por causade la violencia, con un costo econmico aproximado de ms de $ 416millones (2% del PIB) en trminos de produccin perdida (cuadro 4).

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5 Las estimaciones efectuadas en pases industrializados indican que los costos de las vidas destrui-das representan la mayor parte de los costos medidos de la violencia criminal: en Francia,Australia, Inglaterra y los Estados Unidos, el valor de las vidas perdidas representa ms del 40%de esos costos (ICPC, 1998).

Inevitablemente, las estimaciones obtenidas para El Salvador resultan sig-nificativamente inferiores a los valores estimados para pases de ingresosaltos, debido a que tales prdidas reflejan en ltima instancia el valor pre-sente de los salarios e ingresos que se dejan de percibir.6

Costos intangibles: dao emocional y psicolgico

Uno de los componentes ms difciles de cuantificar en la contabilidad delos costos de la violencia lo constituyen los llamados costos intangibles,los cuales intentan capturar el dao psicolgico o emocional causado a lasvctimas de la violencia (Hornick y otros, 2002). El clculo de los costospsicolgicos ha sido una prctica comn en los casos legales, que busca es-tablecer el valor monetario de la indemnizacin debida a las vctimas dela violencia. Por lo general, tales costos son significativamente mayoresque los costos econmicos directos en que incurren las vctimas (Miller yotros, 1993).


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Cuadro 4Costos de salud por produccin perdida debido a acciones de violencia contra las personas, 2007


Homicidio culposo poraccidente de trnsito 1.161 70,552 81,9Homicido 3.491 90,507 316,0Lesiones 25.745 507 13,1Violacin 8.769 624 5,5Total 416,4

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la PNC, FGR y otras fuentes.

6 Aplicando ese tipo de metodologa, se ha estimado que el costo promedio de un homicidioasciende a $ 15.319 en Sudfrica; $ 602 mil en Australia; $ 829 mil en Nueva Zelandia y msde $ 2 millones en los Estados Unidos (WHO, 2004).

Un posible mtodo para establecer un parmetro de referencia paracuantificar el impacto de la violencia sobre las personas tiene base en losmontos de indemnizacin concedidos a las vctimas de un delito porparte de mecanismos de compensacin como el Criminal InjuriesCompensation Scheme, administrado en el Reino Unido por la CriminalInjuries Compensation Authority. Dicho esquema refleja los costos asocia-dos a distintos tipos de lesiones sufridas durante la accin delictiva y esta-blece la indemnizacin apropiada sobre la base de una escala de compen-saciones para lesiones de gravedad comparable. Tal esquema estipula elpago de una indemnizacin adicional por la prdida de ingresos y los cos-tos de cuidados especiales en los casos ms serios, y por la prdida de sus-tento y apoyo para los dependientes de la vctima en los casos fatales.

Otra tcnica comnmente utilizada para cuantificar el costo intangi-ble de la violencia es la preferencia expresada mediante la aplicacin deMetodologas de Valuacin Contingente (MVC). El uso de esta tcnicainvolucra encuestar a muestras de la poblacin para descubrir su disposi-cin a pagar (Willingness to Pay, WTP) para reducir el riesgo de sufrir undelito, o su disposicin a aceptar (Willingness to Accept, WTA) una com-pensacin por afrontar un riesgo mayor. Una forma alternativa de prefe-rencia expresada consiste en determinar el monto monetario que una per-sona estara dispuesta a aceptar como compensacin por sufrir un delito.

Para la cuantificacin de los costos intangibles asociados al impactoemocional de la violencia, en este trabajo se ha tomado como referencialos valores utilizados por el Departamento del Ambiente, Transporte y lasRegiones del Reino Unido (Department of Environment, Transport and theRegions, DETR) y por el British Crime Survey, como una primera aproxi-macin al impacto emocional y fsico ocasionado por delitos violentos,sin perder de vista que tales valores estn lejos del ideal debido a que tantolas circunstancias como las consecuencias de los incidentes difieren entres. Los valores empleados por el DETR y el British Crime Survey han sidoajustados por el diferencial entre el PIB per cpita de Inglaterra y ElSalvador, ajustados por la paridad de poder de compra (Purchasing PowerParity, PPP). Las estimaciones resultantes se reportan en el cuadro 5. Elcosto total del dao emocional causado por la violencia habra sobrepasa-do $ 516 millones (2,5% del PIB).

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Costos institucionales: legales, judiciales y policiales

El cuadro 6 registra el presupuesto asignado en 2007 a diversas institucio-nes del Estado responsables de implementar las polticas de prevencin ycombate de la delincuencia y la violencia en El Salvador, as como de asis-tencia a las vctimas de la violencia. Las instituciones incluidas son elrgano Judicial, la Fiscala General de la Repblica (FGR), la Procura-dura General de la Repblica (PGR), la Procuradura para la Defensa delos Derechos Humanos (PDDH), y el Ministerio de Gobernacin en loque compete a las funciones de seguridad pblica (Polica Nacional Civil)y administracin del sistema penitenciario. El presupuesto asignado a lasdiversas instancias gubernamentales involucradas en la prevencin y com-bate de la violencia en 2007 ascendi a $ 311,2 millones (1,5% del PIB).

El criterio adoptado para la elaboracin del cuadro ha sido el deincluir aquellas partidas presupuestarias que en dichas instituciones tie-nen que ver de manera ms directa con las polticas de prevencin y com-bate de la violencia, y no simplemente registrar todos los fondos asigna-dos a tales instituciones en el Presupuesto General de la Nacin. Incluirtodos los gastos del sistema judicial y policial dentro de los costos direc-


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Cuadro 5Costos del dao emocional causado por la violenciacontra las personas, 2007


Homicidio culposo poraccidente de trnsito 1.161 90.727 105,3Homicido 3.491 90.727 316,7Lesiones 25.745 2.419 62,3Violacin 8.769 3.629 31,8Total 516,2

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la PNC, FGR y otras fuentes.

tos de la violencia podra inflar considerablemente las cifras, dado quealgunos de esos gastos tendran de todos modos que efectuarse aun si noocurriera ningn hecho de violencia.

Costos preventivos en seguridad privada

Los costos preventivos de la violencia tambin comprenden los gastos enque incurren los hogares y las empresas para instalar mecanismos de segu-ridad y contratar servicios privados de vigilancia. Tales mecanismos inclu-yen medidas como la adicin de chapas y candados a las puertas, el refor-zamiento del enrejado en ventanas, patios u otros lugares, la construccinde muros o paredes exteriores adicionales, la instalacin de alambradas depas, alambres de tipo razor e incluso mallas electrificadas, y la instalacinde alarmas.

Dada la dificultad de obtener informacin actualizada sobre este tipode costos, el gasto privado en seguridad se estim a partir de los clculossobre este rubro reportados en el estudio previo para El Salvador dePNUD (2005), ajustados por inflacin. Ello implicara que los gastostotales de las familias salvadoreas en 2007 para el control y prevencinde la violencia habran alcanzado aproximadamente $ 160 millones(0,8% del PIB), mientras que los gastos incurridos por las empresas en la

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Cuadro 6Asignaciones presupuestarias para las funciones institucionales relacionadascon la prevencin y combate de la violencia en El Salvador, 2007

Institucin Millones de $ Porcentaje del PIB

Seguridad Pblica 184,2 0,9rgano Judicial 102,3 0,5Fiscala General de la Repblica 15,7 0,1Procuradura General de la Repblica 8,0 0,04Procuradura de Derechos Humanos 1,0 0,00Total 311,0 1,5Fuente: Presupuesto General de la Nacin.

adopcin de medidas preventivas habran alcanzado $ 384 millones(1,9% del PIB).

Prdidas materiales (transferencias)

La violencia involucra tambin importantes costos relacionados con laprdida de bienes o valores debido a diferentes tipos de actos delictivos(robos, hurtos, entre otros). Dado que, en cierto sentido, muchos bienesrobados no se pierden para la sociedad como un todo sino que son trans-feridos de las vctimas a los delincuentes, ha existido un debate sobre si elvalor de tales bienes debiera ser contabilizado como una prdida social ono. Algunos expertos argumentan que, puesto que el valor de los bienesrobados es potencialmente menor para los delincuentes que para las vc-timas, es solo la diferencia entre estas dos valuaciones la que debera sertomada en cuenta como prdida de bienestar.

Otros estudios, en cambio, aducen que todos los robos de propiedaddeberan ser considerados como prdidas sociales, dado que el tiempo quelos delincuentes gastan en actividades ilegales es, de hecho, una prdidasocial, y puesto que el valor de los bienes arrebatados debera, en equili-brio, ser igual al costo de oportunidad del tiempo de los delincuentes(Glaeser, 1999). En una lnea de argumentacin complementaria, otrosanlisis subrayan que la distincin relevante entre una transferencia y unaprdida social recae, en ltimo trmino, en si la transferencia es volunta-ria o no. Puesto que un robo involucra una transferencia involuntaria (departe de la vctima) de propiedad, debera considerarse como un costopara la sociedad.

A efectos de calcular las prdidas materiales de los hogares y empresasdebido a la delincuencia, se utilizaron los costos unitarios estimados en elestudio de PNUD (2005) para los diferentes tipos de delitos contra lapropiedad, ajustados por inflacin y por la variacin registrada por elnmero de esos delitos entre 2003 y 2007. De acuerdo con tales clculos,las prdidas materiales debido a delitos contra la propiedad y las empre-sas en El Salvador habran alcanzado unos $ 416 millones (2% del PIB),en 2007.


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Agregacin de los costos de la violencia

A partir de las estimaciones de los diferentes componentes de los costosde la violencia presentados, el cuadro 7 resume los costos econmicosagregados de la violencia en El Salvador para el ao 2007. La estructurade costos reportada pretende hacer comparables las estimaciones obteni-das en este trabajo con los costos de la violencia estimados en estudiosprevios, particularmente con el estudio que el IUDOP realiz en 1998,con datos de 1995, y con el estudio de PNUD (2005), basado en datosde 2003.7 No obstante, tal comparacin debe realizarse con las debidas

7 El trabajo del IUDOP (1998) se realiz en el marco de la serie de estudios sobre el impacto eco-nmico de la violencia que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) patrocin en 1996-1997 en seis pases de Amrica Latina. Los resultados de estos estudios fueron sistematizados enel trabajo de Londoo y Guerrero (1999).

Cuadro 7Costos econmicos de la violencia en El Salvador

Tipo de costo El Salvador 1995 El Salvador 2003 El Salvador 2007(IUDOP, 1998) (PNUD, 2005)

% PIB %PIB Millones $ % PIB

Prdidas en salud 3,7 4,7 953 4,7Atencin mdica 0,8 0,3 21 0,1Aos de vida perdidos 2,9 1,7 416 2,0Dao emocional 2,7 516 2,5

Costos institucionales 4,9 1,8 311 1,5Seguridad pblica 1,0 184 0,9Justicia 2,8 127 0,6

Gasto privado en seguridad 0,6 2,7 544 2,7Hogares 0,6 160 0,8Empresas 2,1 384 1,9

Deterioro. inver.-productividad 0,2 0,2Deterioro consumo y trabajo 11,5Prdidas materiales 4,0 2,1 416 2,0(transferencias)

Total 24,9 11,5 2.225 10,9Fuente: IUDOP (1998), PNUD (2005) y estimaciones propias.

cautelas, tomando en cuenta las diferencias metodolgicas entre nuestrasestimaciones y las de estudios anteriores.

De acuerdo con nuestras estimaciones, los costos econmicos de laviolencia en El Salvador alcanzaron un total de aproximadamente $ 2.225millones (10,9% del PIB) en 2007. Como porcentaje del PIB, esta es unacifra menor que el costo de 11,5% del PIB reportado en el estudio dePNUD (2005). No obstante, si bien en este trabajo se ha aplicado lametodologa utilizada por PNUD (2005), subsisten entre ambos trabajosdiferencias metodolgicas que, sumadas a los errores estadsticos de medi-cin, impiden asegurar que la situacin de violencia haya disminuido sig-nificativamente con respecto a 2003.

Est de ms aclarar que las estimaciones reportadas en el cuadro 7 soninevitablemente imprecisas. La calidad de la informacin sobre la cual sesustentan tales estimaciones es buena en algunos casos, remendada enmuchos y pobre en bastantes. Algunos costos como los asociados almiedo a la violencia, o al impacto de la violencia en los familiares de lasvctimas son extremadamente difciles de estimar, debido simplemente ala falta de datos o a la falta de tcnicas apropiadas para recoger tal infor-macin. Algunas estimaciones han sido obtenidas sobre la base de supues-tos que pueden resultar discutibles o de parmetros que han sido toma-dos de estudios similares realizados para sociedades bastante distintas dela salvadorea. Por lo tanto, tales estimaciones pueden resultar sensiblesal cambio de supuestos o a mejoras en la calidad de los datos.

A pesar de tales limitaciones, no cabe duda de que la violencia conti-na imponiendo una carga onerosa sobre El Salvador y que los recursosque se pierden debido a ello podran ser aprovechados para fortalecer lascapacidades de desarrollo del pas y mejorar sustancialmente la calidad devida de la poblacin. Lo que El Salvador perdi en 2007 debido a la vio-lencia equivali a ms del doble de las asignaciones presupuestarias aEducacin y Salud, combinadas. Asimismo, el costo de la violencia equi-vale a ms del doble del monto de recursos que se necesitaran para garan-tizar cobertura universal en servicios sociales bsicos (educacin, salud,nutricin, vivienda, agua y saneamiento, y electricidad) a la poblacin sal-vadorea, los cuales se estimaron en 4,3% del PIB en el Informe sobreDesarrollo Humano El Salvador 2003. El Salvador simplemente no


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puede darse el lujo de continuar alimentando la vorgine de violencia conlos recursos que podra destinar para satisfacer las necesidades bsicas desu poblacin y sentar bases ms firmes para avanzar hacia un mayor nivelde desarrollo humano.

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