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Ambiente

Costa Rica: REDD+ en el país de la máscara verdeColaboración 17 julio, 2015 1 comentario

Por Juliana Bittencourt y Zuiri Mendez*

Mapa de Geografía Radical Centroamericana

Fotografías de Juliana Bittencourt, Lucia Ramírez y Aldo Santiago

Documental por Caravana Climática

 

El histórico referendo del Tratado de Libre Comercio en Costa Rica movilizó

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instituciones, organizaciones, universidades, comunidades e individualidades enel compromiso de realizar un trabajo informativo que antecediera la consulta delPlebiscito, para contar a la población nacional sobre las consecuencias deaprobar un área de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica yRepública Dominicana. La intención de la multiplicidad de organizaciones erapromover un amplio debate público para reflexionar acerca de las secuelas de unsí en la consulta del 7 de octubre de 2007. En este contexto una generación deactivistas se encontraron en la reflexión y problematización del “modelo dedesarrollo” impulsado por las redes corporativas de los estados nación y“naciones desarrolladas”, lo cual contribuyó al surgimiento de algunasconclusiones colectivas, especialmente en las preocupaciones socioambientalesde diferentes actores, que evidenciaron un gran tema de lucha en común: lamayoría de comunidades en el país están sufriendo conflictos por tenencia deterritorio y sus bienes comunes, donde el discurso del conservacionismo es ajenoa las luchas y está al servicio del mercado, marcando un giro al movimientoecologista predominante, del que Costa Rica tiene larga historia, para empezarentonces, a alejarse del discurso conciliador ambientalista, y a optar pormovimientos ligados a la defensa del territorio.

Pese a ello el TLC fue aprobado después de un agitado proceso que culminó conla imposición de tratado, acompañado por una fuerte campaña por parte de losgrandes medios de comunicación para promoverlo, hecho que representó un pasoimportante hacia la transnacionalización neoliberal de la economía costarricense.Sin embargo el trabajo político realizado para el referendo dejó marcas endistintos sectores de la sociedad y permitió la articulación de nuevos agentes enla lucha al sumar procesos de comunidades indígenas y campesinas.

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En las elecciones de febrero de 2014 se reconfiguró el escenario político en CostaRica; el Partido Acción Ciudadana (PAC) gana las elecciones después de realizaruna campaña que alzó la bandera de la diversidad sexual y presentó un programade gobierno aparentemente antineoliberal. En su discurso se dibujaba como unaalternativa, al continuismo de la política neoliberal, que en los últimos añosimpulsó el capital transnacional y los grupos dominantes costarricenses con elconsecuente aumento de la concentración de la riqueza, exclusión y desigualdadsocial.

Sin embargo, el nuevo gobierno reafirmó las políticas económicas al grado devender al país como una marca: “Costa Rica Esencial” un paraíso tropicalatractivo a los organismos financieros internacionales; a los especuladores einversores del mercado de carbono; a los megaproyectos turísticos que arrasan lacosta Atlántica y Pacífica y sobre todo el proyecto de plantear Costa Rica comoun modelo de “desarrollo” para toda América Central. En este caso la influencianeoliberal se estructura de otra forma, no es a través de la violencia ymilitarización como en México, Honduras o Colombia, sino de alianzas entreempresarios y políticos corruptos afianzados en la afirmación de una imagen y de

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un modo de vida a ser exportado: la mercantilización de la naturaleza.

En la careta se trazan la conservación de los bosques como un paisaje verdeinhabitado. Sin embargo en la realidad, los pueblos originarios y campesinosenfrentan amenazas de despojo de las tierras que han habitado ancestralmentepor la promoción de megaproyectos, la expansión de los monocultivos, laviolación de derechos básicos de las comunidades campesinas e indígenas y laprivatización de sus bosques.

Existen 24 territorios correspondientes a pueblos indígenas en Costa Rica y cercadel 40% de estos territorios están en manos de no indígenas. De acuerdo con elCenso de 2011 más del 50% de los indígenas del país no viven en sus territorios,han sido despojados de sus tierras por la presión de los finqueros, sikuas (noindígenas en bribri) que compraron las tierras a precios bajos y que hoy en díaofrecen trabajos mal pagados a los pueblos en el sistema de pago por jornada detrabajo. Actualmente se vive en Costa Rica una intensa lucha por la recuperaciónde las tierra; una de ellas es el caso de la Reserva Salitre de Buenos Aires, enPuntarenas, donde la población enfrenta la violencia y el constante acoso por

Costa Rica: La máscara verde

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parte de los finqueros como la agresión sufrida la noche del 5 de julio de 2014 poruna turba de 80 agresores quienes quemaron tres ranchos.

La mercantilización de la vida se realiza desde múltiples direcciones. Mientras porla costa pacífica el turismo a gran escala se vuelve depredador de las pocasfuentes de agua y de los cuerpos de pueblos pescadores y campesinos, en lazona Sur y Norte del país los monocultivos de palma africana, banano y piñaavasallan con la tierra y los ríos, y al mismo tiempo, aparecen proyectos definanciarización de la naturaleza, como REDD+ (Reducción de Emisiones porDeforestación y Degradación) donde planean impedir el uso colectivo de losbosques a las poblaciones indígenas a cambio de pagos por permisos decontaminar, o mercantilizar la vida hasta el punto de lo absurdo. La imagen deCosta Rica como producto de comercialización, no cuenta del despojo.

El movimiento ecologista tiene importantes desafíos como el de frenar laexpansión de los monocultivos, especialmente el de la piña, impedir la entrada enel país del maíz transgénico y la implementación del programa REDD+; apoyarlas comunidades indígenas en el proceso de recuperación de tierras, frenar el

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modelo de desarrollo neoliberal, unilateral e injusto y principalmente deconstruir laimagen de Costa Rica “ecologista-conservacionista” como un modelo a seremulado por otros países. Una estrategia encontrada para frenar proyectos dealto impacto socio-ambiental es la declaración de moratorias. En el caso de laexplotación minera la moratoria se convirtió en un instrumento eficaz porque semutó a un proyecto de ley que impide permanentemente la instalación de minas acielo abierto pero en el caso de los demás proyectos de declaración de moratoriascomo en lo referente a los transgénicos y a la expansión piñera son apenas frenosque postergan importantes decisiones donde la apuesta por otros modelos dedesarrollo que sean socialmente justos comienzan a idearse en la articulación dedistintas colectividades.

El programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación(REDD+) fue creado para supuestamente “mitigar los efectos del cambioclimático”. Su origen data de las negociaciones durante la 13a Conferencia de lasPartes (COP13) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

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Climático (CMNUCC) realizada en Bali, Indonesia, como un método para“recompensar” a países que conserven sus bosques. Este tipo de mecanismospermiten que los agentes que actúan como principales responsables por elcambio climático, es decir los países industrializados, se conviertan enpotenciales inversionistas en el especulativo mercado de carbono e impulsores dela “conservación de los bosques”. Sin embargo lo que está entrelineas delprograma es la incorporación de jugosos negocios madereros y la siembra deáreas de monocultivos como zonas potenciales para el secuestro de carbono,permitiendo la deforestación y tala de bosques además de eximir de la obligacióna las industrias del norte sobre la disminución de sus niveles de contaminación yla reducción de la dependencia en combustibles fósiles.

El proyecto de REDD+, impulsado bajo una óptica mercantilista por entes como elBanco Mundial, la ONU, corporaciones trasnacionales y ONGs conservacionistas,han iniciado talleres para operar con las comunidades y sus bosques como unainiciativa extendida del por si ya operante proyecto de Pagos por ServiciosAmbientales (PSA), mecanismo que en Costa Rica se viene implementandodesde 1997 y que representa los pagos hechos a las comunidades por cuestionesde “conservación y reforestación”. Estos “retribuciones” han servido para dividir alas comunidades y sembrar discordia al interior de las mismas ya que el uso yadministración de los pagos es discrecional por las Asociaciones de DesarrolloIndígena (ADIIs, figura no tradicional ni legímita, impuesto por el gobierno) y no seestá de acuerdo en la triangulación y uso que se ha dado al dinero por parte deéstas. Otra de las consecuencias derivadas de la operación de los PSA ha sido lapérdida cultural y de relación con el bosque que vivían las comunidades antes dela implementación de los pagos, ya que se limita el uso del bosque y la gente dejade convivir con él; usa el dinero del programa para aumentar su consumo enpulperías y tiendas comerciales, olvidando los procesos de recolección, siembra yconvivencia con el bosque.

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Las comunidades indígenas Bribris, Borucas, Terrabas y Cabécares de lasregiones del caribe y pacífico, han analizado los ejes principales del proyectoREDD+ y las implicaciones que tendrían para sus territorio y formas culturales derelación con la vida y el bosque. Entre los puntos más polémicos brota el de lasrepresentatividades indígenas que manipulan la opinión pública y las decisionesde la comunidad indígena en su conjunto, reduciéndola a las decisiones deautoridades no elegidas ni legitimadas moralmente por las comunidades y queson quienes exponen de manera fragmentada y no representativa la voluntad departicipación en este y otros proyectos. Además de la falta de información clara yoportuna que provoca confusión en las comunidades para entender lasdimensiones completas de la propuesta han identificado irregularidades en elproceso de consulta del proyecto pues el sólo hecho de asistir a una juntainformativa ha sido usado por las autoridades y representantes intermediadorescomo una prueba de la aprobación de las personas hacia el proyecto. Es así, quelas comunidades que ahora se organizan contra REDD+ denuncian procesosamañados y manipulados de consulta y reiteran su rechazo al proyecto completoy a estos procesos de pre-consulta y consulta que serán usados para pasar los

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proyectos por encima de la voluntad de los pobladores.

El proyecto de pago a las comunidades por conservación de los bosques simulapromover el desarrollo de los pueblos pero no es así, ya que impone procesos dedesvinculación del bosque y aunque el tema de la conservación suena positivo, esuna propuesta de los mercados internacionales que pretenden poner marcos parala mercantilización de los bosques y la negociación del oxígeno, pues lo que estádetrás es la usurpación del poder de los bosques, en tanto que la floresta es unespacio de vida para las comunidades que habitan en él, pues allí se encuentra lapotencia y posibilidad concreta de vida para ellos, desde la medicina tradicional,fuente de vivienda y alimento, aprendizaje, origen y muerte de los indígenas queahí se asientan desde antes de la aparición del Estado de Costa Rica.

CostaRica.Talamanca. Denuncia No REDD+

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Desde 2010 Costa Rica elaboró una propuesta para la experimentación de REDDen su país para explicar cómo este podría aplicarse en un entorno nacional, endonde los bosques, reducidos a la visión de meros absorbentes de carbono,puedan ser una solución para compensar las emisiones de carbono mundiales.En donde un bosque o una plantación (y aquí está también lo grave), son vistoscomo activos ambientales que pueden prestar un servicio a modo de transacción,incluso económica, transferible. El punto anterior violenta aspectos fundamentalesde la ley indígena que prohibe la transferencia de territorios de poblacionesoriginarias. Y en ese sentido Costa Rica viola la ley pues desde el año 2013 yaentraba al mercado con la negociación de créditos de carbono por montos dehasta 63 millones de dólares, sin que existiese una consulta a los pueblos dueñosde los territorios y guardianes de los bosques. A partir de 2014, iniciaron en elpaís procesos de pre-consulta en las poblaciones de Talamanca y se preparan laspre-consultas para el resto de las comunidades indígenas con la intención deintegrarlos activamente en la operación de REDD+; esto aunque desde el año de1997 se empezó a implementar la estrategia de mercantilizar el bosque (PSA), y

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que desde 2005 iniciaron formalmente los trabajos de REDD+ en sus territorios.

Las familias y poblaciones afectadas por REDD+ han empezado una lucha parasacar estos proyectos de sus territorios, recordando las luchas antañas en quetambién sacaron a las empresas bananeras y mineras de sus pueblos,rememorando los procesos de defensa contra las mineras que pretendían usurparsus recursos naturales para la explotación comercial de la industria eléctrica.

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Actualmente REDD+ representa en Costa Rica una propuesta dentro de lasestrategias de financiamiento de la naturaleza promovida por los gobiernoslocales e internacionales que tienen intereses ligados al valor de cambio de lanaturaleza como bienes intercambiables, ideas que propician el despojo. Estepaís ha promovido fuertemente el uso del adjetivo verde a procesos deexplotación de la naturaleza, como por ejemplo, ha llegado al grado de llamar alos procesos de extracción minera como “Minería Verde” y promueve fuertementeproyectos como REDD+ y BIOFIN, como una trampa que facilita el despojo de losbienes comunes naturales. Los gobiernos han promovido la implementación decampañas de neutralidad como marketing para Costa Rica, como fomento paramotivar la transacción de bonos de carbono en el marco de las estrategiasglobales ante el cambio climático.

Después de tantos años de que gobierno, organizaciones y comunidades hanaceptado el pago por servicios ambientales, REDD+ parece un tema difícil deposicionar y analizar, al punto de que muchas comunidades también estánaceptando sin mayor crítica la propuesta de operar bajo la conservación financierade los bosques.

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*Con información de Caravana Climática

Clasificación: Costa Rica

There is one comment

Angelica19 julio, 2015 at 8:43 am

Esto es una total realidad a la que nos enfrentamos los países Latinoamericanos. Denuncia,organización y lucha