COSTA DE MARFIL: Situación de los partidarios del anterior

presidente Gbagbo, con especial mención a la tolerancia por parte del Estado a su actividad

política.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Nombre y Apellidos: Dulce García Lugar y fecha: Madrid, Enero de 2018

www.cear.es Servicios Centrales: Avda. de General Perón 32, 2˚ derecha

28020 Madrid

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1. CONTEXTO: CRISIS POSTELECTORAL DE 2011.

Costa de Marfil sufrió una guerra civil en 2011, después de que Laurent Gbagbo, presidente desde 2000, se negara a aceptar la derrota frente a Alassane Ouattara en una segunda vuelta electoral. Las acciones para mantenerle en el poder derivaron en una campaña contra los civiles que apoyaron a su rival y actual presidente pero también en persecución por motivos religiosos, étnicos y xenófobos.1 Entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, al menos 3.000 civiles fueron asesinados y más de 150 mujeres fueron forzadas, con graves violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes, principalmente en enfrentamientos en Abiyán y en el oeste del país. 2 Las fuerzas leales al presidente Ouattara también cometieron graves abusos durante la crisis postelectoral. Los miembros de las Fuerzas Republicanas leales a Ouattara mataron a civiles de grupos étnicos asociados con Gbagbo, violaron a mujeres y quemaron pueblos. La crisis terminó con la intervención de las fuerzas francesas y el arresto de Gbagbo en abril de 2011. 3 El ex presidente Laurent Gbagbo fue trasladado a la sede de la Corte Penal Internacional, (CPI) en La Haya, en noviembre de 2011 para responder de cargos de crímenes de lesa humanidad. La ex primera dama Simone Gbagbo también fue acusada de crímenes de lesa humanidad, pero las autoridades marfileñas impugnaron la admisibilidad del asunto y no la entregaron a la CPI.

Varios años después de final de la crisis postelectoral continúan perpetrándose contra los partidarios y presuntos partidarios del ex presidente Laurent Gbagbo violaciones de derechos humanos, como detención prolongada sin juicio ni acceso periódico a abogados y familiares. Las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (el ejército nacional) y la policía militar fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos contra personas detenidas al margen del marco jurídico y, a menudo, debido a su etnia o su filiación política. Los presuntos autores de atentados contra la seguridad del Estado fueron recluidos en régimen de incomunicación, a veces durante largos periodos, y en condiciones inhumanas y degradantes. Muchas de esas personas fueron torturadas.

Sólo se han abierto investigaciones nacionales sobre presuntos crímenes atribuidos a partidarios o presuntos partidarios de Laurent Gbagbo, mientras que ninguno de los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad tras las elecciones ha tenido que rendir cuentas.

1.1 Misión De Naciones Unidas. ONUCI.

La Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil se estableció el 4 de abril de 2004, con el mandato de facilitar la aplicación del acuerdo de paz firmado en enero de 2003, cuyo objetivo era poner fin a la guerra civil. Su mandato fue ampliado y ajustado para cumplir con los nuevos requisitos y reflejan la evolución de la situación en el país. En enero de 2016,

1 Human Right Watch. Costa de Marfil: Simone Gbagbo Trial Begins. Needs to be Fair, Followed by

Trials of Pro-Ouattara Commanders. May 30, 2016. Https://www.hrw.org/news/2016/05/30/cote-divoire-

simone-gbagbo-trial-begins 2 Human Right Watch. Dispatches: Once Untouchable, Now In The Dock of The ICC 29-Enero-2016.

Https://www.hrw.org/news/2016/01/29/dispatches-once-untouchable-now-dock-icc 3 Amnistía Internacional. Venganza y represión so pretexto de garantizar la seguridad. 26 de febrero de

2013. Https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/venganza-y-represion-so-

pretexto-de-garantizar-la-seguridad/

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considerando el progreso en la consolidación de la paz y estabilidad en Costa de Marfil, el Consejo de Seguridad redujo 1.500 efectivos por lo que permanecieron en el país 4000 militares. El 28 de abril de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato del mantenimiento de la paz hasta el 30 de junio de 2017. El Consejo de Seguridad también puso fin al embargo de armas y las sanciones individuales impuestas por primera vez en 2004. Mientras, la situación de la seguridad y los derechos humanos ha mejorado desde que se creó la misión en 2004, pero, según Amnistía Internacional, la serie de motines que provocaron al menos 10 personas muertas durante 2017 demuestra que la situación en Costa de Marfil sigue siendo frágil.

2. ¿QUIÉNES SON LOS PARTIDARIOS DE GBAGBO EN COSTA DE MARFIL? 4 Además de los miembros de la etnia Gueré y gran parte de los habitantes de la zona oeste del país, los leales al ex presidente fueron la Guardia Republicana; los CECOS, una unidad de respuesta rápida; la BAE, una unidad antidisturbios; el CRS una fuerza policial de élite; además de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Costa de Marfil, (FESCI), un grupo de estudiantes con trayectoria de violencia política; los Jóvenes Patriotas (Jeunes Patriotes) y el Grupo de Patriotas por la Paz (GPP), una milicia de autodefensa a la que se responsabiliza de muchos de los abusos cometidos en 2011. Tras la crisis postelectoral de 2010-2011, unos 50000 soldados, policías y gendarmes abandonaron a Gbagbo, según el jefe de la misión de la ONU, Choi Young-jin. Solo la Guardia Republicana y sus fuerzas especiales permanecieron leales, custodiando el palacio y la residencia. El comandante de la Guardia, el general Bruno Dogbo Ble, fue arrestado en 2011 bajo cargos de secuestro, detención ilegal y asesinato. El 14 de abril de 2017, fue condenado en el juicio y sentenciado a 18 años en prisión. También se condenó a otras cinco personas por su papel en el homicidio, incluido el ex jefe de la policía del país. Cerca de 1,000 hombres fuertes eran leales directamente al presidente Gbagbo y operan principalmente en Abidjan. Hoy, los excombatientes de la GPP intentan reintegrarse en la sociedad, aunque algunos de ellos están encarcelados en Abidjan según la Oficina Francesa de protección de refugiados y apátridas. (OFPRA) 3. ESTATUS LEGAL Y SOCIAL DE LOS PARTIDARIOS DE GBAGBO EN COSTA DE MARFIL 5 Costa de Marfil es una república democrática gobernada por un gobierno libremente elegido. En diciembre de 2016, se celebraron elecciones legislativas en el país que ganó la coalición gubernamental gobernante con el 66% de los escaños de la Asamblea. En octubre de 2015, se convocaron elecciones presidenciales, en las cuales Alassane Ouattara fue reelegido por una mayoría significativa.

4 United Nations High Commissioner for Refugees. COSTA DE MARFIL. COI Compilation August

2017. Https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1507195514_cy-te-divoire-coi-compilation-august-

2017.pdf 5 Al momento de redactar este informe, no existen, en las normas fundamentales, referencias directas a la

oposición. Al menos sobre el papel, los derechos fundamentales están reconocidos.

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En el sistema legal persisten problemas fundamentales, que sufre, entre otros la oposición al gobierno, como la interferencia política en el poder judicial y la corrupción. Según el Informe Libertad en el Mundo 2017 de Freedom House, el poder judicial no es independiente, y los jueces son susceptibles tanto a la interferencia externa como a sobornos. Las cárceles están severamente superpobladas, y la detención preventiva prolongada es un problema grave para adultos y menores, con algunos detenidos pasando años en prisión sin juicio. 6 Se celebraron sesiones de cour d'assises en Abidján y en varios tribunales regionales, un paso esencial para despejar la acumulación de causas penales graves. Sin embargo, aproximadamente el 40 por ciento de la población carcelaria permanece en detención preventiva, a menudo por varios años. En diciembre de 2015 se concedió la libertad condicional a unos 100 acusados a favor de Gbagbo arrestados por su presunta participación en la crisis postelectoral o los ataques posteriores contra el estado, pero más de 200 permanecieron en prisión preventiva prolongada. 3.1 Tratados ratificados por el país Los acuerdos internacionales adoptados regularmente por Costa de Marfil prevalecen sobre leyes nacionales. Costa de Marfil ha ratificado siete de los nueve instrumentos internacionales de derechos humanos que forman la columna vertebral de marco internacional de derechos humanos. Ha ratificado el primer Protocolo Facultativo de la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 3.2 Constitución En su preámbulo, la Constitución proclama el compromiso del país con los derechos humanos y libertades fundamentales y valores democráticos. Un extenso capítulo de la Constitución es dedicado al reconocimiento de los derechos humanos (artículos 1 a 22), centrándose especialmente en la igualdad ante la ley y las garantías de un juicio justo. El acceso libre e igualitario a la justicia está garantizado por el artículo 20 de la Constitución, el artículo 21 prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y el artículo 22 afirma la presunción de inocencia. Estos artículos no se cumplen en su totalidad como se expondrá más adelante. En este momento, la Constitución está en proceso de reforma, el Departamento de Estado norteamericano calificaba, en marzo de 2017, al proceso de redacción de la nueva constitución como polémico. Los partidos de oposición y algunos locales y las organizaciones internacionales afirmaron que el proceso no era inclusivo ni transparente y critican el nuevo texto al fortalecer el rol del poder ejecutivo. 3.3 Justicia Militar

6 HRW ib

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Los Tribunales militares tienen jurisdicción sobre la policía, los gendarmes y soldados. Posee muy pocos recursos y un solo tribunal militar para todo el país. 7 El sistema de justicia militar sigue careciendo de recursos suficientes y necesita una reforma para fortalecer su independencia del ejecutivo. En abril de 2013 se llevaron a cabo juicios contra soldados implicados en crímenes contra civiles. 33 soldados fueron juzgados por crímenes contra la población, incluido asesinato premeditado, homicidio voluntario e involuntario y robo, pero hubo poco progreso en la investigación de los casos políticamente más sensibles que involucran a las fuerzas del gobierno. La mayoría de los acusados pro-Gbagbo han languidecido en detención preventiva durante años, violando su derecho a un juicio dentro de un tiempo razonable. 8En febrero de 2017, se juzgó ante el Tribunal Militar a 24 militares acusados de haber asesinado en 2002 al presidente Robert Guéï, su familia y su guardaespaldas, Fabien Coulibaly. Tres de los acusados, entre ellos el general Bruno Dogbo Blé —ex jefe de la Guardia Presidencial— y el comandante Anselme Séka Yapo, ex jefe de protección de Simone Gbagbo, fueron condenados a cadena perpetua. Un total de 10 fueron condenados a 10 años de prisión cada uno y los demás fueron absueltos. Ni la célula especial ni la Corte Penal Internacional están investigando crímenes cometidos durante la violencia relacionada con las elecciones en 2000 o el conflicto armado 2002-2003. 3.4 Justicia Transicional. El Gobierno del Presidente Ouattara generó esperanzas de que estaba rompiendo el legado de impunidad que definió el periodo del expresidente Gbagbo. Sin embargo, el apoyo gubernamental insuficiente y la falta de independencia judicial obstaculizaron las investigaciones, particularmente contra las fuerzas pro-Ouattara. En 2011, el gobierno creó la Cellule Spéciale d'Enquête et d'Instruction (CSEI), un grupo de trabajo de jueces y fiscales para investigar los crímenes cometidos durante la crisis postelectoral. En 2015 acusaron a más de 20 personas, incluidas comandantes de alto nivel de ambos lados del conflicto, por su papel en abusos contra los derechos humanos durante la crisis postelectoral. Pero recibieron presiones por parte del gobierno para terminar prematuramente investigaciones clave según HRW.

A pesar de ser reclamada por la Corte Penal Internacional (CPI), la ex Primera Dama, Simone Gbagbo, fue juzgada por el tribunal penal más importante de Costa de Marfil (Cour d'Assises) por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La fiscalía alegaba que durante la crisis postelectoral participó en un "comité de crisis" compuesto por líderes del partido político de su marido y ministros clave del gobierno que planearon y organizaron abusos contra los partidarios de Ouattara para mantener a su marido en el poder a toda costa.

El 28 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Costa de Marfil declaró a la ex primera dama Simone Gbagbo inocente de la guerra crímenes y crímenes de lesa humanidad, pero fue condenada por ofensas contra el Estado. Junto a la ex primera dama, el tribunal juzgó

7 HRW 8 Amnistía Internacional ib

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también a 78 antiguos aliados del presidente Gbagbo. 9 Organizaciones de Derechos Humanos y analistas internacionales consideran que el juicio de Simone Gbagbo es una señal de que el gobierno del presidente Ouattara tiene la intención de enjuiciar solo crímenes de las fuerzas pro-Gbagbo.

Desde abril de 2015, todos los juicios relacionados con la crisis postelectoral ocurrirían en los tribunales nacionales y no se derivarán a la CPI, pero es necesario un esfuerzo por parte de las autoridades de Costa de Marfil para presentar juicios creíbles sobre los abusos, apoyando las investigaciones de ambas partes, fortaleciendo la independencia del sistema de justicia, asegurando la protección de los jueces, fiscales y testigos y ofreciendo a los acusados un juicio justo.

3.4.1 Desarme y desmovilización. La Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintegration des ex-combattants (ADDR) se creó en 2012 y logró desmovilizar y reintegrar a 55000 ex combatientes de un total inicial de 74000. A pesar de la reintegración de muchos excombatientes, todavía hay una gran cantidad de personas leales a Gbagbo en detención preventiva que han excedido los plazos legales. Los esfuerzos de las autoridades para desmovilizar a ex rebeldes y ex milicianos han apoyado una mejora en la intensidad del conflicto interno. Sin embargo, persisten los desafíos, como la integración de antiguos rebeldes en la vida civil o las fuerzas armadas regulares y sofocar los ataques esporádicos contra objetivos civiles y militares en las regiones más precarias. Impulsado por la posibilidad de violencia durante las elecciones presidenciales de 2015, el gobierno hizo algunos progresos en la reforma del sector de la seguridad desarmando a decenas de miles de excombatientes que lucharon durante la crisis. La ONU informó que más de 21000 excombatientes habían sido desarmados, más de 30000 se habían beneficiado del apoyo de reinserción y se habían recolectado 7429 armas. Sin embargo, el desarme ha sido unilateral, en su mayoría ha beneficiado a las fuerzas leales al presidente Ouattara. 3.5 Corte Penal Internacional

Laurent Gbagbo fue acusado de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI). Es la primera vez que la institución juzga a un exjefe de Estado. Se le acusa de asesinatos, violación, persecución y otros actos cometidos por sus leales para mantenerle en el poder. El juicio comenzó el 28 de enero de 2016 en La Haya. En septiembre de 2017, la CPI le negó la libertad condicional argumentando que aún tiene influencia y autoridad en su partido político y que es considerado por sus partidarios como un candidato para las elecciones presidenciales de 2020, por lo que existe riesgo de fuga.

9 World Politic Review. Gbagbo’s Trial Is the Latest Sign of Victor’s Justice in Cote d’Ivoire. 4-05-2016.

Robbie Corey-Boulet. https://www.worldpoliticsreview.com/articles/18669/gbagbo-s-trial-is-the-latest-

sign-of-victor-s-justice-in-cote-d-ivoire

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Simone Gbagbo, detenida en Costa de Marfil desde abril de 2011, también ha sido acusada por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Pero las autoridades marfileñas no llegaron nunca a entregarla a La Haya.

Según HRW, la Corte Penal Internacional no ha presentado cargos por los abusos cometidos por fuerzas pro-Ouattara durante la crisis postelectoral. El enfoque unilateral de los casos de la CPI ha socavado la percepción de su legitimidad, particularmente entre los seguidores de Gbagbo. Las largas investigaciones demoradas de la CPI sobre crímenes cometidos por fuerzas pro Ouattara continuaron durante 2017. 3.6 Proyecto de Ley de Amnistía 10 En medio de una ola de detenciones y juicios de partidarios de Gbagbo, un grupo de legisladores independientes ha presentado un proyecto de ley de amnistía para anular acciones legales contra cualquier persona involucrada en la crisis postelectoral, sin importar qué lado en el que estaban. El objetivo es permitir que unos 15000 exiliados regresen a sus hogares y garantizar la liberación no solo de los presos políticos dentro de Costa de Marfil (que según la oposición asciende a alrededor de 300) sino también del propio Gbagbo bajo custodia de la CPI. Durante la crisis, los crímenes fueron cometidos por ambas partes, pero solo un lado está siendo procesado. 4. FUERZAS DE SEGURIDAD. El Gobierno hizo algunos progresos para devolver las funciones de seguridad básicas de los militares a la policía y la gendarmería, aunque los militares continúan a los puestos de control y en ocasiones son los primeros en responder a las amenazas de seguridad. Miles de soldados en varias bases militares, de Abdijan, Daloa, Bouaké y Korhogo se manifestaron y amotinaron a lo largo de 2017 reclamando salarios impagados.

Las fuerzas de seguridad siguieron estando implicadas en arrestos y detenciones arbitrarias aunque reconocen el descenso en el maltrato y tortura de detenidos. También estuvieron frecuentemente implicados en extorsiones, sistemas impositivos paralelos y otras conductas delictivas para obtener ingresos de la explotación ilícita de cacao, diamantes y otros recursos naturales. Según un informe de Naciones Unidas, en el noreste del país, el ejército mató a tres personas que protestaban por la continua extorsión de los soldados. Muy pocos miembros de las fuerzas de seguridad se enfrentaron judicial o acciones disciplinarias por estas violaciones. Varios comandantes implicados de manera creíble en atrocidades durante la crisis 2010-2011 permanecieron en posiciones clave en las fuerzas de seguridad.

4.1 Policía Nacional La Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) declara que, desde el comienzo de la primera guerra civil en 2002, se han realizado inversiones insuficientes en entrenamiento

10 Irin News. Alexis Adele, 25-oct-2017 Land clashes test Costa de Marfil’s fragile security.

Http://www.irinnews.org/news/2017/10/25/land-clashes-test-cote-d-ivoire-s-fragile-security

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y equipamiento para la policía. En el área de la lucha contra el crimen en particular, hay una falta de equipamiento básico y entrenamiento especializado. Las críticas sobre la acción policial también han sido reportadas por el Consejo de Seguridad en el Exterior de Estados Unidos. La policía es ineficaz para disuadir el crimen y necesita una capacitación importante. Carecen equipos de comunicación, armas y vehículos, todo lo cual limita severamente su capacidad para responder. 5. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

11 Antes del referéndum constitucional, la capacidad de los partidos de oposición para explicar su oposición al borrador de la constitución se vio socavada por la falta de acceso a los medios estatales y la suspensión de dos periódicos de tendencia opositora. En las semanas previas a la votación, las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil dispersaron en al menos dos ocasiones a los manifestantes que se oponían a la constitución y detuvieron a varios líderes de la oposición. Muchos partidos de la oposición boicotearon la votación, que se vio empañada por la modesta participación y el vandalismo de docenas de colegios electorales en los bastiones de la oposición.

13 partidos y personalidades de la oposición, establecieron, en 2015, la Coalición nationale pour le changement (CNC). Entre las demandas de CNC se encontraban una lista de votantes actualizada y creíble, un entorno seguro, una comisión electoral independiente y el respeto del artículo 35 de la Constitución, que establece los criterios de elegibilidad para candidatos presidenciales, incluido el requisito de que ambos padres sean ciudadanos de Costa de Marfil por nacimiento12. 13 En 2015, las fuerzas de seguridad arrestaron a decenas de personas, incluidos miembros de la oposición, por su papel en protestas callejeras, que el gobierno consideró "no autorizadas". Al menos 51 personas siguen detenidas, en su mayoría miembros de la oposición y simpatizantes, incluidos 4 menores. Al menos tres de los miembros de la oposición fueron detenidos durante semanas en centros de detención no autorizados, sin posibilidad de obtener asistencia legal, en una violación flagrante del derecho a un juicio justo, protegido por el derecho internacional. Posteriormente, fueron condenados a seis meses de prisión por alterar el orden público. Se les privó de sus derechos cívicos y se les prohibió salir fuera de su lugar de nacimiento durante cinco años. Sus abogados no fueron informados de su juicio y, por lo tanto, no pudieron representarlos. Durante el período electoral hubo manifestaciones violentas después de la publicación de la lista de candidatos. La policía nacional utilizó la fuerza para dispersar 19 manifestaciones no autorizadas.

Hubo enfrentamientos intercomunales entre miembros de la Dida y las comunidades de Malinké, cerca de Gagnoa, que terminaron con una persona muerta, lesiones a cuatro y el

11 Human Right Watch Informe Mundial 2017. Cote d’Ivoire. Consulta de 1-01-2018

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/cote-divoire 12 Informe del Consejo de Seguridad de la ONU, 8 de diciembre de 2015.

13 Human Right Watch. 21 de octubre de 2015 Costa de Marfil: Respect Rights During Elections

https://www.hrw.org/news/2015/10/21/cote-divoire-respect-rights-during-elections

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desplazamiento de civiles. La policía local respondió, con el apoyo del personal militar y policial de la ONUCI para controlar la situación. También se produjeron enfrentamientos entre dos uniones estudiantiles, la Federación de Estudiantes y Académicos de Costa de Marfil y la Asociación General de Alumnos y Estudiantes de Costa de Marfil, en la Universidad Félix Houphouët-Boigny en Abidján, que causó la muerte de un estudiante y lesiones a otros. La policía intervino para restablecer el orden.

6. PRINCIPALES VIOLACIONES DE DDHH SUFRIDAS POR PARTE DE AGENTES ESTATALES. El informe final del Secretario General de 2017 de Naciones Unidas asegura que las violaciones de derechos humanos disminuyeron desde los 1,726 casos documentados en 2011 a 88 denunciados entre el 1 de abril de 2016 y el 15 de enero de 2017. Esos casos comprendían 13 violaciones del derecho a la vida contra 31 personas; 24 violaciones del derecho a la integridad física contra 25 personas; 33 casos de arresto y detención ilegal y arbitraria contra 188 personas; 3 violaciones del derecho de reunión pacífica; y 15 violaciones del derecho a la propiedad. 6.1 Privación arbitraria o ilegal de la vida Freedom House asegura que las ejecuciones extrajudiciales continúan. Los soldados de las Fuerzas Republicanas (FRCI) cometieron arbitraria o ilegalmente asesinatos. La impunidad de las fuerzas de seguridad es un problema grave. Las ejecuciones sumarias también han sido presuntamente cometidas por miembros de la milicia Dozo. Persiste la impunidad para estos crímenes, incluido el ataque de julio de 2012 contra el campamento de desplazados internos de Nahibly, que dejó al menos 12 muertos. En 2017, Amnistía Internacional informó de casos de asesinatos extrajudiciales después de las oleadas de motines que sacudieron el país reclamando subida de salario o pago de cuantías atrasadas. Un motín de cuatro días que comenzó el 12 de mayo dejó cuatro personas muertas, incluido un soldado desmovilizado, y al menos nueve heridos. La violencia terminó cuando el gobierno acordó reunirse con los amotinados para negociar sus demandas de pago. Fue el tercer motín en Costa de Marfil en 2017. Una semana después, el 23 de mayo, el Ministerio del Interior anunció que cuatro manifestantes murieron después de un enfrentamiento en Bouaké entre la policía y los soldados desmovilizados. El Ministerio del Interior afirma que los manifestantes fueron asesinados cuando iban a emplear una granada, pero un portavoz de los soldados desmovilizados niega que fueran armado y afirma que la policía abrió fuego contra ellos. 6.2 Impunidad 14 La impunidad es generalizada en todo el país y el sistema de justicia se considera peligrosamente parcial según Transparencia Internacional. Costa de Marfil carece de infraestructuras básicas de gobernanza, eso, sumado a la debilidad de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, convierten al sistema en ineficaz. 15A pesar del

14 Transparencia Internacional. "Corrupción y Anticorrupción en Costa de Marfil. Informe 2013 15 Amnistía Internacional ib

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compromiso del presidente Ouattara de garantizar la aplicación equitativa de la justicia durante su presidencia, sólo se juzgó por las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las elecciones de 2010 y después de ellas a quienes presuntamente eran simpatizantes de Laurent Gbagbo. No se enjuició a las fuerzas leales al presidente Outtara que habían cometido violaciones graves de derechos humanos, tales como el homicidio de más de 800 personas en Duékoué en abril de 2011 y de otras 13 personas en un campo para personas internamente desplazadas en Nahibly en julio de 2012. Algunos miembros de esas fuerzas habían sido identificados por familiares de las víctimas. Sin embargo, aunque se investigaron los homicidios, no se había procesado a nadie. 6.3 Desaparición / Secuestro Según un informe de mayo de 2013 presentado por Costa de Marfil al Comité de Derechos Humanos de la ONU, los casos de desapariciones forzadas fueron frecuentes durante los períodos de agitación. Aunque se siguen produciendo, el número de casos parece haber disminuido. Hubo denuncias de desapariciones o secuestros por motivos políticos. Youssouf Kone, el líder de un grupo de soldados desmovilizados fue detenido en circunstancias poco claras en abril de 2013. 6.4 Arresto y detención arbitrarios Las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil, el ejército nacional, y la policía militar fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos después de arrestar y detener a personas fuera de cualquier marco legal y, a menudo sobre la base de motivaciones étnicas y políticas. Estas exacciones fueron posibles por la multiplicación de lugares de detención no reconocidos como tales, donde se mantuvo incomunicados a los detenidos, a veces durante largos períodos, y en condiciones inhumanas y condiciones degradantes. El 40% de los detenidos en las cárceles de Costa de Marfil se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio. Muchos fueron torturados y algunos fueron liberados por el pago de un rescate. Tanto Freedom House como Human Rights Watch afirman que las fuerzas de seguridad seguían implicadas en arrestos y detenciones arbitrarias y, con menos frecuencia, maltrato y tortura de detenidos. Muy pocos miembros de las fuerzas de seguridad se enfrentaron judicial o acciones disciplinarias por estas violaciones. La detención arbitraria de opositores políticos también fue documentada en 2016 por Amnistía. Más de 70 personas, en su mayoría miembros de la oposición, fueron arrestados y liberados días después. Unos recogían firmas en apoyo de la liberación del ex presidente Laurent Gbagbo; 50 opositores, tras una protesta pacífica contra el referéndum de octubre, fueron arrestados arbitrariamente en Abidján y detenido durante horas. Algunos fueron detenidos por la policía en vehículos en movimiento, una práctica conocida como "detención móvil", conducida por kilómetros y obligada a caminar de regreso casa.

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6.5 Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Costa de Marfil firmó y ratificó la Convención contra la Tortura y otras formas crueles, inhumanas, o tratamiento o castigo degradante (CAT) en 1995, pero aún no ha ratificado el Protocolo. A pesar de que la constitución y la ley prohíben tales prácticas, las fuerzas de seguridad torturaron y abusaron de detenidos y presos para extraer información. Solo una un número limitado de miembros de FRCI involucrados en violaciones de derechos humanos han sido arrestados y procesado. El ejército torturó a numerosas personas detenidos en redadas cerca de la frontera con Liberia, mientras que otros abusos fueron perpetrados mientras respondían a la amenaza de las bandas de delincuentes armados en Abidján. Detenidos y ex detenidos explicaron que les habían torturado con descargas eléctricas o plástico fundido para obtener confesiones sobre su presunta participación en ataques armados. Al menos dos detenidos murieron a consecuencia de la tortura. En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado denuncias de tortura y detención en régimen de incomunicación de partidarios y presuntos partidarios del ex presidente Laurent Gbagbo en el centro de seguridad del Ministerio del Interior donde Blé Goudé se halla detenido. 6.6 Condiciones carcelarias Antes de la crisis postelectoral 2010-2011, 12000 prisioneros se hacinaban en cárceles diseñadas para no más de 5000 presos. Aunque los prisioneros escaparon masivamente durante la crisis, la población carcelaria ahora varía entre 8000 y 12000 detenidos, con 9.500 presos detenidos en junio de 2015. La sobrepoblación era un problema común en cárceles y centros de detención. Las cifras del gobierno estimaron 100 reclusos fallecidos relacionados con la insuficiencia de servicios de atención de la salud. Los prisioneros fueron obligados a pagar sobornos de hasta 20,000 CFA (US $ 32) a otros presos que controlaban la seguridad interna para evitar dormir en celdas sucias, con el suelo cubierto de orina y agua. Las familias fueron forzadas a pagar sobornos para visitar a sus parientes. Los prisioneros responsables de la seguridad interna también administran castigo corporal a otros reclusos, provocando al menos tres muertes en 2015. 6.7 Pena de muerte La pena de muerte fue abolida oficialmente en Costa de Marfil tras la Constitución de 2000. Sin embargo, no se incluyó en el Código Penal hasta 2015. 6.8 Responsabilidad por abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Con respecto a la rendición de cuentas por abusos contra los derechos humanos en Costa de Marfil, cinco años después de la crisis postelectoral 2010-2011, la gran mayoría de los comandantes y líderes implicados en graves violaciones de derechos humanos no han dado cuenta de esos abusos.

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La Comisión de investigación para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación acusó, en 2015, a más de 20 sospechosos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la crisis, incluidos los comandantes del presidente Ouattara. Sin embargo, ningún individuo ha sido juzgado en tribunales civiles nacionales por atrocidades cometidas durante la violencia postelectoral 2010-2011 A pesar del compromiso del Presidente Ouattara de garantizar que la justicia se aplique por igual, solo los sospechosos de ser partidarios de Laurent Gbagbo fueron juzgados por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de las elecciones de 2010. 6.9 Discriminación etnoreligiosa y violencia. Un informe de Minority Rights Group de 2015 asegura que el aumento de la urbanización ha ayudado a alimentar el conflicto étnico, exacerbando la tensión y el resentimiento entre grupos por el acceso a recursos, influencia política y otros asuntos. Más de las tres cuartas partes de los bosques del país han desaparecido en los últimos 50 años debido a al aumento de la urbanización y la expansión de la agricultura. Esto ha aumentado la competencia por tierra, particularmente en el oeste de Costa de Marfil, exacerbando las tensiones comunales entre los "nativos" propietarios de tierras y aquellos percibidos por ellos como migrantes o inmigrantes. Los partidarios de Gbagbo de etnia Guéré, desplazados desde el oeste durante el conflicto de 2010-11, han regresado para encontrar sus casas y tierras ocupadas por afines a Ouattara, una situación que podría sentar las bases para futuros conflictos en el futuro. El ataque y destrucción, en julio de 2012, de un campo para desplazados internos pertenecientes en su mayoría al grupo étnico gueré, al que se considera partidario de Gbagbo, causó la muerte de al menos 14 personas, aunque se cree que se arrojó a los pozos un número mucho mayor de cuerpos. El ataque se produjo en Nahibly (cerca de la población de Duékoué), en la región occidental del país, que sufre algunas de las violaciones más graves de derechos humanos, y fue dirigido por los dozos , antiguos cazadores ahora convertidos en autodefensas, que actuaron junto con miembros armados de la población local y del ejército. 6.10 Libertad de asociación y reunión. Las crisis políticas han creado un clima de intolerancia y sospecha en torno a los líderes políticos, los defensores de los derechos humanos, sindicalistas y líderes estudiantiles. El acoso, la intimidación y las amenazas llevaron a algunos a pasar largos períodos escondidos, mientras que otros fueron forzados al exilio. Las autoridades de Costa de Marfil prohibieron o dispersaron 19 reuniones políticas y manifestaciones organizadas por los partidos políticos de oposición y la sociedad civil, incluidos los sindicatos y las asociaciones de estudiantes. Durante el segundo trimestre de 2013, las manifestaciones de la rama juvenil del principal partido de la oposición, el Frente Popular Ivoirien (FPI), fueron prohibidas. 51 personas fueron arrestadas, acusadas de perturbar el orden público, incluyendo miembros destacados

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de CNC y CNJC, 9 de los cuales fueron posteriormente condenados; los restantes 42 están esperando juicio. 16 Según Amnistía Internacional, durante 2016 se restringieron los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y se detuvo a decenas de miembros de la oposición. En febrero de 2017, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva, incluidas balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar las protestas pacíficas en Abidján que habían sido organizadas por el sindicato nacional de Productores de café-cacao de Costa de Marfil y una unión de pequeños inversores independientes en el sector agroindustrial contra políticas gubernamentales. En octubre, tras una manifestación pacífica contra el referéndum celebrado ese mismo mes, al menos 50 personas que formaban parte de la oposición —incluido el ex presidente de la Asamblea Nacional Mamadou Koulibaly— fueron detenidas arbitrariamente en Abiyán y recluidas durante horas. También en 2017, docenas de miembros del Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits (MIDD, un sindicato de docentes) fueron degradados y transferidos a áreas remotas del país en terrenos vagos, después de participar en huelgas de trabajadores del sector público. 6.11 Libertad de Prensa y Libertad de Expresión Las autoridades restringieron los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica en virtud de legislación que penalizaba las protestas y otras formas de expresión pacíficas. Más de 70 personas, en su mayoría miembros de la oposición, fueron detenidas y puestas en libertad horas o días más tarde. En julio, tres opositores fueron detenidos mientras recogían firmas de apoyo a la excarcelación del ex presidente Laurent Gbagbo. Se les acusó de delitos contra el orden público. Quedaron en libertad dos semanas más tarde. En 2017, Reporteros sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional denunciaron incidentes contra la prensa, con seis periodistas arrestados y detenidos en Abiyán por su cobertura de los motines de enero y febrero. No tuvieron acceso a un abogado mientras estaban bajo custodia policial. Fueron acusados de "publicar noticias falsas" e "incitar a los soldados a motín". Actualmente, se elabora un proyecto de ley sobre la prensa que Amnistía considera que reducirían aún más el derecho a la libertad de expresión, puesto que mantiene la criminalización por publicar, diseminar, divulgar y reproducir "noticias falsas", ofender al Presidente de la República, difamación de instituciones y personajes públicos, incluidos los tribunales, las fuerzas armadas, miembros del gobierno y de la asamblea nacional y abuso verbal, con fuertes multas de hasta 15244 euros. 6.12 Desplazados Internos. Más de 2,3 millones de personas se convirtieron en desplazados internos desde 2002, de las cuales 300.889 todavía no han regresado a sus hogares. El 62% de los desplazados

16 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/costa-

de-marfil/

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internos restantes vivían en Abidjan. La capital también alberga más de la mitad de los refugiados que regresan al país. El desplazamiento interno está vinculado a la inseguridad, la competencia por el poder político, la recesión económica y, por tanto, un fuerte aumento de la pobreza. 7. PRINCIPALES VIOLACIONES DE DDHH SUFRIDAS POR LOS LEALES A GBAGBO POR PARTE DE AGENTES NO ESTATALES. Los Dozo Los Dozo son un grupo de cazadores tradicionales que lucharon en nombre de Alassane Ouattara durante la crisis postelectoral cometiendo graves violaciones de derechos humanos al menos hasta mayo de 2013, incluidos homicidios ilegítimos, ilegales arresto y detenciones, saqueos y extorsiones. Al menos 228 personas murieron y otras 164 resultaron heridas con balas, machetes y cuchillos, y 162 detenidos arbitrariamente y detenidos ilegalmente. Además, se verificaron 274 casos de saqueo, incendio premeditado y extorsión. De hecho, hay informes de refugiados y desplazados internos que no desean regresar a sus hogares debido a la constante amenaza de la milicia Dozo y a la intimidación que ejercían sobre los leales al ex presidente Laurent Gbagbo. 150000 personas huyeron a través de la frontera liberiana. Tanto las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil como la milicia Dozo, respaldada por el Estado, están creando un clima de temor para evitar que vuelvan los cientos de miles de personas desplazadas por la violencia postelectoral a sus hogares según Amnistía. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos (USDS) señala en su informe de marzo de 2017, que los Dozos asumieron la seguridad en muchas comunidades, aunque no tenían autoridad legal para arrestar o detener. El informe del Índice de Transformación de Bertelsmann Stiftung (BTI) indica que el acuartelamiento de estos miles de excombatientes aún no se ha completado y prosigue el control territorial en las provincias que limitan con Liberia, donde regresan los refugiados.

8. PERCEPCIÓN Y TENSIÓN SOCIAL Las causas subyacentes de la inestabilidad actual son, básicamente, los conflictos por la tierra, la violencia intercomunual y las secuelas de los abusos contra los derechos humanos cometidos tras la crisis postelectoral. 8.1 Conflictos de tierras y violencia intercomunal: La tierra y la política etnocéntrica han demostrado ser un cóctel explosivo en los últimos 15 años en Costa de Marfil, particularmente en el volátil oeste del país, zona de la que procedían gran parte de los apoyos a Gbagbo. Costa de Marfil es el principal productor mundial de cacao, cultivado en el oeste fundamentalmente, donde varias bandas armadas, en gran parte provenientes de la guerra civil de 2002, se desplazan más allá del alcance de las fuerzas de seguridad del estado. Estos grupos están fuertemente armados en los bosques, actuando con total impunidad, de hecho, ha habido al menos 100 casos de ocupación de tierras desde 2013. Y se espera que aumenten.

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A medida que la economía se hundió, la tierra escaseaba como resultado del aumento de la población, los políticos de Costa de Marfil explotaron las tensiones entre los grupos étnicos "nativos" del oeste y los migrantes "no nativos" que habían venido de los países vecinos y otras regiones de Costa de Marfil para trabajar el cacao y los campos de café. Cuando estallaron los conflictos armados entre 2002-2003 y nuevamente entre 2010-2011, las tensiones intercomunales vinculadas a la tierra fueron uno de los motivos por los cuales el oeste de Costa de Marfil vivió terribles atrocidades. Durante la crisis postelectoral de 2010 a 2011, ambas partes trataron de utilizar la etnicidad y su relevancia para las disputas de tierras para su beneficio político, y la juventud local vio la ley como una licencia para reclamar tierras que sus mayores habían vendido o cedido a los migrantes. 17 Los enfrentamientos de octubre de 2017 en esa zona, tras una serie de motines armados, ataques a estaciones de policía y fugas de prisión, representan un desafío creciente para la estabilidad del país. Siete personas murieron y 5000 huyeron de sus hogares cuando comunidades rivales se enfrentaron en una plantación de cacao de 9000 hectáreas dentro de un bosque protegido en la región de Cavally. Al final, el ejército intervino para detener la lucha. El oeste relativamente rico fue testigo de algunos de los peores actos de violencia en la crisis postelectoral. Desde entonces, se han producido enfrentamientos esporádicos por la tierra casi todos los años.

La tierra no es el único motivo de tensión social. En 2017, el ejército afrontó motines, fugas de prisión, puestos de la gendarmería atacados para robar armas. El gobierno anunció el arresto de 35 personas, en su mayoría oficiales militares, acusándolas de participar en ataques recientes contra instalaciones de seguridad. El gobierno también acusó a las figuras leales a Gbagbo de planear los ataques.

8.2 CORRUPCIÓN. La corrupción casi es endémica e impregna todos los niveles de la sociedad. Para el 18 Departamento de Estado de Estados Unidos persiste la corrupción en la judicatura, la policía, el ejército, las aduanas, las oficinas de impuestos de adjudicación de contratos, y otras instituciones gubernamentales. Así mismo, considera al poder judicial como ineficiente y carente de independencia. La ley establece sanciones penales por corrupción para los funcionarios, pero el gobierno no implementa la ley de manera efectiva, y los funcionarios se involucran en prácticas corruptas con impunidad. Las fuerzas de seguridad completan sus ingresos a través del contrabando y los sistemas fiscales paralelos en sectores como el cacao, madera, oro, diamantes… La extorsión de las fuerzas de seguridad en los puestos de control ilegales siguió siendo un problema grave, especialmente en áreas rurales.

17 Irin News. Alexis Adele, 25-oct-2017 Land clashes test Costa de Marfil’s fragile security Http://www.irinnews.org/news/2017/10/25/land-clashes-test-cote-d-ivoire-s-fragile-security

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