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Actualizada al 28 de enero de 2010.

Se puede luchar contra la corrupcin en el Per?

Los ltimos 50 aos de historia republicana nos muestran una sucesin de diferentes regmenes polticos en el Per en la que independientemente del modelo de desarrollo utilizado se ha observado la presencia de casos de corrupcin que han afectado la gobernabilidad del pas. Son ejemplos de lo anteriormente expuesto; la construccin de crceles durante el gobierno de Belande, el dlar MUC , la adquisicin de los Mirage y el lavado de dinero en Ocoa Street durante el primer gobierno de Garca, la compra de los medios de comunicacin y congresistas, el pago de CTS a Montesinos, la adquisicin de los MIG 29 durante los gobiernos de Fujimori, el trfico de influencias durante el gobierno de Toledo; la compra de patrulleros y el caso BTR durante el segundo gobierno de Garca.

Causas de la Corrupcin en el Per Los artculos de Scarlett OPhelan y Alfonso W. Quiroz publicados en El Pacto Infame Estudios sobre la Corrupcin en El Per (2005) nos permiten hacer un rpido recorrido sobre los casos de corrupcin que se dieron lugar en la poca colonial y republicana hasta el primer gobierno de Garca obtenindose las siguientes conclusiones:

El concepto de corrupcin vara segn las pocas, vale decir, un caso que hace 200 aos no era considerado como un delito, en la actualidad s lo es. Un claro ejemplo es la venta de cargos.

Para Quiroz el Per republicano habra perdido hasta el 50% de sus posibilidades histricas de desarrollo si tomamos en cuenta que los costos de corrupcin se habran ubicado entre el 20% y 30% del valor desviado1 y entre el 3 y 4% del PBI.

Independientemente de los mecanismos que hayan favorecido el desarrollo de la corrupcin durante los diferentes gobiernos, la ausencia de una Poltica Nacional Anticorrupcin es un factor determinante.

La experiencia ms cercana nos muestra que cada nuevo gobierno, forma su grupo de lucha contra la corrupcin. Son conocidos los casos del llamado Zar Anticorrupcin, la creacin de la Oficina Nacional Anticorrupcin y ltimamente la Comisin Anticorrupcin de la PCM, sin embargo, la creacin de estos grupos no se ven articulados dentro de una poltica sostenida de lucha contra la corrupcin.

Jos I. Tvara en Vicios Poder y Corrupcin Pblicos (2005) nos propone dos factores que explicaran la persistencia de la corrupcin:

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La visin liberal que es concordante con la propuesta de Robert Klitgaard (1999) quien manifiesta que la corrupcin no es un crimen pasional sino de clculo. La explicacin de la misma se da de acuerdo a la siguiente ecuacin:

C = M + D R

Donde C es corrupcin, M es monopolio, D es discrecionalidad y R es rendicin de cuentas.

Entre menor sea la rendicin de cuentas y mayor el monopolio del mercado y la discrecionalidad en la toma de decisiones tanto mayor ser el riesgo de corrupcin. De esto se puede inferir que una manera eficaz de luchar contra la corrupcin sera descentralizando el gasto2.

La Herencia cultural y las normas sociales ms arraigadas en el pas explicaran, tambin, la persistencia de la corrupcin. La llamada tica corporativa, por ejemplo, obliga a beneficiar, hacer el bien, primero a la familia y luego en orden de prelacin al clan, gremio, corporacin o partido. Asimismo la cultura del secretismo, muy arraigada en nuestra sociedad, y en particular en aquellos que toman decisiones es un aspecto que ha caracterizado la relacin Estado sociedad desde la poca de la colonia.

Me permito agregar a los factores esgrimidos por Tvara, el llamado efecto de la modernizacin que es desarrollado por Samuel Huntington (1968) y que considera que la violencia,- cuyas causas son similares a la de la corrupcin-, e inestabilidad son el resultado del rpido cambio social y de la veloz movilizacin poltica de nuevos grupos aunado al lento desarrollo de las instituciones polticas. Bajo esta perspectiva, la corrupcin es el producto de la diferenciacin entre el bienestar pblico y el inters privado que surge con la modernizacin. Dentro de este proceso Huntington identifica la llamada corrupcin de los pobres y la de los ricos. En la primera, afirma, se intercambia poder polticos por dinero, en la segunda, dinero por poder poltico; pero, en ambos casos se vende algo pblico (un voto, un puesto, una decisin) en beneficio personal. El autor propone que para reducir la corrupcin es necesario organizar y estructurar la participacin poltica.

Este es un punto en el que debemos hacer hincapi pues es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad peruana.

Lastimosamente el ciudadano peruano no confa en sus partidos polticos. De hecho las agrupaciones que deberan representar e intermediar las necesidades de los ciudadanos

2 La descentralizacin a travs de gobiernos regionales no asegura el buen uso de los recursos pblicos,

mientras no se cuenten con los recursos apropiados y con funcionarios competentes.

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muy difcilmente, con excepcin probablemente slo del APRA, podran denominarse partidos polticos. La cercana de nuevas elecciones hace aparecer en el espectro poltico, organizaciones que se forman de la noche a la maana, apoyando a outsiders que aparentemente representaran mejor a los ciudadanos que los polticos tradicionales.

Ya en 1858, Henry Jones Ford manifestaba que el partidismo y la corrupcin son principios antagnicos. Consideraba que el partidismo tiende a establecer una vinculacin basada en obligaciones pblicas reconocidas, en tanto que la corrupcin consulta los intereses privados que se ocultan y evitan cualquier control. De esto ltimo, se entiende que es necesaria la existencia de organizaciones polticas fuertes para asegurar una eficaz lucha contra la corrupcin.

Sin embargo existen tambin otros factores que se derivan de los anteriormente expuestos y que ayudan a explicar las razones por las que la corrupcin no se detiene:

Ausencia del Servicio Civil No es un secreto que la Profesionalizacin del Servicio Pblico es un una efectiva barrera contra la corrupcin. Segn SERVIR en el Per coexisten aproximadamente 30 diferentes regmenes laborales para el sector pblico, es evidente que este es un primer factor que imposibilita una adecuada gestin de los Recursos Humanos del Estado.

Si bien legalmente, el ingreso al Sector Pblico debera efectuarse por Concurso Pblico de Mritos, existen otras modalidades que se emplean como el Contrato de Administracin de Servicios que tiene un carcter temporal y el ingreso a las organizaciones como Personal de Confianza.

A diferencia de otros pases en los que se tiene un efectivo Servicio Civil, en el Per, no existen an un procedimiento para reclutar, seleccionar, capacitar y desarrollar a los servidores pblicos de acuerdo a las necesidades institucionales y del Estado. Debido a esto no se cuenta con una lnea de carrera que incentive al servidor a mantenerse dentro de la carrera Pblica. Si a esto agregamos que cada cierto tiempo se aplican las llamadas polticas de austeridad entenderemos el porqu de la fuga de talentos. A todo esto debemos agregar que tenemos que cada nueva administracin llega a cada institucin con su llamado Personal de Confianza que legalmente puede alcanzar hasta el 5% del total de la planilla de la organizacin y que no necesariamente goza del perfil adecuado para ejercer los puestos de direccin a los que son asignados.

De esto resulta que la mayora de servidores puede aspirar solamente a alcanzar un mando medio dentro de sus instituciones pues los cargos de mayor responsabilidad y por lo tanto de mejores ingresos, estn reservados para los allegados a la nueva gestin. El llamado Cargo de Confianza en muchos casos, lastimosamente, no es ms que una forma legal de pagar favores polticos y representa adems un resabio del patrimonialismo que venimos arrastrando desde la colonia. En su afn por cumplir con las promesas partidarias

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el funcionario de confianza estar ms proclive a tratar de minimizar algunas herramientas de control, como por ejemplo, los alcances del SNIP.

Ausencia de un efectivo Control Entendemos por Control al conjunto de actividades desarrolladas por los ciudadanos, instituciones y sociedad organizada que tienen como objetivos evaluar, supervisar y verificar la prestacin de servicios y ejecucin de obras desarrolladas por el Estado as como el reconocimiento, inspeccin y vigilancia de la gestin pblica.

Control Social

Enrique Peruzzotti utiliza el concepto de Accountability Social para referirse al conjunto de iniciativas desarrolladas por movimientos sociales, medios de comunicacin y ONGs dirigidas a mejorar la transparencia y la rendicin de cuentas del accionar gubernamental. Estas iniciativas se traducen en la supervisin del buen uso de los recursos del Estado, que implica la evaluacin de la conducta del funcionario pblico, la denuncia y exposicin de casos que muestren violacin de leyes o casos de corrupcin y el ejercicio del derecho a exigir las investigaciones correspondientes a las instituciones encargadas del Horizontal Accountability. La publicidad de su labor y resultados influencian, tambin, en el Vertical Accountability.

Peruzzotti identifica a un conjunto de movimientos y organizaciones sociales organizadas alrededor de una poltica de accountability social:

Asociativismo Cvico.- Bsicamente constituido por redes de asociaciones y organizaciones no gubernamentales compuestas por los mejores representantes de las sociedades civiles latinoamericanas. Estos grupos, en su gran mayora, tienen como finalidad dar respuesta a problemas estructurales de larga data. Constituyen una suerte de Think Tanks ciudadanos orientados a proponer polticas e iniciativas desde una ptica societal. Muchas de estas organizaciones reciben financiamiento extranjero o representan captulos locales de organizaciones internacionales. Debido a que muchas de ellas trabajan en lugares donde la presencia del Estado es escasa poseen bases de datos actualizadas sobre la realidad en estas regiones.

Movimientos Sociales.- Compuesto por grupos que surgen como respuesta a una demanda de justicia y esclarecimiento de casos de de violaciones de derechos constitucionales y / o humanos. A diferencia del grupo antes mencionado que ofrece respuestas de carcter reflexivo, los segundos estn agrupados alrededor de una demanda concreta y particular que exigen el esclarecimiento y solucin de situaciones surgidas como producto de prcticas discrecionales del Estado. Tenemos como ejemplo a todos aquellos movimientos regionales que surgen como respuesta a la expansin de la actividad minera o a la firma de clusulas de algn TLC que vulneraran los derechos se una comunidad.

Medios de comunicacin.- Cumplen un rol importantsimo pues dan visibilidad a los problemas identificados por los grupos anteriormente mencionados. Se

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identifican a dos grandes grupos, el llamado periodismo de investigacin que desarrolla por sus propios medios investigaciones de casos de corrupcin y periodismo que se presenta como aliado de las demandas sociales que asegura la publicidad de las mismas. Juegan un rol importante pues ejercen presin sobre las entidades encargadas de fiscalizar y forman opinin en el elector.

Obsrvese que durante los gobiernos de Fujimori se intervino a los medios de comunicacin con el objetivo de desarticular el control social. De esta manera se asegur evitar la visibilidad y publicidad de los casos de corrupcin y violacin de derechos humanos en el pas.

Control Horizontal

Concepto desarrollado por Guillermo ODonnell que hace alusin al conjunto de instituciones estatales que tienen como finalidad la supervisin, control, rectificacin y/o sancin de los actos ilcitos en los que hayan incurrido otras instituciones del Estado. Estas debern no slo poseer autoridad sino tambin, de facto3, autonoma con respecto a las instituciones a las que fiscaliza. La presencia de estas instituciones y las funciones que deben cumplir son una manifestacin de la divisin de poderes y los pesos y contrapesos que existen entre ellos. Algunos ejemplos para el caso peruano son la Contralora General de la Repblica, la Defensora del Pueblo, el Ministerio Pblico, etc.

Para que estas instituciones cumplan adecuadamente con su labor de supervisin es necesario que sus titulares hayan sido elegidos por el congreso, que su periodo de trabajo no coincida con los procesos electorales, que gocen de autonoma administrativa, funcional y econmica y que cuenten con profesionales del ms alto nivel a quienes se les pague adecuadamente.

Lastimosamente la realidad peruana muestra que existen diferentes maneras de minimizar el poder de fiscalizacin de las entidades. Durante el gobierno de Fujimori, en el Ministerio Pblico, la titular de la institucin fue elegida por su asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos Torres. Durante el segundo gobierno de Garca la aplicacin de la Ley de Austeridad amarr de pies y brazos a las instituciones que desarrollan el control horizontal afectando su capacidad operativa y asegurando la fuga de talentos a otros sectores mejor remunerados. Asimismo la dacin de Decretos de Urgencia, por ejemplo, el DU 047-2009, evit que la Contralora y otras entidades emitan opinin previa con respecto a concesiones de puertos, aeropuertos, etc.

Es evidente que la administracin de justicia juega un rol importantsimo dentro del concepto de lucha contra la corrupcin. La aparicin de casos en los que se compran jueces, se favorecen ascensos, etc. minan el estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

3 Esto no se cumpli, por ejemplo, cuando se cre la Oficina Nacional Anticorrupcin cuyos funcionarios

fueron designados por el Ejecutivo y dependan de la PCM.

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Control Vertical

Para Adam Przeworski el problema de los ciudadanos radica en inducir a los polticos a aumentar su bienestar, antes que perseguir sus propios objetivos en colusin con la burocracia o con intereses privados.

Las elecciones individuales o grupales libres de coercin son quizs el mejor ejemplo de los que se entiende por Control Vertical. Para que un elector tenga una mejor probabilidad de ejercer eficazmente su derecho es necesario que haya tenido acceso a la mayor cantidad de informacin. Por lo que la Accountability Vertical l est estrechamente relacionada con la Accountability Social y la Accountability Horizontal.

Entonces tenemos que las elecciones libres son el mecanismo por excelencia, para poner fin a los abusos que pudieran ser perpetrados por el gobierno y este mejora su efectividad en la medida que se den los siguientes arreglos institucionales:

Participacin activa de los partidos de oposicin que juegan un rol preponderante en la evaluacin de la gestin del partido de gobierno.

Los medios de comunicacin no slo deben transmitir informacin puntual, sino tambin, artculos de opinin sobre problemas estructurales.

Se debe publicitar adecuadamente el trabajo desarrollado por las instituciones encargadas del control horizontal.

La existencia de instituciones independientes que provean informacin sobre: el origen del dinero de las contribuciones de las campaas electorales, la existencia de una Contralora independiente, una fuente de informacin estadstica independiente sobre el estado de la economa, participacin de la oposicin en la direccin de los medios de comunicacin de propiedad del Estado.

De lo anteriormente expuesto se aprecia que el Per muestra grandes deficiencias en lo que respecta a la labor fiscalizadora de los partidos de oposicin debido a que la clase poltica en general y las agrupaciones en particular no gozan de la confianza de los electores, asimismo son pocos los medios de informacin que gozan de un panel independiente de analistas polticos, no se publicitan los trabajos de fiscalizacin debido a un mal entendido principio de confidencialidad que impide que los mismos sean de conocimiento pblico y finalmente los medios de comunicacin del Estado son controlados por el partido de gobierno que lo dirige segn sus intereses.

A continuacin adjunto una tabla resumen que demuestra lo que sucede cuando los mecanismos de control no funcionan adecuadamente y los medios de comunicacin no proveen la visibilidad necesaria.

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Cuadro resumen de los ndices de Percepcin de la Corrupcin (IPC) 1998 - 2009

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AoPuesto / IPC 41 4.5 40 4.5 41 4.4 44 4.1 45 4 59 3.7

Universo 85 99 90 91 102 133

Ao

Puesto / IPC 67 3.5 65 3.5 70 3.3 72 3.5 72 3.6 75 3.7

Universo 146 159 163 180 180 180

2006 2007 2008 2009

2002 2003

2004 2005

1998 1999 2000 2001

Fuente: Transparencia Internacional Elaboracin: Propia

Paradjicamente, si nos dejramos llevar por los guarismos que muestran la tabla adjunta llegaramos a la conclusin que los ltimos tres aos del segundo gobierno de Alberto Fujimori han sido lo menos corruptos de los ltimos once aos de la historia del Per, sin embargo, los vladivideos y los procesos judiciales llevados a cabo demuestran exactamente lo contrario.

Otros factores Los ndices macroeconmicos del Per muestran un crecimiento que lo ubica entre los pocos pases que han logrado salir en positivo de la ltima crisis financiera internacional. Es evidente que para asegurar este crecimiento ha sido necesario no slo crear un clima propicio para las inversiones extranjeras, sino tambin, incrementar el gasto de capital. Dentro de esta poltica que busca asegurar una inversin rpida en infraestructura identificamos por lo menos cuatro mecanismos que an cuando aseguran una mayor velocidad en la inversin, sin embargo, crean tambin situaciones de riesgo que sin un adecuado control son un potencial caldo de cultivo para la corrupcin. Decretos de Urgencia Los decretos de urgencia son el mecanismo por excelencia utilizado por el Ejecutivo para asegurar la aplicacin rpida y sin trabas de alguna poltica en particular. Se aplica cuando es necesario legislar en forma inmediata con respecto a temas cuya discusin en el congreso tomara meses e inclusive aos y que por su necesidad necesitan de una solucin urgente.

4 Donde 10 implica ausencia de corrupcin. Ntese que segn este cuadro en el ao 1998 (final del segundo

gobierno de Alberto Fujimori), asumiendo que la encuesta se hizo de manera apropiada, se perciba menos

corrupcin que en el ao 2006 (final del gobierno de Alejandro Toledo).

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Ejemplos de estos son las decenas de decretos emitidos durante la actual gestin con respecto a la firma del TLC con los Estados Unidos de Amrica o aquellos que exigan una solucin apropiada para evitar caer dentro del hoyo sin retorno de la crisis financiera internacional. As tenemos que, slo para dar un ejemplo, el Ejecutivo promulg el DU 047 20085 mediante el cual se limitan las opiniones previas que por ley corresponden emitir a un conjunto de instituciones de control horizontal y en particular a la Contralora General de la Repblica permitindole a esta ltima solamente pronunciarse sobre la versin final de los contratos de concesin. Adquisiciones de bienes y servicios llevados a cabo fuera de los alcances de la Ley de Adquisiciones del Estado Son mltiples las organizaciones internacionales que ofrecen este servicio a cambio de un porcentaje del monto gestionado, entre las ms conocidas tenemos a la Organizacin de Estados Iberoamericanos (OEI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organizacin Internacional de Migraciones (OIM). De esta forma, los entes, en su mayora gobiernos locales, evitan los controles que puedan desarrollar la OSCE y la Contralora General de la Repblica. La OEI ha sido vinculada en los medios de prensa con el caso BTR y la OIM es conocida por ser la entidad que maneja buena parte de los recursos destinados a las mega-construcciones que realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima. Otra modalidad bastante difundida son las llamadas compras internacionales y en particular las llamadas compras de gobierno a gobierno. stas, estn bsicamente dirigidas a la compra de armamento y por su naturaleza no gozan de publicidad. Ncleos Ejecutores Permite asegurar una mayor inversin en infraestructura. Responde a la inaccin por parte de los diferentes niveles de gobierno regional y local, que an, cuando gozan de recursos monetarios son incapaces de ejecutarlos. Al hacerse directamente las transferencias a los llamados ncleos ejecutores que estn conformados por los presuntos interesados en la infraestructura que se va a construir se genera una capacidad de gasto que si no es debidamente fiscalizada podra terminar en una sobrevaluacin de precios en la adquisicin de insumos necesarios para la construccin de las obras que se planean desarrollar. Descentralizacin

5 Ver art. 6 del DU 047-2008Dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones pblico

privadas que promueva el gobierno nacional en el contexto de la crisis financiera internacional.

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El proceso de descentralizacin si bien es cierto es una excelente barrera contra la corrupcin es eficiente si y slo si se goza de los cuadros competentes. En un pas que carece de un Servicio Civil profesional la transferencia de competencias sin evaluacin previa, vale decir, sin un programa de acreditacin que haya evaluado adecuadamente a los diferentes niveles de gobierno, lo nico que generar son mayores riesgos en el uso eficaz, eficiente y econmico de los recursos del Estado y una falta de credibilidad que a la larga afecta directamente a la gobernabilidad. Asimismo, observamos la existencia de otros factores que podran favorecer la aparicin de casos de corrupcin: Complejidad de los procedimientos administrativos La simplificacin administrativa permite asegurar la prestacin de servicios pblicos de una manera rpida de manera que se satisfagan las necesidades del ciudadano y evitando procedimientos innecesarios que generen cuellos de botellas que finalmente podran convertirse en focos de corrupcin. Lastimosamente, a la fecha, no se observa un trabajo sostenido de la unidad de la PCM encargada de evaluar y fiscalizar la optimizacin de los procedimientos dirigidos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno. Ausencia de un ente encargado de la evaluacin de proyectos de ley y lobbies No hay una institucin, entre las que desarrollan control horizontal, que tenga entre sus funciones la evaluacin de los proyectos de ley cuya aprobacin podran generar situaciones que favorezcan la corrupcin, asimismo, aun cuando existe una norma que regula los lobbies, son pocas aquellas organizaciones que registran sus actividades de cabildeo, de hecho, el caso BTR mostr que slo una empresa cumpla con informar acerca de las reuniones que mantena para impulsar sus intereses. Ausencia de una formacin educativa anticorrupcin No existen directivas de uso obligatorio a nivel de las entidades educativas que describan y normen cules son los temas que se debern abordar en los diferentes niveles de educacin (desde nivel inicial hasta el superior) y tampoco aquellas que normen los programas de capacitacin en materia de lucha contra la corrupcin que deben ser seguir los empleados de los sectores pblico y privado. As tenemos que, por ejemplo, cada

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institucin de educacin superior genera su propio programa de tica, si es que lo considera necesario, el cual no responde necesariamente a un programa desarrollado de acuerdo a una estrategia nacional que busque asegurar la disminucin de los ndices de corrupcin.

A manera de solucin De lo anteriormente expuesto, se infiere que para lograr una efectiva lucha contra la corrupcin es necesaria, la participacin activa y autnoma de las instituciones encargadas del control horizontal, de los medios de comunicacin y el pblico en general, as como, la generacin de polticas que permitan un trabajo interinstitucional gil, que evite la preponderancia de las posiciones que buscan delimitar la accin de las instituciones mediante la aplicacin de conceptos de trabajo en forma de estancos. Esta nueva forma de trabajo asegurar la generacin de sinergias de grupo. Existe un conjunto de convenios internacionales que el Per ha suscrito, entre ellos la Convencin Contra la Corrupcin de las Naciones Unidas que fue adoptada en 2003 que exige a sus miembros no slo asegurar la especializacin en temas de lucha contra corrupcin de las instituciones encargadas de velar por el orden sino tambin establecer organismos especializados en la prevencin de la corrupcin Para lograr una efectiva lucha contra la corrupcin se debe asegurar que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y juzgar estos actos gocen de la independencia y autonoma apropiadas para el correcto desempeo de sus funciones, que estn libres de todo tipo de influencia, que tengan los medios legales suficientes para obtener evidencias, que puedan proteger a las personas que colaboran con las autoridades y preservar la confidencialidad de las investigaciones, asimismo, debern promover la especializacin de los servidores y organizaciones encargadas de la lucha y proveerlos con los medios apropiados y el entrenamiento adecuado para realizar sus tareas6. De acuerdo a los estudios realizados por la OECD (2008), la independencia y la rendicin de cuentas son las principales caractersticas de una institucin dedicada a la lucha contra la corrupcin, por lo tanto, deber poseer una base legal que especifique claramente su ubicacin dentro del organigrama del Estado, su rol, funciones y competencias, la forma de eleccin y vacancia de su titular, la estructura interna, responsabilidades, presupuesto, la seleccin y reclutamiento de su personal, el derecho a la inmunidad si fuera necesario, las relaciones con otras instituciones y la rendicin de cuentas. Esta base legal debera ser promulgada en calidad de ley evitndose, en la medida de lo posible, normas de menor rango.

6 Tomado de la Resolucin (97)24, adoptada por el Comit de Ministros del Consejo de Europa el 06.11.1997.

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Al crear la institucin es evidente que una estructura institucional nueva y separada de cualquier organizacin del Ejecutivo poseer per se una independencia y visibilidad mayor a la que podra tener una oficina ubicada dentro de la estructura de un ministerio. Ubicar a la nueva organizacin dentro de una institucin que goce de autonoma, como por ejemplo, la Fiscala, la Contralora General de la Repblica, la Defensora del Pueblo es tambin otra posibilidad que debera ser tomada en cuenta. Idealmente el titular de la misma, que goza de una integridad intachable, debera ser elegido por consenso en el Parlamento y debera especificarse claramente las causales de una posible vacancia. La seleccin de personal se deber realizar de forma transparente y por mrito. El personal debera gozar de una seguridad laboral adecuada y de remuneraciones que respondan a la naturaleza y especificidad del trabajo. Es importante contar con un financiamiento seguro y adecuado. Las leyes de austeridad aplicadas de forma indiscriminada slo minan las labores de lucha contra la corrupcin. El Parlamento debera asegurar mecanismos legales que impidan la discrecionalidad del Ejecutivo en el recorte de fondos presupuestados. Las instituciones de lucha contra la corrupcin, debido a los poderes de los que gozan, debern estar integradas a un sistema de pesos y contrapesos que asegure su buen funcionamiento. En ningn caso la independencia institucional implica la falta de obligacin en la rendicin de cuentas, por lo tanto, una buena prctica es remitir regularmente informes sobre los trabajos realizados al Parlamento y facilitar de la manera ms amplia posible a la opinin pblica los resultados de sus trabajos. Una buena relacin con los ciudadanos es una excelente barrera contra la discrecionalidad de otros poderes del Estado que pudiesen tratar de afectar el trabajo de lucha contra la corrupcin. La creacin de una institucin especializada en la lucha contra la corrupcin es costosa, sin embargo, debido a la complejidad del fenmeno de la corrupcin, las labores de prevencin e investigacin exigen un conocimiento altamente especializado. Esta especializacin debera convertirse en un estndar para todas aquellas instituciones que forman parte de la cadena de valor anticorrupcin. Sin embargo, es imposible desarrollar una apropiada lucha contra este flagelo si es que no poseemos adecuados niveles de coordinacin, cooperacin e intercambio de informacin interinstitucional. Muchas veces estos se deben a la superposicin de funciones, conflictos jurisdiccionales y en algunos casos a la ausencia de competencias. Es necesaria una voluntad poltica de cada uno de los titulares de las instituciones para dar un primer paso en el camino hacia la eliminacin de los compartimentos estancos. En algunos casos esto se ha superado mediante la creacin de comisiones especiales de coordinacin multidisciplinaria que tiene poderes especiales en materia de cooperacin e

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intercambio de informacin o, en su defecto, mediante la firma de convenios de cooperacin interinstitucional. De acuerdo a su especializacin, las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupcin se pueden dividir en tres grandes grupos:

Agencias multipropsito de orden pblico que adems desarrollan funciones de prevencin que se caracterizan por ser instituciones que desarrollan un amplio espectro de funciones que consideran la formulacin de polticas, el anlisis y asistencia tcnica en materia de prevencin, trabajo con el pblico, manejo de informacin, monitoreo e investigacin. En la mayora de los casos la acusacin judicial es desarrollada por otra institucin. Las instituciones ms famosas son la Comisin Independiente contra la Corrupcin de Hong Kong y la Oficina de Investigacin de Prcticas Corruptas de Singapur.

Agencias de orden pblico, departamentos, oficinas y/o unidades que se caracterizan por tomar diferentes formas de especializacin que se organizan dentro de organizaciones de de deteccin e investigacin o en organismos judiciales. Se puede dar tambin la combinacin de ambos en una misma institucin e inclusive el desarrollo de labores de prevencin, coordinacin e investigacin. Son algunos ejemplos de este modelo la Autoridad Nacional de Noruega para la Investigacin y Judicializacin de Delitos Econmicos y Ambientales y la Oficina Central para la Represin de la Corrupcin de Blgica.

Instituciones de desarrollo de polticas, coordinacin y prevencin7 que se caracterizan por ser responsables de diversas funciones tales como la investigacin del fenmeno de la corrupcin, evaluacin del riesgo de corrupcin, monitoreo y coordinacin de la implementacin de las estrategia nacional y local anticorrupcin as como los planes de accin, revisin y propuesta de normas legales, monitoreo de las reglas de conflicto de intereses y declaracin jurada de activos de los funcionarios pblicos, elaboracin e implementacin de cdigos de tica, asistencia en entrenamiento anticorrupcin de los funcionarios del Estado, asesora en tica gubernamental, facilitar la cooperacin con organismos internacionales y la sociedad civil, etc. Entre las ms conocidas tenemos al Servicio Central de Prevencin de la Corrupcin de Francia y la Comisin Estatal para la Prevencin de la Corrupcin de Macedonia.

La experiencia internacional muestra que son tres, las estrategias necesarias para luchar contra la corrupcin y cuyo cumplimiento generan un crculo virtuoso:

7 Esta es aparentemente la forma que finalmente tomara la Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin creada

por DS 016-2010-PCM. Sin embargo, de acuerdo a las buenas prcticas anteriormente descritas, su

adscripcin a la Presidencia del Consejo de Ministros le podra quitar independencia y visibilidad.

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Crculo Virtuoso

Disuasin

PrevencinEducacin

La disuasin implica el desarrollo de labores de identificacin, investigacin y publicidad oportuna de los casos de corrupcin.

La prevencin examina las normas, proyectos de ley, sistemas y procedimientos en el sector pblico para identificar oportunamente oportunidades de corrupcin y hacer las recomendaciones que las eviten.

La educacin significa sensibilizar y dar una formacin a la comunidad (nios, adultos, sector pblico, sector privado, extranjeros) acerca del fenmeno de la corrupcin asegurando su apoyo en la lucha contra este flagelo.

Obsrvese que estas estrategias estn dirigidas no slo al sector pblico, sino tambin, al privado. Pues no se puede dar una lucha efectiva contra la corrupcin sin la participacin de este ltimo.

Tabla de estrategias y buenas prcticas internacionales

Descripcin Disuasin Prevencin Educacin

Misin Detectar, investigar y Identificar los Sensibilizar, instruir y

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hacer de dominio pblico, en forma oportuna, los casos de corrupcin

sistemas y procedimientos del sector pblico que podran generar corrupcin y proponer soluciones

comprometer a la poblacin a luchar en forma conjunta contra la corrupcin

Buenas Prcticas

Creacin de sistema de denuncias que no exijan la presencia fsica del denunciante: hotlines, internet, e-mails, annimos, casillas postales, etc

Evaluacin continua de las normas, proyectos de ley, procedimientos y sistemas

Educacin con nfasis en el desarrollo tico que se inicia en el jardn de infancia y llega hasta el lugar de trabajo

Organizacin de unidades de evaluacin y respuesta rpida

Aplicacin de nuevo enfoque de RRHH. Reforzamiento en temas de valores.

Emisin de folletos, libros, guas, etc

Utilizacin intensiva de herramientas de tecnologa de la informacin para la identificacin de patrones ocultos en la data y situaciones de riesgo

Evaluacin del control interno de las entidades

Organizacin de exhibiciones, ferias, programas de TV, programas de radio, concursos, etc

Creacin de un sistema de verificacin de calidad de la informacin y del desarrollo de las investigaciones

Emisin de propuestas de simplificacin administrativa

Uso intensivo de Internet: creacin de webpages uso de facebook, twitter para educar y comunicarse con la poblacin

Difusin de casos de xito utilizando diferentes medios de comunicacin

Evaluacin de la observancia de cdigos de tica del sector pblico y privado

Creacin de un Centro de desarrollo tico que incluye al sector privado

No est dems mencionar que no tenemos una organizacin que aplique las estrategias y buenas prcticas anteriormente descritas en forma conjunta. Sin embargo, volviendo a nuestra pregunta inicial se puede luchar contra la corrupcin en el Per? Sobre la base de todo lo expuesto podemos asegurar que s se puede. Las ltimas encuestas de opinin muestran que los peruanos consideramos que la democracia es el

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mejor sistema de gobierno8 e identificamos a la corrupcin como un problema muy grave9, Sabemos que es uno de los males que nos mantiene en el subdesarrollo y somos consientes de que nos hace dao, por lo que, debemos enfrentarla de manera conjunta y articulada a travs de mltiples frentes como se mencion anteriormente. Las prximas elecciones generales, las propuestas de los partidos y sus candidatos, as como, la discusin de los temas de inters nacional nos permitirn tener una idea del inters de los lderes polticos por detener la corrupcin. Sin embargo, slo nuestra participacin activa como integrantes de una sociedad civil organizada asegurar colocar a la lucha contra la corrupcin dentro de la agenda poltica. Esta es una batalla conjunta que para ganarla requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros en las actividades que desarrollamos diariamente: en el hogar, el trabajo, los estudios, la vida social, etc. La lucha contra la corrupcin es tarea de todos.

Bibliografa

8 El 67% de los encuestados as lo considera. LATINOBAROMETRO, Informe 2009, Noviembre de 2009,

http://www.latinobarometro.org/ 9 El 94% de los encuestados as lo considera. IOP-PUCP, CORRUPCIN, Septiembre de 2009,

http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_42.pdf

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