corrupcion en el perú
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INTRODUCCIÓN
No se puede negar que el fenómeno de la corrupción ha existido, sobre todo,
desde que los explotadores se apropian del producto de los trabajadores.
Pero en el Perú, en los últimos años, ha alcanzado su máxima e
insospechable expresión. Esto es debido a que los altos funcionarios de la
administracióon pública, quienes deberían ser un ejemplo de honradez, son
los primeros en delinquir. La corrupción se torna aún mas grave, cuando los
miembros del Poder Judicial, aduciendo vacíos en las leyes procesales,
permiten a los delincuentes que entren y salgan de las prisiones, como si
fueran a sus casas a pernoctar una breve temporada.
Además, hay el agravante que cuando se trata de delitos cometidos por
servidores de niveles inferiores, como maestros y policías por ejemplo, los
procesos de juzgamiento demoran una eternidad. En cambio, cuando se
trata de rangos superiores, la justicia es muy ágil, y esta agilidad es
acelerada, en razón directa de los altos cargos a los que pertenezcan los
procesados.
CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PERU.
Recursos extraordinarios obtenidos por las privatizaciones y el narcotráfico,
el avasallamiento de las instituciones de control y la complicidad de actores
económicos fueron los factores que posibilitaron el nivel de corrupción que
vivimos en la década pasada.
Desde muy antiguo, los peruanos somos tolerantes ante una amplia
variedad de actos corruptos, por los cuales la autoridad se beneficia de
bienes y recursos públicos. Esa costumbre no empezó con Alberto Fujimori
sino que tiene hondas raíces en nuestra historia. Esa tolerancia es una
forma de la complacencia ante una práctica habitual de los gobernantes,
quienes frecuentemente consideran la hacienda pública como dominio
personal. La posibilidad de que a uno mismo o a algún pariente o amigo le
toque participar de la condición de autoridad provoca esa complacencia, que
solamente es una forma del deseo. Los peruanos gozamos de una
normalidad muy singular, expresada en la máxima "que robe pero que
haga". Esa expresión acepta como hecho consumado que la autoridad
robará, aspirando escasamente a que el hurto no sea total, sino que además
se realice alguna obra.
PRIVATIZACIÓN Y NARCOTRÁFICO
Durante la década del noventa, dos factores hicieron que ese hábito llegase
al paroxismo. En primer lugar, hubo recursos extraordinarios en manos del
Estado fruto del proceso de privatizaciones. Como se ha establecido en
diversos estudios, las privatizaciones devengaron 9221 millones de dólares.
Ese dinero era fruto de la venta de los activos del Estado, obviamente
ingresaba solo por una vez y fue dilapidado completamente en vez de usado
prudentemente para el desarrollo nacional. Hoy en día quedan apenas 543
millones de dólares, y el resto se ha evaporado en diversas compras inútiles,
concretadas solamente por interés en la coima.
Adicionalmente, es preciso añadir que el narcotráfico constituyó una
segunda fuente de recursos extraordinarios. En efecto, durante los noventa
los tentáculos de las drogas penetraron en el Estado, siguiendo un camino
que había sido establecido durante la década anterior. Las cifras no han sido
precisadas, porque la cuantificación es muy compleja. No se sabe a cuánto
asciende, pero es indudable que su aporte fue significativo en la formación
de una bolsa que hizo más interesantes las operaciones de corrupción de los
noventa.
EL DESMONTAJE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Por otro lado, la segunda condición del proceso de corrupción fue el
autogolpe del 5 de abril de 1992. En ese momento se reunió la condición
política que operó como el gatillo que disparó la corrupción. Esta ya había
comenzado para aquel entonces, como lo muestran los casos de la ropa
usada y el transporte del dinero al exterior siguiendo la estrategia de la
hormiga. Pero el 5 de abril fue clave, porque un grupo decidido a robar se
apoderó de la nave del Estado, estimulado por esos ingresos
extraordinarios.
Una de las actividades cruciales de ese grupo fue el desmontaje de las
instituciones de control y fiscalización. El caso más notable fue la Contraloría
General de la República (CGR). Esta institución fue reorganizada,
disminuyéndose notablemente su capacidad de actuación, restándole
atributos legales y nombrándose como nuevo contralor a Víctor Caso Lay,
quien comandó la institución hasta el año 2000.
La CGR es una institución de escasa visibilidad y de segundo orden dentro
del aparato del Estado peruano. Pero es una institución fundamental en el
tema de la corrupción. Si la CGR funcionara bien, la corrupción disminuiría
en forma considerable. Su misión es auditar las operaciones económicas de
todas las reparticiones públicas. En algunos países vecinos las instituciones
similares a la CGR han logrado que las operaciones económicas públicas
funcionen con un elevado grado de racionalidad y de eficiencia burocrática.
Por lo demás, la CGR dispone de una oficina de auditoría interna en cada
repartición pública. Es decir, además del personal permanente de la CGR,
esta institución tiene representantes repartidos por todo el tramado
institucional del Estado, constituyendo una red encargada de evitar la
corrupción.
Esta institución fue puesta de cabeza por el fujimorismo. Por un lado, sus
acciones sirvieron para darle legalidad a un conjunto de operaciones
corruptas que estaban en curso. Por ejemplo, la Contraloría legalizó las
fraudulentas compras de armamento chatarra que adquirieron las Fuerzas
Armadas. Pero, por otro lado, la CGR revisó minuciosamente las cuentas de
las escasas instituciones públicas que dirigía la oposición democrática al
régimen. Así, las dos terceras partes de las acciones de la CGR durante el
lapso 1993-2000 estuvieron dirigidas a fiscalizar a los municipios. No
obstante que los gobiernos locales apenas manejan el 3,5 por ciento del
presupuesto, ellos fueron el objeto de la mayor parte de las acciones de
fiscalización. Así, la CGR fue empleada como escudo para proteger a los
corruptos y, paralelamente, como lanza para hostigar a los adversarios del
régimen.
Otra institución crucial de control es la SUNAT, que fue reorganizada y
modernizada en un primer momento, llegando a adquirir un elevado prestigio
institucional. Sin embargo, más adelante sufrió un agudo desgaste ético. Así,
la SUNAT implementó el sistema denominado RUC sensible que estaba
destinado a proteger del escrutinio público las comprometedoras
declaraciones de importantes personajes del Estado, empezando por
Vladimiro Montesinos. Por otro lado, la SUNAT hostigaba adversarios del
régimen a través de la policía tributaria.
MILITARES, AMIGOS Y BANQUEROS
Esta degeneración institucional era necesaria para que el grupo corrupto que
se había apoderado del aparato del Estado pudiera delinquir como había
sido su propósito desde el primer momento. Ese grupo estaba integrado por
tres componentes principales, que interactuaron para darle estabilidad al
proyecto golpista. Por un lado se hallaban los altos mandos militares
encabezados por Nicolás Hermoza Ríos y el mismo Vladimiro Montesinos.
La lucha contra Sendero había obligado a estabilizar la cúpula militar y la
Comandancia General recayó en Hermoza, que controló el poder militar
desde 1991 hasta su remoción en 1998. Por otro lado, el enfrentamiento
interno también promovió a los servicios de inteligencia que proyectaron su
control sobre la sociedad peruana. Estos procesos habían comenzado
durante los ochenta, cuando se había avanzado bastante en la militarización
del país.
Sin embargo, en 1995 se perdió una guerra convencional con el Ecuador,
que eligió bien el terreno de lucha y la táctica militar. Debido a ello, y como
las tensiones aumentaban, entre 1995 y 1998 se sucedió un proceso
monumental de adquisiciones de material de guerra, hasta constituir las
mayores compras relativas de la historia nacional. Todos esos gastos fueron
inconvenientes porque se compró chatarra, habiendo sido la coima el factor
fundamental en la toma de decisión sobre proveedor y bien final. Así se
consumieron 1885 millones de dólares, y su resultado son esos aviones que
se caen y las grandes cuentas en el extranjero de Hermoza y su séquito.
LA CONEXIÓN CHINA
En segundo lugar se encontraba el círculo íntimo del Presidente, integrado
por allegados de diversa procedencia. Entre otros integrantes de este
exclusivo grupo destacó Víctor Joy Way, quien fuera congresista y ministro
en diversas carteras. Él tenía una empresa de importaciones de productos
provenientes de la China, que trajo bienes por un valor de 330 millones de
dólares. Gracias a sus contactos políticos, esa compañía colocó sus
productos en el Estado. Prácticamente ninguno fue útil. El ejemplo más
ilustrativo es la importación de tractores muy ligeros diseñados para
praderas. Puestos en el exigente y quebrado terreno peruano se malograron
al cabo de un tiempo y no volvieron a funcionar.
La operación más espectacular de Joy Way fue la compra de medicinas
chinas, una vez más muy baratas, aunque al borde del vencimiento. Cuando
estas eran repartidas muchas veces estaban vencidas. Así, no dudó en jugar
con la salud de las mayorías para seguir aumentando la supuesta eficiencia
de su compañía especializada en comprar inservibles baratos. Sus
ganancias fueron considerables, pues sus cuentas en el exterior se cifran en
decenas de millones de dólares.
El tercer grupo es mucho más complejo, ya que está integrado por individuos
pertenecientes a la clase alta de siempre. Ellos han estado fuera del Estado
haciendo muy buenos negocios en este festín que fue reventarse el dinero
extra proveniente de las privatizaciones. Pero, asimismo, han tenido cuadros
orgánicos dentro del Estado como por ejemplo el ministro Jorge Camet,
quien estuvo más de cinco años al frente del crucial Ministerio de Economía.
Al dejar el ministerio Camet se ha incorporado al directorio del Banco de
Crédito y al de Telefónica, evidenciando los intereses que sirvió durante su
larga permanencia en el poder.
LOS GRUPOS FINANCIEROS
Tanto Dionisio Romero cuanto Eugenio Bertini han sido vistos en diversos
vladivideos negociando ventajas empresariales a cambio de servicios
políticos. Por ejemplo, Romero negocia con Montesinos, quien será
nombrado administrador judicial de la empresa Hayduk, que tenía fuertes
deudas con el Banco de Crédito y graves acusaciones de narcotráfico. Por
otro lado, después de verse favorecido con la privatización de Matarani, en
reunión con la cúpula militar, Romero consiente publicar en el diario Expreso
declaraciones de apoyo a la segunda reelección.
Por su lado, Bertini negoció toda la transferencia de la propiedad del
segundo banco nacional de la familia Wiese hacia la banca italiana. Esta
operación requirió una presencia fuerte del Estado, porque los italianos no
entraban a menos que el gobierno avalase la cartera pesada del Wiese. Esta
operación se concretó y luego Vladimiro le exigió a Bertini préstamos
extraordinarios para los canales de televisión comprometidos con la
campaña por la segunda reelección.
Es un hecho muy revelador que tanto el primer cuanto el segundo grupo
financiero nacional negocien con Montesinos ventajas al margen del sistema
legal. Muestra, por un lado, cuán involucrada estuvo la elite económica con
el fujimorismo. Por otro, constituye un ejemplo de la naturaleza rentista de su
actividad económica. Entre los integrantes del poder económico, la
competencia empresarial no se resuelve por productividad sino a través de
un arreglo político bajo la mesa y violentando el marco legal.
LA CORRUPCIÓN ES EL PRINCIPAL FRENO AL DESARROLLO DEL
PERÚ
El 80% de los peruanos califica de corrupto o muy corrupto al país. Desconfían del
Congreso y de la PNP, pero creen en la defensoría
La corrupción es el principal problema que enfrenta el país. Así lo considera
más de la mitad del país (51%), según la Sexta Encuesta Nacional sobre
Corrupción de Pro Ética, elaborada por Ipsos Apoyo. Esta percepción ha
ido aumentando significativamente con el paso de los años, pues en el 2003
llegaba a 25%.
El 56% considera, además, que la corrupción de funcionarios y autoridades
son el principal factor que impide el desarrollo del país.
Asimismo, la delincuencia (41%), el desempleo (39%) y el consumo de
drogas (36%) continúan siendo un problema para la población, aunque en
menor medida que otros años. La pobreza, en cambio, lo es en menor
proporción. Este año el 35% de peruanos considera que la pobreza es uno
de los tres principales problemas del país, frente a un 51% del 2008.
CONFIANZA EN INSTITUCIONES
¿Cuáles son las instituciones que los peruanos califican de más corruptas?
El Congreso (46%), la policía (45%)y el Poder Judicial (38%), aunque esta
percepción ha disminuido con respecto a la de hace dos años.
El caso del Poder Judicial es el más llamativo, pues de ser considerada la
institución más corrupta por el 61% de peruanos en el 2008, este año ha
disminuido en 23 puntos.
Sin embargo, al medir el grado de corrupción en las instituciones, el 74%
señala que el Parlamento es una institución muy corrupta o corrupta, delante
del Poder Judicial ( 70%).
Más de la mitad de la población confía, más bien, en la Defensoría del
Pueblo (53%) para luchar contra la corrupción. El 39% cree en la Iglesia
Católica y el 20% en la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, casi un tercio del
país no confía en ninguna institución.
¿QUÉ NOS ESPERA?
El 80% de los encuestados considera que el Perú es un país muy corrupto o
corrupto, apenas 2% menos que en el 2008. El 18% cree que es un país
poco corrupto. Frente a este escenario, preocupa que el 39% opine que
dentro de cinco años la corrupción habrá aumentado y que el 38% diga que
seguirá igual.
Y es que más de un tercio del país piensa que el actual Gobierno tiene
interés en luchar contra este flagelo (33%), mientras que el 14% cree que
está muy desinteresado. La mayoría piensa, además, que el Gobierno no
tiene liderazgo en esta lucha (76%) y que no actúa de manera adecuada
(82%) ni eficiente (83%).Los peruanos consideran que para combatir la
corrupción, el Gobierno debe botar a los malos elementos (54%) y
encarcelar a los corruptos (43%).
Corrupción del gobierno de Fujimori
Las investigaciones de la Contraloría y los movimientos bancarios realizados
a solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Fujimori- Montesinos han
corroborado que la ex primera dama de la nación y hoy, lamentable lideresa
del fujimorismo, tiene una investigación pendiente. Los montos gastados por
Fujimori en la educación de sus hijos están comprendidos en el desbalance
patrimonial que encontró la Contraloría General de la República, cuyas
conclusiones fueron entregadas al Poder Judicial. De acuerdo con la
Contraloría, durante su gobierno (1990- 2000) Fujimori malversó fondos del
Estado y se apropió ilícitamente de 916 millones 67 mil 191 soles. Suma
respetable de la cual pagó la educación de sus hijas.
Las denuncias de un narcotraficante que aseguró haberle pagado durante
dos años US$ 50,000 dólares mensuales al asesor presidencial Vladimiro
Montesinos, a fin de que evitara que los militares o policías le impidieran el
tráfico de drogas tampoco fueron investigadas, ni por el congreso, ni por
ninguna autoridad judicial en el Perú.
En octubre de 1998 la fiscal Juana Cordova y su esposo fueron sorprendidos
recibiendo US$ 7,000 de un acusado de narcotráfico. El Juez de la Corte
Suprema César Tineo, adulteró una sentencia, para favorecer a una
empresa privada con un cobro ilegítimo al estado de US$ 43 millones de
dólares. Otros miembros de la Corte Suprema declararon que firmaron la
mencionada sentencia sin haberlo leído previamente!. De esa forma,
Fujimori y sus allegados podían tener bajo su control a varios miembros de
la Corte Suprema del Perú. Sólo la valiente denuncia de la oposición
parlamentaria logró que a fines de 1998 se destituyera al juez César Tineo y
se le abriera un juicio.
En diciembre de 1998 el juez de la Corte de Cerro de Pasco, Alfredo
Granados fue sorprendido por la policía con los US$ 3,000.00 que recibió de
una empresa minera para favorecerle en una sentencia. Igualmente, el Juez
de la Corte Superior de Lima, Pablo Rojas, fue sorprendido recibiendo la
suma de US$ 2,000.00 dólares que le entregó el intermediario de un
narcotraficante. Así como estos casos, podemos mencionar más de 400
casos de corrupción de jueces y fiscales entre 1995 y 1999. Ante esta
situación el congresista oficialista Carlos Ferrero reconoció que "la voceada
Reforma del Poder Judicial ha fracasado, ya que los niveles de corrupción
son ahora mayores que nunca".
Destrucción del Estado de Derecho en el Perú: En su aventura totalitaria
el presidente Fujimori aniquiló al Tribunal Constitucional, a fin de evitar que
sus aspiraciones de reelección presidencial fueran rechazadas por este
órgano supremo del Poder judicial en el Perú, que se atrevió a emitir un
dictamen contrario al que Fujimori y sus aliados esperaban. Enseguida
Fujimori, al margen de lo que manda la Constitución, creó organismos
fantasmas, carentes de sustento constitucional, ("Comisiones Ejecutivas") a
fin de despojarle de sus funciones y someter bajo su autoridad a los
Tribunales de Justicia y a la Fiscalía de la Nación, colocando a sus amigos
en los cargos de dirección.
Corrupción en la gestión de Alan Garcia
La crisis se vio agravada por la corrupción
generalizada practicada por todas las
instancias del gobierno, que llevó a niveles
muy altos y que dejó exangüe a la caja
fiscal (las reservas monetarias en 1990 se
habían reducido a $8 millones) y llevó al
colapso de los servicios públicos (cuya
expresión más evidente fueron los
continuos cortes del servicio eléctrico). Si
bien García fue acusado de múltiples y
graves cargos de corrupción durante su
gobierno y el siguiente (vinculados a narcotráfico, sobornos, malversación de
fondos, lavado de dinero e involucramiento en negocios turbios) las
denuncias no consiguieron prosperar debido al control y peso político que el
Partido Aprísta poseía en el Congreso, siendo finalmente la mayoría
archivadas sin llegar a veredicto alguno condenándolo o absolviéndolo.
Alan García tiene cuentas pendientes con la justicia sobre diversos casos: la
coima que recibió de los italianos que construyeron el Tren Eléctrico; el
depósito de parte de nuestras reservas internacionales en el banco BCCI,
entidad dedicada a lavar dinero del narcotráfico; el negociado de los dólares
MUC y su amigo Zanatti; así como las oscuras operaciones de compra de
los aviones Mirage 2000.
Recordemos lo sucedió durante el inicio del gobierno fujimorista. Los
parlamentarios de cambio 90, siguiendo ordenes de su líder, se unieron a los
apristas en las votaciones decisivas para NO lograr denunciar
constitucionalmente al ex presidente García. Gracias a Fujimori, García
consiguió librarse de un juicio justo y necesario.
Los audios de la corrupción apristaEn esta grabación hablan de
“negocios” Rómulo León Alegría,
aprista y ex ministro de Alan
García y Alberto Químper, director
de Perupetro. La conversación es
para arreglar un soborno en una
licitación para favorecer a Discover
Petroleum, una empresa Noruega
afincada en Perú. La grabación fue
realizada clandestinamente en el mes de febrero y septiembre este año, y
fueron publicadas por un canal de televisión del país (Cuarto Poder). Alan
García Pérez, ha intentado sacar el cuerpo de este hecho de corrupción,
pero la cosa no les resulta tan fácil, observando la corrupción general en la
administración del Estado.
Caso: Jennifer Picón
En la madrugada del 5 de marzo del 2008 la estudiante peruana Jennifer
Picón Vizconde de 19 años fue asesinada por una conductora ebria en una
de las principales avenidas de Lima, cuando cambiaba las llantas de su auto
con la ayuda de su hermana Johanna y de su amigo Juan Carlos Osores.
La autora del crimen, María Paz Martínez Véliz, de 23 años, se dió a la fuga
pero fue detenida minutos después por la policía municipal que comprobó
que ella tenía en su sangre 3 veces el nivel de alcohol permitido por las
leyes peruanas y además carecía de licencia de conducir. En su auto se
encontraron huellas del crimen, incluyendo cabellos de la víctima. Días
después Martínez Véliz fue recluida en una cárcel de Lima por más de un
mes, pero luego fue trasladada a un hospital alegando problemas de salud,
en donde incluso celebro su cumpleaños. Luego ha sido liberada y absuelta
de sus crímenes, por una juez provisional que casualmente tiene su mismo
nombre. La juez María Martínez Gutierrez no ha querido responder a la
prensa acerca de los motivos de su desafortunada decisión, y el hermano y
abogado de María Paz tampoco ha querido justificar este escandaloso
veredicto. De haberse respetado las leyes peruanas, María Paz Martínez
debería haber cumplido una pena de 12 años de cárcel por los delitos de
homicidio y lesiones graves culposas, delito de peligro común por conducir
en estado de ebriedad y delito contra la función jurisdiccional por fugar del
lugar del hecho.
A pesar que las pruebas presentadas por la policía local demuestran la
culpabilidad de María Paz Martínez, ella ha sido liberada. La decisión de la
juez Martínez Gutiérrez no solo ha empeorado la desgracia de los familiares
de Jennifer Picón Vizconde, sino que ha dejado un peligroso precedente
para que otros casos de corrupción de este tipo sigan ocurriendo en Perú.
Soluciones para la lucha contra la corrupción
Desde hace no muchos años, se han venido planteando diversas soluciones
para el grave problema de la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo,
estas soluciones sólo involucran a la institución, dejando de lado la
participación ciudadana. En las siguientes líneas, propondremos algunas
soluciones de orden político, ético y social.
El ex presidente del Poder Judicial, Hugo Sivina durante su pasada gestión,
planteó una reestructuración de los órganos de Gobierno. La primera medida
que promueve a estos para que posean mayor capacidad de gobierno y con
capacidad de gestión pues, como ya lo habíamos mencionado, este poder
del Estado es vulnerable a los continuos de la política nacional. También,
plantea que debe reestructurarse los órganos de control intraorgánicos, ya
que estos deben elevar su eficiencia para promover y difundir los valores
éticos, así como también sancionar los actos de corrupción.
Además, plantea tres acciones en materia de política anticorrupción. La
primera se refiere a la prevención, para la cual propone la creación de un
Consejo Nacional y Consejos Distritales de Promoción de la Ética Judicial.
La segunda acción es que exista un control concurrente para que todos los
organismos controlen la corrupción. Finalmente, se propone un control
posterior con la generación de una unidad de investigación patrimonial para
saber si existe una correcta relación entre el sueldo de los jueces y su
patrimonio.
Por otro lado, la ciudadanía debería organizarse y crear movimientos de
vigilancia especializada contra la corrupción. En primer lugar, se debe
fomentar espacios de concentración entre las organizaciones ciudadanas y
las instituciones públicas responsables de la lucha anticorrupción, lo cual
daría más fuera a las organizaciones ciudadanas. En segundo lugar, se
debe garantizar el acceso a una información oportuna, clara y transparente;
asimismo, se debe capacitar a los funcionarios públicos para responder a los
requerimientos de información. Finalmente, debe promover a través de los
medios de comunicación el ejercicio de derechos ciudadanos y la
organización contra la corrupción (MINISTERIO DE JUSTICIA 2001: 51-54).
Sin embargo, esta trascendente tarea debe ser impulsada y orientada, de
manera tal que no sea una preocupación pasajera, sino que llegue hasta lo
más profundo de la conciencia ciudadana.
En conclusión, para que existe aun buen desempeño en la lucha contra la
corrupción, no solo debe existir una reforma política y ética preventiva, sino
también la población debe contribuir a esta causa que perjudica a todos los
peruanos. Además, debemos ser conscientes de que no solo existe un
corrupto sino también un corruptor.
Las nefastas consecuencias que trae la corrupción
El Perú está siendo afectado por ciertos problemas, de los cuales los
principales son la pobreza, el desempleo, la delincuencia y –el problema que
tocaremos – la corrupción. Aunque este es el cuarto en la lista de los
problemas en el país, es también el primero en la lista de problemas del
Estado, como corrupción de funcionarios y autoridades; por ende, el Poder
Judicial es el más corrupto entre los poderes del Estado. Como se menciona
en el primer artículo, este problema tiene varios orígenes, pues traen sus
respectivas consecuencias. En el texto analizaremos los efectos
ocasionados por la corrupción y cómo esos afectan a nuestro país en ciertos
ámbitos.
Una de las consecuencias más sobresalientes en el tema es lo relacionado a
las consecuencias sociales. La incredibilidad y la desconfianza de las
personas hacia el Poder Judicial se debe a que los jueces han perdido sus
valores (comentan que el sueldo que reciben no es suficiente para el trabajo
que realizan) y los guía hacia la corrupción. Los jueces se enriquecen
ilícitamente favoreciendo a cierto grupo con economía estable o fija (entre
los cuales se encuentran empresarios, políticos, congresistas y, también, se
cubren las espaldas; es decir, cuando se denuncia a un juez, otro juez lo
“salva”). A su vez, casi nunca o pocas veces se encuentran jueces que no
son corruptos. Esta corrupción se ha manifestado cuando se verifica que los
jueces tienen propiedades y materiales cuyo costo sobrepasa lo ganado
justamente. Afecta también entre los distintos grupos sociales, pues genera
conflictos entre quienes tienen poder económico y son favorecidos por
jueces corruptos, y quienes no lo tienen y no reciben justicia. Un ejemplo de
esto podría ser las relaciones de las empresas mineras y las comunidades.
Los jueces en su mayoría apoyan a estas empresas y marginan a las
comunidades de la sociedad.
Otra de las consecuencias que trae la corrupción son las de ámbito
económico. La corrupción en el Poder Judicial trae como otra consecuencia
la falta de inversión de capital nacional y extranjero por organizaciones
privadas en nuestro país. Tal como ocurrió hace algunos años con la
empresa “Bavaria”; esta empresa fue beneficiada por un juez, y este juez, a
su vez recibió dinero, hecho que más adelante salió a la luz. Esta fue una
noticia que causó escándalo debido a la cual, muchas empresas que tenían
en sus planes invertir en el Perú se abstuvieron debido a la excesiva
corrupción. El enriquecimiento ilícito de los jueces es una evidencia de la
corrupción debido a los “favores judiciales” otorgados por los jueces.
En síntesis, los efectos que ocasiona la corrupción en estos ámbitos nos ha
influenciado para estudiar y analizar como la corrupción pudre a uno de
nuestros poderes del Estado, el Poder Judicial, exponiendo las
consecuencias más sobresalientes, las cuales nos dan una mala imagen
ante otros países.
FORTALECER LA TRADICIÓN ANTICORRUPCIÓN
Sin embargo, la corrupción es susceptible de ser enfrentada y derrotada. En
el Perú no solamente existe una tradición en este terreno. Por el contrario,
debido precisamente a la extensión del mal, se halla presente una segunda
tradición que hace de las manos limpias su razón de ser. Esa tradición es
tan antigua como la otra y siempre ha pretendido enderezar la
administración pública. Este no es solamente el país de Montesinos y
Fujimori; es también el país de Manuel González Prada y Gustavo Gutiérrez.
Este es un país donde hay una lucha abierta, que en otras latitudes ya se
zanjó hace mucho tiempo. Entre nosotros ese combate aún no ha terminado.
Pero existe multitud de personas interesadas en terminar con la corrupción.
A quienes como nosotros nos ha tocado investigar los latrocinios del
fujimorismo, también nos corresponde acompañar ese sentimiento para
proyectar una corriente que imponga, por fin, el buen gobierno en el país.
La corrupción sólo se podrá erradicar, aplicando estrictas y severas
sanciones a los delitos cometidos en el ejercicio de la administración pública,
cualquiera sea su nivel o categoría, desde modestos barredores, hasta el
Presidente de la República, pasando por los congresistas y sobre todo, el
Poder Judicial. El Movimiento Político Alternativa, de llegar al poder, pondrá
en práctica las siguientes medidas anti-corrupción :
El nepotismo será un delito castigado severamente.
Las cuentas bancarias serán públicas durante todo el tiempo de ejercicio
del servidor.
No habrá cárceles doradas.
Se creará el galardón nacional a la Honradez, para los servidores que lo
merezcan sin distinción de nivel ni de rango.
Para alcanzar estos objetivos, el Movimiento Político Alternativa hace un
llamado a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad, a la reserva de
ciudadanos honrados y honestos que aún queda, a adherirse a esta cruzada
de honradez que el pueblo peruano se merece.
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Lo que debe primar en la lucha contra la corrupción son los mecanismos de
prevención, que se identifican con:
1°. Educación ciudadana, que produzca el rechazo general a la
corrupción y la identifique como un problema que afecta a todos.
2°. Fortalecimiento de la democracia participativa, puesto que la
participación de los ciudadanos en las decisiones de las autoridades y
el control de los ciudadanos sobre las instituciones dificulta o
imposibilita la producción y el desarrollo de la corrupción,
3°. Vigilancia ciudadana efectiva, para lo cual se deben establecer
adecuados mecanismos que más allá de ser meras declaraciones,
proporcionen efectivamente al ciudadano corriente mecanismos para
identificar, denunciar y perseguir los actos de corrupción.
4°. Expedición de leyes que de manera real prevengan la comisión de
delitos, para lo cual se deberán revisar las normas sobre control de
gestión de los recursos públicos.
5°. Creación de entidades que estudien y hagan efectivas las estrategias
para prevenir la corrupción.
De conformidad con el carácter de ultima ratio del derecho penal, éste
sólo debe intervenir cuando se ha comprobado la insuficiencia de las
otros instrumentos de control social legalmente aceptables.
El derecho penal definirá y sancionará los comportamientos que
considere como delitos.
Sin embargo, no basta con tipificar las conductas lesivas al interés
colectivo o general en el Código Penal, más aún si se trata de delitos
relacionados con la corrupción. Puesto que, si además de ello, no se
brindan los recursos necesarios a las autoridades encargadas de su
persecución y se desarrolla una estrategia de investigación
sistemática y de amplio espectro, los tipos penales y la lucha contra la
corrupción no tendrán mayor efecto, y la respuesta frente al fenómeno
de corrupción podrá verse obstaculizada.
EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN EL PERÚ
A comienzos de la presente década se evidenció la existencia de una
organización delictiva incrustada al interior del poder estatal durante casi
todo el curso de la década pasada y que estaba integrada por los más altos
funcionarios del gobierno como el Presidente de la República, los Ministros
de Estado, los Congresistas de la República, los Oficiales y Generales de las
Fuerzas Armadas y los Magistrados del Poder Judicial y el Ministerio
Público, entre otros; además de otros funcionarios, civiles y militares de
menor jerarquía. Estos malos funcionarios, se valieron de los bienes,
servicios y recursos públicos para fines políticos y beneficios personales
propios o de terceros.
RESPUESTA FRENTE EL FENÓMENO DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ
Ante la presencia de dicho fenómeno, inusual en la historia judicial peruana,
el Poder Judicial, tal como lo hicieron el Ministerio de Justicia con la
implementación de una Procuraduría Pública Ad — 1-loe Anticorrupción y el
Ministerio Público con la creación de fiscalías provinciales penales
especializadas y una fiscalía superior del mismo tipo, diseñó una estructura
sub - especializada que comprendió la creación de seis (06) Juzgados
Penales Especiales y una Sala Penal Especial, con la finalidad de que se
encarguen de la investigación y juzgamiento de los procesos instaurados y
por instaurarse contra Vladimiro Montesinos Torres y los demás personajes
y hechos conexos. Posteriormente, se han creado cinco (05) Salas Penales
Especiales adicionales, atendiendo a que en los dos últimos años la carga
procesal se concentré a nivel de segunda instancia donde se llevan a cabo
los juicios orales.
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR a PERÚ EN LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN A PARTIR DEL AÑO 2000
Luego de la caída del corrupto régimen de gobierno presidido por Alberto
Fujimori Fujimori y secundado por su inefable asesor presidencial Vladimiro
Montesinos Torres, se presentaron las condiciones para emprender la lucha
contra los delitos de corrupción y demás delitos conexos, que constituía el
clamor popular o una de las principales exigencias de la ciudadanía.
Para ello se tuvo que liberar a cada una de las instituciones y organismos de
Fiscalización y Control, del dominio y sometimiento voluntario o impuesto por
parte del Poder Ejecutivo dirigido por el Ex Presidente Fujimori. Es así que
se lograron desactivar las Comisiones Ejecutivas del Poder judicial y del
Ministerio Público que en representación del Poder Ejecutivo venían
dirigiendo a ambas Instituciones. Asimismo, se nombró un nuevo Contralor
General de la República y se nombró un Procurador Ad-Hoc, con el objetivo
específico de perseguir e investigar los delitos cometidos al interior del
régimen de gobierno, los cuales quedaron al descubierto con la huida del ex
Presidente a la tierra de sus ancestros.
La gran cantidad de casos de presunta comisión de delitos de corrupción y la
magnitud de los mismos, superaron toda la imaginación y expectativa, al
descubrirse que se había montado al interior del gobierno, toda una
organización delictiva especializada, la misma que se valía de la estructura
del Estado para ejecutar cada uno de sus múltiples delitos; habiéndose
implementado en cada institución o sector económico productivo, un
mecanismo capaz de sustraer de la manera más descarada, la mayor
cantidad de fondos que les fuera posible. Lo que les habría valido para
amasar grandes fortunas que las mantenían convertidas en inmueble y
vehículos de lujo en el interior del país y en el extranjero, así como también
mantenían diversas cuentas millonarias en Bancos Extranjeros (Suiza,
Luxemburgo, Gran Caimán, Israel, etc). A la vez que se detectó que habrían
sido el Ex Presidente, el ex asesor y otros altos funcionarios quienes habrían
dirigido el tráfico internacional de armas y el tráfico ilícito de drogas.
Las actividades ilícitas que se detectaron fueron de tanta envergadura que
saturaron en gran medida la capacidad operativa de los organismos de
control, especialmente del Poder judicial y del Ministerio Público.
Como quiera que gran parte de los funcionarios del anterior Régimen de
Gobierno estaban involucrados en la comisión de distintos delitos, pero no
todos ellos habían tenido una igual participación o responsabilidad en los
mismos, fue necesaria la promulgación de una ley que garantice a los
funcionarios que quisieran colaborar con la Administración de justicia,
entregando información útil para las investigaciones, finalidad que vino a
cumplirla la Ley N° 27378, Iey de Beneficios por colaboración eficaz en el
ámbito de la Criminalidad Organizada. Igualmente, al producirse la huida
masiva de los presuntos autores de los delitos en cuestión, amparándose en
que no podían se intervenidos por las autoridades competentes, por no
existir un delito flagrante, se tuvo que promulgar la Ley N°27379, Ley para
adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en el marco de
investigaciones preliminares. Con estas normas y los demás dispositivos de
desarrollo de las mismas, recién se pudo llevar a cabo una real investigación
de los delitos de corrupción y conexos que masivamente habían sido
cometidos en el anterior régimen de gobierno.
Sin embargo, al haber resultado involucrados en estos delitos gran cantidad
de altos funcionarios del gobierno, quienes contaban -y cuentan- con la
prerrogativa del antejuicio constitucional, situación que constituía una
demora para el desarrollo de las investigaciones, toda vez que únicamente el
Congreso de la República resultaba competente para investigar a estos
funcionarios, al cabo de cuya investigación se podía concluir, de ser el caso,
con la respectiva Acusación Constitucional. Estas investigaciones se venían
especialmente dificultadas cuando se comprendía en las investigaciones a
funcionarios con prerrogativa de antejuicio y otros funcionarios o particulares
sin dicha prerrogativa. Ante esto se dictó la Ley N°27399, que facultaba a la
Fiscalía de la Nación para realizar investigaciones preliminares al
procedimiento de acusación constitucional, con lo que se superaron las
dificultades anotadas y se empezaron las investigaciones contra distintos
Ministros de Estado, Congresistas de la República, Magistrados Supremos,
etc.
De este modo, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder
judicial, la Procuraduría General y el Ministerio Público aunaron esfuerzos en
la lucha contra la corrupción, y vienen llevando a cabo de manera óptima la
investigación y procesamiento de los principales implicados en los delitos
anotados.