corrupcion en el perú

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INTRODUCCIÓN No se puede negar que el fenómeno de la corrupción ha existido, sobre todo, desde que los explotadores se apropian del producto de los trabajadores. Pero en el Perú, en los últimos años, ha alcanzado su máxima e insospechable expresión. Esto es debido a que los altos funcionarios de la administracióon pública, quienes deberían ser un ejemplo de honradez, son los primeros en delinquir. La corrupción se torna aún mas grave, cuando los miembros del Poder Judicial, aduciendo vacíos en las leyes procesales, permiten a los delincuentes que entren y salgan de las prisiones, como si fueran a sus casas a pernoctar una breve temporada. Además, hay el agravante que cuando se trata de delitos cometidos por servidores de niveles inferiores, como maestros y policías por ejemplo, los procesos de juzgamiento demoran una eternidad. En cambio, cuando se trata de rangos superiores, la justicia es muy ágil, y esta agilidad es acelerada, en razón directa de los altos cargos a los que pertenezcan los procesados.

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Page 1: corrupcion en el perú

INTRODUCCIÓN

No se puede negar que el fenómeno de la corrupción ha existido, sobre todo,

desde que los explotadores se apropian del producto de los trabajadores.

Pero en el Perú, en los últimos años, ha alcanzado su máxima e

insospechable expresión. Esto es debido a que los altos funcionarios de la

administracióon pública, quienes deberían ser un ejemplo de honradez, son

los primeros en delinquir. La corrupción se torna aún mas grave, cuando los

miembros del Poder Judicial, aduciendo vacíos en las leyes procesales,

permiten a los delincuentes que entren y salgan de las prisiones, como si

fueran a sus casas a pernoctar una breve temporada.

Además, hay el agravante que cuando se trata de delitos cometidos por

servidores de niveles inferiores, como maestros y policías por ejemplo, los

procesos de juzgamiento demoran una eternidad. En cambio, cuando se

trata de rangos superiores, la justicia es muy ágil, y esta agilidad es

acelerada, en razón directa de los altos cargos a los que pertenezcan los

procesados.

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CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PERU.

Recursos extraordinarios obtenidos por las privatizaciones y el narcotráfico,

el avasallamiento de las instituciones de control y la complicidad de actores

económicos fueron los factores que posibilitaron el nivel de corrupción que

vivimos en la década pasada.

Desde muy antiguo, los peruanos somos tolerantes ante una amplia

variedad de actos corruptos, por los cuales la autoridad se beneficia de

bienes y recursos públicos. Esa costumbre no empezó con Alberto Fujimori

sino que tiene hondas raíces en nuestra historia. Esa tolerancia es una

forma de la complacencia ante una práctica habitual de los gobernantes,

quienes frecuentemente consideran la hacienda pública como dominio

personal. La posibilidad de que a uno mismo o a algún pariente o amigo le

toque participar de la condición de autoridad provoca esa complacencia, que

solamente es una forma del deseo. Los peruanos gozamos de una

normalidad muy singular, expresada en la máxima "que robe pero que

haga". Esa expresión acepta como hecho consumado que la autoridad

robará, aspirando escasamente a que el hurto no sea total, sino que además

se realice alguna obra.

PRIVATIZACIÓN Y NARCOTRÁFICO

Durante la década del noventa, dos factores hicieron que ese hábito llegase

al paroxismo. En primer lugar, hubo recursos extraordinarios en manos del

Estado fruto del proceso de privatizaciones. Como se ha establecido en

diversos estudios, las privatizaciones devengaron 9221 millones de dólares.

Ese dinero era fruto de la venta de los activos del Estado, obviamente

ingresaba solo por una vez y fue dilapidado completamente en vez de usado

prudentemente para el desarrollo nacional. Hoy en día quedan apenas 543

millones de dólares, y el resto se ha evaporado en diversas compras inútiles,

concretadas solamente por interés en la coima.

Adicionalmente, es preciso añadir que el narcotráfico constituyó una

segunda fuente de recursos extraordinarios. En efecto, durante los noventa

Page 3: corrupcion en el perú

los tentáculos de las drogas penetraron en el Estado, siguiendo un camino

que había sido establecido durante la década anterior. Las cifras no han sido

precisadas, porque la cuantificación es muy compleja. No se sabe a cuánto

asciende, pero es indudable que su aporte fue significativo en la formación

de una bolsa que hizo más interesantes las operaciones de corrupción de los

noventa.

EL DESMONTAJE DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Por otro lado, la segunda condición del proceso de corrupción fue el

autogolpe del 5 de abril de 1992. En ese momento se reunió la condición

política que operó como el gatillo que disparó la corrupción. Esta ya había

comenzado para aquel entonces, como lo muestran los casos de la ropa

usada y el transporte del dinero al exterior siguiendo la estrategia de la

hormiga. Pero el 5 de abril fue clave, porque un grupo decidido a robar se

apoderó de la nave del Estado, estimulado por esos ingresos

extraordinarios.

Una de las actividades cruciales de ese grupo fue el desmontaje de las

instituciones de control y fiscalización. El caso más notable fue la Contraloría

General de la República (CGR). Esta institución fue reorganizada,

disminuyéndose notablemente su capacidad de actuación, restándole

atributos legales y nombrándose como nuevo contralor a Víctor Caso Lay,

quien comandó la institución hasta el año 2000.

La CGR es una institución de escasa visibilidad y de segundo orden dentro

del aparato del Estado peruano. Pero es una institución fundamental en el

tema de la corrupción. Si la CGR funcionara bien, la corrupción disminuiría

en forma considerable. Su misión es auditar las operaciones económicas de

todas las reparticiones públicas. En algunos países vecinos las instituciones

similares a la CGR han logrado que las operaciones económicas públicas

funcionen con un elevado grado de racionalidad y de eficiencia burocrática.

Por lo demás, la CGR dispone de una oficina de auditoría interna en cada

repartición pública. Es decir, además del personal permanente de la CGR,

esta institución tiene representantes repartidos por todo el tramado

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institucional del Estado, constituyendo una red encargada de evitar la

corrupción.

Esta institución fue puesta de cabeza por el fujimorismo. Por un lado, sus

acciones sirvieron para darle legalidad a un conjunto de operaciones

corruptas que estaban en curso. Por ejemplo, la Contraloría legalizó las

fraudulentas compras de armamento chatarra que adquirieron las Fuerzas

Armadas. Pero, por otro lado, la CGR revisó minuciosamente las cuentas de

las escasas instituciones públicas que dirigía la oposición democrática al

régimen. Así, las dos terceras partes de las acciones de la CGR durante el

lapso 1993-2000 estuvieron dirigidas a fiscalizar a los municipios. No

obstante que los gobiernos locales apenas manejan el 3,5 por ciento del

presupuesto, ellos fueron el objeto de la mayor parte de las acciones de

fiscalización. Así, la CGR fue empleada como escudo para proteger a los

corruptos y, paralelamente, como lanza para hostigar a los adversarios del

régimen.

Otra institución crucial de control es la SUNAT, que fue reorganizada y

modernizada en un primer momento, llegando a adquirir un elevado prestigio

institucional. Sin embargo, más adelante sufrió un agudo desgaste ético. Así,

la SUNAT implementó el sistema denominado RUC sensible que estaba

destinado a proteger del escrutinio público las comprometedoras

declaraciones de importantes personajes del Estado, empezando por

Vladimiro Montesinos. Por otro lado, la SUNAT hostigaba adversarios del

régimen a través de la policía tributaria.

MILITARES, AMIGOS Y BANQUEROS

Esta degeneración institucional era necesaria para que el grupo corrupto que

se había apoderado del aparato del Estado pudiera delinquir como había

sido su propósito desde el primer momento. Ese grupo estaba integrado por

tres componentes principales, que interactuaron para darle estabilidad al

proyecto golpista. Por un lado se hallaban los altos mandos militares

encabezados por Nicolás Hermoza Ríos y el mismo Vladimiro Montesinos.

La lucha contra Sendero había obligado a estabilizar la cúpula militar y la

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Comandancia General recayó en Hermoza, que controló el poder militar

desde 1991 hasta su remoción en 1998. Por otro lado, el enfrentamiento

interno también promovió a los servicios de inteligencia que proyectaron su

control sobre la sociedad peruana. Estos procesos habían comenzado

durante los ochenta, cuando se había avanzado bastante en la militarización

del país.

Sin embargo, en 1995 se perdió una guerra convencional con el Ecuador,

que eligió bien el terreno de lucha y la táctica militar. Debido a ello, y como

las tensiones aumentaban, entre 1995 y 1998 se sucedió un proceso

monumental de adquisiciones de material de guerra, hasta constituir las

mayores compras relativas de la historia nacional. Todos esos gastos fueron

inconvenientes porque se compró chatarra, habiendo sido la coima el factor

fundamental en la toma de decisión sobre proveedor y bien final. Así se

consumieron 1885 millones de dólares, y su resultado son esos aviones que

se caen y las grandes cuentas en el extranjero de Hermoza y su séquito.

LA CONEXIÓN CHINA

En segundo lugar se encontraba el círculo íntimo del Presidente, integrado

por allegados de diversa procedencia. Entre otros integrantes de este

exclusivo grupo destacó Víctor Joy Way, quien fuera congresista y ministro

en diversas carteras. Él tenía una empresa de importaciones de productos

provenientes de la China, que trajo bienes por un valor de 330 millones de

dólares. Gracias a sus contactos políticos, esa compañía colocó sus

productos en el Estado. Prácticamente ninguno fue útil. El ejemplo más

ilustrativo es la importación de tractores muy ligeros diseñados para

praderas. Puestos en el exigente y quebrado terreno peruano se malograron

al cabo de un tiempo y no volvieron a funcionar.

La operación más espectacular de Joy Way fue la compra de medicinas

chinas, una vez más muy baratas, aunque al borde del vencimiento. Cuando

estas eran repartidas muchas veces estaban vencidas. Así, no dudó en jugar

con la salud de las mayorías para seguir aumentando la supuesta eficiencia

de su compañía especializada en comprar inservibles baratos. Sus

Page 6: corrupcion en el perú

ganancias fueron considerables, pues sus cuentas en el exterior se cifran en

decenas de millones de dólares.

El tercer grupo es mucho más complejo, ya que está integrado por individuos

pertenecientes a la clase alta de siempre. Ellos han estado fuera del Estado

haciendo muy buenos negocios en este festín que fue reventarse el dinero

extra proveniente de las privatizaciones. Pero, asimismo, han tenido cuadros

orgánicos dentro del Estado como por ejemplo el ministro Jorge Camet,

quien estuvo más de cinco años al frente del crucial Ministerio de Economía.

Al dejar el ministerio Camet se ha incorporado al directorio del Banco de

Crédito y al de Telefónica, evidenciando los intereses que sirvió durante su

larga permanencia en el poder.

LOS GRUPOS FINANCIEROS

Tanto Dionisio Romero cuanto Eugenio Bertini han sido vistos en diversos

vladivideos negociando ventajas empresariales a cambio de servicios

políticos. Por ejemplo, Romero negocia con Montesinos, quien será

nombrado administrador judicial de la empresa Hayduk, que tenía fuertes

deudas con el Banco de Crédito y graves acusaciones de narcotráfico. Por

otro lado, después de verse favorecido con la privatización de Matarani, en

reunión con la cúpula militar, Romero consiente publicar en el diario Expreso

declaraciones de apoyo a la segunda reelección.

Por su lado, Bertini negoció toda la transferencia de la propiedad del

segundo banco nacional de la familia Wiese hacia la banca italiana. Esta

operación requirió una presencia fuerte del Estado, porque los italianos no

entraban a menos que el gobierno avalase la cartera pesada del Wiese. Esta

operación se concretó y luego Vladimiro le exigió a Bertini préstamos

extraordinarios para los canales de televisión comprometidos con la

campaña por la segunda reelección.

Es un hecho muy revelador que tanto el primer cuanto el segundo grupo

financiero nacional negocien con Montesinos ventajas al margen del sistema

legal. Muestra, por un lado, cuán involucrada estuvo la elite económica con

el fujimorismo. Por otro, constituye un ejemplo de la naturaleza rentista de su

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actividad económica. Entre los integrantes del poder económico, la

competencia empresarial no se resuelve por productividad sino a través de

un arreglo político bajo la mesa y violentando el marco legal.

LA CORRUPCIÓN ES EL PRINCIPAL FRENO AL DESARROLLO DEL

PERÚ

El 80% de los peruanos califica de corrupto o muy corrupto al país. Desconfían del

Congreso y de la PNP, pero creen en la defensoría

La corrupción es el principal problema que enfrenta el país. Así lo considera

más de la mitad del país (51%), según la Sexta Encuesta Nacional sobre

Corrupción de Pro Ética, elaborada por Ipsos Apoyo. Esta percepción ha

ido aumentando significativamente con el paso de los años, pues en el 2003

llegaba a 25%.

El 56% considera, además, que la corrupción de funcionarios y autoridades

son el principal factor que impide el desarrollo del país.

Asimismo, la delincuencia (41%), el desempleo (39%) y el consumo de

drogas (36%) continúan siendo un problema para la población, aunque en

menor medida que otros años. La pobreza, en cambio, lo es en menor

proporción. Este año el 35% de peruanos considera que la pobreza es uno

de los tres principales problemas del país, frente a un 51% del 2008.

Page 8: corrupcion en el perú

CONFIANZA EN INSTITUCIONES

¿Cuáles son las instituciones que los peruanos califican de más corruptas?

El Congreso (46%), la policía (45%)y el Poder Judicial (38%), aunque esta

percepción ha disminuido con respecto a la de hace dos años.

El caso del Poder Judicial es el más llamativo, pues de ser considerada la

institución más corrupta por el 61% de peruanos en el 2008, este año ha

disminuido en 23 puntos.

Sin embargo, al medir el grado de corrupción en las instituciones, el 74%

señala que el Parlamento es una institución muy corrupta o corrupta, delante

del Poder Judicial ( 70%).

Más de la mitad de la población confía, más bien, en la Defensoría del

Pueblo (53%) para luchar contra la corrupción. El 39% cree en la Iglesia

Católica y el 20% en la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, casi un tercio del

país no confía en ninguna institución.

¿QUÉ NOS ESPERA?

El 80% de los encuestados considera que el Perú es un país muy corrupto o

corrupto, apenas 2% menos que en el 2008. El 18% cree que es un país

poco corrupto. Frente a este escenario, preocupa que el 39% opine que

dentro de cinco años la corrupción habrá aumentado y que el 38% diga que

seguirá igual.

Y es que más de un tercio del país piensa que el actual Gobierno tiene

interés en luchar contra este flagelo (33%), mientras que el 14% cree que

está muy desinteresado. La mayoría piensa, además, que el Gobierno no

tiene liderazgo en esta lucha (76%) y que no actúa de manera adecuada

(82%) ni eficiente (83%).Los peruanos consideran que para combatir la

corrupción, el Gobierno debe botar a los malos elementos (54%) y

encarcelar a los corruptos (43%).

Corrupción del gobierno de Fujimori

Las investigaciones de la Contraloría y los movimientos bancarios realizados

a solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Fujimori- Montesinos han

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corroborado que la ex primera dama de la nación y hoy, lamentable lideresa

del fujimorismo, tiene una investigación pendiente. Los montos gastados por

Fujimori en la educación de sus hijos están comprendidos en el desbalance

patrimonial que encontró la Contraloría General de la República, cuyas

conclusiones fueron entregadas al Poder Judicial. De acuerdo con la

Contraloría, durante su gobierno (1990- 2000) Fujimori malversó fondos del

Estado y se apropió ilícitamente de 916 millones 67 mil 191 soles. Suma

respetable de la cual pagó la educación de sus hijas.

Las denuncias de un narcotraficante que aseguró haberle pagado durante

dos años US$ 50,000 dólares mensuales al asesor presidencial Vladimiro

Montesinos, a fin de que evitara que los militares o policías le impidieran el

tráfico de drogas tampoco fueron investigadas, ni por el congreso, ni por

ninguna autoridad judicial en el Perú.

En octubre de 1998 la fiscal Juana Cordova y su esposo fueron sorprendidos

recibiendo US$ 7,000 de un acusado de narcotráfico. El Juez de la Corte

Suprema César Tineo, adulteró una sentencia, para favorecer a una

empresa privada con un cobro ilegítimo al estado de US$ 43 millones de

dólares. Otros miembros de la Corte Suprema declararon que firmaron la

mencionada sentencia sin haberlo leído previamente!. De esa forma,

Fujimori y sus allegados podían tener bajo su control a varios miembros de

la Corte Suprema del Perú. Sólo la valiente denuncia de la oposición

parlamentaria logró que a fines de 1998 se destituyera al juez César Tineo y

se le abriera un juicio.

En diciembre de 1998 el juez de la Corte de Cerro de Pasco, Alfredo

Granados fue sorprendido por la policía con los US$ 3,000.00 que recibió de

una empresa minera para favorecerle en una sentencia. Igualmente, el Juez

de la Corte Superior de Lima, Pablo Rojas, fue sorprendido recibiendo la

suma de US$ 2,000.00 dólares que le entregó el intermediario de un

narcotraficante. Así como estos casos, podemos mencionar más de 400

casos de corrupción de jueces y fiscales entre 1995 y 1999. Ante esta

situación el congresista oficialista Carlos Ferrero reconoció que "la voceada

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Reforma del Poder Judicial ha fracasado, ya que los niveles de corrupción

son ahora mayores que nunca".

Destrucción del Estado de Derecho en el Perú: En su aventura totalitaria

el presidente Fujimori aniquiló al Tribunal Constitucional, a fin de evitar que

sus aspiraciones de reelección presidencial fueran rechazadas por este

órgano supremo del Poder judicial en el Perú, que se atrevió a emitir un

dictamen contrario al que Fujimori y sus aliados esperaban. Enseguida

Fujimori, al margen de lo que manda la Constitución, creó organismos

fantasmas, carentes de sustento constitucional, ("Comisiones Ejecutivas") a

fin de despojarle de sus funciones y someter bajo su autoridad a los

Tribunales de Justicia y a la Fiscalía de la Nación, colocando a sus amigos

en los cargos de dirección.

Corrupción en la gestión de Alan Garcia

La crisis se vio agravada por la corrupción

generalizada practicada por todas las

instancias del gobierno, que llevó a niveles

muy altos y que dejó exangüe a la caja

fiscal (las reservas monetarias en 1990 se

habían reducido a $8 millones) y llevó al

colapso de los servicios públicos (cuya

expresión más evidente fueron los

continuos cortes del servicio eléctrico). Si

bien García fue acusado de múltiples y

graves cargos de corrupción durante su

gobierno y el siguiente (vinculados a narcotráfico, sobornos, malversación de

fondos, lavado de dinero e involucramiento en negocios turbios) las

denuncias no consiguieron prosperar debido al control y peso político que el

Partido Aprísta poseía en el Congreso, siendo finalmente la mayoría

archivadas sin llegar a veredicto alguno condenándolo o absolviéndolo.

Alan García tiene cuentas pendientes con la justicia sobre diversos casos: la

coima que recibió de los italianos que construyeron el Tren Eléctrico; el

Page 11: corrupcion en el perú

depósito de parte de nuestras reservas internacionales en el banco BCCI,

entidad dedicada a lavar dinero del narcotráfico; el negociado de los dólares

MUC y su amigo Zanatti; así como las oscuras operaciones de compra de

los aviones Mirage 2000.

Recordemos lo sucedió durante el inicio del gobierno fujimorista. Los

parlamentarios de cambio 90, siguiendo ordenes de su líder, se unieron a los

apristas en las votaciones decisivas para NO lograr denunciar

constitucionalmente al ex presidente García. Gracias a Fujimori, García

consiguió librarse de un juicio justo y necesario.

Los audios de la corrupción apristaEn esta grabación hablan de

“negocios” Rómulo León Alegría,

aprista y ex ministro de Alan

García y Alberto Químper, director

de Perupetro. La conversación es

para arreglar un soborno en una

licitación para favorecer a Discover

Petroleum, una empresa Noruega

afincada en Perú. La grabación fue

realizada clandestinamente en el mes de febrero y septiembre este año, y

fueron publicadas por un canal de televisión del país (Cuarto Poder). Alan

García Pérez, ha intentado sacar el cuerpo de este hecho de corrupción,

pero la cosa no les resulta tan fácil, observando la corrupción general en la

administración del Estado.

Caso: Jennifer Picón

En la madrugada del 5 de marzo del 2008 la estudiante peruana Jennifer

Picón Vizconde de 19 años fue asesinada por una conductora ebria en una

de las principales avenidas de Lima, cuando cambiaba las llantas de su auto

con la ayuda de su hermana Johanna y de su amigo Juan Carlos Osores.

La autora del crimen, María Paz Martínez Véliz, de 23 años, se dió a la fuga

pero fue detenida minutos después por la policía municipal que comprobó

Page 12: corrupcion en el perú

que ella tenía en su sangre 3 veces el nivel de alcohol permitido por las

leyes peruanas y además carecía de licencia de conducir. En su auto se

encontraron huellas del crimen, incluyendo cabellos de la víctima. Días

después Martínez Véliz fue recluida en una cárcel de Lima por más de un

mes, pero luego fue trasladada a un hospital alegando problemas de salud,

en donde incluso celebro su cumpleaños. Luego ha sido liberada y absuelta

de sus crímenes, por una juez provisional que casualmente tiene su mismo

nombre. La juez María Martínez Gutierrez no ha querido responder a la

prensa acerca de los motivos de su desafortunada decisión, y el hermano y

abogado de María Paz tampoco ha querido justificar este escandaloso

veredicto. De haberse respetado las leyes peruanas, María Paz Martínez

debería haber cumplido una pena de 12 años de cárcel por los delitos de

homicidio y lesiones graves culposas, delito de peligro común por conducir

en estado de ebriedad y delito contra la función jurisdiccional por fugar del

lugar del hecho.

A pesar que las pruebas presentadas por la policía local demuestran la

culpabilidad de María Paz Martínez, ella ha sido liberada. La decisión de la

juez Martínez Gutiérrez no solo ha empeorado la desgracia de los familiares

de Jennifer Picón Vizconde, sino que ha dejado un peligroso precedente

para que otros casos de corrupción de este tipo sigan ocurriendo en Perú.

Soluciones para la lucha contra la corrupción

Desde hace no muchos años, se han venido planteando diversas soluciones

para el grave problema de la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo,

estas soluciones sólo involucran a la institución, dejando de lado la

participación ciudadana. En las siguientes líneas, propondremos algunas

soluciones de orden político, ético y social.

El ex presidente del Poder Judicial, Hugo Sivina durante su pasada gestión,

planteó una reestructuración de los órganos de Gobierno. La primera medida

que promueve a estos para que posean mayor capacidad de gobierno y con

capacidad de gestión pues, como ya lo habíamos mencionado, este poder

del Estado es vulnerable a los continuos de la política nacional. También,

Page 13: corrupcion en el perú

plantea que debe reestructurarse los órganos de control intraorgánicos, ya

que estos deben elevar su eficiencia para promover y difundir los valores

éticos, así como también sancionar los actos de corrupción.

Además, plantea tres acciones en materia de política anticorrupción. La

primera se refiere a la prevención, para la cual propone la creación de un

Consejo Nacional y Consejos Distritales de Promoción de la Ética Judicial.

La segunda acción es que exista un control concurrente para que todos los

organismos controlen la corrupción. Finalmente, se propone un control

posterior con la generación de una unidad de investigación patrimonial para

saber si existe una correcta relación entre el sueldo de los jueces y su

patrimonio.

Por otro lado, la ciudadanía debería organizarse y crear movimientos de

vigilancia especializada contra la corrupción. En primer lugar, se debe

fomentar espacios de concentración entre las organizaciones ciudadanas y

las instituciones públicas responsables de la lucha anticorrupción, lo cual

daría más fuera a las organizaciones ciudadanas. En segundo lugar, se

debe garantizar el acceso a una información oportuna, clara y transparente;

asimismo, se debe capacitar a los funcionarios públicos para responder a los

requerimientos de información. Finalmente, debe promover a través de los

medios de comunicación el ejercicio de derechos ciudadanos y la

organización contra la corrupción (MINISTERIO DE JUSTICIA 2001: 51-54).

Sin embargo, esta trascendente tarea debe ser impulsada y orientada, de

manera tal que no sea una preocupación pasajera, sino que llegue hasta lo

más profundo de la conciencia ciudadana.

En conclusión, para que existe aun buen desempeño en la lucha contra la

corrupción, no solo debe existir una reforma política y ética preventiva, sino

también la población debe contribuir a esta causa que perjudica a todos los

peruanos. Además, debemos ser conscientes de que no solo existe un

corrupto sino también un corruptor.

Page 14: corrupcion en el perú

Las nefastas consecuencias que trae la corrupción

El Perú está siendo afectado por ciertos problemas, de los cuales los

principales son la pobreza, el desempleo, la delincuencia y –el problema que

tocaremos – la corrupción. Aunque este es el cuarto en la lista de los

problemas en el país, es también el primero en la lista de problemas del

Estado, como corrupción de funcionarios y autoridades; por ende, el Poder

Judicial es el más corrupto entre los poderes del Estado. Como se menciona

en el primer artículo, este problema tiene varios orígenes, pues traen sus

respectivas consecuencias. En el texto analizaremos los efectos

ocasionados por la corrupción y cómo esos afectan a nuestro país en ciertos

ámbitos.

Una de las consecuencias más sobresalientes en el tema es lo relacionado a

las consecuencias sociales. La incredibilidad y la desconfianza de las

personas hacia el Poder Judicial se debe a que los jueces han perdido sus

valores (comentan que el sueldo que reciben no es suficiente para el trabajo

que realizan) y los guía hacia la corrupción. Los jueces se enriquecen

ilícitamente favoreciendo a cierto grupo con economía estable o fija (entre

los cuales se encuentran empresarios, políticos, congresistas y, también, se

cubren las espaldas; es decir, cuando se denuncia a un juez, otro juez lo

“salva”). A su vez, casi nunca o pocas veces se encuentran jueces que no

son corruptos. Esta corrupción se ha manifestado cuando se verifica que los

jueces tienen propiedades y materiales cuyo costo sobrepasa lo ganado

justamente. Afecta también entre los distintos grupos sociales, pues genera

conflictos entre quienes tienen poder económico y son favorecidos por

jueces corruptos, y quienes no lo tienen y no reciben justicia. Un ejemplo de

esto podría ser las relaciones de las empresas mineras y las comunidades.

Los jueces en su mayoría apoyan a estas empresas y marginan a las

comunidades de la sociedad.

Otra de las consecuencias que trae la corrupción son las de ámbito

económico. La corrupción en el Poder Judicial trae como otra consecuencia

la falta de inversión de capital nacional y extranjero por organizaciones

privadas en nuestro país. Tal como ocurrió hace algunos años con la

Page 15: corrupcion en el perú

empresa “Bavaria”; esta empresa fue beneficiada por un juez, y este juez, a

su vez recibió dinero, hecho que más adelante salió a la luz. Esta fue una

noticia que causó escándalo debido a la cual, muchas empresas que tenían

en sus planes invertir en el Perú se abstuvieron debido a la excesiva

corrupción. El enriquecimiento ilícito de los jueces es una evidencia de la

corrupción debido a los “favores judiciales” otorgados por los jueces.

En síntesis, los efectos que ocasiona la corrupción en estos ámbitos nos ha

influenciado para estudiar y analizar como la corrupción pudre a uno de

nuestros poderes del Estado, el Poder Judicial, exponiendo las

consecuencias más sobresalientes, las cuales nos dan una mala imagen

ante otros países.

FORTALECER LA TRADICIÓN ANTICORRUPCIÓN

Sin embargo, la corrupción es susceptible de ser enfrentada y derrotada. En

el Perú no solamente existe una tradición en este terreno. Por el contrario,

debido precisamente a la extensión del mal, se halla presente una segunda

tradición que hace de las manos limpias su razón de ser. Esa tradición es

tan antigua como la otra y siempre ha pretendido enderezar la

administración pública. Este no es solamente el país de Montesinos y

Fujimori; es también el país de Manuel González Prada y Gustavo Gutiérrez.

Este es un país donde hay una lucha abierta, que en otras latitudes ya se

zanjó hace mucho tiempo. Entre nosotros ese combate aún no ha terminado.

Pero existe multitud de personas interesadas en terminar con la corrupción.

A quienes como nosotros nos ha tocado investigar los latrocinios del

fujimorismo, también nos corresponde acompañar ese sentimiento para

proyectar una corriente que imponga, por fin, el buen gobierno en el país.

La corrupción sólo se podrá erradicar, aplicando estrictas y severas

sanciones a los delitos cometidos en el ejercicio de la administración pública,

cualquiera sea su nivel o categoría, desde modestos barredores, hasta el

Presidente de la República, pasando por los congresistas y sobre todo, el

Poder Judicial. El Movimiento Político Alternativa, de llegar al poder, pondrá

en práctica las siguientes medidas anti-corrupción :

Page 16: corrupcion en el perú

El nepotismo será un delito castigado severamente.

Las cuentas bancarias serán públicas durante todo el tiempo de ejercicio

del servidor.

No habrá cárceles doradas.

Se creará el galardón nacional a la Honradez, para los servidores que lo

merezcan sin distinción de nivel ni de rango.

Para alcanzar estos objetivos, el Movimiento Político Alternativa hace un

llamado a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad, a la reserva de

ciudadanos honrados y honestos que aún queda, a adherirse a esta cruzada

de honradez que el pueblo peruano se merece.

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Lo que debe primar en la lucha contra la corrupción son los mecanismos de

prevención, que se identifican con:

1°. Educación ciudadana, que produzca el rechazo general a la

corrupción y la identifique como un problema que afecta a todos.

2°. Fortalecimiento de la democracia participativa, puesto que la

participación de los ciudadanos en las decisiones de las autoridades y

el control de los ciudadanos sobre las instituciones dificulta o

imposibilita la producción y el desarrollo de la corrupción,

3°. Vigilancia ciudadana efectiva, para lo cual se deben establecer

adecuados mecanismos que más allá de ser meras declaraciones,

proporcionen efectivamente al ciudadano corriente mecanismos para

identificar, denunciar y perseguir los actos de corrupción.

4°. Expedición de leyes que de manera real prevengan la comisión de

delitos, para lo cual se deberán revisar las normas sobre control de

gestión de los recursos públicos.

5°. Creación de entidades que estudien y hagan efectivas las estrategias

para prevenir la corrupción.

Page 17: corrupcion en el perú

De conformidad con el carácter de ultima ratio del derecho penal, éste

sólo debe intervenir cuando se ha comprobado la insuficiencia de las

otros instrumentos de control social legalmente aceptables.

El derecho penal definirá y sancionará los comportamientos que

considere como delitos.

Sin embargo, no basta con tipificar las conductas lesivas al interés

colectivo o general en el Código Penal, más aún si se trata de delitos

relacionados con la corrupción. Puesto que, si además de ello, no se

brindan los recursos necesarios a las autoridades encargadas de su

persecución y se desarrolla una estrategia de investigación

sistemática y de amplio espectro, los tipos penales y la lucha contra la

corrupción no tendrán mayor efecto, y la respuesta frente al fenómeno

de corrupción podrá verse obstaculizada.

EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN EL PERÚ

A comienzos de la presente década se evidenció la existencia de una

organización delictiva incrustada al interior del poder estatal durante casi

todo el curso de la década pasada y que estaba integrada por los más altos

funcionarios del gobierno como el Presidente de la República, los Ministros

de Estado, los Congresistas de la República, los Oficiales y Generales de las

Fuerzas Armadas y los Magistrados del Poder Judicial y el Ministerio

Público, entre otros; además de otros funcionarios, civiles y militares de

menor jerarquía. Estos malos funcionarios, se valieron de los bienes,

servicios y recursos públicos para fines políticos y beneficios personales

propios o de terceros.

RESPUESTA FRENTE EL FENÓMENO DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

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Ante la presencia de dicho fenómeno, inusual en la historia judicial peruana,

el Poder Judicial, tal como lo hicieron el Ministerio de Justicia con la

implementación de una Procuraduría Pública Ad — 1-loe Anticorrupción y el

Ministerio Público con la creación de fiscalías provinciales penales

especializadas y una fiscalía superior del mismo tipo, diseñó una estructura

sub - especializada que comprendió la creación de seis (06) Juzgados

Penales Especiales y una Sala Penal Especial, con la finalidad de que se

encarguen de la investigación y juzgamiento de los procesos instaurados y

por instaurarse contra Vladimiro Montesinos Torres y los demás personajes

y hechos conexos. Posteriormente, se han creado cinco (05) Salas Penales

Especiales adicionales, atendiendo a que en los dos últimos años la carga

procesal se concentré a nivel de segunda instancia donde se llevan a cabo

los juicios orales.

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR a PERÚ EN LA LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN A PARTIR DEL AÑO 2000

Luego de la caída del corrupto régimen de gobierno presidido por Alberto

Fujimori Fujimori y secundado por su inefable asesor presidencial Vladimiro

Montesinos Torres, se presentaron las condiciones para emprender la lucha

contra los delitos de corrupción y demás delitos conexos, que constituía el

clamor popular o una de las principales exigencias de la ciudadanía.

Para ello se tuvo que liberar a cada una de las instituciones y organismos de

Fiscalización y Control, del dominio y sometimiento voluntario o impuesto por

parte del Poder Ejecutivo dirigido por el Ex Presidente Fujimori. Es así que

se lograron desactivar las Comisiones Ejecutivas del Poder judicial y del

Ministerio Público que en representación del Poder Ejecutivo venían

dirigiendo a ambas Instituciones. Asimismo, se nombró un nuevo Contralor

General de la República y se nombró un Procurador Ad-Hoc, con el objetivo

específico de perseguir e investigar los delitos cometidos al interior del

régimen de gobierno, los cuales quedaron al descubierto con la huida del ex

Presidente a la tierra de sus ancestros.

Page 19: corrupcion en el perú

La gran cantidad de casos de presunta comisión de delitos de corrupción y la

magnitud de los mismos, superaron toda la imaginación y expectativa, al

descubrirse que se había montado al interior del gobierno, toda una

organización delictiva especializada, la misma que se valía de la estructura

del Estado para ejecutar cada uno de sus múltiples delitos; habiéndose

implementado en cada institución o sector económico productivo, un

mecanismo capaz de sustraer de la manera más descarada, la mayor

cantidad de fondos que les fuera posible. Lo que les habría valido para

amasar grandes fortunas que las mantenían convertidas en inmueble y

vehículos de lujo en el interior del país y en el extranjero, así como también

mantenían diversas cuentas millonarias en Bancos Extranjeros (Suiza,

Luxemburgo, Gran Caimán, Israel, etc). A la vez que se detectó que habrían

sido el Ex Presidente, el ex asesor y otros altos funcionarios quienes habrían

dirigido el tráfico internacional de armas y el tráfico ilícito de drogas.

Las actividades ilícitas que se detectaron fueron de tanta envergadura que

saturaron en gran medida la capacidad operativa de los organismos de

control, especialmente del Poder judicial y del Ministerio Público.

Como quiera que gran parte de los funcionarios del anterior Régimen de

Gobierno estaban involucrados en la comisión de distintos delitos, pero no

todos ellos habían tenido una igual participación o responsabilidad en los

mismos, fue necesaria la promulgación de una ley que garantice a los

funcionarios que quisieran colaborar con la Administración de justicia,

entregando información útil para las investigaciones, finalidad que vino a

cumplirla la Ley N° 27378, Iey de Beneficios por colaboración eficaz en el

ámbito de la Criminalidad Organizada. Igualmente, al producirse la huida

masiva de los presuntos autores de los delitos en cuestión, amparándose en

que no podían se intervenidos por las autoridades competentes, por no

existir un delito flagrante, se tuvo que promulgar la Ley N°27379, Ley para

adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en el marco de

investigaciones preliminares. Con estas normas y los demás dispositivos de

desarrollo de las mismas, recién se pudo llevar a cabo una real investigación

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de los delitos de corrupción y conexos que masivamente habían sido

cometidos en el anterior régimen de gobierno.

Sin embargo, al haber resultado involucrados en estos delitos gran cantidad

de altos funcionarios del gobierno, quienes contaban -y cuentan- con la

prerrogativa del antejuicio constitucional, situación que constituía una

demora para el desarrollo de las investigaciones, toda vez que únicamente el

Congreso de la República resultaba competente para investigar a estos

funcionarios, al cabo de cuya investigación se podía concluir, de ser el caso,

con la respectiva Acusación Constitucional. Estas investigaciones se venían

especialmente dificultadas cuando se comprendía en las investigaciones a

funcionarios con prerrogativa de antejuicio y otros funcionarios o particulares

sin dicha prerrogativa. Ante esto se dictó la Ley N°27399, que facultaba a la

Fiscalía de la Nación para realizar investigaciones preliminares al

procedimiento de acusación constitucional, con lo que se superaron las

dificultades anotadas y se empezaron las investigaciones contra distintos

Ministros de Estado, Congresistas de la República, Magistrados Supremos,

etc.

De este modo, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder

judicial, la Procuraduría General y el Ministerio Público aunaron esfuerzos en

la lucha contra la corrupción, y vienen llevando a cabo de manera óptima la

investigación y procesamiento de los principales implicados en los delitos

anotados.