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MAYO 2017 • AÑO I • N° 1

REPORTELA CORRUPCIÓN

EN EL PERÚ

EN EL PERÚ

RADIOGRAFÍA CORRUPCIÓNDE LA

La Defensoría del Pueblo combate la corrupción desde un enfoque de atención de los derechos fundamentales. En su misión de protección ciudadana, y para reforzar su línea de acción en la ética pública, ha creado la nueva Adjuntía de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado (Adjuntía Anticorrupción).

EN EL PERÚ

RADIOGRAFÍA CORRUPCIÓNDE LA

REPORTELA CORRUPCIÓNEN EL PERÚ

Sumario

El rol de la Defensoría del Pueblo en la lucha contrala corrupción

La corrupción en cifras

Fraude a la ley: la IIRSA Sur y una exoneración sin justificación

Derecho de acceso a la información: evaluación de los portales de transparencia

La planificación de la política anticorrupción en el Estado

Propuestas presentadas por la Defensoría del Pueblo en la lucha contra la corrupción

Desacumular procesos para acumular impunidad

6 1426

27 29 33

37

918

Mapa de la corrupciónAlgunos casos de corrupción en las regiones

La corrupción al detalle: las investigaciones sobre empresas constructoras brasileñasRelación de casos en las procuraduríasAlertas de corrupción en la Contraloría

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RADIOGRAFÍA DE LACORRUPCIÓN EN EL PERÚReporte de corrupción N° 1Mayo, 2017

PRÓLOGO

La corrupción tiene mil rostros, mil caminos, mil trucos y miles de cómplices para acceder a los fondos públicos, perpetrar sus actos y escapar con impunidad. La gran corrupción es el abuso del poder público en las instancias más elevadas del Estado para obtener ganancias indebidas. La corrupción de nuestro tiempo, globalizada y en contubernio con el sector pri-vado se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabi-

lidad, en la medida que su accionar afecta los derechos humanos de millones de personas. Hace unos años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo

expresó con contundencia: “La corrupción mata […]. El dinero que se roba anualmente a través de la corrupción alcanzaría para alimentar a los hambrientos del mundo 80 veces […]”.

En el Perú se estima que por corrupción se pierden más de doce mil millones de soles al año, dinero que serviría para alimentar largamente a todos los pobres del país. “La corrupción les niega su derecho a la alimentación y, en algunos casos, su derecho a vivir”, concluye el Alto Comisionado de la ONU. Así, la corrupción tiene costos altísimos en derechos y consecuencias enormes que ninguna sociedad puede soportar indefinidamente.

Los acontecimientos revelados en los últimos meses nos sumergen de nuevo en nuestra reali-dad. La corrupción que tenemos, que nos asalta, no viene solo del Brasil, ni es solo pública, ni tampo-co es reciente. Es una lacra que hace mucho se ha institucionalizado, echando raíces profundas en todas las instancias del aparato estatal. Para combatirla no alcanza la indignación, las declaraciones vacías y los planes que no se cumplen.

Es paradójico pero, a menudo, los problemas complejos tienen como primer paso de solución una acción sencilla. Por elemental que parezca, el primer paso es conocer a qué nos enfrentamos. Para ello debemos generar información, identificar patrones de conducta, su diferentes modos de actuar –dependiendo del sector y las áreas más sensibles del Estado–, identificar los mecanismos de control más eficientes, pero también aquellos que no están funcionando, y un largo etcétera que solo conoceremos si implementamos una administración pública basada en el aprendizaje.

En un reciente trabajo, Joseph Stiglitz sostiene que lo que diferencia a los países desarrollados de los que no lo son es su capacidad para aprender e incorporar este aprendizaje a sus políticas públicas, la virtud de aprender de la experiencia y nuestra propia historia.

Por ello la Defensoría del Pueblo ha decidido publicar el “Reporte de la Corrupción en el Perú”, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática mediante la gene-ración de información y la creación de aprendizajes que hagan posible no solo el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, sino también la incorporación de buenas prácticas para la toma de decisiones en favor de las personas y no de intereses particulares.

Walter Gutiérrez CamachoDefensor del Pueblo

RADIOGRAFÍA DE LACORRUPCIÓN EN EL PERÚReporte de corrupción N° 1

Mayo, 2017

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Defensoría del PuebloJirón Ucayali N° 394-398Lima, PerúTeléfono: (511) 311-0300Fax: (511) 426-7889Correo electrónico: [email protected]ágina web: www.defensoria.gob.peFacebook: Defensoría del Pueblo – OficialTwitter: Defensoría_PerúLínea gratuita: 0800-15170

Primera edición: Lima, Perú, mayo del 20171000 ejemplaresHecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2017-04564.

Impreso en los talleres gráficos de MCF Soluciones Integrales EIRLUVR chalet 50-F, Rímac (mayo del 2017)

Este reporte ha sido elaborado por el equipo del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, integrado por los comisionados: Marcia Aguila Salazar y Jim Pissani Segura; las consultoras Susana Chia Odar y Melissa Valle Molina; July Armas Rojas, asistente administrativo-legal; y Ana Navas Bustamante, practicante; todos y todas bajo la dirección de Porfirio Barrenechea Cárdenas, jefe del Programa. También se contó con el aporte de Percy Castillo Torres, comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad; Mónica Callirgos, jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno; Fiorella Rodríguez, comisionada de dicho Programa; y de Martín Cabrera Marchán, asesor de la Alta Dirección.

Edición: Fabrizio Tealdo ZazzaliDiseño y diagramación: César Fernández / duckfacestudio.com

1. El rol de la Defensoría del Puebloen la lucha contra la corrupción

¿Qué es la corrupción?La historia nos muestra que la corrupción no es un problema reciente. Mientras las malas prácti-cas se van haciendo más frecuentes, la capacidad del Estado para frenarle el paso parece verse reducida. No por nada la corrupción es considerada uno de los principales problemas que enfren-ta el país. La ciudadanía desconfía de la autoridad y de las instituciones, y de la efectividad del sistema de justicia para luchar contra la corrupción.

Sin embargo, muchas veces el ciudadano se muestra tolerante a los actos de corrupción, y esta “normalización” de las conductas corruptas reduce su capacidad de indignación y la motivación para involucrarse en la lucha contra este flagelo a través de la denuncia o de algún otro mecanismo de partici-pación ciudadana.

Se hace evidente, entonces, que para luchar contra la corrupción es necesaria la actuación conjunta del Estado y de la ciudadanía. De ahí que este reporte busque informar al ciudadano acerca de esta proble-mática, e involucrarlo en la lucha contra ella.

Son muchas las definiciones de corrupción que se manejan en el ám-bito público, académico y jurídico.1 Desde la Defensoría del Pueblo defini-mos a la corrupción como el mal uso del poder público, entendido como el incumplimiento de los principios del buen gobierno, así como de los preceptos éticos presentes en la sociedad. Los actos de corrupción tienen el propósito de obtener ventajas o beneficios indebidos para quien actúa o para terceros, en perjuicio del bienestar general.

El Informe “Defensoría, Ética pública y Prevención de la Corrupción” señala los principios del buen gobierno afectados por la corrupción. Estos son: i) la participación, ii) la transparencia, iii) la responsabilidad, iv) la rendición de cuentas, y v) la sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población.2

[1] Por ejemplo, una definición jurídica de los actos de corrupción es la siguiente: “[...] aquellos que constituyen la vio-lación, activa o pasiva, de un deber institucional o del incumplimiento de alguna función específica realizados en un marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extra-institucional, cualquiera sea su naturaleza [...]”.Recuperado de http://www.contraloria.gov.ec/CEPAT/doc/cartagena/Conferencia_Dr_Jorge_Malem.pdf[2] Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La Función del Buen Gobierno en la Promoción de los Derechos Humanos. Resoluciones 2000/64, 2001/72, 2002/76, 2003/65, 2004/70, 2005/68, y Resolución 7/11 L. 29 del 25 de marzo del 2008. “La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos”.

La Defensoría del Pueblo fomenta el buen gobierno con la finalidad de fortalecer la institucionalidad democrática.

12 600 MILLONES DE SOLES

se pierden anualmente por actos de corrupción. Representa aproximadamente

el 10% del presupuesto nacional.


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Derechos humanos y corrupciónLa corrupción provoca vulneraciones, directas e indirectas, sobre los derechos de las perso-nas y la comunidad. Las violaciones directas se dan cuando los actos de corrupción afectan el ejercicio de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, la desviación de fondos dirigidos a comprar medicamentos influye en su desabastecimiento, afectando –directamente– el dere-cho a la salud de los pacientes. Las afectaciones indirectas se producen cuando la corrupción ocasiona posteriores hechos que también lesionan derechos, como la mala construcción de un puente. En este caso, el acuerdo encubierto entre un funcionario público y un contratista para que aquel lo favorezca otorgándole la buena pro sin que su propuesta técnica sea la más idónea, puede llevar a que el colapso o deterioro prematuro de un puente afecte el libre tránsito de las personas.

El impacto de la corrupción es aun mayor sobre los derechos de las personas y los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como las personas en situación de pobreza, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, entre otros.

Este flagelo también impide la concreción de dos deberes primordiales del Estado esta-blecidos por la Constitución: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general de los ciudadanos (artículo 44º). Por ello, consideramos indispensable in-corporar la perspectiva de los derechos fundamentales en las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, lo que implica la necesidad de fortalecer nuestra línea de trabajo referida al cumplimiento del deber de la administración estatal, con un enfoque integral que involucre el aspecto preventivo y de sanción, y la generación de información que no solo facilite el dise-ño y ejecución de políticas públicas, sino también la toma de decisiones.

Competencias de la Defensoría del Pueblo en la lucha contra la corrupciónEl mandato constitucional de la Defensoría es proteger los derechos constitucionales y funda-mentales de la persona y la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la admi-nistración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Dado que la corrupción afecta derechos fundamentales, y que un acto de corrupción implica el incumplimiento de los deberes públicos (que puede repercutir incluso en la adecuada presta-ción de servicios públicos), la Defensoría del Pueblo tiene competencia para intervenir en la lucha

contra la corrupción.En materia anticorrupción, la actuación de la Defensoría del Pueblo

se desarrolla de tres maneras: i) atención de quejas presentadas por la ciudadanía ante la vulneración o el riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, generada por la actuación irregular de quienes ejercen poder público; ii) incidencia en las políticas públicas a través del estudio y la investigación de temas generales y recurrentes que afectan los dere-chos de un número significativo de personas, y que tienen como finalidad recomendar ante los órganos de la administración estatal la atención y

solución de estas problemáticas; iii) promoción de la ética pública y la lucha contra la corrupción, a tra-vés de capacitaciones y la difusión de material informativo a los funcionarios y servidores públicos, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general.

La Defensoría del Pueblo no se arroga las competencias que otras instituciones ya tienen encomendadas en materia anticorrupción. Por el contrario, es un colaborador crítico en las acti-vidades que realizan estas entidades. Su finalidad es fortalecer la institucionalidad democrática mediante el fomento del buen gobierno, la generación de información que haga posible la crea-ción de una plataforma que facilite no solo el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públi-cas sino también la toma de decisiones.

La consecuencia más gravosa de la corrupción es la afectación de derechos fundamentales.


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Importancia de una Adjuntía Anticorrupción en la Defensoría

Desde su creación, la Defensoría ha trabajado arduamente en la restitución de los derechos ciu-dadanos afectados por actos de corrupción. Ahí donde un estudiante era impedido de ingresar a clases porque no compró los libros en aquella librería adonde el profesor lo direccionó, hubo una actuación de nuestra institución para que no se afecte el derecho a la educación. Ahí donde un paciente de un hospital era coaccionado para atenderse en la clínica privada del médico, la Defensoría salvaguardó el derecho a la salud. Son innumerables las intervenciones defensoria-les con el objetivo de defender los derechos y evitar actos de corrupción.

No obstante los esfuerzos de la Defensoría y de otras instituciones, el problema de la co-rrupción desborda al país. Va desde los más altos funcionarios hasta los mandos medios y bajos de los gobiernos regionales y municipales. Una de las razones que incentivan esta problemática es que el proceso de descentralización no ha sido acompañado con el fortalecimiento de la ca-pacidad de fiscalización de las entidades competentes.

Las cifras son alarmantes. Ex presidentes, ministros, autoridades regionales y locales atra-viesan procesos y sentencias por delitos contra la administración pública. Por tal razón, la De-fensoría del Pueblo considera necesario fortalecer sus acciones en materia anticorrupción, con el fin de contribuir con la superación de esta grave crisis nacional.

La lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado se enfrenta de manera indistinta desde las diferentes unidades orgánicas de la Defenso-ría. Sin embargo, dada la magnitud de la problemática y sus conse-cuencias, es indispensable que exista un órgano del más alto nivel institucional.

Así, es necesaria la creación de una adjuntía que aborde a pro-fundidad los temas que afectan a los derechos de los ciudadanos. Su objetivo será contribuir en la lucha contra la corrupción a través de la generación de información y supervisión de la política antico-rrupción, denuncia ciudadana y seguimiento de casos, promoción de la ética pública y el derecho de participación, transparencia y buen gobierno, así como la elaboración de lineamientos de inter-vención, e informes y publicaciones destinados a contribuir en la solución de los problemas estructurales del país.

Este nuevo órgano llevará el nombre de Adjuntía de Lucha Contra la Corrupción, Transpa-rencia y Eficiencia del Estado, creada el 21 de abril de este año.

Una de las líneas de trabajo será la emisión del Reporte de la Corrupción en el Perú, que dará cuenta de los casos de corrupción que se encuentran en el sistema de justicia, y los considerados en alerta, que serán los que han merecido informes que alerten situaciones de riesgo elaborados por la Contraloría General de la República o alguna comisión del Congreso. En el reporte también se incluirá información estadística de casos, presentaremos el mapa de la corrupción, las actua-ciones e informes que viene realizando la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Un objetivo cercano es la constitución de un centro de información especializado en mate-ria anticorrupción, trasparencia y buen gobierno, para contribuir en la formulación de estudios y la formación de especialistas en la materia.

La nueva Adjuntía se abocará también a la creación de redes escolares y universitarias para la promoción de valores cívicos, imprescindibles para evitar y combatir la corrupción. Asimismo, por medio del desarrollo de talleres y cursos se espera forjar entre los funcionarios públicos una cultura de transparencia y rendición de cuentas, actitudes necesarias para la construcción de un Estado al servicio del ciudadano.

La reforma de la justicia como elemento esencial para combatir la corrupción constituirá uno de los ejes de trabajo de la nueva Adjuntía, puesto que su implementación es fundamental para avanzar en esta tarea.

La Adjuntía Anticorrupción brindará información, supervisará la lucha contra la corrupción y fomentará una cultura de transparencia en funcionarios.


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2. Mapa de la corrupción: 32 925 casos

El presente mapa muestra los casos de corrupción que se encuentran en trámite en la Procura-duría Especializada en Delitos de Corrupción, al 31 de diciembre del 2016. Se trata de casos que están en investigación en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Un mapa de la corrupción es una herramienta útil que permite identificar las regiones en las que el sistema anticorrupción debe poner mayor atención y en las que las instituciones pú-blicas deben reforzar las actividades de prevención. En los siguientes reportes, el mapa se irá nutriendo de información relacionada a delitos, tipos de sentencias, monto del daño patrimonial al Estado, entre otros.

Tumbes591

Piura1059

Lambayeque1487 Cajamarca

1056

La Libertad1348

Áncash2771

Lima6205

Callao415

Ica778

Arequipa1670

Ayacucho1876

Huancavelica454

Junín2261

Pasco611

Huánuco1059

San Martín1024

Amazonas656

Loreto1076

Ucayali1379

Apurímac553

Cusco1496

Madre de Dios493

Puno1264

Moquegua849

Tacna494

CASOS DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

POR REGIÓN

Total: Código de procedimientos Penales y Nuevo Código Procesal PenalFuente: Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción


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La corrupción, un flagelo descentralizado

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción emitió un informe3 que dio cuenta de que el 92% de los alcaldes (1699 de 1841) estaban siendo investigados por delitos contra la administración pública, tales como peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión. Más del 50% de los alcaldes provinciales (454) y distritales (1245) que estaban siendo investigados postula-ban a la reelección.

En el referido informe también se dio cuenta de 429 ex alcaldes provinciales y 1326 ex al-caldes distritales que estaban siendo investigados por los mismos ilícitos penales. De acuerdo con la Procuraduría, Áncash era la región con mayor cantidad de funcionarios investigados (46 alcaldes provinciales y 146 distritales). Le siguen La Libertad (42 alcaldes provinciales y 80 distritales) y Cusco (41 alcaldes provinciales y 96 distritales).

Según la información remitida por la Procuraduría, las entidades agraviadas con mayores casos de corrupción son las municipalida-des provinciales y distritales. En tercer y cuarto lugar se encuentran la Policía Nacional del Perú y los gobiernos regionales.

Los ex gobernadores regionales también han sido involucrados en actos de corrupción, e incluso algunos de ellos ya cuentan con sentencia condenatoria. Son los casos, entre otros, de:

• El ex gobernador regional de Tumbes (2011-2014), sentenciado a once años de prisión efectiva por los delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir.

• El ex gobernador regional de Loreto (2011-2014), sentenciado a seis años de prisión efectiva por colusión.

• El ex gobernador de la región Áncash (2015-2016), sentencia-do a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión desleal.

• El ex gobernador regional del Callao (2007-2010), sentenciado a cinco años de prisión efectiva por colusión agravada.

• El ex gobernador de la región Ucayali (2007-2014), sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible.

• El ex gobernador regional de Cusco (2011-2013), sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por colusión ilegal y negociación incompatible.

• El ex gobernador regional de Ayacucho (2011-2015), sentenciado a cinco años de prisión efectiva por negociación incompatible.

Entre los casos más recientes de corrupción, en los que hay investigaciones en curso, se encuentra el del Gobernador Regional del Callao (2011-2017), en prisión preventiva por diecio-cho meses por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos; y el Alcalde Distrital de Chilca (2015-2017), detenido y por quien se solicita 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de activos, extorsión, cohecho pasivo y colusión en orga-nización criminal.

En marzo del 2015, el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional que impi-de que los alcaldes y presidentes regionales (ahora gobernadores regionales) puedan reelegir-se inmediatamente. La finalidad es prohibir que las autoridades hagan mal uso de los recursos (económicos, logísticos, humanos, de infraestructura) del Estado en el intento de reelegirse.

[3] La información fue declarada ante los medios de comunicación por el entonces Procurador Cristian Salas. En vista de que el informe no está disponible en el portal web, y conociendo la disposición de la cooperación interinstitucional, se ha solicitado a la Procuraduría una copia del mismo.

Para evitar que las autoridades hagan mal uso de los recursos, el Congreso aprobó la reforma constitucional que impide que los alcaldes y gobernadores regionales puedan reelegirseinmediatamente.


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Algunos casos tipo de corrupción en las regionesEn esta sección se presentan algunos casos tipo de corrupción en las regiones. El objetivo de mostrar esta información es construir una tipología de casos de corrupción, tales como el empleo de testafe-rros para contratar con el Estado, la contratación de empleados fantasma, la manipulación de expe-dientes técnicos, la microcoima, el robo de combustible, la documentación falsa para sustentar gas-tos no existentes, entre otros. La tipología que se irá construyendo permitirá fortalecer las actividades de prevención de las instituciones afectadas. Esta información surge de la labor realizada por las oficinas defensoriales que revisaron las carpetas fiscales y los expedientes judiciales de estos casos.

Cabe precisar que estos casos no son una muestra representativa del universo de denuncias que están siendo investigadas en cada una de las regiones.

Amazonas: Contrataciones que no cumplen el perfil exigido para el puestoEl Gobierno Regional de Amazonas contrató a una persona en el cargo de Director de De-sarrollo Turístico y Económico de la Unidad Ejecutora ProAmazonas. Supuestamente, no se habría tenido en consideración el perfil exigido por el Manual de Operaciones del Programa. En febrero del 2016 se presentó una denuncia penal contra la funcionaria en cuestión y contra el Vicegobernador regional, por el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida del cargo. La investigación se encuentra en curso.

Áncash: Pedido de ‘coima’ a trabajador a cambio de pago de beneficios socialesEl Administrador de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ocros solicitó el pago de 200 soles a un ex trabajador, a cambio de entregarle un cheque por concepto de vacaciones truncas. El hecho fue comunicado a la Fiscalía Penal de Ocros, que en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP realizaron las gestiones para intervenir al funcionario en el momento de la entrega del dinero. El funcio-nario fue detenido en flagrancia. La denuncia penal se interpuso en febrero del 2017, por el delito de cohecho pasivo impropio. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público. Se dictaron nueve meses de prisión preventiva.

Apurímac: Presentación de documentos falsos para justificar gastos no realizadosAlgunos funcionarios de la sede central del Gobierno Regional de Apurímac se habrían apro-piado de fondos de proyectos de inversión obtenidos mediante “encargos internos”. Para justificar el egreso habrían utilizado comprobantes de pago, simulando adquisiciones de materiales de construcción, útiles de escritorio, y otros bienes no recibidos por la entidad, así como servicios no prestados. Se estima que el perjuicio generado es de S/ 650 350. En marzo del 2016, el Ministerio Público dispuso el inicio de diligencias preliminares por los delitos de peculado y falsedad ideológica. En diciembre se formalizó la investigación prepa-ratoria contra seis imputados, por el plazo de ocho meses.

Ayacucho: Pacto ilícito entre funcionarios municipales y un proveedorFuncionarios de la Municipalidad Distrital de Paras habrían concertado con un proveedor el otorgamiento de la buena pro del proyecto denominado “Construcción de Canal de Riego para la comunidad de Chahuchura, Maraysara, San Isidro, San Antonio, San Martín de Paras y Huayhuacco”. El expediente técnico muestra serias deficiencias, y también se han presen-tado irregularidades en la ejecución de la obra, que actualmente se encuentra paralizada. De acuerdo con cifras de la Contraloría General, se habría ocasionado un perjuicio económi-co de S/ 3,8 millones. El Ministerio Público se encuentra investigando el caso.

92% de los alcaldes (1699 de 1841) estaban siendo

investigados por delitos contra la administración pública durante las elecciones del 2014.


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Cajamarca: Alcalde contrata con municipalidad empleando testaferrosEl alcalde de la Municipalidad Distrital de Chirinos habría constituido dos empresas a través de testaferros, con la finalidad de que contraten con la comuna. Estas empresas se con-virtieron en las principales proveedoras de bienes y servicios. Se estima que el alcalde se habría apropiado de cinco millones de soles bajo esta modalidad, motivo por el que se le dictó orden de prisión preventiva. Al encontrarse prófugo de la justicia, en febrero de este año fue capturado. Enfrenta una investigación penal por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado, colusión, cohecho, entre otros.

Callao: Enriquecimiento ilícito de ex alcalde de VentanillaSe denunció que el ex alcalde de Ventanilla se habría enriquecido ilícitamente durante el periodo 2007-2014. Las investigaciones preliminares del Ministerio Público muestran indicios que dan cuenta de que el incremento patrimonial que registra el ex funcionario no se condi-ce con los ingresos obtenidos durante su gestión.

Huancavelica: Contrataciones fantasma en el Gobierno RegionalA través de una denuncia ciudadana, el Ministerio Público tomó conocimiento de que en la Oficina Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica se contrató a dos personas que no prestaron ninguno de los servicios establecidos. Sin embargo, sí cobraron sus honorarios con la conformidad brindada por el representante de esa oficina. En octubre del 2016 se formalizó la investiga-ción preparatoria, la cual se encuentra en curso.

Junín: Apropiación de dinero de los programas sociales en el Banco de la NaciónEmpleados del Banco de la Nación realizaron retiros y operaciones fraudulentas en las cuentas de ahorros de los beneficiarios fallecidos del programa social Juntos. La investigación penal está en curso. Se dispuso la formalización de la investigación preparatoria en setiembre del 2016.

La Libertad: Solicitud de dinero a familiares de los recluidos en el Penal de TrujilloUn padre de familia que tiene a su hijo internado en el Establecimiento Penal de Trujillo, denunció que un grupo de policías solicita dinero a los visitantes, a cambio de hacerlos ingresar sin hacer cola o para permitirles ingresar más de una bolsa; de no entregar el dinero, les impiden el ingreso. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público en junio del 2016, por el delito de cohecho pasivo propio. La formalización de la investigación preparatoria se dio en agosto contra cinco imputados.

Lambayeque: ‘Coimas’ a cambio de la aprobación de tesis Los principales funcionarios de la Universidad Pedro Ruiz Gallo son acusados de que entre el 2012 y 2014, en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Escuela de Posgrado, habrían aprobado indebidamente alrededor de 1500 tesis a cambio de depósitos de dinero (de 1200 a 4000 soles) a las cuentas de los docentes. Se estima que habrían recau-dado alrededor de 36 millones de soles. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque tiene en curso una investigación por los presuntos delitos de peculado, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. La denuncia se presentó en el año 2015, y recién se formalizó la investigación preparatoria en setiembre último.

Loreto: Abastecimiento irregular de combustible no utilizadoMiembros de la Policía Nacional de la Región Policial Loreto no estarían abasteciendo la cantidad correspondiente de la dotación de combustible asignado a sus vehículos, benefi-ciándose con ello. Un informe policial dio cuenta de los hechos. En julio del 2016, el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra 14 investigados, por el presunto delito de pecu-lado. La investigación sigue en curso.


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Moquegua: Desmantelamiento de excavadora del Gobierno RegionalUna de las maquinarias de carga pesada más importantes del Gobierno Regional de Mo-quegua fue desmantelada, y su principal accesorio (el cucharón) estaría en una excavadora de propiedad del hijo del Gobernador, quien alquila esta maquinaria al Gobierno Regional a través de una empresa de la que es titular. La denuncia se presentó contra el Gobernador Regional en setiembre del 2015, por los presuntos delitos de colusión, peculado y negocia-ción incompatible. El caso sigue en curso luego de que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción interpuso un recurso de queja contra la disposición del archivo.

Puno: Contratación con el Gobierno Regional pese a impedimentos legalesLa esposa del Gobernador Regional de Puno, no obstante estar impedida para contratar con esta entidad, habría sido favorecida en las contrataciones realizadas por la Dirección Regional de Educación, las UGEL de Huancané, Melgar y San Román, y por la Red de Salud de Huanca-né. Las contrataciones se habrían realizado con la injerencia del Gobernador Regional y de los funcionarios encargados del área de abastecimiento de las referidas unidades. El monto con-tratado ascendería a la suma de S/ 89 553. Se inició una investigación contra el Gobernador en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Puno por el presunto delito de negociación incompatible. Las diligencias preliminares se iniciaron en noviembre último.

San Martín: Presentación de documentos falsos para justificar gastos no realizadosEn julio del 2015, la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) realizó el Primer Encuentro Cultural Deportivo Nacional Copa San Martín, en coordinación con la Muni-cipalidad Provincial de Moyobamba. El Gobierno Regional de San Martín dispuso la asignación de fondos por S/ 1385 para el alquiler del coliseo, compra de medallas, diplomas, movilidad local y pago de premios. El Director de la Oredis presentó documentación para sustentar los gastos, sin embargo, se trataría de documentos falsos, ya que los gastos habrían sido asumidos por la Municipalidad Provincial de Moyobamba. El caso fue presentado ante la Defensoría del Pueblo, quien lo puso en conocimiento del Ministerio Público. En agosto del 2016 se iniciaron las diligen-cias preliminares, y en febrero del presente año se formalizó la investigación preparatoria contra el Director de la Oredis, por el presunto delito de peculado y negociación incompatible.

Tacna: Irregularidades en la ejecución de obra públicaEn julio del 2014, una de las regidoras de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza presentó una denuncia penal contra el alcalde y el residente de la obra denominada “Construcción del Complejo Deportivo Recreativo y Acuático”, con código SNIP N° 259427, por la presunta irregularidad en la am-pliación del presupuesto. En su primera etapa, el proyecto ascendía a S/ 3’116 560. Posteriormente, el monto se elevó a S/ 7’447 476. El Ministerio Público dispuso el inicio de diligencias preliminares en agosto del 2014, por los presuntos delitos de malversación de fondos y negociación incompatible.

Ucayali: Contrataciones que no cumplen el perfil exigido para el puestoEl ex alcalde de la Municipalidad Distrital del distrito de Curimaná contrató a una bachiller en contabilidad para que asuma el cargo de Jefa de División de Contabilidad y encargada del área de División de Personal y Rentas. La contratación sería irregular porque la referida bachiller no cumple las condiciones mínimas del perfil en ninguno de los dos cargos, y además existiría una relación de parentesco en segundo grado de afinidad. En mayo del 2016, el Ministerio Público inició diligencias preliminares por los presuntos delitos de nombramiento y receptación ilegal del cargo, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.


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Fuente: ¡No Callar! Guía práctica para la denuncia ciudadana contra actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública

3. La corrupción en cifras¿En qué consisten los principales delitos de corrupción?

PeculadoLa figura del peculado se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, dinero o bienes que se le hayan confiado por la con-dición de su cargo.

ColusiónSegún la Real Academia Española, coludir significa establecer un pacto ilícito que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero, en este caso el Estado, cuyo patrimonio es afectado de manera directa.

Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargoEste delito se configura cuando el funcionario o servidor público, en forma directa o indirecta por acto simulado, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, de cual-quier contrato u operación en que interviene.

MalversaciónUn funcionario o servidor público incurre en el delito de malversación de fondos cuando le da al dinero o los bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada.

Cohecho activoIncurre en el delito de cohecho activo quien ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo, promesa, ventaja o beneficio. La contraparte de esta figura penal es el cohecho pasivo.

Cohecho pasivoEste delito es conocido en términos coloquiales como ‘coima’. Se da cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o la promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano.

ConcusiónSe configura cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.


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Delitos de corrupción y estados procesalesLa siguiente información, proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, establece que a diciembre del 2016 existen 32 925 casos en trámite a nivel nacional. Esta cifra podría ser aun mayor, ya que existe una data oscura de delitos que no han sido cono-cidos, y no están siendo investigados ni sancionados.

(*) En la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción

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ENTIDADES AGRAVIADAS CON MAYOR CANTIDAD

DE CASOS DE CORRUPCIÓN

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4985

38403349

24052122

857 745 695406 267 33

4227

Las municipalidades distritales y provinciales agrupan el 42% de casos de corrupción en trámite. Le sigue la Policía Nacional con un 12% y los gobiernos regionales con un 10%. La entidad que menos casos registra es el Congreso de la República, con un 0,1%.

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18195%

DELITOS DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITE

A NIVEL NACIONAL* 50%

de casos en trámite a nivel nacional son de peculado y colusión. El tercer delito más frecuente es el de cohecho (cohecho activo genérico y cohecho activo propio).

EL PECULADO Y LA COLUSIÓN SON LOS DELITOS MÁS FRECUENTES

GOBIERNOS SUBNACIONALES SON LAS ENTIDADES MÁS AGRAVIADAS

TOTAL

32 925


14

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3175

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705

1685

955

2373

587

Recursos impugnatorios

Juzgamiento

Investigación preparatoria formalizada

Etapa intermedia

Ejecución

Diligencias preliminares

Recurso impugnatorio

Juicio oral

Instrucción

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Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción

CASOS EN TRÁMITE SEGÚN

CÓDIGO PENAL Y ETAPA

PROCESAL

En el 19% de casos en trámite al 31 de diciembre del 2016, se aplica el Código de Procedimientos Penales; mientras que en el 81% restante se aplica el Nuevo Código Procesal Penal.

LA MAYORÍA DE CASOS SE TRAMITA BAJO EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL


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MÁS DEL 83% SON SENTENCIAS CONDENATORIAS

En el año 2016, el Ministerio Público obtuvo 1284 sentencias en primera instancia sobre casos de corrupción en las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios y las Fiscalías Provinciales Penales. Los distritos fiscales que registran un mayor número de sentencias son Lima Norte, Lima, Lima Sur y Junín.

N° Distrito fiscal Condenatorias Absolutorias Total

1 Amazonas 6 1 7

2 Áncash 17 14 31

3 Apurímac 28 23 51

4 Arequipa 11 0 11

5 Ayacucho 59 14 73

6 Cajamarca 40 8 48

7 Callao 18 12 30

8 Cañete 2 1 3

9 Cusco 34 3 37

10 Huancavelica 19 11 30

11 Huánuco 32 3 35

12 Huaura 1 1 2

13 Ica 5 1 6

14 Junín 56 24 80

15 La Libertad 28 10 38

16 Lambayeque 12 0 12

17 Lima 149 12 161

18 Lima Norte 300 1 301

19 Lima Sur 78 2 80

20 Loreto 13 9 22

21 Madre de Dios 12 9 21

22 Moquegua 23 10 33

23 Pasco 8 4 12

24 Piura 21 5 26

25 Puno 36 1 37

26 San Martín 21 21 42

27 Santa 18 2 20

28 Sullana 5 3 8

29 Tacna 2 3 5

30 Tumbes 10 5 15

31 Ucayali 5 2 7

32 Ventanilla 0 0 0

Total 1069 215 1284Fuente: Ministerio Público


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4. La corrupción al detalle: las investigaciones sobre empresas constructoras brasileñas En el Ministerio PúblicoA continuación, los casos relacionados a la empresa Odebrecht que están siendo investigados por el Ministerio Público. En el cuadro se detallan los distritos fiscales y el número de casos a nivel nacional.

N° Distrito fiscal Total %1 Áncash 2 7,41%2 Callao 1 3,70%3 Cusco 3 11,11%4 Lima 17 62,96%5 Loreto 1 3,70%6 Lambayeque 1 3,70%7 Madre de Dios 1 3,70%8 Piura 1 3,70%

Total 27 100%Fuente: Ministerio Público

Del total de casos relacionados a Odebrecht, más del 48% está en etapa de investigación prelimi-nar, mientras que en más del 18% se ha formalizado la investigación preparatoria.

N° Estado en el que se encuentran los casos Total %1 Archivado en parte 1 3,70%2 Investigación a cargo de la policía 1 3,70%3 Con acusación 2 7,41%4 Con investigación preliminar 13 48,15%5 Derivado a otras fiscalías por no ser corrupción 3 11,11%6 En audiencia 1 3,70%7 Formaliza investigación preparatoria 5 18,52%8 Sobreseimiento (archivo aprobado por el juez) 1 3,70%



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Los delitos relacionados a Odebrecht que se presentan con más frecuencia son el de concusión, cohecho y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

N° Delito Total %1 C.F. (cohecho activo genérico) 3 6,52%2 C.F. (cohecho pasivo propio) 6 13,04%3 C.F. (negociación incompatible o

aprovechamiento indebido del cargo)8 17,39%

4 C.F. (tráfico de influencias) 1 2,17%5 Colusión 13 28,26%6 Peculado 5 10,87%7 Otros 10 21,74%


Relación de casos en la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y la Procuraduría Ad HocLa Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, al 13 de marzodel 2017, tiene en fase de investigación 19 casos.

Cusco: casos relevantes de corrupción

Caso Hospital Antonio Lorena

· Hospital principalEl Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco”, con código SNIP 70876, fue declarado viable el 1 de julio del 2009.

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema de Inversión Pública (Sosem), la obra se encuentra paralizada: el último reporte del cuaderno de obra data del 6 de marzo del 2015. En efecto, el Gobierno Regional de Cusco (GRC) re-solvió el contrato de ejecución de obra con el Consorcio Salud Lorena, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la contratista, relacionadas con el retraso de la obra, que se encontraba por debajo del 80% de lo programado.

De la información recogida por la Defensoría del Pueblo en la Procura-duría Regional, la Procuraduría Anticorrupción del Cusco, el Ministerio Pú-blico y el Órgano de Control Institucional, se identificaron cinco carpetas fiscales por los delitos de colusión, peculado, malversación de fondos y negociación incompatible contra ex funcionarios para favorecer al Consor-

La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht tiene 19 casos en fase de investigación (al 13 de marzo del 2017).

66% ha variado el presupuesto inicial del proyecto.

5 carpetas fiscales se encuentran en la Fiscalía Especializada en delitos de corrupciónde funcionarios.


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Comisionados de la Defensoría del Pueblo hallaron graves problemas de infraestructura en la construcción del Hospital Antonio Lorena. El hospital de contingencia también presenta serias deficiencias, a pesar de tener pocos años de implementado.


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cio Salud Lorena, conformado por la empresa brasileña OAS Ltda., y las empresas peruanas Mot-lima Consultores y Dextre-Morimoto Arquitectos SAC. El valor del proyecto a cargo del consorcio está valorizado en S/ 204,7 millones.

En la actualidad, dicho proyecto tiene nueve procesos arbitrales pendientes de resolver, cuyas pretensiones van desde el pedido de dejar sin efecto la resolución del contrato efectuado por la enti-dad, hasta la no ejecución de las cartas fianzas mientras no se realice el pago de una indemnización por daños y perjuicios al consorcio.

· Hospital de contingencia Para garantizar el servicio de salud, la entidad proyectó paralelamente a la demolición y re-construcción del Hospital Antonio Lorena, la construcción de un hospital de contingencia, en la modalidad de administración directa, que debía ejecutarse en un plazo no mayor a doce meses. Sin embargo, dicho plazo fue ampliado a 240 días más, concluyendo el 26 de febrero del 2013. La obra fue entregada el 11 de marzo y entró en funcionamiento el 30 de marzo, pro-yectado para 2 años.

El hospital de contingencia tiene una serie de problemas que le impiden prestar un servicio de calidad y en condiciones adecuadas. Desde que empezó a funcionar, presentó deficiencias como el colapso de desagües en la sala de operaciones o el mal funcionamiento de las instalacio-nes eléctricas y del sistema de evacuación de aguas pluviales, situaciones críticas en cualquier centro de salud, más aún en un hospital de referencia regional.

Además, su capacidad operativa es inferior a la del Hospital Antonio Lorena. Por ejemplo, de 232 camas con las que contaba, el hospital de contingencia tiene 172. A pesar de ello, la po-blación atendida por el Seguro Integral de Salud se ha incrementado: de 20 303 atenciones en el 2012 pasó a 60 587 en el 2016.

En noviembre del 2016, el director del hospital solicitó al Gobernador Regional que se decla-re la emergencia sanitaria por peligro inminente, debido a que las instalaciones no son seguras y no está garantizada la prestación de servicios. El Gobierno Regional del Cusco solicitó a la Mi-nistra de Salud la evaluación de las instalaciones e infraestructura existentes, la misma que se realizó en enero de este año.

Cabe señalar que le corresponde a la autoridad de Salud (artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1156) declarar la emergencia sanitaria a solicitud de los gobiernos regionales, locales o a inicia-tiva propia.

En marzo del 2016, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso emitió el informe final de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno Regional del Cusco en el periodo 2011-2014, entre ellas las relacionadas a la ejecución del Hospital Antonio Lorena. Entre sus conclusiones se destaca que dos ex gobernadores regionales y el ex Gerente General del Gobierno Regional habrían cometido los delitos de colusión, negociación incompati-ble y peculado.

En el marco de las acciones de supervisión de la Oficina Defensorial del Cusco al Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1”, nuestra institución formuló las siguientes recomendaciones:

• A la Ministra de Salud, evaluar la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria del Hospital de Contingencia Antonio Lorena, y ejecutar las acciones necesarias para que el hospital opere en condiciones adecuadas, tomando como referencia lo reportado por el Director de dicho hospital.

• Al Jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), evaluar la posibilidad de transferir presupues-to adicional para atender la compra de medicamentos e insumos, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa del hospital de contingencia.

• Al Fiscal de la Nación, disponer las medidas necesarias para asegurar el correcto desa-rrollo de las investigaciones que viene realizando la Fiscalía respecto a los presuntos delitos cometidos en la ejecución del proyecto.


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Caso Vía Evitamiento

El proyecto “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco”, con código SNIP 227531, fue declarado viable el 22 de noviembre del 2012, por el monto de S/ 305’988 582. Comprende el mejoramiento de la carpeta asfáltica, vías centra-les para el transporte pesado y ligero, vías auxiliares, pasos a desnivel, señalización horizontal y vertical, iluminación de baja y media tensión, veredas, adecuación de sistemas de saneamiento básico, electrificación y desarrollo de programas de educación vial. El número de beneficiarios directos es de 410 963 personas.

En el año 2012, mediante el proceso de selección N° 013-2012-COPESCO/GRC convocado por el Proyecto Especial Regional Plan Copesco, se otorgó la adjudicación al Consorcio Vías de Cusco, conformado por la constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y la empresa Ode-brecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.

La ejecución de la obra se inició en julio del 2013 y debía culminarse el 15 de enero del 2015, pero al 31 de diciembre del 2014 presentaba un avance del 70% y solo se habían construido cua-tro carriles, pese al incremento aprobado mediante las adendas suscritas por dos presidentes regionales. La obra no fue entregada en el plazo pactado, por lo que correspondía a la contratista pagar a la entidad una penalidad equivalente a S/ 27 millones, casi el tope máximo establecido por ley (10%).

Sin embargo, el 31 de diciembre del 2014, el ex Director Ejecutivo del PER Plan Copesco redujo las metas de la obra en más de 50 millo-nes de soles, y también la estructura inicial de ocho a cuatro carriles, evitando así la aplicación de penalidades y favoreciendo a la concesio-naria (Resolución N° 152-2014-DE-COPESCO/GRC).

Además, en abril del 2014 la empresa Odebrecht inició un arbitraje contra el Gobierno Regional del Cusco por 63 millones de soles por adicionales de obra, bajo el argumento de que el expediente técnico estuvo mal elaborado y eran necesarias obras complementarias.

Esta situación generó la investigación del proyecto, que se encuentra en la Fiscalía Espe-cializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por los delitos de concusión, peculado, ne-gociación incompatible y asociación ilícita para delinquir. La investigación se encuentra en etapa preliminar. Comprende a ex funcionarios del GRC, ex directores ejecutivos del PER Plan Copesco, y representantes de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.

Alertas de corrupción de la Contraloría General de la RepúblicaComo resultado de las labores de control, la Contraloría General de la República, mediante los servicios de control gubernamental, envía alertas sobre la presencia de riesgos en los princi-pales proyectos de infraestructura destinados al servicio público. Estos riesgos están referidos a retrasos o incumplimiento de metas, cronogramas u obligaciones contractuales, los mismos que pueden ocasionar ampliación del plazo, postergación de la obra y sobrecostos.

Diferentes equipos de la Contraloría están encargados del seguimiento de los proyectos de infraestructura destinados al servicio público. A continuación se presentan las principales obras y los riesgos advertidos por esta entidad.

Caso XVIII Juegos Panamericanos 2019

El 11 de octubre del 2013, la Asamblea General de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) encargó al Comité Olímpico Peruano (COP) la organización de los XVIII Juegos Paname-

El ex Director Ejecutivo del Plan Copesco redujo las metas de la obra en S/ 50 millones y la estructura inicial de ocho a cuatro carriles.


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ricanos 2019, a realizarse del 26 de julio al 11 de agosto del 2019. Se prevé la ejecución de 22 sedes, con 61 escenarios para la práctica de 75 disciplinas deportivas.

La Odepa y el COP firmaron el Acuerdo de Responsabilidades y Obligaciones para la or-ganización de los Juegos, estableciendo posteriormente al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos que se encargaría de la elaboración y aprobación del Plan Maestro del evento internacional, un documento de gestión a nivel estratégico que permite al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (Copal) definir las acciones a seguir para concretarlo.

En el 2015 se nombró un nuevo Comité Organizador y se creó el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos, encargado de programar y ejecu-tar la inversión pública en infraestructura deportiva en el marco del Plan Maestro.

Entre la fecha de designación como sede y la creación de la entidad que se hará cargo de la administración y acciones para su desarrollo, transcurrió 1 año y 4 meses, de los 6 años programados para concretarlos.

Riesgos advertidos La Contraloría, mediante Oficio Nº 00314-2017-CG/DC de fecha 17 de febrero del 2017, advirtió:

i) La ejecución de los principales proyectos no se está cumpliendo en los plazos estable-cidos en el Plan Maestro, lo que implica el riesgo de que los trabajos de infraestructura no se concluyan.

ii) El proyecto especial viene evaluando posibles modificaciones en cuanto a la ubicación de la infraestructura para la práctica de dieciséis deportes y once disciplinas para los Juegos Parapana-mericanos, que implicarían la incorporación de cuatro nuevas sedes que aún no han sido definidas. Esta situación genera incertidumbre respecto a sus costos, alcances y cronogramas de ejecución.

iii) El proyecto especial, como parte del desarrollo del Plan Maestro, viene suscribiendo contratos de consultoría de estudios de preinversión y estudios definitivos, los mismos que presentan retrasos en la entrega y aprobación de los entregables.

Independientemente de las penalidades que se apliquen a los contratistas por los incum-plimientos, esto afectará el inicio de las obras contempladas y, en consecuencia, la culminación oportuna de las obras de infraestructura necesarias.

Caso Refinería de Talara

El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara tiene una inversión estimada en US$ 4800 millones. A cargo del Consorcio Español Técni-cas Reunidas S.A., su finalidad es producir combustible más limpio, implementando mecanismos de preservación de la calidad del aire y la salud pública.

Riesgos advertidos La Contraloría remitió al Ministerio de Energía y Minas, en el marco del servi-cio de control simultáneo, el Oficio Nº 00315-2017-CG/DC del 17 de febrero

del 2017. El documento identifica que aún no se concreta la contratación para la construcción de las unidades auxiliares de la refinería –consistentes en la planta de hidrógeno, planta de ácido sulfúrico, planta de agua proceso y agua desmineralizada, planta de agua de mar y tratamiento, y planta de electricidad, vapor HP y MP– , no obstante que al 20 de enero del 2015 debió iniciarse la ejecución de los contratos.

Así, la demora viene afectando el cronograma de ejecución del proyecto, con un atraso de más de 2 años; incluso la Planta de agua proceso y agua desmineralizada ya tendría que haberse culminado y puesto en operación el 6 de febrero del 2017. Esta situación conllevaría a un desfase en la culminación de los trabajos y la puesta en operación del proyecto, ya que podría

No se ha concretado la contratación para las unidades auxiliares de la refinería, aunque la ejecución de contratos debió iniciarse el 20 de enero del 2015.


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afectar las actividades de comisionamiento, y la puesta en marcha y recepción de la construcción de las unidades de procesos, con los consiguientes sobrecostos, aspecto que el supervisor del proyecto (Consorcio CPT) ha reportado en un informe del mes de diciembre del 2016.

Caso Línea 2 del Metro de Lima y Callao

El proyecto de la red básica del Metro de Lima y Callao es una infraes-tructura destinada al servicio público en la capital, proyectado como una red interconectada con seis líneas a través de un sistema de transporte moderno, seguro y eficaz.

La Línea 2 tiene una extensión de 35 kilómetros, incluyendo el ramal Av. Faucett–Av. Gambetta de la Línea 4, que dará acceso al Ae-ropuerto Internacional Jorge Chávez. Se desarrollaría en tres etapas: 1A, 1B y 2, y permitiría atravesar trece distritos en solo 45 minutos. Se prevé que más de medio millón de usuarios al día aborden los trenes en las 35 estaciones. El proyecto fue concesionado a la Sociedad Concesionaria del Metro de Lima Línea 2 S.A., por un plazo de 35 años, y con una inversión de US$ 5658 millones.

Riesgos advertidos i) Retraso en la entrega de las áreas de concesión, generando dilaciones en el inicio de las

obras respecto a lo establecido en el cronograma de ejecución y mayores costos al Estado. ii) Demora en la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería por parte del conce-

sionario, ocasionando retrasos en el inicio de las obras. iii) No se han entregado las áreas correspondientes al patio taller, lo que se debió hacer

hasta el 2 de enero del 2015, impactando significativamente en la ejecución del proyecto.

Caso Aeropuerto de Chinchero

ProInversión, por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), adjudicó la concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero a la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. Con un plazo de concesión de 40 años, está encargada del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto, para atender el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Cusco y su potencial turístico, por un plazo de concesión de 40 años.

Riesgos advertidos La Contraloría emitió un informe previo en el 2014 respecto a la versión final del proyecto de contra-to, advirtiendo que no se había fijado un plazo para el cierre financiero, ni un tope para la tasa de endeudamiento, y que los estudios de perfil y factibilidad desarrollados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no analizaron otras alternativas para la ubicación del aeropuerto.

Respecto a este proyecto, en el 2014 la Contraloría emitió un informe previo respecto a la versión final del proyecto de contrato, advirtiendo que no se había fijado un plazo para el cierre financiero, ni un tope para la tasa de endeudamiento, y que los estudios de perfil y factibilidad desarrollados en el SNIP no analizaron otras alternativas para la ubicación del aeropuerto.

En el 2016, en relación al trámite de autorización del endeudamiento garantizado permitido (EGP) del Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, la Contralo-ría remitió al MTC, en el marco del servicio de control simultáneo, el Oficio Nº 01882-2016-CG/DC de fecha 12 de octubre del 2016. En dicho documento identificó el riesgo potencial de incurrir en una causal de caducidad en la cláusula 9.2.1. del referido contrato, debido a que el cierre finan-ciero se encontraba directamente vinculado con la autorización del EGP. El trámite de EGP no fue autorizado por el MTC.

Existen estudios definitivos de ingeniería del concesionario de la Línea 2 que aún no han sido aprobados.


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Asimismo, señaló que era necesario determinar si durante el proceso de promoción del aeropuerto, los postores tuvieron conocimiento o acceso a los informes financieros elaborados

por el consultor integral, que sustentaron la versión final del contra-to de concesión; la generalidad del contrato no permitía identificar los supuestos aplicables para la estimación de la tasa “i”; y la aprobación de la tasa “i” estimada por el concesionario, podría diferir de los niveles de cofinanciamiento estimados por el Estado durante el proceso de promoción, debiendo cautelarse que no se afecte el equilibrio econó-mico-financiero del proyecto.

Por tal motivo, sugirió las siguientes acciones: i) Consultar a ProInversión si durante el proceso de promoción de la inversión, los postores tuvieron conocimiento o acceso a los infor-mes financieros elaborados por el consultor integral.

ii) De ser el caso, negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero de pago por avance de obra (PAO) o su equivalente en el valor de la cuota PAO trimestral, a fin de no afectar el equilibrio económico-financiero.

iii) Obtener la opinión del MEF ante la eventualidad de asumir un mayor monto del PAO trimestral o la posible afectación del equilibrio económico-financiero.

En relación a la firma de la adenda al contrato de concesión, la Contraloría no emitió opinión previa, puesto que no tenía facultad para hacerlo. Sin embargo, estaba acreditando una comi-sión de auditoría para verificar la consistencia de las opiniones de las entidades involucradas como el MTC, ProInversión y Ositran, la modificación del esquema de pago, entre otros aspectos.

Ya en el 2014, la Contraloría advirtió que no se habían fijado topes para el cierre financiero ni para la tasa de endeudamiento.


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5. Fraude a la ley: la IIRSA Sury una exoneración sin justificaciónCuando una ley permite que en situaciones excepcionales una entidad pública pueda exceptuarse del cumplimiento de las reglas establecidas, es indispensable comprobar que existen razones que así lo justifiquen. En el caso de la exoneración de los requisitos técnicos al Proyecto IIRSA Sur tales razones no existieron, como se puede comprobar estudiando a fondo el Decreto Supremo N° 022-2005-EF.

Los proyectos de inversión pública, como las carreteras del Proyecto IIRSA Sur, tienen que cumplir una serie muy exigente de requisitos (como estudios técnicos) para que puedan ser ejecutados. Estos requisitos tienen por finalidad cuidar adecuadamente que el dinero de todos los peruanos sea utiliza-do de la mejor manera posible. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, la ley permite dictar un decreto supremo para que tales requisitos no sean exigidos para un proyecto en particular.

El Proyecto IIRSA Sur fue exceptuado del cumplimiento de los procedimientos regulares de un proyecto de inversión establecidos por el Sistema de Inversión Pública (SNIP). Para conseguirlo, las autoridades se ampararon en la Ley N° 27293 del SNIP, que establecía que solo un decreto supremo puede exonerar el trámite del ciclo del proyecto.

Así, el Decreto Supremo N° 022-2005-EF fue aprobado en febrero del 2005, exceptuando de los trámites de la fase de preinversión al Proyecto IIRSA Sur.

La lectura de esta norma nos debería permitir conocer cuáles eran esas razones excepcionales que justificaban la exoneración de los trámites. Sin embargo, apenas señala en sus antecedentes que la aprobación de la excepción se explica en el Oficio N° 397/2004/DE—CI-RV/Proinversión, el cual “[…] jus-tifica el tratamiento excepcional de los tramos incluidos dentro de la concesión del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IIRSA Sur”.

Al revisar el oficio, lo único que encontramos fue que ProInversión le pide al Ministerio de Trans-portes y Comunicaciones “[…] realizar la gestión correspondiente, para exceptuarlo de los requisitos que se consideren pertinentes, dentro de los procedimientos establecidos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Más que una justificación que sustente una decisión de esta naturale-za, el oficio solo es un pedido para realizar un trámite sin expresar ninguna justificación.

Otro documento que llama la atención es el Informe N° 048-2005-MTC/09, del 17 de enero del 2005, dirigido por la Dirección General de Planificación y Presupuesto al Viceministro de Transpor-tes. Dicho documento refiere que el proyecto cuenta con estudios de prefactibilidad y de factibilidad debidamente aprobados, y propone exonerarlo de los otros requisitos del SNIP. Nuevamente, no se expresa una razón que justifique la decisión. Lo único que se dice es que: “[…] a fin de dar paso a la eje-cución del proyecto, este requiere ser exceptuado del cumplimiento del Ciclo del Proyecto de Inversión Pública a través de un Decreto Supremo […]”.

Ante esta evidencia, la Defensoría del Pueblo concluye que el referido decreto supremo es un claro ejemplo de un cumplimiento meramente formal de una exigencia legal, ya que se trata de una norma carente de sustento o de una justificación técnica para exonerar un proyecto del trámite del SNIP. En otras palabras, podríamos estar frente a un fraude a la ley, pues se dispone una exoneración de trámites sin ninguna justificación real.


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6. Desacumular procesospara acumular impunidadLa acumulación de procesos penales es una figura regulada por ley que procede obligatoriamen-te cuando varias personas aparecen como autores o partícipes del mismo delito. Si la imputación es a uno o más individuos por varios hechos ilícitos vinculados por una misma voluntad criminal, o si estos han ocurrido en tiempos o lugares diferentes, la acumulación podrá ser facultativa.

La justificación de la acumulación de procesos radica en la conexidad, objetiva o subjetiva, del delito y de los presuntos culpables, en la medida que ello no genere dilación en la resolución del caso.

De otro lado está la desacumulación, que procede excepcionalmente siempre que haya ele-mentos suficientes (hechos, testimonios, pruebas) que puedan ser conocidos con independencia y que hagan posible resolver el caso sin mayores demoras que las propias de la investigación.

Es indispensable que la separación de procesos, de acusados o de delitos implique la ne-cesidad de realizar diligencias especiales, de lo contrario, lo ideal sería mantener los procesos acumulados. Si bien la idea primigenia de sepa-rar procesos de investigación en casos complejos apunta a “facilitar” la investigación caso por caso, en la práctica ello puede acarrear perni-ciosas consecuencias como:

i) Una visión escasa o recortada de los hechos materia de inves-tigación.

ii) La formulación de hipótesis incompletas o limitadas de la forma como se habrían cometido los delitos.

iii) La incorrecta tipificación de los ilícitos, que podrían derivar en el archivamiento de los casos.

iv) Estrategias de investigación equivocadas o diligencias inútiles. v) Que los hechos, finalmente, no se esclarezcan y, en consecuen-

cia, se produzca impunidad. Casos emblemáticos como el de la presunta red criminal de corrupción y lavado de activos

asentada en el Gobierno Regional de Áncash, demuestra lo inconveniente que puede resultar la desacumulación de procesos sin el debido análisis de situación. En este caso se abrieron una serie de investigaciones independientes, orientadas a acreditar hechos puntuales, pero al ser tratados aisladamente se desnaturalizó la hipótesis inicial que consideraba la existencia de una organización criminal con tentáculos que involucraba incluso el sicariato. Al cierre de este infor-me, el proceso lleva más de tres años, con medidas coercitivas a punto de vencer y sin resulta-dos a la vista sobre el fondo de los hechos.

La información pública proveniente de Brasil da cuenta de que en el llamado caso “Lava Jato” se estaría frente a una organización criminal integrada por reconocidos empresarios del rubro de la construcción en dicho país, quienes, asociados ilícitamente con la transnacional Petrobras –a cambio de coimas– se habrían beneficiado con licitaciones, replicando este modus operandi en otros países de América Latina y África.

La presunta red criminal de corrupción y lavado de activos de Áncash demuestra lo inconveniente que puede resultar la desacumulación de procesos.


26

En el Perú, el Ministerio Público investiga las obras en las que participó Odebrecht vincu-ladas a los últimos tres gobiernos. De forma preocupante, y en base a la información conocida hasta la fecha, advertimos que las hipótesis y tipos penales planteados por la Fiscalía en estos casos no contemplarían la dimensión de los hechos y la posibilidad de encontrarnos frente a una organización criminal altamente sofisticada.

Por ejemplo, en el caso del ex presidente Alejandro Toledo el Mi-nisterio Público le imputa haber ofrecido a Jorge Henrique Simões Ba-rata, representante de Odebrecht en el Perú, la posibilidad de ganar la licitación de la Interoceánica a cambio de 35 millones de dólares, calificando el hecho como un delito de tráfico de influencias.

Si bien bajo esta imputación la Fiscalía logró que el Juzgado de Investigación Preparatoria apruebe su pedido de prisión preventiva, los hechos planteados por el Ministerio Público permitirían también la formulación de cargos por otros ilícitos penales como el cohecho o la colusión.

La argumentación esgrimida por la Fiscalía en este caso ubica al funcionario público (Presidente de la República) como un traficante de influencias, o sea como aquél que ofreció al empresario un “trato” a cambio de una “coima”. Si eso fuera así, se entendería que quien generó el acto de corrupción habría sido el funcionario público y no el empresario. La sola investigación por este tipo penal, dejaría fuera de las pesquisas a quienes eventualmente hubieran colaborado en el desarrollo del hecho ilícito.

Lo señalado nos lleva a concluir que es trascendental partir de una adecuada hipótesis para establecer una eficiente estrategia de investigación e indagar los hechos desde una sola pers-pectiva, y evaluar si desacumular procesos podría significar, en la práctica, acumular impunidad para empresas corruptas del tipo Odebrecht.

Los tipos penales planteados por la Fiscalía no contemplarían la posibilidad de encontrarnos frente a una organización criminal altamente sofisticada.


Mayo, 2017

27

7. Derecho de acceso a la información: evaluación de los portales de transparencia 2016Transparencia, mecanismo de lucha contra la corrupciónLa Defensoría del Pueblo acoge los principios de transparencia del artículo 4° de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se indica que la transparencia de las actividades gubernamentales es un componente fundamental del ejercicio de la democracia. En nuestro país, este derecho fundamental es reconocido en el artículo 2°, inciso 5 de la Constitución Política, que permite a toda persona “solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”.4

Que los ciudadanos puedan acceder a los datos relativos a las decisiones estatales resulta esencial para combatir la corrupción, así como para promover la supervisión ciudadana del desem-peño de los funcionarios que laboran en las entidades o instituciones que pertenecen al Estado.

Resultado anual del nivel de cumplimiento Los portales de transparencia estándar (PTE) son un mecanismo de transparencia activa. Con-tienen información sobre cómo se gastan los recursos públicos y cómo se toman las decisiones. Tienen el propósito de fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía. No obstante, estas plataformas virtuales por sí solas no son suficientes. Para que se conviertan en una verdadera herramienta para prevenir la corrupción, es necesario promover la participación ciudadana y que sean utilizadas para la vigilancia del gasto y de las decisiones públicas.

En el 2016, los ministerios alcanzaron, en promedio, el mayor nivel de cumplimiento en la difusión de información mediante sus PTE (92%), en comparación con los gobiernos regionales (72%) y las municipalidades provinciales (57%). Sin embargo, con relación al Balance Anual 2015, los ministerios disminuyeron su nivel de cumplimiento de 94% a 92%, los gobiernos regionales se mantuvieron en 72% y las municipalidades provinciales aumentaron de 54% a 57%.

Ministerios Gobiernosregionales

Municipalidadesprovinciales

92%72%

57%PROMEDIO

ANUAL 2016

[4] STC Exp. N° 01797-2002-HD/TC, f. j. 11.


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En el segundo semestre del 2016, los tres niveles de gobierno supervisados bajaron su nivel de cumplimiento. Los ministerios de Educación y Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como los gobiernos regionales de La Libertad y San Martín, alcanzaron el 100% del nivel general de cumplimiento en los dos semestres del 2016.

Primer semestre Segundo semestre

88%68%

54%59%75%

95%

COMPARATIVO ANUAL 2016

Ministerios Gobiernosregionales

Municipalidadesprovinciales

Resultados anuales de nivel de cumplimiento por rubro de información

Durante el 2016, los rubros de información que alcanzaron los más altos niveles de cumplimiento en los tres niveles de gobierno fueron: información presupuestal, proyectos de inversión pública e Infobras. Los de menor nivel de cumplimiento fueron: registro de visitas a funcionarios públicos y participación ciudadana (a nivel de los gobiernos regionales y locales).

Ministerios Gobiernos regionales Municipalidades provinciales

COMPARATIVO ANUAL DEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR RUBRO DE INFORMACIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (EN PORCENTAJE)

9988

7585

100

40

0

95

82

50

89

57

44

92

68

28

95

38

99

7564

26

100100100 10010096 9696

70

55

Info

rmac

ión

pres

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stal

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Info

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Info

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os

Info

rmac

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adic

iona

l


Mayo, 2017

29

Comparativo del primer y segundo semestre del 2016 de los ministerios

Los ministerios retrocedieron siete puntos porcentuales en el promedio general de cumplimiento entre el primer semestre (95%) y el segundo (88%).

100

9887

8792

7794

81

85

77

94

8996

91

91

94

94

89

89

94

8585

94

87

87

9292

98

96

9692

74

100100

100100

100

100

PCM

Midis

Minedu

Cultura

Mimp

Mintra

MTC

Vivienda

RR EE

Minsa

Mincetur

Minam

Minem

Minag

Produce

MEF

Minjus

Mindef

Mininter


MINISTERIOS, NIVEL

GENERAL DE CUMPLIMIENTO

(EN PORCENTAJE)

Comparativo del primer y segundo semestre del 2016 a nivel regional

En el año 2016 se registró un retroceso de siete puntos porcentuales en el promedio general de cumplimiento de los gobiernos regionales entre el primer y segundo semestre. Pasó de 75% a 68%.

7281

4447

6558

8674

6363

7060

867574

7088

8293

65

89727472

100100

7065

8274

725665

5681

7781

567570

5654

100100

7765

42

7963

40

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali


GOBIERNOS REGIONALES,

NIVEL GENERAL DE

CUMPLIMIENTO (EN

PORCENTAJE)


30

Comparativo del primer y segundo semestre del 2016 de las municipalidades provinciales

A nivel local también retrocedió el cumplimiento entre el primer y segundo semestre. En este caso la reducción fue de cinco puntos porcentuales: de 59% a 54%.

33 30

4246 49

5158

54

6561

8475

7972

47

0

8982

5851

8882

4954

6154

4446

91

77

4046

3537

7570

44

93

7986

61

3735

7067

68

4737 35

0

Aba

ncay

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Caja

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Ica

Lim

a

Mar

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l Nie

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nas

Moy

obam

ba

Pasc

o

Piur

a

Puno

Tacn

a

Tam

bopa

ta

Truj

illo

Tum

bes


MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, NIVEL GENERAL DE CUMPLIMIENTO (EN PORCENTAJE)

Recomendaciones para mejorar los portales de transparencia1. Cumplir con ubicar el ícono de la lupa con el título Portal de Transparencia en el lado superior

derecho de la página web de cada entidad. 2. Mantener el enlace al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y a su norma

aprobatoria, así como al portal de transparencia estándar (PTE), cuando la entidad modifique su página web.

3. Publicar información completa y actualizada en cada uno de los clasificadores temáticos del PTE.4. Emplear avisos de sinceramiento para informar que la entidad no ha producido información

en determinado mes o periodo o para explicar brevemente las razones por las cuales no se difunde determinada información.

5. Utilizar los formatos uniformizados del PTE para la difusión de información, principalmente en los rubros de información de personal, información de contrataciones y registro de visitas a funcionarios. Asimismo, al emplear archivos en formato PDF o similares, estos deben ser legibles, amigables y de un tamaño que facilite su descarga.

6. Implementar motores de búsqueda que permitan localizar rápidamente las normas emitidas por la entidad.

7. Revisar continuamente la operatividad del PTE, así como el de sus respectivos enlaces.8. Ubicar la información en los rubros que corresponden de acuerdo a la legislación vigente,

principalmente las declaraciones juradas, el plan anual y el presupuesto participativo.9. Revisar los procedimientos internos para lograr una mejor articulación entre las unidades de

la entidad que poseen o producen información y el responsable del PTE.10. Maximizar el uso de las páginas institucionales para difundir información de utilidad para los

ciudadanos y ciudadanas, y revisar la operatividad del enlace de comunicación con la ciudadanía.


Mayo, 2017

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8. La planificación de la política anticorrupción en el Estado

Informe Defensorial N° 176 “Planes Sectoriales Anticorrupción: Recomendaciones para mejorar su formulación”El 27 de enero del 2017, la Defensoría del Pueblo presentó los resultados de la supervisión de los procesos de elaboración, y seguimiento y monitoreo de los planes sectoriales anticorrupción de 16 ministerios del Poder Ejecutivo (Resolución Defensorial N° 006-2017/DP del 7 de abril del 2017). El informe revela las deficiencias y debilidades de los sectores en sus procesos de planificación, los cuales han impedido una adecuada implementación de la política sectorial anticorrupción. Asimismo, se evidencia la necesidad de desarrollar un trabajo más coordinado con la CAN Anticorrupción.

Principales hallazgos

• La mayoría de diagnósticos no describen la problemática de corrupción del sector, así como tampoco identifican las áreas de mayor riesgo ni sus factores causales.

PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS

QUE DESCRIBEN LA PROBLEMÁTICA

DE CORRUPCIÓN DEL SECTOR

Sobre acciones anticorrupción implementadas

43% Sobre la problemática

del sector

43%

Otra información

14%

•En la mayoría de sectores, el proceso de elaboración del plan anticorrupción no fue participativo.

ÓRGANO ENCARGADO

DE DIRIGIR EL PROCESO

DE ELABORACIÓN DEL PLAN

SECTORIAL

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

50%Oficina

Anticorrupción

13%

Comisión Ad Hoc

37%


32

•Ningún ministerio desarrolla de forma completa todos los componentes de la estructura bási-ca dispuesta en los lineamientos.

• Los indicadores no permiten evaluar el resultado de las acciones ni de la implementación del plan sectorial. Tampoco son comparables entre sectores, puesto que tienen distintas unida-des de medida.

•A juicio de los entrevistados, la asistencia que recibieron los sectores por parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción) fue poco planificada, ya que estaba más orientada a la metodología que a aspectos técnicos.

• La mayoría de reportes de seguimiento y monitoreo presentan debilidades. Por ejemplo, no informan sobre el cumplimiento de metas ni precisan el avance de los objetivos, y las matrices de seguimiento y monitoreo no tienen indicadores para medirlos.

•Ningún sector consignó todas sus actividades en su Plan Operativo Institucional (POI).• Los sectores implementan, en promedio, solo el 45% de las acciones que programan.

RESULTADOS GENERALES

DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

REPORTADOS POR LOS

SECTORES

El medio de verificación no es pertinente

4%No se adjuntó medio

de verificación

25%Se realizaron acciones previas para el cumplimiento

12%Se verificó un cumplimiento parcial

9%Sí verificó

45%Se verificó pero fuera de fecha

5%

Principales recomendacionesA la Coordinación General de la CAN Anticorrupción

1. Conformar un equipo técnico que asista a los sectores en el proceso de elaboración de sus planes sectoriales anticorrupción.

2. Diseñar un plan de trabajo coordinado con los sectores, para capacitarlos y monitorear la implementación de sus planes anticorrupción.

3. Establecer una línea base de indicadores que permitan evaluar los resultados, objetivos y estrategias principales de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

4. Elaborar un manual de obligatorio cumplimiento que desarrolle la información contenida en los lineamientos para la elaboración de los planes anticorrupción.

5. Revisar los planes sectoriales anticorrupción antes de su aprobación, para supervisar aspec-tos técnicos de planificación y de estrategias anticorrupción.

A los Ministerios del Poder Ejecutivo

1. Implementar oficinas anticorrupción encargadas de diseñar y coordinar las políticas de lucha contra la corrupción del sector.


Mayo, 2017

33

2. Conformar comisiones especiales que dirijan el proceso de formulación de los planes secto-riales anticorrupción.

3. Realizar estudios del sector, identificando las áreas de mayor riesgo, así como los factores de la corrupción.

4. Consignar en el POI todas las actividades del plan anticorrupción, con el propósito de asegu-rar el presupuesto y el adecuado seguimiento y monitoreo de aquellas.

5. Publicar semestralmente los reportes de seguimiento y monitoreo, para que la ciudadanía conozca el trabajo en materia anticorrupción de cada sector.

Diagnóstico sobre la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción: Estudio de la OCDE sobre integridad

Recient

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