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Coordinadoras: Valentina Campos Cabral, Rosa Isela Ortíz Ocampo

ColaboradoresValentina Campos Cabral, Patricia Ávila García, Ma. Concepción López Téllez, Roberto Gallardo Loya, Fabiola Coutiño Osorio, Irma Gallardo Ramírez, América Serrano García, Nicolás Pineda Pablos, Oscar Nicasio Lagunes López, Erick Fernando Ramírez Medina,

Beatriz Barrios Hernández.

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 2018

Primera edición: 2018ISBN: 978-607-525-577-4

DR © Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104, Col. Centro Histórico, Puebla, Pue. CP 72000 Teléfono: 01 (222) 229 55 00 www.buap.mx Dirección General de Publicaciones 2 norte 1404, Col. Centro Histórico, Puebla, Pue. CP 72000 Teléfonos: 01 (222) 246 85 59 y 01 (222) 229 55 00 Ext. 5768 y 5764 www.dgp.buap.mx [email protected] Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Av. San Claudio esquina 22 Sur, Col. Jardines de San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Pue, México [email protected]

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Rector: José Alfonso Esparza Ortiz Secretario General: José Jaime Vázquez López Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura: Fernando Santiesteban Llaguno Director General de Publicaciones: César Ricardo Cansino Ortiz Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: Luis Ochoa Bilbao

Hecho en MéxicoMade in Mexico

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Introducción 7

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IntroducciónEl presente trabajo es un esfuerzo compartido de académicos e in-vestigadores formados y con experiencia en diversas disciplinas. Hay abogados, biólogos, politólogos, literatos-lingüistas, sociólogos y fi-lósofos, quienes desde su campo de conocimiento problematizan y construyen al agua en un contexto de creciente reconocimiento de su relevancia ambiental, cultural, política, económica y territorial.

El tema del agua en la última década ha adquirido notoriedad por distintos elementos. Por un lado, las políticas públicas impulsa-das en el marco de modelos de desarrollo neoliberales han pugnado por el establecimiento de modelos jurídicos e instituciones inclina-dos a la mercantilización de bienes naturales comunes y el ingreso de actores privados —nacionales y transnacionales— en su gestión. Por otro lado, existen reportes a diversas escalas sobre la disminución de la disponibilidad y acceso al agua, la agudización de su escasez y su contaminación. Lo anterior ocurre en un contexto de leyes ambien-tales cuestionadas por su poca efectividad para mantener sus condi-ciones adecuadas, sancionar su mal uso y eludir la dimensión social en su conservación.

Destacan también los trabajos sobre el papel del agua en el origen de las ciudades. Versan sobre los conocimientos, prácticas, organiza-ción e institucionalidad de sistemas de riego que dan viabilidad a agro-ecosistemas campesinos, responsables de la producción de al menos la mitad de los alimentos que se consumen en el país, y de las adaptacio-nes que manifiestan ante el cambio climático y la disminución de agua.

En coordenadas cercanas está la descripción y análisis de los con-flictos detonados por el despojo y la redirección de bienes comunes. Se parte de la matriz agua-bosque-suelo que visibiliza el desacuerdo en la gestión de uno o todos esos recursos. Fundamentalmente, se

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MIRADAS SOBRE AGUA. ACERCAMIENTOS MULTIDISCIPLINARES

habla de la relación de los actores locales con el Estado, la falta de participación de los primeros en la toma de decisiones, así como el desconocimiento de sus necesidades.

De forma particular, esta reflexión se manifiesta en la denuncia de proyectos extractivos cuya posibilidad está estrechamente rela-cionada con el acceso, control y acaparamiento del agua (minería, hidroeléctricos). Esto pone en duda la permanencia de los bienes y servicios ambientales, y revela una contradicción con los significa-dos, intereses y perspectivas de los actores que se oponen a su em-prendimiento, así como la falta de realización de procedimientos le-gales de consulta. Estos últimos elementos asociados con el tema de los derechos humanos y la defensa del territorio muestran al agua en su dimensión estratégica y política. Visibilizan que su uso y apropia-ción no es un asunto simétrico, neutral y aséptico, sino conflictivo.

En consonancia con esta discusión, esta obra se compone de seis capítulos elaborados por docentes adscritos a la Facultad de De-recho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, algunos en colaboración con colegas de otras facultades o de investigadores pertenecientes a otros centros de investigación. Reflexionan en torno al agua en tres vertientes: los conflictos por el agua, la dimensión normativa y la historia oral.

Los primeros tres capítulos tratan sobre conflictos sociales en los que el agua es el elemento detonante. Manifiestan la existencia de relaciones de poder asimétricas que determinan las formas de control, acceso y distribución del agua. Asimismo, acusan la falta de capacidad institucional para evitar que se torne en conflicto la competencia por un recurso.

Las contribuciones son relevantes por el tipo de particularida-des y diferencias que manifiestan. Destaca que todos abordan zonas rurales, cuyos actores sociales campesinos e indígenas dependen de los recursos naturales para su sobrevivencia, y entran en disputa con otros actores que enarbolan y proponen proyectos de desarrollo ur-bano o industrial. Entre sus detonantes se señalan temas como la es-casez y su manejo, en un escenario de priorización y concentración de los recursos hacia un tipo particular de uso y usuario. Los valores, derechos, costumbres y modos de vida se vulneran ante la tensión

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que se genera frente a la intención de redirigir el uso convencional o tradicional de los recursos naturales, normalmente con procesos de degradación ambiental y cultural en un contexto de marcos jurídicos ambientales permisivos. Por otro lado, los tipos de participación de-tonan en un contexto de alejamiento de las autoridades de sus repre-sentados, de leyes coyunturales que endurecen las medidas punitivas ante la movilización colectiva.

Campos y Ávila documentan el conflicto socioambiental ocu-rrido en el estado de Michoacán durante el 2010, a propósito de la visibilización por productores, ejidatarios, silvicultores y pequeños empresarios de las afectaciones a las que eran sujetos como parte de la integración de sus recursos hídricos al sistema Cutzamala. Los inconformes, propietarios o usufructuarios de los bosques localiza-dos en los municipios del oriente del estado, fundamentales para la captación de agua que se trasvasa hasta el Estado de México y la Ciudad de México, a través de un sistema de presas y canales, se sentían agraviados por la falta de agua. En virtud de la afectación de sus actividades, se organizaron y movilizaron para denunciar el costo ambiental, social y económico del funcionamiento del sistema Cutzamala. Acusaron el nivel de degradación de los bosques pro-ductores de agua y la ineficiencia de un sistema de gestión basado en la priorización de las necesidades de la Zona Metropolitana por encima de las actividades, intereses y necesidades locales.

A continuación, López y Gallardo proponen el análisis de un conflicto por el agua en la cuenca del Amajac, región conformada por 37 municipios pertenecientes a los estados de San Luis Potosí e Hidalgo. Dicha región se caracteriza por su origen pluricultural, campesino y por tanto con una profunda organización e institucio-nalidad para la gestión de recursos de su territorio, fundamental-mente el agua, la cual se observa como un recurso común, integrado al funcionamiento del ecosistema.

Por su parte, Coutiño y Gallardo identifican los tipos de pro-testa social en el estado de Puebla, así como los ámbitos en los que se desarrollan para evidenciar que existe una diversificación de las formas de participación en el estado, con repertorios convenciona-les o no. Entre estos últimos, se encuentra la realización de alianzas

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regionales y nacionales, a partir de la reivindicación de derechos de cuarta generación y la defensa de recursos naturales ante proyectos que implican el despojo de territorios. Documentan un caso exitoso en los resultados de la acción colectiva, al suspenderse la construc-ción de una hidroeléctrica que trastocaba la condición del ecosiste-ma y las formas de vida de una comunidad totonaca, e impulsaba la privatización del recurso hídrico.

Los siguientes dos capítulos abordan elementos de orden nor-mativo, el primero para México y el segundo para Ecuador. En am-bos se revela como fundamental el papel del Estado en garantizar el acceso al agua, así como el reconocimiento de ésta como un derecho humano. Se afirma la centralidad del agua para la vida, la salud, la dignidad humana y el equilibrio social, pero con matices distintos a partir de las particularidades y coyunturas en las cuales se discute e implementa. En México diversas situaciones de ineficiencia en su provisión, en calidad y cantidad han abierto el camino a la intro-ducción del sector privado en el abastecimiento de agua. Algunos autores han identificado esta entrada como un proceso de privati-zación. En Ecuador, a contracorriente y en respuesta a las políticas neoliberales, se reafirma su carácter público.

Así, Pineda y Lagunes discuten sobre el reconocimiento del agua como un derecho humano, y lo contrastan con lo que ocurre en países europeos. Tal afirmación, más que una ganancia o posibi-lidad jurídica, revela procesos de insatisfacción de servicios públicos proporcionados por el Estado, pues su cumplimiento desafortuna-damente no es un precepto constitucional. En su disertación com-parten el incompleto proceso de su promulgación para que el Estado efectivamente garantice a las personas el derecho a este recurso. De igual manera, presentan seis tesis emitidas por tribunales colegiados de distritos que reafirman a los diferentes niveles de gobierno y a concesionarios privados como los responsables de cumplir el dere-cho humano al agua, para lo cual están obligados a destinar recursos para garantizarlo.

En el caso del Ecuador, Ramírez discute la Ley de Aguas para el Buen Vivir, con los proyectos de Ley elaborados por organiza-ciones sociales e indígenas en un intento de resguardar los logros

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alcanzados en la Constitución del 2008, a saber, el agua como un derecho humano, bien nacional, público, estratégico, inalienable, imprescriptible e inembargable, como parte de un viraje a las nor-matividades neoliberales que a finales de las dos últimas décadas si-glo xx, otorgaron la potestad de las empresas privadas sobre el agua y con ello su acaparamiento y distribución en función de las leyes del mercado. La primera propuesta fue elaborada por la Comisión Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agro-pecuario y Pesquero, en tanto la segunda participó la asamblea por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, junto con el Movimiento Popular Democrático (MPD). El autor destaca las dife-rencias fundamentales, puntualizando por su repercusión en temas controversiales como la gratuidad (o no) de un mínimo vital de agua para uso doméstico y riego comunitario que permita la soberanía alimentaria, la institucionalidad y organización necesaria para posi-bilitar su gestión comunitaria y su desprivatización.

En la sección última del libro, Barrios presenta un documento con la tradición oral que campesinos y campesinas de La Magdalena Axocopan, Atlixco, tienen sobre un manantial que nace dentro del ejido. Su relevancia radica en el registro de la memoria oral colectiva sobre un bien natural prioritario para la sobrevivencia y reproduc-ción social de ejidatarios, pequeños propietarios de la localidad y aquellos con los que comparten su agua. Su existencia observa un relato común con variaciones en los que se refleja la relación con geosímbolos fundamentales en el imaginario de las personas: el vol-cán Popocatépetl, la asociación con la patrona del pueblo y prácticas que pueden remitirse al origen prehispánico de la población.

Sin más, ofrecemos esta elaboración dictaminada a doble ciego por expertos en el tema, con el deseo de que sea del interés y agrado de los lectores, y que constituya un aporte al conocimiento de casos concretos o líneas de discusión compartidas por muchos en el ámbi-to de las ciencias sociales.

Valentina Campos Cabral

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ResumenEn este trabajo se documentan y analizan los conflictos sociales en las zonas productoras de agua del oriente de Michoacán generados por el trasvase de agua del sistema Cutzamala durante el año 2010. La confrontación por el agua ocurre entre la Comisión Nacional del Agua, como administradora del sistema Cutzamala, y los produc-tores agrícolas —especialmente frutícolas— del oriente de Michoa-cán (Hidalgo, Tuxpan, Jungapeo, Benito Juárez, Susupuato, Tuzantla y Zitácuaro). Sin embargo, participan también los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, beneficiaros finales del trasvase. La disputa muestra episodios de agudización en situacio-nes de escasez detonadas por la baja precipitación pluvial y la admi-nistración de la presa a favor de los usuarios urbanos en detrimento de la asignación de agua para la fruticultura. Dicha actividad tiene relevancia económica y social en la región y el estado. El estudio evi-dencia el impacto social de la lógica de asignación federal del agua para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm), en me-noscabo de las necesidades y usos locales-regionales.

1 Doctora. Profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.2 Doctora. Profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Miembro del Sistema Nacional de Inves-tigadores, nivel 2.

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Palabras clave 6LVWHPD�&XW]DPDOD��HVFDVH]��FRQÀLFWRV�VRFLDOHV�

El sistema Cutzamala. Relevancia de la presa El BosqueEste trabajo se realizó en el municipio de Zitácuaro, donde se ubica la presa El Bosque, primer y principal embalse de almacenamiento en Michoacán del sistema Cutzamala. Además, es la ciudad princi-pal que articula las actividades del oriente del estado.

El sistema Cutzamala es una obra hidráulica de primera impor-tancia para la zmcm,3 pues proporciona 30% (15 m3/s) del agua que ahí se consume.4 Su construcción ocurrió porque la Secretaría de Re-cursos Hidráulicos (srh) valoró que la cuenca del Cutzamala era la mejor opción5 en cuanto a disponibilidad y calidad del agua para do-tar de agua potable a cinco millones de personas localizadas en once delegaciones de la Ciudad de México y once municipios mexiquenses conurbados (Perló y González, 2005; Conagua, 2009; Corona, 2010).

Su existencia debe entenderse en el marco de un sistema polí-tico unipartidista, centralista y autoritario. Éste impulsaba un desa-rrollo modernizador a través de un modelo de gestión del agua que atendía la oferta, sin importar la lejanía del sitio donde se obtuviera, ni los impactos ambientales y sociales que generara6 en tanto fuera viable técnica y económicamente. El paradigma hidráulico que sus-tentó esta visión ha sido definido por Perló y González (2005) como expulsor de los excesos e importador ante situaciones de escasez.

3 La zmcm abarca 1484 km2 de la Ciudad de México (16 delegaciones) y 3441 km2 del Estado de México (37 municipios conurbados), es decir, un total de 4925 km2. La zona concentra a 20 millones de personas, 45% de la industria del país, centros educativos, culturales, de servicios y actividades comerciales, que generan 32% del pib nacional (inegi, 2010, 2007).4 El agua viaja 240 kilómetros desde las presas de Michoacán y el Estado de México para surtir a diez delegaciones de la Ciudad de México y trece municipios del Estado de México.5 También se valoraron las cuencas de Tecolutla (14 700 lps), Amacuzac (14 200 lps), Temas-caltepec (5000 lps), Tula-Taxhimay (2800 lps), Libres Oriental (7000 lps), así como la del Papa-loapan, Tepalcatepec, Apan y Volcanes Ixta y Popocatépetl.6 Una alternativa a la importación de agua para la zmcm era la obtención de ésta de la propia cuenca, a través del aprovechamiento de los ríos de la Ciudad de México (Tlalnepantla, San Ja-vier, Chico de los Remedios, Totolica, De los cuartos, Hondo, Tacubaya, Becerra, Mixcoac, San Ángel y Magdalena) lo que resultaba en términos económicos menos costoso que su trasvase.

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Aboites (2009), por su parte, lo identifica como un modelo de agua de la nación, en el que el Estado (representado por el Ejecutivo) con-trolaba, regulaba y construía obras hidráulicas impresionantes por su dimensión e impacto.

La viabilidad del Sistema Cutzamala depende del agua que se captura en las subcuencas de la cuenca del río Cutzamala (Hidal-go, Angangueo, Ocampo y Zitácuaro, en Michoacán), así como de la infraestructura necesaria para su almacenamiento, derivación y bombeo (160 kilómetros de ductos, 80 de canales y seis plantas de bombeo).

La infraestructura principal del Sistema Cutzamala (las presas de derivación y almacenamiento), fueron construidas por la Comi-sión Federal de Electricidad (cfe) para la generación de energía hi-droeléctrica como parte del sistema Miguel Alemán.7 Los embalses se ubican en el estado de Michoacán (presas Tuxpan y El Bosque) y en el Estado de México (Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, Chilesdo y Colorines).

La incorporación del agua de las presas ubicadas en el estado de Michoacán ocurrió en la década de 1990, durante la construcción de la tercera etapa del sistema Cutzamala, a través del subsistema Colorines. Aquél proporciona un total de 8 m3/seg, gracias a la cap-tación del agua de las presas Tuxpan y El Bosque que se transportan al embalse de Colorines, para llegar a Valle de Bravo y la planta po-tabilizadora de Los Berros, desde donde se bombea a la Ciudad de México (Orozco y Quesada, 2010; Escolero, Martínez y Perevocht-chikiva, 2009).

La presa El Bosque fue construida en 1954 en Zitácuaro Mi-choacán, en lo que eran los terrenos de cultivo de la hacienda El Bos-que.8 En la actualidad, el agua también tiene uso agrícola y domés-

7 Este sistema estaba integrado por las presas de Tuxpan, Colorines, Villa Victoria y las plantas generadoras de Ixtapatongo y Tingambato. Inició su construcción en 1948 y se concluyó en 1956. Su función para la generación de energía eléctrica continuó hasta principios de la década de 1980, cuando la Comisión Federal de Electricidad (cfe) cedió el uso de las aguas a la Co-misión Nacional del Agua, que las destinó a la dotación de agua potable para la zmcm, a través de su trasvase por el sistema Cutzamala.8 Dicha hacienda producía jitomate, melón y trigo en cantidades tan relevantes. De acuerdo con Avilés (s. f.), la pérdida de estas tierras mermó la economía de la región.

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tico. Sus dimensiones (40 metros de profundidad, 4 km de ancho y 6 km de longitud) le permiten tener una capacidad total de 248 hm3 y una capacidad útil de 202 hm3.

Los registros de su almacenamiento (figura 1) indican que los niveles mínimos se registraron en el periodo 1998-2000 y el año 2009, cuando el embalse estuvo a 37% de capacidad en virtud de la baja precipitación pluvial y el azolve provocado por el arrastre de material proveniente de la construcción de la autopista Toluca-Zitá-cuaro (Conagua, 2011).

Figura 1. Almacenamiento histórico de las principales presas del sistema Cutzamala (1998-2009)

Fuente: Conagua, 2011.

Las fuentes de abastecimiento de esta presa son los bosques de las zonas altas de la cuenca. Algunos de estos se encuentran protegidos por instrumentos ambientales: la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, con 56 000 hectáreas en los estados de Michoacán y Mé-xico; Aéreas de Protección de Recursos Naturales9 como la Cuenca de Zitácuaro (con una superficie de 136.8 km2 antes protegidos bajo

9 De acuerdo con Villaseñor, Robles, Briseño y Anadir (2005), éstas eran áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, aguas y recursos naturales con aptitud forestal.

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la figura de Zona Protectora Forestal Vedada para conservar bosque de pino-encino y bosque de oyamel y pino), y áreas de protección de recursos naturales para la protección de cuencas hidrográficas que alimentan sistemas de irrigación (presa Agostitlán, con 5000 ha; presa Sabaneta, 1000 ha, presa Pucuato, 4900 ha). Estas zonas son el sitio de origen de manantiales, escurrimientos y corrientes, como el río Zitácuaro o San Juan Viejo, del río San Isidro y parte del río Tuxpan.10 La pérdida de su vegetación impacta diferentes procesos ambientales asociados al agua.

Si bien la escasez de agua se asocia con la disminución o cambio del patrón de lluvias (figura 2) y la merma de la aportación de ríos y arroyos, también ha ocurrido que el nivel de las presas baja por privilegiarse la dotación de agua a la zmcm, ante el incremento la demanda de agua para uso doméstico/urbano. No obstante, en las zonas captadoras o productoras de agua también se incrementan las peticiones, fundamentalmente para el suministro de comunidades indígenas, así como para su uso agrícola en el riego de frutales.

Figura 2. Precipitación pluvial en el estado de Michoacán (2001-2011)

Fuente: Conagua, 2012.

10 Este río recibe el agua de los ríos San Pedro, El Zarco, Áporo, El Muerto, El Angangueo y los arroyos de El Salitre, El Aguacate y el Zendi.

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Esta situación incrementa la presión sobre el sistema Cutzamala, que por no recibir recursos para su mantenimiento presenta filtra-ciones, agrietamientos, fracturas11 y con ello fugas de agua, proble-mas de azolve (40% de lodo) y contaminación de las aguas (presen-cia de coliformes fecales y sustancias químicas). Lo anterior no hace más que agudizar el problema y afectar la eficiencia de la principal fuente de agua de la metrópoli.

Escolero, Martínez y Perevochtchikiva (2009) reportan que la aportación de los abastecimientos a este sistema ha disminuido (en-tre 1998 y 2009 pasó de 138 a 75.3 hm3) no sólo por problemas en la infraestructura, a causa de la baja inversión para su mantenimiento y rehabilitación, sino también por la variación de los parámetros cli-máticos y por la degradación de las áreas de captación. De tal forma hay una disminución de la cantidad y calidad del agua, ocasionada por la degradación de las cuencas a partir de cambios de uso de suelo provocados por la deforestación, el incremento de la frontera agrí-cola, la urbanización y la construcción de vialidades. Estos procesos incrementan la erosión hídrica, afectan el escurrimiento y recarga de los acuíferos, a la par que se incrementan los costos de operación del sistema y se generan conflictos sociales.

El sistema Cutzamala y la producción de guayaba en el oriente de MichoacánEn la región oriente del estado de Michoacán, en particular los mu-nicipios de Zitácuaro, Susupuato, Benito Juárez y Jungapeo, se ha impulsado la producción de guayaba durante los últimos años. Du-rante el periodo de análisis de conflicto por el agua, la guayaba había adquirido una relevancia económica creciente hasta colocarse como el tercer cultivo de importancia en el estado de Michoacán, después del aguacate y la zarzamora. Por ello, representaba una importante fuente de ingresos y empleos.

11 Ramón Aguirre, Director de Aguas del Distrito Federal, en su momento expresó que para revertir los daños del sistema Cutzamala se requería una inversión mínima de 5000 millones de pesos (Rojas, 5 de mayo, 2011). La respuesta de la Conagua fue que no había recursos para realizar estos trabajos.

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Para el 2011, los productores de Michoacán produjeron 40% de las toneladas cosechadas de guayaba en el país durante el 2011 (122 000) (Sagarpa, 2012). Esto posicionó al estado como el primer productor a nivel nacional en este cultivo, desbancando al estado de Aguascalientes que redujo su producción (de 194 837 toneladas en 1980, a 102 910 en el 2011) y la superficie de cultivo (de 12 702 hectáreas a poco más de 6000). Michoacán, además de incrementar la superficie (que pasó de poco más de cuatro mil hectáreas en la dé-cada de 1980, a 122 000, en el 2011), aumentó los rendimientos de las huertas: en temporal 16.6% (de cinco a seis toneladas por hectárea) y en riego 14% (de trece a quince toneladas por hectárea).

Su importancia económica se refleja en la obtención, durante el 2010 de 525 millones de pesos, cifra que representa el doble de lo ob-tenido durante el 2003. La evidencia de su relevancia se aprecia me-jor si se comparan los datos de superficie y el valor de la producción con el cultivo de maíz grano. En el 2009, la superficie total sembrada en el estado fue de 1 088 796 hectáreas. De éstas, 43% se sembraron con maíz grano, que produjo 1 282 458 toneladas, con un valor de la producción de tres mil millones de pesos (Sagarpa, 2011).

Ese mismo año, las huertas de guayaba ocuparon una extensión de poco menos de 10 000 hectáreas, para producir 125 000 tonela-das, con un valor de la producción de 476 millones de pesos. Esto quiere decir que el cultivo de guayaba sembrado en menos de 2% de la superficie cultivada con maíz grano en el estado produjo 16% del valor de la producción de maíz. Así, una hectárea de guayaba repre-sentaba 85% más de valor que el cultivo de maíz grano. En el mismo sentido, la actividad estaba organizada por 4500 productores (4000 en la región oriente) para generar al menos dos millones y medio de jornales, por lo que, además de generar ingresos, era un nicho de ocupación laboral.

La articulación del proceso productivo en el sistema producto12 había promovido la exportación del fruto a Estados Unidos (Texas,

12 Un sistema producto es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos pro-ductivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercializa-

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Ilinois, Atlanta, Nueva York y California) y Canadá (alrededor de mil toneladas), a partir de la certificación13 de 1200 hectáreas distri-buidas en los municipios de Benito Juárez, Jungapeo, Nuevo Urecho, Susupuato, Taretan, Zitácuaro, Ario de Rosales, Tuxpan, Uruapan y Tuzantla. Esto permitió a los productores mejorar sus ingresos, al obtener mejores precios por kilogramo de fruto.

Cabe destacar que el promedio que los productores calculaban eran quince toneladas por hectárea, cifra semejante a la media nacio-nal. Sin embrgo, existían guayaberos con más tecnología que cose-chaban hasta el doble, a partir de cosechar tres cortes cada dos años.

En la zona oriente del estado de Michoacán, en particular los municipios de Benito Juárez, Jungapeo, Susupuato, Tuzantla y Zitá-cuaro, es donde se da la mayor producción de esta fruta. Estos mu-nicipios presentan condiciones adecuadas de altitud, temperatura (climas templados y cálidos donde no existen cambios bruscos de temperatura) y disponibilidad de agua, lo que además permite pro-ducir fruta seis o siete meses después de invierno.14

Conflicto por el aguaLas huertas del oriente de Michoacán son regadas con el agua del canal que va de la presa Tuxpan a la presa El Bosque o con escurri-mientos de ésta (algunos mediante tomas irregulares).15 De tal ma-nera, la disminución de agua para riego ocasionada por la escasez de lluvias durante el año 2009 generó disputas y conflictos entre la Conagua y los productores frutícolas. Dicho año se consideró como

ción. La guayaba es el sistema producto más importante del estado de Michoacán.13 En este rubro, Aguascalientes es el estado líder en certificación de huertos para la exporta-ción a Estados Unidos y Canadá. Lo ha logrado gracias a la garantía de calidad e inocuidad de la fruta, a través el control de plagas, la esterilización y eliminación de bacterias con cobalto 60 de la producción 440 huertos (2122 hectáreas). 14 La relevancia de este producto es tal, que los productores están pensando abastecer también al mercado estadounidense. Para ello están integrando la cadena productiva con la instalación de cuatro empacadoras (en Benito Juárez y en Taretan) adicionales a las dos que ya existen en Jungapeo y Zitácuaro.15 Se ha calculado en 1500, las tomas irregulares conectadas a los canales que suministran a las presas del SC, a través de las cuales se extraen 3 mil litros de agua por segundo, las que se ubican principalmente en Susupuato y Zitácuaro (comunidades como Armadillos, Las Pilitas, La Coyota, El Llano, Loma Linda y Cerro Pelón) en Michoacán.

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el más seco de los últimos 40; se registró el menor nivel de almacena-miento en todas las presas del sistema Cutzamala. Como en la presa de El Bosque,16 llegó a bajar hasta en 75% su capacidad.

No obstante, esta situación fue generada no sólo por la dismi-nución de las lluvias, sino por la decisión de la Conagua de vaciar la presa El Bosque en enero del 2010 para evitar que los guayaberos michoacanos utilizaran el agua para riego durante la época de estiaje (de enero a mayo), pese a que el agua que se almacenaba en esta pre-sa procede de los bosques y arroyos del oriente del estado.

La restricción de acceso al agua de este sistema a los producto-res de oriente de Michoacán17 representó para la Conagua un ahorro urgente de 150 millones de metros cúbicos. Los productores no tar-daron en denunciar que mientras a ellos les negaban el agua, el poco líquido que quedaba en la presa El Bosque (con menos de 30% de su capacidad de almacenaje) se transfería a la presa de Valle de Bravo para mantener la actividad turística y enviarla de forma prioritaria a la ciudad de México.

Que la Conagua, durante el 2009, considerara fundamental evi-tar una crisis en el Valle de México por la falta de agua marcó la dirección del conflicto más reciente y crítico en el oriente de Mi-choacán, ocurrido a principios de 2010. El episodio climático mayor fue la amenaza de parar una obra al pie de la cortina de la presa El Bosque de la Conagua. Presuntamente, ésta permitiría la extracción de más agua para el sistema Cutzamala, así como el emplazamiento para cerrar el sistema Cutzamala en caso de que sus cultivos siguie-ran sin regarse.

16 Esta presa recibe almacena agua que proviene der arroyos que bajan desde las montañas en donde se ubican los bosques santuarios de la mariposa Monarca, aportando cerca de la tercera parte del agua del Sistema Cutzamala. 17 Al mismo tiempo, la Conagua impulsó de forma permanente y continua recortes de agua para la población de la zmvm que se mantienen hasta la fecha. Se ha dicho que el volumen que se ha recortado (3000 m3/seg) es el mismo que los productores de guayaba continúan toman-do mediante escurrimientos o tomas irregulares.

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Actores en el conflictoLas respuestas en la región oriente del estado de Michoacán no se hicieron esperar. Un conjunto de actores heterogéneos advirtió que esto ocasionaría una problemática de dimensiones incalculables para los productores de guayaba, quienes no podrían obtenerla por la vía tradicional, mediante escurrimiento (Rojas, 31 de enero, 2010). De hecho, éstos alertaron sobre el peligro de esta decisión de la fe-deración, pues se ponía en riesgo siete mil hectáreas de huertas de guayaba de productores de cuatro municipios de la región, quienes exigieron a la Conagua dejar de llevarse el líquido de la presa de El Bosque o cerrarían la llave al sistema Cutzamala, porque sus cultivos no podían quedarse sin regar.

No obstante, el conflicto se presentó no sólo con los producto-res de guayaba, obligados a espaciar o retirar los riegos a sus frutales en detrimento del rendimiento y calidad del producto,18 sino con un conjunto de actores regionales que se sintieron solidarios con la demanda de éstos:

1. Productores o captadores de agua, propietarios de los bos-ques y las tierras que conforman las cuencas de captura del agua. Ejidatarios, campesinos y silvicultores que viven en condiciones de pobreza, muchos de ellos sin acceso a agua potable para su consumo, pero que invierten recursos económicos, humanos y materiales en el cuidado y conservación de los bosques. Su demanda es que no han logrado obtener recursos para invertir en acciones para mejorar su calidad de vida y la propia conservación del bosque, entre ellas, la construcción de viveros forestales, la conformación de brigadas de vigilancia forestal y de combate incendios, el establecimiento de casetas de vigilancia, reforestaciones, prácticas de conservación de suelos, incorporación de plantas de tratamiento de aguas residuales,

18 Esto ocurrió particularmente con productores y pobladores de Benito Juárez y Susupuato, Michoacán. Puso en riesgo la viabilidad de 7000 hectáreas de huertas de guayaba. Sin embargo, la producción de guayaba no es la única afectada; también se vulneran mil hectáreas de culti-vos con flores y hortalizas (calabaza, pepino, guayaba y chayote), que representan la base de la economía de los municipios.

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construcción de obras de agua potable y el emprendimiento de pro-yectos turísticos. También solicitaron solventar el acceso a servicios públicos, como la instalación de redes de agua potable y un progra-ma alimentario para ejidos y comunidades.

2. Sector de diputados locales sensibles a la situación del agua de su región. En su momento, manifestaron en el congreso local que era el momento de apoyar a las autoridades municipales, ejidos y comunidades de los once municipios michoacanos que representa-ban para gestionar y convenir recursos con el gobierno federal y con el de Ciudad de México. Lo anterior ante el conocimiento de que la Conagua recibía una partida presupuestal y el pago de derechos anualmente por concepto cobro derechos al agua a la zmcm, produ-cida y captada en su territorio.

Esta expresión tiene como antecedente el exhorto por la LXXI Legislatura a las autoridades de la Conagua desde septiembre del 2009, para que iniciaran programas de desarrollo integral en las co-munidades que abarcan los municipios del sistema Cutzamala. En el mismo sentido, en noviembre de 2009, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional promovió el punto de acuerdo para invitar a los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado Méxi-co y la Conagua a indemnizar a los afectados por el abastecimiento de agua del río Cutzamala a la zona metropolitana.

3. Consejo de presidentes municipales. Solicitaron a la Conagua que no se dejara sin agua a los productores del oriente michoacano ante el incremento de la demanda por el Estado de México. De he-cho, propusieron estudiar la disponibilidad media anual de aguas su-perficiales en el área geográfica del río Balsas y conformar el consejo para el uso y regulación de aguas de la cuenca del Balsas y el sistema Cutzamala para:

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· La generación de políticas públicas congruentes y equi-tativas para detener el deterioro de los bosques y recur-sos naturales.

· Favorecer e incentivar programas de protección, con-servación y restauración de los mismos a fin de que la región pueda incrementar la producción de agua.

· Definir estrategias para el aprovechamiento equitativo sustentable del recurso en la región oriente para que el excedente se destine al consumo humano.

· Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas en coordinación con usuarios y autoridades locales.

· Incentivar el intercambio de agua de primer uso por agua residual tratada.

· Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas administradas por la Conagua.

· Generar programas de financiamiento e integración en la cadena productiva a los poseedores de terrenos, eji-dos y comunidades forestales, para permitirles la inves-tigación y el desarrollo tecnológico.

4. Sistema producto guayaba. Sus miembros estaban interesa-dos en regularizar dos mil hectáreas que se regaban con el canal que lleva el agua a la Ciudad de México, a través de una concesión que les permitiera cubrir sus necesidades de forma legal. En reunión con la Sagarpa, obtuvieron el compromiso de que se les apo yaría con la ins-talación de sistemas de riego por goteo y de aspersión en un intento por disminuir la tensión para el sistema Cutzamala.

Como se observa, al conflicto se incorporaron actores diversos. Por el lado de la zona productora de agua, ejidatarios, campesinos, fruticultores, empresarios y autoridades de los municipios del orien-te michoacano; en tanto, de la zona receptora del agua se manifestó la Conagua y el representante del gobierno del Distrito Federal (aho-ra Ciudad de México). En general, se evidenciaron dos posturas que derivaron en reivindicaciones contrarias:

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· El reconocimiento, desde las zonas productoras de agua, de la relevancia de los bosques, afluentes, escurrimien-tos y ríos del oriente de Michoacán y del Estado de Mé-xico para satisfacer las necesidades de la zmcm, sin que mediara pago o beneficio alguno por los servicios am-bientales que se proporcionaban a esta metrópoli, por lo que se identifican como despojados.

· La catalogación de los pobladores y productores del oriente de Michoacán por las zonas receptoras, como la-drones de un agua, que correspondía y debía ser dirigida a la Zona Metropolitana.

Como se observa, múltiples actores con actividades y capacidades productivas diferentes, autoridades y sus gobernados, campesinos y empresarios lograron articularse en torno a la defensa del agua. Esta posición conciliadora no negaba el trasvase a la zmcm del agua que en su región se capturaba, pero demandaba la implementación de acciones racionales para la propia viabilidad de la permanencia y continuación del trasvase, no sólo en la dimensión del recurso, sino de los que contribuían con sus bosques a la presencia del agua y a los que con sus actividades productivas daban dinamismo económico a la región.

Posiciones, reivindicaciones y demandasLa respuesta de los pobladores y agricultores del oriente de Michoa-cán se sustentó y dotó de legitimidad al evocar los derechos al agua de tres ríos (Zitácuaro, San Isidro y Tuxpan) previos a la construc-ción de la presa El Bosque y la incorporación de ésta al sistema Cut-zamala. Estos derechos, año con año, se habían estado refrendando mediante convenios con la Conagua elaborados en los momentos más críticos de disponibilidad de agua, en los que la Comisión se comprometía a garantizar el líquido suficiente para el riego de sus huertas.19

19 Pequeños propietarios y usuarios de La Mora y La Florida tienen títulos de aguas desde el

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Las demandas realizadas a la autoridad federal y a los gobiernos de la zmcm fueron su colaboración e inversión para acciones que permitieran continuar con la producción de agua: campañas de re-forestación, vigilancia contra la tala ilegal y el combate de incendios, entre otras. Esto implicaba que se contemplaran en el presupuesto del gobierno federal del año siguiente recursos económicos para el cuidado de los bosques en beneficio de los 15 000 campesinos que en el 2010 habitaban la cuenca del Cutzamala (Angangueo, Ocampo, Aporo, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Tuxpan), dueños de 2 500 hec-táreas de bosques (Tirado, 2009).

Para los defensores del agua tampoco resultaba ilegítimo reque-rir una retribución económica o apoyos para mejorar las condicio-nes de pobreza y marginación de la zona, a cambio de los millones de metros cúbicos que por años se habían llevado del oriente de Mi-choacán para la capital del país, con efectos en la productividad de los campos michoacanos e inclusive en el abastecimiento de agua en algunas comunidades.

Algunos conocedores de las múltiples dimensiones relevantes del agua solicitaron que se conservara parte de ésta en la región (mu-nicipios de Hidalgo, Tuxpan, Jungapeo, Zitácuaro y Juárez); que ante situaciones de escasez, el agua de la presa El Bosque no fuera extraí-da para enviarla a la zmcm; y que se revisara el manejo de esta presa, pues su uso prioritario para la zmcm dejaba sin posibilidad de pro-porcionar sus escurrimientos a tres municipios destinados al riego de una de las zonas frutícolas más productivas de la región.

Si bien la instancia federal reconoció, a través de declaraciones de su titular, que los productores de guayaba tenían derecho a dispo-ner de hasta 40 millones de metros cúbicos de agua al año (Rojas, 20 de septiembre, 2009), también expresaron que la sustracción de agua de la presa El Bosque reducía considerablemente el volumen alma-cenado. Lo anterior, asociado a la sequía, ponía en riesgo la dotación

año 1953 —antes que existiera el sistema Cutzamala—, por eso toman aguas de la presa El Bosque. De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional del Agua, ellos tienen derecho a disponer de hasta 40 millones de metros cúbicos, los cuales es muy difícil que dejen de usar, pues de ello depende la economía familiar de los productores del oriente de Michoacán.

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de agua a los cinco millones de personas que vivían en la Ciudad de México y el Estado de México (Villeda, 24 de octubre, 2009).

Mientras la organización y articulación entre los municipios del oriente de Michoacán derivaba en demandas y propuestas concretas en beneficio de su región, la Comisión Nacional del Agua en el es-tado declaraba que los productores extraían ilegalmente el agua de los canales a cielo abierto, lo que tenía consecuencias negativas para el resto de usuarios al reducir considerablemente el suministro de la presa El Bosque a la de Colorines. Conjuntamente con las sequías, esto ponía en riesgo la viabilidad del sistema (Villeda, 24 de octubre, 2009) y, por ende, la dotación del vital líquido a más de cinco millo-nes de personas de la Ciudad de México.

Los campesinos se sentían indignados por el calificativo im-puesto de “ladrones de agua”, el cual indicaron no merecer si se to-maba en consideración que ellos son de Michoacán, estado en cuyos bosques se genera el recurso que posteriormente se envía a la capital y zona metropolitana del país. Este sentir lo comparten autoridades locales, quienes señalan:

Es una total mentira que nos estemos robando el agua. El plan Cutzamala inicia en los municipios de Ciudad Hidal-go y Tuxpan, y se amplía con todas las alcaldías que de al-guna forma aportan el líquido. Se les olvida que el primer beneficiario debiera ser en este caso el productor y no el con-sumidor final. Desde Michoacán se bombea el agua y más allá de que dijeran que nosotros nos la robamos, deberían tomar conciencia para nos apoyarnos a los municipios como Ocampo, Zitácuaro, Tuxpan, Angangueo o Jungapeo, no con dinero, sino con infraestructura, con plantas de tratamien-to para que pudiéramos mandarles el agua de mejor calidad, pero la que se están llevando es de nosotros, es el líquido que producimos en nuestros bosques, de tal forma que no le estamos quitando nada a nadie (López, M., comunicación personal, 2012).

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Iniciativas para la resolución del conflictoComo producto del conocimiento de la región, los defensores del agua precisaron como un peligro para la sustentabilidad de la cuen-ca del sistema Cutzamala la deforestación registrada en esta región. Esta se agravaba con el direccionamiento de la poca que quedaba a la satisfacción de la demanda de la zmcm.

Valoraron como una fuente de conflictos sociales que la federa-ción concentrara la presión en el sistema Cutzamala, al no disponer de otras fuentes de abastecimiento. Asimismo, tomaron como un verdadero despropósito que el agua que a ellos se les negaba se per-diera por fugas ante la falta de mantenimiento de la red hidráulica. De tal manera, propusieron una campaña para el fomento de una cultura del ahorro del agua entre los habitantes de la capital.

En el mismo sentido, pero atacando uno de los orígenes del pro-blema, los guayaberos de la región, conscientes de la importancia de la preservación de los bosques para el riego de sus frutales, propu-sieron el proyecto “Sembrando Agua” para favorecer la captación e infiltración de lluvia. También se buscaba impedir su escurrimiento, a través de la siembra de árboles nativos en todas las comunidades del oriente de Michoacán. Esta medida se programó para beneficiar no sólo a los lugareños, sino también a las poblaciones del Estado de México y la Ciudad de México, al posibilitar la transferencia de agua a través del sistema Cutzamala. De esta manera, los fruticulto-res atendían un problema regional no sólo desde la resolución de su situación, sino desde la del resto de actores afectados por la disminu-ción del agua, en tanto contribuían a la restauración de lo que antes habían sido bosques y ahora eran sólo “lomas pelonas”.

Los recursos para el proyecto debían salir de los ingresos que se obtenían por el cobro del agua en el Estado de México y la Ciudad de México y transferirse a los alcaldes. Sin embargo, consideraban que el primer paso era impedir que se llevaran más agua de la presa.

Básicamente, a mi modo de ver las cosas y sin ser experto en el tema, se necesita implementar dos programas: primero la reparación de los daños estructurales que presentan los

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canales y la presa, pues estos permiten grandes filtraciones; y segundo, implementar un racionamiento para ahorrarla. Los habitantes de la ciudad de México se quejan de que lo han tenido que hacer en los últimos cuatro meses, pero como ya se ha dicho, no toman en cuenta que en Zitácuaro lo he-mos estado haciendo, al menos, durante los últimos 20 años (Martínez, F., comunicación personal, 2012).

Para los integrantes de los 44 núcleos agrarios de la región orien-te de Michoacán, quienes forman parte del Consejo de Pueblos del Agua, el cuidado, preservación y reforestación del bosque era tam-bién la acción inmediata. Demandaron a las autoridades estatales y federales recursos económicos para la vigilancia, el pago de brigadas comunitarias permanentes, el combate a incendios, la reforestación de las partes altas de las cuencas, la creación de viveros de especies nativas de la región e iniciativas de conversión de parcelas de maíz por bosque.

Igualmente, propusieron y lograron la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría del Desarrollo Social capitalina para realizar una campaña de concientización entre los capitalinos. Con-sistía en la visita de los integrantes de esta agrupación a instituciones educativas de la Ciudad de México para que enseñaran a los estu-diantes de dónde provenía el agua que consumían y cómo se produ-cía y capturaba. La aportación económica para el cuidado de la zona arbolada del sistema Cutzamala quedó fuera del convenio.

En respuesta, las autoridades del Distrito Federal argumentaron que el tema del agua no era de su competencia, por lo que todo debía resolverse con la Comisión Nacional del Agua. Ésta ofreció a los ac-tores cosas diferenciales en función de sus demandas y necesidades. A los fruticultores les ofreció la tecnificación e incorporación de sis-temas de riego por microaspersión para reducir 50% los volúmenes de agua que tomaban del sistema Cutzamala.

Por su parte, el entonces gobernador de Michoacán llamó a con-siderar también como prioritarias las necesidades de los habitantes de las comunidades y municipios, especialmente los de vocación agrí-cola, de los que se extraía agua para el Valle de México. Invitó a las

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autoridades capitalinas a conocer el desequilibrio ecológico generado por el trasvase de agua de la cuenca del Balsas al sistema Cutzamala.

Hacia finales del 2010, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) proporcionó un subsidio por cinco años para la reforestación de las zonas más dañadas de la región, así como para reconvertir terrenos agrícolas en zonas forestales. Asimismo, se estableció un fondo para el pago por servicios ambientales20 (infiltración de agua al subsuelo, retención de azolves, captura de carbono y producción de oxígeno) para evitar cambios de uso de suelo; conservar la cobertura forestal y evitar su degradación; evitar sobrepastoreo; promover que los ha-bitantes de los bosques realizaran actividades de vigilancia, así como de prevención y combate de incendios.

Por su parte, la Conagua se comprometió a suministrar el agua suficiente para los productores agropecuarios de los municipios de Zitácuaro, Jungapeo, Susupuato y Benito Juárez, durante la tempo-rada de estiaje, al no cerrar totalmente las compuertas de la presa de El Bosque. Esto permitiría a los productores disponer del agua suficiente para garantizar el riego de sus productos, especialmente de la guayaba.

ConclusionesLa situación en el oriente de Michoacán, aunque visibilizada en el municipio de Zitácuaro por ser el espacio donde se localiza la presa El Bosque, es un ejemplo de al menos tres procesos: la insatisfacción de un conjunto de actores por el acceso limitado a un recurso fun-damental para la viabilidad de actividades responsables del dinamis-mo económico de la región; la inconformidad de este grupo al ver sus necesidades puestas en segundo plano a las de los usuarios de la zmcm; y la preocupación a mediano y largo plazo por las condi-ciones ecológicas responsables de la disponibilidad del líquido vital.

20 Los beneficiarios del programa recibían un monto de entre 1100 y 1280 pesos por hectárea, según el tipo de ecosistema, riesgo de deforestación y el tipo de servicio ambiental que presta-ban. Adicionalmente, accedían a un monto para el pago de asistencia técnica que iba de 26 000 a 60 000 pesos, según la dimensión de la superficie atendida.

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En ese sentido, hay sensibilidad y conocimiento regional sobre la relevancia y el papel de los bosques, así como de los actores res-ponsables de su preservación y permanencia. Incluso, estos actores entienden las necesidades de los usuarios de las cuencas vecinas be-neficiadas con el agua que se captura en su territorio. Por ello, no re-sulta extraño el tipo de propuestas realizadas para superar el conflic-to, que oscilan entre demandar un trato justo y equilibrado para con sus intereses y necesidades, y actuar para mantener o incrementar la disponibilidad natural de agua a partir de la regeneración y cuidado de los bosques, y el mantenimiento de infraestructura hidráulica y la emergencia de una nueva cultura del agua.

La defensa del agua y de los bosques del oriente de Michoacán evidencia la crisis de la forma tradicional en la que han resuelto los conflictos por el agua en el país: a través de la satisfacción de la de-manda, a costa de mayores niveles de extracción del recurso hídrico y del beneficio de sólo un sector de los actores involucrados.

A contrapelo de estas formas, los actores movilizados logra-ron, primero, articularse (Consejo de Pueblos y Consejo de Presi-dentes Municipales) en torno a un objetivo común y demandas que destacan por apelar a una nueva cultura del agua que inicialmente cuestiona el orden de las prioridades dentro de la administración del agua y enfatiza el valor del agua en su dimensión socioambiental, sin que necesariamente se desdibuje el papel del agua como factor productivo.

Los defensores del agua y los bosques han observado que el pro-blema de acceso al agua no es necesaria o únicamente por falta de agua, o por una deficiente o insuficiente infraestructura, sino por la decisión de a quién se dirige, a la definición a priori de una dotación desigual: la definición de prioridades que los margina y vulnera la estabilidad y equilibrio de ciclos ecológicos.

Este conflicto destaca una propuesta regional que compromete a todos los involucrados —tanto en los territorios productores de agua, como en los receptores o usuarios finales— a atender y colaborar con las acciones de conservación y restauración de los ecosistemas que permiten la captación de agua, al respeto de derechos al agua previos

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al sistema Cutzamala, a la incorporación con equidad de todos los usuarios del agua y a la implementación de mejores prácticas.

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�"/&+0�:�$0/=*$504�103�&-� "(6"�&/�-"�6&/$"�%&-��."+"$Ma. Concepción López Téllez1

Roberto Gallardo Loya2

ResumenEste trabajo plasma el manejo y conflictos por el agua en la Cuenca del Amajac. Se realizaron recorridos de campo y entrevistas a per-sonas clave sobre la organización y el manejo que practican. La zona es pluricultural; existen actores sociales locales/regionales como autoridades agrarias, líderes locales, comités de vigilancia y grupos productivos que inciden en la modificación del territorio. El origen de los pueblos se articula con el trabajo y el pensamiento colectivo que refleja la organización para la gestión del recurso y el beneficio común. Existen acuerdos que destacan el mantenimiento de los ríos, grutas, barrancas y arroyos para evitar la contaminación por basura, plaguicidas, industria. Lo anterior se asocia con los acuerdos para el aprovechamiento racional del bosque y el buen manejo del suelo.

Los grupos de trabajo comunitario son para la gestión y distri-bución de la red de agua potable. Se reconocen unidades ambientales que describen el paisaje de la cuenca, como montes, fuentes de agua, zonas de acahual y agrosistemas. Existe preocupación por el manejo del río y manantiales, ya que las constructoras extraen grava, arena, y practican la pesca en exceso y el desarrollo turístico sin estudios

1 Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. [email protected] 2 Profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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previos del impacto de dichas actividades. Existen zonas con alto riesgo de contaminación de agua y deslaves por la tala y deforesta-ción; también hay contaminación por agroquímicos e insecticidas. El tema del agua es uno de los principales detonantes de diversos problemas, dada su importancia socioeconómica, acceso, distribu-ción, control, contaminación, organización y administración. Por ello, tales actores exigen al gobierno que se considere su opinión en la toma de decisiones.

Palabras clave Cuenca del Amajac, conflictos y manejo del agua.

IntroducciónLa relación de las comunidades campesinas, rurales e indígenas con su medio natural es fundamental. Esto les brinda una función es-pecial como custodios de los recursos naturales y de la diversidad biológica. Históricamente, las comunidades rurales han adquirido una comprensión clara de su entorno y del territorio donde habi-tan. Tienen un gran potencial económico: fuentes de agua, madera y productos específicos de gran valor (plantas medicinales y alimentos orgánicos). Estos recursos han sido foco de empresas para su apro-vechamiento económico, de los cuales las poblaciones indígenas no reciben ningún beneficio (Retana, 2006).

Asimismo, las comunidades rurales presentan un futuro incier-to. Con el modelo de desarrollo económico neoliberal, actualmente las empresas privadas y trasnacionales solicitan la concesión de pa-tentes sobre la diversidad de los territorios indígenas (flora y fauna), tradicionalmente utilizados por sus habitantes (Aghón, Albuquere-que y Cortés, 2001).

La mayoría de las comunidades rurales se caracterizan por ocu-par áreas rurales remotas que presentan condiciones ambientales adversas y un acceso difícil a los centros de poder, la actividad eco-nómica, de infraestructura y los servicios públicos. La naturaleza de su modo de vivir está estrechamente ligada al uso de la tierra y los servicios ambientales derivados de ella; por tanto, dependen de su

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entorno para su sobrevivencia. Tienen un vínculo estrecho con su territorio, que es parte integral de su carácter sociocultural y la ma-nera en la que se perciben a sí mismos. El hecho de vivir en estrecho contacto con la naturaleza en entornos aislados ha propiciado que desarrollen especializaciones en la agricultura, la pesca, la caza y la recolección y la ordenación sostenible de su entorno. Esta caracterís-tica ha permitido que los pueblos indios generaran conocimientos sobre la biodiversidad y mostraran una capacidad de adaptación a los cambios de su entorno (Carabias, Provencio y Toledo, 1994; Boc-co, Velázquez y Torres, 2000).

Sin embargo, la problemática ambiental que actualmente do-minan a nivel mundial, nacional y local (así como el crecimiento de la población y de las grandes urbes, la contaminación, entre otros factores) ha generado el agotamiento de los recursos naturales y los servicios derivados de ésta. Estos fenómenos ponen a prueba la ca-pacidad de resistencia de las comunidades rurales. Este atributo se ha visto reflejado, a lo largo de la historia, en sus medios de vida y en su supervivencia, los cuales se han visto amenazados por las coloni-zaciones, los traslados forzosos y el incumplimiento de los derechos humanos (Bocco y Toledo, 1997).

Se suman a estos factores la discriminación política y la margi-nación socioeconómica. Éstas generan que las comunidades rurales del país se vuelvan vulnerables y vean amenazados sus modos de vida. Se suman la degradación ambiental y la pérdida constante de conocimientos tradicionales. Es importante la generación de proyec-tos que permitan contrarrestar estas tendencias y reafirmar los dere-chos de las poblaciones indígenas a nivel local, municipal, estatal y nacional. Actualmente los habitantes indígenas están intensificando el reconocimiento y protección de su lengua, cultura y tradiciones basadas en el conocimiento milenario (Boege, 2008). Se requiere re-visar los instrumentos jurídicos que prevengan la explotación irra-cional de los recursos naturales y amparen los derechos de propie-dad intelectual de los pueblos indígenas y las comunidades rurales y campesinas del país.

Las comunidades rurales presentan factores de vulnerabilidad. Uno de ellos es la situación migrante irregular, las barreras de la

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lengua (si no hablan español), la escasa escolaridad, el choque del sistema cultural (que implica los símbolos, valores, tradiciones y el territorio) y el desconocimiento del sistema legal. Tal desconoci-miento provoca injusticias y abusos por parte de las autoridades. Los factores que originan la migración de las comunidades rurales son, principalmente, la escasez de tierras, oportunidades de trabajo en actividades del sector terciario y, en segundo plano, las tasas de na-talidad y mortalidad altas, hogares edificados en zonas inadecuadas, carencia de acceso a la mayoría de los servicios (salud y educación), las actividades que realizan (agricultura, artesanías y productos agropecuarios) son desvalorizadas y se utilizan sólo como productos para su subsistencia. Muchos pobladores indígenas no tienen tierras propias (ocde, 2007).

Culturalmente, los habitantes de las comunidades indígenas, campesinas y rurales tienen tradiciones altamente arraigadas, así como un fuerte sentido de la identidad comunitaria y a nivel familiar. Sin embargo, el desarrollo económico capitalista y el tratado de libre comercio han generado aculturación. Esto ha provocado que, his-tóricamente, estos pueblos con conocimientos milenarios sobre sus ecosistemas y el desarrollo tecnológico adaptado a sus condiciones geográficas sean discriminados. Con ello, los pueblos indios han ido perdiendo su lengua y sus tradiciones (Béjar, 2007).

Se requiere establecer oportunidades que permitan mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de las co-munidades rurales del país. Se debe impulsar el desarrollo de grupos de pobladores con capacidades para la conservación, manejo y apro-vechamiento sostenible de los recursos naturales y evitar que siga su deterioro. Por lo cual es fundamental permitir la conservación de las tradiciones y el conocimiento de los pueblos rurales del país.

En este asunto, los pueblos indígenas y las comunidades rura-les son clave para generar un nuevo modelo de sociedad, donde se intenta afrontar la crisis civilizatoria y ambiental. El déficit ecoló-gico, renovado e intensificado por la globalización de la economía que persiste, será cada vez más crítico. Los múltiples orígenes del deterioro implican respuestas múltiples. Por ello, la crisis ambiental debe ser entendida sobre una base de aproximaciones diferenciadas,

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según la evaluación de variables culturales, sociales, económicas, políticas y ecológicas. La relación entre las ciencias sociales y bioló-gicas adquiere relevancia para estudiar los sistemas complejos. Las respuestas multipolares deben surgir a partir de acciones pluricultu-rales (Boege 2008).

Una región importante en el país es la Cuenca del Amajac. Es una región pluricultural, cuyos habitantes son descendientes de las culturas nahuas, pame norte, tenek o huasteco, ñanhu u otomí y variantes del sur. Se caracteriza por su alta diversidad de especies y abundancia y disponibilidad de agua. Sin embargo, existen pro-blemas relacionados con el uso que le dan, los cuales han generado conflictos entre comunidades. Es importante considerar las formas de gestión del agua por las comunidades asentadas en la cuenca para plasmar las percepciones de los usuarios respecto a la problemática, la participación y las acciones de solución para una adecuada gober-nabilidad del agua.

Área de estudioEl trabajo se realizó en la Cuenca del Amajac. Tiene una extensión de 6954 km2 y consta de 37 municipios. Los principales cauces que la conforman son el río Cocula, que en su trayectoria se transforma en el río Meztitlán, y el río Amajac. Se considera la principal fuente del río Pánuco. Drena parte de las estribaciones ponientes de la Sierra Madre Oriental. Su origen se encuentra a 9 km al suroeste de Mine-ral del Chico y a 9 km al norte de Pachuca de Hidalgo. Su altura es de 1685 a 2500 msnm (Arellano, Velasco, Silva, Salvador y Beltrán, 2005 (véase figura 1).

Posee una fisiografía compleja formada por llanuras y lomeríos, el Carso Huasteco, y la Gran Sierra Plegada. Existe, por tanto, una variación climática que va de los cálidos, semicálidos a templados. La región de la Cuenca del Amajac presenta una alta diversidad bio-lógica y cultural, y asentamientos humanos de población indígena que suman 262 245 habitantes. Se han registrado veintisiete lenguas, entre las cuales destaca el náhuatl y el otomí (Inafed, 2010).

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Figura 1. Ubicación geográfica de la Cuenca del Amajac

MétodoPara el desarrollo de este trabajo se utilizaron metodologías parti-cipativas que permitieran obtener información de los actores invo-lucrados en el manejo del agua dentro de la cuenca. Se realizaron recorridos de campo junto con los pobladores para diagnosticar los problemas presentes. Se delimitaron áreas y se analizaron las con-diciones del suelo y sus usos, la cubierta vegetal, la disponibilidad de agua, la fauna, actividades económicas, entre otras (Azqueta, 1994; Geilfus, 1997, ine, 2005). Se suma la realización de entrevistas a profundidad con actores clave, como autoridades, comisariados, comités de agua, entre otros. Dichos actores son los principales in-volucrados en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de

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sus recursos naturales, actividades económicas, sociales y culturales (Giraud, Gouley, Hernández y Laats, 2005).

ResultadosUso de los recursos naturalesLas comunidades describen el paisaje de la Cuenca del Amajac con usos del suelo y unidades ambientales bien definidas: montes o zonas de abastecimiento de recursos naturales, fuentes de agua (ríos, arro-yos, manantiales, cañadas y barrancas), zonas de acahual, en descanso o de uso temporal, agroecosistemas (milpa, rancho, huertas) y áreas urbanas (asentamientos de pueblos y comunidades) (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Unidades ambientales y paisajes locales/regionales de las localidades de influencia directa en la Cuenca del Amajac

Unidad de paisaje Caracterización y usos

Empalizada, cerro (monte, bosque, selva)

Montes altos o zonas de protección y abastecimiento de recursos naturales. Descripción: se incluyen todas aquellas denomina-ciones de bosques y selvas que sirven de reserva, refugio y áreas de conservación ecológica (bosque de pino; bosque de pino en-FLQR��VHOYD�PHGLDQD�SHUHQQLIROLD��ERVTXH�PHVµȴOR�GH�PRQWD³D��

Zonas intermedias Monte alto con selva tropical, acahuales, agroecosistema de cafe-tales bajo sombra y frutales.

Agroecosistemas: milpa o rancho, huertas

Áreas en proceso de acahualización, en descanso o de uso tempo-ral y estacional en la agricultura.

Áreas de producción agrícolaAgroecosistemas: milpa o rancho, huertos frutales, zonas de re-colección de plantas medicinales y comestibles (agricultura de subsistencia y autoconsumo).

Ríos, arroyos, manantiales, FD³DGDV�\�EDUUDQFDV� Acceso al agua.

Ríos

Esta unidad de paisaje corresponde a todas aquellas fuentes de agua que la gente reconoce como elementos importantes en su vida cotidiana: “Si no hay río no hay nada, el río es toda la vida. El río es nuestro ombligo, es arraigo”.

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Identificación de conflictosAguaEn el caso particular del agua, los principales problemas son su acce-so, distribución, control y contaminación. El tema más sensible para las comunidades es el “mal uso que se pretende con el río”. Las pobla-ciones demandan que se les tome en cuenta en la toma de decisiones, particularmente sobre el uso de los ríos.

La población reconoce que, desde hace 10 años, el agua de los manantiales disminuye o se agota, además de que se está explotando para otros pueblos y municipios. Para ello, proponen que las zonas en donde se ubican los ríos y manantiales deben de considerarse como áreas de reserva o protegidas, así como la zona alta de la cuen-ca. Los nacimientos de agua de los pueblos también se tienen que considera como reservas y protegerse.

Los manantiales proveen de agua a diferentes municipios de los dos estados y sus comunidades, se propone que se fomente nueva-mente el trabajo para limpiar las zonas de manantiales y no verse en la necesidad de cerrar el paso a ellas.

Las fuentes principales de agua son el Amajac y otros ríos que lo alimentan. Por tanto, se debe de realizar un proyecto para mejo-rar el aprovechamiento de agua de lluvia y de los ríos, y construir depósitos o aljibes tanto familiares como comunitarios. Consideran que deben cuidarse los arroyos; que no deben permitir que la gente externa compre tierras que incluyan manantiales.

Dentro de las comunidades se han establecido acuerdos. Se demanda una mayor participación social para generar conciencia: no tirar basura, evitar el uso de agroquímicos, ahorrar agua potable, realizar pesca moderada, evitar la tala de bosques en la parte alta del monte, negociar con las poblaciones de la parte alta de la montaña para que no descarguen sus aguas negras al cauce del río. En el caso de las industrias, se debe exigir a las autoridades que implementen medidas para mitigar la contaminación del agua, suelo y bosque de-rivado de sus actividades (véase cuadro 2).

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Cuadro 2. Importancia del agua para las comunidades de la Cuenca del Amajac

&ODVLȴFDFLµQ 'HVFULSFLµQ��FDUDFWHUL]DFLµQ�\�XVRVb

Ríos, arroyos, PDQDQWLDOHV��FD³DGDV� y barrancas.

Ríos

y Acceso al aguay Presencia de bosques de galería (ahuehuetes), delimitan zonas de

pastizal y potrerosRío: Amajac (Chantasco, Amanita); es usado como trasporte, diversión, para la producción de arena y grava, el aprovechamiento de peces, así como para actividades de aseo=RQDV�GH�LQȵXHQFLD�WXU¯VWLFD��VRQ�XVDGDV�FRPR�£UHDV�GH�WXULVPR��WHQLHQ-do una importancia económica relevante para la mayoría de los pueblos de la cuenca (por ejemplo: Santa María Pícula, Tenexco, etc.).y La pesca la realizan los hombres en los ríos; las principales especies que

pescan son acamayas, truchas, mojarras y pintas, camarones de ríoy Las acamayas son el único producto que comercializan; los demás son

para el autoconsumoy� $UUR\RV�FRPXQLWDULRV�ORFDOHV��SDUD�ED³DUVH�\�DEDVWHFHU�DJXD�D�XVR�

doméstico a los pueblosy Manantiales: exclusivamente para uso potable, en pilancones y cajas

de agua se recolecta y se distribuye a la red doméstica El río es percibido como uno de los principales sitios en riesgo por la con-taminación de drenajes y basura producida por las localidades río arriba.

BosqueSe reconoce la importancia de los conflictos con el bosque; sin embar-go, existe deterioro y destrucción tanto por los habitantes locales como por personas externas. Por ello, se propone el establecimiento de vive-ros con especies forestales de importancia para la obtención de leña.

En las partes altas del monte existe la tala permitida por las au-toridades. Se propone recuperar y promover el cultivo de árboles en peligro de extinción. Tienen claro que la tala clandestina de las zonas altas de la montaña ha disminuido la captación del agua; por ello, los manantiales han disminuido su volumen. A ello se suma el cambio de uso de suelo para el establecimiento de agrosistemas, como los cafetales y cítricos. Lo anterior disminuye también la captación de agua. Para ello proponen recuperar las áreas donde nacen los ma-nantiales que abastecen a los pueblos, realizar prácticas agrícolas sin

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agroquímicos y reforestar las zonas con árboles productivos para aprovechar la madera. Así, se busca contribuir con la conservación del monte en la parte alta.

Los habitantes de la Cuenca del Amajac reconocen los proyec-tos que implementan las dependencias gubernamentales para la ex-tracción de maderas preciosas de empresas que compran a los pobla-dores sus terrenos. Lo anterior provoca pobreza y deterioro, por lo que proponen que las autoridades fomenten empresas locales para mejorar la economía local.

Flora y faunaLos pobladores de la Cuenca del Amajac reconocen la pérdida de la diversidad de la fauna local como consecuencia de la caza clan-destina. Dicha pérdida afecta principalmente a especies en estado de conservación, como los mamíferos medianos (venados, tejones y jabalís), entre otros. Asimismo, saben que existen especies que pue-den perjudicar sus agrosistemas; por ejemplo, los tejones se comen la cosecha de maíz, razón por la cual los pobladores los envenenan. Esto termina afectando al resto de la fauna, incluyendo a la domésti-ca. Además de los mamíferos, también ha disminuido la diversidad de aves, como consecuencia de la tala y el cambio de uso de suelo. La pesca es una actividad de subsistencia. De ella se aprovechan especies como las acamayas, las truchas, mojarras y pintas, principalmente

Algunas de las especies de fauna silvestre (zorrillo, tlacuache, tejón, mapache, ardillas, chachalacas, calates, acamayas y xiles) se cazan para la obtención de proteínas, o bien, por sus propiedades medicinales, de acuerdo con las creencias de la comunidad. Se uti-lizan además para realizar artesanías, otra actividad de subsistencia.

En el caso de la flora, los pobladores de la Cuenca del Amajac realizan extracción de leña, de fibras de jonote para la elaboración de artesanías, extraen plantas y venden de manera ilegal orquídeas, bromelias, helechos arborescentes. Para resolver esta problemática, proponen mayor vigilancia a nivel local y que las autoridades se su-men con el fin de proteger el monte. Asimismo, se propone generar

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viveros que tengan un registro legal para comercializar estas especies y mejorar la economía local.

Es así que los habitantes de la cuenca proponen también el res-cate del conocimiento tradicional sobre la medicina ancestral y el uso que le dan a la flora y fauna. A través del reconocimiento de la importancia de la biodiversidad, se busca restaurar el medio natu-ral, mediante el respeto de vedas, la creación de fuentes de trabajo a partir de la conservación de la diversidad biológica, y el fomento a proyectos productivos como granjas de peces, artesanías de ma-dera. También se sugiere la capacitación de las poblaciones locales para que generen capacidades para establecer pequeñas empresas sustentables.

SueloCon respecto al deterioro del suelo, los pobladores de la Cuenca del Amajac reconocen que el cambio de uso de suelo, el uso de agroquí-micos y la inexistencia de drenajes, entre otros factores, deterioran y contaminan la cubierta vegetal. Se genera mucha basura que no se majeja de manera adecuada. Las empresas establecidas en la cuenca tampoco se hacen responsables de sus desechos; por tanto, contribu-yen a dicho deterioro en la calidad y productividad del suelo, y a la erosión tanto hídrica como eólica.

Para todos estos problemas, los pobladores de la cuenca propo-nen el rescate del conocimiento tradicional para el cultivo de la mil-pa y otros agrosistemas. Sugieren el uso de fertilizantes orgánicos en detrimento del uso de agroquímicos y pesticidas y que se promueva la agricultura orgánica (elaboración de compostas y abonos orgáni-cos). En las áreas degradadas, se sugiere la reforestación de especies nativas, capacitación especializada para tratar las áreas degradadas, así como el apoyo del gobierno para la generación de viveros co-munitarios. Lo anterior permitiría fomentar la reforestación, realizar obras de conservación de suelo mediante barreras vivas, incentivar la producción del traspatio para obtener alimentos sanos. Asimismo, se considera implementar plantas tratadoras de agua en áreas donde exista la mayor producción de aguas residuales, así como obligar a

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las empresas a cumplir con esta acción para disminuir los impactos que generan.

Se requiere involucrar a todos los pobladores (de niños a adul-tos) para fomentar el cuidado del ambiente: incluir a las escuelas, amas de casa, campesinos, autoridades. Asimismo, se deben realizar los ordenamientos territoriales para que tengan un instrumento de planeación sobre los usos de su territorio, tomando como referencia las aptitudes de suelo para los asentamientos humanos, comerciales, de transporte e industria, por mencionar algunos.

Residuos sólidos La generación de basura se ha vuelto un problema de atención prio-ritaria. Existen desechos sólidos (desde carros abandonados, dese-chos industriales, agrícolas y hospitalarios, principalmente basura infecciosa) en barrancas y otros sitios. A ello se suma el mal servicio de recolección y manejo de basura. Todos estos residuos generan contaminación de barrancas, monte, selva, agua, y trae como con-secuencias enfermedades a las poblaciones humanas y a la vida sil-vestre. Se reconoce como un problema social que las personas tiran basura en las calles de la comunidad, en las barrancas, arroyos, ríos, fomentando de manera directa el problema de la generación de re-siduos sólidos.

Las propuestas para la solución de dichos problemas son: el es-tablecimiento de un procesador de basura a nivel regional en el que participen varios municipios que presentan el mismo problema; no quemar la basura; no consumir productos que generen más basura, especialmente plásticos. Se sugiere la instalación del procesador de basura que permitirá realizar un manejo adecuado de ésta, así como considerarlo como una empresa donde se recicle, se reutilice y se separe la basura.

Otra propuesta importante es que, a partir de la educación am-biental en todos los niveles educativos, en las comunidades se rea-licen programas de separación de basura y reciclaje, campañas de educación y concientización ambiental. Asimismo, a nivel de las au-toridades, se fomentaría sancionar a quien tire basura, la creación de

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rellenos sanitarios y la optimización de los servicios de recolección de basura.

La ley debe obligar a las empresas e industrias a compensar los impactos que generan, así como a pagar por los daños que realicen y sancionar de manera enérgica. En el caso de los residuos orgánicos, deben utilizarse para la elaboración de compostas que sirvan para los agrosistemas.

ClimaDerivado de las diversas transformaciones que se han realizado al monte (disminución de la cubierta vegetal, perdida del suelo y de la captura de agua, entre otros procesos), las comunidades han ob-servado que en los últimos años el clima se ha modificado, se ha vuelto más dañino para la producción de los cultivos de frutas, café, pimienta, maíz, entre otros.

Reconocen que hace 25 años llovía más y por periodos más pro-longados. Ahora las lluvias son intensas y duran poco tiempo. El in-cremento del calor ocasiona cambios en los cultivos; por ejemplo, la flor del café y pimienta no “cuajó”. El sol quema más; el ambiente se ha vuelto más seco y cálido, se presentan más eventos de norte. Los periodos de inicio de las lluvias se han modificado: antes empezaban en septiembre; ahora, en noviembre. Actualmente se tiene niebla hasta en Semana Santa, y hay más viento.

Dichos cambios han modificado de manera importante las ac-tividades que se practican a nivel de la cuenca. Existen cambios en las especies que utilizan para la agricultura, se ha desplazado a las especies silvestres, las plagas se han vuelto más resistentes. Por ello, los habitantes de la cuenca se han visto en la necesidad de probar con nuevas variedades para compensar dichos cambios. En el caso del cultivo del maíz, requieren de la búsqueda de nuevos sistemas de producción o mejora de los tradicionales para obtener una produc-tividad para el auto abasto.

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Organización y acuerdosLa organización de los pobladores de la Cuenca del Amajac se define por unidades territoriales político-administrativas, principalmente por la tenencia de la tierra asociada a las comunidades involucra-das en el manejo del recurso hídrico: ejidos, bienes comunales y pe-queña propiedad. Cabe resaltar que en la mayoría de los pueblos se aceptó participar en Procede; los predios ejidales e incluso los bienes comunales se han repartido: a cada miembro se le entrego una par-cela, de cultivo y de empalizada o monte.

Sin embargo, llegaron a acuerdos comunitarios dentro de la cuenca: límites para el uso de cada unidad ambiental (milpa, monte, río), para conservar y vivir de los recursos naturales sin destruirlos; uso ordenado de los bienes y servicios ambientales; preservación de la biodiversidad con aprovechamiento racional del bosque, sue-lo, fauna y agua; mantenimiento de ríos, grutas, barrancas y arroyos para evitar la contaminación por basura; destinar áreas para la pro-ducción de leña en parcelas o áreas de uso común; y evitar uso de plaguicidas (véase cuadro 3).

Cuadro 3. Problemas y propuestas de solución para el recurso hídrico en la Cuenca del Amajac

Problemas de agua Propuestas, proyectos, alternativas de solución

1. Sobreexplotación de mantos acuíferos. Se reconoce que, des-GH�KDFH��D³RV��HO�DJXD�GH�ORV�diversos manantiales disminuye o se agota. Además, se está explotando para otros pueblos y municipios.

Las zonas donde se ubican los ríos y manantiales deben de considerarse como de reserva o protegidas, así como la zona alta de la cuenca. Los nacimientos de agua de los pueblos se tienen que considera como reservas y protegerse.

2. Los manantiales proveen de agua a diferentes municipios de los dos estados y sus comu-nidades.

Se propone que se fomente nuevamente el trabajo de la mano vuelta para limpiar las zonas de manantiales y no verse en la necesidad de cerrar el paso a estas zonas.

3. Las fuentes de agua princi-pales: Amajac Hacer un proyecto para aprovechar mejor el agua de los ríos.

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Agua de lluvia

Hacer un proyecto para aprovechar mejor el agua de lluvia, así como tener depósitos (aljibes) por familia para atrapar DJXD�ȵXYLDO�

Hacer aprovechamiento de agua de lluvia, en tanques de por lo menos ocho mil litros de agua (cisternas de ferrocemento, como en Rancho alegre). El gobierno debe de apoyar este proyecto.

Manantiales:Ahorrar y cuidar el agua

No se deber permitir que gente de fuera compre las tierras de los manantiales, ríos ni cajas de agua.

Arroyos:Una mayor participación social que sea capaz de generar una conciencia para dejar de tirar basura y evitar el uso de agroquímicos

La organización de las poblaciones de la cuenca también se basa en relaciones de parentesco, comerciales, políticas, religiosas, de seguri-dad y culturales, y en lazos históricos y de movilización político-so-cial. Al respecto, se mencionan los acontecimientos ocurridos en los años setenta y ochenta, cuando el ejército se introducía en las comu-nidades en apoyo a los cacicazgos regionales y contra la “recupera-ción o toma de tierras” por parte de grupos de campesinos. Dichos elementos configuran la fuerte y permanente memoria histórica co-lectiva que reactiva la articulación social en la región.

Se reconocen también grupos de acción comunitaria con inci-dencia en el plano local y regional, cuya representación institucional se basa en la autoridad político-administrativa. Existen otros grupos de jóvenes y mujeres que realizan actividades religiosas y deportivas a lo largo del año. Dichos grupos son promovidos desde la interven-ción del Estado, con programas sociales que facilitan la organización por sectores sociales y productivos representados por mujeres (dif, ssa, Sagarpa, Sedesol, Procampo, Oportunidades, etcétera).

Estas evidencias son indicativas de la compleja y bien estructura vida organizativa histórica y tradicional de las comunidades, donde en su mayoría aún se trabaja de manera colectiva, se hacen faenas

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(tequio, jornales, mano vuelta) en beneficio del pueblo, para la es-cuela y para la iglesia. Se hacen reuniones y se deciden los traba-jos por hacer: limpieza, saneamiento y construcción, entre otros. Se construyen casas entre todos, se trabajan las parcelas y se siembra en colectivo.

Estado y GobiernoLas comunidades de la Cuenca del Amajac consideran que no hay presencia de las instituciones de gobierno en los tres niveles. A pesar de que existen leyes, reglamentos y normas, no las aplican con rigor, ni para regular ni para promover el uso racional o sustentable de los recursos. Otorgan aprovechamientos forestales industriales, de madera para subsistencia y de vida silvestre.

Deben de reconocer los reglamentos y acuerdos a nivel comuni-tario para proteger los recursos naturales de flora y fauna, y para evitar la contaminación por basura, el reconocimiento de las costumbres y el respeto a la cultura. La finalidad es proteger lo que existe actualmente (montes, plantas y animales) y hacer campañas de reforestación con plantas útiles para las personas y para el comercio local.

Es importante que las autoridades correspondientes ya no den permisos para talar y traficar con recursos naturales (plantas y animales). Además de contar con un reglamento, deben existir señalamientos adecuados en todos los municipios para evitar la contaminación.

Por otro lado, se debe establecer una coordinación con las au-toridades estatales y federales para vigilar, proteger y sancionar a quienes contaminan y trafican con los recursos naturales (turistas y comerciantes).

DiscusiónLas comunidades de la Cuenca del Amajac requieren del apoyo y promoción de su cultura nahua, que se reconozca y se respete por los mestizos y turistas que llegan a la región. Requieren recuperar el funcionamiento de las instituciones comunitarias tradicionales, así

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como el conocimiento de los abuelos y adultos mayores: la represen-tación y el sistema de cargos por usos y costumbres.

Se debe promover la organización ciudadana productiva y cul-tural y retomar el trabajo colectivo en cada una de las comunida-des. También se debe tomar conciencia de la comunidad y no de los grupos de poder. Se requiere una reeducación para evitar los pro-blemas ambientales y recuperar las prácticas y conocimientos que les permitan producir sus propios alimentos a nivel local. Se debe evitar el desarrollo de monocultivos, de cultivos intensivos y el uso de agroquímicos. El establecimiento de un programa de educación ambiental para el manejo de residuos sólidos permitirá dar solución al problema de la basura.

Se debe promover y apoyar a las organizaciones comunitarias, sociales, civiles, de jóvenes y mujeres, a partir de programas de capa-citación para adquirir los conocimientos y capacidades para aprove-char las experiencias de los productores; por ejemplo, en la produc-ción de café orgánico y el rescate de las prácticas agrícolas colectivas.

ConclusiónLos pobladores de la Cuenca del Amajac identifican de manera pre-cisa la relación del agua con la conservación del bosque, el suelo y la biodiversidad. Conocen la importancia de sus recursos naturales, y saben que el manejo integral del agua y el ecosistema es fundamental. Reconocen que el agua es uno de los principales recursos detonantes de problemas. Por ello, exigen al gobierno que se considere su opi-nión en la toma de decisiones, que se les incluya de manera partici-pativa en el manejo integral de la cuenca y reconozca el conocimien-to que tienen de su territorio y de sus recursos presentes.

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�305&45"�40$*"-�&/��-*/5-"ā�3";0/&4�%&�6/"�-6$)"�-&(È5*."�103�-"�%&'&/4"�%&-�"(6"Fabiola Coutiño Osorio1

Irma Gallardo Ramírez2

América Serrano García3

Resumen En los últimos años, ha incrementado la protesta social en Puebla. Cuando analizamos las causas, salen a la luz los proyectos de muerte impulsados, sobre todo, en los dos últimos periodos de gobierno pa-nista en el estado. Este trabajo presenta avances de una investigación en curso que se centra en el caso de Olintla, comunidad que ha rea-lizado una férrea defensa del agua, contra Grupo México.4 La prime-ra parte aborda el marco referencial relativo al tema; la segunda da cuenta del seguimiento de la protesta social en la región y, en la ter-cera, se analizan causas, efectos y valoración de la lucha emprendida por integrantes de esta comunidad totonaca de la sierra poblana.

1 Profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la buap, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. [email protected] Becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Programa de Doctorado en Dere-cho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. [email protected] Becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Programa de Doctorado en Dere-cho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. [email protected] Grupo México es la empresa que estuvo directamente implicada en acciones de responsa-bilidad social relativas a la filtración de sulfato de cobre que afectó gravemente las aguas del río Sonora. La empresa no reconoció su responsabilidad en las consecuencias de un daño ecológico permanente, cuyos alcances no se han estudiado a profundidad (González, M., 18 de noviembre, 2014).

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Palabras clave 3UR\HFWRV�GH�PXHUWH��2OLQWOD��SURWHVWD�VRFLDO��GHIHQVD�GHO�DJXD�

La protesta y su relación con los movimientos sociales: marco referencialDespués de la Segunda Guerra Mundial, la democracia se consideró como forma de gobierno más conveniente en términos de costo-bene-ficio (Quinton, 1974).5 La participación es uno de los principales ele-mentos de cualquier régimen que se considere democrático. Por ello, los actores políticos han sido quienes determinan las reglas del juego.

Esto implica también los criterios relativos a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, lo cual in-fluye en la estabilidad o inestabilidad del régimen político (Almond, 1963).6 Especialmente porque si un Estado restringe la participación y no da respuesta a las demandas de los distintos sectores de la co-munidad, condiciona la inestabilidad del sistema político. Por ende, uno de los problemas que debe resolver el modelo democrático es la satisfacción de las demandas sociales.

El grado de calidad de una democracia estaría en función del respeto a la ley, accountability o rendición de cuentas, responsivennes o reciprocidad, lo que implica la capacidad de respuesta que define la satisfacción ciudadana, respeto pleno de los derechos que se amplían en la realización de las libertades, y progresiva ampliación de igual-dad política, social y económica (Morlino, 2005, p. 260).

5 Es importante puntualizar que actualmente domina el campo teórico-práctico la democracia representativa, basada en el acuerdo institucional para la toma de decisiones políticas que logra el bien común, haciendo que el pueblo mismo decida las cuestiones mediante la elección de individuos que deben reunirse para ejecutar su voluntad. No obstante, más allá del discurso, los estudiosos debaten sobre el hecho de que la ciudadanía, en realidad, participa escasamente en el proceso de toma de decisiones.6 Posterior a la Segunda Guerra Mundial se confrontaron dos paradigmas respecto al tema de la participación: la democracia y el autoritarismo. El primero ha ocupado un lugar relevante, pues dio a la ciudadanía la oportunidad de participar libremente en las cuestiones públicas y en el proceso de toma de decisiones. De ahí surgieron escuelas orientadas al estudio del comportamiento político y la opinión pública, tales como la conductista, en donde se acuñó el concepto de cultura política, utilizado para explicar las democracias estables.

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Consecuentemente, resulta erróneo limitar la participación ciu-dadana al acto de votar mientras, en la agenda política, se ignoran las demandas ciudadanas, pues esta situación incide en la protesta social, fenómeno que se estudia en el campo de los movimientos sociales (Aranda, 2000).7

Tilly los considera como agrupaciones históricamente especí-ficas de actuaciones políticas. “Un movimiento social es una com-pleja forma de acción, tiene historias naturales autorreproductivas por medio de las cuales florecen, cambian y desaparecen. No son grupos organizados, pero sí lo suficientemente grandes como para continuar existiendo” (Tilly, 1995).

Así, la protesta se estudia en el ámbito de los movimientos so-ciales que crean sus propias organizaciones y redes para asegurar su continuidad en un tiempo y lugar determinado. Por ello están liga-dos al espacio, a la territorialidad, y al poder que ahí se ejerce.

Desde otro ángulo, tenemos como referente a la teoría de mo-vilización de recursos. Ésta parte de que los individuos participantes en protestas o revueltas sociales no son irracionales, sino que reali-zan un cálculo sobre las consecuencias de su actuación. Así, su deci-sión será necesariamente la correcta; su participación obedece a un ejercicio de reflexión. Además, quien participa no lo hace de manera espontánea ni desorganizada.

“Las personas que deciden participar en una revuelta lo hacen como miembros de grupos barriales, religiosos, laborales o familia-res. Como ejemplo, algunos grupos de campesinos delimitaban su participación en los levantamientos armados por zonas y tiempos, de forma que pudieran regresar a sus tierras para cultivar” (Veláz-quez, 2010, pp. 279 y 280).

Actualmente, se distinguen las protestas juveniles, entre ellas de estudiantes que hacen uso intensivo de las redes de comunicación,

7 La teoría general de los movimientos sociales se consolidó entre las décadas de los setenta y ochenta. En el umbral del siglo xxi, los especialistas reconocían para entonces tres vertientes teóricas relevantes, la conducta colectiva, con exponentes como Lewis Killian, Ralph Turner, Talcott Parsons (1968) y Neil Smelser; la movilización de recursos, entre cuyos seguidores figuran Ash, Sald y Tilly (1995); y los enfoques relativos a los nuevos movimientos sociales, con Habermas y Offe.

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respaldadas por tecnologías de la información (Castells, 2004, p. 112).8 Este aspecto diferencia a los movimientos sociales de hace cinco o seis décadas, pues las redes sociales, a manera de karaoke, concentran la atención de los seguidores.

“In truth, there are very few individuals anymore. So many people wear their soul on their sleeve […] Is it possible his brain chemistry was altered to such a degree that communication via a social website has taken over social situations in actual living space” (Ugresic, 2011, p. 58).

Protesta social en Puebla: contexto regionalConsiderando la complejidad geográfica y social que caracteriza a la entidad poblana, tenemos clara la existencia de diversos tipos de protesta que se explican a partir del ámbito en el cual se desarrollan, pues las relaciones sociales, en general, se modifican sustancialmente.

La participación política empieza a alejarse gradualmente de los canales institucionales. Así, se da paso a formas menos convenciona-les, las cuales ya no dan prioridad a apoderarse de las instituciones y del Estado. No garantizan la solución de los conflictos nacionales como resultado de la enorme presión externa para satisfacer los in-tereses de los organismos y las corporaciones internacionales (De la Garza, 2012, p. 27).

Las formas de la participación en Puebla se diversificaron en los últimos años, por la creciente incapacidad del Estado para satisfacer las demandas sociales. Además, la transición al Estado nacional de competencia incluso ha aumentado las diferencias en el seno de las naciones. “Las identidades culturales recobran fuerza como espacio de lucha y resistencia frente a la inexistencia de un proyecto nacional autónomo, otrora diseñado por los actores políticos nacionales, que logre el consenso interno” (De la Garza, 2012, p. 27)

Pues bien, en el caso del estado de Puebla, las demandas legíti-mas de varios sectores sociales se aprecian en la defensa de derechos,

8 Para Castells son patrones sociales, fuente de significado construido en torno a los proyectos y deseos individuales, que encuentran en internet la tecnología apropiada para manifestarse y organizarse.

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como la propiedad ancestral, el respeto al medio ambiente, la lucha por el agua y la conservación de los usos y costumbres, entre otras.

No obstante, los intereses de la clase política han dejado al mar-gen las necesidades de la población. Sin duda, esto afecta el nivel de desarrollo democrático en el estado de Puebla. De hecho, debemos considerar que “la participación de los individuos en movimientos so-ciales ha sido criminalizada recientemente y es vista como una amena-za para las sociedades en su conjunto” (De la Garza, 2012, p. 40).

Por ejemplo, no debemos olvidar que, en Puebla, se aprobó la llamada ley bala, cuyo nombre oficial es Ley para Proteger los Dere-chos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla. No obstante, ésta ha incidido en la violación de derechos humanos de cientos de personas que participan de forma no convencional para resolver sus necesidades sociales.

Desde el año 2000, universitarios, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, indígenas, campesinos, organizaciones de la so-ciedad civil, entre otros, protagonizaron diversas formas de protesta. Entre las más importantes están las acontecidas, entre el 23 de mayo de 2012 y marzo de 2013, relativas a 32 expresiones entre manifes-taciones, marchas, cierre de calles, cuyos protagonistas fueron estu-diantes y universitarios de instituciones públicas (buap) y privadas (Ibero-Puebla, udlap, Upaep, entre otras).

La emergencia del #YoSoy132 en la Ibero tuvo efecto en todo el país. Puebla no fue la excepción: jóvenes de la entidad exigieron la democratización de los medios; luego, rechazaron los resultados electorales y, posteriormente, rechazaron las reformas energética, la-boral, hacendaria y educativa.9

Ahora bien, entre julio de 2013 a agosto de 2014, podemos identificar un cambio en las causas que originaron la protesta so-cial. Las más de quince expresiones de inconformidad entre mar-chas, manifestaciones, plantones y otras formas de participación

9 Esto se describe ampliamente en otro trabajo relativo a la protesta social en Puebla, el cual está en proceso de edición y que fue coordinado por José René Rivas Ontiveros. Se titula 1916-2016: Cien años de historia, resistencia y resonancia del movimiento estudiantil latinoamericano.

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no convencional giraron en torno a las organizaciones Los de Aba-jo, Frente por la Dignidad del Pueblo, y de mototaxistas realizaron caravanas a la Ciudad de México y otras ciudades en contra de los efectos de las decisiones gubernamentales que propiciaron el des-pojo de tierras, la construcción de hidroeléctricas. Asimismo, se manifestaron contra la negativa del gobierno morenovallista a per-mitir formas alternativas de transporte y contra la llamada ley bala, aprobada en mayo de 2014, por las consecuencias derivadas de su implementación.

Una de las más relevantes, y que ejemplifica el tratamiento que se da a la comunicación política, es la protesta del domingo 3 de agosto de 2014. Participaron alrededor de 12 000 personas, pero fue práctica-mente opacada porque los medios locales publicaron que únicamente habían marchado alrededor de 1200 personas. Mientras tanto, medios imparciales reconocieron la importante cantidad de manifestantes que denunciaba el autoritarismo de Moreno Valle expresado en su apoyo a los proyectos de muerte y la consecuente represión ejercida contra actores regionales que defendían sus recursos naturales. Otra razón fue la aprobación de la ley bala en Puebla,10 instrumento para disolver las manifestaciones que legitimó el uso de la violencia11 en contra de los manifestantes, con el supuesto interés de preservar el orden públi-co. Como hemos reiterado, buena parte de las protestas tienen como origen causas justas relacionadas con la defensa de derechos humanos y fundamentales, entre ellos, la protección del agua, recurso natural indispensable para la vida natural y humana.

México se encuentra dentro de los doce principales productores a nivel mundial de diecisiete minerales (Servicio Geológico Mexica-no, 2016).

Tal hecho es motivo de interés para grandes empresas que, gra-cias al neoliberalismo económico, han logrado la flexibilización del

10 Lamentablemente este ordenamiento está vigente aún.11 La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla, en apariencia surgió para restringir la actuación de los elementos e instituciones de seguridad pública y condicio-nar el uso de la fuerza a circunstancias excepcionales. Pero al revisar el contenido se estima justamente lo contrario.

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marco regulatorio en el país. Visualizan a distintas regiones como un ámbito de oportunidad para extraer recursos naturales, sin tomar en cuenta las profundas afectaciones ambientales que esto trae consigo.

Por lo que respecta a Puebla, es una entidad que goza de biodi-versidad. En particular, la Sierra Norte destaca por sus importantes ríos, Ajajalpan, Zempoala y Apulco, ríos que siguen en peligro a pe-sar de que Olintla logró contener la entrada de Grupo México a su territorio. De cualquier manera, debemos considerar que

Hoy existen 10 proyectos hidroeléctricos en la región, mu-chos de ellos vinculados directamente a proyectos mineros. Existen 103 concesiones mineras en la sierra Norte, según el último informe de poder sobre “Industrias Extractivas en la sierra Norte de Puebla”, lo que representa 912 mil 281 hectá-reas de tierras despojadas. La mayor parte de ellas están en manos de empresas canadienses (73 %), mientras 22 % están detenidas por empresas mexicanas, indica el reporte de esta ong que milita por la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina (Rieublanc, 2014).

Otro caso es el de Ixtacamaxtitlán, ubicado también en la Sierra Norte de Puebla. Sobre este tema, la Secretaría de Medio Ambien-te y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Almaden Minerals el permiso para continuar los trabajos de exploración a fin de extraer oro y plata. Aquí, se observan las inconsistencias relativas al cumpli-miento de las normas mexicanas,12 pues esta secretaría, en enero de 2017, había negado el permiso en la misma región a Almaden Mine-rals, argumentando que la ubicación del proyecto en una zona con alta prioridad de conservación por ser parte de la región hidrológica

12 En Ixtacamaxtitlán, “la Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, el 24 de febrero de 2017 presentó informe preventivo del proyecto “IXTACA IV”, en la Semarnat ingresándolo con número de expediente 21PU2017MD019” (Semarnat, 2017, p. 6). Dicho proyecto ya fue aprobado y aumentó la superficie de exploración a un “área total de 17.5 hectáreas donde serán ocupados 7 mil metros cuadrados, los cuales están conformados por 70 planillas de barrena-ción diamante de 100 metros cuadrados cada una como máximo y con una profundidad lineal de entre 100 a 200 metros” (Mena, 2017).

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prioritaria del río Tecolutla, cuyo escenario para el año 2033 se con-sidera “inestable y crítico” (Taracena, 2017).

De igual forma, se ha dado un tratamiento a toda la informa-ción relativa a la protesta social en Puebla, de manera conveniente a los intereses de la élite en el poder político local. Esto explica el tinte que ha tomado la lucha de Olintla en la defensa de sus recursos naturales, entre ellos, el agua.

Olintla, a diferencia de otras experiencias, fue hasta cierto pun-to exitosa, justamente porque la protesta logró detener las acciones inicialmente emprendidas para la construcción de la hidroeléctrica que afectaba, sobremanera, los recursos naturales y la forma de vida de la comunidad totonaca. Pero, lo que ha ocurrido en estos últimos meses da cuenta de que se privilegian los intereses empresariales por sobre los intereses de la comunidad, pues Almaden Minerals logró, a través de la filial Minera Gorrión, la concesión para la extracción de minerales en Ixtacamaxtitlán.

Finalmente, no importó la clasificación que había realizado Se-marnat respecto a la zona considerada como prioritaria, por ser par-te de la región hidrológica. Los habitantes de Ixtacamaxtitlán están resintiendo estas consecuencias, a pesar de que la empresa “afirmó que no afectaría los recursos hídricos de la zona, pero los vecinos de las zonas aledañas a los barrenos ya sufren la escasez de agua” (Ta-racena, 2017).

La defensa del agua en Olintla: un conjunto de protestas legítimasOlintla es una población que se localiza al norte del estado de Puebla y pertenece a la región indígena del Totonacapan. En este municipio, se encuentra el río Ajajalpan, donde Grupo México pretendía cons-truir una planta hidroeléctrica. “Tal proyecto fue cancelado desde febrero de 2013, gracias a los esfuerzos de las comunidades afecta-das y de diversas organizaciones civiles que se unieron a esta lucha” (Castro, 2015).

Los pobladores relatan diversos métodos de persuasión ejerci-dos, tanto por la empresa interesada, como por sus gobernantes. Por

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si fuera poco, los testimonios dan cuenta del hostigamiento contra los indígenas que se negaron a vender sus tierras, donde participaron gru-pos de choque ligados al presidente municipal y a caciques del lugar.

Para empezar, resalta la complicidad de las propias autoridades de la comunidad, lo cual inmediatamente nos enfrenta a la corrup-ción. Tanto Grupo México como el presidente municipal trataban de convencer a los pobladores de que la hidroeléctrica traería empleos y progreso a la comunidad, también buscaban ganar simpatías ofre-ciendo computadoras para las escuelas o la construcción de clínicas. Pero, los habitantes no fueron informados adecuadamente sobre el proyecto, ni de los efectos derivados del impacto ambiental que trae-ría dicha tecnología.

Tampoco se les dio a conocer que el proyecto no contaba con las autorizaciones suficientes de Semarnat. Los mismos habitantes, a través de cooperativas, tuvieron que informarse por sus propios medios y, así, con argumentos más que legítimos, rechazaron este proyecto. “Cambiar el cauce del río y el peligro de que se contamine constituía problemas inminentes que no se comunicaban y, por lo tanto, tampoco se ofrecían soluciones” (Olvera, 2014).

Enfrentarse a intereses tan poderosos como los de Grupo Méxi-co proporcionó a la población un espacio de aprendizaje y de reco-nocimiento de sus derechos. Incluso, supieron que debían actuar de manera rápida y así lo hicieron. En un año de lucha los campesinos tuvieron muchos aprendizajes. Conocieron la corrupción guberna-mental y vieron cómo los intereses particulares, están por encima de los intereses sociales.

Las empresas, tanto nacionales como internacionales, contra-vienen a todas las leyes en materia ambiental y derechos humanos, sobre todo las de carácter trasnacional. Ésta fue la más dura de las lecciones, sin embargo, la lucha contra las decisiones que se tomaron sin consultarles los colocó frente a la necesidad de información so-bre cómo defenderse.

Esta lucha evitó que se transgrediera el derecho de los habitan-tes originarios a decidir sobre el uso de su territorio, no obstante,

“los medios de comunicación y los gobernantes deliberadamente

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guardan silencio sobre este logro, porque Grupo México sigue bus-cando ríos en esa zona para instalar su proyecto” (Olvera, 2014).

Como sabemos, la información reduce las posibilidades de que cualquier proyecto de muerte sea exitoso. Por tanto, la comunica-ción política del gobierno panista da cuenta de una manipulación para no afectar la imagen pública de quien hoy tiene aspiraciones a la presidencia de la república. En Puebla, entonces, la información sobre el tema está profundamente controlada.

El permiso otorgado por Semarnat movilizó a los pobladores. Aquí, se entiende claramente que la preocupación por la escasez de agua, por la contaminación y sus efectos en la flora, en la fauna y, por supuesto, en la salud humana son cuestiones que quieren evitar los pobladores de la comunidad de Olintla. Tal es su respaldo en la protesta, como mecanismo de lucha.

Además, la población ha tenido que enfrentar diversas formas de hostigamiento, a las que usualmente recurren las autoridades públicas y los empresarios al tratar de lograr que se rinda la fuerza indígena. Esta confrontación está presente desde 2013; como conse-cuencia, habitantes de la junta auxiliar de Bibiano Hernández, per-teneciente al municipio de Olintla, decidieron cerrar la presidencia, como forma de presión,13 hasta que fueran informados de los estu-dios y autorizaciones del proyecto hídrico. Así, esperan que se garan-tice que el abasto de agua para su comunidad no se vea afectado.

Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyec-tos de distinta índole vinculados entre sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislum-brar; hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales; ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de po-blaciones indígenas y campesinas; siembra de transgénicos y

13 Esto ocurrió el 31 de julio del presente año (Rocha, 2017).

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monocultivos que afectan nuestra diversidad biológica, ade-más de contaminar y sobreexplotar nuestros ríos y acuíferos (Serapaz, 2014).

La posición del Estado se expresa en las reformas constitucio-nales. Las leyes reglamentarias y leyes especiales en materia de agua han sido adecuadas en los últimos años para favorecer los intereses empresariales. Como indica Serapaz,

Se ha favorecido a capitales monopólicos nacionales y trans-nacionales. Ahora utiliza todo el poder de la fuerza pública y militar para reprimir a las defensoras y defensores comu-nitarios, y desmovilizar las luchas criminalizando la protes-ta social. Todo esto en complicidad con las empresas a las que les permite actuar en contra de los movimientos sociales acompañadas de la fuerza militar, e inclusive contratar sica-rios para reprimir o asesinar a los defensoras y defensores de la madre tierra (Serapaz, 2014).

La declaración de OlintlaEl 29, 30 y 31 de agosto de 2014 se realizó la Declaración de Olintla en el XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afecta-dos por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Se reunie-ron más de seiscientas personas, agrupadas en organizaciones como Makxtum kalaw chuchutsipi,14 que ha formado el pueblo totonaca de Olintla para defender su territorio y los recursos naturales, entre ellos, el agua. El Consejo Tiyat Tlali, red integrada por organizacio-nes de la Sierra Norte de Puebla para la defensa de la vida y el terri-torio y Mapder, movimiento a nivel nacional que aglutina las luchas contra las presas y en defensa de los ríos (Serapaz, 2014).

En esta reunión, se trataron diferentes temas de interés, como la extracción de gas de esquisto a través del fracking,15 que amenaza

14 Esta organización totonaca auspició el encuentro.15 El fraking o fracturamiento hidráulico es un método no convencional de extracción de hidro-

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con devastar una amplia franja de territorio en el norte y oriente del nuestro país (Serapaz, 2014). Su desarrollo produciría un serio impacto ambiental en la Sierra Norte de Puebla. La fractura de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende aplicar en México y Puebla supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100 li-tros por persona al día) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año (Considine, 1977).

Por otra parte, el gas de esquisto conocido también como de pizarra o lutita, es un gas natural atrapado en sedimentos de roca abundantes en esquisto y otros materiales orgánicos, a profundida-des de entre mil y cinco mil metros. Su extracción se hace a través del fracking,16 técnica considerada altamente peligrosa para el medio ambiente y para el ser humano, por ser muy contaminante y por las grandes cantidades de agua que utiliza para tal efecto. De ahí la pre-ocupación de los pobladores de la región, pues la extracción del gas esquisto trae consecuencias graves para la vida, en la región donde se realice, como podemos observar en el cuadro de riesgos socioam-bientales que se presenta al final de este trabajo.

La aplicación de esta técnica puede provocar, por ejemplo, la afectación de mantos acuíferos por los contaminantes químicos que utiliza. Los investigadores Miriam Grunsteir del Centro de Investi-gación y Docencia Económica (cide) y Ángel de la Vega Navarro, de la unam, plantean que los compuestos utilizados por las empresas no son revelados por considerarlos como secretos industriales (Bal-tazar, 2013).

carburos que utiliza una gran cantidad de agua. Surge a finales de los años cincuenta. Entre los productores de petróleo se generalizó la siguiente recomendación: si todo lo demás falla, fractúralo. 16 Inicia con la perforación de un pozo vertical y se realiza otra perforación, esta vez de forma horizontal, que se extiende entre 1 y 1.5 kilómetros, y se repite en diferentes direcciones, con punto de partida desde la primera perforación vertical. Debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, se necesita perforar la roca con inyección de una mezcla de agua, arena y sus-tancias químicas a elevada presión, para así permitir el flujo y salida del gas, este flujo dismi-nuye muy rápidamente. Por lo tanto, para mantener la producción, se realiza constantemente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo.

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Datos de la organización no gubernamental Cartocrítica enfa-tizan que el fracking se está expandiendo en silencio en México, de forma no regulada y envuelto en la opacidad (“Puebla, Veracruz y…”, 2015).

Según información que la osc obtuvo de Pemex Exploración y Producción, “924 pozos han sido perforados mediante esta técnica, estados como Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182), Puebla (233), Tabasco (13), Tamaulipas (100) y Veracruz (349 pozos)” (“Fracking en México”, 2015). Nótese que la entidad poblana sólo se ve superada en número por Veracruz. Esta situación es alarmante.

Por otro lado, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacio-nal de Hidrocarburos (cnh), a través del estudio Proyecto Aceite Terciario del Golfo, en su primera revisión y recomendaciones de 2010, informó de los 1 323 pozos que fueron perforados por fractu-ramiento hidráulico, en el Paleocanal de Chicontepec ubicado entre los estados de Veracruz y norte de Puebla (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2010, p. 20), sin contar los perforados en las demás entidades del país.

Ejemplo de las consecuencias que trae la aplicación de esa técnica en México es el incidente ocurrido en Piedras Negras, Coahuila. Ésta es una de las regiones donde esta técnica se está utilizando, porque la disponibilidad de agua se ha reducido hasta por debajo de la media nacional, dado que las aguas subterráneas han sido sobreexplotadas.

El 6 de julio de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Fe-deración estudios técnicos del acuífero Allende-Piedras Negras, que coincide con la región identificada como rica en reservas de gas de esquisto. El estudio recomendó declarar una veda en la explotación de agua en la región, debido a su creciente demanda.

Los resultados de la investigación arrojaron que, si no se esta-blece a corto plazo la veda en el acuífero, se puede incrementar la extracción de agua subterránea de manera descontrolada, con los consecuentes efectos perjudiciales, entre éstos, la desaparición de manantiales o su disminución (Semarnat, 2011).

No obstante, el decreto publicado el 31 de octubre 2013 en el dof no establece la veda recomendada, sino una “zona reglamen-tada. Esto permitirá a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

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vigilar las concesiones y asignaciones, sin dejar de autorizar el uso de este volumen del acuífero para actividades de extracción de gas por fractura hidráulica” (Secretaría de Gobernación, 2013).

Todo ello a pesar de que Coahuila se caracteriza por ser zona árida, lo cual empeorará los problemas de la región debido a la dis-minución del agua. Aunado a lo anterior, existe el riesgo de que la presión en el proceso de fracking ocasione que los residuos contami-nados se filtren a los mantos freáticos. En Estados Unidos “existen más de mil casos documentados de contaminación de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto. En total, se han identifica-do más de 2500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación” (Jaramillo, 2014, p. 11). Esta situación es pre-ocupante, se han encontrado diferentes sustancias en el agua potable, tales como benceno, bromuros, materiales cancerígenos, materiales radioactivos e incluso metano, todos provenientes del proceso de ex-tracción de gas mediante la fractura hidráulica (Baltazar, 2013).

El fraking ha sido prohibido en países como Francia, caracteri-zado por la cultura de prevención. México, por el contrario, optó por su utilización, al priorizar el respaldo a los planes de crecimiento de la industria energética (Baltazar, 2013).

Por ende, el agua de Olintla está en la mira del gobierno y de las empresas. Éstas se llevan la ganancia que sale del agua de México y, a cambio, nos dejan litros de agua contaminada con alrededor de 750 químicos que dañan no solo al ser humano, sino a todo el ecosistema (Jaramillo, 2014, p. 11).

El proyecto neoliberal ha sometido a México. “La privatización de los servicios públicos y de la riqueza nacional, donde se preten-de que grandes empresas nacionales y principalmente extranjeras, se apropien y administren lo que pertenece a todos los mexicanos” (Castro, 2015, p. 3). Esto es una realidad que actualmente se vive en todo el país.

Ante la oposición ciudadana a proyectos neoliberales, la reac-ción de las grandes esferas del poder ha sido legalizar el despojo. Por ello, las reformas aprobadas por los legisladores federales, en la materia “permiten la expropiación de tierras y aguas a favor de las empresas extractivas, en caso de que los propietarios se nieguen a

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vender. De modo que la represión y el desalojo violentos serán lega-les, mientras que los pobladores estarán actuando como delincuen-tes si pretenden defender sus tierras” (Castro, 2015, p. 7).

Esto demuestra por qué la resistencia ciudadana, aun siendo exitosa, como en el caso de Olintla, tiende a ser temporal. Los pobla-dores de Olintla toman como bandera de lucha al propio contenido de la normatividad. De acuerdo con la Carta Magna:

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará res-ponsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dis-puesto por la ley […] Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequi-ble. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la par-ticipación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Resulta contradictorio que, a pesar del reconocimiento del bienestar que proporciona un medio ambiente sano y de que todos los mexi-canos tenemos derecho al agua de forma suficiente, salubre, acepta-ble y asequible, tales preceptos de todas formas son violados por los propios gobiernos, tanto a nivel federal como local. Tal es el caso de Puebla, pues se ha ignorado la protección del bienestar de los habi-tantes de la Sierra Norte.

Legislación local y derechos humanos. Las inconsistenciasEl artículo 27, párrafo seis, fue reformado el 29 de enero de 2016. Este precepto, en su forma original, expresa que las aguas son pro-piedad de la nación, pero actualmente describe que “el aprovecha-miento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará

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sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas”. De acuerdo con ello, ¿en qué lugar queda el derecho al agua cuando se enfrenta a una decisión oficialmente basada en la “utilidad pública”?

En este contexto, la ley reglamentaria debería observar el conte-nido y alcance del derecho humano al agua, asegurando su disponibi-lidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, con base en el desarrollo sostenible, tomando en cuenta sus efectos en las generaciones presentes y futuras. Sin esta últi-ma condición no podría encuadrarse en el desarrollo sostenible.

Esto alude a que son las autoridades públicas las primeras que deberían dar pauta al cumplimiento de los derechos humanos, con-siderando el principio de convencionalidad derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Pero en los hechos ocurre justo lo contrario y el diseño institucional se ha configurado para tal efecto.

Ejemplo de ello es el contenido de la iniciativa de Ley General de Aguas dictaminada el 5 de marzo de 2015, por las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, cuyo artículo 49 señala “El derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asenta-mientos humanos, en términos de esta Ley: I. Los derechos de ac-ceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, y II. La dotación del mínimo vital (Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 2015, p. 44).

Es evidente la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de toda la población bajo su jurisdicción, sin discrimina-ción alguna. El titular de este derecho es la persona, por tanto, el derecho al agua y al saneamiento no debe limitarse al ámbito domés-tico. No obstante, este precepto excluye a aquellos ámbitos que no se clasifiquen como urbanos.

El contraste entre las normas internacionales y la legislación nacional puede identificarse en distintos ordenamientos, entre ellos, la Observación General número 15 del Comité de Derechos Econó-micos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Uni-das (onu) sobre Derecho al Agua (OG 15). El documento describe que la disponibilidad está relacionada con el abastecimiento de agua

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para cada persona. Este abastecimiento debe ser continuo y suficien-te para los usos personales y domésticos (Sandoval, 2015).

El punto número 12, en el inciso b), de la Calidad, plantea que el derecho al agua no sólo es el acceso a la misma sino el derecho a la no contaminación, a tener el agua necesaria y salubre. Es decir que “no deberá contener microorganismos o sustancias químicas, o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud, con color, olor y sabor aceptables para cada uso personal o doméstico (onu, 2003, p. 6).

Así, las protestas que han emprendido de manera continua los pobladores de la Sierra Norte de Puebla van contra la privatización que tendría efectos ambientales de tracto sucesivo. Es decir, como re-acción en cadena que no se sabe hasta cuándo terminará. Olintla es ejemplo de lucha en la defensa de un conjunto de derechos humanos.

En Puebla, la reforma al artículo 12 de la Constitución del Es-tado17 hizo posible la privatización del agua. El entonces gobernador Rafael Moreno Valle entregó la administración del servicio del agua en Puebla a la empresa Concesiones Integrales sa de cv, a pesar de que esto sea inconstitucional. Para ello, obtuvo la aprobación de la mayoría de los presidentes municipales antes de la entrada del actual gobernador.

María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social el Agua (asa), aseguró que la experiencia privatizadora del servicio de agua se ha traducido en alzas de hasta 400 % en las tarifas, cortes arbitra-rios y un suministro cada vez más deficiente” (Hernández, 2016).

17 La reforma es del 27 de enero de 2017. El artículo 12 de la Constitución del Estado de Puebla, en este año ha tenido dos reformas en la fracción vi, una realizada el 27 de enero, que plantea que es obligación del Estado en materia de derechos humanos “establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domés-tico en forma suficiente, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”; y la segunda, que es del 15 de junio del presente, referente a Proteger el derecho que tiene toda per-sona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último cambio es el vigente. La discusión giraba en torno, por un lado, a la facultad que inicialmente se otorgó al Estado para establecer el derecho, y que hoy quedó como proteger el derecho. Reforma que llegó de manera retrasada si pensamos en la concesión de la minera Gorrión.

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Desde el 2007, se encuentran en México empresas como Living Water, con presencia en “comunidades como Olintla, Tecali de He-rrera; en La Gloria, municipio de Cuyoaco, y en la Junta Auxiliar Morelos, del municipio de Libres” (Hernández, 2016). En estos luga-res, la empresa tiene importantes proyectos y está ligada a empresas como Chevron, a través de donativos. Además, la empresa cuenta con 132 proyectos vinculados al agua potable en Puebla, uno de ellos con la Fundación Coca Cola Femsa.

El programa denominado “Lazos de Agua en México” apor-tará 1.55 millones de 3.9 millones de pesos para obras en Puebla, que se extenderían a los estados de Oaxaca y Chia-pas; con Chevron empresa de energéticos que utiliza agua para explotar recursos a través del fracking, en 2013 donó a Living Water un equipo de perforación de origen indio, su-puestamente usado en Liberia para dotar de agua potable a la población (Hernández, 2016).

Esto nos plantea la siguiente interrogante, ¿en qué situación queda el derecho humano al agua cuando se privilegian los intereses de grupos comerciales dominantes respaldados en un discurso que, en aparien-cia, se orienta a la solución de problemas que ellos mismos crean?

Esta visión empresarial se opone a la perspectiva humanita-ria. En realidad, se transforma en “ayuda” la contaminación y uso inadecuado del agua, para después afirmar que se contribuyó a la solución de un problema. La reforma sobre el agua atenta contra el derecho al agua, y por supuesto, es también causa del descontento de la población.

En Puebla, el problema crece: “Somos uno de los estados con más problemáticas, tenemos leyes obsoletas, grave contaminación de las aguas superficiales, invasión de zonas federales, son los princi-pales retos del desarrollo urbano” (Sierra, 2016).

Resalta el problema en los municipios de Tetela de Ocampo, Olintla, Ixtacamaxtitlán y Zautla, comunidades que se oponen a la construcción de hidroeléctricas y minas que requieren grandes can-tidades de este líquido vital, y que ponen en riesgo este recurso.

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Finalmente podemos decir que las protestas realizadas por po-bladores de Olintla son una muestra de las luchas que diversas regio-nes de la entidad poblana han entablado en la defensa de la vida mis-ma, pues sin agua no se garantiza la supervivencia de ningún ser vivo.

ConclusionesEl caso de Olintla es ejemplar por la defensa de la propiedad ances-tral y de los recursos naturales. Destaca la lucha que ha entablado esta comunidad por el derecho al agua, reconocido en instrumentos jurídicos internacionales, cuyos contenidos contrastan con las últi-mas reformas en materia de agua en Puebla.

La protesta social que se realiza para defender cualquier dere-cho es válida, sobre todo cuando el Estado no satisface las demandas legítimas, más aún cuando son las propias autoridades públicas las que violentan los derechos fundamentales. La defensa del agua im-plica la lucha por salvaguardar otros derechos como la salud y el te-rritorio de las comunidades indígenas, razones legítimas que se aso-cian no sólo al tema de la sobrevivencia de los pobladores de Olintla, sino de las comunidades aledañas.

Los efectos que pueden tener los proyectos de muerte respal-dados por el Gobierno del Estado, desde la llegada de los panistas al poder, son de tracto sucesivo, es decir, serían una reacción en cadena que afectaría el bienestar de futuras generaciones.

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Riesgos socioambientales de la explotación de esquisto a través de fracking: la afectación del agua

Tipo de riesgo Requerimientos Consecuencias

Disminución del agua para el ser humano y ecosistema.

Se necesitan de 9 a 29 millones de litros de agua para la fractura de un solo pozo equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas HQ�XQ�D³R�

El hecho de que el agua dis-minuya en una región afecta seriamente la posibilitad de garantizar un ambiente sano, y al mismo tiempo la fact-ibilidad para el desarrollo sostenible.

Contaminación del agua y de las fuentes.

Para la extracción del gas es necesario fracturar la roca hidráulicamente, a elevadas presiones y con una mezcla concentrada de agua, arena y sustan-FLDV�TX¯PLFDV�TXH�DQLPDQ�HO�ȵXMR�GH�crudo y gas.

Sustancias que en estudios realizados en Estados Uni-dos pueden causar:

&£QFHU�\�PXWDFLRQHV��b��pueden afectar al sistema HQGRFULQR��b��GD³DU�HO�VLVWHPD�QHUYLRVR��\��b��provocar alergias.

Emisión de gas contaminante.

Emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. De estas emisiones, ��b��VH�HQFXHQWUD�FRPSXHVWR�SRU�metano (CH4��VXSHULRU�HQ��b��DO�GH�los proyectos de gas natural convencio-nal. Se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles, por el uso de camiones y equipos de perforación.

Sumamente contaminante tanto para el ser humano como para el ecosistema.

Contribuye al aceleramiento del calentamiento global, el gas metano produce un efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2).

'D³DQ�D�ORV�KDELWDQWHV�y la tranquilidad en la región donde se realice esta técnica.

Los contaminantes y el gas que se desprende, además de provocar la es-casez de agua, obstaculizan el óptimo desarrollo de los habitantes y provocan graves problemas de salud.

Vulneración del derecho a un ambiente sano, al libre desarrollo, al derecho al agua y al derecho a la salud.

Afectación al desarrollo sostenible de la comunidad en cuestión.

Fuente: realización propia con datos de la Alianza Mexicana contra el Fracking y ventajas y riesgos del gas Shale.

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�63*4136%&/$*"�:�$0/5307&34*"4�+63È%*$"4�40#3&�&-�%&3&$)0�"-�"(6"�&/��¿9*$0Nicolás Pineda Pablos1

Oscar Nicasio Lagunes López2

IntroducciónUna de las dimensiones menos estudiadas del agua es la jurídica. Sin embargo, el derecho y las reglas que nos rigen determinan la manera de concebir y de abordar el tema del agua. Un tema jurídico de gran actualidad es el derecho humano al agua. Existe una gran diferencia en el enfoque de este asunto entre los países europeos y los países en desarrollo. Al menos en México se subraya y se discute la pro-mulgación del derecho humano al agua. Este hecho contrasta con el silencio de las normas españolas o de la Unión Europea.

Embid Irujo apunta que no tendría mucho sentido que el dere-cho español o cualquier otro europeo se construyeran sobre las pre-misas de cumplimiento de un derecho vago en su contenido y perfiles, como el derecho humano al agua. A manera de explicación, señala:

Probablemente estamos, en general, ante una cuestión que diferencia a países desarrollados de los subdesarrollados y que ofrece resultados bien paradójicos. Así, en los países

1 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II; profesor investigador de El Colegio de Sonora. [email protected] Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato; profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. [email protected]

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desarrollados no hace falta apelar al derecho humano al agua porque lo que pretendería incluirse dentro del mismo ya está asegurado por la actuación de los poderes públicos a través del establecimiento y funcionamiento efectivo de los servi-cios públicos (Embid y Domínguez, 2011, pp. 41-42).

Mientras, en los países subdesarrollados se menciona muchas veces tal derecho, incluso en algunas constituciones, porque su contenido no está asegurado. En opinión de Embid Irujo, tampoco sirve de-cisivamente para asegurarlo, puesto que en este ámbito la cuestión fundamental no es la de la predicación de un derecho humano, sino más bien de la organización correcta de un servicio público y de la disponibilidad de los medios personales y materiales (Embid y Do-mínguez, 2011, pp. 41-42).

La cuestión es importante, ya que con mucha frecuencia se se-ñala la ventaja retórica y legalista de contar con el derecho al agua elevado a precepto constitucional. Pero, en contraste con la práctica y el ejercicio de la gestión del agua, dicho derecho está muy lejos de cumplirse y su aplicación no depende de su jerarquía jurídica, sino de la gestión concreta y puesta en práctica de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Surge entonces la pregunta sobre los efectos que dicho derecho ha tenido en la práctica concreta de di-chos servicios y, sobre todo, si ha habido controversias e impugna-ciones de los gobiernos locales encargados de aplicarla.

Este trabajo tiene, entonces, el objetivo de revisar las controver-sias y demandas que se han presentado en México con respecto al derecho humano al agua. La pregunta es: ¿qué réplicas o cuestiona-mientos jurídicos se han presentado en México con respecto a este derecho? Para cumplir este objetivo y tratar de contestar la pregunta, el presente trabajo consta de tres partes: la primera presenta breve-mente la promulgación del derecho al agua en México; la segunda revisa algunos conceptos de jurisprudencia y proceso judicial; la ter-cera y última presenta las tesis de jurisprudencia que ha producido el Poder Judicial mexicano.

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La promulgación del derecho humano al agua en MéxicoEn México, el 8 de febrero de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof) el Decreto 203 por el que se declara refor-mado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, México adoptó en su Constitución Política el derecho humano al agua.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y sanea-miento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

El Decreto 203, en su artículo segundo transitorio, estableció que el Congreso de la Unión contaría con un plazo de 360 días (o un año) para expedir una Ley General de Aguas, por la cual se regule el derecho al agua en México. Una muestra de lo complicado y polémi-co que resulta la puesta en práctica de este derecho es que, hasta el año 2017, cinco años después del reconocimiento del derecho huma-no al agua, dicha ley general reglamentaria no ha sido promulgada todavía. De este modo, puede decirse que México no ha cumplido con su obligación de garantizar tal derecho a las personas que tradi-cionalmente han carecido del acceso adecuado al agua potable y al saneamiento.

En el año 2015, se presentó una propuesta de ley secundaria que fue llevada a discusión en la Cámara de Diputados, la cual aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas. Sin embargo, el dictamen no fue llevado a votación, por lo que dicha iniciativa de ley quedó archivada, a causa de los cuestionamientos provenientes de distintos sectores de la sociedad.

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Debido a lo anterior, el proceso de cambio de paradigma no ha logrado verse reflejado en la prestación del servicio de agua potable. De este modo, los esfuerzos que se han realizado en México para ga-rantizar el derecho humano al agua no se han traducido en mejores servicios para las poblaciones marginadas o para quienes no cuentan con dicho acceso.

Por otra parte, el tema de la privatización del agua continúa formando parte de la agenda pública. Al respecto, la Constitución cuenta con una protección ante la privatización del recurso hídrico. El artículo 27 constitucional establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites territoriales correspon-den originalmente a la nación, pero que el Estado puede cederla a los particulares para su uso y aprovechamiento. Lo anterior se realiza a través de la expedición de títulos de concesión de agua.

Asimismo, el artículo 115 constitucional establece que los mu-nicipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, dre-naje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, mismos que pueden prestar por diversos esquemas, entre los que se encuentra la asignación de la prestación de dichos servicios a parti-culares por medio de concesiones, sin que ello implique un cambio de la naturaleza sobre la propiedad del recurso natural.

Concepto de jurisprudencia y proceso judicial de constitucionalidadEl vocablo jurisprudencia proviene del latín iuris, que significa “del derecho”, y prudentia, que significa “sensatez y buen juicio” (Ramírez, 2005, p. 78). Según el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Cir-cuito, la jurisprudencia es la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), funcionando en Pleno o en Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito (tcc). Además, agrega: “doctrinariamente la jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley, supletoria e interpretativa” (Ramírez, 2005, p. 78). Así, los objetivos de constituir sentencias de jurisprudencia son: ratificar lo preceptuado por la ley; llenar los vacíos de la ley, creando una norma

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que la complementa; interpretar y explicar el sentido del precepto legal y poner de manifiesto el pensamiento del legislador.

La jurisprudencia interpretativa está contemplada en el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto previene que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. La jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal (es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley) será válida mientras esté vigente la norma que interpreta (Tribunal Colegiado de Circuito, Tesis ix, 1, 71K).

En la cima de la pirámide del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la jurisprudencia

es el conjunto de reglas o normas que la autoridad jurisdic-cional que cuenta con atribuciones al respecto, deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del derecho positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas, y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2000, p. 175).

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece a través de dos sistemas.

a) A través de cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. Este sistema se fundamenta en el artículo 192 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, al establecer que lo resuelto en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario constituyen jurisprudencia siempre y cuando hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros (tratándose de jurisprudencia del pleno) o por cuatro ministros (en los casos de jurisprudencia de las salas).

b) A través de contradicción de tesis. El segundo sistema es-tablece que se integra la jurisprudencia con la resolución que deci-de la denuncia de contradicción de tesis que sustenten las salas que

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integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o respecto de las tesis que sustenten los tribunales colegiados de circuito. En este caso, no es indispensable que lo resuelto por el pleno o las salas de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación se sustente en cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario, ya que únicamente se necesita un solo fallo para fijar la jurisprudencia que resuelva que hay contradicción de tesis (Tribunal Colegiado de Cir-cuito, Tesis mcxxii).

La jurisprudencia son las resoluciones emitidas por los tribu-nales facultados para ello (Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito) que interpretan los preceptos legales que generan controversia al no ser claros o ser ambiguos, lle-na los vacíos legales y toma en cuenta los pensamientos legislativos. Ésta se puede constituir por cinco resoluciones seguidas en el mismo sentido sin ninguna en contra o por contradicción de tesis.

Seis tesis judiciales sobre el derecho humano al aguaEn este apartado se revisan las principales tesis que han producido los Tribunales Colegiados de Distrito en materia del derecho huma-no al agua. Para ello, se realizó una búsqueda en la página web del Semanario Judicial de la Federación. La búsqueda del término “de-recho humano” generó un total de 806 elementos del período 2005-2017. En cambio, la búsqueda del término “agua” generó 278 ele-mentos del período 1995-2017. Por último, la búsqueda del término

“derecho humano al agua” generó un total de seis elementos. Estos son las seis tesis que aquí se revisan.

Para la revisión de las tesis, primero presentamos las caracte-rísticas generales y posteriormente las reproducimos tal como apa-recen publicadas. Finalmente, se hará un resumen y un comentario sobre ellas.

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Tabla 1. Lista de las tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito producidas hasta agosto de 2017

Registro Fecha publicación Tema Instancia Tipo tesis Precedente Localización

11 2 008 053 Nov. 2014dha de personas

privadas de la libertad

Tribunal Colegiado de

CircuitoAislada Amparo en

revisión

10a. Décima Época; tcc; Gaceta sjf; Libro

12, noviembre de 2014; Tomo IV; Pág.

��bΖ��R�3��3��D��

22 2 012 142 -XO��

Responsabilidad de concesionarios

del servicio de agua potable


CircuitoAislada Amparo

directo

10a. Décima Época; tcc; Gaceta sjf; Libro 32,

MXOLR�GH��7RPR�iii; 3£J��b�Ζ;�5HJLµQ��

1o.14 A (10a.).

33 2 012 272 $JR��dha y

establecimientos mercantiles



revisión

10a. Décima Época; tcc; Gaceta sjf; Libro 33, DJRVWR�GH��7RPR�iv��3£J��bΖ��R�$��

CS (10a.).

44 b��417 Ene. 2017 dha y ejercicio

presupuestal



revisión

10a. Época; tcc; Gaceta sjf; Libro 38, enero de 2017; Tomo iv;

3£J��bΖ9��R�$��A (10a.).

55 b�� Ene. 2017

dha y la obligación del

pago



revisión


3£J��bΖ9��R�$��A (10a.).

�� b�� Ene. 2017

dha y asignación de recursos

públicos



revisión


3£J��bΖ9��R�$��A (10a.).

Fuente: Elaboración propia con base en Semanario Judicial de la Federación (s. f.). dha: derecho humano al agua. Los temas de cada tesis fueron definidos por los autores de

este trabajo con base en el título completo de cada tesis.

Como puede verse, a partir de la reforma constitucional del 8 de febrero de 2012 para introducir en la Constitución Política el de-recho humano al agua (dha), ha habido una tesis en 2014, dos en 2016 y tres en 2017. El corte de esta lista es hasta agosto de 2017. Como puede verse, las tesis comprenden diversos temas o preguntas

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relacionadas con el ejercicio del derecho humano al agua; todas éstas son tesis aisladas que no han conformado jurisprudencia. A conti-nuación, se presenta cada una de las tesis que han emitido los tcc.

Tesis 1. Registro 2 008 053 de noviembre de 2014. Derecho humano al agua de las personas privadas de libertadTesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. La ponente fue Emma Meza Fonseca y el secretario Mar-tín Muñoz Ortiz. Tiene como antecedente el amparo en revisión 158/2014. El 2 de octubre de 2014 fue aprobada por unanimidad de votos. Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El título completo de la tesis es Derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Tratándose de personas pri-vadas de la libertad, aquél debe analizarse a la luz de los principios plasmados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que les favorezca en todo momento (aplicación del principio pro persona previsto en el artículo 1o. De la constitución federal).

Texto completo de la tesis:

Con base en las reformas constitucionales en materia de de-rechos humanos del 10 de junio de 2011, en vigor a partir del día siguiente, en términos del artículo 1o., todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Cons-titución y en los tratados internacionales de los que el Esta-do mexicano sea parte. Con relación al derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequi-ble, el artículo 4o. constitucional establece que el Estado lo garantizará y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Luego, respecto de las

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personas privadas de la libertad, este derecho está reconocido en instrumentos internacionales, informes y documentos de órganos autorizados como la Observación General No. 15 del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —sobre el derecho al agua—; las Re-glas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Priva-das de la Libertad en las Américas; el Informe sobre los De-rechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas; Comité Internacional de la Cruz Roja y Corte Interamericana de Derechos Humanos —Caso Vélez Loor vs. Panamá—. En concordancia, el Comité de Derechos Econó-micos, Sociales y Culturales elaboró la Observación General Número 15, de noviembre de 2002, en la que precisa que el vital líquido es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, y que el derecho huma-no al agua es indispensable para vivir dignamente y condi-ción previa para la realización de otros derechos humanos. En este sentido, y en correspondencia con el “principio pro persona”, conforme al cual la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, el derecho humano al agua, es aquel a disponer de la suficiente, salu-bre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; un abastecimiento adecuado es necesario para evitar la muerte, y para satisfacer las necesidades de consu-mo, cocina e higiene personal y doméstica, lo que se logra con el abastecimiento de agua que de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; la cantidad disponible para cada persona debería correspon-der a las directrices de la Organización Mundial de la Salud; por lo que, el agua, las instalaciones y los servicios deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. Por ello, si el agua y los servicios e instalaciones deben ser accesibles a todos de he-cho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna, a fin

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de garantizar la tutela de ese derecho humano, los Estados Partes deben adoptar medidas para eliminar la discrimina-ción cuando se prive a las personas de los medios o derechos necesarios para ejercer su derecho al agua; además, deben velar porque la asignación de los recursos de agua y las in-versiones, faciliten su acceso a todos los miembros de la so-ciedad; pues las transformaciones no deben ser en beneficio de una fracción privilegiada de la población, sino invertirse en servicios e instalaciones que redunden a favor de un sec-tor más amplio, conforme a una interpretación no restrictiva, atendiendo al principio pro homine, que permite acudir a una interpretación del derecho al agua acorde con los principios sustentados en la Constitución Federal y en los derechos hu-manos contenidos en los instrumentos internacionales refe-ridos, a partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. […] Nota: Por ejecutoria del 31 de mayo de 2017, la Primera Sala de-claró inexistente la contradicción de tesis 180/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva (Tribunal Colegiado de Circuito, Tesis i, ).

La tesis contiene una interpretación no restrictiva y la aplicación del principio pro homine, por el que se reconoce el derecho humano al agua de las personas privadas de su libertad.

Tesis 2. Registro 2 012 142 de julio 2016. Responsabilidad de concesionarios del servicio de agua potableEsta tesis fue expedida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región y fue publicada el 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federa-ción. Tiene como antecedentes los siguientes amparos.

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· El Amparo directo 1542/2015 (cuaderno auxiliar 165/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Co-legiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Re-gión, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Proactiva Medio Ambiente caasa, sa de cv, 7 de abril de 2016. Aprobado por unanimidad de votos. Ponente: María Je-sús Salcedo. Secretario: Juan Antonio Ortega Aparicio.

· El Amparo directo 1541/2015 (cuaderno auxiliar 179/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Co-legiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Re-gión, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Proactiva Medio Ambiente caasa, sa de cv, 21 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Mauricio Mayco-tt Morales. Secretario: Jorge Patricio Sánchez Ortiz.

· El Amparo directo 155/2016 (cuaderno auxiliar 289/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Co-legiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Re-gión, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Proactiva Medio Ambiente caasa, sa de cv, 21 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Jesús Salcedo. Se-cretario: Alan González Dehesa.

· El Amparo directo 419/2016 (cuaderno auxiliar 457/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Co-legiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Re-gión, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Proactiva Medio Ambiente caasa, sa de cv, 23 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Mauricio Mayco-tt Morales. Secretario: Carlos Alberto Arroyo Joachin.

El título completo de la tesis fue Concesionarios del servicio de agua potable. En las controversias suscitadas por el corte del suministro de

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ese líquido, son autoridades responsables para efectos del juicio de am-paro (legislación del estado de Aguascalientes).

El texto completo de la tesis es el siguiente:

De conformidad con el artículo 5o., fracción II, párrafo se-gundo, de la Ley de Amparo, los concesionarios del servicio de agua potable en el estado de Aguascalientes adquieren la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en las controversias suscitadas por el corte del sumi-nistro de ese líquido, toda vez que sus actos no dependen de lo acordado por las partes en un contrato, sino de lo esta-blecido en el artículo 104 de la Ley de Agua para el estado de Aguascalientes, que permite la suspensión del suministro mencionado. Además, la restricción del derecho humano al agua es dictada, ordenada y ejecutada en forma unilateral y obligatoria, y extingue derechos de los particulares; de ahí que los actos desplegados en ese plano por los concesionarios, son de autoridad (Tribunal Colegiado de Circuito, Tesis ix Región).

La tesis se refiere a la facultad de los concesionarios privados ope-radores del servicio de agua potable y alcantarillado para cortar el suministro de agua a aquellos usuarios o clientes que no pagan el servicio. Como autoridades responsables, los concesionarios deben de acatar la ley estatal que permite el corte del servicio en dichos casos y, por lo tanto, extingue el derecho (de contar con suministro de agua) de los particulares.

Esta tesis es relevante y tiene consecuencias importantes para la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Permite realizar el corte de suministro a los usuarios que dejan de pagar el servicio por más de tres meses. Este pago, en su conjunto, es lo que permite la operación de los servicios de agua y hace factibles los ser-vicios. Se entiende entonces que, puesto que los servicios de agua potable y saneamiento se sostienen con las cuotas o pagos de sus usuarios, los usuarios están obligados al pago del servicio; la falta de

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este pago amerita la sanción del corte temporal del suministro hasta que se realice dicho pago.

Tesis 3. Registro 2 012 272 de agosto de 2016 sobre el derecho humano al agua y los establecimientos mercantilesEsta tesis fue expedida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tuvo como antece-dente el amparo en revisión 259/2015. Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V., 9 de noviembre de 2015. Fue aprobada por unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretario: José Rogelio Alanís García. Esta tesis se publicó el 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.El título completo de la tesis es Establecimientos mercantiles del Dis-trito Federal (actualmente Ciudad de México). Los artículos 10, apar-tado b, fracción ix y 28, cuarto párrafo, de la ley relativa, al prever la obligación de instalar purificadores de agua y ofrecerla gratuitamente, son conformes con el derecho humano al agua (decreto publicado en la gaceta oficial de la entidad el 16 de abril de 2014).

El artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionado con los ar-tículos 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24, numerales 1 y 2, in-ciso c), de la Convención sobre los Derechos del Niño, 28, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 14, numeral 2, inciso h), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce el derecho huma-no al agua y vincula al Estado a definir legalmente la forma como la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía en general participarán para cumplir en toda su extensión, respecto del cual los particulares también son sujetos de obligaciones. En esa medida, si para garantizar ese derecho y distribuir la participación de los entes del Estado y los particulares, en los artículos 10, apartado B, fracción ix

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y 28, cuarto párrafo, de la Ley de Establecimientos Mercan-tiles del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), a partir del decreto que adicionó esas porciones normativas, publicado en la Gaceta Oficial local el 16 de abril de 2014, se prevén deberes a cargo de particulares y de la ciudada-nía en general, como prestadores de servicios de restaurante, hospedaje, clubes privados y establecimientos mercantiles de impacto zonal, consistentes en instalar sistemas de pu-rificación de agua y/o dispensadores de agua potable para proporcionarla gratuitamente a los clientes que lo soliciten, esas disposiciones no se traducen en la transmisión o trans-ferencia a los particulares de obligaciones a cargo del Estado, sólo implican la previsión de la forma en la cual esos permi-sionarios deben cooperar solidariamente y en el contexto de la actividad mercantil regulada que realizan, para garantizar de mejor manera el acceso al líquido vital. No obsta a lo an-terior que los artículos 1o., 4o., fracción ii, 7o. y 18, fracción ii, de la Ley de Aguas del Distrito Federal dispongan que el servicio relativo es público y lo presta el gobierno local a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ni que el agua proporcionada a través de la red pública deba ser potable, pues las obligaciones impuestas a determinados grupos del sector privado (instalar purificadores de agua y ofrecerla gratuitamente) se justifica por la necesidad de faci-litar a los consumidores de esos establecimientos el acceso al agua potable, en atención a lo previsto en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, que vinculan al Estado a respetar, pro-teger, garantizar y promover el derecho humano referido y a prever legislativamente marcos estratégicos para cumplir las obligaciones correspondientes en la materia, respecto de lo cual deben participar y colaborar solidariamente la sociedad civil y el sector privado; de ahí que los preceptos de la Ley de Establecimientos Mercantiles citados, sean conformes con aquél (Tribunal Colegiado de Distrito, Tesis i, 18, A2, CS).

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Esta tesis establece la participación solidaria de los particulares y empresas mercantiles en hacer efectivo el dha, al establecer que también deben de garantizar el acceso al líquido vital. Aparentemen-te, no se establece como una obligación sino como una cooperación solidaria. La tesis es de particular relevancia para los restaurantes y lugares de venta de comida y alimentos.

Tesis 4. Registro 2 013 417 de enero de 2017. Derecho humano al agua y ejercicio presupuestalEsta tesis fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Tuvo como antecedente el ampa-ro en revisión 347/2015, promovido por el gobernador del estado de Nuevo León y otras el 20 de abril de 2016. Fue aprobada por unanimi-dad de votos. El ponente fue Sergio Javier Coss Ramos y el secretario Alejandro Cavazos Villarreal. Esta tesis se publicó el 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El título completo de la tesis es Derecho humano al agua. Como recurso indispensable para la subsistencia, requiere de atenderse prio-ritariamente mediante un adecuado ejercicio presupuestal (legislación del Estado de Nuevo León).

Conforme al artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Social para el estado de Nuevo León, el ejercicio presupuestario tiene por objeto garantizar la calidad de los programas de desa-rrollo social a cargo del gobierno del estado y de los Muni-cipios, así como su eficiente aplicación con apego a la equi-dad y la justicia y, como propósito elemental, procurar una justicia distributiva, consistente en que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios para su desarrollo. A su vez, dicho ordenamiento establece que su cumplimiento co-rresponde al titular del Ejecutivo, a través de la secretaría co-rrespondiente, la cual deberá ejercer los fondos y recursos estatales, federales, descentralizados o convenidos, en la ma-teria y vigilar que los recursos públicos que se destinan al de-sarrollo social, como en el caso del agua potable, se ejerzan

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con honradez, transparencia y equidad. En esos términos, en el reclamo formulado en el juicio de amparo, las autoridades encargadas de aplicar los recursos establecidos para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, como el agua potable y el alcantarillado, deben demostrar que fueron ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer el objetivo para el que fueron creados, es decir, me-diante un adecuado ejercicio presupuestal; de lo contrario, se contravendrían los artículos 134 de la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos y 85, fracción v, de la Constitución Local, en los que se establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas y los Municipios, deben administrarse y ejercerse de la forma señalada, para procurar una justicia distributiva, consistente en que toda persona reciba de manera equitati-va los beneficios para su desarrollo, lo que, de no atenderse prioritariamente mediante un adecuado ejercicio presupues-tal, vulnera en perjuicio de los gobernados el derecho huma-no al agua, reconocido por el artículo 4o. de la Constitución Federal (Tribunal Colegiado de Circuito, Tesis iv, 1, A, 62 A).

Tesis 5. Registro 2 013 416 de enero 2017. Derecho humano al agua y la obligación del pago Esta tesis fue expedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Tiene como antecedente el ampa-ro en revisión 347/2015 promovido por el gobernador del Estado de Nuevo León y otras el 20 de abril de 2016. La tesis fue aprobada por unanimidad de votos. El ponente fue Sergio Javier Coss Ramos y el se-cretario Alejandro Cavazos Villarreal. Esta tesis se publicó el 6 de ene-ro de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El título completo de la tesis es Derecho humano a la provisión de agua potable. La obligación de proporcionarla es un deber del es-tado, y no se encuentra constreñido a un pago previo por parte de los gobernados.

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Los artículos 27, 29, 34 y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, así como 42 y 46 de la Ley de Hacienda para los Municipios de la entidad, establecen que el suministro de agua potable y saneamien-to es un servicio público que se proporciona, entre otros, a través del organismo público descentralizado denominado

“Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”; que para ob-tener el servicio se deberá tramitar ante el organismo ope-rador el dictamen de factibilidad para la conexión a la red general de agua potable y drenaje sanitario y, satisfechos los requisitos de factibilidad, las autoridades competentes deben construir las instalaciones y conexiones de agua potable y drenaje sanitario conforme al proyecto autorizado, así como las obras de infraestructura que, en su caso, se requieran. En ese sentido, es hasta que esté instalada la red de agua potable y alcantarillado, cuando los gobernados están constreñidos al pago de una cuota por ésta al fisco municipal, pues la obliga-ción del Estado de proveer el vital líquido no depende de esa cuota, sino de la obligación legal precisada, derivada del de-ber de garantizar el derecho humano al agua, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Tribunal Colegiado de Circuito, iv, 1, A, 59, A. Las cursivas son nuestras).

Esta tesis es complementaria de la segunda de la lista en este trabajo. Establece la obligatoriedad de los usuarios de pagar el servicio cuan-do éstos cuentan con red instalada para el suministro del servicio. Asimismo, los gobiernos locales tienen la obligación de hacer dicho servicio accesible a todos. En resumen, el derecho humano al agua no exime del pago del servicio.

Tesis 6. Registro 2 013 406 de enero 2017. Derecho humano al agua y asignación de recursos públicos Esta tesis fue expedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Su antecedente es el amparo en

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revisión 347/2015 promovido por el gobernador del estado de Nue-vo León y otras personas el 20 de abril de 2016. La tesis fue aprobada por unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secre-tario: Alejandro Cavazos Villarreal. Esta tesis se publicó el 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El título completo de la tesis es Agua como derecho humano a la subsistencia. Se transgrede cuando las autoridades responsables no acreditan haber destinado los recursos económicos de una manera oportuna y eficaz (legislación del estado de Nuevo León).

El artículo 4o., párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso al agua para consumo personal y do-méstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y que el Estado es el responsable de garantizar este derecho. Por su parte, conforme a los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción IX, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Nuevo León, que prevén el principio de anua-lidad en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Estado, los presupuestos de egresos especifican el monto y el destino de los recursos económicos que se destinan al desarrollo social y que el go-bierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Recursos que, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Federal y 85, fracción V, de la Constitución Local, deben ser administrados y ejer-cidos de manera puntual, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer el objetivo para el que fueron destinados. Por consiguiente, si dichos recursos deben ser ejercidos y aplicados para cumplir con los fines pre-vistos o acotados a la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje y alcantarillado, entre otras necesidades bási-cas de la población, y las autoridades responsables en el am-paro no demuestran haberlos ejercido de manera oportuna y

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eficaz, transgreden el derecho humano al agua, por no adop-tar medidas apropiadas de carácter administrativo y finan-ciero o de cualquier índole en el ejercicio del gasto público (Tribunal Colegiado de Circuito, Tesis iv, 1, A, 64, A. Las cursivas son nuestras).

La tesis enfatiza que los gobiernos responsables deben de adminis-trar sus recursos de manera oportuna y eficaz a fin de cumplir con el derecho humano al agua. Por ello, le deben de dar la prioridad necesaria a los servicios de agua.

Conclusión y reflexión finalComo puede verse, las tesis aisladas, que no han constituido juris-prudencia, expedidas por diversos Tribunales Colegiados de Distri-tos en referencia a la aplicación del derecho humano al agua mues-tran la complejidad de este asunto, dadas las diversas situaciones en las que se requiere una interpretación de dicho derecho y los cri-terios que se han aplicado. Entre los principios más relevantes que se derivan de estas tesis está, en primer lugar, que las autoridades obligadas a cumplir dicho derecho en México son el gobierno fede-ral, estatal y municipal, y los concesionarios privados que prestan el servicio. Inclusive, las empresas mercantiles particulares deben ser cooperadores solidarios del derecho humano al agua.

En segundo lugar, los responsables de los servicios de agua están obligados a darle prioridad presupuestal a tales servicios al asignar re-cursos, de acuerdo con las leyes propias de las entidades federativas, a fin de garantizar el derecho humano al agua. En tercero, el dha no exi-me del pago de los servicios de agua a los usuarios de estos servicios. Y en cuarto, los responsables de la prestación de los servicios de agua, de acuerdo con su legislación local, pueden cortar el suministro de agua cuando los usuarios no pagan el servicio sin violar el dha.

Estas tesis nos dan una idea bastante clara de los problemas de aplicación del dha. En el futuro es muy probable que continúen sur-giendo controversias y conflictos para la aplicación efectiva de este derecho.

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AgradecimientosEste trabajo fue posible gracias al apoyo brindado por el Conacyt (Proyecto 223780 “Vulnerabilidad hídrica y formulación de políticas adaptativas para la sustentabilidad urbana y la gestión por cuencas”). Agradecemos también a la Lloyd’s Register Foundation [CE-12-1051/CE-12-0801] y al Instituto Inter-Americano de Investigación para el Cambio Climático (iai) [sgp-cra #005], el cual es apoyado por la National Science Foundation [GEO-1138881 y DEB-1010495].

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B L & Nu mT E = 1 9 & Epp = 2 0 & D e s d e = - 1 0 0 & Ha s t a = - 1 0 0 & Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012272&Hi-t=7&IDs=2013753,2013754,2013406,2013416,2013417, 2012408,2012272,2012142, 2009628,2008906,2008331, 2008053, 2008055, 2006171,2002127, 2001560,2000085,171485, 176764 &ti-poTesis= & Semanario =0&tabla=&Referencia=&Tema=

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ResumenEn las siguientes páginas, se compararán dos proyectos de ley de recursos hídricos; uno trabajado por la Comisión Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero (en adelante la Comisión de soberanía alimentaria), de-nominado Proyecto de ley orgánica de recursos hídricos, usos, y aprovechamiento del agua; el otro, presentado a la asamblea por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (mpd).

Primero, se presentará una contextualización que muestra las características principales de la gestión del agua durante el período neoliberal; la movilización de las organizaciones indígenas y campe-sinas durante la década de 1990, y la inclusión de las demandas refe-rentes al agua en la Constitución del 2008. Después, se tomará como eje Los diez mandamientos de la Ley de aguas para el Buen Vivir, la cual es una propuesta de democratización y gestión social que sin-tetiza las propuestas de las organizaciones indígenas y campesinas.

Palabras clave Buen vivir, ley de aguas, Ecuador.

1 Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. [email protected]

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Periodo neoliberalEl problema de la gestión de los recursos hídricos tiene sus antece-dentes en la época colonial y republicana, marcada principalmente por el sistema de haciendas. Más recientemente, con la insuficiente reforma agraria, desde mediados de la década de los sesenta hasta la de los setenta, entró en vigor la Ley de Aguas de 1972 “que parecía poner fin al régimen de derecho privado para la gestión del recurso hídrico, al establecer al agua como un bien nacional de uso público”

(Garcés, Toaza, Orozco, Gavilanes y Aguilar, 2010).La década de los ochenta quedó marcada por la instauración

del modelo neoliberal en el Estado ecuatoriano. El neoliberalismo, como doctrina, replanteó la tradicional escuela liberal que se refleja en la premisa de “la primacía absoluta del mercado y la no inter-vención ni regulación del Estado en la economía” (Vázquez y Saltos, 2011, p. 54); En consecuencia, se experimentó un adelgazamiento del Estado, pues se privatizaron bienes y servicios de interés público que eran administrados por éste. En suma, el mercado se configura como el eje regulador de la vida social.

El neoliberalismo modificó el orden de la vida política y econó-mica del país, la gestión de los recursos hídricos no fue la excepción. Durante este periodo, Ecuador adquirió deudas de fondos prove-nientes, principalmente, del Banco Mundial (bm), Fondo Moneta-rio Internacional (fmi), Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y de la Corporación Andina de Fomento (caf). Dichos organismos planteaban condiciones que beneficiaban a la inversión privada. Por ejemplo, en 1990, el bid planteaba

La creación de un mercado en el cual se transen las conce-siones de derechos de aprovechamiento de aguas tenderá a elevar el costo de oportunidad del recurso, reasignará el mismo hacia tierras y usos productivos, estimulará el ahorro de agua y las inversiones para aumentar su calidad y dispo-nibilidad […] La ventaja de la creación de este mercado re-side no tanto en que se vaya a producir reasignaciones ma-sivas del recurso, sino en la seguridad que proporciona a los

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inversionistas sobre la permanencia de un insumo vital para el proceso productivo (García, Martínez y Pazmiño, 2008).

De manera sumaria, se puede decir que algunas de las consecuen-cias de este período neoliberal son: a) la agricultura familiar cam-pesina destinada a mercados locales recibió menos apoyo compa-rada con la agricultura orientada a la exportación (Magap, 2011); b) acaparamiento del agua a través de concesiones estatales a empresas privadas (Guillen, s. f.); c) desabastecimiento del agua en cantones, parroquias y campesinos (Guillen, s. f.); d) las demandas de las orga-nizaciones indígenas y campesinas.

En 1996, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), junto con otras organizaciones indígenas y cam-pesinas, realizaron un proyecto de ley de aguas para todas y todos que contenía siete principios:

1. Dominio público del agua.2. Prelación en la concesión de derechos de aprovechamiento en el

siguiente orden:i) Consumo humanoii) Abrevaderoiii) Agricultura de seguridad alimentariaiv) Agricultura de autoconsumov) Agricultura y ganadería de medio y gran impactovi) Minería y usos industrialesvii) Usos turísticos y otros.

3. Manejo comunitario de las aguas.4. Manejo integral de cuencas hidrográficas (evitar que se maneje

como unidad administrativa).5. Visión del ciclo hidrológico y cuenca para rehabilitación de los

páramos y fuentes de agua.6. Participación de la institucionalidad de las aguas.7. Fondo de riego comunitario.

A pesar de las demandas y las movilizaciones de las organizaciones, este panorama no cambió con la Constitución de 1998. En el artículo

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249 se establecía que tanto para el agua potable y de riego como para otros servicios públicos el Estado “Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley.

De acuerdo con Paz y Miño, “la Constitución de 1998 legitimó una economía excluyente en función de la liberalización de la eco-nomía, armonizándola con la globalización de la economía mundial, para atraer y captar inversión extranjera” (Ávila, 2011).

La Constitución de 2008En la actual Constitución se ven reflejadas un gran número de de-mandas que las organizaciones y los movimientos sociales han ve-nido planteando, principalmente aquellas que no fueron satisfechas por la reforma agraria. Entre ellas, se encuentran las relativas al agua. Al respecto, remitiéndonos al resumen de Buitrón, la Constitución reconoce “el estatus del agua como un derecho humano fundamen-tal e irrenunciable, patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable del Estado y que constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos” (Buitrón, 2010, p. 147).

Así, la Constitución del 2008 incorpora diversas demandas de las organizaciones sociales que se pueden ver reflejadas en los si-guientes artículos:

Artículo 3. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Artículo 12. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estra-tégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembar-gable y esencial para la vida.

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Artículo 15. La soberanía energética no se alcanzará en de-trimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

Artículo 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reprodu-ce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integral-mente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exi-gir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos, se observarán los principios establecidos en la Constitución. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, así como a los colectivos para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Artículo 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración.

Artículo 73. EI Estado aplicará medidas de precaución y res-tricción para las actividades que puedan conducir a la extin-ción de especies, la destrucción de ecosistemas o la altera-ción permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgá-nico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Artículo 74. Las personas, comunidades, pueblos y naciona-lidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Artículo 281. La soberanía alimentaria constituye un obje-tivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades

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alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y cultural-mente apropiados de forma permanente.

Para ello, será responsabilidad del Estado promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.

Artículo 282. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.

Artículo 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o am-biental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los dere-chos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro ra-dioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Artículo 314. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamien-to, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraes-tructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que de-termine la ley.

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provi-sión respondan a los principios de obligatoriedad, generali-dad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.

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Artículo 318. El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Esta-do, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.

La gestión del agua será exclusivamente pública o comuni-taria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios.

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el res-ponsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que ga-rantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y activida-des productivas, en este orden de prelación. Se requerirá au-torización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.

Artículo 411. El Estado garantizará la conservación, recupe-ración y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidro-lógico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la cali-dad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

En el 2010, estaba programada la aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir. La Constitución establecía en la primera disposición

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transitoria que en el plazo máximo de trescientos sesenta días se aprobarían, entre otras leyes, “la ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, me-canismos de revisión y auditoría, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio”.

En ese año, las organizaciones sociales, los pueblos y nacionali-dades indígenas se movilizaron para evitar que se aprobara una ley que, en su proceso de aprobación, no había sido expuesta a consul-ta prelegislativa. Con la movilización, se evitó aprobar una ley que vaciaba de contenido los logros que se reflejaron en la Constitución con respecto al agua.

Por ejemplo, se mantenían las concesiones a las empresas priva-das mientras la Constitución establecía que era público y privado su manejo; también establecía la gestión pública y comunitaria mien-tras la ley no planteaba la institucionalidad. Es decir, se tomaron de-cisiones públicas y comunitarias conjuntas.

El agua es un derecho humano, sin embargo, dicha propuesta de ley no viabilizaba las formas para una vigencia real de los dere-chos humanos. Así, la propuesta no sólo no reflejaba lo establecido en la Constitución, sino que, en ocasiones, la contradecía (Cfr. Cen-tro de Derechos Económicos y Sociales, 2010).

Consulta prelegislativaLa consulta prelegislativa es un derecho que se logró con la lucha del movimiento indígena y organizaciones sociales, es de carácter colectivo. Sus fundamentos jurídicos están en la Constitución (artí-culos 57, 61 y 398), en la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas, la cual establece, en su artículo 19, que “Los Es-tados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representati-vas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

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El Convenio 169 de la oit, en su artículo 6, señala que los go-biernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante pro-cedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o admi-nistrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Así, todos los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional, antes de su adopción y aplicación, así como todos los re-glamentos, planes, programas, proyectos que se presentan para su aprobación por los gobiernos locales, ministerios y por el Ejecutivo, son objeto de consulta, pues se consideran medidas legislativas o ad-ministrativas. La consulta debe realizarse con métodos apropiados a las costumbres y tradiciones de los pueblos, con plena información, tiempo y esfuerzos suficientes para lograr acuerdos, de manera pre-via, libre e informada, a través de instituciones representativas (An-tkowiak y Gonza, 2010).

El objetivo de la consulta es llegar a un acuerdo o lograr el con-sentimiento de las medidas propuestas, en este caso, respecto a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Cabe se-ñalar que una de las exigencias de las organizaciones sociales es que los resultados de la consulta sean vinculantes, es decir, que tengan carácter de obligatorio. Esto a diferencia del carácter consultivo, que es sólo para conocer la opinión, para respetar la voluntad soberana de las comunidades.

Comparativa de proyectos de ley de recursos hídricosEn las siguientes páginas se realiza una comparación del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, el cual ha trabajado la Comisión de soberanía alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. En torno a este proyecto, la Asam-blea Nacional organiza e invita a las comunidades, pueblos y nacio-nalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano, al pueblo montubio y las comunas a ser parte de la consulta prelegislativa sobre derechos colectivos.

La comparación se realiza tomando como eje principal los man-damientos de la Ley de Aguas para el Buen Vivir, donde se muestran

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las demandas de las organizaciones indígenas y campesinas al go-bierno. A partir de ello, se contrastan el proyecto de ley trabajado por la Comisión de soberanía alimentaria con el proyecto presentado en la asamblea por Pachakutik y el mpd.

“Mandamiento 1. El agua es un bien nacional de uso público fundamental para la existencia de la vida humana y la naturaleza. La subsistencia de los pueblos depende del acceso y manejo al agua, por lo cual el Estado es su garante y no podrá ser privatizado ni acapara-do” (ocaru, 2012).

El proyecto de ley dedica principalmente los artículos 6, 39, 136 y 170 a la prohibición de privatizar el agua, incluyendo “toda forma de mercantilización de los servicios ambientales sobre el agua con fines de lucro” (véase artículo 6, literal e: 29).

En el proyecto de ley presentado por Pachakutik y MPD, los artículos que abordan este primer mandamiento son 1, 13, 25, 46, 86 90. El tema de los servicios ambientales aparece en el artículo 46, en el cual se establece lo siguiente: “Se prohíbe su privatización, conce-sión de cualquier índole, expropiación, apropiación; así como, su in-clusión bajo ninguna forma en el mercado de servicios ambientales.”

“Mandamiento 2. Derecho humano al agua, el Estado garantiza a todas las personas el derecho al agua este incluye el consumo hu-mano, uso doméstico y el agua para la soberanía alimentaria” (oca-ru, 2012).

El proyecto de ley de la Comisión de soberanía alimentaria es-tablece en el artículo primero el derecho humano al agua como fun-damental e irrenunciable; en el tercero, enuncia que garantizar este derecho es el objeto de dicha ley. En suma, garantizan el derecho humano al agua como un deber que le compete al Estado, y que es condición previa para la realización del régimen del Buen Vivir (ar-tículo 23).

Asimismo, establece que ese derecho se ejerza por medio de la igualdad y no discriminación (artículo 28); las obligaciones del Esta-do (artículo 59), acciones afirmativas (artículo 61), políticas de pre-vención y control de la contaminación (artículo 70), políticas públi-cas (artículo 170), tutela jurisdiccional (artículo 236) y jurisdicción internacional (artículo 238).

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En el proyecto de ley de Pachakutik y MPD se establecen en diversos artículos las condiciones en las que el Estado Plurinacional Ecuatoriano reconoce y garantiza el derecho humano al agua (ar-tículo 1) y se plantea como uno de los principios generales para la gestión del agua (artículo 5): “El Estado garantiza el ejercicio de este derecho, con base en los principios de exigibilidad, obligatoriedad, generalidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad y calidad, interdependencia, progresividad e intergeneracionalidad” (artículo 15); procediendo a revisión y modificación de las asignaciones del uso y aprovechamiento del agua (artículo 91) y evitando interrumpir este derecho por motivos económicos (artículo 113).

“Mandamiento 3. Exigibilidad del derecho al agua, las comuni-dades, pueblos, nacionalidades y la población en general están en ca-pacidad de exigir el cumplimiento del derecho humano fundamental al agua, el mismo que está por encima de cualquier otra norma legal” (ocaru, 2012).

La Comisión de soberanía alimentaria plantea en su proyecto de ley el artículo 26:

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colec-tivos y comunas podrán exigir a las autoridades el cumpli-miento y observancia del derecho humano al agua, quienes atenderán de manera prioritaria sus pedidos. Las autorida-des que incumplan con el ejercicio de este derecho estarán sujetas a sanción de acuerdo con la ley […] La exigibilidad jurisdiccional del derecho humano al agua y demás derechos constitucionales en relación al agua, comprende su protec-ción eficaz e inmediata, la declaración de su vulneración así como la reparación integral de los daños y perjuicios causa-dos. [...] la adopción de cuantas medidas cautelares sean ne-cesarias para prevenir o impedir su violación (artículo 237).

El proyecto de ley de Pachakutik y mpd plantea la exigibilidad como un principio para garantizar el ejercicio del derecho humano al agua (artículo 15). Asimismo, establece que “Los ciudadanos, comunida-des, pueblos y nacionalidad y organizaciones están en capacidad de

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exigir a las autoridades correspondientes el cumplimiento del dere-cho humano fundamental al agua” (artículo 30).

“Mandamiento 4. Gratuidad de un mínimo vital del agua de uso doméstico y de riego comunitario para la soberanía alimentaria ga-rantizado por el Estado. Para consumo humano será de 60 litros por persona al día; para riego de hasta 5 ha en la sierra, 10 ha en la costa y 20 ha en la Amazonía” (ocaru, 2012).

En el proyecto que se discute en la consulta aparece que “Toda persona tiene derecho a acceder de manera responsable y perma-nente a una cantidad vital de agua de calidad que le permita atender sus necesidades básicas y de uso doméstico, por una tarifa mínima y universal sostenible” (artículo 25). En su artículo 27, plantea que

“La Institucionalidad de la Autoridad Única del Agua establecerá de conformidad a las normas y directrices nacionales e internacionales, la cantidad vital de agua por persona cuyo acceso configura el conte-nido esencial del derecho humano al agua”.

Además, agrega que “El agua destinada al consumo humano es gratuita en garantía del derecho humano al agua [sin embargo] se cobrará una tarifa mínima que incluirá estrictamente el costo de cap-tación, administración, operación, impulsión, manejo y distribución del agua suministrada tanto por los sistemas públicos como por los comunitarios”.

“Mandamiento 5. Institucionalidad democrática de la gestión del agua que organice, regule y maneje el agua con responsabilidad compartida entre el Estado y los pueblos, donde la sociedad entera participe y tenga incidencia directa en las decisiones de los distintos niveles (nacional, regional, local) como el Consejo Plurinacional del Agua” (ocaru, 2012).

El proyecto que actualmente se discute plantea al respecto que:

El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua estará presi-dido por el titular de la Secretaría Nacional quien tendrá voto dirimente; y, se integrará, por una parte, en un cincuenta por ciento, por representantes del Estado Central, gobiernos autó-nomos descentralizados a nivel regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial; y por otra, en el cincuenta por ciento

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restante, por representantes de la sociedad civil: comunas, co-munidades, pueblos, nacionalidades, sistemas comunitarios de agua potable y riego, organizaciones de usuarios, organiza-ciones ciudadanas de consumidores de servicios públicos rela-cionados con el agua y con los recursos hídricos, impulsando el enfoque de género, en los porcentajes que se establezcan en el reglamento a esta ley, procurando que la representación de cada sector corresponda con la prelación constitucional para el acceso al agua prevista en el artículo 318 de la Constitución (artículo 225).

Por su parte, el proyecto de ley presentado por Pachakutik y mpd plantea la regulación, “la conservación, gestión, el buen uso y apro-vechamiento y establece la nueva institucionalidad del agua (artículo 12) [y] para una intervención adecuada con el manejo integral del agua y el pleno cumplimiento del derecho humano al agua se dispo-ne normar la institucionalidad nacional del agua.”

“Mandamiento 6. Riego comunitario, el Estado está obligado a proteger y fortalecer las formas comunitarias de manejo del agua, respetar sus instancias territoriales y su autoridad; así como permitir la participación en la institucionalidad y en las decisiones públicas relacionadas con el agua” (ocaru, 2012).

El proyecto de ley para consulta plantea que el riego propicia el buen vivir o sumak kawsay. Esto debido a que genera un desarrollo sustentable, dinamiza la economía agraria y nacional y las condicio-nes de una sociedad más justa (artículo 176).

En sus literales, señala garantizar la soberanía alimentaria; posibilitar el incremento y la diversificación productiva; promover relaciones armónicas entre regantes, productores y ecosistemas, así como el manejo y recuperación de suelos; modernizar el riego; fa-vorecer la generación de empleo rural y “Fortalecer la gestión de los sistemas comunitarios de riego”.

También exige “el acceso preferente al agua a los pequeños y medianos productores en situaciones de riesgo, garantizando la igualdad de género, brindando atención especial a las mujeres en condición de vulnerabilidad” (artículo 177) y la creación de “la

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institución pública de carácter nacional rectora del riego y encargada de la planificación nacional del servicio público de riego que ejercerá las atribuciones que se le asignen, en coordinación con lo previsto en la planificación hídrica nacional” (artículo 58).

Al respecto, el proyecto de ley de Pachakutik y mpd plantea que

el Estado plurinacional reconoce que el agua de riego para la producción de alimentos que aseguren la soberanía alimen-taria es un derecho de todos los ecuatorianos y ecuatoria-nas. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho a quienes trabajen en la producción que garantice el consumo de pro-ductos agrícolas culturalmente apropiados, necesarios para la soberanía alimentaria, así como en producción ganadera mínima y de subsistencia dentro de las economías comunita-ria, colectiva, cooperativa. Su uso es consuntivo.

“Mandamiento 7. Redistribución del agua, para lo cual deberán re-visarse todas las concesiones que impliquen lesión del derecho hu-mano al agua, acaparamiento y monopolio o que incumplan con la prelación constitucionalmente establecida: 1. consumo humano, 2. riego para producción para la soberanía alimentaria y 3. el cuida-do de la naturaleza. Luego podrá utilizarse el agua para otros fines” (ocaru, 2012)

El proyecto trabajado por la Comisión de soberanía alimenta-ria, en el artículo 4, plantea las dimensiones del agua de la siguiente manera: a) agua para la vida, b) agua para el ejercicio integral de la ciudadanía, y c) agua para la sustentabilidad. En otro artículo, se establece que “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, se aplicará la norma que más favorezca la preservación del agua que garantice la vida, la salud, la cultura, la soberanía alimenta-ria y la naturaleza” (artículo 13).

Este mismo proyecto de ley, en el artículo 80, plantea el orden de prelación de la siguiente manera: a) consumo humano; b) riego, abrevadero de animales y acuicultura que garanticen la soberanía alimentaria; c) caudal ecológico y aguas sagradas; d) actividades

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productivas. Este orden de prelación es intangible y no puede ser alterado.

El proyecto también señala que se verifique la acumulación de autorizaciones de uso o de aprovechamiento productivo del agua o concentración de caudales en pocos usuarios, siempre que por ello se impida un acceso y distribución socialmente equitativa para el consumo humano o para riego que garantice la soberanía alimenta-ria (artículo 134, literal e).

El artículo 137 se equipara más con el mandamiento 7, cuando establece que “La redistribución y reasignación del agua se realizará, respetando su orden de prelación y dando preferencia a las formas de organización comunitarias para el uso del agua, de conformidad a lo establecido en esta ley y la Constitución”.

En relación al mandamiento 7, el proyecto de ley presentado por Pachakutik y mpd menciona, en el artículo 5 literal d), que “La función social del agua es garantizar el consumo humano, la sobera-nía alimentaria, el caudal ecológico y las actividades productivas”. En el artículo 6, indica que “En caso de dudas o vacíos en las normas se aplicarán las que más favorezcan a la naturaleza, a la salud del agua, a la vida y a la soberanía alimentaria de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y las personas”.

Los artículos 65 y 67 establecen el orden de prelación de la si-guiente manera: a) para el consumo humano y uso doméstico; b) para la producción agrícola y la ganadería que garantice la soberanía alimentaria; e) para el mantenimiento del caudal ecológico y prácti-cas culturales; c) para otras actividades productivas.

“Mandamiento 8. Manejo y conservación de fuentes de agua: páramos, manglares, bosques tropicales, no puede estar en manos privadas, ni ser responsabilidad única de los usuarios. Debe haber una política de Estado basada en la participación directa de las co-munidades y organizaciones. Su manejo deberá estar totalmente fi-nanciado por el Estado” (ocaru, 2012)

El proyecto de ley plantea, en el artículo 12, “Velar por la con-servación y manejo sustentable de los ecosistemas marino costeros, alto andinos y amazónicos, en especial páramos y humedales, to-dos los ecosistemas que almacenan agua, y el mantenimiento de los

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procesos ecológicos esenciales que proveen el agua en cantidad y calidad”.

El artículo 17 indica que “la protección, recuperación y conser-vación de fuentes es responsabilidad del Estado”. El 39 señala que “Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a que por parte del Estado y sus instituciones se articulen políticas y programas específicos para asegurar su conservación, protección y mejoramiento, sin discriminación alguna; y a que dichas políticas y programas se adopten con su participación y cooperación”.

El proyecto de ley propuesto por Pachakutik y mpd indica, en el artículo 13 literal i): “Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes recolectoras y reguladoras de agua y el equilibrio del ciclo natural. Y restaurar los ecosistemas degradados”. También se señala que “Previo a una evaluación y planificación con los usuarios, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y campesinos, el Estado destinará los fondos necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia (artículo 44).

En los artículos 45 y 46 se prohíbe la privatización, concesión expropiación, apropiación e inclusión en el mercado de servicios ambientales de los páramos, bosques, humedales y manglares.

“Mandamiento 9. Agua de calidad, el Estado garantiza la cali-dad del agua para consumo humano, uso doméstico, riego, etc. Se prohíbe la contaminación de las aguas con vertidos líquidos, sóli-dos, gaseosos, compuestos orgánicos e inorgánicos, etc. que alteren la calidad del agua y afecten la salud humana, la flora, la fauna y el equilibrio de los ecosistemas” (ocaru, 2012)

El proyecto de ley de la Comisión de soberanía alimentaria, en el artículo 24, señala entre los elementos constitutivos del derecho humano al agua que: “El agua necesaria para uso personal o domés-tico debe ser salubre, y por lo tanto, no deberá contener microor-ganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas”.

Del artículo 34 al 37, se establecen los derechos a la naturaleza con relación al agua: “La Naturaleza o Pacha Mama, fuente de donde nace, se realiza y reproduce la vida, tiene derecho a la conservación,

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manejo integral y recuperación de las aguas como elemento esencial para el mantenimiento, desarrollo y regeneración de sus propios ci-clos vitales, estructura, funciones, procesos evolutivos y diversidad biológica”.

En el artículo 70 se señala:

La protección y conservación de los recursos hídricos se orienta a la consecución de los siguientes objetivos:Garantizar el derecho humano al agua.

Garantizar el buen vivir o sumak kawsay, los derechos reco-nocidos a la naturaleza o Pacha Mama y la preservación de todas las formas de vida, en un ambiente sano, ecológica-mente equilibrado y libre de contaminación.

Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad.

Evitar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo, de sus-tancias tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o subterráneas.

Evitar las actividades que puedan causar la degradación del agua.

Prohibir la contaminación de las aguas mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compues-tos orgánicos e inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que altere la calidad del agua; afecten la salud humana la fau-na, flora o el equilibrio de la vida.

Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.

En este sentido, en el artículo 71, se establece que se formularán po-líticas públicas; en el 75, se prohíbe descargar vertidos que conta-minen el agua, descargar aguas servidas sin tratamiento, acumular residuos que constituyan riesgo de degradación o contaminación del agua, actividades que sean riesgo de contaminación y botar desper-dicios en los cursos de agua.

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En el proyecto de ley de Pachakutik y MPD, en el artículo 16, se menciona como elemento constitutivo del derecho al agua que ésta sea apta para consumo humano y garantice la salud pública. En el artículo 26, se prohíbe toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. Se garantiza el derecho a la restauración de los ecosistemas en caso de daños ambientales.

Se establece, en el artículo 50, que “El Estado garantiza la cali-dad de las aguas para consumo humano y uso doméstico, para riego y otros usos de acuerdo a las normas internacionales y nacionales que contengan los más altos estándares establecidos”. Asimismo, en el 63, indica que el Estado será responsable de la investigación de da-ños causados, de aplicar medidas de prevención y de reparación in-tegral. En el artículo 112, se dice que “El Estado garantizará el dere-cho al agua, sus servicios y la higiene ambiental; para lo cual deberá aplicar medidas no discriminatorias para evitar los riesgos a la salud”.

“Mandamiento 10. El Fondo Nacional del Agua y el Instituto de Gestión Comunitaria e Integral del Agua, administrado por Comuna-gua, instancia conformada de manera descentralizada por las entidades comunitarias de administración. Invertirá en infraestructura de riego y consumo humano, conservación y manejo de fuentes” (ocaru, 2012).

Al respecto, el proyecto de ley de la Comisión de soberanía ali-mentaria señala que “El Estado asignará de manera equitativa y so-lidaria el presupuesto público para la ejecución de políticas públicas y prestación de servicios públicos” (artículo 8); “El Estado destinará los fondos necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protec-ción y conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia” (artículo 17); “Para la construcción de estos sistemas [de riego esta-tal] se establecerán convenios de cooperación y se utilizarán fondos provenientes del Estado” (artículo 181).

El proyecto indica que “Para el cumplimiento de sus fines, los sistemas comunitarios de gestión del agua administrarán fondos pú-blicos que provendrán de los aportes estatales y fondos propios de las tarifas que recauden por la prestación de servicios, de subvenciones concedidas por los gobiernos autónomos descentralizados, así como de donaciones y aportaciones que reciban de terceros” (artículo 196).

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En relación con este décimo mandamiento, el proyecto de ley de Pachakutik y MPD establece que “El Instituto Comunitario de Gestión Integral del Agua, Comunagua, ejecutará y supervisará las actividades de protección y rehabilitación de las fuentes de agua en coordinación y con la participación de los usuarios, las comunas, co-munidades, pueblos, nacionalidades y campesinos” (artículo 42).

Por otra parte, “los Gobiernos Provinciales les compete: plani-ficar, construir, operar y mantener los sistemas de riego estatales o construidos por fondos públicos, mientras que al Instituto Comu-nitario de Gestión Integral del Agua Comunagua le corresponde el riego comunitario” (artículo 127).

A diferencia del proyecto de ley trabajado por la Comisión de soberanía alimentaria, en éste se señala la creación del Fondo Nacio-nal del Agua que será destinado para la gestión integral del agua (ar-tículo 130). Entre los artículos 131 y 135, se mencionan los objetivos del fondo: el financiamiento, que será administrado por el Instituto Comunitario de Gestión Integral del Agua Comunagua, y la prio-ridad de acceso al fondo para las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y campesinos.

Además de los diez mandamientos, que fungieron como eje de comparación entre estos proyectos de la ley de recursos hídricos, hay otros temas relevantes, por la índole temática, la omisión o no ex-plicitación en uno u otro proyecto de ley, por ejemplo. Enseguida se realiza un listado de éstos.

En el proyecto de ley de la Comisión de soberanía alimentaria:

· Mujer y derecho humano al agua (artículo 29)· Protección de los grupos de atención prioritaria (artícu-

lo 30)· Protección de niñas, niños y adolescentes (artículo 31)· Protección de los conocimientos colectivos y saberes an-

cestrales (artículo 44)· Agua en minería y actividades hidrocarburíferas (artí-

culos 107-109)· Derecho a ser consultados (artículos 45 y 64)

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En el proyecto de ley propuesto por Pachakutik y mpd

· Conceptualización (artículo 8)· Aguas de cursos internacionales (artículo 9)· Desconocimiento al derecho consuetudinario (artículo 20)· Acceso preferente y gratuito al agua (artículo 22)· Actividades que vulneren a pequeños y medianos produc-

tores (artículo 24)· Obligación de los usuarios (artículo 129)· Juntas provinciales de administración del agua (artículo 158)· Juntas consultivas de cuenca (artículo 170)· Delitos contra el agua (artículo 179)

Uno de los puntos en que divergen ambos proyectos de ley es en la gestión comunitaria del agua. Los artículos 189 al 207 del pro-yecto de la Comisión de soberanía alimentaria plantean la articula-ción con la Autoridad Única del Agua, el registro de las formas de gestión comunitaria, los sistemas comunitarios de gestión del agua, autonomía financiera, la tarifas por servicios comunitarios del agua, la gestión comunitaria de los servicios de abastecimiento y riego; el reconocimiento de las formas colectivas y tradicionales de gestión, y las normas consuetudinarias incluyendo su relación con terceros.

Por su parte, el proyecto de ley de Pachakutik y mpd plantea la creación del Instituto de Gestión Comunitaria Integral del Agua (artículos 163 al 171). Sus objetivos son la provisión de agua potable y de riego para comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades an-cestrales y campesinos; la conservación y manejo del agua; agua para soberanía alimentaria, democratización y participación en el control del agua; conservación y manejo de fuentes hídricas, coordinación interinstitucional entre administración comunitaria y pública del agua. En los artículos del 172 al 178 se plantea el procedimiento en la resolución comunitaria de controversias.

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ConclusiónSe aprecian diferencias entre los artículos que refieren a los temas pro-puestos en los mandamientos de la Ley de Aguas para el Buen Vivir. Esto se debe particularmente a la forma en que están condensados o desglosados dichos temas, pero principalmente son de fondo. El pro-yecto de la Comisión de soberanía alimentaria no contempla la gratui-dad de un consumo mínimo vital de agua porque plantean costos de captación, administración y operación, entre otros. Además, hay omi-sión en cuanto a la conceptualización de diversos significados. Pero, sobre todo, hay cambios en torno a la gestión comunitaria del agua, lo cual tiene implicaciones en la gestión comunitaria del riego.

Se muestran diferencias de gran importancia en torno a la ins-titucionalidad del agua, principalmente, porque no toman en cuenta la creación del Instituto Comunitario de Gestión Integral del Agua, Comunagua, lo cual implica una amenaza en la participación de diversas organizaciones sociales en la administración y gestión del agua. Entre los temas que no aparecen claramente, está la desprivati-zación del agua y los mecanismos que posibilitan lo establecido en el artículo 282 de la Constitución del 2008.

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ResumenEste trabajo presenta historias y narraciones de campesinos de los municipios de Atlixco (La Magdalena Axocopan) y San Andrés Cholula (Tlaxcalancingo) en torno a un mismo manantial. El docu-mento destaca las semejanzas y diferencias, producto de la vivencia y percepción de los actores sociales. La información es producto de entrevistas semiestructuradas a informantes clave y recorridos por la localidad. El compendio completo de los diversos relatos se encuen-tra en la tesis de Antología de relatos orales de la tesis Lo que el viento no se llevó2 en la comunidad de Axocopan, Atlixco Puebla. Los en-trevistados en su mayoría fueron personas de más de cincuenta años. Consideramos que la riqueza de la tradición oral la compartían de una manera más dinámica, además de su disponibilidad de tiempo, debido a que la mayoría de los jóvenes han migrado. Cabe mencio-nar que el municipio Atlixco y sus regiones presenta alta migración esencialmente a Estados Unidos.

1 Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.2 Tesis de la Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica buap 2004, apoyada por beca tesis Concytep.

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Palabras clave Axocopan, tradición oral, agua.

IntroducciónLa memoria resguarda del deterioro y del olvido. Es una fuente de imaginación, pensamientos, creaciones. Si antes no se contaba con los medios gráficos electrónicos necesarios para la comunicación, eso no constituyó un problema para las culturas tradicionales, por-que la información era archivada en la memoria y se transmitía de persona a persona, de generación en generación. Antes de la inven-ción de la escritura, tres o cuatro mil años antes de Cristo, los relatos de la mayoría de los pueblos eran conocidos por vía oral. Se conta-ban una y otra vez, sin importar el número de veces que hubieran sido escuchados.

Por eso, para un narrador o cuentero, como suele llamarse co-loquialmente, es importante una buena memoria para retener lo esencial. Los receptores imaginan dichas narraciones con distintos colores y formas, pero la esencia permanece inalterable.

La tradición oral está conformada por los mitos, leyendas, cuentos y relatos. Es una fuente de acercamiento a nuestra cultura. Suele permanecer por generaciones, “La tradición oral ha sido in-terpretada como los recuerdos del pasado transmitidos y narrados oralmente que surgen de manera natural en la dinámica de una cul-tura. Todos los miembros de una cultura se reconocen en ella […] Las narraciones orales son expresiones orgánicas de la identidad, las costumbres y la continuidad generacional de la cultura donde se ma-nifiestan” (Ramírez, 2012, 132).

La tradición oral está impuesta por manifestaciones variadas del discurso: la historia de la fundación de los pueblos, leyendas, el nacimiento de un volcán, relatos sobre seres míticos u objetos sa-grados, cuentos y otras manifestaciones. Incluso pueden encontrarse expresiones musicales como los corridos.

En Europa y Oriente la tradición oral se practica desde hace mu-cho tiempo. Existen registros de los siglos viii y ix que demuestran que la gente de aquella época tenía deseos de transmitir información.

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Se manifestaban en calles, plazas y castillos. A estas narraciones se les conoció con el nombre de cantares de gesta o bien gestas heroi-cas; a los narradores se les llamaba juglares. Para el siglo xii estas historias fueron recopiladas en crónicas o leyendas, y recibieron el nombre de glosas de antiguas gestas. EI oficio de juglar tuvo un papel importante dentro de la sociedad; fue tal su influencia, que quedó reflejada en obras sobresalientes de aquellos tiempos, como fue el caso del Poema del Mío Cid, en España.

Con el paso del tiempo, la tradición oral llegó a ser considerada como reflejo de ignorancia y atraso del pueblo; pero durante el ro-manticismo, diversos autores voltearon la cara hacia ella. Tal fue el caso de los hermanos Grimm, que dedicaron gran parte de su vida a recopilar historias de la tradición oral. Así, se propició que otros au-tores tomaran la iniciativa de hacerlo también en sus propios países. Surgen así importantes recopiladores de narraciones orales, mismos que recorrían el tiempo y las generaciones pero que no eran tomados con la debida seriedad. Entre los autores que destacan se encuentran Andrew Langa, Perrot, Cristian Andersen y el formalista ruso Vla-dimir Propp, quien daría a conocer su teoría morfológica del cuento. En esta propone, por medio de la previa comparación de diversos cuentos, que todos poseen una estructura común.

La tradición oral en MéxicoMéxico, como otros países del continente, cuenta con una vasta tra-dición oral producto de su conformación como país pluriétnico y pluricultural. Distintos pueblos que conforman nuestra nación, ca-rentes de los medios de escritura, resguardaron sus tradiciones me-diante la transmisión oral. De esta forma, costumbres, mitos, tra-diciones, cuentos o leyendas se mantuvieron vivas desde la época prehispánica hasta nuestros días. Actualmente, diversos autores estudian la literatura oral: Enrique Florescano, Alfredo López Aus-tin, Elisa Ramírez Castañeda, Miguel Góngora, Luis de Peña, Frida

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Harta, entre otros.3 López Austin, quien además ha trabajado por décadas el discurso mítico, menciona:

Mesoamérica por primera vez fue descrita por el etnólogo y antropólogo alemán Paul Kirchoff (1900-1972), “Mesoamé-rica”, publicado originalmente en 1943, fue un intento de señalar lo que tenían en común los pueblos y las culturas de una determinada parte del Continente Americano, y lo que los separaba de los demás. Para lograr este propósito me impuse la limitación de enumerar sólo aquellos rasgos culturales que eran propiedad exclusiva de esos pueblos, sin intentar hacer una caracterización de la totalidad de su vida cultural” (Kirchoff, 2000, p. 19). Mesoamérica compartiría entre sí la geografía, los paisajes, el sedentarismo agrícola, la caza, la arquitectura, la cerámica, la arquitectura, las inte-rrelaciones que se daban dentro de los pueblos, las guerras, conquistas y la consolidación. En esta región se estableció un sistema tributario y un gobierno con dominio territorial sobre poblaciones heterogéneas en lengua y etnia. Las cultu-ras mesoamericanas tenían variantes creadas por tradiciones particulares que se dieron en diferentes regiones y tiempos históricos. Estos factores formarían una cosmovisión, una visión del mundo compartida con un abanico de expresiones regionales y locales donde lo sagrado, los dioses, los rituales, irían atadas a Ia religión: “la cosmovisión se convirtió en una especie de gran código de usos múltiples en la interrelación de las diferencias étnicas, lingüísticas y de grado de comple-jidad sociopolítica” (Broda, 2001, p. 54).

Los pueblos de Mesoamérica compartían religión, dioses, cuentos y mitos. Esto hacía que cada habitante fuese parte activa de las tradiciones: lo sobrenatural regía la vida anímica

3 Actualmente con el nivel de tecnología que tenemos podemos compartir de manera más eficaz la tradición oral y así empaparnos de esa riqueza prehispánica, la exponente sugiere vi-sitar el sitio: pluralia.com.mx son varios los escritores que muestran gran parte de sus trabajos.

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del pueblo. Esos mitos y ritos eran plasmados en diversas obras artísticas y literarias. “Los mitos son expresiones bási-cas de las religiones, debemos buscarlos en la planificación urbana, en la arquitectura, pintura, escultura, bajorrelieves, arte, mobiliaria, cerámica, alfarería, falla de huesos, piedras semipreciosas y hasta en los detalles de orientación personal” (Barbro, 1987, p. 10).

Presumiblemente, en Mesoamérica no había escritura como en el viejo mundo. Las representaciones que se hacían en piedra, en papel o en los elementos antes citados eran ideogramas; la comunicación era oral. Los códices contenían designaciones de lugares y personas; pero el método que siguen es pictórico. La escritura “es la represen-tación pictórica seriada, con las anotaciones escritas superpuestas como rótulos identificadores” (Senner, 1992: 185).

Esta forma de comunicación ideográfica ha merecido diversos estudios, los cuales han ayudado a entender la forma de vida y cos-tumbres de los antiguos ciudadanos. Esta comunicación ideográfica no ha revelado muchos de sus secretos, pues existen diversas trans-cripciones cuyo valor y significado aún no conocemos.

América fue descubierta el 12 de octubre de 1492. El Nuevo Mundo era un todo complejo, donde se mezclaban aspectos míticos, mágicos y religiosos. Los colonizadores se sorprendieron al ver esas ciudades imponentes y hermosas, como la gran Tenochtitlán.

Con la irrupción de los colonizadores hubo un rompimiento de la cultura mesoamericana. Además de darse la conquista, surgió Ia explotación, el expolio y los prejuicios contra el indígena. Los colo-nizadores satanizaron a las creencias religiosas y a los dioses:

Los colonizadores creyeron encontrar al demonio en este continente y el supuesto descubrimiento de su enemigo fue uno de los apoyos ideológicos más eficaces para justificar la destrucción y el sojuzgamiento de los conquistados tras los dioses americanos quisieron ver una voluntad real, maléfi-ca, cruel, distorsionadora de los sacramentos que sujetaba a los infelices indígenas con la esclavitud de la falsa creencia.

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Según su intencionada visión muchas generaciones atrás el demonio había dominado a los naturales y ahora los cristia-nos aparecían como los libertadores. Bien podían cobrar en los cuerpos los beneficios a las almas. El mito indígena se convirtió en la prueba fehaciente de la presencia del demo-nio (López, 1992, p. 127).

Los materiales con los que contaban los mesoamericanos fueron destruidos. “Los españoles cuando llegaron los destruyeron enten-diéndolos como cosas del demonio según los ojos celosos de los frai-les atados a ellos” (Barbro, 2000, p. 13).

Algunos documentos que contenían la ciencia, la historia, las creencias prehispánicas, fueron destruidos, la mayoría quemados; otros fueron enviados a la Corona. Hubo documentos que se salva-ron debido a que los antiguos habitantes los escondieron por siglos. Algunos fueron guardados por los frailes, pues eran considerados como dignos de estudio para manejar a las culturas indígenas, de-bido a que en Mesoamérica no se contaba con escritura. Los frailes que llegaron para evangelizar iniciaron la tarea de recopilar los mi-tos, hechos históricos, el computo del tiempo y las costumbres, y los representaron en caracteres latinos. Todo este conocimiento pasaría a formar un acervo cultural de la colonia española para más tarde convertirse en un gran tesoro para la humanidad.

La religión siempre estuvo presente en las sociedades mesoa-mericanas: convivían hombres y dioses. Estos mitos, a pesar de sus orígenes, no eran relatos o recordaciones aisladas; eran elementos significantes en la integridad de la cultura. “El ciclo de las fiestas, de acuerdo con el calendario solar, podría describirse como la liturgia prehispánica en la que, con base a la recurrencia del tiempo, se vol-vía presente el mundo de los dioses que en cada periodo debían ser propiciadas (León Portilla, 1995, p. 67).

Después de la colonización de América, los mitos y costumbres indígenas permanecieron. No se conservan como eran original-mente, porque han viajado más de cinco siglos, han sido contados a muchas generaciones y, por lo tanto, han sufrido modificaciones. Los mitos no muestran el atraso o la ignorancia de un pueblo; al

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contrario, son la mejor evidencia de la riqueza cultural de un pueblo, y aunque en algún momento sufrieron la irrupción de otras culturas, sus textos sagrados fueron calcinados y sus habitantes convertidos al cristianismo, la tradición oral mantendrá viva toda esa riqueza. Hoy en día se deben hacer más esfuerzos por rescatar esa tradición oral. Asimismo, se debe evitar la burla y la sanción a nuestros pueblos in-dígenas como si se hubieran quedado en el atraso. Como habitantes de México, debemos rescatar esos relatos para seguir heredándolos a las nuevas generaciones. En este sentido, coincido con López Austin, quien plantea: “la persistencia del pensamiento mítico es pretexto hoy de agresiones tras los afanes evangélicos o civilizadores están intereses políticos y económicos. ¿Pretenderemos que en el estudio científico de este pensamiento pueden estar ausentes las historias de sus interpretaciones? Podrá argüirse que el pensamiento científico es refractario a las ideas de los fanáticos que ven diablos con cuernos y colas tras los narradores de los mitos, y que perciben el olor a azufre entre el copal de las ofrendas” (López, 1992, p. 128)

Hoy en día existe la tendencia a ignorar y olvidarnos de las tra-diciones; adoptamos modelos culturales de otros países. Nos hemos olvidado de las ofrendas, las danzas tradicionales y de las historias que un día los abuelos contaban al caer la noche o en los días de lluvia o de asueto.

La tradición oral ha sido estudiada por diversos autores: antro-pólogos, historiadores y sociólogos; además de los lingüistas, quie-nes retomaron la meta prehispánica, para dar cuenta de los diver-sos hallazgos de estelas, monumentos y de los relatos que narran la creación del universo, del hombre y explican la organización social, política y religiosa de México y los países de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles.

Este trabajo se centra en el aspecto literario de la tradición oral. Al trabajar sobre este punto, he encontrado mitos muy interesantes en las investigaciones de los autores antes mencionados. Estos nos dan un panorama sobre las costumbres y creencias de estas culturas. De esta forma, hallamos que en México subsisten muchos relatos que han ayudado a organizar pueblos y a comprender algunos fe-nómenos de orden religioso. Tal es el caso de los tarascos, quienes

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viajan kilómetros para recolectar frutos sagrados y cuyo sacerdote principal puede comunicarse con los dioses.

Para damos una idea más amplia, decidí citar algunos ejemplos de Alfredo López (1992) que se encuentran en su libro Los mitos del tlacuache. Se narra el caso del maíz, que fue el alimento principal de los pueblos precolombinos. Muchos mitos giraron en torno a él. Narran aún los habitantes de Colima que en los tiempos pasados el maíz verde fue cubierto por el agua y se volvió un papagayo verde y el maíz negro se convirtió en papagayo negro. Ahora los dos son amigos, y en la época de cosecha llegan a comer y compartir el mis-mo alimento.

¿Y qué hay de los mitos astrales? El libro del Popol Vuh cuenta que Zipacna hijo de Vacub Caquiz tiró una casa sobre cuatrocientos mu-chachos. No hubo ningún sobreviviente y todos entraron el grupo de las estrellas que se llaman Motz. Después subieron Hunahpu e Ixba-lanqué en medio de la luz y se elevaron al cielo. A uno le tocó ser el sol y a otro la luna. Así se iluminó el cielo. Si hay algo de lo que se pueda jactar el tlacuache es de ser indígena, descendiente de marsupiales pre-cenozoicos a los cuales no les importó que los continentes se hubieran separado. Comenta sobre algunas peculiaridades que han surgido de su singular comportamiento. Su nombre pasó al lenguaje coloquial en la conocida frase “no te hagas el tlacuache”, pues algunas veces caen como muertos con la lengua de fuera, con los ojos vidriosos, abren su hocico y dejan ver sus enormes y filosos dientes.

Los tlacuaches, durante el frío, sequedad y hambruna, alcanzan un estado de letargo. Viven junto al hombre y este se aprovecha de su carne gorda, que dicen sabe a cerdo. Son hábiles, trepadores y ladro-nes. A esta última cualidad hacen referencia varios de los mitos que hablan sobre él, como se observa en la siguiente narración:

El tlacuache es un ladrón, y por eso le teme a la llegada del “mes” mol’uch. Al iniciarse la veintena del mol’uch, los tzotzi-les acostumbran colocar a la entrada de cada hogar una ofren-da que consiste en una mazorca pequeña, una diminuta torti-lla, unos cuantos frijoles, un cigarro, sal y una bolita de posol, todo en paquetitos de hojas de maíz. Los tzotziles creen que,

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si no se coloca la ofrenda al abuelo tlacuache, la cosecha será exigua y sobrevendrá el hambre (López,1992, p. 160).

El trabajo de campoPara la incorporación de estos relatos sobre seres extraordinarios, se ha tomado el pueblo de La Magdalena Axocopan, Atlixco. En la ac-tualidad estas culturas constituyen un material digno de ser estudiado. Puebla posee, en la ciudad, su periferia y municipios, tradiciones que han pasado de generación en generación, transmitidas a través del me-dio oral. Muchas de esas tradiciones, aunque constituyen parte impor-tante de nuestra cultura, todavía no han sido recogidas y estudiadas.

Entre los puntos del estado más atrayentes, se encuentra el muni-cipio de Tlaxcalancingo. El objetivo era comprobar cómo una comu-nidad conserva parte de su pasado cultural gracias a la tradición oral. Existe un relato que narra la razón de que este pueblo fuera muy árido. Según éste, en el lugar había una especie de cascada (lo cual se puede constatar por las características del lugar). Ahí yacía una sirenita que esperaba que algún habitante se casara con ella. Ninguno de ellos se interesaba, hasta que los pobladores de Axocopan pasaron y uno le correspondió y se casó con ella. Entonces, la sirenita había tenido que irse al lugar donde viviría con su esposo, y como castigo, se había lle-vado el agua de Tlaxcalancingo a Axocopan. Por eso es que ellos no tenían agua y tenían un cierto rencor a los pobladores de Axocopan por haberse llevado el medio que les proveía del valioso elemento.

Desafortunadamente, la comunidad de Tlaxcalancingo se negó a expresar su versión sobre el relato, lo que incentivó a continuar el viaje por Axocopan. A diferencia de la primera comunidad, esta última mostró la disponibilidad para compartir los relatos del lugar. Esta población tiene las características que se pretendían encontrar; aunque lamentablemente cuenta con pocos registros previos. Por esa misma razón, se volvió un objeto de estudio aún más interesante.

El propósito de la investigación era rescatar las narraciones ora-les que no se encuentran dentro de libros, periódicos o algún otro medio impreso. Para ello, se entrevistaron a treinta y dos pobladores

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de Axocopan durante el 2002 y 2005, de los cuales aquí se presen-tan dieciocho historias. Se utilizaron los métodos propuestos por Ricardo San Martín Arce (2000) quien afirma que la entrevista es una de las principales técnicas de la investigación de campo. Aunque ésta haya sido planeada con un determinado número de preguntas y temas, la estructura muchas veces cambia, debido a la interacción social que se da. Con base en esto, primero se estructuró un guion de preguntas y temas posibles sobre los cuales giraría la conversación con los entrevistados.

Se procuró tocar temas de interés y que les motivaran a platicar. Este guion se estudiaba antes de salir a campo, pero nunca fue sacado durante las entrevistas. Se intentó recordar los temas y las preguntas que se planearon y proseguir la charla espontáneamente, de acuerdo con los intereses y circunstancias del informante. Los fondos para la realización del trabajo fueron obtenidos de la Beca-Tesis otorgada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (Con-cytep), con lo que se sufragaron los costos de transporte, material para registro (grabadora, audiocintas, escaneos de fotografías) e impresiones.

Ahora bien, sabemos que al ser humano le corresponde la fae-na de crear, hablar e interpretar. En esta ocasión, la investigación de campo permitió conocer aquellos relatos que los ancianos y los jóvenes contaban, cuentan y quizás seguirán contando en la plaza principal, en la iglesia o en el yacimiento de agua, misma que un día trajo María Magdalena. Conocimos otro lugar donde la tranquili-dad gobierna y los cerros guardan secretos. Desde el Popocatépetl, se dice era flojito, por tanto, fue abandonado por sus mujeres. También hay diversos relatos que giran en torno al agua. En Axocopan abun-daba la piedra, pero un día la abundancia llegó, traída por María Magdalena.

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La Magdalena AxocopanLos pobladores refieren que el nombre de la comunidad anterior-mente era Texaxalco, deriva de piedras. Posteriormente se llamaría Axocopan, como hasta el día de hoy se conoce. Adquirió esta deno-minación por varias historias locales, las cuales incluimos en la an-tología. Como menciona el señor Higinio Aguilar Palma de 84 años:

EI nombre de la comunidad anteriormente era Texaxalco que se deriva de piedras. Dicen que aquí el pueblo era un lugar de muchos árboles, mucha piedra. Bueno, se entiende que esté cerrado, el lugar, sí y entonces como había mucha piedra, por eso sólo le pusieron el nombre de Texaxalco, quiere de-cir que es un lugar pedregoso sí, y entonces tampoco tenían agua, por la patrona aquí se venera Santa María Magdalena, porque ella es quien trae el agua a Axocopan.

La señora Francisca Aguilar, de 83 años, nos explicó que el nombre “Axocopan” viene de atl, que quiere decir “agua”, y copan, “agrio”. Por lo tanto, Axocopan significa “agua agria”. Sin embargo, esta comuni-dad es conocida como La Magdalena Axocopan, porque la patrona del pueblo es María Magdalena, pues se presume que ella es quien trajo el agua a este lugar.

Axocopan está muy cerca del imperioso volcán Popocatépetl. Una de las historias dice lo siguiente:

El Popocatépetl y sus mujeres Informante: Francisca Aguilar 82 años

La esposa del Popocatépetl fue la China Poblana,4 pero des-pués […] es grande el cuento, será o no será, pero nos lo platicaron y lo oímos. Dice que el Popocatépetl era flojito, no quería trabajar; entonces le mandaba su esposa que fuera a

4 La entrevistada en esta parte al decir La Poblana, desea dar a entender que es Puebla y era un cerro. Sin embargo, cuando el Popocatépetl la bajo, se extendió, así se convirtió en una llanura.

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trabajar, le arreglaba su tortilla y se iba y llegaba el fin de la semana y no trae nada de dinero no trae nada de dinero y pues le pregunta su esposa:

—¿Qué no fuiste a trabajar?

Y el Popocatépetl le responde:

—Sí, cómo no, pero no, no encontré trabajo, […].

Pero qué trabajo, él solo enredaba sus tortillas y se iba. Dicen que llegaba donde estaban los cuervos les daba de comer, les daba de comer. Va a encontrar pescaditos allí. Les da de co-mer. Lleva su agua les da de comer, les echa agua llegaba allí donde están los pescaditos, los pescaditos. Llegaba donde es-taban, las hormigas, y decía:

—¡Ah pobres hormigas, ya se están muriendo de hambre! Les voy a dar de comer, les voy a dar agua.

Saca su servilleta, corta las tortillas y les tira, les echa agua para que tomen agua. Y ya se fue el día… entonces la señora, su señora, se aburrió de que no hay dinero, qué cosa va a agarrar.

Entonces dice la poblana:

—No, yo me voy con mi papá.

El papá de las mujeres del Popocatépetl es el Veracruzano,5 el veracruzano es el papá entonces. La primera mujer le dijo que no la dejara, que no la dejara en ninguna parte, que se la cargue pero que no la suelte, que la lleve hasta donde tiene que estar.

Pero le dijo:

—Bájame tantito, solo voy a desaguar y luego nos vamos, […].

5 La entrevistada refiere a un volcán que se encuentra en Veracruz, recordemos que en este estado se encuentran tres volcanes: Citlaltépetl. Cofre de Perote, San Martín Tuxtla.

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Aquel señor pues compadecido como es el Popocatépetl, la bajo y la poblana ya no se levantó, allí se extendió por eso es la China Poblana allí quedó. Entonces ya fue por la segunda mujer que era la Malinche, pero ella también se regresó con su papá. El Popocatépetl fue con el suegro, le fue a decir que su mujer: “ya se fue”.

Su suegro le responde:

—Pero cómo no se va a regresar, si no les das dinero, no tra-bajas, eres huevón, eres flojo, no quieres trabajar. Te voy a dar tarea, te voy a ver que, si de veras eres trabajador, mira yo me voy a acostar y te lo dejo tu tarea. Al amanecer ya la terminaste.

La tarea era separar frijol, maíz, trigo todo estaba revuelto y al amanecer, ya tenía que acabar

El Popocatépetl y ahora cómo voy hacer. Ah, pero cuan-do después que se te aparecen las hormiguitas le dicen, al Popocatépetl:

—Uy, mano, que no te de cuidado, tú no te pongas triste no-sotros vamos a hacer el trabajo, tú acuéstate, duerme.

Y cuando amaneció, todo cada semilla estaba separada. En eso ya viene el suegro, El Veracruzano, quien le dice:

—Por fin, ya acabaste… a ver si entra, ah está bien, ahora mira te voy a dar otro trabajo.

Y el Popocatépetl pensó: y ahora qué trabajo me va a dar, pues, no sé de por sí no sé trabajar. ¡Ahora a ver qué cosa me va a dar!

Entonces el Veracruzano le dice:—Ándele, mira este terreno lo vas a regar amanece debe ama-necer bien regadito.

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El Popocatépetl responde: —Sí, ¿cómo no? Pero cómo es posible, cómo lo voy a regar.

Ya se puso triste, cierra sus ojos y le dicen unas voces:

—Ándele, vete a acostar temprano.

Si cuando él vio frente al terreno los pececitos llegan y le dijeron ¿por qué estás triste, mano?

Y él responde: cómo no voy a estar triste, me dieron mi ta-rea. Voy a regar este terreno. Ahora cómo lo voy a regar, no puedo.

Los peces le responden: Ah, no tengas cuidado. Si tú nos li-braste aquel día, ahora nosotros te vamos a librar, déjalo no-sotros lo vamos a regar.

Estaba un jagüey de agua de pescaditos tiran y tiran el agua para arriba y entonces el terreno amaneció bien regadito. Ya llega nuevamente el suegro, dice: —Por fin ya terminaste. ¡Ay, Dios! pues cómo dicen mis hijas que no, que no trabajas. Bueno, mira, ándale, vas a escoger ahora si cuál es tu mujer.

Era difícil de saber pues las tres se parecen, tienen la misma estatura , la misma cara, y ya el Popocatépetl se sentía con-fundido, ya no sabía cuál era su mujer.

Pero en eso se apareció el cuervo también, y como en algún momento le dio de comer, pues que le ayuda y que pasa en medio de ellas y grita:

—Es la que está en medio y pasa en medio de las tres muchachas.

Responde el Popocatépetl al suegro:

—Ah ya sé cuál es, es la que está en medio.

Contenta el suegro: Sí, ándale, pero cuidado, que la sueltas y llegará otra vez conmigo, porque ya no te la doy.

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Responde el Popocatépetl:

—No ahora si no la voy a dejar ir.

Ya que se carga a la Iztaccíhuatl, si la Iztaccíhuatl fue su mujer, es su mujer y ya no la dejó, ya la trajo hasta aquí. Se ve que está cerquita, pero no, sí están lejitos. No más de platica lo oí, hasta ahora todavía sé unas cuantas palabras, quién sabe si es o no es, así fue el Popo, así es el Popo. El Popo es gente, es este azteca. Está lejos el eterno padre, quien, como dios todo poderoso, todo formó todas las cosas en una semana, formó todas las cosas, sí, y hasta ahora existe. Por eso hasta ahora existe […] como dicen, quien todo por dios hay que tener la fe en dios, de dios estamos y de dios lo tenemos y sin dios nosotros no valemos nada. No valemos nada. No hay nada más que la fe en dios.

Esencialmente la mayoría de los relatos que fueron recuperados de Axocopan giran en torno al agua. Hace veinte años para la comuni-dad era más abundante, cristalina, sana, a pesar de que ya existían conflictos por la posesión y control del agua.

El agua de Axocopan, sólo para mis hijosInformante: Francisca Aguilar 82 años

Dicen que el agua de aquí es milagrosa. Yo también lo sé de plática a mi nada más me platicaron; que vieron a la patrona allá, pues de los manantiales dicen que vino un señor y fue al doctor y le dijo que estaba enfermo, pero le comentaron al señor enfermo que viniera a Axocopan, que se viniera a bañar.

Justo ese día, ese señor que se estaba bañando allí donde nace el agua se le apareció la señora, la patrona María Mag-dalena y le dijo:

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—Oye tú, señor, mira, sí quieres bañarte allá en el balneario pero aquí no.

Respondió el señor:

—Pues francamente yo me atreví, porque me dijeron que me bañara aquí.

Magdalena le contesto:

—Quítate porque aquí es para mis hijos el agua es limpia, vete allá aquí vienen a traer mis hijos el agua.

Eso cuentan, y sí se curó el señor. Venía a dar gracias a la patrona.

La piedra que se parece a María Magdalena

Informante: Pedro Rojas, edad 70 años

Entrevistadora: − ¿Cómo llega el agua, aquí a Axocopan?

Informante: Pues, la verdad, pues no se sabe, pero está na-ciendo ahí mismo, no es fuerza de pozo, ni nada.

Entrevistadora: ¿Dicen que la trajo Magdalena?

Informante: Pues, según nuestra historia o la historia. Hay una piedra ahí que se parece mucho a ella, o sea, en la figu-ra. Aquí adelantito. Donde nace el agua, así a un ladito, está primero y luego, los ameyales o veneros están así al frente, sí.

Entrevistadora: ¿Y se parece la piedra, tiene su rostro?

Informante: Pues según muchos, dicen que se parece. Pero me gustaría que ustedes fueran a ver esa piedra, para desen-gañarse. La patrona, se apareció en este lugar y es por eso es que nace el agua, es lo que dicen los abuelitos de antes. O sea, le digo esta piedra; según dicen que tiene un parecido a la patrona. Es una piedra recostada en forma de sirenita.

Entrevistadora: ¿Cómo una sirenita?

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Informante: Sí, está como recargada, pero así en su lado iz-quierdo, y tiene una copa, tiene una calaverita y su Biblia, está acostada de lado.

Entrevistadora: ¿Y esta piedra usted sabe qué tiempo tiene aquí?

Informante: Pues, yo creo que desde que se formó la naturaleza.

El agua legítima de AxocopanAnónimo, 55 años

El agua es legítima de Axocopan entonces era agria, usted va a llenar una botella, un garrafón de agua, lo llena y lo tapa aprietan el garrafón, y era agria, agria el agua, ahora va usted a tomar agua, ya no está tan agria. No, ya no, ya no porque el agua también ya cambio, llena usted una botella y no se true-na y antes si se tronaba el agua, estaba agria, agria. A veces cuando te bañabas y tenías alguna herida en la piel, pues te ardía como si te aplicaran chile, ahora ya no.

Ya nos quitaron: mucha aguaInformante: Pérez Morelos, comisario ejidal, 44 años

Se nos quitó más agua desde que estaba el municipio, los te-rratenientes de antes, que vinieron a punta de pistola y som-brerazos y con dinero y si no pues nos mataban, entonces por eso también nuestras aguas, se redujeron.

Ahorita, por ejemplo, de México nos están robando más de setenta litros por segundo de agua y no nos compensan con absolutamente nada.

Entrevistadora: ¿Antes había más agua?

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Informante: Sí en todas las partes de afuera, tenemos regis-trado trece hectáreas por cada ejidatario, al día de hoy ya no regamos ni la cuarta parte. Por ejemplo, no que ahorita tenemos todo reconocido una hectárea de riego, pero no lle-ga, ni un cuarto y pues los calores de ahorita están muy fuer-tes, bueno yo vengo de cortar forraje y veo que ya está todo seco. Entonces no alcanza el agua, ahorita apenas se detuvo el temporal y aun así ya estamos sufriendo las inclemencias, hasta dónde vayamos a llegar, a lo que está destinado el pla-neta ¿no? A que se pague todo y empezando, pues como con nuestros principios que se está acabando todo, por ejemplo, nuestras costumbres más que nada, yo creo que de las cosas también por la economía, pues ya no hay.

Cuando plantaron el árbol que tenía aguaInformante: Hilario Faustino, edad 60; Adela Victoria Aguilar, 48 años

Entrevistadora: Y eso que nos había contado, ¿Lo del agua?, que dijo que era un arbolito chaparrito.

Informante Adela Victoria: Ah sí, como estos eucaliptos, verdad. Detrás de los cerritos, ahí van de ver un árbol de ahuehuete. Ese día en la historia la vi cuando lo plantaron, lo llevaron con música y pienso que fue por los años cincuenta.

Hilario Faustino: Como le decía había agua a flor de tierra le rascaron una zanja, y ya así venia el manojo de agua, ahí encontraron ídolos, pues no sé qué más cosas antiguas, pero por aquel tiempo reinaba Don Antonio J. Hernández un ca-cique o sea que en esos tiempos, cuando era él como el due-ño de todo, lo que le decían a usted se hacía. Bueno, se los llevo él, unos ídolos prehispánicos.

Entrevistadora: ¿Ahí los encontraron?

Entrevistadora: Ahí los encontraron, los encontraron.

El agua del huejote

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Informante: Hilario Faustino 60 años Entrevistadora: ¿Aquí nace el agua?

Informante: Aquí nace están ahí los veneros donde está na-ciendo debajo de un árbol unas piedras, del ahuehuete; es un huejote.

Entrevistadora: ¿Cómo es un huejote?

Informante: En un huejote nace agua, es lo que yo me he sa-bido que nuestras aguas son curativas y tienen sabor a agua de Tehuacán. Viene mucha gente de fuera, de lejos. Nada más por eso porque es curativa.

El agua de la patrona de AxocopanInformante: Adela Victoria, edad 48 años

Entrevistadora: ¿Y le han contado la historia del manantial?

Informante: Del agua, si viene del Popocatépetl, la trae la pa-trona de Axocopan se llama María Magdalena. La Magdale-na y según dicen que es su agua, porque ella la trajo aquí, a que naciera en Axocopan y al agua la acomodaron en estos canales, porque en tiempos de lluvia se inundaba hasta los animales se hundían, se perdían.

La arenita del agua parece agua movedizaInformante: Pedro Rojas, 60 años

Entrevistadora: Dígame dónde nace el agua de Axocopan

Informante: Donde nace el agua es un venero, aquí está na-ciendo el agua, aquí debajo… allí se va a ver que la arenita está como una arena movediza…

Entrevistadora: ¿Y ahí está?

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Informante: Ahí está naciendo […] que bueno que ya proba-ron el agua y son testigos de que no, no es mentira lo que les dije, que tenía un sabor a agua de Tehuacán

El matrimonio que trajo el aguaInformantes: Julián Rojas Martínez 68 años; Bernardina Rojas, 64 años

Entrevistadora: Pero usted nos contó de un matrimonio que trajo el agua a Axocopan.

Informante: De un matrimonio bueno cuentan que se ca-saron de aquí saliendo de la iglesia de Axocopan. La gen-te platica que hablaron con esa personas, que si se casaron, pero así, sin pecar sin nada, se los llevaron con música de viento como anteriormente se acostumbraban esas cosas y se fueron, se fueron por allá por ese rumbo, subieron el cerro rumbo al Popocatépetl y desaparecieron .

Entrevistador: Oh, bien, ¿ellos no tienen que ver nada con, con la patrona María Magdalena?

Informante: No, no tienen que ver nada con la patrona por-que le digo, que aquí pues no había agua y era seco, seco, si no tenían agua, había muchas piedras.

Entrevistador: ¿Entonces esta agua de que parte viene?

Informante: Bueno, pues han venido los ingenieros y han rascado, pero no le ven de por dónde viene el agua porque el agua nomás está saliendo, dicen que el agua es encantada, el día que, a ese matrimonio, nos desencanten o se cansen de tanto problema de nuevo volvemos a quedar en la anterior-mente como en la sequedad sí.

Antes Axocopan era secoInformantes: Delfino Jiménez Lino, 74 años; Francisca Galindo, 72 años.

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Entrevistador: Otra cosa ¿nos podría decir sobre la historia del agua, ustedes saben algo “ajotito”?

Informante Delfino Jiménez Lino:¿El ajotito? Bueno, noso-tros ni lo vimos nomás nos contaron que había una seque-dad. Aquí se moría uno de sed y no había agua, pero se le apareció, se le apareció la Santa Magdalena, que primerito y sí, si brotó el agua, como esta hoy allí esta una piedra grande. Ya allí este, se va hacer las misas, se ofician misas

Entrevistadora: Y sí es cierto, que la piedra que está junto, tiene la forma de Magdalena.

Informante Francisca Galindo: Tiene parecido. Esta por allá un cerrito y tal como está, ella abogó por nosotros y hubo agua. La que tiene más parecido, nomás le decimos está más o menos, como a tres kilómetros. La Piedra está acostadita tal y como está allí, esta estampada un pie y sobre el nombre de Axocopan, por eso el agua está ácida.

Agua AgriaInformante: Delfino Jiménez Lino 74 años

Entrevistadora: Es cierto, que aquí antes aquí en la Magdale-na Axocopan era muy seco aquí.

Informante Delfino Jiménez Lino: No exactamente, sólo piedra, había una hacienda y sí un animal allí se quedaba pues terminada sediento, porque era seco. El agua ya no está como antes. Si había poca agua, ahora ya tenemos más.

El agua es como agua de TehuacánInformantes: Catalina Maximiliano 56 años; Jerónima Jiménez, 60 años.

Entrevistador: ¿Oiga y dicen que el agua de aquí es milagrosa?

Informante Catalina Maximiliano: Sí.

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Entrevistador: ¿Y si sabe de alguien que le ocurriera un milagro?

Informante: Es que varios han venido de fueras y han traído señoras, señores y los han bañado allí. Si vienen con fe para que sanen y todo si se componen, porque si el agüita es como agua de Tehuacán, porque es como saladita y dulce, […] hay personas a las que no les gusta y dicen que sabe bien fea. No-sotros… ya nos acostumbramos es nuestra agüita y tenemos que cuidarla.

Informante Jerónima Jiménez: Porque si nosotros no la cui-damos, el agüita se aburre. Sí no lo cuidamos y doy gracias a Dios, que nos da porque nunca nos ha faltado, aunque sea poquito pero si la tenemos. Nuestros abuelitos, nos dejaron enseñado que debemos cuidarla y esa enseñanza que nos dio la seguimos.

Agua agria que desparramaInformante: Florentino Hernández Reyes edad aproximada 80 años

Informante: Axocopan, axotl quiere decir agua agria, agua ácida, copan quiere decir desparramando, eso quiere decir Axocopan.

Entrevistadora: ¿Agua agria que se desparrama?

Informante: Si, eso quiere decir.

La botella enterradaInformante: Hilario Faustino, 80 años

Informante: Y en aquel tiempo, yo recuerdo que me contaba un señor que sí quería uno más agua, él iba a enterrar una botella arriba del cerro, no sé en cuál de los tres y en época de lluvia, subían y se iban a romper una botella y entonces brotaba más agua, porque esos cerros están cargados de

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agua, tienen agua hasta arriba. Ah no, no me crea, le digo no sé, si es mito o realidad, pero que al parecer veo que tienen bastante agua esos cerros.

A modo de conclusiónPretendí con esto ejemplificar parte de la tradición oral, narraciones y creencias que los antiguos mesoamericanos han heredado. No pue-den pasar inadvertidos en el estudio del pensamiento mesoamerica-no. Han sido transformados, han pasado condiciones de opresión, penetración ideológica, explotación y expolio, pero pertenecen a una tradición vigorosa y se han convertido en instrumento de resis-tencia. El pensamiento mesoamericano se ha visto envuelto en una radical evolución a partir de la conquista, y hoy se encuentra en el embate de la sociedad capitalista.

Por esto, la relación entre el Estado mexicano y los pueblos in-dígenas debe basarse en el respeto a sus diferencias, en una igualdad fundamental. Debe existir reconocimiento a las tradiciones e identi-dades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra naciona-lidad y aceptación de sus particularidades como elementos básicos que ayudan a preservar una convivencia con nuestras tradiciones. Hombres y mujeres deben ser partícipes, pues el hecho de celebrar ceremonias aún de carácter prehispánico, narrar historias y cosechar bajo la luz de la luna, debe respetarse. Mantener en equilibrio la con-vivencia de los pueblos indígenas trae como resultado que nosotros los mexicanos y estudiosos de la tradición oral preservemos diversas costumbres, ya sea por medio de la palabra o bien, como hoy, por medio de este trabajo. Los habitantes de la comunidad de Axocopan participaron, con la consigna de que nunca se había escrito nada sobre su comunidad y hoy estos trabajos son muestras del interés que gira en dar a conocer sus tradiciones y para este caso sobre su tradición oral en torno a su agua y a su virgen María Magdalena.

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Senner, W., (1992). Los orígenes de la escritura. México: Siglo XXI.

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Miradas sobre agua, acercamientos multidisciplinares de Valentina Campos Cabral, Rosa Isela Ortíz Ocampo (coords.),

se terminó de imprimir en diciembre de 2018 en Piso15 Editores, S.A de C.V., con domicilio en 14 oriente 2827, colonia Humboldt,

C.P. 72370., en Puebla, Pue.

La edición costa de 200 ejemplares.

El tema del agua en la última década ha adquirido noto-riedad por distintos elementos. Por un lado, las políticas públicas impulsadas en el marco de modelos de desarrollo neoliberales han pugnado por el establecimiento de modelos jurídicos e instituciones inclinados a la mercantilización de bienes naturales comunes y el ingreso de actores privados —nacionales y transnacionales— en su gestión. Por otro lado, existen reportes a diversas escalas sobre la disminución de la disponibilidad y acceso al agua, la agudización de su escasez y su contaminación. Lo anterior ocurre en un contexto de leyes ambientales cuestionadas por su poca efectividad para mantener sus condiciones adecuadas, sancionar su mal uso y eludir la dimensión social en su conservación.

coordinadoras - cmas.siu.buap.mxcmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs...coordinadoras:...

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