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CONTENIDO
Nota Introductoria .................................................................................................................. 3
DIAGNÓSTICO COMUNIDAD INDÍGENA CIPRID CALARCÁ...................................................... 6
1. TERRITORIO ..................................................................................................................... 6
1.1 Ubicación Geográfica ................................................................................................ 6
1.2 Situación Jurídica del Territorio ................................................................................ 7
1.3 Infraestructura .......................................................................................................... 7
1.4 Componente Ambiental ............................................................................................ 8
2. DEMOGRAFÍA .................................................................................................................. 8
2.1 Desplazamiento ........................................................................................................ 8
2.1.1 Casos emblemáticos .................................................................................................... 11
3. DINÁMICA ECONÓMICA ................................................................................................ 14
4. AUTONOMÍA Y GOBIERNO ............................................................................................ 14
5. IDENTIDAD CULTURAL ................................................................................................... 19
6. SALUD Y BIENESTAR ...................................................................................................... 20
7. EDUCACIÓN ................................................................................................................... 22
8. DINÁMICAS INSTITUCIONALES Y/O COMUNITARIAS .................................................... 24
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Nota Introductoria
Los pueblos indígenas colombianos han vivido bajo el rigor de problemas estructurales
como: las consecuencias del conflicto armado, la presencia de megaproyectos que afectan
sus vidas colectivas y su entorno, el impacto de las redes del narcotráfico y la ineficiencia
política e institucional del Estado, de ahí que sus derechos constitucionales y legales se
vean afectados, configurando de esta manera una histórica y aguda afectación sistémica
que pone en riesgo la pervivencia de los pueblos y naciones indígenas que habitan el
territorio del segundo país con mayor diversidad étnica y cultural en el continente
americano.
En el marco de este difícil contexto, declarado judicialmente como el estado de cosas
inconstitucional, la Corte Constitucional ordenó al Estado, bajo el Auto 004 de 2009,
formular un programa de garantías y estrategias para los 102 pueblos Indígenas, así como
Planes de Salvaguarda étnica para 36 Pueblos Indígenas en inminente riesgo de
exterminio.
Basados en la noción del diálogo entre las entidades del Estado y los Pueblos Indígenas, la
Corte Constitucional pretende que dichos planes sean un proceso articulador entre estos
actores para abordar “de manera prioritaria el mayor riesgo que se cierne sobre los
pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto
de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el
punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes” (Corte
Constitucional, en el Auto 004 de 2009).
El pueblo indígena Pijao se encuentra reconocido dentro de los 36 pueblos en riesgo
inminente de desaparición, circunstancia que ha motivado la búsqueda de rutas para
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plantear su propio Plan Salvaguarda. Los comuneros de los cabildos, resguardos y
población desplazada han emprendido la identificación de factores que conllevan y
sostienen su problemática social, económica, política y cultural, a partir del cual se ha
realizado el presente informe de diagnóstico y validación para el Plan de Salvaguarda
Étnica.
De manera articulada ponemos de manifiesto, tres partes estructurantes del presente
informe. El primero, consiste en un diagnóstico general desde la perspectiva institucional
en el contexto municipal del orden socio-geográfico, educativo, jurídico-político,
económico y cultural que delimita a sus pobladores. La segunda parte, presenta de
manera detallada el diagnóstico particularizado de cada una de las comunidades y
resguardos que conforman el pueblo Pijao, dicho trabajo se realizó de manera articulada ,
de ahí que el pueblo validó y reconoció esa parte de la información como propia y
ajustada a sus condiciones específicas, identificando los mismos aspectos de la primera
parte.
Como verá el lector, la estructura y sus segmentos pretenden mostrar diferentes aspectos
que entrelazados en la realidad sociológica y política, constituyen en éste diagnóstico
puntos focalizados de vital intervención.
Aunque de manera detallada se encontrarán los argumentos necesarios para tener un
diagnóstico general del estado de pervivencia del pueblo Pijao, basta señalar las líneas de
acción más agudas como soporte de un resumen técnico que evidencia la vulneración
sistemática de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Colombia:
El marco jurídico-político establecido para los Pueblos Indígenas en Colombia, contrasta
con una realidad económica precaria y con muchos impedimentos para que pueda
desarrollar sus capacidades y las posibilidades de una vida colectiva digna, lo cual incide
directamente en el ejercicio de sus derechos fundamentales como sujeto colectivo tales
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como el derecho al territorio, la autodeterminación, la consulta previa, el ejercicio de su
autonomía, el gobierno propio y su jurisdicción especial, el acceso a servicios públicos
como salud, educación y saneamiento básico esenciales para el desarrollo de cualquier
colectividad humana así como la posibilidad de estructurar sus programas de medicina
tradicional y educación propia.
Finalmente, según la información recolectada y sistematizada por el equipo técnico, se
presentan las matrices con las propuestas de líneas de acción identificadas por los
comuneros indígenas del pueblo Pijao de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, en
aras de constituir su propio Plan de Salvaguarda Étnico.
‘cerros de Ataco’ lugar: Ataco Ilustrada por Jeisson Castillo- Plan Salvaguarda Pueblo Pijao – 2014
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DIAGNÓSTICO COMUNIDAD INDÍGENA CIPRID CALARCÁ
1. TERRITORIO
1.1 Ubicación Geográfica
La comunidad indígena de Cipri Calarcá se encuentra asentada al suroccidente de la
ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa. La ciudad capital se encuentra ubicada sobre el
altiplano cundiboyacense, a una altitud promedio de 26.301 msnm, aunque sus zonas
montañosas alcanzan los 32.501 msnm. Comprende una superficie total de 1.776 km² y un
área urbana de 307 km². La zona en la que se encuentra la ciudad fue antiguamente un
lago, de esto dan evidencia los humedales que cubren algunos sectores no urbanizados de
la Sabana y en la localidad de Suba (Plan de desarrollo 2012-2015, Alcaldía de Bogotá).
Bogotá limita al sur con los departamentos del Meta (a través de Guamal, Cubarral y La
Uribe) y del Huila (a través de Colombia), al norte con el municipio de Chía, al oeste con el
río Bogotá y los municipios de , Cota, Funza, Mosquera, Soacha (zona urbana), Pasca, San
Bernardo, Arbeláez, Cabrera y Venecia (zona rural) del departamento de Cundinamarca.
Por el este llega hasta los cerros orientales y los municipios de La Calera, Chipaque,
Choachí, Gutiérrez, Ubaque. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se
destacan los cerros de Monserrate (3.152 msnm) y Guadalupe (3.250 msnm) al oriente de
la ciudad (Plan de desarrollo 2012-2015, Alcaldía de Bogotá).
Su río más extenso es el río Bogotá, que desde hace varias décadas presenta altos niveles
de contaminación. Otros ríos importantes en la ciudad son el río Tunjuelo, que discurre
por el sur de la ciudad, el San Francisco, el Fucha, el Juan Amarillo o Salitre, los cuales
desembocan a su vez en el río Bogotá (Plan de desarrollo 2012-2015, Alcaldía de Bogotá).
A causa de su altitud, Bogotá tiene un clima templado; por su baja latitud presenta una
escasa oscilación térmica a lo largo del año. Las temperaturas regularmente oscilan entre
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los 6 y 24 °C, con una media anual de 15 °C (Plan de desarrollo 2012-2015, Alcaldía de
Bogotá).
1.2 Situación Jurídica del Territorio
La comunidad de Cipri Calarcá constituyen uno de los tantos Cabildos Urbanos que existen
en el país y no ha obtenido reconocimiento por el Ministerio del Interior.
1.3 Infraestructura
Determinar la cobertura de los servicios publicos en la comunidad de manera general seria
un exabrupto, debido a que la dispersion de la comunidad alo ancho de la ciudad no
permite una caracterizacion sencilla, incluyendo a esto los indices de cobertura en la
oferta de servicios domiciliarios. Pero si se puede presentar una salvedad en cuanto a la
calidad de la prestación, por lo cual es importante decir la precareidad en cuanto a la
prestacion del servicios como: recoleccion de basuras, acueducto, y gas natural, no
satisface las necesidades de los comuneros.
En cuanto al asinamiento que se presenta en algunas de las viviendas de los comuneros,
se resalta que la gran parte de los comuneros no posee casa propia, en las que en las que
habitan gran cantidad de personas, lo que indica que las complicaciones y la vivienda
digna, llevan como caracteristica del asentamiento de la comunidad.
La comunidad de Cipri Calarcá no posee participación dentro de ningún tipo de medio de
comunicación ni municipal, ni departamental, ni nacional. Tampoco existen planes,
programas o proyectos que incentiven la recreación de la comunidad.
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1.4 Componente Ambiental
Dada la pérdida del territorio en el que se ubicaron alguna vez en zona rural, los miembros
de la comunidad se han visto forzados ha vivir en la ciudad en condiciones que han
obligado al cambio en la relación con el entorno, dadas las diferencias del ambiente
citadino. Los recursos que otrora eran proporcionados por la tierra a través de prácticas
agrícolas, ahora deben ser adquiridos en tiendas y supermercados a cambio de dinero. De
igual forma sus tradiciones, usos y costumbres relacionadas con la naturaleza
característica de su territorio originas, se han visto socavadas en la ciudad.
2. DEMOGRAFÍA
El listado censal de la comunidad indica que la población total es de 1.472 personas,
pertenecientes a 384 familias. De la totalidad de los miembros de la comunidad, 756 son
mujeres y 716 hombres, de estos el 86% comparten vivienda , mientras que el otro 14%
viven solos.
2.1 Desplazamiento
Los desplazamientos de los miembros de esta comunidad se realizaron en varios periodos
por razones ampliamente conocidas, en su mayoría procedentes de los municipios de
Natagaima y Coyaima. Bogotá se convirtió en el punto mas grande de recepción del país y
Bosa es una de las localidades donde más personas llegan en situación de desplazamiento.
Por otra parte, el Tolima es uno de los departamentos que más aporta personas en
situación de desplazamiento, tendiendo en cuenta que las políticas de desplazamiento no
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tienen en cuenta el enfoque diferencial, no se sabe a ciencia cierta si pertenecen a algún
pueblo indígena cuando hacen la declaración ante el Ministerio Público.
El desplazamiento de esta población, en medio de muchas dificultades y sin el amparo de
los entes institucionales (en su momento), generó un asentamiento dentro de los cascos
urbanos receptores y de acuerdo a sus usos y costumbres y en pro de una reconstrucción
propia, buscaron la forma de generar un amparo a la población que en ese momento se
encontraba desamparada1: la creación de parcialidades organizadas en busca del rescate
de los usos, costumbres y tradiciones, que dentro de la dinámica citadina, se pierden con
suma facilidad, generando el sincretismo de lo indígena con lo urbano.
La comunidad manifiestó que su exodo se produjo por causas socio-económicas, la
búsqueda de mejores horizontes sin depender del inclemente clima de algunas regiones
del sur del Tolima y el Conflicto Armado Actual, la inclemencia de Grupos armados legales
e ilegales generadores de desplazamientos forzosos.
En las comunidades que se encuentran asentadas en Bogotá, el factor común de
desplazamiento es el conflicto Armado (AUC-FARC-FFMM), el cual responde a las
dinámicas vividas en el sur del Tolima entre 1999 y 2008, con el hostigamiento por parte
de los grupos armados en ciertos municipios. Es particular que una de las causas de
desplazamiento sean las condiciones socio-economicas, ya que la escalada del conflicto en
la region generó un descenso en la inversión a la agricultura, desplazamiento de los
dueños de las tierras por presiones economicas “vacunas” y expropiación de tierras por
acodomodamiento estratégico.
1 Las comunidades asentadas fuera del territorio Pijao, han servido de apoyo a aquellas familias
que escapando del conflicto, las presiones y hostigaciones, se ven obligados a tomar destinos
desconocidos.
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Figura 1. Formato Encuesta-CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO-(Bogotá)
El FORMATO-ENCUESTA permitió evidenciar los municipios donde la escalada del conflicto
tuvo más inclemencia con las comunidades indígenas que se dirigieron a Bogotá y Soacha.
En Primera instancia el municipio de Coyaima, aparece con la más alta tasa de expulsión
por causas del conflcito armado (AUC-FARC-FFMM), luego el municipio de Natagaima
también con una alta tasa de expulsión, de donde proviene la mayoría de lideres indígenas
que se encuentran en la ciudad de Bogotá.
Figura 2. Formato-encuesta –Registro Único de Población Desplazada-Registro Único de Victimas (Bogotá).
7%
48%
41%
4%
CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO (BOGOTÁ)
VIOLENCIA PARTIDISTAAÑOS 50'S
CONFLICTO ARMADO(FARC-AUC-FFMM)
CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS
MEGA PROYECTOS
33%
67%
REGISTRO UNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA-REGISTRO UNICO DE VICTIMAS
(BOGOTÁ)
SI
NO
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En las comunidades indígenas visitadas en Bogotá el 67% de sus integrantes no ha hecho
el RUV, sabiendo que algunos de los miembros de las parcialidades se han visto en la
obligación de dejar su territorio, no por las presiones del conflicto armado, sino por el
mejoramiento de las condiciones socio económicas. Aquellos que si hicieron el RUV (el
33%), han recibido las ayudas humanitarias, el kit de aseo y les fue ofrecido el albergue,
pero el hacinamiento en estos lugares no permite que sea la mejor opción.
2.1.1 Casos emblemáticos
GENDRY LOAIZA TIQUE, nacido el 16 de diciembre de 1970, en la vereda de Doyare
Porvenir del municipio de Coyaima, su familia se dedicaba a la agricultura (cachaco, maíz
y plátano) y a la ganadería. A sus veinte años empezó a incursionar con el movimiento
indígena Pijao, de la mano del CRIT, se formó en sus primeras luchas a través de la
participación en tomas de tierras por las vías de hecho en el municipio de Coyaima.
Debido a su pujante participación empezó a ser tenido en cuenta por los mayores como
un líder en la región, además de ser elegido como Gobernador durante cinco años
consecutivos.
En medio del tercer congreso del CRIT, se gesta la Asociación de Cabildos Indígenas del
Tolima (ACIT), de la cual Loaiza Tique haría parte como fundador, en 1996 se convierte en
el Tesorero de la ACIT, posteriormente en 1998 sería Vicepresidente hasta 1999, donde
arrancaría su campaña Política a nivel municipal, con el partido político Unión Patriótica
(UP), aspirando a una curul dentro del Consejo para el periodo del año 2000-2004.
Loaiza Tique sale elegido junto a cinco más por la UP, inició su periodo a mediados del
2000, año en el que empezó la arremetida de las AUC en la región en cabeza del bloque
Tolima, con el comandante alias “Daniel” y alias “águila”, el sometimiento a la población
se hizo sentir desde el primer momento en que pisaron territorio coyaimuno. Las
presiones para con la UP fueron obvias, a través de pasquines en las calles de la cabecera
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municipal que decían “Guerrilleros, comunistas, izquierdistas los queremos fuera del
Tolima”2. Con el accionar de su mandato y su participación mas férrea con la comunidad3
y en apoyo a las necesidades de su pueblo hubo un pasquín puntual en su despacho que
decía “se deben ir todos los concejales de la UP, o sino les va a ir mal”4. Debido a la
situación deciden hacer pública la amenaza ante el Gobernador del Tolima quien en su
momento era Guillermo Jaramillo, para así poder tener un mayor grado de seguridad; sin
embargo los compromisos que pudieron hacer no fueron muy acordes con la situación,
debido a que se decía que había una infiltración dentro del comando de la Policía que
estaba asignada para Coyaima.
Durante el año siguiente estuvo tres veces retenido por las AUC, fue llevado a Chaparral
encapuchado, amarrado de pies y manos, con sedantes para dormir, pero lo dejaron en
libertad en medio de la carretera por ordenes superiores. Los partidos políticos
tradicionales siempre le insinuaron de una manera informal que se cambiara de partido,
debido a que su forma de gestionar recursos para realizar proyectos en la región eran
efectivos. Lo anterior va de la mano con un pasquín que llego a su despacho diciendo que
“cambiara de partido o se retirara para que no le pasara nada”5 .
En el 2002 decidió renunciar a la curul debido a que a nivel regional y nacional, estaban
asesinando lideres de la UP. Tique Loaiza se dirigió a la ciudad de Ibagué, y en calidad de
ex concejal de Coyaima, tuvo entrada a un foro de Paz realizado por la Gobernación del
Tolima y con la participación del Presidente de la época Álvaro Uribe Vélez, Tique Loaiza
se hizo participe del foro argumentando que las AUC estaban desapareciendo lideres y las
FFMM no hacían nada en pro de la protección de los DDHH. Esta denuncia le costo al ex
Gobernador indígena, una persecución mucho más fuerte por parte de los grupos de
2 Entrevista a Gendry Loaiza Tique.
3 Proyectos de electrificación de Doyares Porvenir y Doyares. Programa de vivienda urbana a
través del Departamento del Tolima
4 Ibídem, 15.
5 Ídem.
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autodefensas. El 14 de enero de 2003, gracias al aviso de un conocido de la vereda, Loaiza
Tique fue advertido de que alias “Daniel” venia por él y su familia. El ex concejal sale con
su núcleo familiar para el monte mientras que pasaba la noche, la madre decide quedarse
en la casa, las AUC llegan en camionetas a la finca diciendo que eran el ejercito de
Colombia, que les abrieran la puerta, como no hubo respuesta alguna por algún habitante
de la casa, emprendieron fuego hacia el predio, en ese instante llego a la finca el hermano
del Ex concejal, este fue sometido a torturas para que diera pistas sobre el paradero de
Loaiza Tique. Al otro día el ex concejal se dirigió a la Fiscalía de Coyaima para hacer la
denuncia por la situación vivida el día anterior, pero la respuesta fue negativa debido a
que del ente institucional le dijeron que eso había sido un enfrentamiento entre el frente
21 de la FARC y las autodefensas.
Loaiza Tique decide emprender la huida por el municipio de Chaparral, luego a Ibagué,
para luego decidir tomar rumbo hacia Bogotá el siete (7) de febrero del año 2003, llega a
la localidad de Bosa al barrio Laureles a una pieza, donde vivía con su esposa y sus tres
hijos. Luego de un tiempo realizó la declaración ante la Defensoría del Pueblo la cual le
daría el aval para quedar incluido dentro del RUPD, del cual recibió la ayuda humanitaria
por parte de la Cruz Roja Internacional y algunos subsidios monetarios.
la finca que el ex Gobernador dejó fue tomada por los grupos paramilitares como sede de
batalla, recién en el año 2009 fue abandonada por estos, dentro del proceso de
restitución o retorno, no se le han ofrecido garantías por esta propiedad, debido a que la
Unidad de Restitución le dicen que eso es un “proceso muy lento”.
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3. DINÁMICA ECONÓMICA
El sector de economía popular sigue siendo un rubro importante de la economía
capitalina. Según el Instituto Para la Economía Social (IPES) la ciudad aún cuenta con 19
plazas de mercado distritales que se ubican en barrios populares y ejercen contrapeso a la
llegada de grandes superficies, de esta manera logran regular el esquema de precios de
los alimentos, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria de una metrópolis de
aproximadamente 7,5 millones de habitantes.
Los vendedores ambulantes, aunque controvertidos por la ocupación que ejercen sobre el
espacio público, pertenecen al sector de la economía popular y siguen siendo uno de los
principales ejes de generación de empleo y dinámica económica en la ciudad. Ante estas
realidades los esfuerzos de la administración distrital se han enfocado desde 2004 en el
aprovechamiento económico regulado del espacio público (Plan de desarrollo 2012-2015,
Alcaldía de Bogotá).
En el caso de Cipri Calarcá, la mayoría de la comunidad tiene como sustento el trabajo de
celaduría, albañilería y comercialización de productos agrícolas en las plazas de mercado,
incluso algunos fomentan lo propio desde la gastronomía a través de la venta de tamales,
lechonas y almojábanas, que comercializan para su sustento.
4. AUTONOMÍA Y GOBIERNO
El proceso de conformación de la comunidad Indígena Cipri Calarcá arrancó en el año
2004 en la ciudad de Bogotá, en primera instancia en la localidad de Usme. Sin embargo,
debido a que la mayor parte de la comunidad habitaba en la localidad de Bosa, decidieron
organizar la parcialidad en torno a los principios del territorio y de los usos y costumbres
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propias al pueblo Pijao. La idea de organizar una parcialidad surgió con el fin de mantener
esos saberes ancestrales, proteger la cultura y ser participes dentro de las nuevas
dinámicas a las cuales pertenecen (Bogotá).
A lo largo de las administraciones distritales el espacio que se les ha dado ha sido mínimo.
La administración de Luis Eduardo Garzón en el año 2006, sostuvo un compromiso con la
comunidad en lo que respecta a vivienda6, y gestionó un cupo de viviendas para la
comunidad en la zona de Bosa - San Bernardino. Con el pasar del tiempo y la lucha de más
de cuatro años que se ha dado por el reconocimiento como Cabildo Urbano, el Ministerio
del Interior ha desconocido la falta de garantías que existen en los territorios actuales7.
Con el diseño de la “Política Publica para Cabildos Urbanos” se encuentra a la espera de lo
que se resuelva en la Mesa de Concertación Indígena, para generar directrices de
reconocimiento de las comunidades en lo urbano.
Actualmente a través de la alcaldía menor de Bosa la comunidad se hace participe de
presupuestos generalizados de cultura (para los tres pueblos que habitan la localidad),
llevando a cabo festivales de la cultura indígena, una vez por año, los cuales son
consultados con las autoridades de cada uno de los pueblos.
6 En el año 2006 la Comunidad indígena Cipri Calarcá, se tomó por las vías de hecho la plazoleta
central de la localidad de Bosa, al igual que las oficinas de la Alcaldía Menor de Bosa, por lo
tanto el Alcalde tuvo que crear una mesa de negociación, en la cual quedaron compromisos en
cuanto a vivienda y participación indígena en los procesos de la localidad.
7 La Unidad de Restitución de Tierras, posee dos tipos de políticas la de macro focalización y
micro focalización. La política de macro focalización se encuentra dentro del Departamento del
Tolima, pero no tiene micro focalización sobre los municipios del sur del Tolima, ya que la falta
de garantías en cuanto a seguridad es el factor común de la zona.
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Figura 3. Comunidad Indígena Cipri Calarcá (Bogotá-Bosa)
La comunidad asistió a la reunión que se desarrollo en el año 2013 en la ciudad de Cali,
con el fin de poner orden a sus aspiraciones legales como parcialidad urbana, debido a
que por el hecho de no encontrar su asentamiento y desconocer su historia de violencia y
falta de oportunidades en lo rural, se vieron obligados a buscar nuevos rumbos, sin querer
perder su esencia como indígenas, fomentando sus usos y costumbres desde el cabildo.
Actualmente la comunidad está a la espera del pronunciamiento de la Mesa Permanente
de Concertación Indígena, la cual evidenciará las necesidades de estas poblaciones y
tomará determinaciones al respecto. Esto debido a que no tienen la capacidad para tomar
decisiones en cuanto a salud, educación, situación militar u algún tipo de proyecto
productivo para el bien de la parcialidad. Lo anterior debido a que el Ministerio del
Interior no ha sido claro en la directriz de reconocimiento a las parcialidades urbanas, por
lo que estas no pueden desarrollar plenamente su derecho.
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Figura 4. Formato-encuesta aplicado a las comunidades de Bogotá (determinante de municipios expulsores).
La comunidad indicó, que la situación militar para aquellos que son desplazados por la
violencia y con RUV y/o RUPD, se ha convertido en una situación de voluntad de las
autoridades militares, debido a que estas maltratan a los jóvenes que llevan el registro,
diciéndoles “guerrilleros”, todo por que sus documentos son del sur del Tolima.
En cuanto a la justicia propia, el choque de trenes es inminente debido a que no poseen el
registro del Ministerio del Interior el cual los deja sin herramientas ante la ley, no pueden
hacer uso de su condición innata de indígena y deben pedir que las Organizaciones
Indígenas del territorio (en este caso la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima –
ACIT, con la cual tienen filiación) intercedan por ellos ante la justicia ordinaria. Esto para
los que no pertenecen en la actualidad a ningún listado censal de algún resguardo dentro
del territorio, pero los que estando fuera del territorio aún pertenecen, se encuentran
“blindados” ante la justicia ordinaria.
32%
38%
4%
3%
2%
7%
5%
0%
0%
1% 1%
1%
6%
LUGAR DE PROCEDENCIA (BOGOTÁ)
NATAGAIMA
COYAIMA
DOLORES
AMBALEMA
PURIFICACION
ORTEGA
CHAPARRAL
SAN ANTONIO
IBAGUÉ
SALDAÑA
ATACO
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Actualmente la comunidad siente que el riesgo aun persiste dimensionado en otras
presentaciones, como por ejemplo: las bandas de micro tráfico, las cuales están
fortaleciéndose en la ciudad y se convierte en un riesgo para los jóvenes y niños de la
comunidad; la delincuencia común ha tomado un papel importante en la zona,
representadas en las altas tasas de homicidio por hurto, las cuales han conllevado a que
los barrios marginales de la ciudad (donde viven la mayoría de los miembros de la
comunidad), sean estigmatizados por las entidades municipales.
Figura 5. Formato-Encuesta. Amenazas Actuales (Bogotá)
Las condiciones de Restitución, Reparación y Retorno, se presentan como proyectos
utópicos para los miembros de la comunidad, desplazados víctimas del conflicto armado,
ya que las promesas legales del Estado colombiano, tienen un sentido caritativo e ideal
para el contexto nacional, pero con grandes diferencias en relación a la realidad que se
viven en un país en el que la reparación debe hacerse aún en medio del conflicto.
19%
18%
1% 11%
2%
10%
38%
1%
AMENAZAS ACTUALES (BOGOTÁ)
BANDAS DE MICROTRAFICO
DELINCUENCIA COMUN
DISCRMINACIÓN
FALTA DE OPOTUNIDADLABORAL
MEDIO AMBIENTE
MEGA PROYECTOS
19
Figura 6. Encuesta-formato. Beneficiados con el programa de restitución de tierras (Bogotá)
Finalmente, los miembros de la comunidad hicieron alusión en varias ocasiones a la
discriminación que sufren por parte de las instituciones del Estado y de la sociedad en
general.
5. IDENTIDAD CULTURAL
La comunidad de Cipri Calarcá se conformó para evitar que las generaciones que habían
sufrido el flagelo del conflicto durante las últimas dos décadas, perdieran la identidad
cultural de la cual son pertenecientes, además de proteger sus derechos. La concepción
de organizarse y fortalecer la identidad cultural se da en la recuperación de los usos y
costumbres ancestrales en el marco del cabildo (cuerpo socio-político).
Según la comunidad, aun se conservan bailes tradicionales, los cuales han sido
recuperados por los mayores. De manera informal la comunidad ha cumplido con los usos
y costumbres asociativos y ha intentado rescatar los saberes ancestrales que en medio de
los cuerpos socio-políticos se evidencian, no obstante esta figura no ha tenido repercusión
1%
99%
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
(BOGOTÁ)
SI NO
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alguna sobre las instancias legales, debido a la falta de registro por parte de la Dirección
de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior. Actualmente no existe ningún espacio para
que las nuevas generaciones retomen las prácticas ancestrales a través de los saberes
propio de su cultura.
Familia
El núcleo familiar en el contexto de ciudad se ha visto afectado, según la comunidad,
debido al desprendimiento que genera la ciudad de sus tradiciones y costumbres, en la
constante búsqueda de nuevos horizontes, generando una posición apática a la vida
colectiva en algunos de sus miembros.
6. SALUD Y BIENESTAR
A pesar de que en Bogotá el 86% de la población indígena encuestada refirió recibir
atención en salud de acuerdo a su condición, la comunidad presenta una difícil situación
con respecto a este aspecto, debido a que la barrera del registro por parte del Ministerio
del interior, no les permite verse beneficiados de lo que por ley les corresponde como
población indígena. Debido a lo anterior los miembros de la comunidad se ven obligados a
utilizar el Sisbén como salvavidas, debido a sus escasos recursos.
Además la comunidad indica que no se hace el buen uso de la información en las
instituciones encargadas de la población desplazada, porque en ciertos casos les dicen que
si entran a trabajar con un contrato, van a perder todos los derechos como desplazado
para así nunca más poder hacer uso de ellos.
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Figura 7. Formato-encuesta. Beneficios en educación por condición de desplazado indígena (Bogotá)
Figura 8. Formato-Encuesta. Entidades prestadoras de salud de la población en situación de desplazamiento
La comunidad manifiesta que el Estado cita la estabilización como premisa del Estado para
con la población en situación de desplazamiento indígena, pero en la realidad se aborda
de manera contraria, porque la formalización de un trabajo para una persona de escasos
recursos y escaza preparación académica, no van a ser los más altos, pero ese trabajo
86%
14%
ATENCIÓN EN SALUD POR CONDICION DE DESPLAZADO INDÍGENA
(BOGOTÁ)
SI
NO
24%
22%
15%
5%
5%
4%
4%
3% 3%
3%
3% 2% 1% 1% 1%
4%
Entidades prestadoras de salud de la población en situación de desplazamiento
(BOGOTÁ)
CAPITAL SALUD
NINGUNA
CAPRECOM
SISBEN
CRUZ BLANCA
SALUD COOP
FAMISANAR
SALUD TOTAL
NUEVA EPS
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formal si le exige cumplir con las normas de pensión y seguridad social, las cuales lo
obligan a dejar el subsidio que estaba recibiendo por su condición de desplazado indígena,
a esto se debe que dentro de las comunidades haya una gran mayoría de miembros
dentro del régimen contributivo y no en el subsidiado.
En cuanto a la medicina tradicional, esta es ejercida a través de los recursos propios, sin el
apoyo de ninguna entidad estatal que promueva la practica tradicional. Quien ejerce la
medicina tradicional en la comunidad se ve obligado a vender su conocimiento fuera del
territorio para poder subsistir. Actualmente no existe ningún tipo de programa en cuanto
a salud propia para el pueblo Pijao en el distrito de Bogotá.
Los miembros de la comunidad no tienen conocimiento acerca del SISPI, debido a que los
cabildos en contexto de ciudad aún no están definidos por el Estado colombiano.
7. EDUCACIÓN
Las ayudas escolares para la comunidad en situación de desplazamiento en Bogotá son
mínimas, la alta exigencia de útiles escolares en los colegios públicos distritales, va en
contra vía de la directriz de austeridad que esas instituciones deben tener, esto debido a
que ningún ente encargado de la población desplazada genera una ayuda (más familias en
acción, es un tipo de asistencialismo condicionado, el cual va ligado a controles médicos
de crecimiento, y asistencia escolar. Las instituciones oficiales argumentan que no se
pueden generar ayudas materiales). Lo anterior va de la mano con la lucha que la
comunidad argumenta que deben vivir los miembros de la generalidad de Bogotá por los
cupos escolares, los cuales no están garantizados ni son fijos en los colegios del distrito,
por lo que deben someterse a todo tipo de peripecias para poder matricular a los
menores. La Secretaría de Educación ha sobrellevado ese inconveniente durante los
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últimos diez años. Por otro lado, las distancias sobre las cuales otorga el distrito los cupos,
no son acordes a la situación de movilidad que se vive en la ciudad.
En cuanto a la educación superior en la comunidad indican que la falta del registro de la
Dirección de Asuntos Étnicos, genera que las Universidades Públicas y Privadas no hagan
ningún tipo de salvedad con algún miembro de estas parcialidades. Otra es la situación
cuando algún miembro decide presentarse como desplazado (sin enfoque diferencial
porque la Unidad de Víctimas en el registro no especifica que este sea indígena) a alguna
de las Universidades Públicas, y la respuesta evidencia una vulneración que va en contra
incluso de la lógica, debido a que lo cobijan con la exención del pago de la inscripción,
pero si lo obligan a realizar el examen de ingreso (esto para el caso de la Universidad
Nacional de Colombia-Sede Bogotá-), el cual es una medida de competencia asimétrica
para con las víctimas.
Figura 9. Formato-encuesta. Beneficios en educación por condición de desplazado indígena (Bogotá)
Actualmente no existe ningún tipo de programa etnoeducativo para el pueblo Pijao en el
distrito de Bogotá. Tampoco les ha sido consultado ningún tipo de modelo propio
educacional. La malla curricular que se desarrolla con los estudiantes, es la que maneja la
universalidad del conocimiento por lo que no posee enfoque diferencial.
16%
84%
BENEFICIOS EDUCATIVOS POR LA CONDICIÓN DE INDÍGENA DESPLAZADO
(BOGOTÁ)
SI
NO
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8. DINÁMICAS INSTITUCIONALES Y/O COMUNITARIAS
La comunidad de Cipri Calarcá manifiesta que las Organizaciones no dan abasto con la alta
demanda de desplazados que a Bogotá llegan día a día. Además indican que muchas veces
no hay ayudas porque mucha gente utiliza la figura de desplazado como negocio.
Igualmente manifiestan que no son tenidos en cuenta por ninguna Entidad Estatal, debido
a su contexto de ciudad. La Alcaldía Menor de Bosa, medianamente gestiona por las
minorías que se encuentran en la localidad, y de ahí se generan algunos espacios de
participación.
Por otro lado, la política publica de Desplazamiento -Estabilización- Reubicación- en la
comunidad no se ha cumplido plenamente, ya que en el imaginario del Estado los plazos
para que el proceso de estabilización se cumpla es muy corto, en relación a la realidad de
muchas de estas familias que en tres meses de ayudas económicas y con una familia
numerosa difícilmente cumplen las condiciones para depender de si mismas.
Asimismo, las ayudas por parte de las instituciones del Estado solamente están dirigidas a
estabilizar a quienes fueron victimas del conflicto de manera directa, pero quienes de
manera indirecta por las condiciones generadas por el conflicto tuvieron que abandonar
su lugar, no son tenidos en cuenta para una estabilización, reubicación y/o retorno.
De otra parte, la libertad de expresión es algo que no se le ha podido garantizar a la
mayoría de miembros de la comunidad, debido a que el miedo no se encuentra dentro de
la dinámica del Estado. La protección a las víctimas es mínima (a través de un teléfono
celular se debe llamar cuando se sienta que esta en peligro).
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Restitución
La Comunidad reconoce normas que tratan el tema, pero citan textualmente lo que a ellos
le dicen las instituciones encargadas del tema como Unidad de Restitución de Tierras
“esto de la reparación es un proceso y hay que esperar porque usted no es el único”.
Igualmente, la comunidad manifiesta que más allá de la ayuda psicológica que recibieron
por parte de la Unidad de Atención y Orientación (actualmente Centro Dignificar), no
hubo otro acercamiento a los menores. Debido a que los alcances del marco jurídico que
protege y ampara a las víctimas de desplazamiento, ya que las directrices del Gobierno
Nacional encarnadas en la Unidad de Restitución de Tierras, el sur del Tolima no tiene aun
foco de aplicación para este tipo de procesos, ya que le conflicto armado y las condiciones
de seguridad aún continúan.
Retorno
La comunidad reconoce que se han expedido normas para tratar el tema, “pero como todo
en Colombia se queda en el papel”. No se ha podido llegar a ningún termino debido a que
en la mayoría de lugares de donde fueron desplazados lo miembros de la comunidad, aún
permanecen sus victimarios, por lo tanto no hay garantías para volver y desde el punto de
vista de quienes se vieron obligados a dejar sus territorios, gran parte de quienes se
encuentran registrados no han entrado a ser parte de la política pública de retorno, de la
cual reza el Decreto Ley 4633 de 2011.
Justicia
Actualmente, la Comunidad no hace parte ni tampoco posee representantes dentro de los
diálogos de paz que se están realizando actualmente con los grupos al margen la ley. Por
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lo tanto la visión de las víctimas y sus necesidades no han sido tenidas en cuenta por
ningún actor participes en los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia.