Contenido

Introducción 3

I. El proceso de paz, avances y dificultades en 2015 5

II. Elecciones 2015 con miras a la construcción de paz 11

* Trashumancia 12

* Candidatos cuestionados 14

* Mapa consolidado de riesgo electoral 18

* Elecciones para el posconflicto 20

III. Panorama económico 25

IV. Nuevas Conflictividades 27

Bibliografía 29

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En lo corrido de 2015, el país ha estado marcado por importantes acontecimientos políticos, económicos y sociales, los cuales han agitado la agenda pública y en algunos casos han llevado a una

profunda polarización. El proceso de paz atravesó por momentos difíciles con la reactivación del conflicto; sin embargo, la presión de la comunidad internacional especialmente la hecha por los garantes de los diálogos (Noruega – Cuba), facilitó el restablecimiento del cese unilateral, permitiendo que los diálogos continuaran y que recientemente se llegara a importantes avances en materia de víctimas y justicia transicional.

Además de ello, las elecciones regionales del 25 de octubre no son una cita electoral ordinaria, sino por el contrario, sentarán las bases para un posible pos acuerdo. Finalmente, la desaceleración de la economía debido a la caída de los precios del crudo pone en peligro la balanza fiscal, los ajustes al salario mínimo mensual legal vigente, la inflación, entre otros, lo cual muestra un panorama cargado de grandes desafíos políticos, económicos y sociales para el 2016.

Introducción

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I. El proceso de paz, avances y dificultades en 2015

Dentro del plano político, el proceso de paz llevado a cabo en La Habana enfrentó serias complicaciones a lo largo del año; sin embargo, durante el segundo semestre y por diferentes medios de presión se logró firmar el acuerdo correspondiente al punto de justicia transicional.

Las complicaciones del proceso iniciaron debido a la profunda indignación que despertó la masacre de los 11 militares en Buenos Aires, Cauca, lo cual conllevó a la reanudación de los bombardeos por parte de las fuerzas militares y el posterior levantamiento del cese unilateral por parte de las FARC, generando el recrudecimiento del conflicto en el cual Colombia está inmersa. En menos de un mes se presentaron más enfrentamientos, ataques a la infraestructura energética, hostigamientos y acciones bélicas, que en los primeros cinco meses del año.

Luego de dos meses de reactivación del conflicto armado (22 de mayo al 20 de julio) en los cuales se registraron 372 acciones violentas (un promedio de 186 por mes) en comparación con las 91 acciones (un promedio de 18 por mes) durante los cinco primeros meses del año, la afectación a la población civil por hechos violentos ascendió a más de 6.000 personas, situación por la cual se declaró nuevamente un cese unilateral con el fin de darle un aire al proceso de paz.

En este escalamiento del conflicto se presentaron 29 ataques a la infraestructura eléctrica afectando directamente a más de 400.000 personas; 80 acciones a la infraestructura petrolera causando un fuerte impacto económico y un grave desastre ambiental, así como 49 ataques a bienes particulares como buses de trasporte intermunicipal, camiones de trasporte de alimentos, gas, servicio escolar y de carga, entre otros. Los departamentos más golpeados durante esta oleada de violencia fueron: Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia y Norte de Santander. 

Fuente: OCHA – Monitor

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Las FARC durante este levantamiento de la tregua buscaban principalmente i) demostrar que no son una guerrilla débil o derrotada, sino por el contrario mostrar que aún tienen mucha fortaleza y una gran capacidad para infligir violencia, terror e incluso grandes golpes a la infraestructura pública. ii) Con este levantamiento de la tregua las FARC querían forzar al gobierno nacional a declarar el cese bilateral.

Se logró el primer objetivo, el segundo no, ya que el gobierno nacional nunca pensó en un cese bilateral y, al contrario, criticó fuertemente el daño que los actos bélicos de las FARC le causaban al proceso de paz; cuestionamientos respaldados por la sociedad civil y la comunidad internacional. Durante estos dos meses el proceso de paz pasó por su más difícil prueba, el 62% de la población según la encuesta Gallup del mes de junio de 2015, no creía en el proceso de paz y el Gobierno ya había advertido que de continuar las acciones bélicas el proceso podía fracasar.

Ante esta situación las FARC anunciaron un nuevo cese unilateral a partir del 20 de julio por un mes, en respuesta a la solicitud de los cuatro países garantes, y con el objetivo de generar condiciones favorables para avanzar con la concreción del cese al fuego bilateral y definitivo. En el cese unilateral que propusieron las FARC, afirmaron que no cometerán actos de guerra ni atacarán a la fuerza pública; sin embargo, si la fuerza pública los ataca, ellos se defenderán y el cese unilateral se terminará de inmediato. Por lo tanto, esta situación no es un cese unilateral en su máxima expresión y por el contrario se asemeja más a uno bilateral. Un primer aviso de la debilidad de este cese, se dio el 31 de julio cuando un suboficial del ejército murió en combates con el frente 21 de las FARC en la vereda Forestal del corregimiento de La Marina, jurisdicción de Chaparral, sur del Tolima.

Aunque durante este año el proceso de paz atravesó su más difícil momento, la polarización de la opinión pública ha existido desde sus inicios. Sin embargo, esta reactivación del conflicto ha profundizado la idea de fracaso de las conversaciones de La Habana, basada en varios puntos: En primer lugar el país no olvida las consecuencias de una negociación sin objetivos claros como sucedió en El Caguán, donde por el anhelo de mantener a toda costa una negociación sin un norte claro, no solo se llegó a un drástico fracaso del proceso sino que además se abrió un nuevo ciclo de violencia. En segundo lugar, el Estado no ha logrado aún crear un ambiente propicio para la negociación, en el cual se pueda generar un discurso pedagógico y un optimismo ciudadano en torno a la paz; por el contrario, la percepción de inseguridad aumenta debido a las acciones violentas de las FARC, el ELN y las bandas criminales (bacrim).

Ahora bien, realizando un balance del proceso de paz que desde 2012 se adelanta entre Gobierno y FARC, de los seis puntos del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, hasta el momento se ha avanzado en cinco puntos y actualmente se discute algunos del preacuerdo de este.

El primer punto, sobre la política de desarrollo agrario integral, es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país, a través del acceso y uso de la tierra productiva, los programas de desarrollo con enfoque territorial, el estímulo a la producción agropecuaria y la construcción de un sistema de seguridad alimentaria.

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El segundo punto del acuerdo, sobre la participación política, establece los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, los mecanismos democráticos de participación ciudadana y las medidas efectivas para promover una mayor participación política.

El tercer punto, sobre el fin del conflicto, es un proceso integral simultáneo de cese del fuego y hostilidades bilateral y definitiva; la dejación de armas y la reincorporación de las FARC a la vida civil. El cuarto punto hace referencia a la solución al problema de las drogas ilícitas, establece programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, soluciones respecto al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos y programas de prevención del consumo y salud pública. El quinto punto de la agenda, en el cual el pasado 23 de septiembre se firmó entre el presidente Santos y el Máximo comandante de las FARC-EP, pretende resarcir a las víctimas del conflicto principalmente en dos temas: la verdad y los derechos humanos, esto a través de dos frentes: el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; y el acuerdo sobre justicia transicional

Las comisiones de la verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A través de ellas se busca conocer las causas de la violencia, identificar los elementos del conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. (Cuya, 1996)

En este orden de ideas las comisiones de la verdad tienen tres ejes fundamentales:

• Contribuir al  esclarecimiento de lo ocurrido, lo cual implica una explicación amplia de la complejidad del conflicto.

• Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados, además del reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas, como una contribución a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

• Promover la convivencia en los territorios en un ambiente de diálogo y espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, a través de reconocimientos individuales y colectivos.

Una vez se firme el acuerdo y se proceda al desarme de la guerrilla, la Comisión entrará en funcionamiento; hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se acordó en la mesa de La Habana para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Estará conformada por 11 personas, tendrá una duración de tres años incluyendo la elaboración del informe final.

La Jurisdicción Especial para la Paz, contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz. Las salas y el tribunal estarán integrados, principalmente, por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. Su función esencial

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es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición. (Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, 2015)

El Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. Esto no implica que los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual sean objeto de amnistía. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz; deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y, en general, la satisfacción de los derechos de las víctimas, en condiciones especiales. Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

Juicio Contradictorio

Tribunal

De manera tardía ante el Tribunal

Serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en

condiciones ordinarias

Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad

por tales delitos y resulten culpables

Serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en

condiciones ordinarias

Procedimientos de la Jurisdicción Especial

para la Paz

Quienes reconocen verdad y

responsabilidad

Una sentencia, fundada en las conductas reconocidas

después de haber sido contrastadas con entidades

del Estado5 años y un máximo de 8 de

restricción efectiva de la libertad en condiciones

especiales

Quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente

Juicio ContradictorioTribunal

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Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz; deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y, en general, la satisfacción de los derechos de las víctimas, en condiciones especiales. Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar 60 días luego de la firma del Acuerdo Final. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden. (Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, 2015)

El proceso ha tenido un adecuado manejo, porque se ha involucrado a todas las partes interesadas, se ha manejado una agenda en la que hay unos objetivos definidos, que han tenido una secuencia. Sin embargo, aunque el tema de los tiempos es importante revisarlo ya que no se han manejado de la forma adecuada, lo principal es hacer énfasis en el trabajo de la comisión de la verdad. (Pfetsch, 2014)

El último punto del acuerdo, el cual aún está pendiente, es el de la implementación, verificación y refrendación. Sin embargo, este punto es más de trámite que de fondo, en el cual se espera establecer los mecanismos de implementación y verificación de los anteriores cinco puntos. Por lo tanto y según lo expuesto como acuerdo verbal los diálogos de paz no podrán exceder como plazo máximo los seis meses, de manera que el fin de este proceso se espera sin reversas ni contratiempos para marzo de 2016.

Finalmente, el pasado 18 de octubre se realizó en La Habana un acuerdo sobre medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En él se traza la ruta que permita ubicación y entrega de los desaparecidos en razón del conflicto armado, creando la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas UBPD. Este acuerdo es importante debido a que reconoce a las víctimas sus afectaciones y aporta a la construcción e identificación de la verdad.

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La difícil situación por la que atraviesa el proceso de paz y la reactivación del conflicto armado, sin lugar a duda va a tener repercusiones en las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. En los anteriores comicios parlamentarios el panorama electoral del país cambió fuertemente con la entrada del Centro Democrático, al ganar 19 de las 102 curules que tiene el Senado, posicionándose como la segunda fuerza electoral detrás de la Unidad Nacional. El Centro Democrático ganó en 12 departamentos mientras que la Unidad Nacional lo hizo en 11. La mayoría de los departamentos en los que ganó el Centro Democrático se ubican al interior del país y en la frontera con Venezuela, mientras que en los que ganó la Unidad Nacional se ubican en la costa caribe y el pacífico colombiano.

Ahora bien, al realizar un cruce entre los departamentos que más se han visto afectados por la reactivación del conflicto en los pasados meses y el anterior panorama electoral, tenemos que en la costa caribe y el pacífico colombiano, sobre todo en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar, en donde hace un año ganó la Unidad Nacional, y dado las circunstancias de escalamiento del conflicto, puede que cambien su intención de voto sin embargo, y de cara a los acuerdos firmados el pasado 23 de septiembre, el contrapeso de la avenencia del postconflicto puede marcar un importante cambio en la intención electoral.

La reactivación del conflicto y posteriores acuerdos hechos en La Habana va afectar significativamente el desarrollo de las elecciones, además del posible regreso de actores vinculados con la ilegalidad a los cargos públicos regionales, por medio de prácticas como la compra de votos, suplantación de electores, retención de cédulas, suplantación de jurado, constreñimiento al elector, entre otras.

Al respecto, un primer aviso lo dio la Misión de Observación Electoral –MOE-, en su informe del 1 de junio de 2015, con ratificación en el informe de septiembre en el cual llamó la atención sobre 139 municipios que tienen al menos el doble de la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas. Encabezan la lista municipios del Vaupés, Meta, Cundinamarca y la Costa Caribe en donde la tasa de inscripción de cédulas llega hasta 212,96 por mil habitantes, mientras que el promedio nacional está en 78,72.

Por otro lado, también es importante reseñar el estudio que publicó en marzo de este año, a través de su Observatorio Electoral titulado “Panorama electoral de municipios con presencia de guerrillas: construcción de la paz y la democracia en el posconflicto”, en donde a través de una investigación realizada en 203 municipios de Colombia con presencia de las FARC durante el 2014, encontró que respecto al comportamiento electoral en esos municipios, su población se caracteriza especialmente por votar para las elecciones locales más que para las nacionales, debido a que hay un gran desapego para las elecciones de presidente, senadores y representantes a la cámara.

Igualmente, el análisis sobre la interferencia de las guerrillas con las elecciones en estos municipios, arrojó un panorama muy amplio y diverso. En algunas regiones existe una vínculo de las guerrillas con organizaciones sociales lo cual le permite ejercer una presión política, mientras que en otras regiones se organiza como una estructura delincuencial y violenta que actúa presionando, amenazando y extorsionando a candidatos y electores. Sin embargo, la investigación señala que la intervención más

II. Elecciones 2015 con miras a la construcción de paz

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común de las guerrillas durante las elecciones es interrumpir el voto, por lo cual en época electoral es necesario un cese de hostilidades que le permita a la gente votar con una mayor libertad.1

Trashumancia

Otra de las alarmas que dio la MOE fue respecto a la inscripción de cédulas, pues 139 municipios están tres veces por encima de la tasa promedio nacional:

Al oriente de la región Caribe, en la cuenca del Río Cesar entre los departamentos de La Guajira y Cesar. Al occidente de la región Caribe, la zona que cubre toda la costa del departamento de Atlántico, extendiéndose al sur por la convergencia de este departamento con Magdalena y Bolívar, y siguiendo más al sur hasta la región de los Montes de María.

Sobre la cordillera oriental, el caso de Cúcuta y numerosos municipios aledaños en Norte de Santander, los municipios del filo de la cordillera oriental aledaños a Bucaramanga, numerosos municipios del norte de Boyacá (provincias de Tundama, Norte y Panqueba, hasta Cubará) así como en la provincia de Ricaurte.

En la cuenca media del Río Magdalena la provincia de Rionegro en Cundinamarca y municipios aledaños de este departamento y de Boyacá, las provincias de Magdalena Centro y Alto Magdalena de Cundinamarca y los municipios aledaños del Tolima.

La cuenca del río Meta, tanto en municipios de la montaña de Cundinamarca y el sur de Boyacá, como en el llano la franja que va de Cubaral y Castilla la Nueva hasta Puerto Gaitán y Orocué, y en menores niveles de riesgo, hasta Cravo Norte en Arauca.

En Antioquia, numerosos municipios al sur de las regiones de Norte y Occidente, así como municipios de Oriente y Magdalena Medio, y de la cuenca (tanto alta como baja) del Atrato, extendiéndose a municipios de Chocó. Municipios del norte del Valle (especialmente la frontera con Chocó), y aledaños de Risaralda y Quindío; así como municipios del suroccidente del Valle. En Nariño, sobre la región Andina, especialmente en municipios aledaños al occidente y sur de Pasto

1 MOE: “Panorama electoral de municipios con presencia de guerrillas: construcción de la paz y la democracia en el posconflicto”, 2014

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Fuente: MOE

Según la Resolución 215 de 2007 del Consejo Nacional Electoral se entiende por trashumancia:

a)   Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que inscriban su cédula, con fines de participación en los procesos electorales de carácter local.

b)  Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que obtengan su cédula de ciudadanía y éstas sean incorporadas al censo electoral de ese municipio.

c)      Nombrar como jurados de votación en el respectivo municipio a las personas cuya inscripción se ha declarado sin efecto por violación al artículo 316 de la Constitución Política.

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d)  Inscribir irregularmente cédulas de ciudadanía correspondientes a ciudadanos que no residan en el respectivo municipio, con desconocimiento de la zonificación.

e)  Trashumancia histórica: Estar inscrito en el censo de un municipio distinto a aquel en el cual reside y como consecuencia haber ejercido el derecho al sufragio en anteriores procesos electorales de carácter local.

Candidatos cuestionados

Los 15.920 cargos de Autoridades Locales elegidos en 2011 fueron repartidos entre 154 partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Sin embargo, 15.674 es decir alrededor del 98 % del total de los cargos se repartieron solamente en 12 partidos.

Top de partido político, movimiento ygrupo significativo de ciudadanos con mayor número de electos

TOTAL ELECTOS POR PARTIDOS TOTAL ELECTOS PORCENTAJE

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 3324 21%

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 3124 20%

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 2810 18%

PARTIDO CAMBIO RADICAL 2050 13%

PARTIDO VERDE 1029 6%

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 780 5%

PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL 749 5%

MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES 477 3%

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 416 3%

MOVIMIENTO  MIRA 371 2%

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA 300 2%

MOVIMIENTO POLITICO AFROVIDES 244 2%

Fuente: MOE.com

Así mismo, 892 (5,6%) personas de las 15. 920 elegidas fueron sido sancionadas al menos una vez, de los cuales 835 se trató de sanciones disciplinarias y 37 funcionarios con sanciones penales. Adicionalmente hay 17 candidatos electos que tenían tanto sanciones disciplinarias como sanciones penales y, 3 más con disciplinarias y fiscales.

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  ANTES DEL CARGO DURANTE EL CARGOCARGO No. SANCIONADOS No. SANCIONES No. SANCIONADOS No. SANCIONES

CONCEJO 367 893 230 656

ALCALDIA 128 467 49 245

JAL 48 80 11 28

ASAMBLEA 35 81 11 26

GOBERNACIÓN 8 28 5 15

TOTAL 586 1549 306 970

Fuente: MOE.com

Los partidos que más avalaron candidatos con alguna sanción en 2011 fueron: Partido Liberal con 186 (20.8%), Partido de la U con 179 (20%), Partido Conservador con 173 (19%), Cambio Radical 121 (13.5%). Antioquia, Cundinamarca y Boyacá concentran el 35.5% de los sancionados. En el año 2011 fueron elegidos 15.920 personas en el marco de las elecciones de autoridades locales, de los cuales 10.590 pertenecen a concejos municipales, 3.835 a juntas administradoras locales (JAL), 1.101 alcaldías, 362 a asambleas departamentales y 32 a gobernaciones.

Número de sancionados por Partido Político, Movimiento yGrupo Significativo de Ciudadanos

PARTIDO  O MOVIMIENTO POLÍTICO O GSC TOTAL SANCIONADOS PORCENTAJE

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 186 20,8%

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 179 20,0%

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 173 19,3%

PARTIDO CAMBIO RADICAL 121 13,5%

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 54 6,0%

PARTIDO VERDE 48 5,4%

PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL 37 4,1%

MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES 24 2,7%

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA 13 1,5%

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 12 1,3%

MOVIMIENTO POLITICO AFROVIDES 12 1,3%

PROGRESISTAS 4 0,4%

Fuente: MOE.com

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Es importante resaltar que pese a la información que reciben los partidos en el periodo preelectoral,  hay un considerable número de avales entregados a personas que ya habían tenido algún tipo de sanción; y esto es aún más grave cuando se compara con la cifra de los candidatos que en ejercicio del cargo fueron sancionados. Así mismo, Bogotá encabeza la lista con 19 funcionarios sancionados, seguido de Riohacha con 14. Sin embargo, preocupa los caso de los municipios de Necoclí con 13, Río de Oro con 12, Palestina con 12, Hato Nuevo con 11 y Yondó- Casabe con 11 entre otros, los cuales debido a sus pocos cargos públicos a proveer representan un porcentaje mayor de sancionados en comparación con las grandes ciudades.

Tabla No. 18. Top 20 de municipios con mayor número de sancionados

Municipio TOTAL SANCIONADOS

BOGOTA, D.C. 19

RIOHACHA 14

NECOCLI 13

PALESTINA 12

RIO DE ORO 12

HATONUEVO 11

YONDO-CASABE 11

CALI 10

SUTAMARCHAN 10

PUERTO BERRIO 9

SOACHA 9

SAN FRANCISCO 8

GARAGOA 7

IBAGUE 7

EL CARMEN 6

FLORENCIA 6

PALMIRA 6

YARUMAL 6

YUMBO 6

CHIA 5

Total General 187

Fuente: MOE.com

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Es importante destacar que antes de ser elegidos, 527 candidatos ya estaban sancionados y, entre ellos, ya sumaban 1414 sanciones, lo que quiere decir que cada candidato podría llegar  a tener entre dos y tres sanciones, y aun así, recibieron el aval por parte de los partidos.

Así como en el 2011 estas elecciones también se han caracterizado por la existencia de algunos candidatos muy cercanos a políticos o contratistas con serios cuestionamientos judiciales, así como de algunos con investigaciones en curso. Alrededor de 140 candidatos de los departamentos de Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander, con presuntos nexos con la ilegalidad, investigaciones en curso y uso indebido de recursos públicos tiene un 78% de probabilidades de salir elegido.   Entre los departamentos con más candidatos cuestionados aparecen: Sucre (30 candidatos), Antioquia (26), Magdalena (15), Cesar (13) y Santander (10). También están Valle del Cauca, Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.

Fuente: Confidencialcolombia.com

Estos candidatos se pueden dividir en cuatro grupos. El primero lo componen los candidatos que son herederos de la parapolítica, es decir son los “apadrinados” por un político involucrado con el escándalo de la parapolítica. El segundo grupo está compuesto por los candidatos vinculados a organizaciones criminales, es decir quienes pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están intentando participar en política o, a pesar de sus vínculos comprobados, aspiran a un cargo de elección popular. Un tercer grupo de candidatos son aquellos que tienen investigaciones preliminares por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. Por último, encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario.

Otras características a tener en cuenta son que al contrario de elecciones pasadas estos candidatos cuestionados están dentro de los partidos tradicionales y no por medio de firmas o nuevos movimientos políticos. Muchos de ellos tienen su caudal electoral en los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia paramilitar. Además es importante hacer notar, que estas elecciones también se han caracterizado por sus altos costos de campaña, lo cual ha forzado a muchos candidatos a hacer política por medio de clanes que usan su maquinaria política e invierten grandes cantidades de dinero para financiar campañas.

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Las elecciones se volvieron una farsa en la que prácticamente lo único que no se mueven son ideas, ni propuestas para solucionar los problemas de la gente. Las campañas se convirtieron en un mercado de dinero. Ha hecho carrera la idea de que solo es posible ser un candidato con opción si se tiene millones y millones para gastar, poderosas maquinarias partidistas, y la posibilidad de comprar costosas campañas publicitarias. (Loaiza, 2015)

Las elecciones están diseñadas para que ganen los más cercanos a los dueños de los partidos, se reelijan o reciclen los mismos y, excepcionalmente, alguno logre posicionar un mensaje de “cambio”; que cuando acierta, cambia las personas, incluso el estilo, pero al final, termina gobernando con el mismo espíritu autocrático de sus “odiados predecesores” como decía Havel. (Rodríguez y Arana, citado por Loaiza, 2015)

En este orden de ideas cabe destacar el Proyecto de Integridad Electoral – PEI-, en el cual las universidades de Harvard y de Sídney, estudiaron 127 elecciones parlamentarias y presidenciales celebradas en 107 países entre el 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2014. Este informe abarca casi dos tercios (62%) de todos los Estados-Nación, y monitorea 49 indicadores con el fin de determinar el Índice de Percepción General de Integridad Electoral.

Durante el 20142 de los 73 procesos electorales del mundo realizados, escasamente 10 se pueden catalogar con un nivel de alta integridad, entre los que se encuentran los de Alemania, Noruega, Holanda, Islandia y Austria entre otros. El resto de procesos electorales están entre moderada (como es el caso de Colombia que ocupo el puesto 48 entre 127 países) y baja. (Norris, citado por Loaiza, 2015)

Mapa consolidado de riego electoral.

Así las cosas el mapa consolidado del riesgo electoral presentado por la MOE, es el siguiente:

2 Durante el 2014 se realizaron 2 procesos electorales en Colombia: presidencial y parlamentario

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Fuente: MOE

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Fuente: MOE

Elecciones para el Postconflicto

De cara al plazo establecido en el acuerdo verbal hecho entre las partes del dialogo en La Habana, a saber: seis meses para la finalización del conflicto, y 60 días después de la firma para la dejación total de las armas. Situación que pone al país en el llamado escenario del posconflicto que se entiende como una etapa, que va desde el momento en que finaliza el conflicto armado interno y se avanza hacia una etapa de “normalización”, la cual en sentido estricto debería permitir superar una serie de condiciones que en años anteriores sirvieron como factores detonantes de violencia.

Esa “normalización” se medirá en transformaciones institucionales, en desarrollo social, en garantía para el ejercicio de los derechos, en reconciliación y en una nueva cultura política democrática. (Ávila, 2015)

El posconflicto se puede dividir en cuatro periodos de tiempo: El primero va desde el inicio de las negociaciones de paz hasta la firma de los acuerdos; este periodo también conocido como alistamiento, es donde el Estado prepara toda una estrategia de intervención para evitar la reaparición de nuevas olas de violencia y profundizar procesos de consolidación estatal. El segundo periodo, comienza con el anuncio de un cese del fuego bilateral, pasando por la firma de los acuerdos de paz para terminar con el proceso de refrendación, sea cual sea el mecanismo de apoyo popular que se utilice. Esta etapa generalmente es muy importante debido a que es en la que la sociedad re afianza la confianza ya que se involucra de una forma más directa con el proceso.

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El tercer periodo de tiempo empieza con la firma de los acuerdos, dura alrededor de un año y es conocido como el “Plan de choque”, en el cual se realizan una serie de acciones institucionales que permiten crear confianza en la población, ganar legitimidad al Estado en diferentes territorios e impedir el desarrollo de factores que promuevan una nueva ola de violencia. Esta primera estrategia de intervención busca abonar el terreno para las futuras transformaciones estructurales a mediano y largo plazo.

Finalmente, el último periodo el cual comienza también con la firma de los acuerdos y dura alrededor de diez años, busca generar transformaciones estructurales a mediano y largo plazo en todo el país, pero sobre todo, en los territorios que sufrieron las olas de violencia más intensas.

Es importante que para que el posconflicto tenga legitimidad se logre el apoyo popular a los acuerdos y a la aplicación de los mismos, en donde la pedagogía para la paz es fundamental, con el propósito de alcanzar una victoria contundente durante el proceso de refrendación y un apoyo que permita aplicar los acuerdos de paz y sus diferentes estrategias de intervención para lograrlos. (O`Donnel citado por Ávila, 2015)

Es importante que el posconflicto no se confunda con la agenda de desarrollo del país, ya que aunque deben coincidir y articularse en varios temas y en los diferentes niveles, el posconflicto tiene como principal objetivo solucionar aquello que se denomina las causas estructurales del conflicto. Así las cosas el posconflicto plantea numerosos retos para los candidatos que sean elegidos, ya que si bien una parte de los acuerdos del conflicto es del nivel nacional la gran mayoría es del nivel territorial.

El principal reto a nivel territorial al que se deberán enfrentar los candidatos elegidos el 25 de octubre, será el de desarticular la economía de guerra fundamentada en cultivos de coca, minería criminal, redes de extorsión, entre otros, además de reconstruir el tejido social e institucional. Estas economías, de no controlarse traerían nuevas olas de violencia y bloquearían los esfuerzos por reconstruir el tejido social e institucional.

Inicialmente las dinámicas de posconflicto no se vivirán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, sino en alrededor de los 300 municipios más golpeados por el conflicto. Actualmente, el grupo guerrillero de las FARC hace presencia en 242 municipios del país, de los cuales en 112 hay una capacidad importante de injerencia en la vida política y social.

Así mismo, el grupo guerrillero ELN opera en 99 municipios, de los cuales en más de la mitad tienen una capacidad importante de injerencia en la vida política y social. En algunos municipios operan ambas guerrillas.

A continuación se presenta el mapa en donde se deben priorizar las acciones del posconflicto.

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Fuente: Informe “Lo que hemos ganado”, Fundación Paz y Reconciliación, 2015.

Los 300 municipios se encuentran concentrados en los departamentos de La Guajira, Cesar, Bolívar, Norte de Santander, Casanare, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Arauca. Es en estos donde se debe dar una correcta articulación política y administrativa a nivel nacional departamental y local, frente a las apuestas de construcción de paz, que se deriven de un posible acuerdo en las negociaciones de La Habana.

Estas elecciones regionales a pesar de tener una gran importancia, debido a que los candidatos elegidos serán los principales responsables de liderar la construcción de paz en sus territorios, no muestran grandes diferencias con las pasadas. Las maquinarias políticas y económicas regionales son las que llevan la parada y mueven los votos, a diferencia de las nacionales en donde los votantes se mueven más por el sentimiento y voto de opinión.

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En este orden de ideas el mapa político no va tener grandes cambios, sin embargo algunas alineaciones entre candidatos y partidos puede cambiar con miras a las elecciones presidenciales del 2018.

Es importante tener en cuenta que si bien prácticas ilegales como: Iniciar campañas fuera de tiempo, el trasteo de votos, el constreñimiento al electorado o los candidatos con vínculos o pasados oscuros, no son nuevas ni propias de estas elecciones; es necesario erradicarlas con el objetivo de construir un país con paz y equidad. Uno de los principales objetivos del proceso de paz, es erradicar definitivamente el vínculo entre la ilegalidad, la violencia y la política; por lo tanto, prácticas y candidatos de dudosa procedencia, reproducen este modelo de corrupción, ilegalidad y política, impidiendo que nuevos actores e ideas políticas surjan, además de imposibilitar la reconstrucción del tejido social e institucional, tan afectado por los más de 60 años de conflicto armado.

Finalmente cabe destacar que el ejercicio de la política hoy en día en todo el mundo se basa en dos columnas, las cuales están en crisis: El Estado-Nación y la democracia representativa. El Estado Nación se ha hecho demasiado grande, costoso e incompetente para resolver lo local y totalmente inexperto y sin herramientas para resolver los desafíos de lo global; no es capaz de gestionar eficazmente los problemas del mundo de hoy, además la democracia representativa ya no satisface las necesidades de las personas; la sociedad espera y confía muy poco en la sabiduría y conocimiento de los líderes políticos.

Hoy con las nuevas tecnologías de información y las redes sociales, es más fácil acceder a la información e intervenir y participar en las decisiones sobre lo político y lo público; redimensionando el concepto de democracia representativa. Lo anterior ya lo advertía el Santo Padre Benedicto XVI en su carta encíclica Caritas In Veritate (2009):

En nuestra época, el Estado se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones que pone a su soberanía en el nuevo contexto económico-comercial y financiero internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales financieros y los medios de producción materiales e inmateriales.

Este nuevo contexto ha modificado el poder político de los estados. Los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a corregir errores y disfunciones, parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de ejercerlos.

Con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es previsible que se fortalezcan las nuevas formas de participación en la política nacional e internacional que tienen lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en este sentido, es de desear que haya mayor atención y participación en la res publica por parte de los ciudadanos. (S.P. Benedicto XVI, 2009)

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En el plano económico el panorama no es el mejor, la caída del precio del petróleo a principio de año por debajo de los 80 dólares y el aumento del precio del dólar por encima de los 2500 pesos golpeó fuertemente las finanzas del país; sumado a los rumores de una burbuja inmobiliaria en las grandes ciudades, donde el precio de la vivienda se iguala al de ciudades como Nueva York y al cierre de varias empresas nacionales y multinacionales debido en gran parte a la fuerte carga tributaria que aumentó con la entrada del impuesto CREE.

Lo anterior, ha llevado a una desaceleración del crecimiento económico; según el Fondo Monetario Internacional la economía colombiana con un gran esfuerzo durante el 2015 crecerá tan solo un 3.7%. Con este panorama el Gobierno Nacional se vio en la obligación de poner en venta ISAGEN y poder equilibrar la balanza fiscal; venta que fue frenada por el Consejo de Estado a través de una medida cautelar argumentando que se ponía en riesgo el patrimonio de la Nación, lo cual aumentó la división entre el Ejecutivo y el Judicial, que ya había comenzado con la aprobación de la reforma política.

Como lo ha reconocido el mismo Gobierno el déficit fiscal para este año estará alrededor del 3% del PIB. El Gobierno proyecta una recaudación tributaria de $116,8 billones para el 2015 (US$46.294 millones), la cual es muy inferior a la meta de $123,9 billones; gran parte del déficit estructural se debe a la caída de las importaciones producto del aumento del dólar, aunado a que la economía colombiana está creciendo por debajo de su nivel potencia, debido principalmente a la reducción de los ingresos derivados de la actividad minero – energética, en donde el precio promedio del petróleo durante los primeros meses del año ha sido de US$50.

Pero el petróleo y el dólar no han sido los únicos responsables. El sector de la construcción, pasó de crecer 12,7% a 5,9% entre el tercer trimestre y el cuarto del año pasado, la producción de carbón ha tenido una caída del 13,4% durante el primer semestre del año. Consciente de la desaceleración y con el fin de reactivar la economía, el Gobierno lanzó el programa PIPE 2.0, el cual invertirá $17 billones en los sectores clave, principalmente el de la construcción que ha sido uno de los más afectados y en donde las licencias han caído alrededor del 7% durante los primeros meses del año.

Con el ánimo de profundizar y analizar los problemas estructurales de la economía colombiana es clave rescatar las ideas de Acemoglu y Robinson, plasmadas en su libro “¿Por qué fracasan los países?”. En este resalta que hay dos tipos de instituciones económicas: Las que caracterizan a los países exitosos y que llama incluyentes, y las extractivas que producen pobreza porque no crean incentivos ni oportunidades. (2014)

Colombia tiene instituciones políticas y económicas predominantemente extractivas, las cuales permiten el desarrollo de monopolios como el minero energético y el azucarero, entre muchos otros, que son terriblemente dañinos para el desarrollo de una buena economía, aunado a la ineficiente capacidad estatal para suministrar bienes públicos. Las instituciones extractivas surgen de la forma de hacer política; si existen monopolios es porque el gobierno no obliga a los privados a cumplir

III. Panorama económico

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las leyes anti-monopolio, es decir si las carreteras no se construyen o se hacen mal, es por falta de supervisión, lo cual en el fondo refleja su mayor debilidad: Falta de habilidad estatal para suministrar orden. (Acemoglu y Robinson, 2014)

Como se evidencia el mercado colombiano es altamente sensible a la cotización del petróleo, por ello las alzas que ha tenido el crudo en los últimos días se han visto reflejadas en los demás datos económicos: Por un lado, el precio del dólar revirtió la tendencia bajista que tenía, y solo al 20 de octubre había recuperado $33 pesos, al negociarse en un promedio de $2.913,45 pesos. Durante la jornada alcanzó a tocar un máximo de 2.927 pesos.

La deuda pública colombiana no fue ajena a esta situación, pues hubo desvalorizaciones, tras un aumento en las tasas de los TES.

El título de referencia, que vence en julio del 2024, tuvo un incremento en su tasa, pues superó el 7,7 %. Sin embargo, este no es el más alto del año, pues alcanzó a estar por encima del 8% por ciento. Respecto al mercado de renta variable hubo resultados mixtos, aunque el saldo final fue una caída de 0,4 % en el índice Colcap, que mide el desempeño de las acciones más representativas. Con esto, el descenso del índice en lo corrido de este año ya va en 17,6 %.

Para diciembre está prevista la reunión de la Comisión Tripartita compuesta por gobierno, empresarios y sindicatos; en la cual se discutirá el reajuste del salario mínimo legal que regirá en 2016. Un reporte de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) sostiene que un aumento superior a 6 % empeoraría la tasa de desempleo. Como es habitual, el desafío consistirá en seguir promoviendo la generación de empleo formal en Colombia, pero manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos, donde cerca del 60 % devenga un salario mínimo.

El panorama 2015-2016, como se ha señalado anteriormente, es delicado y además se le puede sumar al menos tres razones: La inflación ha desbordado el límite del 4% y se perfila hacia el 6 % para el cierre de 2015; el desempleo parece estarse nivelando cerca del valor de largo plazo del 9 %, lo cual implica que cualquier exceso en la fijación del salario mínimo avivaría nuevamente el desempleo hacia la franja 9,5 %, -10 %; a lo cual las negociaciones de paz ponen ahora un tinte político, pues el Gobierno debe sopesar con gran cuidado el nuevo salario mínimo para evitar señales de populismo.

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Con el proceso de La Habana y los compromisos derivados del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, no se van a acabar todas las formas de violencia; por el contrario, puede que nazcan nuevas formas o se agudicen algunas de las existentes. En este orden de ideas son principalmente dos dinámicas de violencia las que se pueden llegar a recrudecer durante el pos acuerdo: La violencia urbana y las violencias derivadas de la tierra y el territorio.

Violencia Urbana

IV. Nuevas Conflictividades

Mientras que muchos de los indicadores de violencia asociados al conflicto armado como el secuestro, atentados contra la infraestructura física y ataques terroristas han venido disminuyendo, algunos indicadores de criminalidad asociados a fenómenos más urbanos han mostrado un fuerte deterioro en los últimos años.

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Es decir que, durante los últimos 10 años mientras las tasas de secuestros y de atentados terroristas disminuyeron en un 87% y 41% respectivamente, las tasas de hurto a personas y a residencias aumentaron en 146% y 48% respectivamente durante el mismo lapso de tiempo.

Probablemente algunos de los exintegrantes de las FARC que no entren o abandonen el proceso de reinserción a la vida civil, puede que estructuren grupos delincuenciales ligados al negocio del narcotráfico y la extorsión, muy similares a los ya existentes.

La eventual llegada a las ciudades de estos grupos delincuenciales puede agudizar las dinámicas de violencia urbana, como el hurto a personas, a vehículos y a casas, así como el micro tráfico, la extorsión y los homicidios entre otros

Las violencias por la tierra y el territorio

Otro de los grandes desafíos está ligado a las conflictividades derivadas con la tierra, el territorio, su uso y aprovechamiento. En los últimos cuatro años tan solo se han devuelto alrededor de 100.000 hectáreas, de los ocho millones de hectáreas que se estiman fueron arrebatadas a millones de personas en los más de 50 años de conflicto armado.

Por otro lado, la minería en Colombia se ha constituido uno de los principales motores económicos del país; sin embargo, esta actividad recientemente se ha visto manchada por las manos de la ilegalidad y se ha convertido en el principal blanco de los grupos delincuenciales. Aunque el negocio por sí solo es muy rentable, buena parte de los dividendos están ligados a las vacunas y extorsiones a todos aquellos que participan en esta cadena de explotación.

La violencia derivada del uso y aprovechamiento de la tierra y el territorio se podría intensificar durante el pos acuerdo principalmente por dos posibles escenarios. El primero, debido a la reclamación de más de ocho millones de hectáreas que han sido ilegalmente arrebatadas a sus legítimos dueños en medio del conflicto armado. La reclamación, tanto por el derecho de propiedad como por el uso de estas tierras por parte de sus dueños va a traer consigo disputas entre los reclamantes y los actuales poseedores y/u ocupantes ilegales.

En segundo lugar, el negocio de la mineral legal e ilegal, podría traer al escenario nuevos actores ilegales, principalmente de grupos delincuenciales. En este orden de ideas, podría entonces generarse una reconfiguración de poderes entorno a la actividad minera, lo cual traería nuevas olas de violencia que principalmente afectarían a las comunidades y agudizarían sus problemas sociales y ambientales.

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• Acemoglu D. y Robinson J., “¿Por qué fracasan los países?”, Editorial Deusto, Madrid, España, 2014.

• Caballero, Carlos, “La realidad de la minería en Colombia” Bogotá, Colombia, 2015

• Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, Primer Informe al Congreso de la República 2013 – 2014, recuperado el 08/09/2015 en: http://www.contraloriagen.gov.co/documents/187127222/188324186/Primer-Informe-Congreso-Comision-Seguimiento-Monitoreo-CumplimientoLey1448de2011.pdf/0474ce89-4549-405f-a710-e4ac353a6eae

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BIBLIOGRAFÍA