Plan Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

JUNIO DE 2011

Índice

Presentación.............................................................................................3Antecedentes...........................................................................................61. Problemática de la corrupción en el Ecuador....................................27Causas y condiciones de la corrupción..................................................272. Principios en los que se basa el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción....................................................................313. Líneas de acción y condiciones.........................................................364. Objetivos del Plan..............................................................................384.1. Objetivo 1: Contar con una administración pública ética, transparente y eficiente.........................................................................384.2. Objetivo 2: Fortalecer la participación ciudadana, el control social y la cultura de transparencia.................................................................474.3. Objetivo 3: Articular las acciones con las demás funciones del Estado 514.4. Objetivo 4: Impulsar mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector privado..........................................................544.5. Objetivo 5: Generar un sistema de medición de la corrupción...574.6. Objetivo 6: Combatir el enriquecimiento ilícito...........................645. Institucionalidad requerida para la implementación del Plan............676. Estructura..........................................................................................687. Estrategia de monitoreo y evaluación...............................................868. Glosario de términos.........................................................................87

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Presentación

Las ciudadanas y ciudadanos que formamos parte de este proceso único, irrepetible, lúcido y lleno de fervor, de la Revolución Ciudadana, nos comprometimos a luchar a fondo en contra de la corrupción, atacando sus raíces. En el 2007, se estableció esta lucha como segundo eje de nuestra revolución, que es bolivariana y alfarista; se estableció como política de Estado, y buscamos que tenga permanencia, que trascienda las coyunturas, que sea una herramienta de desarrollo, con efectos de largo plazo, que permita que las próximas generaciones desarrollen sus actividades en un ambiente de paz y respeto a las leyes; que se pueda desarrollar un cambio verdadero en la cultura, en las conciencias, para que nunca más se pueda ver como algo natural lo que nos afecta a todos hasta el alma.

La corrupción, se dice, es inherente a la condición humana, pero también ha sido potenciada por sistemas perversos que exacerbaron el individualismo, que elevaron el egoísmo a nivel de máxima virtud individual y social. El ser humano es perfectible, las formaciones sociales, también; si asumimos que una de las peores cosas que pudo sucedernos como sociedad, es que perdiéramos la capacidad de asombro para que los eventos, las acciones y las situaciones más asombrosas en contra del bien común ya no nos sorprendieran; asumiremos también que nos corresponde, en esta hora decisiva del Ecuador y de América Latina, el compromiso de llevar adelante procesos ordinarios, con alcance extraordinario, para desterrar por siempre este flagelo que nos ha quebrado las piernas del desarrollo, los brazos de la producción y el corazón de la dignidad. Tiempo es ya de que unamos las fuerzas y las conciencias para llevar adelante las transformaciones profundas, en forma rápida y

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pacífica, que tanto necesita nuestro pueblo para salir de la postración en la que nos dejaron los indignos, que saquearon a nuestro país, que creyeron que el servicio público era nada más un trampolín para alcanzar riquezas, que eran normales las coimas, que eran normales los crímenes y la pobreza de todo un pueblo.

Pero, no nos engañemos, este combate no lo vamos a librar solo quienes estamos al frente de responsabilidades gubernamentales, en cada ciudadana está en pie una trinchera de dignidad, en cada ciudadano está presente la Patria, porque la ética es el capital más grande de un pueblo, la lucha en contra la corrupción es la lucha de todos. La lucha contra la impunidad de los actos de corrupción, es prioritaria, porque mientras haya impunidad seguirá habiendo corrupción; y no se acabará la impunidad si no hacemos una reestructuración, una revolución profunda del sistema de justicia. Las grandes mayorías, en las urnas, decidieron el camino y nada ni nadie podrá detener la marcha de estos cambios. La lucha en contra de la corrupción, en todas sus manifestaciones, en todos los frentes, constituye una prioridad insoslayable, un compromiso con la historia, una herramienta de soberanía, de libertad y progreso.

Es nuestra obligación histórica cumplir con el objetivo mayor de contar, en el corto tiempo, con una administración pública ética, transparente y eficiente; estamos fortaleciendo los procesos de participación ciudadana, el control social y la transparencia; estamos trabajando para propiciar el cambio cultural necesario; estamos articulando acciones con las demás funciones del Estado; impulsamos mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector privado; estamos creando un sistema de indicadores regionales que permitan medir la corrupción y la gestión de transparencia en nuestro país. Estamos cumpliendo con la

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Patria, ahora; somos consecuentes con nuestros ideales y le apostamos todo a nuestra revolución ética, profunda, hermosa.Porque creemos en el ser humano y porque la voluntad política de nuestro pueblo exige honradez, verdad, dignidad y pasión por cambiar, la guerra contra la corrupción, contra la pobreza, la vamos a ganar a puro corazón, a fuerza de pensamiento positivo, con mentes lúcidas, corazones ardientes, manos limpias y con infinito amor.

Edwin Jarrín

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Antecedentes

El Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es un compromiso del Gobierno de la Revolución Ciudadana con su mandante, el pueblo ecuatoriano, y cada uno de los actores del quehacer público y privado; por lo cual, su ejecución constituirá la suma de esfuerzos y voluntades que materialicen la Revolución Ética.

La historia de la corrupción, equivale a la historia de la humanidad. En este sentido, el fenómeno de la corrupción debe ser abordado desde el Estado con el concurso de toda la institucionalidad pública y la sociedad, en su conjunto. La corrupción no solamente entraña daños a los ciudadanos, sino riesgos en los que se encuentran en juego los valores, la credibilidad de las instituciones y la ética humana, capital social y bien público.

La historia del Ecuador ha estado marcada también por los efectos del flagelo de la corrupción, herencia del sistema colonial; porque, a pesar de que el problema no empezó en 1832, en el inicio de la República; no es desconocido el mercadeo de cargos públicos, el mal manejo de los recursos del Estado, los contratos a dedo o los escándalos provocados por gobernantes, políticos, funcionarios y un sin número de estafadores financieros, tanto en el ámbito público, como en el privado; pero es lamentable comprobar que muchos han reconocido con vehemencia a la corrupción como una costumbre social, a los largo de casi dos siglos.

Con el objeto de visibilizar las causas inmediatas de la impostergable tarea de luchar contra la corrupción en el Ecuador, se ha tomado como período base el breve Gobierno de Abdalá Bucaram, desde agosto de 1996 hasta el Gobierno de Alfredo Palacios que finalizó en enero de 2007, porque estas administraciones estuvieron marcadas por escandalosos

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hechos de corrupción que provocaron la ingobernabilidad en el país durante más de una década.

Imagen 1: Principales denuncias de corrupción de acuerdo al periodo de cada gobierno en el Ecuador

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

Bajo la administración de Abdalá Bucaram, la corrupción administrativa fue un denominador común en los actos del Estado; se suscitaron problemas de toda índole: sociales, económicos, políticos y éticos, que provocaron en seis meses la ingobernabilidad en el país. La corrupción actuaba de forma sistémica en casi toda la gestión pública a vista y paciencia de todos. Fue la demanda de la ciudadanía, que había fijado sus esperanzas en la “fuerza de los pobres” -slogan de la campaña populista del líder del Partido Roldosista Ecuatoriano-, la que se levantó valientemente ante el clientelismo y las irregularidades del Gobierno, que

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beneficiaban a los familiares y amigos del bucaramato. Esa misma fuerza ciudadana: estudiantes universitarios, empresarios, amas de casa, trabajadores, federaciones profesionales, etc., que había fijado en Bucaram la esperanza, provocó su aparatosa caída en una movilización masiva, cuyo eje fue la ética cívica y la reivindicación social.

Esta manifestación de la fragilidad democrática en el Ecuador, tuvo una secuencia histórica a lo largo de la siguiente década. Producto del derrocamiento de Abdalá Bucaram, el Congreso Nacional nombró como presidente interino, al entonces Presidente de la Función Legislativa, Fabián Alarcón, cuyo discurso se enfocó en el diálogo, el consenso político y el combate a la corrupción. La crisis provocada por Bucaram, puso en evidencia la necesidad de viabilizar la demanda de todo un pueblo por restablecer el orden y devolverle su valor a la democracia; por otro lado, con los movimientos sociales y con la sociedad civil organizada, se conforma una instancia cuyo propósito fue el de institucionalizar la participación y control social, en los procesos de prevención, denuncia e investigación de los actos de corrupción.

La Comisión Anticorrupción se crea en 1997 con el fin de recibir denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos en las instituciones del Estado, para investigarlos y solicitar su juzgamiento y sanción.

Fue a esta misma Comisión que le correspondió investigar hechos de corrupción suscitados en el Gobierno de Alarcón como el caso “ropa usada”, con el desvío de donaciones realizadas por el fenómeno de El Niño, y el piponazgo en el Congreso Nacional; éste último, parte de una corrupción de

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características políticas que marcaron toda su administración, que no se justifican, pero que favorecieron a los grupos de poder institucionalizados y fuerzas políticas, que denotaban la escasa legitimidad de su gobierno, siendo Fabián Alarcón un Presidente Interino que no fue elegido por la vía de la democracia directa.

La necesidad casi “obsesiva” por legitimar su poder, provocaron la convocatoria a una Consulta Popular que se realizó en mayo de 1997, en la que una de las preguntas se refería a la ratificación o no de Fabián Alarcón en el poder, para legalizar su interinazgo; y, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que fue abiertamente cuestionada por los grupos políticos y fuerzas parlamentarias, que preferían manejar vía reformas constitucionales sus intereses, sean éstos individuales o partidistas.

En noviembre de 1997, los ecuatorianos eligieron a 70 asambleístas, representantes en su mayoría del Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, conformando una nueva alianza de la derecha, donde la sociedad civil tuvo una mínima incidencia, y en la que nuevamente se negociaron y priorizaron los intereses de las élites económicas y políticas del Ecuador, como la modernización del Estado, que eliminaba el concepto de planificación en el ámbito económico y la transformación en la administración de los sectores estratégicos.

La nueva Constitución entró en vigencia en agosto de 1998, e incorporó como primicia en el Ecuador, como “dádiva política” la demanda ciudadana de institucionalización de la Comisión Control Cívico de la Corrupción, cuyas funciones fueron reguladas, un año después de su creación vía mandato

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constitucional, en la Ley publicada en el R.O. No. 253, de 12 de agosto de 19991.

La crisis democrática en el Ecuador, tendía lógicamente a estabilizarse, tras pasar por el derrocamiento de un Presidente, un Interinazgo, una Consulta Popular y una Constitución Política flamante, tras las cuales, en 1999, Jamil Mahuad ascendió al poder.

En su discurso de posesión, Mahuad se refirió a las siete armonías para gobernar coherentemente a través de la renovación, la planificación y la lucha contra la corrupción, las que generaron esperanzadoras expectativas en una ciudadanía urgida de gobernabilidad.

En este contexto alentador para el pueblo ecuatoriano, el régimen de Mahuad provocó la devaluación más alta de la historia del Ecuador de la moneda “Sucre”, entre 1999 y 2000, acelerando la inflación, el incremento de las tasas de interés, disparando los índices de desempleo y la crisis bancaria; todo lo cual desembocaría en el congelamiento de los depósitos bancarios y la adopción del dólar de Estados Unidos de Norteamérica como moneda circulante.

Paralelamente a estas medidas antipatrióticas, en desmedro de la integridad y estabilidad de la estructura social ecuatoriana y de los recursos del Estado, el Congreso Nacional tramitó la Ley para la Transformación Económica “trolebús”, ley de garantías de depósitos y varias reformas tributarias.

1El informe institucional de la CCCC, refiere que de enero del 2000 a julio de 2008, esta entidad tramitó 5430 denuncias, de las cuales 462 tuvieron indicios de responsabilidades penales, civiles o administrativas y fueron remitidos a las instituciones competentes. De los 462 casos, hasta el 2008, no se conoció de sentencias u otras acciones de sanción administrativas.

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La caída del sistema financiero implicó que, mediante Decreto Ejecutivo, extralimitándose en sus funciones constitucionales, Mahuad disponga un feriado bancario, que provocó una crisis social, la paralización del sistema productivo, entre otros; lo cual vulneró no solo los derechos fundamentales de los ecuatorianos, sino que favoreció los intereses corporativistas, para pagar favores políticos y compromisos de campaña del mandatario, frente a los intereses primordiales de todo un pueblo; esto provocaría, además, el fenómeno social de la migración ecuatoriana, en donde miles, millones de ecuatorianos y ecuatorianas salieron del país a partir del año 2000, principalmente a destinos como Estados Unidos, España e Italia, en búsqueda de un futuro mejor para sus familias.

Nuevamente, la falta de transparencia, la desafección por lo público, la deshonestidad, el conflicto de intereses, en suma, la corrupción, llevarían al pueblo ecuatoriano a una amplia movilización que el 21 de enero de 2000, terminaría con el mandato de Jamil Mahuad como Presidente de la República; la ascensión de Gustavo Noboa, binomio político de Mahuad, hasta entonces Vicepresidente de la República; y el surgimiento de nuevos actores en el escenario de la política, tanto de los movimientos indígenas, entre ellos, Antonio Vargas, Salvador Quishpe y Ricardo Ulcuango, como de las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez, Fausto Cobo y Jorge Brito, todos ellos parte del autodenominada “Junta de Gobierno de Salvación Nacional”.

Se puede decir que el Gobierno de Mahuad, cuya duración fue de 17 meses, corrompió no solo la política del Estado Ecuatoriano, sino el sistema y las estructuras del mismo.

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Tras haber sido declarado cesante Jamil Mahuad en sus funciones, por parte del Congreso Nacional, asume la Jefatura de Estado, Gustavo Noboa, con un compromiso de justicia social y lucha contra la corrupción; pero gobierna bajo la política iniciada por su antecesor, se radicaliza la transformación monetaria y, consecuentemente, se lleva a cabo el atraco más grande de la historia al pueblo ecuatoriano, que provocó un incremento incontrolable en los precios, con el incremento correspondiente en la tasa de inflación acumulada y el descontento ciudadano que percibía “a pie” los efectos de la dolarización, y cuya protesta una vez más había sido burlada por el régimen.

La inconformidad por las condiciones económicas generadas por el gobierno provocaron, un año más tarde, una reactivación de la demanda indígena, que llevó a Noboa a declarar el Estado de Emergencia en febrero de 2002, con la implícita suspensión de derechos fundamentales; esto concluyó con la revisión parcial del alza en las tarifas del combustible, el gas doméstico, el transporte público, entre otras, en un “acuerdo” con la dirigencia indígena.

El Gobierno de Noboa, estuvo marcado por huelgas, rebeliones sociales, acuerdos con la derecha y el sector empresarial, el inicio de la negociación del TLC con Estados Unidos y la dependencia financiera con el sector externo; tampoco estuvieron alejados de este mandato, los escándalos de corrupción, comunes a las administraciones analizadas en el período señalado.

En el ámbito familiar, su hermano Ricardo Noboa, ex diputado y candidato a las elecciones presidenciales en el año 1996, que ocupó el Cargo de Presidente del Consejo Nacional de

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Modernización (CONAM) hasta el julio de 2002, fue duramente cuestionado por irregularidades en las licitaciones realizadas para los sectores estratégicos de electricidad y telecomunicaciones. Por su parte, Ernesto Noboa, gerente general de la Corporación Jabonería Nacional, también hermano del Presidente, fue presuntamente favorecido por una resolución controversial del Ministerio de Salud Pública, que incorporó a los dentífricos en la categoría de medicamentos, lo que provocó una exoneración a las empresas importadoras del pago de tarifas arancelarias.

En el ámbito político, el Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Julio Emanuel fue acusado por sobornar a varios alcaldes a fin de liberar las participas presupuestarias asignadas a municipios; luego de su renuncia, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto del ex funcionario por el presunto delito de falsificación de documentos.

Entre la debilidad de la institucionalidad ecuatoriana, la corrupción sistémica y la impunidad imperante, el 15 de enero de 2003, asume por elección popular, la Presidencia de la República el ex coronel del ejército, Lucio Gutiérrez.

Lucio Gutiérrez nació políticamente tras el derrocamiento de Jamil Mahuad, junto al líder del movimiento indígena Antonio Vargas y el ex – presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, después de haber permanecido privado de su libertad durante seis meses, fue amnistiado por el Presidente Noboa y el Congreso Nacional, junto a otros militares “golpistas”. Fue entonces cuando constituye el partido político “Sociedad Patriótica” (PSP) y, con el apoyo de varios miembros de la izquierda, y el denominado movimiento “Pachakutik”, llega al poder en el año de 2003.

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Los primeros pasos de su gobierno derivaron en acciones completamente contrarias a su discurso de campaña, cuya línea era similar a la del Presidente Hugo Chávez de Venezuela, desde la ideología de izquierda y la reivindicación soberana, lo que provocó una inmediata reacción y debilitamiento del movimiento indígena, así como de los grupos de izquierda que lo habían apoyado.

Gutiérrez se declaró el “mejor amigo" del Presidente de Estados Unidos, George Bush, en la lucha contra el narcotráfico, y delegó la administración del sistema financiero a la derecha más radical ecuatoriana, con la correspondiente sumisión al Fondo Monetario Internacional, y a la política neoliberal instalada en la mayoría de países de Latinoamérica.

Este desmembramiento de aliados significó un acercamiento de co-gobierno con el Partido Social Cristiano, y un abusivo, descontrolado e irregular manejo de los sectores estratégicos, entre otros, telecomunicaciones, electricidad y petróleos por parte de amigos, allegados y familiares del mandatario.

El nepotismo fue la constante de su gobierno, sumado a lo que en el ámbito político ocurría. Sendas denuncias de corrupción, generaron descontento, indignación y rechazo por parte de la ciudadanía.

Es difícil enumerar los actos irregulares y excesos que marcaron el Gobierno de Gutiérrez, la lista es larga; sin embargo, la historia no podrá olvidar, hechos como el proceso judicial contra el ex – Comandante de Policía, Jorge Villarroel, y la injerencia del cuñando del mandatario, el ex – coronel Napoleón Villa en la institución policial; el millón de dólares

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transferido de los recursos asignados a la atención infantil por el Ministerio de Bienestar Social a la construcción de escenarios deportivos; los presuntos aportes económicos provenientes del narcotráfico a la campaña política tras el juzgamiento de César Fernández, empresario manabita; irregularidades en la importación de material electoral a favor del binomio Gutiérrez – Palacio; anticipo por 35.201 dólares a Paola Gutiérrez, hermana del ex – presidente, funcionaria del Banco Central; presuntas coimas que se cobraban a proveedores de Petrocomercial; supuestos hechos ilícitos en la asignación de contratos de seguros en Pacifictel; la participación de Gilmar Gutiérrez, hermano del ex – presidente en el tráfico de visas a ciudadanos chinos, entre muchos otros.

El Gobierno de Gutiérrez tuvo varias fases en su relación con el Congreso Nacional, pasando del Partido Social Cristiano (PSC) (que posteriormente intentó iniciar un juicio político en su contra), al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) con quienes pactó el retorno de Abdalá Bucaram, asilado en Panamá; luego pactó con su principal contendor electoral, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN).

El 23 de noviembre de 2004, con mayoría en el Congreso Nacional, se gestaron arbitrariedades constitucionales de carácter dictatorial para ejercer el control de todas la Funciones del Estado, que desembocaron en, dos días más tarde, la destitución y designación de los magistrados del Tribunal Electoral y la cesación y remplazo de los vocales del Tribunal Electoral; el 8 de diciembre de 2004, la cesación y reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de la denominada “Pichi Corte”; seguidos

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por el Directorio del Banco Central y el Consejo Nacional de la Judicatura.

Ante los ojos de la ciudadanía, el dictador había tomado el control del Estado; entonces profesionales, estudiantes, productores, sociedad civil organizada, se agruparon perseverante, valiente, pero pacíficamente, para manifestar su rotundo rechazo al Gobierno, exigir la salida de Gutiérrez y restaurar la democracia y el orden constitucional en el Ecuador.

Miles y miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ocuparon las calles de las principales ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca, por varios días, semanas y meses a la espera de la renuncia del dictador, enfrentando la fuerza policial y las fuerzas armadas; nada ni nadie logró callar a la ciudadanía.

Cursaba el mes de abril del año 2005, cuando el dictador desde el Palacio de Gobierno, y esta vez, sin el apoyo del Congreso Nacional, expidió un decreto que cesaba en funciones a la Pichi Corte por supuestas sentencias que perjudicarían al Estado. Fue entonces, el 20 de abril de 2005, cuando el mismo Congreso Nacional declaraba cesante en sus funciones a Gutiérrez y resolvía posesionar, en su reemplazo al Vicepresidente Alfredo Palacio.

La heroica ciudadanía ecuatoriana ganaba sin duda la batalla, pero fundamentalmente recuperaba la esperanza y la calma. Cabe señalar que la prensa y algunos comunicadores jugaron un papel importante por su activa participación y decisión objetiva de informar lo que ocurría en el país.

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La llegada de Alfredo Palacio al poder fue prudente y respetuosa. Sin embargo, su Gobierno no estuvo al margen de críticas y cuestionamientos de presuntos actos de corrupción por enriquecimiento ilícito; negociación de contratos que presentaban ilegalidades en Andinatel; trámites de partidas presupuestarias irregulares a gobiernos seccionales y municipales; la existencia de tramitadores en el Ministerio de Economía y Finanzas; tráfico de asignaciones del Banco del Estado por parte del ex Secretario General de la Presidencia, Roosevelt Chica Zambrano.

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Imagen 2: Relación entre política pública anticorrupción en cada periodo de gobierno, con la caracterización de sus reales acciones

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

Del Gobierno de Gustavo Palacio, por otro lado, se resalta el breve paso de menos de cuatro meses, entre abril y agosto de 2005, del Eco. Rafael Correa Delgado como Ministro de Economía y Finanzas; quien, en el ejercicio de sus funciones, fue determinante en su intención de dar un giro al manejo económico del país, anunció la eliminación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP,) para cubrir necesidades fiscales y sociales del Gobierno, cuestionó el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negociaba con Estados Unidos y la dependencia del Ecuador a los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.), y enfatizó la necesidad de incrementar la inversión social; sin embargo, discrepancias por las decisiones de política económica con el Presidente Palacio, provocaron su renuncia, y posterior participación política, por el liderazgo, aceptación y apoyo que durante su corto período ministerial, obtuvo por parte de la ciudadanía.

El mandato de Palacio dejó una estructura institucional aún más debilitada, con la ciudadanía alerta y una frágil democracia que no terminaba de consolidarse durante casi diez años de tropiezos; una década más tarde, el 15 de enero de 2007, Rafael Correa Delgado, asume el Gobierno Nacional, con el apoyo de una amplia gama de colectivos y varios sectores de la sociedad civil, denominada Alianza PAIS “Patria Altiva i Soberna”.

Su proyecto de Gobierno se apalancó en la transformación radical del país a través de una “Revolución Ciudadana” que,

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para el período 2007-2011, contaba con cinco ejes programáticos:

1. “Revolución constitucional y democrática”, que tuvo su concreción efectiva con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para la redacción de una nueva Constitución Política, cuyo texto fue aprobado en referéndum por una amplia mayoría el 28 de septiembre de 2008.

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo I “Principio Fundamentales”, Art. 3, Numeral, establece que son deberes primordiales del Estado: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

El Capítulo V, Art. 204, determina la naturaleza y funciones de la Función de Transparencia y Control Social:

“El pueblo es el mandate y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y combatirá la corrupción”.

2. “Revolución ética”, que implica una lucha frontal y radical contra la corrupción, en todas sus

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manifestaciones, la evasión fiscal y el establecimiento de una gestión de transparencia en la administración pública. El Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha dado paso a la modernización del Registro Civil, al fortalecimiento institucional y de la dinámica fiscal, a través del Servicio de Rentas Internas; la creación del Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) y de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, mediante Decreto Ejecutivo No. 1511 del 29 de diciembre de 2008, cuya misión es: “Alcanzar una gestión pública transparente que contribuya a un país libre de corrupción”.

Imagen 3: Avances en la gestión transparente del Gobierno de la Revolución Ciudadana: antes y después de algunas instituciones emblemáticas

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

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3. “Revolución económica y productiva”, para transformar el esquema de privilegios y la especulación financiera, en beneficio de los acreedores del país, por un sistema que fomente la inversión social, el empleo, el ejercicio de la soberanía energética y de la deuda externa, por una economía popular que apoye al sector productivo.

4. “Revolución educativa y de la salud”, la universalización, acceso y gratuidad de la educación son derechos de la ciudadanía y una prioridad del Estado. El sistema de salud pública presta servicios gratuitos, eficientes y equitativos, con una atención permanente y accesible a todos los ciudadanos, con énfasis para aquellos que se encuentran en sectores vulnerables.

5. “Revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana”, por el fortalecimiento de los espacios de integración latinoamericanos y de las relaciones multilaterales regionales, que promuevan la libre circulación de las personas, la práctica soberana de modelos que beneficien a cada uno de nuestros países, su desarrollo económico, social, territorial y cultural.

A estos cinco ejes, se sumaronn dos, a partir del año 2010, tras la elección del Presidente Rafael Correa, como Presidente del Movimiento Alianza PAIS, la Revolución Ecológica y la Revolución de la Justicia.

6. “Revolución Ecológica”, a partir de la cual el Ecuador reconoce constitucionalmente los derechos de la Naturaleza; esta revolución plantea una transformación desde las economías dependientes hacia economías sustentables y diversas, corresponsables de la conservación y el respeto a la naturaleza.

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7. “Revolución de la Justicia”, que involucra una reforma integral al sistema de justicia en el Ecuador, que profesionalice la carrera judicial, y procure la celeridad procesal y el acceso de los ciudadanos a la justicia de manera efectiva, gratuita e independiente. El combate a la impunidad es una tarea impostergable, es un deber del Estado, donde se asientan la lucha contra la inseguridad y el combate a la corrupción.

“Es hora de reivindicar y exigir una verdadera independencia e imparcialidad de los jueces, pero también de exigir probidad e integridad de los mismos, ahuyentando cualquier forma de presión jerárquica y persiguiendo con mayor firmeza la eventual corrupción en su seno”2.

El Presidente Rafael Correa suma, hasta la fecha, el triunfo de siete procesos electorales consecutivos, desde su elección en el año 2006. En el año 2007, con la convocatoria a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y la elección de asambleístas; en el año 2008, con la aprobación de la nueva Constitución de la República; en el año 2009, con su elección en primera vuelta electoral, para cumplir su mandato hasta el 2013; también en 2009, arrasaron los candidatos de PAIS en las elecciones de parlamentarios andinos y juntas parroquiales rurales; y, finalmente en el año 2011, en el referendo de enmienda a la Constitución, para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, reformar la administración de justicia, definir el rol de los medios de comunicación y el destino de sus inversiones; y, tipificar como delito al enriquecimiento privado injustificado.

2 Conferencia Magistral del Magistrado Baltasar Garzón, Expositor Invitado en el marco del Encuentro de Transparencia Andina, realizado en la ciudad de Quito, el 2 de mayo de 2011.

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Sin duda, este último triunfo político con gran contenido ético significa un avance más en la transformación de la cultura de la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo en democracia del Ecuador.

Los propios sistemas de medición de transparencia, a nivel internacional demuestran, a través de sus indicadores, los resultados positivos obtenidos, en términos de percepción de la corrupción, a lo largo de la administración del Presidente Rafael Correa.

Descenso de la percepción de la corrupción

150 151 146

127

179 180 180 178

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20

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2007 2008 2009 2010

Posición de Ecuador Número países medidos

Imagen 4: Descenso en la percepción de corrupción en el Ecuador FUENTE: Transparency International; Policy and Research; Surveys And Indices;

Corruption Perception Index 1996-2010 Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

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20%

40%

60%

80%

100%

2001 2004 2006 2008 2010

75% 80%86%

77% 74%

Percepción de la Corrupción

Imagen 5: Disminución de la percepción de corrupción en los últimos 4 años por actuaciones y esfuerzos institucionales del Gobierno de la Revolución Ciudadana.

FUENTE: Barómetro de las Américas, “Cultura política de la democracia en Ecuador 2010”, septiembre de 2010

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

0%

10%

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40%

50%

2001 2004 2006 2008 2010

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34% 32%26%

21%

Víctima de Corrupción

Imagen 6: Decrecimiento en el nivel de ecuatorianos que han sido víctimas de la corrupción

FUENTE: Barómetro de las Américas, “Cultura política de la democracia en Ecuador 2010”, septiembre de 2010

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

Los resultados de la gestión del Gobierno de la Revolución Ciudadana son evidentes, pero aún falta mucho por hacer, el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción constituye una iniciativa para continuar por el buen camino, para convocar la participación, la coordinación y la

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cooperación de todas las entidades y funciones del Estado que tienen competencia en la materia a fin de ser más efectivos en la tarea, con la responsabilidad que involucra el servicio público y, los derechos y obligaciones que se extienden a todo un pueblo, un pueblo corresponsable de promover esta política como un bien público común.

El Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción identifica cinco ejes de trabajo y ámbitos de acción, que son desarrollados a lo largo de este documento:

- Administración Pública- Cultura ciudadana

- Articulación con las Funciones del Estado y Organismos de Control

- Sector Privado

- Enriquecimiento Ilícito

Imagen 7: Los cinco ejes de acción del Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

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Finalmente, es necesario resaltar que el Plan Nacional de Transparencia orienta sus estrategias y acciones hacia la transparencia y lucha contra la corrupción, considerando el fortalecimiento de la diversidad social y cultural del Ecuador, que aporte a la construcción de relaciones entre el Estado y la ciudadanía basadas en el reconocimiento de las particulares demandas y requerimientos de acuerdo a su género, pertenencia cultural, edad, condición socioeconómica. Sin embargo y únicamente para favorecer la lectura del presente documento, no se hará las diferencias gramaticales correspondientes para referirse a hombres y mujeres o a las relaciones de diversidad intercultural, atarea u otras.

1. Problemática de la corrupción en el Ecuador

Causas y condiciones de la corrupción

Para la SNTG, la “corrupción es un conjunto de acciones u omisiones orientadas a obtener beneficios individuales o de grupos, en detrimento del bienestar común”.El Ecuador en los últimos 30 años ha sido testigo y víctima de un sistemático abuso de sus recursos y bienes por parte de personas, grupos políticos y económicos, que se han beneficiado de una estructura del Estado caduca y permisiva, de la complicidad de servidores públicos y de empresarios privados, y de una extendida naturalización de la corrupción dentro del imaginario social. La corrupción es un fenómeno que no solamente se refiere a las causas sino a las condiciones políticas, económicas, culturales y sociales de tipo estructural, a las que es necesario combatir desde diferentes ámbitos y con muchas

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herramientas legales, edu-comunicacionales, éticas, administrativas y organizacionales.Hasta antes de la promulgación de la Constitución de Montecristi y el posterior proceso de reconstrucción de la institucionalidad, los factores de tipo estructural, principalmente la arquitectura del Estado, así como una cultura de tolerancia y abuso, aunadas al amparo que les ofrecían sus redes de influencia y complicidad, favorecían a los actores de la corrupción, garantizándoles protección para saquear los bienes y recursos del país.Muchos fueron los casos s de corrupción en los gobiernos previos al de la Revolución Ciudadana, unos más publicitados, otros más infames, pero en la casi totalidad de los casos, todos estuvieron cobijados al amparo del factor común de la impunidad. El Ecuador pasó a convertirse en un representante permanente de las galerías de la corrupción que distintas instituciones y organizaciones internacionales, elaboraban para caracterizar, cuantificar y cualificar el fenómeno en Latinoamérica.Cuando en 1997 se creó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, CCCC, posteriormente institucionalizada como un Órgano del Estado por la Constitución de 1998, lejos de servir de freno para las constantes denuncias, su labor no hizo más que profundizar la impunidad, al estar limitada por ley su responsabilidad a investigar los casos, identificar potenciales indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa y elaborar informes que no eran vinculantes para la Función Judicial, y por tanto, podían ser inobservados e incluso, desechados.Entre 1997 y 2008, cuando las competencias de la CCCC fueron incorporadas a la Función de Transparencia y Control

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Social con la promulgación de la nueva Constitución, había tramitado 5.430 denuncias de corrupción, de las cuales 462 tenían indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa, por lo que fueron remitidas a las autoridades competentes. Sin embargo, hasta la fecha, no se conoce de sentencias u otras acciones sancionatorias contra los implicados en dichos casos.La arquitectura del Estado, especialmente de la Función Judicial, no fue el único factor que estimuló la impunidad de la corrupción durante los años posteriores al retorno a la democracia, la discrecionalidad en las decisiones de la autoridad que, a su criterio, rompía la norma o la interpretaba en su beneficio, se ha constituido en otro factor determinante en el fomento de la corrupción. El imponer los intereses de unos pocos, por encima del conjunto de la población, abusando de su poder, para aprovecharse de los recursos y bienes públicos, establecer alianzas o aceptar prebendas de empresarios privados, hacía que el país se aleje cada vez más del fortalecimiento de sus instituciones, la administración pública transparente, eficiente y la democracia participativa.En tal sentido, el abuso del poder no sólo beneficia a un determinado individuo o grupo social sino que tiene afectaciones directas sobre el conjunto de la sociedad, de allí que la corrupción en la gestión pública despoja a los ciudadanos del acceso a bienes y servicios básicos para su vida, a información adecuada, reduciendo de esta manera las oportunidades de participación ciudadana en las decisiones que le afectan.Sin embargo, la estructura del Estado, la discrecionalidad y el abuso de poder, tampoco son los únicos factores que han aportado a generar las condiciones para la corrupción. La inmovilidad social, la pérdida del sentido de lo público y de la

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propiedad pública, el desgaste de la capacidad de asombro, el facilismo, el individualismo, hicieron que grandes sectores de la población creyeran que la corrupción era un mal necesario, que lo importante no era que un funcionario robara a su pueblo, sino que hiciera obras visibles. Se creyó entonces que la corrupción era algo natural, con lo que se debía convivir. Esta forma de pensar ha hecho mucho daño al país, ha llevado a educar a las nuevas generaciones haciéndoles creer que el lucro es una aspiración social; relacionar el dinero fácil con el estatus o el reconocimiento social ya que no importa cómo se obtuvieron el dinero y los bienes, lo importante es poseerlos; ha hecho creer a niños, jóvenes y adultos que una persona inteligente es quien aprovecha la oportunidad para beneficiarse individualmente y que las personas que no lo hacen, son tontas. En pocas palabras, se ha dado paso a una cultura de tolerancia a la corrupción y a los corruptos.Frente a estas causas y condiciones de la corrupción, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha elaborado el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como una estrategia política, económica y social para romper con los círculos y la cultura de la corrupción y aportar de manera efectiva en el combate de uno de los principales males del Ecuador: la impunidad.

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Imagen 8: Principales condiciones y causas de la corrupción en el EcuadorElaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

2. Principios en los que se basa el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Los preceptos de cambio social incluidos en la Constitución, en las Leyes y en el Plan Nacional del Buen Vivir, tienen como horizonte el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos del Ecuador, la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia social y el fortalecimiento de una sociedad incluyente, diversa, plural y solidaria. Tanto la Constitución como las nuevas leyes que buscan llevarla a la práctica, se basan en el reconocimiento del rol que debe cumplir el Estado como garante de los derechos de los ciudadanos y los mecanismos que debe implementar para hacer efectivo el ejercicio de los derechos. Este mandato legal es un elemento fundamental de la gestión pública, en especial

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cuando debe cumplir con los principios de transparencia, eficiencia y ética.El Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción orienta sus estrategias y acciones a hacer operativo este enfoque de garantía de derechos, a la lucha contra la impunidad, contra el abuso de poder y la discrecionalidad en las decisiones de las autoridades y de los servidores públicos.Para el Gobierno Nacional la Revolución Ética implica, entre otros aspectos: transformar el servicio público hacia la transparencia y eficiencia en la gestión; desterrar prácticas y relaciones de corrupción entre servidores públicos y actores privados; incorporar la participación ciudadana en procesos de contraloría social; aportar al afianzamiento de una ética y responsabilidad empresarial y gremial basada en la transparencia y el cumplimiento de la ley.El Plan Nacional también recupera valores culturales representativos de la sociedad, como la honestidad, lealtad, responsabilidad, probidad, respeto y dignidad, que han sido transmitidos por generaciones y que expresan además de las cualidades ciudadanas, la voluntad de transitar por un camino de equidad, libertad y solidaridad. El Buen Vivir no habla de metas macro económicas que pueden exhibir resultados, ocultando la trascendencia en cada uno de los ciudadanos, el Buen Vivir exige rehacer las relaciones entre lo público y lo privado. Para lograrlo es necesario que se transparenten los objetivos, que se amplíen las coberturas en la educación, salud y asistencia social. Ampliar estas coberturas sólo será posible con una mejor distribución de los recursos; por eso, el Plan Nacional de Transparencia aportará a recuperar y evitar que los recursos

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nacionales sean saqueados por la corrupción, para que sean invertidos en la reducción de los niveles de inequidad y desigualdad. El Buen Vivir exige a todos, capacidad de movilización y compromiso, en otras palabras, ciudadanía. La transparencia, es entendida por la SNTG, como “el comportamiento y la actitud que permite a todas las personas, organizaciones e instituciones, mostrar sus acciones e información para que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones”; la transparencia se convierte en una poderosa herramienta en la medida que se logre convencer a los actores involucrados, que su aplicación genera beneficios para todos. La transparencia permite que la gestión pública sea imputable, que los ciudadanos conscientes de sus derechos exijan la rendición de cuentas, y que los proveedores estén sometidos a reglas claras y decisiones transparentes en sus ofertas al Estado.El Plan Nacional se enmarca para su implementación y ejecución, en los capítulos de Participación y Organización del Poder, Régimen del Buen Vivir y Supremacía de la Constitución de la República, que se refieren en el artículo 3, a los deberes primordiales del Estado: “8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”; el artículo 141, en cuanto a las atribuciones del Presidente de la República, establece el campo de acción del gobierno nacional, al manifestar que “La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas”.

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De la misma manera, el artículo 147, numeral 3 de la Constitución, al referirse a las atribuciones y deberes del Presidente enuncia “Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva”; y finalmente en el artículo 206, numeral 1, manifiesta que son atribuciones de la Función de Transparencia y Control Social “Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción”; y numeral 3 “Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción”. Este último artículo, si bien recoge la competencia de la Función de Transparencia en cuanto a la coordinación para la formulación de un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, a criterio de la SNTG es deber también de la Función Ejecutiva, aportar de manera efectiva y sin dilaciones al combate a la corrupción y a la implementación de políticas públicas que fomenten la transparencia y eficiencia en la gestión pública, recogiendo de esta manera el espíritu del texto constitucional.

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Imagen 9: Principales fuentes y fundamentos legales del Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

De la misma forma, el Plan Nacional de Transparencia propuesto por la SNTG para la Función Ejecutiva, se enmarca en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en los objetivos 1:“Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad”; 3:“Mejorar la calidad de vida de la población”; 5:“Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana”; 9:“Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia”; 10:“ Garantizar el acceso a la participación pública y política”; 12:“ Construir un Estado democrático para el Buen Vivir”; y, especialmente en las políticas 10.2: “Fortalecer, generar e innovar formas de control social y rendición de cuentas a las y los mandantes”; 10.4:“ Garantizar el libre acceso a información pública oportuna; 12.2:“ Consolidar la nueva organización y rediseño institucional del Estado que

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recupere las capacidades estatales de rectoría, planificación, regulación, control, investigación y participación”; y, 12.4:“ Fomentar un servicio público eficiente y competente”.

Recoge los postulados de las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción y el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción (Decisión 668 de la CAN), que son de aplicación obligatoria para el Ecuador; y se basa en la política 3 “Alcanzar una gestión pública transparente”, de la Agenda Sectorial de la Política del Gobierno del Ecuador.

Imagen 10: Relación con el Plan Nacional para el Buen Vivir y las Convenciones Internacionales

Contra la Corrupción del que el Ecuador es signatario Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

3. Líneas de acción y condiciones

Se ha fijado como objetivos estratégicos “alcanzar una gestión pública transparente, ética y eficiente” y “erradicar la cultura de tolerancia y permisividad frente a corrupción”. Su diseño e implementación coincide con el inicio del proceso de transformación de la justicia, luego de la Consulta y

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Referéndum del 7 de mayo de 2011, que aporta las bases de una nueva institucionalidad en la Función Judicial, orientada a cualificar la administración de Justicia y la lucha contra la impunidad. Estos objetivos tienen que ver con profundas transformaciones y cambios en las instituciones y en las personas que construyen las instituciones; por tanto, se han identificado las rutas y los procesos necesarios orientados a lograr esos cambios, reconociendo que existe una gran complejidad en la problemática de la corrupción, en el afianzamiento de la transparencia como eje de la gestión pública, en los sistemas simbólicos de relaciones entre lo público y lo privado, el Estado y la ciudadanía, y en la implementación de estrategias y acciones encaminadas a combatir la corrupción.El logro de los objetivos estratégicos y de programa, que permitirán alcanzar el cambio deseado en las instituciones y la ciudadanía, dependerá de un conjunto de condiciones, sin las cuales, el cambio no será posible. En este sentido se han identificado las siguientes condiciones:i) Contar con la voluntad política en todas las instancias de la

administración pública hacia el fortalecimiento de la gestión ética y eficiente

ii) Desarrollar tecnologías de la información y comunicación como vehículos para alcanzar la transparencia en la gestión de lo público

iii)Incorporar a los sectores privados, especialmente gremios y empresas, en la lucha contra la corrupción

iv)Movilizar a la ciudadanía para hacer control social de la gestión gubernamental y propiciar la apropiación de lo público como un bien de todos y para todos.

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v) Las Funciones del Estado deben trabajar mancomunadamente en la prevención y lucha contra la corrupción en las esferas pública y privada.

Imagen 11: Esquema de Teoría del Cambio que el Plan Nacional de Transparencia busca alcanzar

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

Para lograr estas condiciones y por tanto, los cambios deseados, el Plan trabajará en seis objetivos:i) Contar con una administración pública ética, transparente y

eficiente.ii) Fortalecer la participación ciudadana, el control social y la

cultura de transparencia.iii) Articular acciones con las demás Funciones del Estado.iv)Impulsar mecanismos de transparencia y lucha contra la

corrupción en el sector privado.v) Generar un sistema de medición de la corrupción.vi)Combatir el enriquecimiento ilícito.

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4. Objetivos del Plan

4.1. Objetivo 1: Contar con una administración pública ética, transparente y eficiente

El desarrollo de los países se basa en el eficiente funcionamiento de instituciones públicas sólidas que generen confianza en la ciudadanía. Contar con una administración pública ética, transparente y eficiente, garantiza la oportuna atención desde el Estado, genera mecanismos que fortalecen la institucionalidad y, sobre todo, proporciona herramientas que fomentan la transparencia y evitan la corrupción.La Constitución de la República, plantea un nuevo modelo de relación entre sociedad y Estado que garantiza el cumplimiento de derechos para el Buen Vivir; y, en aras de alcanzar un nuevo tipo de administración pública, el Plan enfatiza los siguientes ámbitos: Acceso a la Información Rendición de Cuentas Servicios Públicos eficientes y de calidad Ética Pública

La aplicación de estrategias para abordar estos grandes temas son los que se proponen en este objetivo, de manera que puedan consolidar las políticas para lograr un Estado más transparente, que asume el compromiso de combatir la corrupción.La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), en vigencia desde mayo de 2004, además de ser un instrumento indispensable para exigir el acceso a la información, es también una herramienta fundamental para hacer efectivos otros derechos.

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El derecho de acceso a la información se encuentra ligado estrechamente a la noción de transparencia de las decisiones públicas. Si la transparencia es una concepción naciente de la ciencia política, el acceso a la información debe caracterizarse desde el punto de vista jurídico, desde el enfoque de los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas. El ejercicio de la transparencia va de la mano con la construcción de una democracia participativa, en la cual, la ciudadanía es dueña de la información que se forma desde el Estado y cuyo principal propósito es garantizar el derecho al acceso a la información.Por otra parte, la Rendición de Cuentas es un componente de los principios constitucionales de transparencia y responsabilidad. Este concepto implica dar explicaciones, justificar, someter al escrutinio público, al examen, a la revisión de la ciudadanía, las decisiones y las actuaciones de los servidores públicos en el desarrollo de la gestión de lo público.La falta de rendición de cuentas a los mandantes, conduce a la ineficacia, a la corrupción, y como consecuencia de ello, a un elevado costo financiero y social, con las pérdidas consiguientes. Un gobierno elegido democráticamente, es responsable ante sus electores, y si el pueblo observa la ineficiencia e ineficacia del trabajo de los funcionarios públicos, será quien le demande cuentas e incluso, revoque su mandato.En el Ecuador, desde la década de los años 70, se ha aplicado el principio de que todos los servidores públicos están obligados a rendir cuentas. Generalmente era el Congreso el gran fiscalizador del sector público, teniendo a otras instituciones de soporte, como el Ministerio Público, Procuraduría, Superintendentes de Bancos, Compañías,

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Telecomunicaciones, Contraloría, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo.El marco legal para la rendición de cuentas se encuentra en la Constitución al establecer en el artículo 100, que “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.” entre otras funciones, para “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”.Por su parte, en el Artículo 204 se determina que la Función de Transparencia: “promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del Sector Público, y de las personas naturales o jurídicas del Sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción” En el Ecuador la rendición de cuentas se ha ido fortaleciendo hacia todos los actores públicos y privados, como en el caso del Servicio de Rentas Internas, SRI, que ha modernizado y depurando sus procesos para, en la actualidad, ser considerada una de las entidades insignes de control y rendición de cuentas.En cuanto a este objetivo del Plan, se aportará al perfeccionamiento y simplificación de los sistemas de auditoría, contabilidad, tesorería, presupuesto, entre otros, para que con un correcto y unificado sistema administrativo y

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financiero y con el apoyo de la tecnología, se logre la total claridad de procedimientos.Por otro lado, los servicios públicos constituyen uno de los temas de mayor sensibilidad para la Administración Pública, ya que establecen la relación directa entre el Estado y los ciudadanos. La provisión eficiente de los mismos, genera mecanismos de transparencia de las instituciones que desemboca en la confianza ciudadana y, por ende, en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.Los servicios públicos son aquellos que el Estado provee a los ciudadanos sin discriminación, para satisfacer las necesidades colectivas. A través de su provisión se apunta a la titularidad de los bienes públicos por parte de las sociedades. Estos bienes públicos, son bienes económicos que se caracterizan por ser no rivales3ni excluyentes4 en el consumo. Los servicios públicos desempeñan un rol fundamental en el desarrollo de un país (SENPLADES, 2009), los que deben cumplir con las características de igualdad, regularidad, generalidad, obligatoriedad, continuidad, calidad y eficiencia (Bielsa, 1994).De acuerdo a las preguntas formuladas en el módulo de calidad de los servicios públicos realizado como anexo a la ENEMDU de junio de 2008, levantada por el INEC, se hacía referencia a la percepción de algunos servicios públicos, en cuanto a la problemática en realizar los trámites y su explicación, el funcionamiento de las instituciones del Estado, la presencia institucional del Estado, entre las más destacadas.

3 Bienes no rivales: Bienes que usados por alguien en particular, no perjudica su uso futuro por parte de otras personas.4 Bienes no excluyentes: Bienes que, estando disponibles para una persona, lo están para la sociedad en su conjunto, sin ningún tipo de exclusión.

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La percepción ciudadana, en cuanto a las oficinas públicas, identificaba la existencia de problemas para la realización de trámites. De acuerdo a esta encuesta, el 88% de las personas señala una respuesta afirmativa en la existencia de problemas en los trámites; mientras que, un 8,8%, dice lo contrario. De ese 88% de ciudadanos, el 63,7% atribuye estos problemas a la corrupción que existe dentro de las instituciones.

Problemas de trámites en Oficinas Públicas

63,70%

16,30%

5,50% 4,20% 3,80% 2,40% 1,70% 0,90% 0,80% 0,20% 0,20% 0,20% 0,10%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Cuadro 1: Principales problemas de trámites en oficinas públicasFuente: INEC, Módulo de Calidad de los servicios públicos, ENEMDU - Junio de 2008

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

En la escala de 0 al 10, siendo 0 (pésimo o desacuerdo) y 10 (excelente o totalmente de acuerdo), a la pregunta de que si considera que todas las instituciones son corruptas, aproximadamente el 56,9% de los ciudadanos enmarcan a esta afirmación en un nivel de 3 a 6;es decir, que la mayoría percibe que existe corrupción en las instituciones públicas.

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En tal sentido, para garantizar los procesos institucionales que lleven a cumplir este objetivo del Plan Nacional de Transparencia, se ha previsto el trabajo coordinado entre la SNTG y el Consejo de la Administración Pública, la Secretaría Nacional de la Administración Pública y los Ministerios Coordinadores, ampliando las acciones de articulación con las demás Funciones del Estado, especialmente con la Judicial y de Transparencia y Control Social.Fortalecer el control del ejercicio de los recursos públicos.

La credibilidad de un Estado depende, entre otros temas, de la confianza que los ciudadanos depositen en sus gobernantes. Dicha confianza puede ser lograda a través del comportamiento correcto de todos los funcionarios públicos y de la transparencia en los sistemas que ejecuta el Estado con los recursos del pueblo.Bajo este marco, dentro de los sistemas que funcionan para el sector público, se encuentra el de contratación de obras, bienes, servicios, etc., que por la magnitud de inversión que requieren para ser ejecutados, es de fundamental trascendencia. Debido a la importante cuantía de dinero que se administra durante los procesos de contratación pública, éstos se han vuelto muy susceptibles de generar corrupción a todo nivel. En el Ecuador, la mayoría de las contrataciones en el sector público se ejecutaban sin ninguna planificación; esto implicaba, además de una ineficiente utilización de los recursos públicos, la discrecionalidad en las autoridades frente a la contratación y, por tanto, un campo abierto a la corrupción. Ante esta problemática, el gobierno de la Revolución Ciudadana creó un sistema de contratación

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pública, a través del Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, que se encarga de articular las contrataciones entre todas las instancias; es decir, entre los organismos e instituciones del sector público y proveedores de bienes y servicios. En cuanto a la necesidad de evitar la dispersión normativa, la discrecionalidad y la falta de transparencia en las contrataciones, a este sistema se han sumado los esfuerzos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, y los Ministerios Coordinadores, para mejorar los niveles de planificación y seguimiento.Dentro de este objetivo del Plan, se prevén reformas para optimizar el sistema de contratación pública (como incluir los justificativos de los componentes del agregado nacional e incorporar mecanismos de certificación de proveedores únicos y regulación de giros de negocio), fruto de la experiencia desarrollada hasta el momento, con el fin de depurarlo de manera gradual, con miras a alcanzar un sistema que minimice el riesgo de discrecionalidad en los procesos, incorporando o mejorando criterios e instrumentos tecnológicos que permitan controlar y optimizar el sistema en aquellas instituciones que contratan por régimen especial.Este proceso de control se complementa con herramientas destinadas a alertar sobre riesgos en determinados procesos sensibles, la clarificación de criterios sobre normas en cuanto a los proveedores y giros de negocio y la certificación del componente local agregado. Mejorar el Sistema de Investigación de la corrupción

La corrupción en también un problema cultural. Quienes se han beneficiado de ésta buscan convertirla en el marco formativo y conductual predominante en las sociedades,

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evidenciándose como respuesta en la ciudadanía un frágil compromiso con lo público y el ideal del bien común, lo que se verifica desde los actos cotidianos, que coloquialmente se denominan “microcorrupción”, hasta los actos que se entretejen en una red complicada y bien armada de las esferas del poder.Sin embargo, a pesar de los esfuerzos aislados que se han realizado para frenar y disminuir este tipo de conductas en gobiernos anteriores, no ha existido la voluntad política suficiente para concretarlos en una política pública que prevenga y sancione la corrupción. Es a partir del triunfo de la Revolución Ciudadana que se han dado pasos concretos para generar transparencia al interior de las instituciones de la Función Ejecutiva y combatir la corrupción que, como mal enquistado, ha buscado los mecanismos para sobrevivir al embate.Entre los esfuerzos desplegados se ha incorporada en la Constitución la Función de Transparencia y Control Social, FTCS, y se ha creado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, como entes autónomos en la lucha contra la corrupción; por otro lado, se encuentra la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Secretaria Nacional de Transparencia de Gestión, en diciembre de 2008, con el fin de prevenir, combatir,  investigar y denunciar los actos de corrupción en el sector público.Con esta base y con el fin de evitar la impunidad de los actos de corrupción cometidos en el sector público, esta Secretaría ha identificado como estrategia promocionar la transparencia en el sector público, tomando como base las transformaciones Institucionales hacia la creación de las “Instituciones del Buen Vivir”, para fortalecer la gestión transparente, generar confianza de la ciudadanía en las entidades estatales,

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construir nuevos prototipos de medición de la corrupción y, por último, desarrollar la formación de la ciudadanía para que garantice la participación en estos procesos de transformación.En ese mismo sentido, el Plan busca profundizar las experiencias exitosas que incluyen mejorar los niveles de coordinación y cooperación entre las Funciones del Estado, para lograr que las investigaciones que contengan indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal, puedan ser llevadas ante los administradores de justicia para que los responsables puedan ser sancionados de acuerdo a las leyes.

4.2. Objetivo 2: Fortalecer la participación ciudadana, el control social y la cultura de transparencia

Las democracias modernas están obligadas a certificar un ejercicio transparente de la administración pública, de tal modo que la ciudadanía pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos. Este proceso implica una efectiva renovación cultural en la concepción y práctica del servicio público. La Constitución consolida los roles, mecanismos y estrategias de la participación ciudadana, al concebirla como un eje transversal de la efectiva construcción de gobernabilidad democrática y por tanto, de políticas públicas correspondientes con el mandato constitucional. La participación recrea la forma de hacer y pensar la política, pues convierte a los sujetos sociales en protagonistas del desempeño de la vida democrática y de la gestión y control de los asuntos públicos.El involucramiento de la sociedad civil en la conducción política, económica y social, es la condición para la

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construcción de un país para todos. La democracia se afirma, de modo sustantivo, sobre la base de la plena participación pública, sin dejar de lado la importancia de contar con un sólido sistema de representación política. Se trata de constituir una comunidad de ciudadanos, pueblos e identidades, en la que los sujetos puedan afirmarse, ejercer sus deberes y demandar sus derechos, por medio de la participación activa en la toma de decisiones sobre el bien común, ya que la incapacidad de traducir las demandas sociales en políticas públicas y, peor aún, la corrupción como práctica, se deriva de la ineficiencia política y administrativa, por lo cual, es necesario que las acciones del gobierno reflejen demandas sociales.Se hace necesario divulgar y enraizar en toda la población una cultura de transparencia y honestidad, dando énfasis a la educación básica y bachillerato, por cuanto constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. La educación es indispensable para el conocimiento y el ejercicio de los derechos y, por tanto, para la construcción de un país soberano, constituyendo un eje estratégico para el desarrollo nacional. Una de las políticas públicas transversales de este gobierno, es la priorización del desarrollo de la educación, en todas sus etapas, como se demuestra en el aumento exponencial del presupuesto asignado a este sector, los procesos de capacitación y actualización, los incentivos dirigidos a docentes, estudiantes, familias, y la coordinación interinstitucional para la efectiva aplicación de planes y programas educativos.

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No es posible reclamar derechos sin educación y formación, por lo que el Plan de Transparencia propone replicar experiencias como la que desarrolla la SNTG, que a partir de una red de instituciones públicas que generan estrategias edu-comunicacionales, ha puesto en marcha procesos de formación en derechos y valores, que tiene como población objetivo a niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios, para familiarizarlos en principios de transparencia, mediante la creación de personajes institucionales que ejemplifican mensajes de honestidad, confianza y respeto. Uno de ellos es Santiago, un chico de 14 años, deportista, buen estudiante, activo, respetuoso y sobretodo honesto, y Nunasu hermana de 5 años, soñadora, ecologista, bondadosa y juguetona. Su presencia masiva en medios hará que niños y niñas se sensibilicen frente a los temas que la SNTG quiere difundir en todo el país. Por otro lado, dentro de este Objetivo de fortalecer la participación ciudadana, es importante resaltar que la Constitución establece que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos deben hacerse efectivos conforme al Plan Nacional para el Buen Vivir, tutelando que su aplicación, sea enfocada en los preceptos del Sumak Kawsay. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente, es un deber; y es responsabilidad de todos participar en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y en la provisión de servicios públicos, para garantizar la participación de las personas y organizaciones sociales, en los diferentes niveles de Gobierno, e incidir en las decisiones de políticas públicas y control social. Para ello, es indispensable proponer contenidos de transparencia, participación democrática y otros valores de

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lucha contra la corrupción, en mallas curriculares de educación básica y bachillerato a nivel nacional, implementar o reforzar espacios edu-comunicacionales para la información, empoderamiento y prácticas asociadas con la transparencia. Fortalecer los espacios de diálogo con la sociedad civil y articular esfuerzos para la apropiación del espacio público, con el objeto de asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad. Incrementar mecanismos de participación ciudadana, control social y denuncia

Como acciones encaminadas al fortalecimiento de la capacidad ciudadana de ejercer la contraloría social, se prevé el auspicio a proyectos de iniciativa ciudadana, la ejecución de campañas de socialización y empoderamiento de derechos y deberes de participación en la toma de decisiones del Estado. Se aspira a receptar, al menos, un proyecto ciudadano por provincia y desarrollar una campaña nacional hasta el año 2013.Otra estrategia constituye aportar a la generación de igualdad de oportunidades para la participación social, por lo que se deben desarrollar las capacidades al interior de movimientos sociales; establecer veedurías ciudadanas en procesos vulnerables a la corrupción y monitorear el desempeño de éstas de manera conjunta con la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, SPPC.El establecimiento de una cultura ciudadana se fortalece, con la participación honesta y transparente que redunde en beneficio de todos los ecuatorianos y no solo de unos pocos, como lo establece el artículo 95 de la Constitución (…) “La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los

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mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.

Para lograr este objetivo, es importante que se coordine la realización de las acciones especialmente con la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, la Secretaría de Comunicación y los Ministerios de Educación y Cultura.

4.3. Objetivo 3: Articular las acciones con las demás funciones del Estado

El artículo 227 de la Constitución establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.El principio de coordinación entonces, es una directriz fundamental entre las instituciones del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, establecer caminos idóneos para articular las acciones entre las funciones del Estado, es una respuesta a las aspiraciones ya previstas en la Constitución.El coordinar mecanismos conjuntos busca responder a la problemática de la impunidad y conlleva la necesidad de diseñar políticas y acciones con la participación de los Poderes del Estado, para prevenir la corrupción.Si bien existen problemas sistémicos de corrupción, se han identificado los siguientes elementos críticos, que permitirán detectar los focos vulnerables:1. Problemas de diseño en la estructura institucional, que generan:

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Bajo nivel de respuesta en el sistema de control y sanción anticorrupción

Sistema procesal con altos niveles de discrecionalidad2. Deficiente “aprendizaje ilustrado” que interiorice una cultura política

En este sentido, las alternativas planteadas se resumen en lograr el acceso real a la justicia, propiciar la difusión ampliada de la información, para que no sea un ámbito exclusivo de los abogados sino que se transforme en un estimulo al ciudadano para conocer y actuar con consentimiento ilustrado en los procesos judiciales; sumando el compromiso de avanzar en el cambio que erradique viejas prácticas de demora y papeleo; debe desarrollarse la necesidad de adquirir nuevos aprendizajes, a través de capacitaciones e intercambios de conocimientos entre las diferentes funciones que, finalmente, den respuestas efectivas al ciudadano en la administración de justicia.En este esfuerzo de transparencia y lucha contra la corrupción en la administración de justicia, no quedarán fuera los servidores judiciales honestos, muchos de ellos también víctimas del sistema. Por eso se plantea desarrollar con las Funciones Judicial, de Transparencia y Ejecutiva, programas como el de formación especializada para operadores judiciales, que les permita acceder a una actualización permanente en temas de interés, como el enriquecimiento ilícito y otros destinados a mejorar sus condiciones de trabajo.Las estructuras clásicas y verticales que han manejado la justicia, requieren de un ajuste que convoque a alternativas para encontrar salidas y trascender ese “dejar hacer, dejar pasar”, aunque no se puede hablar de fórmulas probadas o mecanismos encasillados para encontrar las mejores salidas,

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el énfasis propuesto en el Plan, es la construcción desde la heterogeneidad, de un trabajo articulado que persiga fines comunes.En esta línea, resulta prioritario y urgente articular esfuerzos entre las funciones del Estado, reconociendo roles y competencias, en el marco de la colaboración y respeto a la autonomía de cada una, a través de la elaboración de hojas de ruta, identificación de los responsables en la elaboración de las acciones y actividades concretas (proyectos) y en el seguimiento y evaluación conjunta de los avances.

Imagen 12: Ámbitos de articulación entre las Funciones del Estado y la ciudadaníaElaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

4.4. Objetivo 4: Impulsar mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector privado

Como se ha manifestado, la corrupción es un fenómeno cultural que atraviesa a la sociedad en su conjunto, su

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combate requiere de un esfuerzo mancomunado que genere una reforma ética e institucional anteponiendo valores y principios de honestidad, transparencia, respeto a las leyes y al Bien Común, por sobre el individualismo y el enriquecimiento económico, como valores supremos de una sociedad de consumo.Tradicionalmente, se ha entendido el fenómeno de la corrupción como un acto ilegal e inmoral que afecta exclusivamente a la gestión pública. Esta perspectiva inexacta y limitada deja fuera el rol que también juega el sector privado como contraparte de esta problemática, que requiere de dos actores, ya que no es posible que solamente una de las partes sea corrupta.La empresa privada es un actor estratégico en cualquier proyecto de reforma y desarrollo; su ámbito de acción tiene incidencia sobre la economía, la sociedad y el medioambiente en su conjunto, ya que estos factores son afectados directa o indirectamente por las acciones u omisiones, decisiones que toman, así como también por los bienes y servicios que producen.Es necesario fomentar que el sector privado migre de una perspectiva tradicional conservadora empresarial, donde se cree que la única responsabilidad de la empresa es aumentar sus ganancias, hacia una nueva forma de hacer negocios enmarcada en una ética alineada con el desarrollo sostenible y con responsabilidad de su entorno y, en el caso del Ecuador, con el Buen Vivir. Estos criterios deben observarse no solo para las grandes empresas, sino para las medianas, pequeñas y microempresas, y para aquellas que se encuentran bajo el régimen de la economía popular y solidaria, en la medida que

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todos los estamentos productivos privados, están en la obligación ética de contribuir al combate a la corrupción y el fomento de la transparencia.Establecer nuevas formas de relación entre iniciativa o empresa privada y el Estado, sobre todo en el marco de la contratación pública, es crucial en la lucha contra la corrupción, en el fomento de la honestidad y la transparencia, como valor y principio en el ámbito de la gestión pública y la privada.Este accionar en conjunto se orientará a buscar resultados para un mejor manejo ético, social, económico, ambiental que se relacionen con los principios de la Responsabilidad Social Empresarial, como el modelo técnico a seguir, el que iría de la mano con la implementación de procesos de rendición de cuentas para que, de una manera periódica, se informe de su gestión a los grupos de interés respectivos, para lograr que se implante una cultura de transparencia y honestidad. En esa medida, el Plan Nacional proyecta articular esfuerzos con otras instituciones del Ejecutivo, con organizaciones sociales y gremios en el desarrollo de un Certificado de Transparencia como mecanismo de incorporación de los valores y acciones abordados, que oriente las actividades económicas privadas hacia un modelo transparente que rinda cuentas. Se prevé que este modelo de certificación generará en la iniciativa privada la necesidad de incorporar en sus actividades principios y valores que conlleven a generar sistemas de calidad y transparencia; es decir, se produzcan verdaderos cambios estructurales, donde el Sello de Transparencia tenga un nivel tan alto de exigencia como lo tiene el sistema ISO, de manera que se replique en todo el sector privado.

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En Ecuador, es necesario incrementar el número de empresas que adoptan el modelo de Responsabilidad Social Empresarial asociado a la lucha contra la corrupción, a fin de que lo asuman como una oportunidad competitiva de mostrarse ante su entorno como actores transparentes y positivos para el desarrollo, contándose para el efecto con una importante gama de estándares y guías que permiten la aplicación de dichos modelos; tal es el caso de: Acountability (A1000); Certificación SA 8000; ISO 26000; Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable (SG21), Global; Global Reporting Initiative G3, entre otros.Todos los actores del sector privado (empresarios, trabajadores, gremios), deben actuar responsablemente frente a todos sus públicos. Una condición indispensable es el respeto de las leyes, las normas y los principios. Este cumplimiento normativo sienta las bases necesarias para el desarrollo exitoso de la sociedad y, además, crea condiciones estables a nivel económico y social. De este modo, el rechazo de la corrupción no sólo fortalece una competencia más leal sino que contribuiría en forma decisiva con la evolución de las economías, con la mejora de las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de las personas. El sector privado debe desempeñar un papel mucho más activo en el desarrollo, en especial al enfocarse en aspectos que lo interrelacionan con el sector público (procesos de contratación pública, obtención de registros, aspectos tributarios, laborales, entre otros). Resulta de gran importancia que el Plan Nacional de Transparencia y lucha contra la Corrupción incentive a la iniciativa privada a incorporarse al combate de la corrupción, por lo que es necesario desarrollar acciones de autorregulación, e integración, de carácter voluntario, en

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donde cada actor defina de manera deliberada estándares que regulen sus prácticas empresariales. En este caso, el Estado facilitaría herramientas para desarrollar estos compromisos.Para implementar este objetivo, se contará con el apoyo de instancias de la Función Ejecutiva, de los Ministerios Coordinador de la Producción y de Industrias y Productividad, además del Servicio de Rentas Internas.

4.5. Objetivo 5: Generar un sistema de medición de la corrupción

“Sin medición no puede haber mejora alguna y, por ende, los esfuerzos de combate a la corrupción corren el peligro de quedar en letra muerta. Sin embargo, medir fenómenos sociales como la corrupción o la opacidad institucional, no es cosa sencilla. Se requiere no sólo de un conocimiento metodológico completo sino también de fuertes dosis de imaginación y de un conocimiento preciso del terreno en que se pisa” (Del Castillo, 2005)La experiencia internacional muestra diversidad de formas de medición, entre las cuales se cuentan encuestas de percepción, grupos focales y aproximaciones al costo de la corrupción, a través de metodologías de valoración comparativa.En los últimos años se han publicado varios índices o indicadores de medición de este fenómeno, entre los cuales se encuentran: El International Country Risk Guide (ICRG), que se basa en encuestas de opinión de expertos y periodistas.

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El índice de Business International (BI), que se basa en una encuesta de opinión mundial y en el que se incluyen varios factores de riesgo comercial y político, incluyendo corrupción.El Global Competitiveness Report Index (GCRI), que se basa en una encuesta que involucra a mandos medios y directores de empresas en todo el mundo. Este índice reporta estimaciones de soborno en negocios internacionales.A pesar de los esfuerzos de organismos que realizan este tipo de medición, éstas no representan la realidad del país, ni son consideradas encuestas oficiales en el Ecuador, lo cual evidencia aún más la necesidad de establecer un sistema de medición que se adapte a la realidad nacional.Un Sistema de Medición de la corrupción empieza por la conceptualización del objeto, en este caso es indispensable establecer un significado de corrupción. Por ser un concepto amplio y subjetivo, la SNTG, la define como “(…) un conjunto de acciones u omisiones orientado a obtener beneficios individuales o de grupo en deterioro del bienestar común”.En función a este concepto, el sistema de medición de la corrupción se lo especificará en tres dimensiones, considerando la propuesta desarrollada entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y la SNTG Corrupción a gran escala. Corrupción a pequeña escala. Corrupción a nivel de proveedores de servicio.

Corrupción a gran escala

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Es la que involucra sumas grandes de dinero, afecta al país en su conjunto, desacredita la legitimidad del gobierno. Se la conoce como corrupción política (INEC, 2011).Corrupción a pequeña escala

Es aquella que experimentan los ciudadanos en su vida cotidiana cuando interactúan con funcionarios de rango medio o bajo. Se refiere a los casos de corrupción que se encuentran en el día a día en instituciones públicas. Se trata de pequeñas transacciones monetarias que afectan principalmente a los individuos (INEC, 2011).Corrupción a nivel de proveedores de servicio

El proveedor de servicio es un actor clave dentro del estudio de la corrupción ya que éste es susceptible a los tipos de corrupción que han sido definidos en la norma legal, lo que vuelve indispensable la medición desde la perspectiva de este actor.Componentes del Sistema de Medición de la Corrupción

Los componentes en el sistema de medición de la corrupción se integran uno al otro de tal manera que, sobre la información recopilada (Entradas), se aplica una metodología que permite estandarizar la misma, obteniendo resultados valiosos para la toma de decisiones. En la metodología se contemplará la repetición periódica de la medición, con lo cual se podrá evaluar el impacto de las políticas públicas implantadas período a período.

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Entradas Metodología Resultados

Imagen 13: Esquema de las situaciones a resolver en un sistema de medición Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

El Plan Nacional se ha propuesto desarrollar, en conjunto con el INEC, mediciones periódicas de la corrupción y la transparencia de la gestión pública del país, para lo que ha considerado las siguientes características:Exactitud: La información ha de ser precisa y libre de errores.Confianza: Para dar crédito a la información obtenida, se ha de garantizar tanto la calidad de los datos utilizados, como de las fuentes de información.Relevancia: Los resultados obtenidos permitirán la definición de políticas y acciones a seguir para incrementar la transparencia y apoyar la lucha contra la corrupción.Transparencia: La metodología utilizada debe ser clara, de fácil comprensión y pública.Metodología

Las entradas del sistema consisten en la información que lo alimentará; en este caso, se debe diferenciar dos tipos de entrada:

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i) Información nacional: Considerada cualitativa y de percepción, que se obtiene periódicamente a nivel nacional.

ii) Información institucional: Se evidencia como cuantitativa, pretende medir temas puntuales de corrupción, por lo general en instituciones, sectores o regiones específicas.

La aplicación de la metodología dependerá del tipo de entrada, en el caso de información nacional será estandarizada e institucionalizada para su medición periódica, que permita la generación y evaluación de políticas públicas; por otro lado, la información institucional es de libre adaptabilidad a las necesidades institucionales, sectoriales o regionales, y servirá de respaldo a la aplicación de política pública generada a partir de la información nacional.Información Nacional

El enfoque se orienta a la recolección y procesamiento de información, para garantizar la exactitud y confiabilidad de los datos, ésta deberá elaborarse por el INEC. Será desarrollada de manera que la información a obtener tenga la relevancia suficiente para las autoridades encargadas del diseño de políticas públicas en los temas relacionados a transparencia y lucha contra la corrupción. Una vez diseñada será socializada para garantizar la transparencia de la misma.El Sistema de Medición de la Corrupción considerará la implementación de un Sistema Integrado de Encuestas, que se realizará a tres grupos objetivos:i) Empresarios (Gran Escala)ii) Hogares (Pequeña Escala) iii) Funcionarios públicos (Proveedores)

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Encuesta a empresarios

Esta encuesta a empresarios pretende identificar y entender de mejor manera los factores que impiden o limitan el desarrollo de las empresas en el país y la percepción que tienen éstas respecto a la corrupción que existe tanto en sus empresas como en la relación con las instituciones públicas.Encuesta a hogares

La encuesta de hogares recogerá información sobre el estado de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, su calidad y el tipo de atención.Encuesta a funcionarios públicos

La encuesta a funcionarios públicos permitirá obtener información sobre las prácticas desarrolladas en las instituciones públicas relativas a la gestión del personal, presupuesto, planificación y manejo de la información institucional.En base a cálculos estandarizados en la tabulación de esta encuesta se generará los resultados de las mismas.Resultados

“(…) Se puede hacer una distinción poco ortodoxa entre índice e indicador. Los indicadores son parámetros de medición que reflejan el comportamiento observado de un fenómeno. Representan medidas sobre aspectos no directamente mensurables, como lo son muchas de las actividades y propósitos gubernamentales: salud, educación, bienestar social, etcétera (…) Los índices, por su parte, son el resultado de la agregación de datos que se obtienen de los indicadores.” (Del Castillo, 2005)

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Los resultados del Sistema de Medición se encontrarán a tres niveles; el primero, a nivel general, de un índice estandarizado que permita la evaluar el impacto de la política pública; el segundo, estará conformado por indicadores que permitan direccionar y asesorar a las autoridades en el diseño y ejecución de política de transparencia; y, por último, el nivel cuantitativo, que permitirá ejecutar acciones puntuales.El Plan Nacional también contempla instituir un conjunto de estudios de tipo cualitativo que aporte a la comprensión del fenómeno de la corrupción de manera mucho más específica, considerando una institución, un sector de la administración pública o una región del país, en donde el indicador cuantitativo arroje datos de mayor presencia de este fenómeno.Estos estudios estarán potenciados en la medida que se constituyan Áreas de Estudio especializadas en las universidades públicas del país, especialmente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que permitan diseñar programas de investigación que orienten en la comprensión integral del fenómeno de la corrupción, sus reales orígenes y las estrategias para su combate efectivo.Para desarrollar las estrategias y accione, se contará, entre otras instituciones del Ejecutivo, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y del Ministerio de Coordinación de la Producción.

4.6. Objetivo 6: Combatir el enriquecimiento ilícito

La esencia de este Plan es promover la creación de políticas, estrategias, acciones y mecanismos para aumentar la eficacia y eficiencia de la lucha contra la corrupción que realiza el Ecuador, en alianza con los países miembros de la Comunidad

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Andina, mediante acciones de cooperación, en el marco de las legislaciones nacionales y de convenciones internacionales. Es importante mencionar que, en los instrumentos internacionales de los que Ecuador es signatario, no sólo los delitos de corrupción son realizados por funcionarios públicos sino también por funcionarios de entidades privadas; por lo tanto, los actos de corrupción no se constituyen únicamente cuando existe perjuicio al patrimonio del Estado.Durante el periodo 1997 y 2007 se adoptaron siete convenios de carácter internacional de lucha contra la corrupción. Estas normas y políticas internacionales abordan las medidas que los gobiernos deben dictar; la naturaleza y competencia de las instituciones relacionadas con la prevención y persecución de la corrupción; regulaciones para resolver conflictos de interés que enfrentan los funcionarios públicos; transparencia de los presupuestos y compras estatales; y control del lavado de activos, entre otros aspectos.En la décimo sexta reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, (MESICIC) que se llevó a cabo del 22 al 26 de marzo de 2010, la República del Ecuador, con su representante ante esta Convención, la Función de Transparencia y Control Social, cuyo presidente5 fue el Defensor del Pueblo, recibió recomendaciones respecto al seguimiento y control del delito de enriquecimiento ilícito.La Convención Interamericana contra la Corrupción, fue suscrita por el Ecuador en 1997 y ratificada en el 2001; esta Convención, a más de ser la pionera en el tratamiento de la corrupción, es la única que tiene como herramienta una 5 Constitución de la República del Ecuador, artículo 206 “Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación y eligirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de la Función…”

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estrategia de seguimiento, en este caso el MESICIC, con la cual se mide el nivel de cumplimiento de cada Estado parte, respecto al combate contra la corrupción.Justificación para incorporar al enriquecimiento ilícito como delito

El delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el Código Penal ecuatoriano, consiste en que la persona que ha desempeñado un cargo o función pública, no ha podido justificar un aumento patrimonial, que no corresponde a los ingresos que legalmente percibió. Esto indica que al establecerse el incremento patrimonial se presume que tiene su origen en la comisión de delitos contra la administración pública. Esta figura penal está estrechamente vinculada a procedimientos administrativos, declaraciones de bienes e investigaciones por parte de organismos de control y que serían los antecedentes del proceso penal.La Constitución refiere a las responsabilidades de los servidores públicos, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, que estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; así como a la imprescriptibilidad y al inicio de los juicios en ausencia de las personas acusadas.La legislación nacional respecto al enriquecimiento ilícito, difiere en los conceptos tanto de la Convención Interamericana respecto a “significativo exceso” como de la Convención de las Naciones Unidas, al referir “incremento significativo”; el Código Penal ecuatoriano tipifica el delito de enriquecimiento ilícito al “incremento injustificado”. Del comparativo de los Estados Parte de la Convención Interamericana, se observa que la mayoría refiere a un

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incremento significativo o desproporcionado, respecto a los ingresos del funcionario.Todo el marco jurídico nacional, incluyendo a la Constitución de la República6, el Código Penal7, la Ley Orgánica del Servicio Público8, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado9, la Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas10, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social11, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública12, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos13, y la Función de Transparencia y Control Social14, tipifica claramente el delito de enriquecimiento ilícito en el ámbito público, sin que se haga lo mismo en el caso privado.El Plan Nacional, además de aportar con una propuesta de reforma legal en esta materia, conciliada con la Constitución, con las demás leyes de la República y en base a la voluntad popular expresada en el Referéndum y Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, que a nivel nacional aprobó la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito privado, propone una serie de esfuerzos de coordinación al interior de la Función Ejecutiva y entre ésta y las demás Funciones del Estado, para prevenir y sancionar los casos de enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos.De la misma forma, dentro de la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, se propone incorporar mecanismos 6 Artículo 2337 Artículo Innumerado después del Art. 2968 Registro Oficial No. 294, de octubre 6 de 20109 Artículo 31, numeral 910 Artículo 811 Artículo 612 Artículo 613 Publicada el 31 de marzo de 2010, Registro Oficial Suplemento No. 16214 Artículo 204 Constitución de la República del Ecuador

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que permitan impulsar la recuperación de los activos producto del enriquecimiento ilícito de actores públicos y privados, como otro esfuerzo por combatir y erradicar la impunidad, ya que se pretende no solamente sancionar el delito, sino recuperar el producto del delito.Para lograr este objetivo, se contará con el aporte de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

5. Institucionalidad requerida para la implementación del Plan

El Plan de Transparencia es una respuesta de la Función Ejecutiva a la problemática compleja de la corrupción en el país, por tanto, su implementación y ejecución no puede ser visualizada como una responsabilidad exclusiva de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión sino del conjunto de instituciones que conforman dicha Función.Se ha previsto desarrollar espacios y acciones de enlace con las principales instancias de administración, como el Consejo de la Administración Pública; y de coordinación, con los Ministerios Coordinadores y las Secretarías Nacionales, de acuerdo a los siguientes esquemas:

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Imagen 14: Esquema de articulación interinstitucional de la Función EjecutivaElaboración: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

6. Estructura

El Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción está contenido en 6 objetivos, 28 estrategias y 55 acciones, con una temporalidad en su ejecución hasta el año 2013, coincidente con la implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir. Se enfatiza también que al ser un Plan de la Función Ejecutiva, su organización estará a cargo de los Ministerios Coordinadores, los Consejos Sectoriales y el Consejo de la Administración Pública; su ejecución la realizarán los Ministerios Sectoriales y demás instituciones ejecutoras, luego de haber establecido las hojas de ruta y los proyectos.

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A continuación se expone el Plan en su conjunto:

Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

Contar con una administración pública ética, transparente y eficiente

Generar mecanismos para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos transparentes, simplificados y de amplio acceso ciudadano. (Instituciones del Buen Vivir)

Articular el mapeo de los trámites de las instituciones públicas para identificar los procesos por automatizar

Contribuir a la implementación del decreto 726 en todas las instituciones del Ejecutivo para que funcionen bajo la coordinación de gestión estratégica que mejore la eficiencia de la administración pública, hasta el 2012

Número de instituciones públicas involucradas en el sistema de información y cooperación / número de instituciones públicas

Fortalecer la puesta en marcha del gobierno electrónico

Coordinar la implementación del gobierno electrónico hasta el 2013

Número de instituciones del ejecutivo que acogen el gobierno electrónico como herramienta de sus procesos / Número de instituciones del Ejecutivo

Implementar medios alternativos que promuevan el acceso de servicios públicos (telefonía fija o móvil, correos e internet)

Incrementar el acceso a la información, transparencia (equidad, eficiencia, democratización) y provisión de servicios públicos en

Numero de trámites realizados a través de medios tecnológicos alternativos

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

las instituciones que participan en el plan piloto, hasta el 2013

Estandarizar formatos de la gestión documental de cada institución

Facilitar el acceso a la información a los servidores que permitan contestar los requerimientos ciudadanos de forma ágil y transparente

Número de instituciones que implementan el formato estandarizado / Número de instituciones de la Función Ejecutivo

Elaborar de manera articulada, una Guía de Trámites y Servicios (información sobre requerimientos, procesos, tiempos y costos de servicios públicos) que brindan las instituciones públicas

Difundir el acceso a la Guía de Trámites y Servicios en el período de un año a partir de la aprobación del Plan en las formas de organización territorial más alejada de las cabeceras cantonales

Número de ciudadanos que acceden a la guía

Compilar la normativa interna relacionada a cada institución de la Función Ejecutiva

Contar con normativa unificada para cada institución, hasta el 2012

Número de instituciones que cuentan con la normativa unificada / Número de instituciones de la Función

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

Ejecutiva

Coordinar con el Consejo de la Administración Pública la capacitación y evaluación de los servidores públicos del ejecutivo en temas de Ética Pública y Conflicto de Intereses

Elaborar con la participación de los servidores públicos, el Código de Ética en las instituciones públicas.

Informar y capacitar sobre el Código de Ética a los servidores públicos de todas las instituciones del Ejecutivo, en el plazo de un año, a partir de su aprobación

Número de servidores públicos que conocen el contenido del código de ética del ejecutivo/ total de servidores públicos

Capacitar y evaluar a los servidores públicos a través de la creación de un Módulo de Transparencia

Implementar el Módulo de Transparencia en las capacitaciones que dicta el MRL en las instituciones públicas y desarrollar un proceso de evaluación hasta el 2013

Número de servidores públicos que han sido evaluados en el módulo de transparencia / número de servidores públicos que han sido capacitados

Proponer la reforma al reglamento de la LOTAIP que contemple criterios para mejorar las políticas de información, transparencia y rendición de cuentas

Estandarizar criterios y formatos de publicación de la información solicitada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)

Implementar los criterios estandarizados de publicación de la LOTAIP en las páginas Web de todas las instituciones indicadas en el Art.. 1 de la Ley, hasta el año 2012

Número de instituciones que publican la información estandarizada / número total de instituciones públicas

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

Estandarizar una metodología de calificación del cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia LOTAIP

Calificar de manera ponderada a la información pública en función de las prioridades ciudadanas hasta el 2013

Número de instituciones que cumplen con la LOTAIP utilizando la metodología / número total de instituciones públicas

Fortalecer los medios y mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones públicas con el propósito de impulsar la gestión transparente

Estandarizar criterios, metodologías y formatos de contenidos de rendición de cuentas

Contar con un formato unificado de rendición de cuentas en las Instituciones públicas hasta el 2013

Número de instituciones que presentan la información en el formato unificado de rendición de cuentas / número de instituciones públicas

Aplicar la Guía elaborada por el Consejo de Participación Ciudadana para evaluar la gestión transparente de los servidores públicos

Contar con una evaluación efectiva y puntual de la gestión transparente de los servidores públicos

Número de procesos enmarcados en el manual / Número total de procesos

Fortalecer una unidad/área de control interno para la rendición de cuentas en las instituciones públicas del Ejecutivo

Contar con una unidad/área de control fortalecida para la rendición de cuentas en las institución públicas del

Número de instituciones públicas con una unidad de control interno fortalecida y en funcionamiento / número de instituciones

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

Ejecutivo hasta el 2013 públicas

Fortalecer la capacidad de control institucional y ciudadano en procesos pre contractuales, contractuales y post contractuales

Elaborar participativamente el Manual de Buenas Prácticas en materia de contratación pública

Promover la aplicación del

Manual de Buenas

Prácticas en todas las

instituciones contratantes, con prioridad

en las 10 entidades con

mayor contratación pública, en cuanto al

monto y a la repercusión

social hasta el 2013

Número de instituciones

que aplican el Manual de

Buenas Prácticas /

instituciones del Ejecutivo

Coordinar con el INCOP y otras instituciones que contratan por régimen especial, para que se exija la trazabilidad en la resolución de los procesos precontractuales y contractuales

Incrementar mecanismos de control que permitan identificar a todos los funcionarios que intervienen en los procesos precontractuales y contractuales hasta el 2013

Monto de inversión y

gasto que se ha realizado

bajo el mecanismo de trazabilidad /

Montos totales de inversión y gasto público

Diseñar una matriz de evaluación de transparencia para que los oferentes califiquen los

Adoptar la matriz de evaluación de transparencia en todos los procesos que sumen el 80%

Número de procesos monitoreados / Número de procesos que sumen el 80%

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

procesos al momento de enviar las ofertas

de inversión pública hasta el 2013

Implementar con el INCOP y otras instituciones, modelos de transparencia para su aplicación en los procesos de contratación pública

Elaborar una matriz de riesgos que genere alertas de actos de corrupción en procesos de contratación pública

Identificar procesos en los que presumiblemente existan actos de corrupción, sin interferir en las competencias del INCOP hasta el 2012

Número de alertas de posibles actos de corrupción / total de procesos de contratación

Proponer reformas al reglamento de la ley de contratación pública en las que se incluyan los justificativos de los componentes del agregado nacional

Monitorear el cumplimiento de las reformas propuestas en los procesos de contratación pública hasta el 2012

Número de procesos monitoreados/total de procesos

Incorporar a los Sectores Energéticos Renovable y No Renovable en el Sistema Nacional de Contratación Pública

Transparentar los procesos de contratación pública de los Sectores Energéticos Renovables y No Renovable, hasta el 2013

Porcentaje de procesos de contratación pública de estos sectores incluidos en el sistema / Porcentaje de procesos de contratación del sector

Controlar los procesos de

Proponer una reforma para

Garantizar que la entidad

Número de mecanismos de

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

proveedor único y giros de negocio

crear mecanismos de certificación de proveedores únicos y regulación de giros de negocio

competente certifique a los proveedores únicos y regule los giros de negocio hasta el 2013

certificación de proveedores únicos y regulación de giros de negocio en funcionamiento

Apoyar a la implementación de un mecanismo de denuncias en las instituciones de la Función Ejecutiva

Implementar en todas las instituciones de la Función Ejecutiva, un sistema unificado de información, registro y seguimiento de denuncias

Contar con un sistema de información, registro y seguimiento de denuncias unificado hasta el 2013

Número de instituciones de la Función Ejecutiva que incorporan el mecanismo de denuncia unificada / Número de denuncias referidas

Apoyar a la aplicación de mecanismos de protección legal al denunciante

Desarrollar reformas normativas tendientes a la protección de denunciantes por presuntos actos de corrupción

Contar con reformas normativas aprobadas tendientes a la protección de denunciantes hasta el año 2012

Número de denunciantes protegidos por reformas normativas/Número de denunciantes

Fortalecer la participación ciudadana, el control social y la cultura de transparencia

Desarrollar procesos de formación ciudadana en valores

Proponer contenidos de transparencia, participación democrática y otros valores de lucha contra la corrupción en mallas curriculares de educación básica y bachillerato

Desarrollar plan piloto de inclusión de contenidos de transparencia en la malla curricular en el año lectivo 2012 - 2013 de instituciones educativas de

Número de escuelas y colegios que incluyen contenidos de transparencia en su malla curricular

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

las tres provincias con mayor población del país

Incentivar la formación ciudadana a través de concursos y otras actividades en escuelas, colegios y universidades que persigan incrementar valores de transparencia e intolerancia a la corrupción

Incrementar el número de actividades que rescatan valores de transparencia e intolerancia a la corrupción en establecimientos educativos hasta el 2013

Número de concursos y otras actividades patrocinados e implementados a nivel nacional

Implementar un espacio televisivo en temas de transparencia, publicitado en redes sociales

Producir una temporada (22 capítulos) televisada hasta el 2013

Porcentaje de "rating" que el programa logra en la audiencia objetivo

Desarrollar una campaña edu-comunicacional para empoderamiento de conceptos y prácticas asociadas con la transparencia

Implementar una campaña nacional para la comprensión de la transparencia hasta el 2013

Número de sondeos de opinión sobre los impactos de la campaña

Establecer acuerdos de responsabilida

Crear espacios de diálogo con la sociedad

Suscribir un acuerdo de responsabilid

Número de acuerdos suscritos/Númer

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

d con las organizaciones de la sociedad civil civil sobre

temáticas de transparencia y lucha contra la corrupción

ad por provincia, que fortalezca las capacidades de vinculación, aprendizaje y organización de la sociedad civil hasta el 2013

o de espacios de diálogo institucionalizados en cada provincia

Generar la apropiación creativa y transparente del espacio público

Articular esfuerzos entre artistas, deportistas, organizaciones, instituciones y ciudadanos para propiciar un observatorio permanente interactivo en el que el ciudadano sea vigilante

Intervenir en 24 espacios de convivencia, uno por provincia, hasta el 2013

Número de personas que participan / Población focalizada por provincia

Coordinar propuestas de participación ciudadana con la sociedad civil

Implementar concursos que reconozcan iniciativas ciudadanas enfocadas a prácticas de transparencia

Implementar los proyectos ganadores, al menos uno por región,

hasta el 2013

Número de proyectos ganadores

implementados

Desarrollar una campaña de empoderamiento de los derechos y deberes relacionados a la participación

Ejecutar una campaña nacional para la comprensión de los derechos y deberes

Número de sondeos de opinión sobre los impactos producidos por la campaña

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

hasta el 2013

Contribuir a la generación de espacios de participación ciudadana en temas de transparencia

Articular con otras instituciones de la Función Ejecutiva, la creación de veedurías ciudadanas en procesos vulnerables a la corrupción

Incentivar la participación ciudadana en las veedurías de procesos vulnerables, seis meses después de la implementación del Plan

Número de veedurías / Número de procesos detectados

Implementar un sistema de monitoreo y evaluación a las veedurías instauradas

Monitorear los cambios propuestos a partir de los procesos de veeduría hasta el 2013

Número de iniciativas promovidas

Fomentar la creación de veedurías, con la participación de estudiantes de los últimos años de universidad, involucrándolos en la responsabilidad frente a la gestión de lo público

Contar con veedurías conformadas por estudiantes universitarios, hasta el 2012

Número de veedurías conformadas por estudiantes universitarios

Generar mecanismos de reacción social frente a los actos de corrupción

Desarrollar campañas que fomenten una cultura de intolerancia a los actos de corrupción en la ciudadanía

Implementar campañas orientadas a fortalecer una cultura ciudadana de intolerancia a la corrupción

Número de campañas desarrolladas con impacto a nivel nacional, a partir del primer año de vigencia del plan

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

hasta el 2013

Resaltar las experiencias exitosas de transparencia y lucha contra la corrupción

Incrementar los mecanismos para multiplicar las experiencias exitosas ciudadanas en prácticas transparentes

Socializar los mecanismos existentes para incentivar estas experiencias hasta el 2013

Número de mecanismos existentes para resaltar las experiencias exitosas

Impulsar mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector privado

Desarrollar herramientas de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción en el sector privado

Fortalecer los espacios integrados por representantes del sector público, privado y de la sociedad civil, encargados de generar diálogo para la elaboración de una agenda temática de lucha contra la corrupción y gestión transparente

Estructurar un Consejo Consultivo en un período de 6 meses

Consejo Consultivo

integrado por los tres

sectores: público, privado y sociedad civil

Incentivar buenas prácticas en la gestión de la empresa privada

Desarrollar un manual de buenas prácticas empresariales basadas en la transparencia

Impulsar la implementación del manual en las empresas privadas, a través de 5 gremios y 5 asociaciones en un período de 12 meses a partir de la aprobación del Plan

Número de gremios y

asociaciones que

implementan el manual

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Ejecutar un plan comunicacional orientado a promover buenas prácticas de la empresa privada, a través de los diferentes gremios y asociaciones

Ejecutar un plan comunicacional en la empresa privada, a través de los diferentes gremios y asociaciones hasta el 2013

Porcentaje de avance en la ejecución del

plan comunicacional

Incrementar una cultura de transparencia en la empresa privada, ligada a la responsabilidad social empresarial

Fortalecer la implementación de modelos de responsabilidad social empresarial en el sector privado, basados en un Pacto de Compromiso y Responsabilidad Social

Propiciar la adopción de modelos de responsabilidad social en 25 empresas, en un período de 12 meses, a partir de la aprobación del Plan.

Número de empresas

privadas que adoptan

modelos de responsabilidad

social

Articular esfuerzos interinstitucionales para consolidar una certificación de transparencia de gestión en empresas privadas,

Crear el sello "Soy Honesto" para incentivar buenas prácticas de transparencia

Contar con la metodología de certificación de transparencia hasta el año 2013

Metodología para la certificación del sello de transparencia

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

gremios empresariales y gremios profesionales que incentive el vínculo público-privado en la lucha anticorrupción

Generar un Sistema de Medición de la Corrupción

Institucionalizar el Sistema de Medición de la Corrupción en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Promover el desarrollo de la Metodología INEC de cálculo del índice e indicadores de transparencia y corrupción

Dos mediciones del Índice de Corrupción Estandarizado e Indicadores de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción hasta el 2013

Número de Mediciones del Índice de Corrupción Estandarizado e Indicadores de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

Gestionar el levantamiento y procesamiento de información de las encuestas de corrupción en los niveles definidos en la metodología diseñada

Gestionar la institucionalización del Sistema de Medición de la Corrupción

Difundir los resultados del Sistema de Medición de la Corrupción

Gestionar la Definir las Al menos Número de 80

Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

elaboración de estudios cualitativos en las instituciones que se requiera, en base a los resultados obtenidos por los Indicadores de transparencia

instituciones que necesitan estudios cualitativos de corrupción cuatro

estudios institucionales, sectoriales o regionales realizados hasta 2013

estudios cualitativos realizados en instituciones, sectores o regiones

Propiciar la elaboración de estudios cualitativos de corrupción

Difundir los resultados de estudios cualitativos de corrupción

Articular acciones con las demás Funciones del Estado

Incrementar mecanismos conjuntos de investigación e información entre las funciones del Estado

Crear, conjuntamente entre las Funciones Judicial, de Transparencia, Legislativa, Electoral y Ejecutiva, una herramienta informática de fácil uso para la ciudadanía, que permita el libre acceso a los procedimientos administrativos y judiciales

Facilitar el acceso a la información

de procedimient

os institucionale

s, hasta el 2013

Número de ciudadanos beneficiados

por el uso de la herramienta

Coordinar la creación de un mecanismo de Asesoría Legal Ciudadana entre las Funciones Ejecutiva,

Implementar al menos un mecanismo de Asesoría

Legal Ciudadana, en todas las provincias,

Número de mecanismos

implementados

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

Transparencia y Judicial, para que se orienten los trámites y procedimientos de interés ciudadano, vinculados a temas de corrupción.

hasta el 2013

Diseñar un mecanismo de auditoría como un elemento de gestión de conocimiento para temas de prevención

Identificar fortalezas y debilidades en el área judicial y

administrativa en la

Procuraduría, Contraloría, y

las instituciones del ejecutivo que permita mejorar sus

servicios hasta el 2012

Mecanismo de auditoría procesal diseñado

Construir, de manera conjunta entre las Funciones Judicial, Transparencia y Ejecutiva, un programa de formación especializada para operadores judiciales en materia de enriquecimiento ilícito y otros delitos

Insertar módulos de capacitación obligatoria para servidores judiciales que mejoran su conocimiento jurídico sobre delitos de enriquecimiento ilícito y los otros delitos conexos, hasta el 2013.

Número de servidores judiciales capacitados.

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

conexos.

Estandarizar mecanismos de información para la investigación

Implementar un sistema de información y cooperación interinstitucional en procesos investigativos

Contar con el sistema único de información y cooperación hasta el año 2013, en pleno funcionamiento

Número de instituciones públicas involucradas en el sistema de información y cooperación / número de instituciones públicas

Combatir el enriquecimiento ilícito

Preparar una propuesta de reforma legal, en materia de enriquecimiento ilícito, conciliada con la Constitución de la República, Código Penal e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador

Proponer reformas a las normativas vigentes relativas al delito de enriquecimiento ilícito, delitos conexos y mecanismos anticorrupción

Contar con un proyecto de reformas a la normativa, hasta el 2012

Proyecto de reformas elaborado

Aportar a la implementación de iniciativas y procedimientos para prevenir los casos de enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos

Impulsar la creación de Áreas de Estudio especializadas en universidades para incorporar el estudio de la corrupción, trasparencia y delitos

Incorporación de un Área de Estudio especializada en el IAEN, hasta el 2013

Área de Estudio especializada creada

Impulsar la articulación interinstitucional para la

Diseñar una agenda conjunta para coordinar

Mejorar los niveles de coordinación interinstitucio

Número de entidades que trabajan de manera

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Objetivo Estrategias Acciones Metas Indicadores

investigación y prevención en materia de enriquecimiento ilícito

acciones entre las entidades involucradas

nal en materia de enriquecimiento ilícito hasta el 2013

coordinada

Generar mecanismos de recuperación de los activos provenientes de enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos

Establecer la diferencia existente entre el valor del producto del enriquecimiento ilícito y la valoración comercial de los activos

Recuperación del monto que perdió el Estado por estos delitos, hasta el 2013

Valor recuperado por el Estado / valor total producto del delito

7. Estrategia de monitoreo y evaluación

Para implementar el monitoreo y evaluación, se desarrollará una herramienta metodológica, articulada a la metodología SENPLADES y al Gobierno Por Resultados, GPR, que permita acompañar la gestión de los proyectos que cada institución de la Función Ejecutiva se haya planteado, con el propósito de mejorar la transparencia; y, comunicar a la ciudadanía sobre logros y avances encaminados al cumplimiento de los objetivos. Esta herramienta aportará no solo para establecer los niveles de cumplimiento y avance, sino que ayudará a evaluar y mejorar el propio proceso de planificación, revisión, actualización y adecuación de los objetivos del Plan y de las políticas públicas en materia de transparencia, que se encuentren relacionadas.

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La evaluación continua exige la coordinación efectiva del monitoreo del Plan, por lo que es importante asegurar la homogeneidad de los datos, la recopilación y elaboración de la información obtenida en los tiempos marcados y la participación de todas las instituciones responsables de los proyectos; en este sentido, la herramienta GPR aportará de manera significativa al cumplimento de este propósito.Se tomará en cuenta los indicadores para cada proyecto y estrategia del Plan procurando que, de una forma sencilla, se analice el grado de cumplimiento de cada objetivo establecido, los resultados obtenidos, su impacto para alcanzar una gestión pública ética y transparente y la erradicación de la cultura de tolerancia a la corrupciónEl monitoreo y evaluación de los proyectos que desarrolle el Plan de Transparencia, estará a cargo del Consejo de la Administración Pública, los Ministerios Coordinadores y la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.

8. Glosario de términos

TransparenciaEs el comportamiento y la actitud que permite a todas las personas, organizaciones e instituciones, mostrar sus acciones e información para que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones (SNTG)

CorrupciónEs un conjunto de acciones u omisiones orientado a obtener beneficios individuales o de grupo en deterioro del bienestar común (SNTG)

Ética85

Es el conjunto de principios socialmente acordados que guardan coherencia entre “el pensar y el actuar” y que orientan el comportamiento individual basado en valores.

Ética PúblicaSe refiere al comportamiento de los servidores públicos, los políticos y sus creaciones institucionales (como el Estado, el servicio público, etc.). La Ética Pública es más rigurosa que la Ética privada, ya que se trata de acciones que involucran los recursos públicos. La ética privada se refiere a acciones que involucran recursos propios o ajenos, pero no de todos. En la corrupción administrativa hay usurpación de lo social por lo individual o particular.HonestidadCualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad implica la relación entre el sujeto y su entorno social.

LealtadTiene que ver con la existencia de sentimientos hacia entes abstractos tales como la Nación, las instituciones que la componen y en todos estos casos se hacen visibles a través de la defensa de los ideales que esas entidades representan. La lealtad hacia un objetivo común es la base de todas las organizaciones sociales y culturales en las cuales los propósitos son compartidos por todos los miembros; en tal razón es necesario propiciar incentivos a los individuos que promuevan estos principios desde el lugar que ocupan en la

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sociedad (servidores, empleados, familias, etc.) y normas básicas de conducta que la fomenten. ResponsabilidadEs una actitud consciente que ayuda a convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en el plano familiar, amistoso, profesional o personal. Ser responsable es tratar de que todos los actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.ProbidadEs la cualidad que define socialmente a una persona íntegra, a alguien que cumple sus deberes sin fraudes, engaños ni trampas. En el ejercicio de lo público, y en especial en el manejo de los recursos, la probidad es un valor imprescindible, que debe estar acompañado por la transparencia, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas, las veedurías y el control ciudadano.RespetoComo la honestidad y la responsabilidad, el respeto es un valor fundamental para hacer posible las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las personas; estos valores son indispensables para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales.IgualdadHa caracterizado parte de las aspiraciones de la sociedad moderna. Sin embargo, esas proclamas de igualdad no siempre se ven satisfechas en la práctica. Las divisiones y discriminaciones entre seres humanos no han desaparecido, y hasta cierto punto, se han agudizado. Por ello, muchas personas piensan que la igualdad entre los seres humanos es una utopía sin base real y con ello se resignan a justificar, las divisiones y desigualdades sociales.

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Administración PúblicaEl conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin (Bienestar General), a través de los Servicios Públicos, regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el Derecho Administrativo.

Política PúblicaEs el conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita atención, interés, y movilización de otros actores de la sociedad. Las Políticas Públicas  se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Es el nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y organizador.

Gestión públicaEs el conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar y coordinar acciones, cuyo carácter público está condicionado a perseguir metas colectivas, enmarcadas en un marco jurídico.

Rendición de cuentasEs la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los gobernantes. Este concepto incluye a los servidores públicos y engloba la obligación de ellos de responder por una responsabilidad que le fuera conferida. El concepto de rendición de cuentas según Andreas Schedler se fundamenta en tres características: i) la información, ii) la justificación y, ii) la sanción

Participación CiudadanaEs la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad o país. Dicho de otro modo, para que una ciudad o un país modernos proporcionen

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los mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos.

La participación ciudadana es parte esencial de un sistema democrático; por lo tanto, es de gran importancia generar los espacios que contribuyan a que los derechos y deberes institucionalmente establecidos, sean efectivamente reconocidos y ejercidos.

CiudadaníaUn ciudadano es un miembro de una comunidad política y la condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos. La ciudadanía se puede definir como el derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autoregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público.

CulturaLa cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano y son transmitidos desde una generación a la siguiente.

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