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-1- Departamento de Transcripciones CONGRESO DE LA REPÚBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001 COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR LOS DELITOS ECONÓMICO- FINANCIEROS PERPETRADOS EN EL PERÍODO 1990 AL 2001 EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN, EL USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL SALVATAJE DE EMPRESAS BANCARIAS Y NO BANCARIAS, LICITACIONES PÚBLICAS, EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CONFORMAR UNA RED DE CORRUPCIÓN, EL USO DE LA SUNAT Y ADUANAS COMO MECANISMO DE CHANTAJE Y PRESIÓN O DE EVASIÓN TRIBUTARIA Y EL MAL USO DE DONACIONES Y OTRAS AYUDAS RECIBIDAS, ENTRE OTROS (Sesión Reservada) VIENES 22 DE MARZO DE 2002 PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS A las 11 horas y 31 minutos se inicia la sesión. El señor PRESIDENTE.Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión. Están de viaje los otros miembros de la comisión, de manera que estamos con el congresista Mena y la Presidencia de la Comisión. Hemos invitado al señor José Mejía Regalado a la Comisión, a efectos de contribuir a esclarecer las circunstancias del proceso que implicó a la empresa San Jacinto y a la venta de las acciones de sus trabajadores y ex trabajadores jubilados a las entidades que la adquirieron, me refiero a la Corporación e Inversiones Progreso y la empresa denominada GatoSol, con sede en Islas Vírgenes. El objeto de la invitación al señor Mejía es poder esclarecer algunos hechos de este proceso y poder aclarar su rol y participación en el mismo. La Comisión ha recibido en la carta del señor Mejía. Hemos tomado conocimiento el día de hoy. Pero creo que lo mejor sería con su presencia aquí, que pudiera precisar los detalles. Como sabe el señor Mejía Regalado, ésta es una comisión investigadora del Congreso. Esta comisión no hace sesiones públicas. De manera que todo el personal que hay aquí es personal de asesores, juramentados de la comisión. Puede, por supuesto, al salir, hacer la declaración que considere conveniente personalmente, pero esta comisión no hará ninguna declaración hasta que no emita informes respecto al tema, para que conozca estas características. Normalmente, en el desarrollo de las invitaciones, lo que hacemos es solicitarles a los invitados si pueden presentarnos un currículum de su actividad profesional, personal, así como su actividad en el sector público. Y se lo pedimos por escrito. No sé si en este caso así se lo han solicitado. ¿No ha sido así? Entonces, yo le pediría si quisiera resumirnos un poco su currículum en términos de actividades profesionales y en el sector públicos las centrales y quizás luego alcanzarnos un recuento del mismo por escrito para que, si se hubiera escapado algo en una

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Page 1: CONGRESO DE LA REPÚBLICA PRIMERA … · en primer lugar, asesorando al ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, con el ministro de Agricultura, del gobierno de Belaunde. Del 85 al 87

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Departamento de Transcripciones

CONGRESO DE LA REPÚBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001

COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR LOS DELITOS ECONÓMICO-

FINANCIEROS PERPETRADOS EN EL PERÍODO 1990 AL 2001 EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN, EL USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL SALVATAJE DE EMPRESAS BANCARIAS Y NO BANCARIAS, LICITACIONES PÚBLICAS, EL USO DE RECURSOS

PÚBLICOS PARA CONFORMAR UNA RED DE CORRUPCIÓN, EL USO DE LA SUNAT Y ADUANAS COMO MECANISMO DE CHANTAJE Y

PRESIÓN O DE EVASIÓN TRIBUTARIA Y EL MAL USO DE DONACIONES Y OTRAS AYUDAS RECIBIDAS, ENTRE OTROS

(Sesión Reservada)

VIENES 22 DE MARZO DE 2002 PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS

—A las 11 horas y 31 minutos se inicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.— Buenos días.

Vamos a dar inicio a la sesión. Están de viaje los otros miembros de la comisión, de manera que estamos con el congresista Mena y la Presidencia de la Comisión.

Hemos invitado al señor José Mejía Regalado a la Comisión, a efectos de contribuir a esclarecer las circunstancias del proceso que implicó a la empresa San Jacinto y a la venta de las acciones de sus trabajadores y ex trabajadores jubilados a las entidades que la adquirieron, me refiero a la Corporación e Inversiones Progreso y la empresa denominada GatoSol, con sede en Islas Vírgenes.

El objeto de la invitación al señor Mejía es poder esclarecer algunos hechos de este proceso y poder aclarar su rol y participación en el mismo.

La Comisión ha recibido en la carta del señor Mejía. Hemos tomado conocimiento el día de hoy. Pero creo que lo mejor sería con su presencia aquí, que pudiera precisar los detalles.

Como sabe el señor Mejía Regalado, ésta es una comisión investigadora del Congreso. Esta comisión no hace sesiones públicas. De manera que todo el personal que hay aquí es personal de asesores, juramentados de la comisión. Puede, por supuesto, al salir, hacer la declaración que considere conveniente personalmente, pero esta comisión no hará ninguna declaración hasta que no emita informes respecto al tema, para que conozca estas características.

Normalmente, en el desarrollo de las invitaciones, lo que hacemos es solicitarles a los invitados si pueden presentarnos un currículum de su actividad profesional, personal, así como su actividad en el sector público. Y se lo pedimos por escrito. No sé si en este caso así se lo han solicitado. ¿No ha sido así? Entonces, yo le pediría si quisiera resumirnos un poco su currículum en términos de actividades profesionales y en el sector públicos las centrales y quizás luego alcanzarnos un recuento del mismo por escrito para que, si se hubiera escapado algo en una

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esquemática síntesis que pudiera hacer ahora, pudiera quedar registrada. Y luego pudiéramos entrar directamente al tema.

Le rogaría que para intervenir aprete el botón del micro, a efecto de que quede grabada la intervención.

El señor MEJÍA REGALADO.— Gracias, señor Presidente.

Bueno, yo soy sociólogo. Me especialicé en temas agrarios. Quisiera resumir, para interés de la comisión, dos aspectos: mi vinculación con el sector azucarero y mi vinculación con el sector público, que creo que son los pertinentes para esta comisión.

En 1969 tuve la suerte de participar en la afectación de las haciendas azucareras. El 25 de junio llegué a Cayaltí como parte del equipo de cooperativización de Cayaltí. Entonces, desde 1969 tengo vinculación con las organizaciones sindicales, cooperativas y empresariales azucareras.

He sido asesor de la Central Nacional de Empresas campesinas, asesor de la Federación de Trabajadores Azucareros, asesor de la Comisión de Reestructuración de Secoap, asesor de Secoap. He participado en la formación de la Asociación Peruana de Productores del Azúcar y, con empresas individuales, he estado vinculado con Chiclín, como Director, con Chucarapi, como Director Gerente; con Cayaltí, como Gerente; y con otras empresas, como asesor de, por ejemplo, Casagrande, de los Jubilados, de Tumán, de los Jubilados. Entonces, tengo un conocimiento del sector azucarero de más o menos 30 años.

Profesionalmente, el año 1984 entré a trabajar al Banco de la Nación, como asesor de la Presidencia, cargo que desempeñé hasta 1994, en que me retiré aprovechando los incentivos. De 1984 a 1994 fui destacado por el Banco de la Nación a trabajar con diversos ministros, trabajé, en primer lugar, asesorando al ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, con el ministro de Agricultura, del gobierno de Belaunde. Del 85 al 87 con el doctor Luis Alva Castro, como asesor del Ministerio de Economía. En 1987, con el ingeniero Remigio Morales Bermúdez, como Ministro de Agricultura. En 1990, con el Ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, de nuevo, como Ministro de Economía. Y a partir de 1991, con el Ingeniero Absalón Vásquez, primero como Viceministro de Agricultura. Y hasta 1994, como Ministro de Agricultura, fecha en la cual dejé el Banco de la Nación y el sector Público. Posteriormente, desde 1996 hasta la fecha me desempeño como asesor de la Presidencia de la empresa Aerocontinente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.

Señor Mejía, ¿usted fue representante de la empresa Futura S.A. en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria firmado entre la Corporación e Inversiones Progreso y San Jacinto?

El señor MEJÍA REGALADO.— No.

El señor PRESIDENTE.— ¿Estuvo usted enterado de los alcances del referido préstamo?

El señor MEJÍA REGALADO.— Sí. Lo que... en relación a San Jacinto, aunque ustedes ya lo deben conocer, yo me vinculé con la empresa Agroindustrias San Jacinto en 1995, cuando hubieron dos intentos de grupos privados por hacerse de la propiedad. El primero fue un intento que encabezaron los señores Felipe Sacio y José Luque de Lara, vinculados al Banco de Comercio.

Ellos, a través de un préstamo de 150 soles y la entrega de una canasta de Navidad, alquilaron las acciones de San Jacinto y se hicieron del Directorio. En ese momento fui convocado por el sindicato de trabajadores y la Asociación de Jubilados para asesorarlos en el rechazo a esta medida, lo que conseguimos porque una junta general de accionistas acabó con este intento.

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Posteriormente, el Banco de Crédito del Perú intentó comprar San Jacinto pagando un millón de dólares por el 51% de las acciones. Argüía que en el balance las acciones de San Jacinto no valían nada y propuso que, con una ampliación del capital, hacerse del 51%.

También fui llamado por el sindicado y la Asociación de Jubilados para analizar esta propuesta, que se discutió incluso en la sede del Banco de Crédito, en La Molina, con todos los representantes. Y también fue rechazada.

Posteriormente, fui contratado como consultor por la empresa Futura S.A., que representaba el señor Federico Cunio de la Piedra, y de la cual yo, como he puesto en mi carta, no he sido ni accionista, ni Director, ni representante, para elaborar un diagnóstico de San Jacinto, que es éste. Entonces, de acuerdo a mi especialidad, esto lo trabajé con dos ingenieros de la empresa Tecno-Azúcar, de Cuba, Ingeniero Oliver Trimeño y Santiago Murciego, y presentamos este documento de futura y este documento fue presentado en una Junta General de Accionistas de San Jacinto. Ésa fue mi participación como consultor absolutamente temporal respecto a Futura.

Conforme a lo normal, porque no tengo cuenta corriente en los bancos, recibí un pago de 9 mil soles, que está consignado en mi Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, de 1996, que podría demostrar. Ésa fue toda mi vinculación con Futura.

El señor PRESIDENTE.— ¿Podría dejarnos una copia del Estudio, señor Mejía? Quizás podemos nosotros hacerla fotocopiar, si es el único ejemplar que tiene, mientras estamos conversando.

El señor MEJÍA REGALADO.— Sí, perfecto. Okay.

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted tuvo alguna relación en ese período, mientras hacía la consultoría con futura o en función de su relación con el proceso de las azucareras con la elaboración de la legislación respecto de las cooperativas azucareras, la capitalización de las acreencias que tenía con el Estado, en concreto, respecto al Decreto Legislativo N.° 802, del 12 de marzo del año 96?

El señor MEJÍA REGALADO.— Sí, bueno. Como es conocido, yo tenía una relación de larga data con el ingeniero Absalón Vásquez, que se inició en 1972, cuando él era Presidente de la Asociación de Comensales, de la Universidad Nacional Agraria, y alojó a los trabajadores de la Hacienda Huando, que estaban en huelga en esa universidad, cosa que casi le cuesta no poderse graduar porque le pasaron la factura de todo lo que habían consumido los 45 días que estuvieron allí. Yo lo conocí al ingeniero Vásquez el año 72 y desde allí somos amigos, lo cual motivó que él me llamara para apoyarlo cuando fue ministro.

Posteriormente al fin de mi destaque en el Banco de la Nación, como ocurre con otras personas, me llamaba a consultarme informalmente sobre todo temas relacionados a la industria azucarera. Y yo conocía el Decreto N.° 802, y di algunas sugerencias puntuales. Tanto al Decreto 802 como a su Reglamento, por ejemplo, el aplicar el desagio a las deudas infladas que los proveedores tenían en todas las empresas, y por eso se incluyó en una norma que reconocía como interés el fijado por el Banco Central de Reserva.

Otro aspecto puntual que yo recomendé fue la capitalización sólo del 50% de los beneficios sociales porque el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas planteaba el 100%. Yo pensaba que esto era inviable. Pero fueron todas consultas de tipo informal en los momentos en que era requerido, a veces personalmente, a veces por teléfono.

Sí había una comisión que elaboró el 802. Estuvieron el doctor Octavio Chirinos, el doctor Jorge Eugenio Catañeda, el doctor Jorge Arana Coa, pero yo nunca participé formalmente en esa comisión, sino cuando era consultado.

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El señor PRESIDENTE.— ¿El doctor Arana Coa fue parte de la comisión que elaboró el 802?

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— ¿Y esta comisión estaba rentada por el Estado? ¿Era conformada por asesores rentados? ¿Era conformada por funcionarios destacados o por funcionarios del Ministerio de Agricultura?

El señor MEJÍA REGALADO.— Sí, entiendo que el doctor Chirinos y el doctor Castañeda eran pagados con algún organismo de cooperación internacional, mientras que el doctor Arana trabajaba ad honórem porque él es asesor legal de casi la mayoría de las empresas azucareras.

El señor PRESIDENTE.— ¿De las empresas azucareras privatizadas?

El señor MEJÍA REGALADO.— Pero antes lo fue de las cooperativas. El doctor Arana fue el Jefe de Asesoría Legal de Cecoap hasta 1981. Y a partir de esa época comenzó a desempeñarse como asesor legal de las cooperativas y participó en una comisión que preparó el 802 y después fue asesor legal de las empresas ya privatizadas.

El señor PRESIDENTE.— ¿El doctor Arana Coa tuvo la misma militancia partidaria que el señor Vásquez?

El señor MEJÍA REGALADO.— No.

El señor PRESIDENTE.— En el caso del señor Arana Coa, él trabajó en la elaboración de este decreto, ad honorem, llamémosle así. Y en el caso de los otros dos señores, ellos intervenían pagados por una orden internacional. ¿PNUD en particular?

El señor MEJÍA REGALADO.— Creo que fue el PNUD. Y el doctor Pedro Chirinos era Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Agricultura, y el doctor Jorge Eugenio Castañeda el Jefe de Asesoría Legal.

El señor PRESIDENTE.— ¿Y qué rol tuvo usted o qué conoce usted de las siguientes normas que se dan en el sector porque fue particularmente profusa la legislación, y en muchos casos contradictoria, y en ocasiones hubieron normas que pretendían (2) legitimar hechos ya producidos en este campo.

¿Cómo podría usted describirnos cómo se produjo la elaboración y el desarrollo de los diversos dispositivos que se dieron en este terreno, siempre participó el mismo equipo?

El señor MEJÍA REGALADO.— Sí el mismo equipo fue, básicamente, el responsable. Todo el tiempo que el Ministro Vásquez estuvo en el cargo.

Lo que sucede es que habría que contextuar, en 1992 el ingeniero Jaime Yoshiyama propone la intervención militar de las empresas azucareras y el diario Expreso desarrolla una campaña diciendo que las mejores tierras del país deben ser expropiadas a los trabajadores que han llevado la crisis a las empresas y entregadas al Estado por las deudas.

Ante esta propuesta dentro del gobierno, el Ministerio de Agricultura desarrolla una alternativa. Yo como le digo en la carta, precisamente, acabo de terminar un trabajo sobre la privatización. Les puedo enviar el disquete, creo que sería más sencillo si es que les es útil.

Donde están todos los documentos, declaraciones de la época mientras que el Ministerio de Economía pedía la intervención, el Frente de Defensa de la Industria Azucarera planteaba una nueva condonación de la deuda y empezar de cero, entonces, entre estas dos alternativas es que

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se genera lo que sería el 802.

El señor PRESIDENTE.— Pasan cuatro años, ¿no? entre 1992 y 1996.

El señor MEJÍA REGALADO.— Exacto. Es que no existía la viabilidad política para aplicar ninguna política respecto a las azucareras.

Yo en el libro menciono, que por ejemplo, Tumán y Pomalca, creo que el año 1994, son tomados militarmente so pretexto de terrorismo y si no me equivoco, la Séptima División Ligera de Lambayeque toma Tumán y Pomalca militarmente so pretexto de terrorismo y sustituye a los gerentes. Es una situación muy tensa donde no había la viabilidad política para que ni el Proyecto del Ministerio de Economía ni el de Agricultura, prosperaran.

Recién cuando Chiclín se separa de Cartavio por la fuerza, se genera una nueva situación política y entonces, empiezan a trabajar los dispositivos.

El 802 es un esfuerzo aproximativo intermedio que se va adecuando a la realidad, efectivamente, tiene muchas normas contradictorias y yo les pedí acá una digresión. O sea, divido las privatizaciones, las espontáneas, Paramonga y San Jacinto, donde se pagan los beneficios sociales a los trabajadores,

Las normadas que son Cartavio, Laredo, Chucarapi y Pucalá. En las normadas yo distingo las privatizaciones sucias Cartavio, Pucalá y Chucarapi; donde no se pagan los beneficios sociales se incumple la ley o se crean dispositivos específicos para ayudar a la toma de control de los grupos inversionistas de Laredo, Chiquitoy, que me parecen a mi privatizaciones más limpias porque por lo menos no se viola la ley y se pagan los beneficios sociales.

Hay opiniones que dicen que lo de Laredo o los amigos Picaso, por ejemplo, que en Laredo no se consideró la propuesta que ellos presentaron, entonces, el señor Gudman manipuló a que se aceptara solamente la oferta colombiana y no la de ellos. Pero en términos generales, a mi me parece que la de Laredo por haber respetado la ley más que las otras y poder pagado los beneficios sociales, podría ser más limpia que las otras tres.

Entonces, después del 802, efectivamente, una serie de dispositivos que son contradictorios y muchos de ellos, por ejemplo, los de Pucalá que son ad hoc para que se tome el control o Cartavio, son dispositivos hechos para que tome el control o para sancionar hechos consumados.

A muchos de los cuales, di mi opinión en contra, por ejemplo, ustedes encontrarán un decreto cero de Pucalá en el cual un decreto de urgencia quien consulta el ingeniero Vásquez, donde yo planteo que la CTS deben pagarse a cinco años. Y, a los dos días el doctor Arana saca una fe de erraras que dice que hay que pagarlos en diez año. En dos días cambió el decreto con una fe de erratas.

El señor PRESIDENTE.— En este proceso de elaboración de la legislación, ¿tenía intervención personal de algún otro ministerio distinto al de Agricultura?

El señor MEJÍA REGALADO.— Bueno, lo que le cabra al Ministerio de Agricultura era la capacidad de iniciativa, pero el Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros, permanentemente, tenían intervención modificando o ampliando o reduciendo las propuestas de Agricultura.

El señor PRESIDENTE.— El proceso de capitalización a las deudas tributarias del Estado y el llamado a que los trabajadores capitalicen el 50% de su Compensación por Tiempo de Servicios y el 100% de sus beneficios laborales adicionales o distintos a la CTS, entiendo yo, apuntaba presentarles a los trabajadores la idea de que esto permitiría buscar un socio estratégico para los

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accionistas y que estos considerarían de esta manera el capital necesario para reactivar la actividad empresarial, implicó colocar como un centro fundamental de la propuesta, el que los trabajadores pongan en el destino de la empresa, una buena parte; yo diría la mayoría de sus derechos sociales.

Sin embargo, en términos prácticos esto produce una participación accionaria que es luego otra vez licuada por una nueva capitalización del Estado de deuda tributaria.

¿Usted tuvo participación en esa adición? Si la conoce o tuvo participación, ¿por qué se optó por este camino y por qué no se tomaron mecanismos que garantizaran a los trabajadores accionistas una protección del porcentaje de participación que tenían en la empresa? Cuando de buena fe habían procedido a una capitalización de su CTS y del 100% de sus otros beneficios.

El señor MEJÍA REGALADO.— Hasta donde entiendo, el propósito de la capitalización era sincerar la situación de las empresas.

Las empresas vivían una situación ficticia, o sea, fueron regaladas tres veces. La primera por la Reforma Agraria 69 que determinó que los beneficios sociales eran el aporte de capital de los trabajadores a la empresa, iban contra la deuda agraria. Cuando con la participación del Presidente de esta comisión en la Asamblea Constituyente se aprueba la condonación de la deuda agraria, se les devuelve a los trabajadores los beneficios sociales. Entonces, recibieron la propiedad gratuitamente.

El año 1987 durante el gobierno aprista se condona la deuda con el Banco Agrario. La deuda con el Banco Agrario constituía un 60% de los pasivos de las empresas. Entonces, vuelven a sanearse.

El año 96 la mayoría de las empresas estaban quebradas técnicamente y subsistían en base a inflar el valor de los activos.

La capitalización de las deudas permitía sanear financieramente, contablemente y que el capital fuera al mercado para tener su valor real y que compartieran el Estado y los trabajadores lo que era la pérdida real de las empresas.

Esto fue un poco la filosofía del 802.

Ahora, concuerdo que no se generaron mecanismos de protección a los trabajadores. Yo mismo, por ejemplo, el año 1996 me tuve que enfrentar al Grupo Promoagro del ex congresista Pennano que con 500 mil dólares quería comprar Chiquitoy y Salamanca, como un aporte de capital y asesoré a la Comisión de Venta y a los consejos para frustrar ese intento.

No existía ningún mecanismo que permitiera con los inversionistas chicha, que ingresaran en las empresas y eso fue un gran defecto del 802. Pero respecto a la pregunta del Presidente, el Estado producto de la capitalización llegó a tener solamente en promedio 10%, hay un documento de la Comisión Multisectorial donde está la participación accionaria del Estado empresa por empresa. Yo también las cito, creo.

Y con las capitalizaciones posteriores, excepto el caso de Casagrande que se ha llegado 22,2%, el Estado no ha llegado a más, o sea, no han sido capitalizaciones destinadas a licuar la participación de los trabajadores, sino a descargarles la deuda tributaria.

Quizá en Casagrande, sea el único caso donde por estar ya en un 20% de acciones en Bolsa, la participación tan alta del Estado hace que se traslade hacia el Estado la responsabilidad de transferir o no a la propiedad a un inversionista, pero en todas las otras empresas la participación está muy por debajo del 20%. No recuerdo datos puntuales, pero no creo que llegue siquiera a

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15%.

Y los directores del Estado son personas que no están vinculadas con las empresas, que no viven ahí, que van una vez al mes al directorio y que, realmente, no tienen ninguna participación decisoria en el destino de las empresas.

El señor PRESIDENTE.— Señor Mejía, ¿qué funciones cumplía la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo de las empresas azucareras y, específicamente, qué función cumplió en el caso de San Jacinto y Chucarapi?

El señor MEJÍA REGALADO.— La Comisión Multisectorial surge como un propósito de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía de participar en el proceso de privatización y empujarlo. Entonces, es el antecedente del CEPRI.

La Comisión Multisectorial lo que hace es contratar a unas empresas consultoras para hacer la evaluación de toda la industria azucarera, si no me equivoco, es la empresa Arquel de Florida para que vea la parte industrial y a la Universidad Nacional Agraria para que vea la parte de campo y contrata además, a las empresas auditoras que realizan la auditoría del año 96, el año de corte para la capitalización. Y esas empresas auditoras fueron empresas de primer orden, Price Watherhouse, BBDO, KPMG; quizá la única auditoría creíble del sector es esa del 96 que fueron hechas por auditoras independientes.

La Comisión Multisectorial también opinaba sobre los decretos y tenía la capacidad de proponerlos. Esta comisión la forma el ingeniero Muñante cuando ya el ingeniero Vásquez había dejado el ministerio y, lo recuerdo, porque me llamó el ingeniero Muñante para proponerme que yo fuera el encargado de esta comisión; y, yo propuse al ingeniero Calisaya que me parecía era la persona que mejor lo podía hacer amistosamente y coincidió con que Calisaya era compañero de promoción de La Molina del ingeniero Muñante y por eso fue nombrado él.

Entregó un informe con el diagnóstico y no tuvo ninguna participación trascendente en la transferencia de las empresas porque no tenía atribuciones para ello.

El señor PRESIDENTE.— Regresando al tema de San Jacinto, usted dice que se entera del proceso de transferencia porque cumple una función de ejercer una consultoría. (3)

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— ¿Esa es toda la relación que tiene usted con el proceso, la consultoría?

El señor MEJÍA REGALADO.— Bueno, también le di asesoría al directorio de San Jacinto que presidía el señor Víctor Antonio Becerril Rodríguez.

El señor PRESIDENTE.— ¿En qué fecha?

El señor MEJÍA REGALADO.— El año 95 e inicios del 96.

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted sabe qué empresa llega a comprar las acciones de San Jacinto?, ¿si es Corporación de Inversiones Progreso o Gatosol, o y Gatosol?, ¿y si lo sabe, cuál es la versión que tiene?

El señor MEJÍA REGALADO.— Bueno, yo acabo el estudio de Futura y, tengo entendido que Futura vende el estudio a Corporación de Inversiones Progreso, y este estudio es la base de la inversión de Corporación de Inversiones Progreso. En ese momento yo paso a continuar apoyando al sindicato y a los jubilados, y conocemos la primera propuesta de los señores Picasso

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que era pagar 10 centavos por acción y el 50% de los beneficios sociales, condonando el otro 50%.

El señor PRESIDENTE.— ¿En acciones cuyo valor facial era?

El señor MEJÍA REGALADO.— 10 soles.

El señor PRESIDENTE.— ¿Ofrecían el 1% del valor facial?

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

Yo propuse como contrapropuesta un sol por acción a sabiendas que la acción contablemente no valía nada, pero para defender la parte beneficios capital y capital que se iba a capitalizar. La diferencia es que en San Jacinto se venden las acciones antes de ser capitalizadas; es decir, a su valor nominal. Es la única empresa donde los beneficios sociales se salvan íntegramente y no son comidos por este mecanismo del 802.

Luego, las capitaliza el grupo Picasso. Para mi fue una sorpresa también; o sea, la compra se desarrolla más o menos así: Se presenta en San Jacinto WieseSab, el Banco Wiese instala una oficina en San Jacinto y la gente comienza a vender sus acciones. Cuando se acumulaba un paquete pasaban por bolsa y en la bolsa, por los mecanismos de transparencia se sabía quién compraba.

Y para mi fue una sorpresa cuando después de un tiempo que Corporación de Inversiones Progreso había comprado aparece esta empresa Gatosol Financial y compran 24 y fracción para no acceder la limitación que se había puesto en el 802, que nadie podía comprar más de 25% sin una oferta pública de adquisición, sin OPA.

El señor PRESIDENTE.— ¿A quién le compra Gatosol?

El señor MEJÍA REGALADO.— No, Gatosol compra..

Quien recoge las acciones a través de órdenes de compra es WieseSab, supuestamente por encargo de un comprador. Luego de 4 ó 5 días que completa Corporación de Inversiones Progreso el 24%, WieseSab comienza a endosar las acciones a nombre de Gatosol.

O sea, la misma WieseSab que en su primera semana, por decirlo, compra para Corporación de Inversiones Progreso y la segunda semana compra para Gatosol y cuando llega al 50% dice: "aquí, paro de comprar”. Y cierra su oficina, desmontan el local del banco, desmontan WieseSab y acaba la operación de compra.

El señor PRESIDENTE.— O sea, usted sostiene que la compra se produce por rueda de bolsa.

El señor MEJÍA REGALADO.— Por supuesto.

El señor PRESIDENTE.— Y que las adquisiciones las realizan las 2 empresas.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Tanto Corporación de Inversiones Progreso como Gatosol.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Usted conoce que las primeras operaciones de venta de acciones se producen en el mes de mayo, ¿no es cierto?, del año 96.

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El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Y que se produce una legalización de firmas de los contratos con el notario Bernabé Zuñiga en Chimbote.

El señor MEJÍA REGALADO.— Conozco el tema, pero no podría entrar en detalles del mismo, porque no participé. Conozco el tema periodísticamente, conozco el tema por referencia de los trabajadores, pero no tengo un mayor detalle del mismo.

El señor PRESIDENTE.— La operación, hasta donde entendemos nosotros, es una operación que viola la ley en el momento en que se realiza, o las normas, porque lo que se produce es un mecanismo de adquisición sin una oferta pública de adquisición, sin una OPA, cuando la ley establecía la obligación de una OPA cuando una empresa tiene el interés de tomar control sobre otra ¿no es cierto?

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Entonces, tiene que haber una OPA; o sea, una o varias sucesivas, las ofertas que lleven a tomar ese control.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Y dos, había el límite que usted señala en el 802 de que no se podía tomar control de más de 25%. Sin embargo, según documentación que tenemos nosotros dirigida al señor notario, Corporación de Inversiones Progreso claramente plantea tomar control de largamente más del 50% en las acciones. En unas comunicaciones habla del 67%, que es lo que quisieran tomar control, en ocasiones firma solo Corporación de Inversiones Progreso, en otro caso Corporación de Inversiones Progreso y Gatosol; en ambos casos la suma de 67%.

La división de 67% entre 2 da largamente más de 25% por cabeza, con lo cual era imposible librarse de la operación vía el mecanismo OPA. El notario Zuñiga se dirige a Corporación de Inversiones Progreso el 7 de junio del año 96 diciendo:

“De acuerdo a nuestros registros, un total aproximado de un mil 20 accionistas de Agroindustria San Jacinto nos han entregado para su transferencia 2 millones 800 mil acciones que representan el 61% del capital social faltando contabilizar todavía algunas operaciones actualmente en proceso.

Que de este conjunto un grupo de aproximadamente 40 accionistas de dicha empresa han solicitado a mi despacho la devolución de sus certificados de acciones con el fin de desistirse de la operación de transferencia, cuyos títulos permanecen en mi estudio notarial.

Comunico a ustedes mi intención de proceder a devolver dichos certificados”.

Y luego dice que: “en el caso de la masa de acciones transferidas, he cumplido con presenciar el acto de pago en efectivo ofrecido a los accionistas a través del Banco Wiese, el mismo que ha llegado a la suma aproximada de 10 millones de nuevos soles”.

Esta es una carta que no está dirigida a Gatosol, está dirigida a Corporación de Inversiones Progreso. Usted la tiene ahí a la vista, en este terreno.

Y por esa misma fecha, en la Industria Regional del 22 de setiembre del año 96, usted asegura en San Jacinto —según La Industria de Chimbote— que el grupo Picasso falsificó documentos en venta a Gatosol, que es distinto a enterarse vía los medios del tema. Usted emite una posición respecto al asunto.

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Yo no sé si puede explicarnos por qué sostiene usted que el grupo Picasso falsificó documentos en la venta a Gatosol, según la nota de La Industria.

El señor MEJÍA REGALADO.— Bueno, desconocía esta publicación. Si me permite leer.

El señor PRESIDENTE.— Sí, cómo no. Verá usted que buscamos fuentes diversas de información.

El señor MEJÍA REGALADO.— Bueno, como he dicho, yo creo que la intención desde un principio fue tomar control.

El doctor Emilio Rodríguez Larraín que fue el asesor legal de la compra es quien emitió un informe y recomendó desdoblar la compra en 2 empresas a fin de tomar control eludiendo la restricción del 802.

Ahora, esto en Chucarapi fue mucho más grave, fueron 14 compradores y luego la Cepri lo legitimó. Es un fraude definitivamente al 802 que fue posteriormente legalizado.

El señor PRESIDENTE.— ¿Fue posteriormente legalizado, por qué vía?

El señor MEJÍA REGALADO.— Por la Cepri.

El señor PRESIDENTE.— ¿Pero a través de qué?, ¿a través de una norma?

El señor MEJÍA REGALADO.— Sí, a través de normas.

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué normas?

El señor MEJÍA REGALADO.— Las normas. No recuerdo el número exactamente, pero permitían acogerse..

El señor PRESIDENTE.— ¿Fue el Decreto Supremo N.° 041?

El señor MEJÍA REGALADO.— No lo recuerdo.

Permitían acogerse a los beneficios del 802 a aquellas que no hubieran hecho OPA. Fue hecha para Chucarapi y benefició a San Jacinto.

En el mes de setiembre se produjo un enfrentamiento..

El señor PRESIDENTE.— Un segundo antes de eso.

Esto lo resuelve la comisión multisectorial, ¿no es cierto?

El señor MEJÍA REGALADO.— No recuerdo.

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted qué relación tenía con la comisión multisectorial en ese momento?

El señor MEJÍA REGALADO.— Ninguna.

El señor PRESIDENTE.— Lo señalo porque aquí tenemos un acta de la comisión sectorial.

El señor MEJÍA REGALADO.— Ya.

El señor PRESIDENTE.— Y usted lo puede ver, está marcado ahí, en el inciso 3) que se da un

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decreto supremo específico para resolver los asuntos como usted menciona de Chucarapi y San Jacinto.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Y permitirles regularizar retroactivamente una situación, una operación que no había sido regular.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Entonces, yo le pregunto, ¿qué relación tiene esto con la denuncia que usted hace, según La Industria?

El señor MEJÍA REGALADO.— En el mes de setiembre se produce un enfrentamiento de la nueva administración con los trabajadores y se cita a una reunión de conciliación aquí en Lima, los dirigentes de los sindicatos y de la asociación, el congresista Reggiardo Sayán los cita.

Y cuando se presentan en el Congreso, los espera a la salida la Policía y los detiene. Me entero de la situación, fui a verlos a la comisaria de San Andrés, hice gestiones para su libertad, los acompañé hasta Chimbote donde habían detenido a otros 4 dirigentes. Y juntos, con una manifestación, fuimos también a reclamar la libertad de estos 4 dirigentes.

Alguno de estos dirigentes debe haber hecho esta denuncia que me atribuyen a mi, pero yo no podría decir lo que a mi no me consta.

El señor PRESIDENTE.— Señor Mejía, yo quisiera que usted tenga claro que esta es una comisión investigadora y sus apremios son los mismos que los que tiene un juzgado, y que prestar información oportuna y correcta es indispensable, de forma tal de no ingresar en una situación que conflictúe con lo que la legislación permite.

Entonces, yo lo que quisiera es tener muy claro, si usted conocía o no conocía. La operación se produce, como dice esa nota periodística, una forma de falsificación de los documentos de la venta de las acciones de San Jacinto, porque muy directamente es eso lo que estamos investigando. Y tenemos (4) diversos elementos que nos conducen a pensar que usted podría aportar a la comisión dándonos a conocer cómo se produjo este hecho.

El señor MEJÍA REGALADO.— Con toda claridad y absoluta sinceridad le puedo decir que desconozco si existió falsificación o no y no reconozco como mías estas declaraciones, porque el mecanismo de la notaria era un mecanismo informal previo a la venta en Bolsa; entonces, es absolutamente individual y privado. Si alguien va donde un notario deja la acción para que le entreguen su plata como se vende una casa, el notario se encargaba de mandar eso a la Sociedad Agente de Bolsa y la Sociedad Agente de Bolsa liquidarle y dar la orden de pago.

Entonces, yo asistí a eso desde afuera literalmente, porque recuerdo que el Notario Zuñiga tiene su oficina en Chimbote en una avenida y se agolpaba ahí la gente delante de la Notaria de Zúñiga, tanto para dejar acciones como para pedir las órdenes de pago, pero no participé en la interioridad de este mecanismo, sería muy aventurado decir cómo fue el mismo, realmente lo desconozco.

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted no ha participado en asambleas con los trabajadores de San Jacinto y ha referido y emitido posición sobre el tema?

El señor MEJÍA REGALADO.— Yo he participado posteriormente a la operación de ventas sólo en dos juntas y en esas juntas el motivo esencial de la protesta era el cumplimiento de los ofrecimientos de los señores Picasso. Una de ellas incluso fue muy violenta y tumultuosa, los

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señores Picasso fueron agredidos, se tomó la casa hacienda y la administración, pero esencialmente fue para el cumplimiento de los compromisos de los señores Picasso, que era el pago del otro 25% de los beneficios sociales que no habían sido abonados en ese momento.

El señor PRESIDENTE.— Usted en general no asesora, no presenta a la empresa Futura, ¿no es cierto?, que tiene una asesoría puntual para ese estudio técnico.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Que luego no ha intermediado en la venta de las acciones en San Jacinto al Grupo Picasso Candamo.

El señor MEJÍA REGALADO.— De ninguna manera.

El señor PRESIDENTE.— Y que no tiene conocimiento, sino periodístico, respecto al tema de la forma cómo se transfirieron las acciones, y si hubo irregularidades o falsificación en el manejo de los documentos que permiten a Gatosol hacerse de algunas acciones.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— ¿Eso indicaría que el Diario La Industria le ha inventado las declaraciones?, porque el diario presenta una fotografía y no dice que alguien dijo que el señor Mejía declaró, sino dicen que el señor Mejía dijo, como usted ha leído.

El señor MEJÍA REGALADO.— Bueno, yo le digo desconocía esto, sino hubiera hecho la rectificación correspondiente. La foto corresponde al momento en que yo voy a Palacio de Justicia a pedir la libertad de estos 4 dirigentes detenidos, conmigo estaban los dirigentes que cuestionaban la venta de los señores Picasso y supongo que cualquiera de ellos puede haber hecho esta declaración y me la han atribuido a mí por ser la persona que encabezaba el grupo.

Sin embargo, le quiero decir, conozco al detalle la denuncia, porque estos trabajadores son mis amigos, he tratado con ellos. Por ejemplo, el señor Falcón, que es un destacado dirigente sindical de Chimbote, me refirió que habían logrado comprobar que en algunos casos la primera página del contrato, que decía “Corporación de Inversiones Progreso”, había sido sustituida con idéntico texto para que el contrato figurara a nombre de Gatosol, porque al parecer se habían pasado el 25% en estas cartas.

Pero este es una referencia le digo que corría en San Jacinto, se difunde en televisión, en volantes, pero que a mí no me consta. Y si así fuera, creo que quien tiene que saberlo es el Notario Zúñiga, que fue el que dio fe de esos documentos; o sea no me entra en la cabeza que un documento notarial pueda sustituirse de esa manera.

Después, por publicaciones periodísticas también leí que había una denuncia porque se había falsificado el sello o algo así.

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted no ha efectuado nunca una denuncia sobre esto?

El señor MEJÍA REGALADO.— No.

El señor PRESIDENTE.— Tendría que pedirle que escuche una grabación.

—Inicio de la grabación.

El señor MEJÍA REGALADO.—¿Qué ha pasado después de que yo he dejado la operación? Acá se ha hecho una cosa gravísima, se ha sustituido documentación de Corporación de Inversiones Progreso para fingir que estaba comprando Gatosol.

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—Fin de la grabación.

El señor PRESIDENTE.— ¿Reconoce su voz?

El señor MEJÍA REGALADO.— Sí, por supuesto.

El señor PRESIDENTE.— Como usted verá, usted está diciendo, no nosotros, que se ha sustituido documentación de Inversión Progreso por Gatosol. Pero usted dice algo más al principio de la frase, dice: “después de que yo he abandonado la operación”; entonces, aquí aparecen dos elementos que yo quisiera que usted precise.

Primero, según toda la cinta, que es un poco más extensa obviamente de toda la asamblea, usted tiene un rol en el proceso de venta de las acciones, que obviamente leída en su conjunto o escuchaba en su conjunto es lo que nos lleva a decirle cuál fue su función de intermediación, qué rol tuvo ahí. Y, dos, hace referencia a que se ha producido este hecho. Y, tres, en este mismo cassette dice usted que los Picasso o el señor Picasso le pagó por un dinero por participar en el proceso y que usted tenía la apreciación de que era gente honesta y transparente.

Son tres afirmaciones que aparecen en la misma cinta y que no las voy a pasar todas, todas hemos visto, pero que están ahí y que son los que quisiéramos que nos aclare, o sea, cuál es su rol; o sea, no hay nada ilegítimo en asesora a alguien en un proceso determinado, ni menos aún de descubrir que hay un elemento ilegal en la acción de una de las partes y de denunciar de que ha habido un mal manejo del que no tenía conocimiento, que es lo que dice en su versión en la asamblea, ¿no entiendo por qué ahora nos dice que sólo conoce esto indirectamente?

El señor MEJÍA REGALADO.— Presidente, si me permite.

Voy a repetir lo que le he dicho, yo no he negado en ningún momento que he participado en la operación, le he precisado que participé asesorando a la Asociación de Jubilados, una de las cuatro que había en San Jacinto, y al Sindicato de Trabajadores, uno de los dos que había en San Jacinto; entonces, yo sí he participado y tanto he participado que he dejado en claro que yo propuse la fórmula final, un sol y 75% de los beneficios sociales.

Yo no niego mi participación y por eso fui a hablar en una asamblea, porque sería absolutamente absurdo que el representante de los compradores vaya a una asamblea de los vendedores. Yo estaba participando ahí por invitación de las organizaciones con las cuales había trabajado.

He asesorado a San Jacinto antes de la privatización y después para temas puntuales, he recibido antes y después pagos de Agroindustria San Jacinto como consta en mis declaraciones juradas de impuestos.

Tal como le he dicho, tenía referencias por las denuncias de los dirigentes que había habido esta sustitución. En mi opinión no creo que sea una cosa generalizada, pienso que deben haber sido, si es que se ha producido, un número limitado de casos para impedir que Corporación de Inversiones Progreso rebasara el límite del 25%.

Pero verdaderamente no podría decirlo porque yo no he tenido acceso a los documentos, no los he visto, no he tenido acceso al notario Zúñiga, no he participado en su firma; entonces, verdaderamente no le podría decir.

El señor PRESIDENTE.— Pero usted en la asamblea asevera enfáticamente que se ha producido una sustitución, que es lo mismo que dice el periódico; o sea, usted lo asevera, no lo asevera un dirigente, lo asevera usted. Yo entiendo que lo puede aseverar por conocimiento indirecto, pero también entiendo que tenía una convicción de que esto había ocurrido.

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El señor MEJÍA REGALADO.— De nuevo, si lo ubico en el contexto. Si tengo que ir a una comisaría de Lima para sacar a tres dirigentes y el asunto está documentado, porque logré que por mi celular se comunicarán con el señor César Hildebrandt y dijo esta es la primera entrevista desde una comisaría de tres detenidos, ya que estaba registrado, esa noche me voy a Chimbote. Al día siguiente sacamos a los presos que estaban en el Poder Judicial de Chimbote y nos recibe una asamblea popular, era un momento de euforia donde yo asumo la información que estoy recibiendo de esos dirigentes.

Posteriormente, cuando conozco las denuncias periodísticas, incluso una denuncia de Fiscalía que intentó involucrarme yo fui a Chimbote, hablé con Zúñiga, hablé con los dirigentes y me informaron de que nada de eso se había producido, que no me preocupara, y el caso que se pretendió abrir contra mí en la Fiscalía se archivó, me olvidé del asunto; o sea, si efectivamente he dicho eso en ese momento ha sido influido por una circunstancia.

Con posterioridad le puedo decir, casi con toda certeza, que esa falsificación en mi criterio no podía haber existido. ¿Sabe por qué no podía haber existido? Porque recuerdo muy claramente que en una semana pasan las acciones de Corporación Progreso y la siguiente a Gatosol; entonces, no es que el 50 lo compró Progreso y después dividieron. Lo más probable es que cuando se pasaron de 25, ahí hayan hecho alguna sustitución si es que se produjo.

El señor PRESIDENTE.— Señor Mejía, nosotros tenemos documentado, con los originales de los trabajadores, los documentos presentados ante la notaria para la transferencia de las acciones. Estos son los documentos, tienen una firma del trabajador, su huella digital, un sello con un visado de la notaría. Estos son los documentos que están en Conasev, si usted los ve no tienen en la parte lateral ninguna digital, ninguna firma, el sello de notaria es distinto y no tiene visado.

La segunda página es idéntica, en el sentido que la segunda página si es la segunda página, está la firma del trabajador, su huella digital y lo único nuevo que tiene es la certificación del notario para enviarlo a Conasev. Este es documento de Conasev. Es evidente que la primera página ha sido sustituida, a pesar de que es el mismo texto ambas van dirigidas a decir de que están vendiendo Corporación Inversiones Progreso.

Nosotros estamos absolutamente convencidos de que aquí hay una sustitución de primera hoja y esta es una explicación. La explicación es transferir compras de uno a otro para mantenerse en el porcentaje y una vez que salió la norma que reajustaba el asunto, quisieron corregir el asunto regresando a la primera, porque era demasiado burdo mantener la tesis de que el trabajador le había vendido a alguien a quien no le había vendido, tenía copia de un contrato que estaba a nombre de otra empresa era insostenible. ¿A usted nadie le documentó esto con la relación que tenía con los trabajadores?, ¿nadie le mostró una documentación evidenciando que ellos habían vendido sólo a Corporación?, ¿usted ha visto en documentos firmados, pero los ha visto a Gatosol?

El señor MEJÍA REGALADO.— No.

El señor PRESIDENTE.— Porque eso es lo que a nosotros nos llama la atención en el tema; o sea, es obvio de que la lógica de esto sólo podía ser pasarlo a Gatosol, pero resuelto el problema por el 041 regresar otra vez a Corporación. Si no es inentendible para qué sustituir la primera página, ¿no es cierto? (5)

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Y este es un problema bien de fondo y nos llama la atención porque quien adopta la fórmula de solución, el Decreto N.° 041, es la comisión multisectorial cuyo secretario técnico es el ingeniero Calisaya, a quien usted dice que recomendó para que sea el secretario técnico, y el señor Calisaya es hoy el gerente de San Jacinto, ¿tenía alguna relación

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entre los hechos, o cree que el señor Calisaya ha sido contratado como gerente de San Jacinto por sus calidades profesionales exclusivamente?

El señor MEJÍA REGALADO.— El ingeniero Calisaya es uno de los mejores cañeros que hay en el Perú, ha sido gerente de Paramonga, ha sido gerente de Pucalá, ha sido gerente de Chucarapi, y los rendimientos que ha obtenido en San Jacinto creo que pueden decir mejor que nadie de su valía profesional.

Entiendo o presumo, más bien, que se quiere encontrar una analogía con lo del doctor Arana, quien también es mi amigo, lo conozco muchos años desde que fue asesor legal de Cecooap.

Creo que en el caso del doctor Arana pueda haber incurrido en conflicto de intereses, tal como escuché en un informe de Lalo de esta comisión. No me extraña, porque en el caso de Chucarapi él era abogado de las dos partes, entonces defendía la empresa y era abogado de los compradores también y no es una actitud nueva en él.

Pero en el caso del ingeniero Calisaya por conocerlo tanto profesional como personalmente, dificulto que su designación como Gerente de San Jacinto haya tenido algo que ver con esa decisión que tomó la comisión multisectorial.

Es más, la comisión multisectorial estaba manejada por el ingeniero Pandolfi y mucho más peso tenían los miembros de esa comisión en las decisiones que en la propuesta del ingeniero Calisaya, que era su secretario técnico. Entonces, atribuirle al ingeniero Calisaya la capacidad de orientar a la comisión, creo que es un exceso que surge de conocer cómo funcionaba concretamente.

El señor PRESIDENTE.— En este caso, el ingeniero Absalón Vásquez continúa siendo miembro de la comisión multisectorial, es miembro de la comisión multisectorial en ese momento.

El señor MEJÍA REGALADO.— Era miembro de la comisión, si no me equivoco, en representación de la Presidencia de la República.

El señor PRESIDENTE.— Es decir, ¿tuvo participación directa en el tema?

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Hay un asunto que yo quisiera que usted nos dejara meridianamente claro. Usted dice que usted no intermedia ni cumple ninguna otra función por el Grupo Picasso, no es cierto, por lo tanto, que usted habría tenido un acuerdo para conseguir para el Grupo Picasso dos tercios de las acciones de San Jacinto y en función de eso recibir un porcentaje de lo que implicara el ingreso, sino que su relación era por el lado de los trabajadores.

El señor MEJÍA REGALADO.— Así es.

El señor PRESIDENTE.— Sostenía la existencia de un acuerdo con el Grupo Picasso en función de esta transferencia de acciones.

El señor MEJÍA REGALADO.— Los señores Picasso hicieron una serie de ofrecimientos a los operadores, que eran el Grupo Futura sobre participaciones, pero que fueron incumplidos y hasta donde recuerdo fueron tres o cuatro documentos suscritos con el Grupo Futura, en alguno de los cuales se buscó mi participación. Pero yo no recuerdo de ningún acuerdo puntual con los señores Picasso.

El señor PRESIDENTE.— Usted en el cassette dice que Picasso le pagó un dinero por el

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proceso de San Jacinto, ¿a qué se refería?

El señor MEJÍA REGALADO.— A que Futura vendió el estudio a Corporación de Inversiones Progreso y yo recibí la cuarta parte del monto de ese.

El señor PRESIDENTE.— Son los 9 mil soles que usted señala?

El señor MEJÍA REGALADO.— No, los 9 mil soles lo recibe Futura directamente.

El señor PRESIDENTE.— ¿Y el resto qué monto fue?

El señor MEJÍA REGALADO.— Deben haber sido 40 mil soles.

El señor PRESIDENTE.— ¿Esta en su declaración jurada también?

El señor MEJÍA REGALADO.— También, como un ingreso derivado de.

El señor PRESIDENTE.— Como un ingreso derivado, en este caso de Corporaciones.

El señor MEJÍA REGALADO.— Agroindustrias San Jacinto S.A

El señor PRESIDENTE.— ¡Ah! de Agroindustria, ya la empresa privatizada.

Finalmente, yo quisiera preguntarle ¿si usted sabe si en la gestación del Decreto Supremo N.° 041 participó alguna representación del Grupo Picasso?, ¿si sostuvieron reuniones con el señor Absalón Vásquez, con el señor Camet, con el señor Pandolfi o con el señor Calisaya, a efectos de gestionar una medida parecida o idéntica al Decreto Supremo en cuestión.

El señor MEJÍA REGALADO.— No tengo conocimiento, pero supongo que como en muchos aspectos de política han debido de presentar propuestas al entre respectivo. Le pongo un ejemplo, en el tema del desagio, los señores Picasso han estado acá 15 días en el Congreso impulsando el tema, porque el estilo de ellos es ser muy activos ante el sector público para conseguir legislación que defienda sus derechos de empresarios. Pero en ese caso puntual no tengo idea.

El señor PRESIDENTE.— Una pregunta, señor Mejía, si usted hace un trabajo para Futura y Futura le paga por el trabajo, ¿por qué recibe usted una participación posterior por la venta del estudio de Futura a otro señor Futura, ha pagado por su trabajo y es dueño del informe?

El señor MEJÍA REGALADO.— El asunto con Futura es así, el trabajo para Futura lo contrató EDF MAN de Inglaterra y se había pactado un costo, si no me equivoco, de 40 mil dólares por este estudio.

Los representante de MAN vinieron al Perú, visitaron San Jacinto, visitaron Paramonga, encontraron demasiado problemático el tema de las empresas y se retiraron; entonces, Futura se quedó sin cliente y por eso es que Futura busca a un cliente alternativo a quien venderle el estudio en las mismas condiciones que se lo había ofrecido a MAN, por eso es que primero yo recibo un pago inicial. Ya habíamos hecho el estudio y el compromiso con Futura fue participar del resultado de la venta de este estudio fuera quien fuera el comprador final.

El señor PRESIDENTE.— De mi parte yo no tengo más preguntas. No sé si el doctor Silva.

Yo le rogaría, usted nos indicó que tenía un disquete en el que tenía una larga aproximación al tema, probablemente nos ayudaría a entender con más claridad cómo ha sido el proceso. Esto obviamente no es obligatorio, porque es un trabajo intelectual que si usted quiere proporcionarlo.

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No sé si usted quiere agregar algo a lo expuesto.

El señor MEJÍA REGALADO.— Simplemente, Presidente, que valoro mucho el trabajo de esta comisión.

Creo que en los casos de Pucalá, Cartavio y Chucarapi se han cometido transgresiones muy graves a la ley y lesiones a los intereses de los trabajadores muy graves que no están siendo reparadas. Y entonces, por eso mismo, por la importancia que tiene la comisión de su Presidencia le ofrezco toda la colaboración que yo pueda dar como profesional, todo el conocimiento, todo el documento.

Yo de la época que estuve en San Jacinto tengo una documentación diversa que de repente le puede ser útil y entonces me gustaría alcanzarla a la comisión o la consulta que fuera posible.

Ahora, no realmente no he preparado en detalle todo lo que yo viví en esa época, pero de ser cualquier cosa de utilidad me pongo a disposición permanente de la comisión para apoyar en esto y en los otros casos también, en lo que le pueda ser útil como referencia o como archivo, o como fuente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor Mejía. Le agradecemos su presencia a la comisión, el tiempo que nos ha brindado y la información que nos ha proporcionado y le rogaría mantenga un contacto, si le es posible, con el doctor Ugarteche o con el doctor Silva, para poder ver la forma de poder recibir la información que tuviera disponible, que fuera útil para la comisión.

El señor MEJÍA.— Encantado.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

—Se suspende la sesión.

—Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE.— Bien, retomamos la sesión con el doctor Gustavo Veramendi, que fue gerente del Mercado de Valores de la Conasev en el momento de la transferencia de acciones de San Jacinto.

Señor Veramendi, nuestro interés central es este tema, San Jacinto y la forma como operó Conasev en ese período.

Sin embargo, quisiéramos, no sé si lo han pedido por escrito en el momento de la invitación, conocer un poco su curriculum y los cargos que ha desempeñado usted. Si lo ha traído por escrito nos lo deja, si no si pudiera darnos una idea y si luego quiere hacerlo por escrito nos sería útil. En general le pedimos a todos para contextuar a la persona en su función profesional.

Le rogaría al momento de hablar apriete el timbre.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Buenas tardes, congresista; buenas tardes con todos.

Soy Gustavo Veramendi Galdós, tengo título de abogado egresado de la Universidad de San Marcos. He ejercido la profesión privadamente por espacio de un año hacia 1989, luego el año 1990 ingresé a la Contraloría General, por concurso público estuve cerca de un año, y luego me presenté a otra convocatoria pública a Conasev, habiendo ocupado uno de los primeros lugares, a raíz de lo cual fui contratado en Conasev. Ahí he hecho una carrera pública de cerca de 10 años.

Inicialmente fui abogado de planta del staff, posteriormente me encargaron la asesoría jurídica,

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me hicieron encargado de la Gerencia de Mercado de Valores, luego me dieron el titularato de esa Gerencia de Mercado de Valores, posteriormente me nombraron encargado de la Gerencia General y finamente me ratificaron como Gerente General. Es decir, mi pase por Conasev ha sido prolongado, hasta mi renuncia en el año 2000 en el mes de setiembre a raíz de una serie de temas que quizás convenga hablar luego. Ese es mi curriculum.

El señor PRESIDENTE.— En el caso de San Jacinto, docto Veramendi, ¿está usted claro o enterado desde cuándo se inscribe en las acciones de la Empresa Agroindustrial San Jacinto?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Tengo información que he estado revisando estos días y de acuerdo a los informes que he visto, con cargo de corroborarlo, me parece que fueron inscritas las sesiones hacia el mes de mayo, el 3 de mayo me parece del año 1996, perdón, 3 de marzo si me permite corroborar. Lo que pasa es que aquí 3 de marzo es otra fecha y yo rectificaría, me parece que fue en el mes de mayo. Eso está en un informe mío que no se si obre en el poder de la comisión, que es el informe N.° 048.

No la tiene, perfecto, entonces quizás yo le pueda acercar ese informe para que tenga una idea.

Acá está. Las acciones de capital de San Jacinto se inscribieron en el Registro Público de Valores de Conasev el 3 de mayo del 96. Con fecha 7 de mayo, la Bolsa de Valores comunicó a través de su boletín diario en calidad de hecho de importancia la expedición de la resolución respectiva, señalando que se procedería a su inscripción en los registros de la Bolsa a partir del día 9 de mayo del 96.

Eso está consignado en un informe que nosotros elaboramos, es un informe conjunto el 048-96, que fue suscrito por quien habla y por el entonces asesor jurídico don Miguel Ingunza Castro, que era un doctor que era asesor jurídico. Esto fue elevado a la Gerencia General, quien a su vez lo sometió al directorio de Conasev.

Las conclusiones de este informe son que se debería disponer que las empresas que habían adquirido las acciones a través de la operación ésta, debieran efectuar una venta, por cuanto habían prescindido del procedimiento de OPA y había también una propuesta de sanciones.

Esto fue sometido al directorio y esta fue la posición oficial de la gerencia que yo tuve a mi cargo y de la asesoría jurídica también.

El señor PRESIDENTE.— Usted podría remitirnos una copia del informe, lo podemos fotocopiar aquí mientras estamos hablando si es el ejemplar que tiene usted.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Aquí tengo dos copias.

El señor PRESIDENTE.— Perfecto. Acérquese, doctor.

Gracias.

Quisiera entonces tener claro el asunto. Es vía la Resolución de Conasev N.° 175-96 del 30 de abril publicada el 3 de mayo, ¿no es cierto?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Sí, la fecha coincide.

El señor PRESIDENTE.— Este documento obligaba, por lo tanto, a que la transacción de las acciones de Agroindustrial San Jacinto se haga por una operación, por una OPA bursátil necesariamente, ¿correcto?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Sí, claro.

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El señor PRESIDENTE.— Y usted en el informe que nos está entregando (6) copia, señala que la apreciación de Conasev es que esto debió ocurrir así y por lo tanto la operación por la cual el Grupo Picasso en este caso vía la Corporación Inversiones Progreso, al producir adquisiciones directas vía contratos notariales o notarialmente certificados había operado contra la norma y por lo tanto era nula la operación de adquisición de las acciones, ¿estoy en lo correcto?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— De acuerdo. Con la salvedad jurídica de la nulidad, no estoy muy seguridad de que la nulidad estuviera sancionada en la ley. Pero lo cierto es que el Informe N.° 048, que fue suscrito por mí, era muy claro en señalar que debía procederse a la reversión de la operación.

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué significa reversión?, ¿significa que tienen que venderle a otro o significa que tienen que devolverle al que le compraron?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No. De acuerdo a la ley lo que se tiene que hacer es que los adquirientes de las acciones tienen que venderla; es decir, no pueden hacer uso del derecho político ni económico de esas acciones y no pueden ser ellos los titulares de las acciones, tienen que venderlas a terceros. Eso disponía la Ley de Mercado de Valores y el sentido actual de la ley, que ha sido modificada en varias ocasiones, es el mismo

El señor PRESIDENTE.— ¿ Y esta es la opinión que tienen ustedes?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— En efecto, el informe N.° 048 que suscribí yo en aquel entonces y desde antes, incluso una ayuda memoria que ingresó a directorio del 5 de agosto del 96, porque el informe N.° 048 es del 19 de agosto, ya indicábamos en una ayuda memoria que se había producido este problema y que se habría actuado en contra de la norma. Y eso motivo un acuerdo del directorio, en el sentido de que se requiriera mayor información a los adquirientes.

El señor PRESIDENTE.— ¿Tiene usted noción de quién es la empresa que compra e incurre en esta acción violatoria de la norma?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— En el informe al cual yo me remito, porque como entenderá son cerca de seis años, en el informe se señala que quienes adquirieron las acciones eran dos empresas, una se llamaba Corporación Progreso y la otra era Gatosol Investment, me parece, Gatosol; entonces, entre las dos en concierto adquirieron cerca del 49% de las acciones y siendo que este 49% era superior al límite que había señalo la norma de 25% como obligación, a partir de la cual se tenía que generar la OPA, pues, nosotros concluimos en que, en efecto, tenía que hacerse un OPA.

El señor PRESIDENTE.— ¿De qué fecha es el informe, doctor?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Es de agosto 19 de 1996.

El señor PRESIDENTE.— ¿ustedes no tuvieron noción de una denuncia respecto a cómo se había manejado esa transferencia de acciones en un sentido distinto al de la violación del articulado respectivo?; es decir, que había sustituido un único comprador la operación por una operación en la que aparecían dos compradores.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Ese fue el tema que motivó las indagaciones de Conasev cuando yo era Gerente. Se dispusieron dos inspecciones in situ, se envió funcionarios para que vieran qué es lo que estaba pasando.

Los funcionarios informaron y se determinó que, en efecto, el comprador aparentemente habría sido una empresa y que posteriormente dividió la tenencia para no llegar al 25%; entonces, nosotros advertimos que esto era una evidente intención de fraccionar la compra para evitar

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llegar al 25% y evitar el trámite de OPA, razón por la cual nosotros en el informe señalamos que habida cuenta de este concierto que se había evidenciado, tenía que procederse a la reversión de la operación.

El señor PRESIDENTE.— Doctor, nosotros tenemos aquí la información remitida por Conasev con cada uno de los contratos individuales de adquisición, si usted los quiere revisar, todos son contratos de Incorporación Inversión Progreso, no hay uno solo a nombre de Gatosol en esa referencia de Conasev. ¿Tiene usted idea por qué Conasev nos envía sólo contratos de Corporación Inversiones Progreso y no contratos con Gatosol si es que la transferencia se había hecho a dos empresas?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No podría precisar. Esa última pregunta no estaría en condiciones de responderla, porque en el curso de la investigación lo que advirtió es que algunos de estos contratos tenía un sello en el que decía que la verdadera transferencia se había hecho a favor de una de esas dos empresas, es decir, con la intención seguramente de aparentar que ambas habían adquirido.

El señor PRESIDENTE.— Además hay otro elemento. Usted dice que han ordenado dos investigaciones y nosotros tenemos sobre este tema a estas alturas una cercanía a la convicción de que en realidad ésta fue una operación conducida por Corporación Inversiones Progreso sin Gatosol y que luego se produce una transferencia ficta, no sólo ficta sino con falsificación de documentos a Gatosol que luego es teóricamente revertida, porque tenemos contratos de los trabajadores ante la notaria Zúñiga, si no me equivoca, que no son los contratos que tiene Conasev en fotocopia certificada.

Los contratos de los trabajadores tienen al costado la firma de los trabajadores y su huella digital, en el caso que corresponde el de su esposa, mientras que todos los documentos que tiene Conasev no tienen ninguno de ellos. Por ejemplo, éste es un contrato de un trabajador y ese es el de Conasev, la segunda página es igual, pero la primera no.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— La copia de esos contratos fueron proporcionados por las personas a los inspectores de Conasev, yo ignoro qué haya sucedido, pero yo creo que la conclusión que ha advertido usted hace un minuto es la misma que tuvimos en la conclusión de nuestro informe, según decía: “Progreso y Gatosol han actuado concertadamente en la adquisición de las referidas acciones procediendo al fraccionamiento del paquete inicial adquirido”.

Es decir, que en eso no hay mayor diferencia. Nosotros advertimos que se había producido ese tipo de manipulaciones, porque propia manifestación de la empresa, me parece que es Progreso, ellos dijeron que habían procedido a la especie de resellado de los contratos para que la mitad fuera Gatosol y la otra mitad Progreso. Eso fue advertido y la conclusión segunda confirma la apreciación suya.

El señor PRESIDENTE.— Hay además el tema de que hay algunos certificados que aparecen aquí; después hemos recibido de Conasev la referencia de que hay certificados a nombre de Gatosol, pero está inscrito en Conasev a nombre de Gatosol.

Pero el certificado que tenemos aquí es un certificado donde la venta se produce a Corporación Inversiones Progreso. Por ejemplo, éste está a nombre de Corporación Inversiones Progreso, pero en la documentación que se nos envía a partir de aquí es Gatosol y este certificado aparece referido como parte de lo que corresponde a Gatosol, ¿esto fue advertido con esta característica por Conasev?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Eso explica la conclusión de nuestro informe, para nosotros lo que existía era una evidente concertación entre las dos empresas.

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Lo que estaba pasando aquí era que por la vía del fraccionamiento de la compra total se intentaba aparentar que una de las empresas, o que ambas, ninguna llegaba al 25% que era el límite para hacer la OPA; entonces, nosotros al advertir eso dijimos que eso era una figura destinada, digámoslo así, a no aplicar la OPA. Y, por lo tanto, la segunda conclusión de nuestro informe y la recomendación es consecuente con esa percepción.

El señor PRESIDENTE.— ¿Ustedes inician una acción legal frente a este tema?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— El tema tuvo las siguientes características. Una vez que ingresa este informe al directorio la administración se desprende de él, porque ya el directorio se aboca al conocimiento de los hechos.

Sin embargo, con posterioridad sale un decreto supremo, nótese que la discusión, toda la discusión era relativa a si tenía o no que hacer OPA estas empresas. Nosotros sosteníamos que debían haber hecho OPA y por lo tanto las consecuencias de no haberla hecho eran inevitable y tenía que aplicarse aplicándole una multa a la empresa y además revirtiendo la operacional.

Sin embargo, posteriormente salió un Decreto Supremo N.° 041-96, merced al cual se estableció el artículo 1.°, que la obligación de hacer OPA para estas empresas eran exigibles a partir de la vigencia del 031, de un Decreto Supremo N.° 031 que entró en vigor el día 15 de julio del 96. Y como quiera que la operación se había realizado antes, no le alcanzaba la obligación de hacer OPA. Esto fue un decreto supremo que salió del PCM.

El señor PRESIDENTE.— Este tema, el de la emisión de un decreto supremo, que regulariza, llamémosle así, retroactivamente un operación, que nosotros tenemos registrada como el Decreto Supremo N.° 041-96 el 27 de agosto del año 96, es un decreto que acuerda una comisión multisectorial de apoyo al proceso de saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras. Y que señala, según las actas de la comisión en su inciso 3), los acuerdos que se analiza en la dación de ese dispositivo, a efectos de sanear, se analice el problema de transferencia de las acciones de las azucareras, encargándole a Conasev dar solución dentro de los alcances de la normatividad presente, y para eso saca el Decreto Supremo N.° 041.

¿Se dio una reunión, por lo tanto, entre Conasev y la comisión multisectorial para aplicar este dispositivo y para producir este saneamiento?, ¿alguien le propone a la Conasev una norma específica y Conasev discute una norma para sanear esta situación?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— El asunto es el siguiente. La posición de la administración de Conasev estaba clara, la posición de la asesoría jurídica estaba muy clara en el informe N.° 048, que decía que tenía que revertirse la operación.

Se nos citó a una reunión a la que asistimos por indicación del entonces Presidente don Alberto Yagui, que falleció lamentablemente, asistimos en compañía del Gerente General, que era don Víctor Loazya, y algunos otros funcionarios. Y en esa reunión recuerdo que estaban los abogados de las empresas que habían adquirido, con los cuales incluso tuvimos algún intercambio de opiniones respecto de lo que Conasev había actuado; entonces, nosotros, por supuesto, que nos ratificamos en los alcances del informe y ellos sostuvieron lo contrario.

Entiendo que a partir de esa discusión, a partir de esa reunión se generó una voluntad, una voluntad política por parte de los responsables de este asunto, de que la operación se regularizará. Por supuesto que eso era de entera responsabilidad de quienes aprobaron los dispositivos, porque una vez promulgado el decreto supremo no teníamos más remedio que aplicarlo y eso es por un principio básico, jurídico, que no podemos discutir ni la legalidad ni la constitucionalidad de las normas y menos en nuestra condición de funcionarios públicos.

Entonces, en efecto, se discutió el tema y posteriormente se encargó la redacción de alguna

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norma que seguramente fue faxeada a Conasev o que se produjo una discusión en relación a los términos de ese dispositivo. Sin embargo, lo que sí tiene que quedar muy claro es que la dación del dispositivo se enmarca dentro de las responsabilidades y las potestades de quienes lo dieron, porque ese fue un decreto supremo, esa no era una norma de rango de Conasev en cuyo caso a nosotros nos hubiera alcanzado responsabilidad, (7) por cuanto esta operación a la luz de las normas que estaban vigentes, tanto legales cuanto las aprobadas por conocer, tenía que revertirse la operación.

El señor PRESIDENTE.— El congresista Mena va a continuar con el proceso, doctor Veramendi.

—Asume la Presidencia el señor Máximo Mena Melgarejo.

El señor PRESIDENTE.— Doctor, continuando con el desarrollo de la entrevista.

¿Por qué se le encarga a la CONASEV solucionar o dar solución al problema de San Jacinto, acaso CONASEV tenía potestad para recomendar la promulgación de una norma?

Sus apreciaciones sobre el particular, por favor.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Ese documento, en el acuerdo N.° 3 dice: "se analizó el problema", me refiero a esta especie de acta que hay de reunión de la comisión, dice:

"Se analizó el problema de transferencia de acciones de las empresas azucareras San Jacinto y Chucarapi encargándose a CONASEV dar solución dentro de los alcances de la normatividad y realidad presente".

Obviamente, la normatividad que estaba vigente era la normatividad que obliga a ser OPA la empresa, por lo tanto, para nosotros era imposible que hubiera una solución del caso San Jacinto a la luz de las normas que estaban vigentes.

Por eso es que ellos acuerdan sacar dispositivos legales, por supuesto, que la generación de la voluntad política de sacar un dispositivo legal es extraño a la CONASEV, porque CONASEV no tiene ninguna facultad de firmar ningún decreto supremo. Lo más que podía hacer CONASEV aprobado por su directorio era sacar resoluciones con rango de CONASEV; Resoluciones CONASEV, pero de ningún modo un decreto supremo.

Ahora, puede haberse producido como de hecho se ha producido porque la discusión de algún género de documento con los técnicos de CONASEV por indicaciones, por supuesto, de la jerarquía de la gerencia general, entiendo, o de la presencia del directorio sin poder precisar cuál de las dos autoridades. Lo cierto es que nosotros estábamos en una posición en la cual cualquier responsabilidad escapaba de nuestro ámbito, por cuanto, no teníamos la responsabilidad política de sacar ningún decreto supremo.

El señor PRESIDENTE.— Yo tengo una opinión y lo que voy a verter nos puede permitir simplificar el desarrollo, tal vez, de la entrevista de la entrevista. Los organismos públicos del Estado Peruano, entre ellos naturalmente CONASEV son organismos que tienen en el marco de la normatividad, funciones y atribuciones todavía.

Pero hay actores sociales, agentes que pueden ser familiares empresariales que muy bien adrede o con criolladas, utilizar en beneficio propio particular a tales organismos. Naturalmente, con ello se pretende sorprender a los funcionarios, entonces, también ello se sustenta en el apoyo político del gobierno de turno.

Entonces, lo que estamos viendo es a lo mejor sustentado en ello haya existido el propósito de

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formalizar, de legalizar; formalizar sobretodo algunos actos.

Entonces, en ese sentido es que nuestro interés de plantearle las preguntas a usted, con la finalidad de que apoye a esta comisión a fin de que lleguemos a una investigación satisfactoria y si hay responsables, naturalmente, tiene que caer el peso de la ley.

Eso es el propósito central y necesitamos en ese sentido colaboración de funcionarios actuales o anteriores. Continuamos con el desarrollo de las interrogaciones.

¿Existió alguna reunión en la que estuvieron la Comisión Multipartidaria, la CONASEV, el Directorio de San Jacinto, el Grupo Picaso Candamo, como representante de Corporación de Inversiones Progreso y el doctor Rafael Villanueva Merino como representante de Blatosol Financian Corporation? ¿Existió alguna precisión por parte del Ejecutivo para la promulgación de una norma que haga viable la transferencia de acciones al citado grupo económico?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— La única reunión que sostuvimos en nuestra condición de técnicos, fue la reunión a la que el Presidente del Directorio de CONASEV nos indicó que debiéramos asistir en su compañía y que se realizó al tenor de esta copia que tengo que me ha sido remitida por CONASEV el 20 de agosto. Esa es la única reunión que estuvimos.

El señor PRESIDENTE.—¿Dónde ser realizó?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Ésta fue en el Ministerio de Pesquería. Por CONASEV asistimos cerca de cuatro funcionarios.

El señor PRESIDENTE.—¿Quiénes estaban presentes?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Estábamos don Alberto Yagui, me parece, el Gerente General también, yo y algún otro técnico más de CONASEV. Creo que fue el señor César Delgado quien había trabajado este asunto y que era mi apoyo para la sustentación del informe, porque todo esto se había generado a raíz de nuestro informe conjunto el 048 que decía que tenía que deshacerse la operación.

El señor PRESIDENTE.—¿Estaba presente el Ministro?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Recuerdo que sí, habían varios ministros, incluso, en esta relación señala que estaban el ingeniero Alberto Pandolfi, el ingeniero Jorge Camet, Jorge Gonzáles Izquiero.

Recuerdo que estaba, por lo menos, el ingeniero Jorge Camet, Absalón Vásquez también y me parece que Juan Calisaya. No puedo asegurar lo mismo del ingeniero Alberto Pandolfi.

No recuerdo, salvo que esta acta sea un acta oficial la que se me haya alcanzado, en cuyo caso, me remitiría a ella.

El señor PRESIDENTE.— ¿Ahí se discutió el Decreto Supremo N.° 041?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No, no. En esa reunión no se discutió el 041. En esa reunión se nos sentó en una mesa en la cual al otro frente estaban los abogados de las empresas y se nos pidió que expusiéramos nuestro informe y nosotros expusimos los alcances de nuestro informe.

Posteriormente a ello, parece que se acordó sacar un dispositivo y posteriormente, a la voluntad política de sacar el dispositivo, seguramente, se habría faxeado alguna copia y se discutió el tenor con la gente de CONASEV.

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El señor PRESIDENTE.—¿Diría usted que esto fue una gran presión política, respecto de convalidar la operación?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No estoy en condiciones de afirmarlo, porque como repito, la voluntad política de sacar el decreto supremo que es al final el soporte de la regularización de todo esto porque todo esto excedía al campo técnico.

El campo técnico para CONASEV y para el área específica que yo tenía la gerencia, terminó desde el punto de vista técnico cuando emití mi Informe N. ° 048 y lo hice de conocimiento del directorio y en ese informe estaba muy claro que tenía que deshacerse la operación.

No hubo otra voluntad de la gerencia porque esta es la única voluntad técnica que tenía que haber. Este informe queda sin sustento al promulgarse el Decreto Supremo N.° 041, entonces, este informe carecía de actualidad, de virtualidad jurídica en vista de que el decreto supremo había contradicho sus alcances.

El señor PRESIDENTE.— Señor Veramendi, queda claro entonces, que estuvo presente en dicha reunión, los ministros de Estado; Jorge Camet, Jorge Gonzáles Izquierdo, después el Presidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi; igulamente, el señor Absalón Vásquez y el ingeniero Juan Calisaya Medina.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Sí, me remito a esta copia y hasta donde yo recuerdo, sí. No puedo asegurar, sin embargo, faltaría a la verdad si estuvo el ingeniero Alberto Pandolfi, no lo puedo asegurar, no recuerdo bien, esto ha sido hace seis años.

El señor PRESIDENTE.—¿Estaban presentes los abogados de los compradores y los compradores o solamente los abogados?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Recuerdo que había un abogado de los compradores y me parece que también algún representante de los compradores o el propio comprador de alguna de las empresas.

El señor PRESIDENTE.—¿El señor Andrade, el señor Picaso?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No puedo precisarlo. Si recuerdo que estaba un abogado con el que, incluso, yo tuve alguna discusión. Eso queda clarísimo para mi.

El señor PRESIDENTE.— Bien, vamos a pasar a otra pregunta, señor Veramendi.

Tenemos denuncias graves de personas que intervinieron en el proceso de ventas de acciones de San Ignacio en la que se dice que el Grupo Picasso, al darse cuenta que la referida compra de acciones se realizó contraviniendo lo dispuesto por el artículo 34.° de la Ley de Mercado de Valores.

Cambian las primeras páginas de los certificados de acciones que habían comprado Corporación de Inversiones Progreso y hacen aparecer en ellas, a Gatosol Financian.

¿Usted está enterado de ello?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— El informe N.° 048 que yo suscribí.

El señor PRESIDENTE.— Perdón, se lo digo porque usted debe saber que el artículo 427.° del Código Penal dispone una pena máxima de diez años para las personas que falsifican documentos públicos y el cómplice, en este caso, también tendría la misma pena que el autor del delito. Sus repuestas, por favor.

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El señor VERAMENDI GALDÓS.— Sí, conozco perfectamente ese tipo de manipulaciones que existieron, por lo menos, eso está también en el Informe N.° 048 porque gracias al conocimiento que tuvimos de esas situaciones que nosotros pudimos opinar que la compra del paquete había sido una sola de 49% y no dos fraccionadas de 24 y tantos.

Entonces, el conocimiento de esa situación es la que nos llevó a recomendar que esa operación se deshiciera.

El señor PRESIDENTE.— Bueno, voy a dar el uso de la palabra a los integrantes del equipo de asesores, a fin de que puedan hacer preguntas adicionales que nos permita cumplir con los objetivos de la reunión de la Comisión de Delitos Económicos.

El señor ASESOR.— Buenas tardes, doctor Veramendi. Una pregunta.

Nosotros tenemos las copias de los certificados de acciones que corren inscritos en CONASEV. Estos certificados de acciones que son del 12 de abril de 1996 y han sido certificados el 24 de mayo de 1996 por el Notario Bernabé Zúñiga.

En uno de sus artículos dice: "el precio pactado por mutuo acuerdo es de 6 mil soles, el cual corresponde a su valor justo. Dicho precio, me ha sido cancelado en su integridad, a la fecha ya ha sido entregado al Notario Público doctor Bernabé Zúñiga Quiróz para que lo guarde hasta la oportunidad en que la compradora complete la compra del 67% del capital social de San Jacinto".

En este caso, ya de por sí, el mismo certificado de acciones invalidaba la transferencia, en el sentido de que indicaba que se estaban transfiriendo el 67% de acciones.

¿No le parece que la CONASEV se hubiera pronunciado antes de la fecha del 19 de agosto de 1996 cuando se inscriben estos certificados de acciones?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Hasta antes del 19 de agosto, lo que teníamos era una serie de indagaciones que estábamos haciendo. Teníamos algunos elementos que nos estaban conduciendo a la misma dirección. Eso no fue extraño para nosotros, el Informe N.° 048 es claro en señalar que se ha producido una transferencia por encima del 25% o 49% y que por tanto, tenía que haberse hecho a través del trámite de la OPA, eso está clarísimo.

O sea, que no hay contradicción, no hay diferencia entre la apreciación que acaba de hacer usted y la lectura del documento con lo que sostuvimos en su momento.

El señor PRESIDENTE.— Pero parece haber sido más bien una compra directa que una compra en bolsa.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Has sido una compra directa, ese fue un señalamiento de nosotros, esa fue una compra directa; no pasó por una operación bursátil. Eso es así.

Ahora, todo el tema ese fue materia de nuestro informe el 048 que he dejado una copia.

El año pasado se me requirió por parte de CONASEV un informe, un cuestionario a raíz de una investigación que estaba instaurando la Contraloría, que tiene que ver con temas parecidos.

Yo quiero dejar copia al congresista a la comisión, de las respuestas que en su momento di a la CONASEV. Entiendo que también, CONASEV se ha pronunciado o su órgano de auditoría interna se ha pronunciado respecto del tema a través de un Informe N.° 003-2001. Yo tengo una copia aquí.

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El señor PRESIDENTE.— Si fuera tan gentil de dejarnos una copia.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Claro, tengo la obligación de colaborar con la comisión.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Ojalá la pudieran fotocopiar que es lo único que tengo, ayer lo pedí oficialmente a CONASEV y me lo hicieron llegar.

El señor PRESIDENTE.— Por favor, saquen una copia de ese informe.

Está en el uso de la palabra el señor asesor para plantear sus inquietudes.

El señor ASESOR.— Señor Veramendi, de las conclusiones de su informe N.° 048-96 usted establece que Progreso y Gatosol han actuado concertadamente la adquisición de las referidas acciones procediendo aL fraccionamiento del paquete inicial adquirido.

Eso se deduce que Gatosol habría adquirido; sin embargo, de las cartas por las cuales los trabajadores, los supuestos contratos de adquisición de acciones que nos remite CONASEV, solamente figura como adquiriente Corporación e Inversiones Progreso, no Gatosol.

En tal sentido quería preguntarle si Gatosol registra en CONASEV o pretende registrar las acciones adquiridas. (8)

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No, no puedo dar una respuesta exacta acerca de lo que pretenda la empresa.

Creo que para nosotros, desde el punto de vista técnico, lo que hubo aquí fue una adquisición concertada del 49%, desde nuestra perspectiva técnica se pretendía hacer figurar, era que no había una sola adquisición, sino dos adquisiciones distintas, de modo tal, que 49 dividido entre 2, ninguna de esas dos adquisiciones llegaba al 25 y por lo tanto, ninguna tenía que haber hecho OPA.

Para nosotros el tema técnico era claro y así está plasmado en el informe.

El señor ASESOR.— Sin embargo, de la información que remite CONASEV, solamente, figura Corporación e Inversiones Progreso.

¿Qué rol juega Gatosol, cómo ustedes toman conocimiento que Gatosol ha adquirido acciones si para ustedes, de la información que nos han remitido solamente compró Corporación e Inversiones Progreso no Gatosol?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Creo que toda esa información tiene que ser complementada con las propias manifestaciones de los representantes de estas empresas que se efectuaron en el curso de las investigaciones.

Hay documentación que tiene que estar en CONASEV, respecto a este tema porque nosotros exigimos que la empresa declarara bajo juramento una serie de preguntas que fueron objeto de una acuerdo de directorio. Porque el 5 de agosto de 1996 nosotros ingresamos una ayuda memoria al directorio y el directorio acordó instruir a la administración a efectos de que realice las investigaciones y las indagaciones pertinentes respecto a este tema.

Nosotros actuamos de ese modo, enviamos inspectores y todo ello, pero al ver que no nos proporcionaba información las empresas, ingresamos nuevamente al directorio y el directorio en esta ocasión acordó que se le remitiera y que se le conminara a las empresas a responder el cuestionario que les habíamos enviado. Después de eso contestaron el cuestionario y en ese

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cuestionario se dijeron una serie de cosas, por ejemplo, no se si el acta la tengan ustedes, las actas de directorio del 14 de agosto. Ahí se dice, por ejemplo, lo siguiente:

Que Agroindustrias San Jacinto había estado interesada en seleccionar a una consultora para evaluar a su empresa y gestionar algún tipo de operación que le permitiera revertir su situación económica, porque esta empresa tenía graves problemas económicos según la información que obraba en nuestro poder.

Entonces, se señala que San Jacinto contactó con Corporación Progreso quien suscribe con Agroindutrias San Jacinto una serie de contratos desde antes, estamos hablando todavía, de los primeros meses de 1996.

Posteriormente, hacen una oferta con fecha 20 de mayo a los accionistas, después se señala que Corporación e Inversiones Progreso señala que hubo 693 cartas de venta de acciones de los accionistas de Agroindustria San Jacinto, las cuales fueron suscritas entre el 23 y el 28 de mayo de 1996; es decir, después de la inscripción de la bolsa que fue el 3 de mayo, como habíamos dicho, y legalizadas por el Notario Bernabé Zúñiga.

Dichas acciones precisó según la información recibida, fueron divididas en total, esto fue uno de los indicios que tuvimos nosotros para determinar que aquí había habido un fraccionamiento. Indicó que fueron 2 millones 234 mil 433 acciones que representan el 49% del capital de San Jacinto, de las cuales quedaron en propiedad de Corporación e Inversiones Progreso, la cantidad de un millón 117, acciones que representan el 24,9%.

Es decir, la propia empresa en una comunicación admitió que había comprado 49% y luego desglosó, dividió en dos, evidentemente, con la intención de no ser objeto de la aplicación del artículo 34.° y que no se le apliquen las normas de OPA. Eso estaba claro.

El señor ASESOR.— Señor Veramendi, o sea, la impresión que le deja la comisión a este asunto que luego de la acción del Decreto Supremo N.° 041-96, la empresa habría desistido la tesis del fraccionamiento porque de alguna manera ese decreto subsanaría la situación irregular preexistente y simplemente, decía aparecer así como único adquiriente.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Probablemente, sea eso, no estoy en condiciones de dar una respuesta.

Para nosotros, desde el punto de vista técnico, hubo una solo adquisición concertada que después se dividió en dos y para nosotros era claro que eso se había hecho con la intención de evadir la OPA y por lo tanto, opinamos que esa adquisición tenía que revertirse.

El señor ASESOR.— ¿Sabe usted cuál fue el rol de la Agencia Wiese SAB en esta operación?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No recuerdo exactamente cuál habría sido el rol de Wiese SAB.

Por lo pronto esta operación no se hizo a través de la Bolsa, no se hizo con intermediación de una Sociedad de Agentes de Bolsa, sino que se recurrió a un notario. Eso me hace, ateniéndome a la información que dispongo, no podría.

El señor ASESOR.— Ah! sí, claro, perdóneme un segundo.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Entonces, no estaría en condiciones de señalar eso, sería grave de mi parte señalar algo que no conozco.

El señor ASESOR.— Sí. la pregunta iba porque el señor Mejía ha declarado, estuvo los

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momentos previos a que usted ingrese aquí en la comisión. Señaló que había intervenido en la operación Wiese SAB, a nosotros también nos parecía que en ningún momento interviene Wiese SAB.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Oficialmente, para nosotros esto no se hizo en Bolsa ni tuvo una Sociedad Agente de Bolsa de participación, por eso es que nosotros señalamos que se habían quebrantado las normas en el mercado de valores.

El señor ASESOR.— O sea, ¿la operación, únicamente, se habría realizado en la Notaría del señor Bernabé Zúñiga?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Algo de eso, sí.

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna otra inquietud de los señores asesores? Por favor.

Bien, queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Gustavo Veramendi por su participación, salvo que tenga algo que adicionar.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Congresista, yo quería señalar algunos temas contextuales porque este tema ha sucedido hace seis años.

Cuando se da la norma que permite que las Cooperativas se transformen en sociedades anónimas, a través de una serie de ventajas de orden tributario, sobretodo porque se permitía la rebaja de la deuda que tenían, porque la realidad era que la mayoría de estas empresas tenían gravísimos problemas económicos.

Entonces, para facilitar el ingreso del sector privado, entiendo, se promulgó una serie de normas que permitían ese tipo de operaciones. Salió el Decreto Legislativo N.° 802 que fue reglamentado en junio de 1996 por el Decreto Supremo N.° 05.

Entonces, este fue un proceso que, obviamente, comenzó a generar una serie de interrogantes para todos los participantes del mercado.

Por lo pronto CONASEV tenía interrogaciones como las siguientes:

Cómo podía hacerse posible la negociación de las acciones de empresas que quedaban en el campo en un lugar llamado Bolsa de Valores, si eso era práctico y si eso respondía la realidad de las propias localidades en las que estaban las empresas.

Segundo, ninguna de estas empresas o algunas, seguramente, tendrían muy pocas, tenían información financiera.

Entonces, eran empresas que en cualquier país del mundo no hubieran podido ir a la Bolsa, no hubieran calificado, ¿por qué? porque un requisito esencial para ir a Bolsa es tener la información al día y la información tiene que ser cierta. Además, porque la Bolsa es una especie de vitrina en la cual se ponen las acciones para que cualquier inversionista lo compre y lo mínimo que tiene que haber es información.

Recordemos, por ejemplo, el caso de EMROM que ha pasado hace muy poco en los Estados Unidos. Ese es un problema que las acciones costaron en un momento cerca de 90 dólares, pero resulta que por problemas en la información financiera y porque la empresa ocultaba sus pérdidas a través de una serie de maniobras contables, causó el colapso de la empresa y al final eso que costaba 90 dólares, llegó a valer cero y ahora mismo está en bancarrota la empresa. Ha entrado al capítulo 11 de la Ley de Reestructuración de Estados Unidos.

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Entonces, lo que yo quería puntualizar era que aquí se ha producido al inicio de la aplicación de la norma, un conflicto de la realidad. Yo por lo menos, hasta ahora, no creo que una empresa que no tiene información deba de estar en Bolsa. Sin embargo, las normas obligaron a que estas empresas se inscriban en Bolsa.

Entonces, sobre la base de esa norma legal es que nosotros opinamos, por supuesto, que nuestra opinión tenía en cuenta las normas legales que estaban vigentes y no podíamos hacer este tipo de abstracciones.

Entonces, lo que quería señalar es que posteriormente, han salido una serie de decretos supremos que decían a partir de cuándo son obligatorias, por ejemplo, las negociaciones en Bolsa.

Recuerdo que el Decreto N.° 031 señala una cosa, dice. "que la empresa se inscribe dentro de los diez días de su transformación en Sociedad Anónima y que se haya inscrito en Registro Mercantil" y dice "que aún cuando no presenten información a la Bolsa se puede suspender estas acciones".

Es decir, a estas empresas se les inscribió en la Bolsa como una especie de mecanismos de contención para que no se produzcan adquisiciones sin hacer la OPA, soslayando, una serie de análisis técnicos que cualquiera que conoce el mercado de valores, hubiera cuestionado.

Por ejemplo, el artículo 2.° de este Decreto Supremo N.° 041 que dice: "a partir de la vigencia del presente dispositivo toda transferencia de acciones de empresa agrarias azucareras deberá realizarse a través de la Bolsa de Valores".

Después el Decreto Supremo N.° 09-97 de Agricultura dice: "que se tienen que inscribir las acciones a simple presentación por parte de los accionistas de un listado".

Entonces, lo que ha habido aquí ha sido una gran proliferación de normas ante el advenimiento de una realidad que habían empresas que se estaban convirtiendo en sociedades anónimas y que los accionistas estaban en muchos casos con ganas de vender las acciones porque no tenían dinero.

Entonces, yo creo que esto es parte del contexto.

Y finalmente, quizá, ya es un tema emocional lo que voy a señalar a continuación.

Yo lo he manifestado antes en privado y creo que es conveniente que la comisión lo sepa también.

Yo he sido funcionario de carrera en CONASEV y entre otras cosas he tenido aplicaciones severas para Sociedades Agentes de Bolsa que han pertenecido, incluso, a ex ministros del régimen anterior y mi apartamiento de CONASEV fue, básicamente, porque yo consideré que no estaba desde el punto de vista de la transparencia, correcto que habiendo yo sancionado a tres empresas, de pronto se sentaron como directores personas que habían sido abogados defensores de esas empresas.

El señor PRESIDENTE.— ¿Podría usted decir qué empresas eran y qué ministros eran?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Por lo pronto y esto no es ningún secreto porque yo le manifesté esto al Presidente del CONASEV apenas se produjo el nombramiento, era el abogado defensor de una Sociedad Agente de Bolsa vinculada a un grupo económico que tuvimos que denunciar penalmente por una serie de problemas. Era la sociedad ARGOS

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién más?

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El señor VERAMENDI GALDÓS.— su abogado defensor o quien lo defendió fue nombrado director y el mismo abogado era el doctor Jorge Ocio, entiendo. Entiendo, que hasta ahora sigue siendo director de CONASEV.

Luego, el mismo doctor Ocio representó a la empresa a un banco que estaba siendo investigado.

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué banco?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Era un tema de manipulación de acciones por parte del Banco Santander a raíz de un problema que sucedió con los oleoductos. Y posteriormente, nombraron director a una persona que fue director de una Sociedad Agente de Bolsa que fue sancionada en su momento por mi por haber manipulado precios de mercado.

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién fue?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— El doctor Juan Prao.

Entonces, por supuesto, que mi salida fue un premio para los que había sancionado y ellos se habían alegrado mucho, seguro, con mi salida. Nunca he comentado esto, congresista.

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué fecha salió usted de CONASEV?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— En setiembre de 2002.

El señor PRESIDENTE.— ¿La fecha exacta de setiembre?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— No le puedo precisar, pero fue hacia 20 y tantos de setiembre. Por supuesto, apenas sucedió esto yo presenté mi carta de renuncia y me la aceptaron y entiendo que fue una especie de represalia por haber actuado así.

El señor PRESIDENTE.— ¿Nos podría mandar una copia de su carta de renuncia, por favor?

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Magnífico, sí.

El señor PRESIDENTE.— Doctor, Gustavo Veramendi, a los moralizadores siempre nos dan un premio y el premio en este caso, entiendo que ha sido, la persecución, el fastidio, rotación, cambio, etc.

Bueno simplemente puedo decir si que usted considera necesario complementar sus declaraciones que ha vertido el día de hoy en esta reunión con alguna información adicional, gustosamente lo vamos a recibir en la comisión.

Necesitamos que los peruanos, con desprendimiento colaboren en trabajos como se nos ha encargado a la Comisión de Delitos Económicos.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Muy amable, congresista.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias por su presencia.

El señor VERAMENDI GALDÓS.— Las veces que requiera estoy a su disposición para aclarar y les pido disculpas haber tocado este último tema, que es casi un tema personal, pero yo quiero que tenga una idea cabal de con quién están hablando porque, definitivamente, eso puede ayudar mucho en las investigaciones.

El señor PRESIDENTE.— Totalmente de acuerdo, las declaraciones, las manifestaciones son totalmente reservadas y la comisión trabaja con profesionalismo.

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Infinitas gracias por su presencia.

Se da cuenta de que el señor José Martín Picasso Candamo, no se ha hecho presente. En efecto habiendo cumplido con los objetivos trazados para la sesión del día de hoy, se levanta la sesión ordinaria, siendo las 13 horas y media del día 22 de marzo del año 2002.

Por su presencia y su participación a todos ustedes muchas gracias.

—Se levanta la sesión a las 13 horas y 30 minutos.

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