1-1-2012

Solución política | federación de estudiantes universitarios

MARCHA

PATRIÓTICA CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA

Conflicto social y armado que vive colombia

Colombia es un país que atraviesa por un conflicto social, político y armado. Este conflicto tiene

sus causas en la monopolización de la tierra por hacendados oligarcas, el desplazamiento de

campesinos hacia los centros urbanos, el gamonalismo o concentración del poder por parte de

una elite que representa la minoría, las desigualdades sociales y la extrema pobreza, el abandono

estatal, la falta de educación, la transición de derechos fundamentales a “servicios” como es el

caso de la salud, las deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares y la violación

sistemática a los derechos humanos, entre otros aspectos.

Políticas públicas y marco legal actual alrededor del conflicto en el gobierno Santos

En este marco, el gobierno nacional siguiendo las tesis doctrinarias propias del “nuevo orden

internacional” impuestas por las políticas intervencionistas de las grandes potencias extranjeras,

ha optado por un escenario de guerra para fortalecer el modelo económico, que con ayuda de una

estrategia de terror y despojo, garantiza la fácil acumulación de capital de las clases dominantes

del país y del extranjero, dejando de lado la política social, y favoreciendo de esta manera el

aumento de los índices de pobreza y de miseria.

El gobierno y el ministerio de defensa hablan de cuatro lineamientos generales, que deben seguir

como objetivos de la política de seguridad y defensa. En primer lugar la Consolidación, que niega

la existencia de actores armados por causas sociales y traslada las medidas usadas en la guerra

contra-insurgente a las ciudades. En segundo lugar el fortalecimiento institucional, que habla

cínicamente del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cuando

claramente, dichos principios rectores son desconocidos por el estado colombiano, especialmente

por sus agentes armados. Posteriormente como tercer lineamiento se menciona la

internacionalización, que es un reflejo de las políticas de intervención extranjera, que van en

contravía de lo que plantea el último lineamiento sobre defensa, que habla acerca de soberanía

nacional.

El gobierno nacional plantea la seguridad como eje transversal de las cinco locomotoras, incluidas

en el Plan Nacional de desarrollo 2011-2014 impuestas por la oligarquía colombiana para lograr su

cometido de “prosperidad democrática”; esto se refleja en un aumento sustancial del pie de

fuerza total de la policía nacional, en un 3.5% pasando de 152.961 efectivos a 158.365, un

aumento de 5404 efectivos en el periodo agosto de 2009 a agosto de 2010 .Caso contrario al de

las fuerzas militares como tal, que aunque posee más miembros reduce en un 6.2% su pie de

fuerza pasando de 285.175 a 267.629, disminuyendo un número total de 17546 efectivos, esto

enmarcado en una política de trasladar la guerra al interior de las ciudades, que ayudado con la

nueva legislación en materia de seguridad, procede a un proceso de militarización de los cascos

urbanos poniendo en riesgo también los sectores del movimiento social colombiano. Otra muestra

de esto sería el aumento de 153 batallones para la guerra contra la insurgencia durante el periodo

comprendido desde el 2002 hasta la actualidad, siendo Santos el inaugurador de 11 de estos

durante su primer año de gobierno.

El gasto del PIB en materia de seguridad, aunque baja un pequeño porcentaje durante el 2010,

sigue en la tendencia que se desarrolla durante el periodo Uribe de mantener una alta inversión

en esta materia, haciendo inclusive mas alto el gasto en seguridad (4.5%) que el gasto en

Educación (4.3%), considerando que la suma de inversión en Seguridad y Defensa es de

16.361.339 millones de pesos, siendo este un régimen que desarrolla la ofensiva militar como

única alternativa a la solución del conflicto armado.

Además de estas políticas públicas, el gobierno tiene tres leyes bandera que muestran el aparente

posconflicto que vivimos, pero dentro del recrudecimiento de la guerra. Estas son: Ley de

inteligencia y contrainteligencia, ley de víctimas y restitución de tierras y ley de seguridad

ciudadana.

La ley aprobada por el Congreso de inteligencia y contrainteligencia legaliza, lo que se podría

denominar como un Estado de Sitio, a pesar de unos principios que aparentemente respetan las

diferencias ideológicas, culturales, religiosas, etc. expresados en el artículo 4 de dicha ley. Sin

embargo, en el desarrollo de la ley se ve que agrede directamente a las personas que estén en

oposición política, argumentando que altera “la vigencia del régimen democrático, y la integridad

territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación”, incluyendo a cualquier ciudadano

de forma arbitraria. Posterior a la aprobación de esta ley, se debe hacer un Plan Nacional de

Inteligencia (PNI), el cual estará elaborado dentro de un año por la Junta de Inteligencia Conjunta

(JIC) que está constituida únicamente por personas del Gobierno Nacional y de la cúpula Militar de

las diferentes Fuerzas Armadas. Ulterior a la elaboración del PNI, la única persona facultada para

hacer requerimientos adicionales, es el Presidente de la república o un funcionario que éste

designe, haciendo que el poder Ejecutivo tenga la total potestad para desarrollar las operaciones

de inteligencia y contrainteligencia. El “control y la Supervisión” de las actividades de inteligencia y

contrainteligencia están a cargo de “el superior jerárquico” es decir, se vuelve a la JIC.

En teoría los funcionarios de los organismos de inteligencia que infrinjan sus deberes u

obligaciones tienen “responsabilidad civil, fiscal, penal o profesional” sólo si es un delito de lesa

Humanidad o contra el DIH, sin embargo, es necesario tener en cuenta que las acciones de los

organismos de inteligencia, están cobijadas bajo la orden del superior jerárquico y que si cometen

algún delito, es porque éste lo ordenó y frente al superior jerárquico no existe legislación alguna.

Adicionalmente, en el artículo 34 se ve que la impunidad sigue siendo factor regular para estos

organismos: “los servidores públicos de organismos que desarrollan actividades de inteligencia y

contrainteligencia, están obligados a guardar la reserva en todo aquello que por razón de ejercicio

de sus actividades hayan visto, oído o comprendido. En este sentido, los servidores públicos a los

que se refiere este artículo están exonerados del deber de denuncia y no podrán ser obligados a

declarar.”

Se evidencia el claro atentado al derecho a la información consagrado en la Constitución política

de Colombia, cuando en ésta ley se impone una obligación a la reserva de la información de

inteligencia por un término máximo de 40 años extensible por el presidente por 15 años más. Es

un delito “la divulgación y empleo de documentos reservados y empleo abusivo a un sistema

informático” con penas que van de 5 a 10 años, con multas que van desde 20 hasta 240 salarios

mínimos legales vigentes. Esta ley también legaliza las interceptaciones ilegales hechas por el DAS

de años pasados y permite la identificación por medios de telecomunicación y muestra de manera

contundente la persecución y señalamiento al disenso, al pensamiento crítico y a la organización

social.

La ley de víctimas y restitución de tierras pretende “restituir y reparar” a las víctimas del conflicto,

es una de las más importantes del gobierno Santos, pues aparentemente acepta la existencia de

un conflicto armado interno, se da en el marco de una justicia transicional y por ende se entiende

que está en el marco del “posconflicto” desconociendo las razones estructurales, aún vigentes de

un conflicto político, social y armado, que viene desde años atrás, acompañado del

recrudecimiento de la guerra por parte del estado, haciendo que la reparación, el alcance de los

derechos, la verdad, justicia y reparación con garantía de no repetición no estén asegurados.

En esta ley el concepto de víctima puede ser muy ambiguo: “toda persona que sufra un daño

como consecuencia de violaciones a las normas de derechos humanos o infracciones al DIH…sea

quien haya sido el victimario”, y reconoce principalmente a la insurgencia y a los paramilitares

como victimarios, es decir al “crimen organizado” mostrando el desconocimiento de los actores

políticos y armados dentro del conflicto como lo es la insurgencia; de igual forma no reconoce al

Estado como victimario representado en este marco por las fuerzas armadas –y para estatales-

pues se consideran casos aislados.

En ese sentido la reparación consiste en medidas de asistencia, que son estimados como derechos

fundamentales, tales como educación y salud, que deben ser brindados por el estado para

cualquier ciudadano y son las garantías mínimas que debe tener una víctima para poder regresar a

su lugar de origen y no debería ser considerado como un elemento de reparación. Otro aspecto

importante es la ayuda humanitaria, que no tiene especificidad en el tiempo en que será otorgada,

pues apunta a solventar necesidades inmediatas.

Dentro de los componentes de reparación está la restitución de tierras después de un proceso

judicial, que tiene en cuenta la legalización de títulos, sin garantizar siempre la devolución de

tierras a las víctimas reales del desplazamiento forzado y del despojo, pues existe el “principio de

buena fe” frente a terceros que por diversas razones sean propietarios de tierras, en su mayoría

latifundistas y multinacionales, defendiendo la propiedad privada de estos y el modelo agro

exportador y minero, dejando de lado la actividad campesina y un modelo de desarrollo distinto y

verdaderamente incluyente. También se ve que dentro de los componentes de reparación, el

sector privado juega un papel fundamental en generación de sectores productivos, mostrando la

conexión evidente con el Plan Nacional de Desarrollo. Además existe una indemnización si las

víctimas hacen contrato de transacción para no demandar al estado y al no estar resuelto el pleito

por la tierra, el estado continuaría sancionando la ocupación de dichos terrenos.

Se pretende recuperar la memoria histórica a través del día nacional de víctimas y exención de

servicio militar para estas, a pesar de ya haber vivido el conflicto y de ser una institución que lo

profundiza, desconociendo la importancia del reconocimiento de unas causas estructurales del

conflicto y del papel de todos los actores en el recrudecimiento de este, como elemento básico

para garantizar una verdadera justicia y reconciliación, que constituiría una satisfacción real para

las víctimas.

Por último, para analizar las serias reformas frente al sistema penal y de seguridad colombiano es

necesario analizar la ley de Seguridad Ciudadana, en este sentido debe ser tenido en cuenta un

primer elemento y es que se desconocen sistemáticamente las acciones políticas y el delito

político, penalizándolos como actos terroristas, confundiendo actos a todas luces políticos y

transformadores como la protesta y las manifestaciones ciudadanas con actos de delincuencia

común.

Inicialmente, en términos de la utilización ilícita de redes de comunicaciones, establece que: “...el

que con fines ilícitos posea o haga uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de

cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales incurrirá por esta

sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.” Como vemos, este artículo es en extremo

impreciso, en la medida en que no establece a que se refiere con “fines ilícitos”, adicionalmente,

deja ver cuál es la verdadera intención de criminalización al señalar que la pena se duplicará

cuando se realice con fines terroristas.

Se va a sancionar con penas hasta de 180 meses de prisión y multas de 750 salarios mínimos

legales vigentes a personas que en medio de protestas empleen o lancen sustancias u objetos

peligrosos, especialmente si es en contra de la policía. Tal como está redactada esta ley, no se

tiene en cuenta si la acción penalizada se da en defensa de cualquier tipo de agresión policial tal

como sucede en la mayoría de los casos y lo peor es que en ningún modo se va a castigar a los

miembros del ESMAD que agreden a la población civil y a movimientos sociales que protesten

pacíficamente contra los excesos del gobierno, abusando de la fuerza y de su autoridad.

A esto se suma lo dispuesto en el artículo 44 que prohíbe y penaliza la obstaculización de las vías o

la infraestructura de transporte, en otras palabras criminaliza las marchas y manifestaciones que

obviamente buscan interrumpir la vida normal de la ciudad o de los campos para evidenciar las

contradicciones e injusticias del sistema. En la misma vía, se penaliza la perturbación en servicio de

transporte público, colectivo y oficial, lo cual es consecuencia directa de cualquier manifestación.

Pocas veces había sido tan descarado un gobierno al prohibir abiertamente las movilizaciones

ciudadanas y a restringir la protesta a permisos pedidos a las mismas autoridades que los

reprimen. En materia de registro y allanamientos, son numerosos los elementos y las

inconsistencias que permitirían un exceso de atribuciones por parte de las autoridades encargadas

de la acción.

Con los artículos relacionados con la interceptación de comunicaciones y la recuperación de

producto de la transmisión a través de las redes de comunicaciones, se pretende dar un marco

legal a prácticas que hasta ahora eran ilegales pero se realizaban con cotidianidad tales como la

interceptación a miembros de la oposición e incluso la utilización de la información obtenida para

intimidar o agredir a las víctimas de esta. Solo es necesario que un fiscal tenga motivos

“razonablemente fundados” para proceder con las interceptaciones. Igual sucede con la vigilancia

y seguimiento de personas. Cualquier ciudadano puede ser seguido por la policía judicial por un

año y pueden ser grabadas o fotografiadas su acciones en detrimento de su privacidad e

intimidad.

Como se puede percibir, estas leyes permiten la profundización del modelo neoliberal y de

capitalismo salvaje que sigue manteniendo al país dependiente de las élites, el capital financiero,

de las multinacionales, etc., siendo fuente de recursos y respondiendo a los intereses de todos

ellos, pues a través de la ley de víctimas y restitución de tierras se garantiza la legalización de

títulos y la promoción de un modelo productivo que realmente no suple las necesidades del

pueblo colombiano, aumentando la desigualdad e inequidad social y no contribuye a una

verdadera solución del conflicto que vive nuestro país ni responde a los clamores históricos del

movimiento social, popular y en especial del sector campesino, de adelantar un real proceso de

redistribución de la tierra, consigna además de los grupos insurgentes participantes en el conflicto

en el país. Esta ley y todas las reformas que ha querido y quiere imponer el gobierno Santos

materializadas en el Plan Nacional de desarrollo, la reforma a las regalías, la nueva ley de

educación superior, entre otras, traen consigo un aumento de la movilización social, para lo cual

este gobierno autoritario responde con medidas, de carácter dictatorial y que no respetan las

mínimas libertades de asociación, libre expresión, opinión, de la información, protesta, etc., como

la ley de seguridad ciudadana y la ley de inteligencia y contrainteligencia. Esto sin duda alguna,

también es reflejo del recrudecimiento del conflicto en el que se ha hecho manifiesta la

participación impune de fuerzas paramilitares y para estatales (actualmente denominadas

BACRIM) en la llamada guerra contra el terrorismo, que no ha significado más que una

persecución a los movimientos sociales, sindicales y a defensores y defensoras de derechos

humanos, en función de la protección de claros intereses económicos de la clase dirigente del país,

como ha sucedido históricamente.

Es de esta manera como se ahonda el modelo neoliberal en nuestro país, agudizando las

contradicciones de clase y las causas estructurales del conflicto manteniendo lejana una

conclusión de este, pues sus origenes siguen vigentes y se profundizan, y apesar de la coopatción

del moviemiento social y porpular, con estrategaias hábiles por parte de Santos y las políicas

sistemáticas de persecusión, estigmatización, señalamiento y exterminio en contra de este, se

continúa alejando a los actores del conflicto, como los son los grupos insurgentes, y agudizando

políticas de carácter represivo, manteniéndose en la lógica de acabar el conflicto por la vía militar,

sin reconocer la necesidad de una salida política que realmente logre recoger los elementos que

han mantenido a Colombia sumergida en la guerra.

Derechos Humanos y Conflicto

El gobierno nacional busca a partir del discurso de la unidad nacional no solo aplacar la oposición

sino cerrar cada día más la limitada democracia que existe en este país. Es un mero sofisma el

decir que realmente en Colombia el gobierno actual en cabeza de Santos encarna una lógica

distinta en materia de derechos humanos a la adelantada en el gobierno Uribe Vélez. Vemos

claramente la profundización del modelo que otrora desarrollara la muerte y el guerrerismo bajo

el manto de la seguridad democrática, del cual el actual presidente era uno de los artífices y

principales actores pues como ministro de defensa estuvo en cabeza de la política sistemática de

estado de las ejecuciones extrajudiciales.

La estrategia de cooptación de distintos sectores de la sociedad, para de esta manera reflejar ante

la comunidad internacional un panorama distinto y dar la intención de una ruptura frente a la

mala imagen que el gobierno anterior sembró, a partir de relaciones diplomáticas y de una nueva

estrategia de posicionamiento de cara a ciertos escenarios internacionales, no es más que la

estrategia de este gobierno que se caracteriza por ser de tercera vía, para usurpar las banderas del

movimiento social y popular frente aspectos álgidos y que han estado caracterizados por ser

escenarios de confrontación, para de esta forma deslegitimar a actores del conflicto armado,

como la insurgencia. Todo esto sucede mientras que al interior del país se evidencia la impunidad

en casos como las ejecuciones extrajudiciales, la limitada aplicación de la ley de justicia y paz, que

aunque es una estrategia de las élites para favorecer al paramilitarismo y ocultar la verdad de los

crímenes en el país, su no aplicación ha permitido la continuación y agudización de la

arbitrariedad, eliminando de tajo la posibilidad de conocer la verdad, desarrollar realmente una

reparación integral que vaya más allá de lo económico, la no aceptación y reconocimiento de la

responsabilidad estatal frente a los crímenes cometidos en el territorio nacional y la falta total de

mecanismos que garanticen el principio de no repetición.

Teniendo esto en cuenta podemos leer en el gobierno Santos un carácter demagógico, que ha

manejado discursivamente el respeto hacia los derechos humanos que no se refleja en la realidad

pues desde el 7 de agosto 2010 han sido asesinados impunemente treinta y cuatro defensores y

defensoras de los derechos humanos, quince dirigentes agrarios que exigían la restitución de las

tierras usurpadas con violencia a los campesinos, al mismo tiempo que veintisiete sindicalistas la

mayoría de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y miles más han sido amenazados de muerte,

demostrando que la persecución hacia el movimiento social colombiano no ha cesado y si se

disfraza bajo discursos y propuestas legislativas que desfiguran la historia real del conflicto

Colombiano.

Estas cifras nos demuestran que el conflicto en el país está lejos de acabarse como muchas veces

se ha planteado desde el gobierno anterior, además de mostrar que los crímenes de estado no

cesan y podemos asegurar que siguen enmarcados en profundos intereses geopolíticos,

económicos y sociales. Igualmente, podemos ver que el discurso del posconflicto, planteado desde

el gobierno Uribe, ha marcado una diferencia radical a la hora de entender la situación nacional, y

aunque el actual gobierno aparentemente ha entrado en contradicción con este supuesto, no

podemos dejarnos engañar, pues sigue manejando, si bien ya no en lo discursivo, si en lo práctico,

en lo político y en lo legislativo, la percepción de que las raíces sociales que han generado

violencia a través de la historia nacional son inexistentes.

Lo anterior nos debe llevar a hacer una profunda reflexión sobre la importancia de concebir un

análisis histórico para estudiar a profundidad las causas del conflicto en el que estamos inmersos y

así buscar alternativas para la paz y la solución política al mismo. De esta manera la memoria

histórica, debe constituirse como uno de los elementos que nos permita recordar los vejámenes a

los que hemos sido expuestos por parte de las clases dirigentes, y el fundamento de la lucha diaria

por cambiar las condiciones de vida de millones de colombianos y colombianas.

Hay que recordar, que los enfrentamientos violentos entre las diferentes clases, se basan en el

reclamo de las necesidades del pueblo colombiano hacia quienes históricamente han direccionado

el país y han generado fuertes contradicciones en las formas de concebir la organización y manejo

de la sociedad. Se debe afianzar la memoria histórica para comprender que dicha violencia es de

origen político al ser excluidos distintos miembros y sectores de la sociedad, de los ámbitos

económicos, sociales, políticos y culturales, entre otros, en beneficio de unos pocos. El discurso

gubernamental ha intentado durante toda la historia nacional imponer una versión que intenta

deslegitimar y desconocer las causas de este conflicto y las exigencias del movimiento social y

popular, cometiendo los graves crímenes por parte de agentes del estado o su permanente

complicidad en contra de las acciones de agentes paramilitares, quienes desde su origen han

utilizado esa estrategia para acabar y eliminar la oposición política en el país.

El claro ejemplo y quizá el que no podemos dejar de lado al hablar del conflicto en Colombia, es lo

que significó el proceso de exterminio de la Unión patriótica, que evidenció la crudeza de la

política de estado de eliminación a quienes se contraponen a las políticas y lógicas

gubernamentales. Esto sigue siendo hoy un elemento fundamental no solo en las apuestas

nacionales de los distintos sectores de articulación sino claramente en contra de los procesos de

movilización que se vienen profundizando en las distintas universidades a nivel nacional. Los

señalamientos de las directivas y miembros del gobierno nacional con el espíritu de estigmatizar

los proceso estudiantiles, el ingreso de la fuerza pública a las universidades, la militarización de los

campus, la represión como única forma de responder ante la protesta juvenil, y muchos elementos

más se han vuelto pan de cada día frente al escenario universitario como parte de la estrategia de

persecución y criminalización de la actividad política del pueblo colombiano.

Prisioneros políticos

Generalmente se tiene la idea que son Prisioneros y Prisioneras Políticas solo quienes se han

alzado en armas, lo que limita que se reivindiquen como tal quienes están sometidos y sometidas

a reclusión en razón a su oposición política no armada o por el desarrollo propio del conflicto

interno. Es por esto que queremos llamar la atención en tener claridades frente a las diferentes

gamas de prisioneros y prisioneras políticas existentes, con la finalidad de aportar al

fortalecimiento de la conciencia y el reconocimiento de los prisioneros políticos en Colombia.

Hasta el momento, podemos identificar tres categorías de prisioneras y prisioneros políticos, ellos

son de ‘Conciencia’, de ‘Guerra’ y ‘Victimas de Montaje Judicial’.

Son Prisioneros Políticos de Conciencia, las personas que han expresado su oposición política al

régimen o al gobierno vigente, de manera individual o en su calidad de miembro de

organizaciones populares ; Prisioneros Políticos de Guerra, las personas que se han alzado en

armas con la finalidad de tomarse el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente;

Prisioneros Políticos ‘Víctimas de Montaje Judicial’, las personas que habitan en zonas de alta

influencia del conflicto armado interno, que han sido estigmatizadas como auxiliadores de la

insurgencia las cuales han sido perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con

pruebas falsas, manipuladas o insuficientes. En síntesis, la existencia de las y los prisioneros

políticos en Colombia es una consecuencia del conflicto social, político y armado que atraviesa el

país.

La situación que viven y han vivido las y los prisioneros políticos en las cárceles colombianas se

resume en una situación de conflicto, caracterizada por protestas, huelgas, motines,

desobediencias civiles e incidentes violentos, cuyo origen es múltiple: condiciones infrahumanas

de reclusión, irrespeto a la dignidad humana, violación de los derechos humanos y las normas

mínimas para el tratamiento de las personas sometidas a detención, y más recientemente, el

traslado del conflicto Estado - Insurgencia a las prisiones, a través del paramilitarismo,

adicionándole la injerencia del buró federal de prisiones estadounidense en la administración de

justicia carcelaria y penitenciaria colombiana.

El hacinamiento y las condiciones indignas en los establecimientos carcelarios también obedecen

al aumento del número de internos como política criminal del Estado de privilegiar la detención

preventiva como medida de aseguramiento, aumentar el número de conductas punibles y las

penas para delitos que atentan contra la seguridad del Estado, restringiendo los beneficios de la

libertad condicional y provisional, así como la detención domiciliaria a los prisioneros políticos. Se

mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T-153 de 1998, que

declaró que el sistema penitenciario colombiano viola de manera masiva y estructural los

derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un

estado de cosas inconstitucional. Hoy, a pesar de haber transcurrido más de 13 años, el estado

colombiano no ha tomado los correctivos que ordenó la Corte Constitucional colombiana.

La actual política carcelaria y penitenciaria obedece a un modelo represivo ante todo mercantil y

no resocializador. El actual modelo carcelario, tiene como consecuencia la generación de una

aguda crisis humanitaria al interior de las cárceles. Rechazamos el proyecto que cursa en el

Congreso de la República conocido como “Código Penitenciario y Carcelario” y la puesta en

práctica de los nuevos Establecimientos de Reclusión Nacional conocidos como “ERON”, los cuales

ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

La actitud del presidente Juan Manuel Santos no debe limitarse a reconocer la existencia de un

conflicto armado, sin reconocer el carácter político y social que ha dado origen a éste; un

verdadero reconocimiento debe estar acompañado por el cese inmediato de los bombardeos a

bienes civiles, estigmatización a la población civil, ametrallamientos, empadronamientos,

bloqueos alimentarios y que posibilite avanzar en propuestas que como el acuerdo humanitario

buscan la liberación de los prisioneros políticos y constituyen gestos de paz que aproximan los

pasos a una la solución política y negociada al conflicto. No existen gestos reales de paz desde el

establecimiento.

El papel de los estudiantes frente al conflicto colombiano

Por eso entendiendo las principales problemáticas que atraviesan la estructura social, política y

económica del país, la propuesta desde la Federación de Estudiantes Universitarios y del

movimiento estudiantil en general, no puede ser otra que la búsqueda de una solución a las

desigualdades sociales y exclusiones políticas que han sido la raíz del conflicto armado. Solo

cuando la totalidad de los colombianos contemos con las herramientas necesarias para desarrollar

nuestras capacidades en torno a una vida digna podremos hablar realmente de un país en paz,

entendiendo esta palabra tan compleja en su más sencilla expresión como un estado social de

tranquilidad, felicidad y realización plena e integral del ser humano. Pero no tranquilidad y

felicidad para unos cuantos que en medio de su arrogancia buscan garantizar privilegios en el

marco del aseguramiento de la propiedad privada y de la posibilidad de seguir acumulando tierras

y capital aunque esto implique pasar por encima de otras personas. ¡No! Esa es la paz de las

tumbas, la paz de los vencedores que han querido imponer las elites colombianas desde la

fundación de la patria. Una paz a la que se llega simplemente con la rendición de la insurgencia.

¡No!, lo que cómo estudiantes debemos exigir es tranquilidad para miles de padres y madres que

duermen angustiados pues no tienen con qué pagar las altas matriculas de sus hijos e hijas, no

solo porque la educación en este país sea en exceso costosa, sino además porque las condiciones

sociales de acumulación de capital aumentan cada día más el ejercito industrial de reserva,

teniendo como consecuencia a cientos de familias sin empleo, sin posibilidad de vivienda,

alimentación, salud y estudio.

No habrá paz en Colombia hasta que no haya un dialogo profundo entre los actores en conflicto y

la sociedad organizada en la que el tema principal no sea la dejación de las armas sino la

construcción de justicia social. No habrá paz en Colombia hasta que los miles de jóvenes que

habitamos este país tengamos la posibilidad de acceder a una educación realmente pública, que

este pensada para generar soluciones a las problemáticas más sentidas de la sociedad: para

mejorar las condiciones de construcción de casas, carreteras y obras públicas; para construir un

mejor sistema de salud y para aumentar la esperanza de vida de los colombianos; para crear leyes

justas y no para seguir alimentando la maraña judicial que alimenta la corrupción y la ilegalidad

que permite el enriquecimiento de unos pocos; para analizar las posibilidades y riquezas culturales

y sociales con que cuenta nuestro país gracias al mestizaje y nuestra historia latinoamericana y no

seguir alimentando la idea de una pureza venida desde fuera, para llenar de arte las calles, los

barrios y los pueblos y no restringirlo a las salas de conciertos a las que solo tiene acceso la

burguesía; para rescatar los saberes indígenas que utilizan la naturaleza para curar sus

enfermedades y no dejarnos robar ese conocimiento con patentes y otras formas de delincuencia

internacional; para esto, y mucho más, debe estar la universidad pública, pero de ninguna forma

debe estar pensada para aumentar las utilidades del sector privado.

Somos estudiantes que se piensan en toda esta infinidad de posibilidades, y por eso, sabemos que

ellas no van a llegar solas, que solo van a ser realidad si las construimos y si impulsamos su

posicionamiento dentro del pensar de la sociedad y del gobierno. Por eso, desde ya trabajamos en

diversos grupos estudiantiles que abordan problemáticas diversas en torno a las correspondientes

ramas del saber, trabajando análisis de situación nacional, análisis de coyuntura, grupos que

tienen su trabajo en la defensa de los derechos humanos, el delito político, y cada uno de los

grupos de trabajo y colectivos que hacen parte de la federación, articulándonos también con otros

movimientos y sectores sociales en distintos espacios; todos y cada uno de estos espacios de

trabajo hacen parte de nuestra propuestas de solución al conflicto y son el reflejo del país con el

que soñamos y que construimos diariamente. El elemento político central en este proceso de

impulso y exigencia de la solución al conflicto social y armado desde el ámbito universitario es el

llamado constante que hacemos a la UNIDAD del movimiento estudiantil colombiano en defensa

de la Universidad Pública al servicio del pueblo colombiano.

Para nosotros son esenciales las propuestas de educación para la paz, que se fundamentan en la

exigencia de una educación pública y de calidad, que permita a los y las jóvenes en mayores

riesgos de vulnerabilidad social y económica acceder a una educación formal y de los más altos

niveles académicos, para que desde esta se atienda a las necesidades del pueblo colombiano y

permita la movilidad social en esta población. Es decir, una educación estatal que permita el libre

e integro desarrollo de la juventud, para que esta no se vea obligada a enfrentarse a situaciones

de conflicto por su propia situación social.

Abogamos entonces por la solución política al conflicto de manera dialogada y comprendemos que

uno de los primeros pasos para alcanzar dicho objetivo ha de ser la libertad inmediata de los

prisioneros políticos en el marco de un acuerdo humanitario o canje de guerra, que reconozca el

carácter político de los actores en contienda y siente las bases para un dialogo franco con toda la

sociedad colombiana. Reafirmamos la justeza del derecho históricamente construido por los

pueblos del mundo de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, a la miseria y a la opresión.

Rechazamos en consecuencia, la forma como el estado colombiano ha ido hacia la supresión y

perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con “el terrorismo”. Por

esta vía se criminaliza la oposición política legal, y al alzamiento armado se le desnaturaliza,

convirtiéndolo en simple expresión criminal. Con esto se desconoce la tradición jurídica del estado

colombiano que durante muchos años admitió la rebelión como expresión política de fines

altruistas que era benévolamente penada. Es válido precisar la necesidad de tener en este proceso

la presencia de un gobierno nacional con voluntad política real para la solución de las

problemáticas sociales y necesidades del pueblo colombiano y una sociedad comprometida con la

construcción de alternativas y cambios de carácter estructural al sistema actual. Debemos dejar

presente nuestro rechazo a la criminalización y estigmatización de los procesos organizativos, con

la excusa de una búsqueda de estabilidad social y económica, pues estas acciones desencadenan

fuertes violaciones a los derechos humanos de quienes participan en dichos procesos y a los

cercanos a estas personas.

En la universidad pensante nos negamos a creer que nuestro único futuro es ser la mano de obra

barata de un sistema alimentado con sangre, nos negamos a aceptar que nuestro futuro éste en

las celdas y mazmorras atiborradas de valerosos luchadores sociales, a creer en los sofismas

baratos que sólo alejan la posibilidad real de la paz, a vender nuestra conciencia por unas cuantas

monedas que jamás alcanzaran a pagar la sangre derramada en la búsqueda de la felicidad; en la

universidad pensante exigimos menos cárceles y más claustros educativos al servicio del pueblo;

en la universidad pensante aún creemos en la posibilidad de un nuevo país. En este sentido

proponemos la Coalición nacional e internacional por el trato digno y la libertad de los prisioneros

políticos “Larga Vida a las Mariposas” como el referente organizativo resultado del encuentro

nacional por la libertad de los prisioneros políticos celebrado los días 4 y 5 de junio del presente

año que se propone como un escenario de coordinación de organizaciones sociales, políticas,

agrarias, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos que suman esfuerzos en torno a la

problemática que viven alrededor de 7500 prisioneros políticos como resultado del enraizado

conflicto que padece Colombia, permitiéndonos trazar agendas comunes de movilización local,

nacional e internacional, en búsqueda de la paz con justicia social.

Para nosotros en el proceso de construcción de un nuevo modelo de educación es necesario

posicionar los siguientes elementos:

Disminución del presupuesto destinado para la guerra y su respectiva asignación para la

educación, lo cual incluye una fuerte inversión estatal que asegure un real financiamiento

y gratuidad de la educación en todos los niveles para todo el pueblo colombiano,

potenciando una academia, investigación y producción de conocimiento con el fin de que

la educación en el país responda necesariamente a la solución del los problemas que

históricamente han aquejado al país y que permita el desarrollo de la economía no sobre

la histórica dependencia, intervención extranjera y la opresión, sino desde la justicia,

equidad e independencia.

Exigimos el diseño y materialización y aprobación de una nueva legislación que permita

avanzar en una reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el país, que parta

del reconocimiento de la existencia de este y sus causas estructurales y que tenga dos

principios fundamentales: la verdad como elemento necesario para poder entender

claramente lo que ha implicado la política del terror en nuestro país y poder avanzar desde

la identificación de los autores intelectuales y materiales de los vejámenes cometidos en el

país. Como segundo elemento el principio de la garantía de no repetición a partir de un

reconocimiento de la responsabilidad estatal en la estrategia de eliminación de la protesta

social y la afectación a la población civil en el marco del conflicto.

Rechazamos la obligatoriedad en la prestación del servicio militar por parte de los jóvenes

colombianos que lo que representa es la militarización de la vida juvenil y que ha

sembrado en el ideario de las nuevas generaciones la guerra y el militarismo como única

opción de vida y de la sociedad. Nos negamos a seguir perdiendo los mejores elementos

de la sociedad en los campos de combate, derramando su sangre en la guerra de la elite

colombiana en contra del pueblo.

Exigimos un respeto absoluto de los campus universitarios, sus comunidades y sus

acciones. La universidad es un espacio de crítica, transformación, conocimiento y cultura;

fuera la bota militar de los campus universitarios, fuera el seguimiento, control y vigilancia

militar – estatal o paraestatal – de los centros universitarios del País

Nos unimos a la lucha nacional a favor del desmonte del ESMAD, escuadrón de muerte

que es la máxima expresión de la violencia de la clase dirigente en contra del pueblo y su

estrategia de terror y muerte como forma de acallar las exigencias de soluciones a los

problemas e injusticias del país. Sumado a esto exigimos justicia frente a los múltiples

abusos, desmanes y muertes que este escuadrón ha ejecutado.

Exigimos el cese de la estigmatización, criminalización y persecución a los procesos

organizativos a nivel nacional dentro del movimiento universitario, secundarista y en

general el movimiento popular y sus distintas iniciativas de movilización y articulación.

Nuestra propuesta como estudiantes universitarios es avanzar en un gran proceso nacional

partiendo de los siguientes elementos:

Fortalecer el trabajo de la red nacional de derechos humanos de la Federación de

Estudiantes Universitarios FEU-Colombia, como estrategia de fortalecimiento organizativo

de la federación y como la estrategia por medio de la cual desarrollaremos el trabajo de

posicionamiento al interior de nuestros espacios de trabajo de la existencia del conflicto,

sus causas y la consolidación de una corriente de opinión y movilización que exija la

solución política al conflicto.

Fortalecer los espacios de articulación y coordinación a nivel nacional con las demás

expresiones del movimiento estudiantil y del movimiento social y popular como la

coalición nacional larga vida a las mariposas, colombianos y colombianas por la paz, la ruta

nacional por la paz que surge del escenario de Barrancabermeja y la campaña “educación

propuesta y camino para la paz”.

Impulsar el desarrollo de unas campañas temáticas a nivel nacional en los espacios de

Marcha Patriótica y CONAP que permitan avanzar en el fortalecimiento del las

organizaciones estudiantiles en estos escenarios y que nos permita avanzar en la

coordinación y acción de las distintas organizaciones que hacemos presencia en estos

espacios y evidentemente en la solución política al conflicto. Se propone trabajar en 6

aspectos fundamentales:

o Academia y paz

o Presos políticos

o Verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición

o Desmilitarización de las universidades, garantías de derechos y libertades

democráticas y desmonte del ESMAD.

o Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

o Memoria histórica.

Finalmente, es de suma importancia tener en cuenta, que la organización de la sociedad para la

exigencia de sus derechos, al igual que un dialogo concertado entre los diferentes actores, no se

puede llevar a cabo en un marco de falta de garantías e impunidad, donde se hacen presentes

quienes han estado al servicio del establecimiento, atentando contra la vida y la integridad de la

población colombiana, y contra las propuestas de un nuevo país. Es así como a través de diversas

iniciativas en todas las regiones que permitan desde la perspectiva de los estudiantes y desde las

aulas construir, analizar y trabajar en defensa no solo de una educación para todos a servicio del

pueblo y para el pueblo y la articulación con los otros sectores sociales a través de la vinculación

con la Marcha patriótica y la CONAP, conseguiremos construir una educación para la segunda y

definitiva independencia.