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CONFLICTIVIDAD EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA Bogotá, 4 de diciembre de 2011

Tabla de Contenido

Introducción Capítulo 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTADO EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO O DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE 1.1 Reprimarización de la economía, en contravía del desarrollo rural y la conservación ambiental. 1.2 Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe 1.3 Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en Colombia 1.4 Colombia: territorio de transnacionales Capítulo 2. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO 2.1 Planeación 2.2.Ejecución 2.3.El documento Visión Colombia 2019 2.3.1. Metas generales del Plan 2019 2.3.2. Desarrollo industrial 2.3.3. Minas y energía 2.4.Contratación 2.4.1. Contratación de hidrocarburos: de asociación a concesión 2.4.2. Contratación minera 2.5. Renta minero-energética 2.5.1. Régimen de regalías 2.5.2. Determinación del monto de las regalías: regalías fluctuantes 2.5.3. 2010: reestructuración de regalías Capítulo 3. LA REALIDAD DE LA SITUACIÓN MINERA 3.1. Títulos, concesiones, solicitudes, distritos mineros 3.1.1. Solicitudes de exploración existentes a 2011 3.1.2. Las concesiones mineras de carbón y oro en explotación a. Los distritos mineros b. Concesiones existentes a 2011 3.1.3 Acerca del estado actual y perspectivas de la explotación de oro y carbón a. Explotación y perspectivas del carbón b. Tendencias de la producción de oro

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3.1.4. Descripción general de proyectos de carbón importantes a. Cerrejón b. Descanso Norte - Drummond 3.2. Casos emblemáticos de conflicto 3.2.1 Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de la empresa Pacific Rubiales 3.2.2 La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades afrodescendientes 3.2.3. Santurbán. Páramo y minería. Formas de asumir el conflicto 3.2.4. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las lucha salariales 3.3. Impactos diferenciados 3.3.1. Impactos de la etapa de exploración minera a. Impactos ambientales b. Impactos económicos y sociales 3.3.2. Impactos de la etapa de explotación minera a. Impactos ambientales b. Impactos económicos y sociales 3.3.3. Impactos en territorios étnicos y campesinos 3.3.4. Impactos de la minería en las mujeres Capítulo 4. RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL Y CONFLICTOS 4.1. Dinámicas de reconfiguración territorial 4.2 Dimensión territorial del conflicto, la economía y la construcción institucional 4.3 Luchas sociales en Colombia relacionadas con actividades extractivas de oro y carbón, 2000-2011 4.3.1 Algunos casos de luchas sociales relevantes 4.4 El boom minero frente a la política de tierras: articulación del extractivismo 4.5 Política de seguridad y violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en relación con el sector minero-energético 4.6 Caracterización de conflictos 4.6.1 En la exploración 4.6.2. En la explotación 4.7. Respuestas de las organizaciones 4.7.1 Minería artesanal vs. Minería ilegal. 4.7.2. Pequeña minería vs. gran minería. 4.7.3. Conflictos étnicos: empresas mineras asentadas en territorios colectivos (indígenas y negros 4.7.4. Megaminería que desaparece los pueblos. Caso Cerrejón en la Guajira. 4.7.5. Rol de las mujeres en los procesos sociales frente a la actividad minera Capítulo 5: REFLEXIONES FINALES

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Capítulo 6: RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS. CUATRO CASOS DE CONFLICTIVIDAD. 1. Conflictividad en los campos petroleros de los llanos orientales, de la empresa Pacific Rubiales 2. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las luchas salariales 3. La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades afrodescendientes 4. Paramo y minería. Formas de asumir el conflicto

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INTRODUCCIÓN El presente documento, titulado Conflictividad en el sector minero energético colombiano tiene el propósito de entregar a CORDAID (Agencia de cooperación católica holandesa), elementos de análisis sobre la situación de conflictividad social y ambiental en el sector mencionado y recomendaciones acerca de qué hacer en materia de incidencia para coadyuvar en la transformación y superación de esos conflictos. Responde a la solicitud que esta Agencia hace a organizaciones copartes en Colombia de elaborar un análisis estructural y amplio del fenómeno minero en el país, en el marco de su programa Transformación de Conflictos y con el interés de hacer una cooperación pertinente y efectiva. La elaboración del documento fue un esfuerzo colectivo de varias organizaciones y personas conocedoras del tema1

Con el fin de trazar las coordenadas para una intervención apropiada, este documento enfatiza en los problemas estratégicos del fenómeno minero desde la perspectiva de los conflictos sociales, económicos, políticos y ambientales. Por una parte, la minería profundiza los conflictos sociales y el armado que vive el país, en la medida en que se incrusta en la usurpación, el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra.

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De otro lado, también es estrecho el vínculo de la minería con las fuentes energéticas (fósiles, térmicas, hidráulicas), igualmente estratégicas en la vida del país, y ello genera conflictos sociales, culturales y ambientales en los distintos territorios y regiones del país, de manera diferenciada. El punto de partida es que el Colombia ha basado en la explotación minera su crecimiento económico de los últimos 20 años y con más acento en la última década, decisión que está en contravía de un desarrollo humano y sustentable. Expresiones de esta pugna de orientaciones son los conflictos sociales y la persistencia del conflicto armado, basados en la reconfiguración territorial provocada por esta forma de economía. Los últimos diez años muestran que la minería está cobrando una relevancia inusitada, tanto en lo económico, como en lo político y social. La conflictividad exige un análisis que observe los actores en el conflicto y los intereses que se mueven alrededor de la minería y de los territorios. Exige también reconocer los alcances de las formas de resistencia social a la minería, las violaciones a los derechos humanos que se presentan en las zonas mineras y el momento que atraviesa el pulso entre la reconfiguración territorial y la defensa de los territorios. Uno de los aspectos relevantes a considerar es el desenvolvimiento que ha tenido la política minero energética del país, sus cambios y tendencias. En Colombia, las normativas que regulan los sectores minero-energético y ambiental avanzaron en forma paralela y progresiva desde los pasados años 70 hasta principios del siglo XXI. La tendencia consistía en armonizar los dos sectores entre sí. Lo que siguió a la expedición en 1974 del Código Nacional de Recursos Naturales (decreto 2811) y al establecimiento en el mismo año de los contratos de asociación o joint-venture (decreto ley 2310) fue el desarrollo normativo de ese mismo espíritu progresista: la Nación se comprometía y se hacía cada vez más participe de la explotación de sus bienes naturales, a la vez que era más consciente de la necesidad de compatibilizar la relación de producción con los ciclos de renovación de la naturaleza, para encontrar un modelo de desarrollo sostenible, tal y como finalmente se recogió en las

1 El equipo de trabajo responsable de la elaboración del documento estuvo conformado por: Tatiana Roa, CETEC y CINEP, con aportes de la Fundación para la Cooperación Synergia.

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disposiciones superiores de la Constitución Política de Colombia emanada en 1991 (artículos 8, 79, 80, 332, 333, 334 y otros). A lo largo de toda la primera década del siglo XXI, la Nación se encuentra ante un panorama diferente por iniciativas gubernamentales que han implicado reformas sustanciales a esa normatividad. En materia minero-energética se han reestructurado los modelos de contratación tanto en minería (ley 685 de 2001), como en hidrocarburos (decreto 1760 de 2003), buscando por esta vía dejar de incentivar a la nación a comprometerse con la explotación de sus minerales (mediante participación directa) y por el contrario abriendo cada vez más un amplio espacio para la inversión minero-energética transnacional. Para ello, el gobierno ha fortalecido la política para generar modelos de contratación y normativas en materia de renta que generan estímulo a la inversión extranjera. Por otro lado, la normativa ambiental tuvo un curso progresista y con desarrollos normativos estableció figuras tan importantes como el Ministerio de Medio Ambiente y la exigencia de licencias ambientales para la explotación de recursos naturales (ley 99 de 1993), así como el establecimiento de un Procedimiento Sancionatorio en Materia Ambiental (ley 1333 de 2009). En tiempos más recientes, específicamente durante los tres últimos gobiernos, los dos periodos de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos que va por su segundo año, se presentan conflictos con esa tendencia anterior: su espíritu de estímulo y complacencia con la inversión privada transnacional discrepa con el arquetipo normativo ambiental que ha alcanzado la Nación colombiana y con las disposiciones que establece la Constitución al respecto. Las reformas a las concesiones mineras y de hidrocarburos vienen desregulando la normativa ambiental, contemplando el hecho de que los proyectos de inversión privada transnacional puedan eludir el requisito de operar bajo licencia ambiental en los periodos de exploración, prospección y sísmica; incluso, para la etapa de prospección no se requiere de ningún tipo de estudio ni de permiso ambiental. En el mismo sentido, las nuevas normativas en materia de contratación han llegado aún más lejos en su afán de desregular el derecho ambiental colombiano, en aras de generar estímulos a la inversión privada transnacional. Además, se observa que las normas han pretendido alentar la evasión al procedimiento de consulta previa a las comunidades, que hace parte del bloque de constitucionalidad del derecho colombiano por vía de las obligaciones de Derecho Internacional que ha suscrito el país. En este punto fue fundamental la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional en el primer semestre de 2011 sobre la ley 1382 de 2010, modificatoria del Código de Minas, por cuanto la misma obvió este imperativo procedimental en su discusión y expedición. Lo que ocurre en Colombia en el terreno de la minería y de la energía hace parte de un modelo internacional que asigna a los países del llamado Tercer Mundo la misión de proveer materias primas, mientras que los otros se dedican a la producción, a la industrialización, a la investigación, a la creación de valor agregado, a la generación de nuevas tecnologías. Aunque a mediados del siglo pasado, en América Latina se hicieron esfuerzos por transformar este modelo, con el neoliberalismo volvió la reprimarización, agravándose en los últimos años, ahora con marcado acento en la extracción de todos los bienes de la naturaleza. En general, puede estimarse que los resultados de la explotación de recursos minerales están relacionados con la calidad y el tipo de instituciones políticas, ambientales, sociales y económicas particulares que intervienen en los procesos. Nos planteamos, entonces, una serie de interrogantes: ¿Cuál es el impacto que la minería tiene en la economía colombiana? ¿Qué implicaciones tiene en la economía en general y en las regiones? ¿Cómo se insertan los problemas regionales en las políticas

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macroeconómicas? ¿Qué relación hay entre movilización social, violación de derechos humanos y DIH y el incremento de recursos para el sector minero-energético? Dado que el presente documento expone de manera general esta problemática, propone como reto posterior, trabajar una serie de hipótesis que necesitan ser exploradas con rigurosidad, y de las cuales el presente texto da algunas pistas sin pretender agotar el tema. Estas hipótesis se resumen de la siguiente manera: la forma de inserción de las multinacionales, específicamente las mineras, produce una reconfiguración de territorios contraria y adversa a la vida de las comunidades y de las poblaciones en las que ellas se insertan. Esto desencadena conflictos sociales y ambientales que tienen una dimensión territorial y que van determinando decisiones en términos de la economía y la construcción institucional, específicamente a partir de las luchas sociales y los casos de violencia política social. Las expresiones de esas luchas en cuanto resistencias tienen diversos alcances según los grados de desarrollo, según los efectos para actuar a favor de un desarrollo humano y sostenible y según los retos de la sociedad, de las comunidades y de los territorios en conjunto, para conseguir un estatus de incidencia en el contexto nacional. De cara a organizar una mirada global y sistemática del tema minero-energético del país, y tomando como eje el análisis sobre la situación de conflictividad social, política, económica y ambiental en el sector minero-energético, el presente documento contiene los siguientes cinco capítulos:

• El primero entrega un marco de análisis político y económico de orden estructural en el que se puede explicar el modelo extractivista aplicado en Colombia;

• Se complementa con el segundo capítulo, que también entrega un marco, pero en términos de la constitucionalidad y la legislación, que operan en el caso de la minería y la energía, y algunos aspectos de la institucionalidad relacionada con esos dos componentes del modelo extractivista.

• El tercer capítulo muestra la situación minera actual, especialmente con respecto a las titulaciones y solicitudes de títulos mineros y a la relación con su localización en el territorio, así como la definición oficial de los proyectos más importantes en minería.

• El cuarto capítulo expone elementos de la conflictividad socio-ambiental que desata la situación minera y el carácter territorial de esa conflictividad. Se presentan resúmenes de cinco casos de conflictos territoriales (en Puerto Gaitán, por explotación del petróleo; en Segovia, Marmato, el páramo de Santurban y Suárez, por explotación de oro) que permiten extraer elementos de caracterización de lo que ocurre en los territorios y de las respuestas sociales a esos conflictos; de la diversidad de la conflictividad, que depende de las especificidades de las regiones o los territorios, de los contextos institucionales y de la historia regional e impactos diferenciados de la minería. En anexo se presentan los estudios de caso de manera más extensa.

• Finalmente, el capítulo quinto examina de conjunto la conflictividad a partir de la presentación de los casos y elabora algunos puntos centrales que denominan reflexiones finales y presenta recomendaciones estratégicas de incidencia a la entidad que solicita este estudio.

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Capítulo 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTADO EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO O DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 da la mayor prioridad al sector minero-energético. Esta decisión del gobierno implica el gran riesgo de que el crecimiento económico basado en la minería vaya en contravía de un desarrollo humano y sostenible. El PND 2010 – 2014 asigna el 87,14% de la inversión o rubro de crecimiento y competitividad a lo que denomina como las 5 locomotoras de la prosperidad democrática: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. El 44% es para la minería y siguen en importancia vivienda (24.92%) e infraestructura de transporte (15,92%) y figuran con una inversión marginal agricultura (2.2%) y nuevos sectores basados en la innovación (0.10%). El porcentaje restante de dicho rubro corresponde a la innovación para la prosperidad (4.22%) y a competitividad y crecimiento de la productividad (8.64%). El PND estima que en los próximos cuatro años las cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7 puntos por año (en 2010, el crecimiento fue de 4.2%), reducirán la pobreza en cerca de 1,2 por ciento/año (actualmente es 46%) y la indigencia en el 1,0 por ciento (actualmente es 18%), y disminuirán la tasa de desempleo en 2,6 puntos básicos por año (12% en 2010) (Sarmiento, 2011a: 23). Así, que al revisar el Plan PND 2010-2014, surge una pregunta: ¿Cuál es la prosperidad democrática de que habla el gobierno y para quién es? El énfasis en el sector minero-energético no es sólo cuestión de esta década y el gobierno lo afirma: “la economía colombiana ha sido poco innovadora: la canasta de exportaciones de hoy no es muy diferente a la que teníamos hace dos décadas, con la diferencia de que nuestra dependencia de los recursos minero-energéticos es cada vez mayor” (DNP 2010, p. 12). El sector agropecuario e industrial participaban con el 43.3% del PIB en 1991, actualmente han reducido su importancia al 21.6%. En contraste, los ganadores en estos últimos años son la minería, el sector financiero y el comercial. El sector minero viene creciendo en los últimos tres años a un ritmo superior al 11% (Sarmiento, 2011b: 21). Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se diseñó una política de impulso a la minería, establecida en el Plan Minero Energético Visión 2019, que proyecta a Colombia como un país minero2

El Estado busca priorizar y concentrar sus esfuerzos en actividades más acordes con las funciones que le asignó la Ley minera de 2001, las cuales lo definen como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que le da el rol de incentivar en forma eficaz y contundente la inversión privada, una postura que es recogida en las bases del PND 2010-2014 como uno de los principios del modelo de desarrollo: “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario (PND, 2011: 16).

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De acuerdo con estos lineamientos de política, se eliminó la licencia ambiental en la fase exploratoria (en el caso de la minería), y en las actividades de sísmica (en el del petróleo). La magnitud del crecimiento de las áreas tituladas para minería, así como los beneficios tributarios que recibe esa actividad, reflejan privilegios muy especiales, que contrastan con el comportamiento de la autoridad ambiental, encargada de asegurar el cumplimiento de las normas de regulación (Rudas, 2011: 4). Hay mayores exenciones desde el 1 de enero de 2011, resultado de la reforma tributaria de diciembre 29 de 2010 (Idárraga, 2011: 9-11). Durante el gobierno de Uribe, el área titulada para minería creció de manera exponencial; de 1,1 millones de hectáreas tituladas en 2001, se pasó a 8,4 millones de

2 Sobre este Plan 2019 se hablará en el punto 2 de este documento.

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hectáreas autorizadas para hacer exploración minera a diciembre de 2010 (Rudas, 2011: 3; Andrade, 2011: 1), casi el doble de las utilizadas en actividades agrícolas (4.9 millones de hectáreas). Según el economista Guillermo Rudas, entre 1990 y 2001 se entregaron 1.889 títulos mineros, es decir, casi 157 por año, y para el periodo 2002-2009 se llegó a 7.869 títulos otorgados, casi 984 anuales. A mayo de 2009 se hizo la petición de casi 40 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente el 35% del territorio nacional, y, como indica Rudas, independientemente de los resultados, ello representa un importante crecimiento del interés por adelantar actividades mineras en Colombia. Esta dinámica económica subyace a un modelo de desarrollo cuyas bases se consolidaron en los años setenta, cuando en Colombia se impusieron los ejes estratégicos para un nuevo régimen de acumulación y expansión del capital: 1) financiación de la economía, 2) control de las transnacionales sobre la riqueza, el patrimonio nacional y la naturaleza, mediante la alianza estratégica de las élites locales con el capital extranjero; 4) reprimarización de la economía, fundamentada en el extractivismo de materias primas de los bienes y los servicios de la naturaleza ; 5) afianzamiento de la agricultura de plantación extensiva; 6) debilitamiento de la agricultura campesina y aniquilación de la población rural; 7) implantación de normas que legalizan el despojo de territorios mediante medios violentos; 8) legislación favorable a la expropiación de las comunidades, de sus territorios y bosques; 9) reformas laborales conducentes a la precarización del trabajo y la sobreexplotación de la mano de obra; 10) reconstrucción social del territorio bajo un modelo hegemónico (Sarmiento, 2010: p. 5). Muchos sectores de la sociedad han denunciado ya las implicaciones de la política minera. Las concesiones mineras afectan más de 600 mil hectáreas de propiedad colectiva indígena y las nuevas solicitudes, otras 3,5 millones de hectáreas de resguardos (Rudas, 2011). Las metas para el año 2019 son duplicar la explotación de carbón, multiplicar por cuatro la de oro y triplicar el área de contratos mineros. Así que, las consecuencias sociales de la explotación minera en el país son de grandes magnitudes. Por una parte, el desplazamiento forzado se encuentra asociado directamente con la implementación de este modelo en los territorios de comunidades agrarias, mestizas, indígenas y afrocolombianas. En todos estos casos no se han implementado mecanismos adecuados de consulta y mucho menos de consentimiento, en conformidad con el Derecho Internacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por otra parte, la presión de grandes empresas sobre las tierras y territorios va en aumento mediante el impulso de la minería a gran escala, el desarrollo agrícola basado en monocultivos agroindustriales de materias primas y agrocombustibles y la construcción de megaproyectos que facilitan el desarrollo de esta economía extractiva. Esta política de crecimiento económico exacerbará para el próximo decenio disputas por los territorios Y causará nuevas olas de desplazamiento de las comunidades que se asientan en ellos, nuevos conflictos y más violencia. Tres aspectos ayudan a comprender las implicaciones de este modelo de acumulación: en primer lugar, la reprimarización de la economía, la inversión extranjera directa (IED) y el protagonismo de las trasnacionales. En síntesis, su relación es como sigue: la reprimarización -si bien ha sido una dinámica de la economía en el país-, en esta fase del desarrollo está acompañada de un gran impulso a la inversión extranjera directa y a las trasnacionales y señalan el desplazamiento de acciones propias del Estado hacia empresas multinacionales. 1.1 Reprimarización de la economía, en contravía del desarrollo rural y la conservación ambiental Como se vio, el PND reconoce que la economía colombiana no se ha industrializado y que, por el contrario, continúa dependiendo de la extracción de bienes primarios. En este aspecto, la estructura

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productiva continúa su proceso de reprimarización. En el PND no hay claridad sobre la forma en que la locomotora minero-energética evitará que continúe el proceso de reprimarización (González J. I., 2010). No hay tampoco propuestas que permitan encadenar la actividad extractiva a la creación de valor agregado. Y tal vez la mayor dificultad radique en la coordinación de la locomotora minero-energética con la locomotora que hala el desarrollo rural. Los títulos mineros otorgados definen una distribución de los usos del suelo que riñe con las prioridades agrícolas y ambientales. La reprimarización trae capitales, especialmente externos, y la minería y los hidrocarburos concentran la mayor tajada de la creciente inversión extranjera directa. Implica también una mayor intensidad en la explotación de los recursos naturales. En la actualidad, las concesiones mineras se llevan a cabo en las zonas de mayor fragilidad ecosistémica: páramos, parques naturales, fuentes hídricas superficiales y subterráneas, zonas de reserva. En la década que está comenzando, se profundizará el modelo de desarrollo colombiano. Según la agenda interna 2019, los sectores seleccionados para el desarrollo económico son: minero-energético, biocombustibles, petroquímico, gestión ambiental, agro-pesquero y acuícola, agroindustrial y agropecuario, forestal, turístico, software y telecomunicaciones, logística y puertos. Los cambios en la estructura económica y los sectores de mayor dinamismo (explotación de minas y canteras, unido a la construcción pública) así lo reflejan. Existe una serie de estudios que plantean que una economía basada en la explotación de los recursos naturales no necesariamente conduce al crecimiento económico ni al bienestar. El Banco Mundial señala que la producción de bienes primarios tiene efectos adversos en el bienestar económico y las instituciones de un país: Cada vez se reduce la calidad de la inversión y los servicios públicos y, de esa manera, limita el potencial de crecimiento. Señalan los estudios que las tasas de explotación de los recursos naturales son insostenibles a mediano y largo plazo y generan grandes costos ambientales y sociales, tal como sucede en Colombia y en otros países de América Latina y el Caribe (Sinnott, Nash, de la Torre, 2010: 47). La precaria intervención del Estado en el ordenamiento del territorio se pone en evidencia en la inexistencia de criterios claros y transparentes sobre el uso del suelo por parte de las denominadas locomotoras de la prosperidad. Rudas señala al respecto que “poco se ha hecho para: (1) regular de manera efectiva la expansión de la gran agricultura, especialmente de la producción de agro-combustibles; (2) organizar el crecimiento de las ciudades y la ubicación de las viviendas; (3) desarrollar la infraestructura de transporte y energía; y, muy especialmente, (4) para racionalizar el uso de los recursos naturales no renovables por la minería” (Rudas, 2011: 2). Los impactos sobre el medio ambiente son desastrosos. Los movimientos ambientalistas y regionales han denunciado la proliferación de títulos en zonas de páramo. En 2010 había registrados títulos mineros en 122 mil hectáreas de dichos ecosistemas, cerca del 6,3% del total del área de páramos del territorio nacional distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Igual sucede con las reservas forestales establecidas por la Ley 2ª de 1959, pues de las 51,5 millones de hectáreas que ellas abarcan, cerca de 1 millón 300 mil se encuentran con títulos mineros. Al respecto, la ley prohíbe todo tipo de minería en los páramos, pero deja la puerta abierta a la explotación minera de zonas de reserva forestal y a la minería a cielo abierto en territorios colectivos (Andrade, 2011 y Calle, 2011). Con relación a la generación de empleo, los sectores con mayor productividad no son precisamente los que más generan trabajo. Estos dos sectores son el minero y el financiero, pero el número de trabajadores contratados es relativamente bajo. En la exposición que hace el PND de las

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características de la locomotora minera no se explica cómo se logrará que ese sector mejore la creación de valor y, al mismo tiempo, incentive el empleo. Las investigaciones señalan que mientras el PIB minero creció un 68.2% entre 2002 y 2008, el número de trabajadores en el sector descendió de 276.100 a 149.100. 1.2 Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe La expansión de la explotación minera en Colombia y el hecho de que en el país la minería y los hidrocarburos concentren la mayor proporción de la creciente inversión extranjera directa, hay que explicarlos en el contexto global y de América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, la Inversión Extranjera Directa (IED) en estas dos regiones de América aumentó 54% en el primer semestre de 2011 con relación al mismo período de 2010. En el primer semestre de 2010, los países de América Latina y el Caribe recibieron 53.751 millones de dólares en IED, mientras que durante el mismo periodo de 2011, la región contabilizó 82.652 millones de dólares de IED (CEPAL, mayo 2011). Pero el incremento de IED hay que entenderlo, según la CEPAL, en el marco de la crisis de deuda soberana en los países europeos, el dilema fiscal de Estados Unidos y la volatilidad financiera global. La situación internacional pone "cierta cuota de incertidumbre sobre el financiamiento de las empresas transnacionales y sus futuros planes de inversión, así como sobre el comportamiento económico de la región", señaló la Comisión. La CEPAL atribuye el incremento de los flujos a la "estabilidad y dinamismo económico de la mayoría de los países" de la región y a "los altos precios de las materias primas, que continúan incentivando la inversión en minería e hidrocarburos". Encabezaron el aumento Colombia, Brasil y Venezuela, así como los países de América Central, mientras que Argentina, Chile, México y Paraguay muestran una moderada reducción en sus entradas. Colombia, por ejemplo, recibió inversiones --sobre todo en hidrocarburos y minería-- por 7.008 millones de dólares, 91% más que en el primer semestre de 2010, e incluso por encima del total de la inversión de 2010. Brasil, en tanto, alcanzó 44.000 millones de dólares de IED entre enero y agosto, una cifra 157% mayor a la registrada en 2010, basada en "nuevos aportes de capital", así como "un fuerte aumento de los préstamos entre compañías" (CEPAL, mayo 2011). Hay múltiples asociaciones y organizaciones sociales y ambientalistas mundiales que están denunciando los impactos y efectos de la minería, no solamente de los hidrocarburos, sino de la minería a cielo abierto. En un evento reciente en Panamá, el historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert3

denunció los conflictos generados por la extracción mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales y cómo las crecientes actividades mineras se han convertido en una amenaza ambiental en América Latina. Según el historiador, para el caso de Canadá, hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica y hoy existen más de 1.500 empresas mineras canadienses que operan en todo los continentes, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y América Latina.

3 Studnicki-Gizbert, ganador del Premio Leopold Hidy Award 2011, otorgado por The Forest History Society for Enviromental History, disertó sobre los conflictos generados por la extracción mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales. En http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/8742-unos-1246-proyectos-mineros-de-canada-contaminan-america-latina, recuperado: 26 de octubre de 2011.

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1.3 Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en Colombia La mayor IED impulsa el auge de la exploración y explotación minera y petrolera en Colombia. Este auge de la minería se debe a la convergencia de varios factores: la política de confianza inversionista que garantizó las condiciones de seguridad para la explotación minera; su potencial mineral que, según los analistas, se sostiene en una topografía aún no explorada en gran parte y en un gobierno que fomenta la minería y las inversiones privadas extranjeras. Ya desde la pasada década del 90, la crisis de la deuda externa obligó a nivel global a los países a reactivar la minería. En lo que va de esta década (hasta el primer semestre de 2011) Colombia ha recibido una inversión extranjera de 35.170 millones de dólares.

Gráfica 1.

Fuente: Banco de La República, Subgerencia de Estudios Económicos. Elaboración: Cinep/ PPP Según el último reporte de la Inversión Extranjera Directa en Colombia, correspondiente al primer semestre de 2011, entre enero y junio de este año la cifra por este concepto ascendió a US$7.008 millones, lo que representa US$3.347 millones más que la registrada en el mismo período de 2010, cuando ingresaron al país flujos de capital por US$3.661 millones. Es decir, la IED creció un 91% en el último año. Dentro de ese total, las actividades de petróleo y minería pasaron de representar el 63% (US$4.471 millones) en el primer semestre de 2010 a 64% en el mismo periodo de 2011. En millones de dólares, el sector petrolero pasó de US$1.326 millones a US$2.826, mientras que el de minas y canteras tuvo US$1.645 en 2011, en comparación con los US$980 de 20104

Esto quiere decir que a menos de la mitad del tiempo de trascurrido su gobierno, la administración de Juan Manuel Santos ya lleva más del 50% del terreno ganado para alcanzar la meta y cifra récord de IED de 2011 que, como lo ha venido diciendo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se espera que sea de US$12.000 millones (Colprensa, 2011).

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4 Informe semestral de Proexport, sobre la base de las cifras del Banco de la República. Se puede consultar en http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20Inversion%20I%20SEM%202011.pdf.

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Sin embargo, resulta preocupante que la concentración de la IED en el sector minero-energético vaya en detrimento de otros sectores de la economía como la industria manufacturera que, como señala el informe del Banco de la República, mostró una caída en la IED para el segundo trimestre del año. Esta pasó de US$236 millones en el segundo trimestre de 2010 a US$87 millones en 2011 (Colprensa, 2011). En términos porcentuales, enfatiza Amilkar Acosta que el sector industrial sólo creció un 2 por ciento frente al 7,4 del mismo período de 2010 (Acosta: 2011)5

. De su informe también se desprende que otro sector afectado es la agricultura. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) considera que para el año completo la tasa para el sector agrícola será de apenas de 3.5 por ciento.

1.4 Colombia: territorio de transnacionales Hoy operan alrededor de 800 compañías multinacionales en el país. De ellas, unas cien se establecieron a partir de 2007. Por otra parte, más de la mitad de las 100 principales empresas colombianas cuenta con capital extranjero. Durante los últimos 20 años, compañías privadas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tomaron el control de una parte importante del territorio colombiano y de sus recursos. A partir de 1990 esto se torna irreversible, en un proceso que aún no termina y ahora menos, con la firma de Tratados de Libre Comercio. La inversión extranjera se valió de sustanciales reformas a la legislación que eliminaron prácticamente todas las condiciones y gravámenes por cumplir por parte del capital extranjero para su ingreso, permanencia y salida del país. A partir de 2005, la minería colombiana experimenta el crecimiento más alto de toda su historia. El crecimiento del PIB minero en este período fue en promedio 12%, muy por encima del crecimiento promedio del país. El régimen político y económico se ha blindado desde el punto de vista jurídico con varias medidas: abolición de la norma constitucional de regulación de control del capital extranjero por parte del Estado, ley 9 de 1991, que eliminó el control de capitales y liberó la inversión extranjera; reformas laborales (leyes 50/1990 Y 789/2002) que flexibilizaron la contratación laboral y eliminaron derechos históricos de los trabajadores; leyes 100 de 1993 y 142 de 1994, que abren el sector social al control y beneficios del capital privado (educación, salud y servicios públicos domiciliarios); la ley forestal (Ley 1021/2006), que abrió el territorio y la biodiversidad a los intereses de las empresas transnacionales, Código Minero (ley 685 de 2001), que entrega los recursos del subsuelo colombiano a las multinacionales y penaliza la minería informal, que en Colombia representa hasta un 80% de la producción y criminaliza a los pequeños mineros que no se legalicen en un tiempo determinado (Sarmiento, 2010).

5 Amilkar Acosta, Agosto de 2011, La economía en el primer año de Santos: un balance de prueba. http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2283-la-economia-en-el-primer-ano-de-santos-un-balance-de-prueba.html

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Capítulo 2. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO En Colombia, el concepto de planeación a largo plazo en materia de políticas públicas apenas empieza a cristalizar y a asumirse con seriedad. La distinción entre los conceptos de política de Estado y política de gobierno6

Visión Colombia 2019 planifica en la perspectiva de unos 20 años el Estado colombiano en sus aspectos más estratégicos y esenciales; contempla un apartado referido al sector minero-energético y establece los derroteros de acción sobre cuya base han actuado los gobiernos desde su proposición. Ese apartado recoge los elementos analíticos del debate que han estructurado las instituciones de planeación y ejecución de políticas públicas del sector.

fue irrelevante en el debate nacional durante todo el siglo pasado y solo en 2002 se estructura la primera propuesta de política de Estado, recogida en el documento oficial Visión Colombia 2019.

2.1 Planeación En materia de planeación, el Estado colombiano ha diseñado todo un arquetipo institucional que se coordina en el ámbito nacional y general en el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y en el sectorial, en el Ministerio de Minas y Energía, que se apoya en el trabajo técnico de Ingeominas (Instituto Colombiano de Geología y Minería) y la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética). El funcionamiento de estos entes inicia con los estudios técnicos adelantados por Ingeominas y la UPME, insumos técnicos que la UPME se encarga de centralizar para emitir documentos oficiales denominados como Planes, los cuales se formulan ya bien como Planes de Referencia por sector (minas, hidrocarburos y energía eléctrica) o, a través del plan general del sector que se denomina Plan Energético Nacional, del cual el más reciente comprende el período de 2006 a 2025. Sobre la base de los estudios técnicos, el Ministerio de Minas y Energía recoge los elementos esenciales del debate, que expone ante el CONPES y los demás ministerios y entes administrativos del orden nacional como DNP (Departamento Nacional de Planeación). El CONPES delibera y toma decisiones que se trazan como hojas de ruta en los Documentos CONPES, a partir de los cuales se inicia un proceso de ejecución de la política que implica su institucionalización.

2.2 Ejecución Una vez se adelanta el trabajo previo de estudios técnicos y planeación, la ejecución de lo proyectado en los Documentos CONPES se desarrolla a través de las instituciones de la rama administrativa del Estado colombiano en el orden nacional y local, ya sea a través de Decretos del gobierno, Resoluciones de los Ministerios, de Ingeominas, de Acuerdos en los casos de la Unidades Administrativas Especiales como la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), y a través de las Leyes que se emiten en el Congreso, participando así también la rama legislativa en proceso de institucionalización y ejecución de las políticas públicas. 6 Se entiende como política de gobierno la planeación que un gobierno particular desarrolla para el ejercicio de su periodo en el cargo; por otro lado, se entiende como política de Estado, la planeación estratégica de largo plazo que responde más a un proyecto nacional que al proyecto de un gobierno específico, y que por tanto desborda los periodos de los gobierno en su ejecución.

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2.3 El documento Visión Colombia 2019 La energía en su más amplio sentido es el impulso vital que pone en movimiento los sueños y empresas de nuestra especie. El desarrollo económico de cualquier nación en el mundo actual implica una fuerte y competitiva infraestructura en este campo. El documento Visión Colombia 2019 o Plan 2019 dedicó un aparte al sector minero-energético, el más importante y que representa hoy las mayores exportaciones. 2.3.1 Metas generales del Plan 2019 El Plan 2019 se plantea cuatro grandes objetivos, de carácter amplio, que consisten en consolidar: • Una economía que garantice mayor nivel de bienestar. • Una sociedad más igualitaria y solidaria. • Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. • Un Estado al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, la materialización de estos objetivos se deshace en políticas ineficientes y precarias, carentes de visión estratégica mundial, reproductoras de un modelo ineficaz para materializar el desarrollo capitalista, el crecimiento económico y menos aún igualdad social, bienestar colectivo y valores solidarios. Tal vez esto obedezca a que, aunque en términos generales, el Plan 2019 pretende convertir la política actual de gobierno en una política de Estado, esa política no se desprende de una planeación estratégica que atienda las necesidades internas ni los intereses nacionales, sino de la profundización de un modelo de desarrollo extractivista, que privilegia las demandas de los llamados aliados estratégicos internacionales. Es decir, que la economía colombiana se ha caracterizado por su falta de planeación a largo plazo y tal vez la principal limitación de este tardío esfuerzo por construir derroteros de largo aliento sea el hecho de que se pretende superar la ausencia de planeación previa, convirtiendo en política a largo plazo el desorden, fruto de dos siglos sin planeación. 2.3.2. Desarrollo industrial El plan 2019 acierta al comprender que el crecimiento económico depende del desarrollo productivo del sector real de la economía, es decir, el sector industrial; sin embargo, la propuesta no es clara con respecto a la forma en la que se alcanza un nivel competitivo de la industria: el texto señala que “para 2019 Colombia deberá contar con una estructura productiva que incorpore y aproveche plenamente –además del capital y el trabajo– recursos como la tierra, los mares, la biodiversidad, el paisaje y la localización geográfica. Para hacer esto posible, el país deberá estar integrado al mundo, pues el mercado interno es demasiado pequeño para absorber el potencial de producción agropecuaria, minera, manufacturera, de servicios y de talento humano”7

. Este elemento ayuda a entender por qué se propone como única alternativa de contratación en materia de minas e hidrocarburos, el contrato de concesión y el por qué de las reformas que llevan a la Nación a reducir su participación en la renta de estos sectores, especialmente en la reforma al régimen de regalías.

7 Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 25.

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2.3.3. Minas y energía El Plan advierte el riesgo de continuar la política de absorción del potencial minero energético en Colombia por el capital extranjero. Desde los años 20, Colombia nunca hizo un análisis a largo plazo; entregó el oro a la Pato Golf Mine y demás empresas mineras que operaron en suelo colombiano; el café nunca costó más que el oro y la pérdida que conllevó a la incapacidad por desistimiento de forjar una industria que explotara ambos potenciales, generó un atraso de cientos de años al desarrollo nacional colombiano. El Visión Colombia 2019 plantea que el potencial de los recursos minero energéticos en Colombia es gigantesco y que el país debe “posicionarse como un clúster regional energético”8

Por otro lado, no es posible garantizar un abastecimiento a largo plazo sin una fuerte conservación de los recursos. Además, el dominio de los ríos permite que una élite tenga el control del agua y reordene el territorio en función de sus intereses, restringiendo y condicionando el acceso de las aguas hacia otros grupos sociales. De esta forma, en el momento que los ríos dejan de fluir libremente, se restringe el derecho de usarlos para otro tipo de actividades. Preocupa que varios de los proyectos hidroeléctricos están hoy en empresas privadas de capital internacional (caso El Quimbo y Emgesa) y otros están en manos de empresas mixtas que se muestran como nacionales (caso EPM, Isagén en el que alrededor del 30% de su capital ya es privado).

. Sobre este punto es clara la necesidad que se tiene de aumentar la capacidad de generación de electricidad; sin embargo, el plan no se detiene a analizar el problema del agua y la importancia de este recurso en Colombia para la generación de electricidad a bajo costo y sin la intermediación de energías primarias como el carbón y los hidrocarburos en termoeléctricas.

“En el área de hidrocarburos y sus derivados, dice el documento, se deberá continuar con la vinculación de capital privado a los proyectos de inversión de Ecopetrol; y en gas natural, consolidar la política de libertad de exportaciones. Tanto o más importante, Colombia deberá hacer un enorme esfuerzo en el conocimiento del subsuelo. Hoy en día sólo se conoce alrededor de una cuarta parte del subsuelo, razón por la cual una de las prioridades en los próximos años será llegar a un cubrimiento de 75% del territorio con exploración geológica”.9

En materia de contratación petrolera, la política de privatización ha sido consecuente con el decreto 1760 emitido por el gobierno. Igual, en minería, la privatización ha sido la regla aplicada: además de haberse suprimido la operación de la industria nacional en el sector, se compaginan los estímulos contenidos en el Código de Minas de 2001 y en las reformas a las regalías, con la política de estímulos a la inversión privada, en la que es cardinal la reducción de la participación del Estado en la renta del sector. Al respecto, el documento de planeación Visión Colombia 2019 señala que “en el sector de la minería, Colombia deberá mantenerse durante los próximos años entre los cinco países de Latinoamérica destino de las inversiones del mundo y duplicar la producción minera”.10

Aunque la capacidad de generación de energía eléctrica ha venido aumentando en Colombia con proyectos como los de Urrá y se espera crecer con los proyectos Hidrosogamoso, Pescadero Ituango,

8 Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40. 9 Ibídem. 10 Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40. Ibídem.

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entre otros, los impactos ambientales han generado los problemas de sostenibilidad que ya se han mencionado. La actual política minero-energética en Colombia resume sus reformas en dos hitos: el primero, la transformación en los regímenes de contratación en materia de minería e hidrocarburos, en los que se establece como única alternativa de contratación el modelo de contrato de concesión; y, el segundo, en materia de participación nacional en la renta del sector, destacándose elementos como la nula participación de la industria nacional en el caso de la minería y la evidente reducción de participación de Ecopetrol en el nuevo contrato de hidrocarburos, e igualmente, elementos como la reducción de las regalías en el caso de los hidrocarburos y la arbitraria flexibilización de las regalías en el caso de la minería, las cuales fluctúan por mineral y llegan a la situación absurda de que elementos como la sal pagan una regalía del 12%, mientras que la del oro y la plata apenas alcanza el 4%. 2.4 Contratación Uno de los grandes hitos de reestructuración de la política minero-energética de los albores del siglo XXI tiene que ver con el tema de la contratación, tanto en el sector minero, como en el de hidrocarburos. 2.4.1. Contratación de hidrocarburos: de asociación a concesión La ley 790 de 2002, expedida por el poder legislativo, confirió poderes especiales al ejecutivo para reestructurar la administración pública en el país. Sobre la base de estas facultades extraordinarias, el ejecutivo expidió el decreto 1760 de 2003, que escinde de Ecopetrol las funciones administrativas de los contratos y de las regalías de hidrocarburos en Colombia y crea, para asumirlas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. A partir de esas disposiciones se crean las condiciones para transitar de un régimen de contratos por asociación, que rigieron en Colombia desde 1974, al de contratos conocidos como de concesión moderna. Estos pueden adjudicar el 100% de la operación al capital privado transnacional y además contemplan que esas concesiones se adjudiquen a perpetuidad, es decir, hasta el agotamiento comercial del pozo. Por eso, no existirá reversión de ninguno de ellos a la Nación. Recientemente, un escándalo de corrupción ha sacudido a la ANH por los resultados de una auditoría que adelantó la Contraloría General de la Nación, que incluso desencadenó la renuncia de quien fuera su director durante ocho años, Armando Zamora, cuyos resultados indican inconsistencias en el manejo de 1,24 billones de pesos11

.

2.4.2. Contratación minera La privatización del sector minero está más avanzada que la de los hidrocarburos. En Colombia, las operaciones de minería son exclusivamente de capital privado y sólo existe para el sector el modelo de contratación por concesión, pues ni siquiera se cuenta con una empresa nacional que contribuya a la participación del Estado en la renta del sector. A comienzos de la década se liquidó la empresa nacional Minercol.

11 Portafolio. “Inconsistencias financieras de la ANH suman $1,24 billones”. Septiembre 16 de 2011. Disponible en http://www.portafolio.co/economia/inconsistencias-financieras-la-anh-suman-124-billones

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En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía regula la actividad minera y desde el año 2004 nombró al Ingeominas como Autoridad Minera. Dicha actividad se rige por el Código de Minas o ley 685 de 200112

La ley dispone como modelo de contratación el de la concesión y establece la prospección como una actividad libre que el concesionario adelanta a cuenta y riesgo y por esta vía desregula el derecho ambiental colombiano, pues eso implica que esta etapa de la exploración ocurre sin necesidad de licencias ni de ningún tipo de permiso ambiental. Por lo tanto, tampoco existe durante esa etapa ninguna compensación para el Estado

, que ha significado una reforma sustancial en materia de minería en el país. Esa ley reglamenta las relaciones entre los particulares y el Estado para el desarrollo de las diferentes actividades que comprende la minería como son: prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de la riqueza del subsuelo. El Código define los títulos mineros, a saber, licencias de exploración y licencias de explotación, concesiones y aportes.

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Lo anterior ha sido un importante generador de conflictos, pues las comunidades carecen de herramientas legales para oponerse a la llegada de cualquier empresa o particular a sus territorios si no tiene autorización para buscar minerales. Con esa ausencia de control y de participación estatal, es contradictorio que la actividad minera se considere "en todas sus ramas y fases" de utilidad pública e interés social (artículo 13 del Código de Minas), pero eso explica que haya vía libre a expropiaciones y otros beneficios para los particulares interesados en buscar o explotar.

.

El cuadro 1 presenta una síntesis de los principales pasos y requisitos normativos que actualmente se deben cumplir para establecer una explotación minera en Colombia.

Cuadro 1. Requisitos y pasos para establecer una explotación minera

Actividad Descripción

Licencia de exploración (es el título que confiere a una persona, el derecho exclusivo a realizar trabajos para establecer existencia de yacimientos de minerales y reservas, dentro de una zona determinada)14

Para otorgar la licencia y su duración se debe conocer el área a explorar.

12 En febrero de 2010 se promulgó la ley 1382 que modifica el Código de Minas; la Corte Constitucional la declaró inexequible en mayo de 2011 por no haber cumplido con el requisito de consulta previa para su expedición. Sin embargo, la Corte dejó vigentes, durante dos años, aquellos artículos que tienen consideraciones ambientales, fundamentalmente los que hacen referencia a la exclusión de la actividad minera en páramos. Para mayor información al respecto ver “Boletín No. 6: Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. ¿Qué efectos tiene la sentencia C-336 de 2011 que declaró inconstitucional la reforma al Código de Minas?” Comisión Colombiana de Juristas, agosto 18 de 2011, disponible en http://www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n6_consulta_previa.html 13 Durante la prospección no hay participación pública en la renta del sector, ni siquiera a través de impuestos ni de pago del canon superficiario. Dicho canon es una compensación que debe recibir el Estado de parte de las empresas extractivas durante las etapas de exploración, construcción y montaje, sobre la totalidad del área de concesión, equivalente a entre uno y tres salarios mínimos día por cada hectárea concesionada, aun cuando el terreno sea de propiedad de la empresa. Según el Artículo 230 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), el canon no aplica para la etapa de prospección. 14 Es importante señalar que la actividad exploratoria, que por definición es una actividad que únicamente genera egresos, posibilita en la práctica una serie de movimientos especulativos que sí generan, en muchos casos, grandes dividendos a los inversionistas. Es esta la razón para que estos emprendimientos extractivos cambien en forma

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Pequeña minería

Mediana minería

Gran minería (explotación de carbón

superior a 800.000 Tn/año o remoción de material superior a 2 millones Tn/año para

oro)*

Área a explorar en Has. Menor a 100 Mayor a 100 y menor de 1.000

Mayor a 1.000 y menor de 5.000

Duración de la licencia 1 año 2 años 5 años

Tiempo de prórroga 1 año 1 año 1 año

Requisitos para la Solicitud de la Licencia de Explotación

Informe final de exploración y Programa de Trabajos e inversiones. (PTI)

• Informes de Progreso sobre el programa de exploración.

• Programa de trabajos e Inversiones

• Estudio de impacto ambiental.

Licencia de Explotación (Es el título que le otorga a una persona la facultad exclusiva de explotar los depósitos o yacimientos de minerales en un área determinada)

• La licencia tiene una duración de 10 años a partir de su inscripción en el Registro Minero.

• Se deben rendir informes anuales, donde se presenta un resumen del programa de explotación ejecutado, las inversiones realizadas y los resultados obtenidos.

Contratos mineros de concesión (Son contratos celebrados por el Ministerio de Minas y Energía y confieren al concesionario el derecho exclusivo a extraer los minerales y a realizar obras y labores de montaje y desarrollo de la explotación y transporte del mineral)

• La duración de los contratos mineros de concesión es de 30 años, a partir de su inscripción en el Registro Minero.

• Durante la explotación el contratista debe devolver las zonas que no estén incluidas en los planes y diseños mineros. .

• Al vencer los contratos de concesión de gran minería, el contratista debe dejar en funcionamiento equipos, instalaciones y obras mineras y entregar a título de reversión gratuita todas las propiedades exclusivas de explotación.

Fuente: Código de Minas (Ley 685 de 2001) * Guía Minero-Ambiental de Explotación. Ministerio de Minas y Energía – Ministerio del Medio Ambiente. 2002

permanente de razón social y de composición accionaria y evidencian que, en algunos casos las empresas no tengan realmente como finalidad última llegar ellos mismos a la etapa de explotación.

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En el Código también se ha revelado otro elemento conflictivo, pues eleva los niveles de formalidad en la explotación de minerales, al tiempo que desconoce los proyectos de pequeña minería tradicional, contemplados en el anterior código, porque al no incluirse en la normativa de 2001, corren el riesgo de ser ilegalizados y desplazados por proyectos de inversión de capital privado transnacional. Los últimos gobiernos han cerrado las posibilidades de apoyo técnico y económico a la pequeña minería, han achicado las puertas de la formalización y concentrado sus esfuerzos en señalar las ventajas de la gran minería frente a la pequeña, a la que le quedan pocas o ninguna posibilidad de adaptarse para hacerle frente a las nuevas políticas y legislaciones. Las ventajas para la gran minería y la IED en el sector tienden a profundizarse. El gobierno nacional hizo aprobar una nueva reforma en 2010 (ley 1382), cuyo contenido restringe aún más las posibilidades de desarrollar una industria minera nacional, principalmente de mediana o pequeña escala. Funcionarios del Ministerio de Ambiente hicieron explícitas algunas restricciones a la actividad extractiva a partir de argumentos ambientales (como la prohibición de adelantar esta actividad en páramos, Parques Naturales o humedales Ramsar), su propósito era profundizar las prerrogativas para el capital privado de carácter transnacional y poner aún más talanqueras a la formalización de los mineros artesanales, los pequeños y los medianos. Pero la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-366 del 13 de mayo de 2011, declaró inexequible dicha reforma por no haber cumplido con los requisitos de consulta previa a las comunidades étnicas, uno de los actores más involucrados en el tema15

A la vez, el gobierno continúa sacudiendo la institucionalidad minera y ambiental. Para hacerlo, aprovecha la expedición del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al presidente Juan Manuel Santos para hacer reformas al Estado.

. Ante eso, el gobierno preparó nuevamente de manera unilateral un borrador de reforma al Código, que espera consultar con unos pocos actores étnicos y hacer aprobar rápidamente en 2012.

El artículo 134 del PND introdujo una modalidad para facilitar la aprobación de licencias ambientales: si la autoridad ambiental encargada de estudiar el otorgamiento de una licencia se tarda más de 90 días hábiles en dar una respuesta, “automáticamente pasará a jurisdicción de un comité que en un plazo menor de 60 días otorgará o negará la respectiva licencia ambiental”. El Comité estará conformado por el Director Nacional de Planeación, el Secretario General de la Presidencia, el Ministro de Ambiente y la cabeza del sector (el gremio) al que corresponda el proyecto del caso, o sus respectivos delegados. Adicionalmente, con el decreto 3573 de de 2011 se elimina la Dirección Nacional de Licencias y Trámites Ambientales como órgano del Ministerio de Ambiente y se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como un ente adscrito, con autonomía administrativa y financiera. También está en proceso de creación la Agencia Nacional de Minería Sostenible. Con estas medidas, no solamente se busca acelerar aún más la expedición de licencias, sino que además se le quita a la máxima autoridad ambiental del país la capacidad de controlar los más importantes proyectos minero-energéticos que se avecinan.

15 Sobre la Sentencia de la Corte ver: Comisión Colombiana de Juristas. Boletín No. 6: Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Agosto 18 de 2011.

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2.5. Renta minero-energética El segundo hito de la actual política minero-energética se refiere a la participación nacional en la renta del sector minero energético. El debate sobre la renta minero-energética incluye el tema de las regalías, pero es más que eso. Las regalías representan sólo una variable entre las que componen la renta y las utilidades del sector: también están los impuestos, las compensaciones, derechos de precios altos y la participación de las empresas industriales y comerciales del Estado que operan en el sector. Aunque las reformas más importantes en materia de renta minero-energética han tenido lugar en el campo de las regalías (numeral 5.1). En el tema general de la renta, el país tiene un debate intenso a raíz de investigaciones que evidencian cómo el Estado colombiano, con la justificación de atraer la Inversión Extranjera Directa (véanse numerales 1.3 y 1.4), ha disminuido de manera escandalosa su participación en las utilidades del negocio de la minería y los hidrocarburos. En el caso de la minería ha llegado al punto de eliminar toda ganancia. El economista Guillermo Rudas presentó las disminuciones que tuvieron entre 2007 y 2009 las obligaciones fiscales para las empresas mineras, en comparación con el escaso aumento de las regalías: “Pasan de $6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de $6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de $3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo.”16

(Véase cuadro 2).

Cuadro 2. Minería e hidrocarburos, valor regalías, impuesto a la renta y exenciones de impuesto a la renta

16 Mora Hernández, Salud. “Mineras no pagan $450.000 millones de canon superficiario por explorar”. Entrevista a Guillermo Rudas. Diario La República, 14 de julio de 2011. Disponible en http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/2011-07-14/mineras-no-pagan-450000-millones-de-canon-superficiario-por-explorar_133071.php

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2.5.1. Régimen de regalías El régimen de regalías en Colombia se rige por la ley 141 de 1994. Esta ley desarrolla el mandato constitucional de crear un Fondo Nacional de Regalías e instaura la figura de la Comisión Nacional de Regalías como órgano de administración de los recursos del Fondo17

El artículo 1 define el Fondo Nacional de Regalías y señala que sus recursos se destinan en primer lugar al fortalecimiento del sector minero en Colombia, concepción constitucional que corresponde a una política pública orientada a convertir a Colombia en un país minero. La segunda prioridad es la preservación del ambiente y la tercera, los proyectos de inversión.

. También establece las reglas de liquidación, asignación y ejecución de los recursos provenientes de las regalías.

La ley 756 de 2002 modificó sustancialmente la ley 141 de 1994 presentando una notoria diferencia de enfoque entre las regalías indirectas y las directas. Sobre las indirectas, invirtió la prioridad planteada por el texto constitucional en la destinación de las regalías indirectas:

- 54 %: proyectos prioritarios de inversión - 30 %: preservación del ambiente - 15 %: promoción de la minería

Y 15 % para proyectos prioritarios de inversión en energización, durante los 15 primeros años de vigencia de la Ley 756 de 2002. Sobre las regalías directas, se presentan varias situaciones: el artículo 15 de la ley 141 de 1994, recientemente modificado por la ley 1238 de 2009, señala que tal destinación debe atender los siguientes porcentajes: - 90%: proyectos de inversión para el desarrollo de los entes territoriales. - 10%: para la interventoría técnica de tales proyectos. Por otra parte, ese mismo artículo reconoce en materia de explotaciones mineras en los territorios indígenas, la regla específica que consagra el Código de Minas (ley 685 de 2001):

“Artículo 129. Participación económica. Los municipios que perciban regalías o participaciones provenientes de explotaciones mineras ubicadas en los territorios indígenas de que trata el artículo 123 deberán destinar los correspondientes ingresos a obras y servicios que beneficien directamente a las comunidades y grupos aborígenes asentados en tales territorios.”

La misma Ley 1238 de 2009 que modificó la Ley 141 de 1994 estableció que la Corporación Autónoma del Río Grande del Magdalena, Cormagdalena, recibiera el 10% de los ingresos anuales propios del Fondo Nacional de Regalías. 2.5.2. Determinación del monto de las regalías: regalías fluctuantes El artículo 16 de la ley 141 de 1994, modificado por la ley 756 de 2002, establece una tabla en la que fluctúa el monto de la regalía sobre la base de la explotación total del recurso. Tal fluctuación se da de acuerdo con el recurso natural no renovable que se explote y, en hidrocarburos, de acuerdo con los volúmenes de producción. En el primer caso, por ejemplo, contrasta el hecho de que mientras la sal

17 La Comisión Nacional de Regalías fue suprimida por el Decreto 149 de 2004, norma en la que se le adjudicó la administración del Fondo Nacional de Regalías al Departamento Nacional de Planeación.

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paga una regalía del 12%, el oro y la plata apenas pagan el 4%. En el caso de la fluctuación en hidrocarburos, se pasa de un régimen estándar del 20% sobre la explotación, a una regalía fluctuante entre el 5% y el 25%, lo que en promedio deja una taza de regalías del 12%.18

La fluctuación se muestra en el cuadro 3, de acuerdo con el tamaño del yacimiento:

Cuadro 3. Pago de regalías

(Ley 619 de 2000)

Elaborado por Luis H. Hernández 2010 con base en información de Ecopetrol y de la ANH. En el período 2002-2009, la renta pagada como regalía por los explotadores del recurso petrolero en el país alcanzó una cifra cercana a los $26 billones de pesos, correspondiente a un promedio del 1% del PIB. 2.5.3. 2010: reestructuración de regalías El Acto Legislativo 013 de 2010 promovió una reforma constitucional que genera transformaciones sustanciales sobre el procedimiento para la reglamentación de las regalías y sobre los parámetros de destinación y distribución de las mismas. No hace cambios sustanciales sobre el concepto de regalía ni sobre el porcentaje de la renta petrolera que representan las regalías correspondientes. Ese acto legislativo busca esencialmente reformar los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, en el sentido de construir un esquema de administración de las regalías más centralizado en términos de lo territorial, aunque más desconcentrado en lo funcional y en relación con nuevas asignaciones específicas. Con el texto nuevo del artículo 360 se centralizaría la iniciativa de la reglamentación de las regalías en el gobierno. Así, los parlamentarios y representantes de las regiones y los parlamentarios del orden nacional no podrán, por iniciativa propia, proponer la reglamentación que debe regir en materia de regalías, como tampoco podrán hacerlo los gobernadores, alcaldes y concejales en las regiones19

De otra parte, la reforma más sustancial promovida por el Acto Legislativo 013 de 2010 se dirige al artículo 361 de la Carta Política. Este se reemplaza por un extenso articulado en el que la escueta regla general de regalías directas e indirectas se cambia por un complejo Sistema General de Regalías en el que se contemplan, además, los recursos percibidos por las compensaciones.

.

En el nuevo Sistema General de Regalías ya no hay un Fondo Nacional de Regalías. Ahora existirán varios fondos de destinación específica, entre los que se encuentran los fondos de Ahorro y 18 Véase Hernández, Luis Humberto. “Colombia: Política y Petróleo”. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. 2005. 19 Nuevo texto del artículo 360 de la Constitución: la explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho a compensación que se pacte. La ley, por iniciativa del Gobierno, determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la distribución de los ingresos provenientes de las regalías y las compensaciones, su administración, ejecución, control, uso eficiente, destinación, funcionamiento del Sistema General de Regalías y las condiciones en las que los beneficiarios participarán de sus recursos.”

Barriles/día Regalías

Menos de 5 mil 5%De 5 mil a 125 mil De 5% a 20%De 125 a 400 mil De 20% a 25%De 400 a 600 mil 25%

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Estabilización, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional, de Participación de las Entidades Productoras, de Ahorro Pensional Territorial, y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los entes territoriales encargados de la producción de hidrocarburos en Colombia ya no participan de regalías directas, sino de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) girados por el Fondo de Participación de las Entidades Productoras. Desaparece la idea de regalías directas e indirectas pues todas son ahora indirectas, centralizadas en el orden nacional por el SGR y desconcentradas en lo funcional, en razón de los diversos fondos de destinación específica que compondrían el SGR. Las nuevas medidas conducen a la pérdida de autonomía de las regiones y al rompimiento del principio constitucional de la descentralización administrativa con el que la Constitución emitida en 1991 consolidó un pacto democrático de paz nacional.

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Capítulo 3. LA REALIDAD DE LA SITUACIÓN MINERA 3.1 Títulos, concesiones, solicitudes, distritos mineros Desde el año de 1994, Colombia define el papel del Estado frente al desarrollo minero, así como la participación de éste en la economía nacional. En la actualidad están en trámite propuestas de contratos de concesión y solicitudes de legalización de minería tradicional y definición de proyectos por parte del gobierno nacional. 3.1.1 Solicitudes de exploración existentes a 2011 Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)20

al año 2010 se encontraban en trámite 54.600 polígonos, correspondientes a un área de 26 millones de hectáreas (equivalentes al 22,8% del territorio nacional). En febrero de 2011, el Ministerio de Minas y Energía suspendió por seis meses la recepción de propuestas de contratos de concesión y solicitudes de legalización de minería tradicional, alegando la “organización, sistematización y puesta a punto del Catastro Minero” (resolución MME 180099). El mapa 1 muestra las solicitudes mineras en trámite.

Mapa 1: Solicitudes mineras

Fuente: www.geographiando.files.wordpress.com 20 La Upme es la entidad estatal creada en 1994 cuya función es “planear en forma integral, indicativa y permanente el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país”.

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Mapa 2: Proyectos de interés nacional según la UPME

Fuente: www.geographiando.files.wordpr

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3.1.2 Las concesiones mineras de carbón y oro en explotación a. Los distritos mineros Desde el año 1994, con la creación de la Unidad de Planeación Minero-Energética –UPME-, Colombia define el papel del Estado frente al desarrollo minero, así como la participación de éste en la economía nacional. En tal sentido, en el año 1997, el documento Conpes 2898 formula unas estrategias orientadas a lograr “un cambio estructural a largo plazo que solucione los problemas detectados, y que permita el desarrollo de la industria minera del país como herramienta de desarrollo regional y fuente de financiación para este desarrollo”, así como a que las empresas del sector consigan penetrar de manera creciente en los mercados internacionales, ampliar la demanda interna e incorporar nuevas tecnologías a los procesos productivos21

Para “facilitar” la administración del recurso minero, en el país el territorio se ha dividido en los denominados distritos mineros, los cuales se pueden definir “como un sistema productivo localizado, donde se ubica un buen número de productores dedicados a manufacturar o explotar, en distintas fases, un producto homogéneo o un mineral o grupo de minerales”

.

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Cruzando las variables: reservas, producción y mercado de destino, las 26 zonas con características de distritos mineros listadas arriba, se agrupan en tres categorías ordenadas de mayor a menor volumen de producción, así:

. Existen 26 distritos mineros que comprenden 188 municipios, los cuales se presentan en los cuadros 4 y 5.

Grupo I - Distritos con volumen de producción superior a cinco millones de toneladas por

año. Grupo II - Distritos con escalas medianas de producción, inferiores a cinco millones de

toneladas por año. Grupo III - Distritos productores de metales preciosos y esmeraldas. Se concluye entonces, que de los 26 distritos sólo 3 cumplen con el componente de exportación total, como son: Barrancas y Jagua de Ibirico para carbón y Montelíbano para ferroníquel. Estamos pues en el inicio del proceso extractivo en Colombia y por lo tanto el potencial de conflictividad socio- ambiental de los próximos años se puede prever que será mucho mayor que el nivel de los conflictos que se presentan actualmente en el sector. 21 Colombia País Minero. Plan Nacional para el Desarrollo Minero, visión al año 2019. UPME, 2006, p.14 22 Distritos Mineros. Exportaciones e Infraestructura de Transporte. MME-UPME, 2005, p. 11

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Cuadros 4 y 5. Distritos mineros según municipios y productos mineros

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Fuente: Distritos Mineros, MME-UPME, pág. 17 b. Concesiones existentes a 2011 Según la Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME- al año 2010 existen en Colombia 8.928 títulos mineros vigentes, los cuales ocupan un área de 4´839.149 Has (4.2% del territorio) como puede observarse en el mapa 3.

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Mapa 3. Concesiones existentes en 2011

Fuente: www.geographiando.files.wordpress.com Es importante resaltar que el 80% de las tierras de uso agrícola están actualmente concesionadas a la minería y que, de aprobarse las solicitudes pendientes, este mapa podría variar significativamente. 3.1.3 Acerca del estado actual y perspectivas de la explotación de oro y carbón a. Explotación y perspectivas del carbón En el año 2009 la industria del carbón reportó un decrecimiento en la producción del 0.95% con respecto al año 2008, valorada en alrededor de $ 21,793 millones y determinada por la disminución de los precios y el menor volumen producido. La variación anual de las exportaciones fue de -1,48%

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al bajar las exportaciones de carbón en alrededor de 1.000.000 toneladas para el 2009, principalmente por la disminución en la producción de los departamentos de la Guajira, Cundinamarca, Norte de Santander y Córdoba. El valor del PIB del carbón en el 2009 asciende a $ 1,9 billones en pesos contantes de 2000 y representa el 43,4% del PIB Minero sin Hidrocarburos. Para los años 2010 y 2011 la producción del sector carbón tiende a incrementarse. Para el segundo semestre del 2010 la producción ascendió 39,36 millones de toneladas, y posiblemente alcanzó los 80 millones de toneladas año. 23

Gráfica 2. Producción nacional de carbón por departamento 1990-2010

Fuente: Boletín Minero Energético 1990-2010, MME-UPME, pág. 74.

Gráfica 3. Evolución de precios de exportación de carbón, 1990-2010

Fuente: Boletín Minero Energético 1990-2010, MME-UPME, pág. 90. 23 Boletín Estadístico de Minas y Energía 1990-2010. MME-UPME. 2010, ps. 67-68

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b. Tendencias de la producción de oro La producción nacional de oro registro un aumento en los dos últimos años, recuperando el nivel de producción que traía hasta el año 2005,(presentó una caída de más del 50% en los años 2006 y 2007), pasando de 15.482 kg para el 2007 a 34.321 kg en el 2008 y 47.838 kg en el 2009. Es decir que el aumento fue del 121,69% del año 2008 con respecto al año 2007 y de 39,38% del año 2009 con lo reportado para el 2008. Existe una relación directa de estos incrementos, con el comportamiento de los precios internacionales del oro, que tiene sus mejores cotizaciones históricas en los años 2008 y 2009 con precio promedio anual de US$871,79 y los $973,38 por onza y mostrando un crecimiento del 34, 65% con relación al precio de 2007 y de 11,65% con respecto al 2008. Para el 2.010 se alcanza un record de producción de 50 toneladas de oro y de 15 toneladas de plata.24

Por su parte la cotización de la onza de oro continúa en alza y a Octubre de 2011 ya supera los 1.600 dólares.

Gráfica 4. Precio internacional del oro

24 Ibidem, p. 69

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Fuente: Boletín Minero Energético 1990-2010, MME-UPME, pág. 89

Gráfica 5. Aporte en la producción de oro por departamento

Fuente: Boletín Minero Energético 1990-2010, MME-UPME, p. 76

3.1.4 Descripción general de proyectos de carbón importantes a. Cerrejón A mediados de los años 70 Colombia decide explorar y explotar el recurso carbonífero existente en el territorio de la Guajira; para tal efecto crea CARBOCOL (con recursos provenientes principalmente de Ecopetrol y el IFI) y abre una licitación internacional para conseguir un socio para dicho proyecto. El ganador resulta ser Exxon y en 1976 empieza el proyecto. En 1980, INTERCOR, filial de Exxon, presenta la propuesta de comercialidad a CARBOCOL, el cual ofrecía un modelo de negocio bastante ventajoso, con proyecciones de venta de tonelada carbón para el año 2003 de US$360-430, resultando el valor real de US$30. Con base en estas expectativas, se realizaron inversiones cercanas a los US$3.000 millones y, el proyecto inició con elevados costos operativos. Así, para el estado colombiano el proyecto resultó ser un pésimo negocio, pues CARBOCOL realizó inicialmente inversiones por US$1.500 millones hasta mediados de los años 80, luego continuó realizando inversiones para infraestructura y, en el año 2000 la empresa se vendió en US$380 millones, continuando con un pasivo de más de US$1.000 millones. El complejo minero de Cerrejón está localizado en la península y departamento de La Guajira, al noreste de Colombia, en las jurisdicciones de los municipios de Barrancas, Fonseca y Distracción. Los depósitos de carbón se encuentran en una extensión de 69.000 hectáreas, dentro de la cual se identifican tres zonas: Zona Centro, Zona Norte y Nuevas Áreas de Minería. La capacidad actual de producción de carbón se estima en 32 millones de toneladas por año. La asociación CARBOCOL - INTERCOR se conformó a partir del contrato entre CARBOCOL, empresa industrial y comercial del Estado, e INTERCOR, filial de la Exxon, con el objeto de explotar el yacimiento carbonífero el Cerrejón Zona Norte, sobre un área de 38.000 Has, correspondiente al bloque B del depósito denominado Cerrejón. Dicho contrato de asociación fue suscrito en Diciembre de 1976 con vigencia hasta el año 2008. En el año 1997 se firmó el contrato de Gran Minería para la exploración y explotación carbonífera del Cerrejón Zona Sur entre ECOCARBÓN y el Consorcio Cerrejón Sur, integrado por las sociedades Anglo American Coal Corporation Limited, Sucursal Colombia; Minorco, Sucursal Colombia;

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Südelektra Holding AG, Sucursal Colombia; OC Inversiones, Sucursal Colombia de Río Tinto Ltd.; OB inversiones, sucursal Colombia de Río Tinto Plc; y Oreganal S.A. El área inicial, objeto del contrato, comprendía una extensión superficial total de 69.382 hectáreas y 1.877 metros cuadrados. Actualmente esta área ha sido reducida a 34.184 hectáreas y 1.209 metros cuadrados. Carbones del Cerrejón obtuvo en 1998 autorización del Ministerio del Medio Ambiente para iniciar actividades de exploración en la zona concedida. El 27 de noviembre de 2002 se logró la aprobación de la fusión de INTERCOR y Carbones del Cerrejón en una sola compañía llamada “Cerrejón”, la cual continuará ejerciendo los derechos de concesión sobre las áreas donde antiguamente operaba INTERCOR; de esta forma la nueva compañía usufructuará las explotaciones mineras de las denominadas Zona Norte, Zona Centro y Nuevas Áreas Mineras. El complejo carbonífero “El Cerrejón” está localizado en la zona central del departamento de la Guajira, en los municipios de Albania, Hatonuevo, Maicao y Barrancas. El área total contratada abarca una longitud aproximada de 50 kilómetros a lo largo de ambas márgenes del río Ranchería.

Mapa 4. Ubicación del Proyecto Carbonífero Cerrejón

Fuente: El Cerrejón y sus Efectos, Salas, 2004

La minería a cielo abierto del complejo minero del Cerrejón es una operación en secuencia que se inicia con la limpieza de la superficie y retiro de la capa vegetal y suelo. Luego, se llevan a cabo la perforación, voladura y remoción del material estéril hasta exponer los mantos de carbón. La extracción del mineral se hace mediante el sistema de tajos. El cargue de carbón se hace en su mayoría por cargadores frontales sobre camiones carboneros, cuyas capacidades son variables: 320 Ton, 240 Ton, 190 Ton y 170 Ton.

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El carbón se transporta en camiones desde la Mina hasta las pilas de almacenamiento y las trituradoras y luego se lleva a los silos que cargan el tren. La Mina y Puerto Bolívar están comunicados entre sí por una línea férrea de 150 kilómetros. Puerto Bolívar, ubicado sobre el Mar Caribe, es el terminal carbonífero más importante de América Latina y uno de los de mayor tamaño en el mundo. b. Descanso Norte - Drummond En 1987 Drummond Company INC. constituyo Drummond Ltda., para el desarrollo de sus proyectos en Colombia y obtuvo a través de esta filial, los derechos para la explotación y exploración del carbón, localizado en el Departamento del Cesar, específicamente en el área comprendida entre los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná. Esta zona se denominó mina Pribbenow, también conocida como proyecto carbonífero La Loma. A comienzos de los 90, Drummond Ltd. realizo los estudios y trabajos de exploración de la mina, así como estudios socioeconómicos y ambientales en los municipios de influencia. La operación empieza en el año 95, con reservas calculadas en 400 millones de toneladas de carbón. Posteriormente, en el año 2009 obtiene el aval del gobierno para iniciar operaciones en la zona de El Descanso Norte y, en junio de 2010, la empresa realizó su primera exportación de carbón producido en El Descanso, de la que se proyecta una producción anual máxima de 36 millones de toneladas. Este es un contrato que se extiende hasta el 2066 y las reservas de esta mina se calculan en 1.760 millones de toneladas. El sistema de explotación es a cielo abierto, mediante el sistema de tajos. El carbón es transportado en tren a través de la concesión FENOCO, donde Drummond tiene participación. Igualmente, cuenta con instalaciones portuarias propias. La explotación de carbón de alta calidad en el Cesar viene en ascenso. En el 2004 y con corte al tercer trimestre, la empresa alcanzaba una producción de 15,3 millones de toneladas, cifra que ya en el 2010 ascendía a 16,3 millones de toneladas, incluyendo las operaciones de la mina El Descanso. En contraste, los entes de control han investigado a la empresa por sus actuaciones en materia económica. En junio del 2007, el entonces contralor Julio César Turbay Quintero, notificó a la compañía acerca de estudios que demostraban un posible detrimento patrimonial para la Nación de más de 70 millones de dólares. Luego, tras un acuerdo del Gobierno con la multinacional, se definió que la empresa pagara 39,8 millones de dólares por concepto de dineros de regalías que no se habían cancelado. Hubo además huelgas de trabajadores, así como dos fallos por parte de la Corte del Distrito Federal de Alabama (EE. UU.) en donde la empresa fue acusada de violencia paramilitar. En Estados Unidos, Drummond figura como el mayor productor y comercializador de carbón coque usado en fundición, pero los negocios y las actividades de la familia se han extendido a otros frentes ajenos a la minería. 3.2 Casos emblemáticos Seleccionamos para este estudio algunos casos emblemáticos que muestran grandes conflictos y su relación con las regiones donde se asientan las explotaciones mineras. Además de los ejemplos relacionados con las explotaciones del oro y el carbón, en las que centramos este análisis, consideramos que había que mostrar lo que está sucediendo con la explotación del petróleo en la región de los Llanos Orientales.

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3.2.1 Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de la empresa Pacific Rubiales Desde el pasado mes de junio de 2011 comenzaron a conocerse en todo el país, a raíz de las protestas reiteradas de los trabajadores y de la población, las condiciones de la explotación petrolera de la región de Puerto Gaitán, en términos de los impactos sociales y laborales y también, aunque en menor medida, los ambientales. Pacific Rubiales es una empresa petrolera que opera un campo de 60 mil hectáreas en la región de Puerto Gaitán. Es actualmente el que produce mayor cantidad de barriles en el país, una cuarta parte de toda la producción nacional. Este campo, que comenzó a explotarse en 2008, se había descubierto en 1982 “pero fue abandonado por los altos costos para la extracción de crudos pesados y la amenaza de la guerrilla de las Farc”. Estos nuevos negocios se asientan en territorios bajo dominio del paramilitarismo y del narcotráfico: Víctor Carranza, Leónidas Vargas y otros. Durante una época los paramilitares hacían retenes a lo largo de la carretera hacia Puerto Carreño. Hoy los paramilitares son los dueños de las mejores tierras, manejan las palancas de la administración pública local, controlan y saquean las sustanciales regalías petroleras y eligen senadores, gobernadores y alcaldes para que blanqueen sus delitos. También es histórica la presencia de la guerrilla y de partidos de izquierda como la Unión Patriótica. Esta fue una de las zonas donde más perseguidos y asesinados hubo de esta organización. La población llanera muestra simpatías políticas divididas entre algunos de esos jefes paramilitares y la guerrilla. Eso crea tensiones en la población de todos los estratos. La llegada de Pacific Rubiales a Puerto Gaitán es relativamente reciente. Tiene 3 años de una explotación que cambió el destino de esta región. Con los cambios impuestos por esta empresa, comenzó una explotación acelerada, lo que implicó la llegada de un número elevado de trabajadores, tanto en términos absolutos como relativos. Hay otros impactos: La población nativa no ha podido acceder a las fuentes de empleo y si lo hace, es en condiciones muy desfavorables; el precio de la tierra y el costo de la vida se han elevado, es una región con las mayores regalías del país y sin embargo no se reflejan en mejoría para la calidad de vida; los monocultivos se están expendiendo y reemplazan la producción de agricultura campesina; la utilización del agua de los ríos para bombear a presión el petróleo de las entrañas de la tierra, no es tratada una vez terminado el proceso, de tal forma que no contamine las corrientes que surten a las poblaciones y tierras de cultivo de la región; Se han interrumpido los flujos de agua y los caminos vecinales y servidumbres de los colonos; los comerciantes de los municipios vecinos no se benefician de la presencia de la compañía porque ella no se surte de lo que se produce en la región. Las reivindicaciones de la población, visibilizadas durante las conversaciones sostenidas con la Vicepresidencia de la República a comienzos del mes de agosto luego de las primeras protestas obreras realizadas el mes de julio, muestran problemáticas que siente la población y se relacionan con necesidades de los comerciantes, de indígenas, con requerimientos y problemáticas ambientales, con dificultades en salud, educación, deporte y cultura, en vías de comunicación, en derechos humanos y en condiciones laborales. Dos meses más tarde, la caravana humanitaria que se dirigió a los campos petroleros para mirar directamente los impactos de la explotación petrolera, registró en un pronunciamiento público, lo que encontraron las organizaciones que asistieron (véase anexo 2). Es importante tener en cuenta en el análisis que esta caravana fue convocada por la USO y la CUT, es decir, por los actores sindicales en este conflicto.

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Lo que se reclama fundamentalmente de parte de la población en general es que la presencia de la empresa redunde en unas mejores condiciones para la población, por ejemplo, en materia de proporcionarle empleo, también generar mayor comercio, es decir, invertir en la región. No hay un rechazo de la población a la presencia de la petrolera, sino que se le exige mayor consecuencia con el respaldo y la contribución que pueda generar a la región. El conflicto obrero patronal tiene otras connotaciones, aunque se liga en algunos aspectos con la lucha de la población en general, como es el de las condiciones laborales. El conflicto de los trabajadores es el que ha marcado la pauta de las protestas y tiene varios rostros. Por una parte, están los trabajadores, que en principio no estaban organizados sindicalmente y sus reivindicaciones básicas de condiciones laborales y de vida son las que han marcado las exigencias. Se ha fortalecido su acción con el apoyo de la USO, que también ha retomado su protagonismo, después de varios años de aletargamiento. De esa manera, también está la propia mirada de la Unión Sindical Obrera, con su bagaje histórico y político. Y está el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, que significa un vínculo, por lo menos en algunos ámbitos como la difusión, la propaganda y algunas formas de solidaridad con otros sectores sindicales. Este conflicto está en un momento de pulso, nada hay definido. La empresa mantiene sus márgenes de ganancia y por momentos amenaza al gobierno con retirarse; los trabajadores sindicalizados van ganando apoyos con otros sectores sindicales y regionales. 3.2.2 La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades afrodescendientes La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, es la historia de las comunidades de mineros afrodescendientes que remonta sus orígenes a la época colonial. Hoy estas comunidades enfrentan la amenaza de un desalojo a favor de la minería a gran escala. El papel que la minería ha desempeñado en la historia de La Toma, desde hace cuatro siglos, nos señala cómo la minería no es para las comunidades solo un trabajo, sino que hace ya parte de una cultura y de su historia. En las últimas dos décadas la historia del despojo y del desplazamiento forzado ha estado asociada a la presencia de las multinacionales que han desalojado a las comunidades de parte de sus tierras planas para el cultivo de caña de azúcar y la producción de biocombustibles. Actualmente firmas multinacionales especializadas en la explotación y comercialización minera pretenden desalojar a las comunidades de otra parte de sus tierras. En el municipio de Suárez las comunidades negras trabajan de manera artesanal las minas por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, se trata de un modo de distribución equilibrada de beneficios según el trabajo invertido y la capacidad física individual para trabajar, en este sistema se integra también tanto a las mujeres como a los niños quienes aprenden el trabajo de “barequeo”. El caso de La Toma ilustra lo que viene ocurriendo en muchas regiones del país respecto al otorgamiento de títulos mineros y concesiones. Allí se otorgó una concesión con el argumento de que las comunidades negras estaban a 18 kilómetros y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministro del Interior reconoció, más adelante, que sí había comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y, por tanto, se debería realizar una consulta previa, libre e informada. Por su parte, la comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y el Alcalde ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaron a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía, ESMAD, ha rodeado la zona varias veces y se ha generado una situación muy tensa y peligrosa. Las comunidades no están dispuestas a

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ceder un derecho que les ha permito subsistir durante siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido grupos armados ilegales, las Águilas Negras, acusando a los líderes y dirigentes de las organizaciones de “estar en contra de las empresas, del desarrollo” y de oponerse al Gobierno.(03/10/2010, El Espectador, p.47) Como resultado de este proceso, en 2011, la Corte Constitucional ordenó suspender las licencias de explotación de oro en el corregimiento La Toma al considerar que podía ser perjudicial para la salud y el bienestar de los habitantes de la región. La decisión fue tomada por una acción de tutela que interpuso la comunidad afrodescendiente en el mes de mayo de 2010 (03/05/2011, El País, p.A12). La Corte Constitucional mediante la sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma hasta tanto se realizara el proceso de consulta previa a las comunidades afrodescendientes. Por otra parte, la comunidad instauró una alerta temprana ante la Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien estas irregularidades. Según informes de la comunidad, a pesar de la sentencia de la Corte hay retroexcavadoras extrayendo oro en la zona. La comunidad afirma que, con la llegada de estos nuevos propietarios que esgrimen títulos de propiedad otorgados por Ingeominas, “trabajan en connivencia con las bandas criminales que operan en el sector, tales como Los Rastrojos y Las Águilas Negras, razón por la cual los mineros artesanales tuvieron que parar la minería artesanal que venían realizando de manera legítima. (14/0572011, El Espectador, p.5). A pesar del fallo de la Corte Constitucional que les dio a las comunidades negras prelación en la explotación minera, por considerar que es un pueblo ancestral, esta sentencia está lejos de hacerse realidad por la falta de garantías. 3.2.3. Santurbán. Páramo y minería. Formas de asumir el conflicto A mitad de la década del 90, la empresa canadiense Greystar25

En la actualidad, Greystar, hoy Eco Oro, no es la única compañía minera que hace presencia en la región. Otras transnacionales mineras como AngloGold Ashanti Colombia S.A, Cerámica Italia, Continental Gold S. A., CVS Explorations Ltda y, Empresa Minera Reina de Oro, tienen títulos mineros en la región, sin embargo, el conflicto hasta el momento se ha centrado en la empresa canadiense.

llega a los municipios de Vetas y California (Santander), específicamente al páramo de Santurbán, para realizar actividades de prospección geológica. Aunque mucho se conoce del conflicto con la población urbana de Bucaramanga, en realidad, la empresa debió enfrentar otro muy largo de los pequeños mineros que sintieron amenazada su forma de vida ancestral y su territorio. La resistencia en la zona rural aún continua, sectores campesinos, principalmente de municipios no mineros de las altas montañas siguen oponiéndose al proyecto.

Ahora bien, a inicios del presente siglo, la región vivió la intensificación del conflicto armado dejando bastante debilitadas social, cultural y económicamente a las comunidades locales. De esta manera, la empresa encuentra un terreno abonado para resolver el conflicto con los pequeños

25 Greystar Resources Ltd. es una compañía canadiense entre cuyos mayores accionistas se encuentra JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo y la Corporación Financiera Internacional, la cual trabaja como agencia del Banco Mundial interviniendo en proyectos de carácter privado (Molano A, 2010).

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mineros, logrando un acuerdo con estas comunidades mineras que poco a poco se incorporan en su proyecto y terminan por aceptar la presencia de la trasnacional. En este tipo de espacios geográficos, las formas de subsistencia dependen de una única actividad (petrolera, minera, monocultivos) y facilitan la llegada de industrias que acentúan mucho más el desarrollo de una sola actividad laboral, generando de este modo una economía dependiente y frágil. Más recientemente, empieza a surgir en la comunidad santandereana y en diferentes sectores (académico, político, empresarial, ambientalistas, magisteriales y sindical, etc.) la preocupación por lo que pueda ocurrir con el páramo de Santurbán y sus aguas. Un antecedente importante de esta movilización es el proceso hacia el referendo por el agua en la región. La comunidad que se pronunció y que lo sigue haciendo, en contra de la extracción de oro en Santurbán, puso a pensar al país entero en los modelos de desarrollo económico que se están asumiendo y en los costos que estos podrían generar, si no hay un cambio profundo en las estructuras económicas y de mercado. El lenguaje que han asumido los sectores enfrentados a la empresa Greystar propende por una consciencia del cuidado y por el respeto de la naturaleza que garantiza la vida, no solo a los seres humanos sino a otros hábitats y seres vivos. Algo particularmente destacable en este conflicto es la unificación de sectores que antes no habían trabajado juntos y que inician a trabajar con el único objetivo de detener la embestida y el comienzo de los trabajos de extracción de oro en el páramo. Estos sectores, particularmente urbanos están reunidos bajo el rótulo de Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, hoy llamado Comité en Defensa del Agua, constituido por asociaciones de ambientalistas, sindicatos, estudiantes y, académicos. Este Comité ha logrado articularse con la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas, Fenalco Santander y algunos partidos políticos como el Polo Democrático y sectores de los Verdes. Estos sectores se están oponiendo al proyecto, argumentando que habrá un daño irreversible en las fuentes hídricas que nutren el área metropolitana. Esta articulación social logra importantes movilizaciones ciudadanas y un consenso para negar la licencia social a la empresa minera. En el caso específico de Santurbán se aprecia que el cambio en las narrativas deja de ser terreno exclusivo de la academia y del discurso teórico, para insertarse en las dinámicas más cotidianas y populares de la sociedad. El lenguaje del dinero sobresale en el momento de enmendar daños irreparables. En el caso de la multa, la empresa asume su responsabilidad pero busca otras formas de sustentar su estancia en el páramo, pues el argumento que mantenían sobre la poca afectación ambiental de este hábitat con la extracción de oro, se calló y se volvió cuestionable ante la opinión pública. La resistencia logró que luego de las movilizaciones, la empresa retirara el proyecto de minería a cielo abierto Angostura y se viera obligada a presentar un nuevo proyecto minero, esta vez de minería subterránea y fue tal el daño sobre la imagen de la trasnacional minera, que tuvo que cambiar su razón social. El movimiento organizado sabe que tiene que mantener la resistencia no sólo contra Eco Oro sino también contra los otros proyectos mineros en manos de otras transnacionales. El conflicto con la Greystar ha dejado en claro que es posible la resistencia desde la consolidación de un movimiento fuerte que aglutine diferentes sectores de la comunidad por un bien común26

.

26 Roa, Tatiana. El proyecto Angostura sin licencia social. Desde Abajo, 2011, Pág. 2.

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3.2.4. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las lucha salariales En ésta década, en el departamento de Antioquia se registró la mitad de las luchas vinculadas a la extracción de oro en el país, y desde enero de 2009, en Murindó, en límites con Chocó y en el municipio de Amagá, se concentran las protestas vinculadas al carbón. En Segovia se concentró el 28% del total de luchas alrededor de la minería aurífera y el adversario tanto de empleados como de mineros ilegales y artesanales fue, hasta 2010, la empresa Frontino Gold Mines. Luego sería la Medoro Resources y la Zandor Capital, una de sus filiales en Colombia. Desde finales de los 50, el sindicato de la FGM (Sinfromines) y el Partido Comunista tuvieron gran influencia en la población de Segovia y Remedios, lo que, a su vez, fue de la mano de la movilización social y de la aparición de grupos de extrema derecha y la presencia de las Farc y el ELN y de una fuerte militarización de la zona guiada por la latente amenaza de las guerrillas contra la infraestructura de la empresa minera. En los 70 y comienzos de los 80 se crearon varios movimientos agrarios, juntas cívicas y pequeñas organizaciones sindicales así como hubo acelerados procesos de invasión de tierras en busca de oro (de veta, aluvión y de tierra). En 1983 hicieron presencia los grupos paramilitares “Los Tiznados” y “Los Grillos” que además de cometer asesinatos selectivos llevaron a cabo la masacre de Manila ese mismo año, como acto de venganza por el asesinato de Fidel Castaño. Después de 1986, los grupos paramilitares “Mano Negra”, “Los Masetos” y “Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MNR” amenazaban tanto a miembros de partidos políticos de izquierda como a la población en general. El 11 de noviembre de 1988, las amenazas se hicieron realidad con una incursión a Segovia de parte del MNR que dejó 43 víctimas y más de medio centenar de heridos. El 22 de abril de 1996 hubo una tercera masacre en Segovia: 14 personas acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla fueron asesinadas, 8 quedaron heridas y 2 desaparecidas. A partir de entonces, la hegemonía paramilitar no será únicamente en el terreno militar sino en el político y el social y el control del Bloque Metro se extendería hasta 2002. La presencia de las Farc y el ELN se hizo sentir en el año 2001 con la toma de las hidroeléctricas abastecedoras de energía de las minas de La Frontino. Los guerrilleros amenazaron con volar esas centrales debido a la negativa de la empresa a pagar la vacuna extorsiva que la subversión le exigía. Desde ese día el complejo aurífero prácticamente se paralizó. Desde 2000, unos 3.000 mineros artesanales iniciaron excavaciones en minas de propiedad de la FGM que conectaron con El Silencio, una de las minas más importantes para la empresa. En 2003, en las 2.871 hectáreas que la empresa tenía tituladas existían 127 minas ilegales y, según directivos de la FGM, las invasiones se llevaban a cabo para aprovecharse de la infraestructura que la empresa había construido. Las pugnas entre mineros artesanales, ilegales y la empresa continuaron. En 2003 se firmó un acuerdo: los mineros saldrían voluntariamente de la mina El Silencio y la FGM les cedería en comodato cinco minas, colaboraría en obras pendientes en el Hospital San Juan de Dios. Pero, después de menos de tres meses del desalojo pacífico de los mineros ilegales se produjo una nueva invasión de 300 en busca de la veta de la mina Providencia, presionados por condiciones de pobreza y porque alegaban que la FGM no había cumplido los compromisos respecto a proseguir las obras iniciadas por los mineros y de conseguir del Estado inversión necesaria para el fomento de la minería en la región. Los trabajadores de la FGM realizaron dos huelgas en el periodo. La primera, en 2001, estos exigieron aumento salarial del 25% y vinculación del personal. La segunda huelga, en 2003, duró una jornada y los 800 trabajadores que quedaban protestaron por inseguridad en los socavones causada por las constantes invasiones a la mina El Silencio por parte de mineros ilegales y por el temor al

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futuro de la empresa. Por efectos de esta huelga fueron despedidos 16 trabajadores. Entre 2003 y 2007, los trabajadores de la FGM no cesaron sus acciones para pedir al gobierno nacional la entrega inmediata de la empresa a sus trabajadores activos y pensionados y el control sobre la minería ilegal. Entre el 4 y el 28 de septiembre de 2010 hubo paro cívico en Segovia y Remedios contra la liquidación y venta a Zandor Capital y el despido de 1.400 trabajadores hecho por la compañía canadiense Medoro Resources tras tomar posesión de la Frontino Gold Mines. El Paro Cívico no sólo fue en defensa de los derechos de los trabajadores, sino que constituyó un acto de protesta contra la entrega de los recursos naturales del país a la predadora actividad del capital financiero internacional. En abril de 2011 se registró la última huelga en Segovia a cargo de mil mineros de la empresa Zandor Capital por retención de salarios. 3.3 Impactos diferenciados Las siguientes descripciones dan cuenta de los problemas tanto ambientales como sociales y económicos generados de manera diferenciada en las etapas de exploración y de explotación minera. Muestran además impactos de la minería en los territorios étnicos y en la vida de las mujeres, de sus familias y su entorno, y en la violación de sus derechos en cuanto tales. 3.3.1. Impactos de la etapa de exploración minera a. Impactos ambientales En Colombia, para adelantar la etapa de Exploración de proyectos carboníferos o auríferos no se requiere solicitar Licencia Ambiental, únicamente se tramitan los permisos ambientales requeridos frente a la utilización de un determinado recurso natural, ante la Corporación Ambiental que opere en la zona del proyecto. Sucede, en muchos casos, que el trámite de dichos permisos se realiza cuando ya se ha avanzado en las diferentes actividades de exploración. Esto conlleva, en la mayoría de los casos, al detrimento sobre la oferta ambiental del área objeto de estudio pues no se observan las correspondientes medidas de corrección y/o mitigación. Dentro de los impactos ambientales más frecuentes se encuentran:

• Deterioro de corrientes hídricas superficiales: aumento de sedimentos, contaminación con grasas y aceites, lodos de perforación y aguas residuales, sobredemanda del recurso compitiendo con las necesidades de abastecimiento de las poblaciones asentadas en el área, ocupación de cauces, etc.

• Afectación de acuíferos: Interrupción de los flujos de corrientes subterráneas, contaminación con lodos de perforación, disminución de caudales.

• Detrimento del suelo y la capa vegetal: La instalación de campamentos y plataformas de exploración requiere en algunos casos la remoción de la capa vegetal

• Generación de residuos sólidos peligrosos: Los residuos relacionados con los lodos de perforación, así como las grasas y aceites usados para el mantenimiento de las máquinas de perforación y vehículos.

• Aumento en la Generación de residuos sólidos ordinarios: Los campamentos de exploración generan un volumen considerable de residuos sólidos, en zonas que no tienen la capacidad para disponerlos, pues en la mayoría de los casos corresponden a áreas rurales.

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• Generación de contaminación atmosférica y sonora: El aumento de material particulado se genera principalmente por el tránsito permanente de vehículos por vías destapadas. Las emisiones sonoras y las vibraciones provienen de toda la infraestructura asociada a la actividad de perforación.

b. Impactos económicos y sociales • Cambios en el uso del suelo: Está relacionado con dos aspectos, a) el cambio de uso rural

(agrícola o pecuario) por el de uso minero (instalación de campamentos, plataformas, infraestructura asociada) y b) “privatización” de recursos naturales (ríos, bosques) o áreas de uso comunitario, generada por adquisición de tierras (por parte de las compañías mineras) en las áreas de intervención.

• Modificación temporal y/o definitiva del paisaje • Aumento en el uso de bienes y servicios • Deterioro de vías: Los vehículos de las compañías transitan frecuentemente por vías

secundarias o rurales que no cuentan con especificaciones requeridas para soportar un alto tránsito de vehículos.

• Generación de expectativas en las poblaciones afectadas por la actividad exploratoria • Afectación sobre la dinámica de la economía local • Inseguridad, relacionada con el aumento de flujo poblacional.

3.3.2 Impactos de la etapa de explotación minera a. Impactos ambientales En Colombia, para desarrollar la etapa de explotación minera el interesado debe tramitar ante el recientemente creado Ministerio de Ambiente (en agosto de 2011 fue nuevamente separado el Ministerio de Ambiente del Ministerio de Vivienda, con el cual había sido fusionado durante el gobierno Uribe) la licencia ambiental, la cual comprende la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, documento técnico donde se identifican los probables impactos que genera la actividad a desarrollar y, lo más importante, se diseñan todas las medidas de mitigación, corrección y/o compensación requeridas para evitar el deterioro ambiental. Los impactos ambientales relacionados con la explotación de oro y carbón de grandes proyectos mineros, aunque presentan algunas variaciones dependiendo si la explotación es a cielo abierto o subterránea, pueden resumirse en:

• Afectación del recurso hídrico superficial: Cambios de la calidad físico-química, afectación y/o disminución de caudales, alteración de cauces (en algunos casos ésta es definitiva pues se producen desviaciones del mismo)

• Alteración de acuíferos: Disminución o pérdida de caudales, contaminación • Eliminación de cobertura vegetal: La capa vegetal es el primer elemento removido al iniciar la

explotación minera. • Desplazamiento de fauna silvestre (en algunos casos se llega a la desaparición de especies

acuáticas o terrestres) • Fragmentación de hábitats

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• Activación de procesos erosivos, inestabilidad de taludes • Contaminación de suelos • Generación de contaminación atmosférica: Con la minería a cielo abierto se generan grandes

volúmenes de emisión de material particulado, relacionado fundamentalmente con el movimiento de material, la disposición del mismo y, el transporte del mineral. Igual sucede con la generación de ruido y vibraciones (uso de explosivos)

• Modificación definitiva del paisaje: La infraestructura asociada a la operación minera, tal como disposición de estériles, lagunas de colas o relaves (para el caso del oro), frentes de explotación e infraestructura minera (campamentos, patios de acopio, plantas de beneficio, etc), generan alteraciones sustanciales en la morfología de la zona objeto de explotación creando estructuras artificiales como “montañas o grandes depresiones”

• Generación de residuos sólidos peligrosos

b. Impactos económicos y sociales • Cambio definitivo del uso del suelo • “Privatización” de recursos naturales tales como fuentes de agua y bosques • Afectación de la infraestructura pública y privada • Incremento del uso de bienes y servicios • Impactos en los medios de subsistencia • Afectaciones sobre la salud pública • Desplazamiento de poblaciones: Se da en los dos sentidos: migración de personas con la

esperanza de ser contratados por el proyecto minero y, reubicación o reasentamiento de asentamientos humanos que estaban emplazados antes del desarrollo del proyecto minero.

• Inseguridad: Directamente relacionada con la llegada de personas foráneas a las regiones • Afectación del patrimonio cultural

3.3.3. Impactos en territorios étnicos y campesinos Las empresas mineras transnacionales y empresas que adelantan proyectos de minería a gran escala han irrumpido agresivamente en un sinnúmero de territorios de comunidades indígenas, campesinas y negras en todo el país. Esta tendencia responde a una situación favorable del mercado mundial de minerales que ha hecho de esta industria un ámbito de inversión y ganancia en la actualidad. Esta situación constituye una tendencia mundial que se presenta con fuerza y dinamismo en los países de América Latina y coloca a Colombia en un lugar privilegiado para la inversión extranjera y de las empresas multinacionales, dado el empuje que el anterior y el actual gobierno han ofrecido a la industria minera en el país y la legislación que favorece el asentamiento de estas empresas. La actividad de las empresas multinacionales en los territorios étnicos y campesinos ha establecido un dilema entre las comunidades en el que se discute su aceptación o rechazo por parte de la población. Tras dos décadas de política neoliberal y el empobrecimiento ocasionado por este modelo económico, la industria extractiva resulta, para una parte de la población, una alternativa posible a pesar del alto daño que ocasiona; la ausencia de otras alternativas los coloca contra la pared, haciéndolas a doblegarse ante esta opción.

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La agresiva presencia de las mineras transnacionales no sólo transforma la economía política del país, sino que impone formas, sentidos, proyectos políticos, culturales e ideológicos que se persiguen bajo distintos usos de la palabra “desarrollo” y progreso. Con respecto a las empresas mineras, queda abierto un horizonte de investigación y de trabajo muy amplio que será necesario desarrollar como una vía imprescindible para enfrentar con mayor claridad la avasallante ofensiva minera en el país. Es muy poco lo que se conoce acerca de estas grandes empresas mineras: origen de sus capitales, la ubicación de sus filiales en otros países de América Latina, formas de inserción en las comunidades locales en otros lugares del mundo, procesos de resistencia que otros pueblos están adelantando para la defensa de sus territorios y recursos naturales y patrimonio intangible, así como los planes y proyectos de explotación a futuro que estas empresas tienen previsto implementar. En particular, resulta fundamental adelantar un proceso de investigación que permita identificar con precisión las estrategias de penetración utilizadas por las empresas mineras en los diferentes territorios y las formas de neutralizar y/cooptar a líderes y lideresas para lograr el cometido de apropiación de los territorios, negando los derechos colectivos, sociales y económicos. Una sistematización adecuada de estas estrategias permitiría fortalecer la acción política de defensa por parte de las comunidades en distintas partes. En un reciente encuentro de mujeres27

Ellas señalaron lo siguiente:

, las asistentes, identificaron problemas centrales para los territorios derivados de la industria extractiva, que contribuyen en el acercamiento a los impactos a los territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos.

a. Intensificación del despojo de tierras y de los territorios de las comunidades étnicas (negritudes e indígenas) y campesinas a lo largo y ancho del país. Con este proceso de despojo no sólo se han vulnerado y desconocido los derechos sociales y económicos de los pueblos, sino que aún peor, se ha exterminado pueblos enteros física y culturalmente para arrebatarles su tierras. En este proceso de manera simultánea se ha acudido a la privatización de los ríos y los caminos, se ha sustituido los cultivos y huertos, lo que en su conjunto ha dejado a estos pueblos sin opciones para vivir, siendo crítica la pérdida de la soberanía alimentaria. Estos procesos se han presentado en medio de la proliferación de la explotación y otros megaproyectos: represas, embalses, infraestructura, en muchos casos está en función de los requerimientos del proyecto minero y de su alta demanda de agua y energía.

b. Se ha producido un deterioro de las formas de vida tradicionales y de la salud pública (enfermedades respiratorias y mentales, de la piel, entre otras) debido a la contaminación de aguas, suelos, aire y auditiva, deterioro del paisaje, así como pérdida de biodiversidad, por mencionar sólo algunas de las afectaciones ambientales.

c. Se han acentuado cambios en la vocación productiva en las regiones y en el estilo de vida en las comunidades campesinas. Se ha presentado un desplazamiento de la actividad productiva tradicional de la población, pasando de ser zonas campesinas para convertirse en mineras, donde una parte de la población entra a ser contratada en forma temporal como empleados de las empresas y van a depender de la actividad minera perdiendo su autonomía, ya que la economía de la zona comienza a girar en torno a la actividad minera. Esta dependencia establece y profundiza

27 Encuentro Nacional Mujer y Minería (Bogotá, noviembre de 2011).

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una condición de exclusión laboral para una importante proporción de la población, ya que el empleo que se genera solo es para unos pocos.

d. Los cambios en la economía campesina vienen acompañados de transformaciones en las formas de consumo y en la alimentación. El despojo de las tierras ha impuesto otras lógicas de vida; así, el alimento que antes producían campesinas y campesinas, hoy deben comprarlo.

e. La llegada de las empresas mineras ha provocado el rompimiento del tejido social, de los lazos familiares, de los procesos organizativos. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración. Hay pérdida de la identidad cultural: cambios en los patrones de consumo, los jóvenes entran a demandar los consumos que se le impone desde otras lógicas: ropa de marca, tecnologías, alimentos, etc.

f. Las empresas desconocen los procesos de consulta y participación ciudadana son desconocidos y el Estado no garantiza lo que constitucionalmente está reconocido. Con engaños, las empresas buscan obviar los procesos formales de consulta. Las comunidades no están capacitadas en los procedimientos requeridos para desarrollar los procesos de consulta y de interlocución con el Estado y las empresas mineras. Esta situación ha facilitado el desconocimiento de los derechos y la implantación de las empresas, vía engaño y violación de derechos colectivos y territoriales.

g. En no pocos casos, las grandes empresas mineras empiezan a jugar el rol del Estado y las comunidades transforman su relación de ciudadanía con derechos ante un Estado a una relación de dependencia con la transnacional a la que, en algunos casos, ven como su benefactora ante la ausencia del Estado. En este juego, lo que se pone es un conjunto de prebendas de menor cuantía, dádivas que no constituyen solución alguna a los problemas sociales de la población.

h. Con la presencia de la actividad de las grandes empresas mineras se intensifican la criminalización y estigmatización de la organización social y de la protesta cívica. Esta mirada negativa y prejuiciosa del derecho a la organización ha negado el acceso a la justicia y ha incidido negativamente en la desarticulación de las organizaciones. El miedo y la amenaza acallan las voces y establecen una frontera en la que el silencio se impone como única opción.

3.3.4. Impactos de la minería en las mujeres En el encuentro de mujeres mencionado se identificaron impactos específicos de la minería para la vida de las mujeres y de sus familias. Es útil advertir que el encuentro permitió identificar las limitaciones que ellas tienen para esa identificación, reconocimiento que es un aporte central del diagnóstico mismo, en tanto permite señalar este vacío como uno de los ejes prioritarios del trabajo a desarrollar en el futuro donde es necesario profundizar y abordar una indagación sistemática que permita reconocer y dimensionar estos impactos para superar este vacío identificado. Señalar este vacío también permite subrayar la ausencia de una perspectiva de derechos por parte de las mujeres que se ven enfrentadas en sus territorios de forma cotidiana con los impactos de la actividad minera. Esta falta de una visión de derechos indica la alta exposición al riesgo de estas poblaciones y la percepción de vulnerabilidad que la acompaña. Resulta fundamental enfatizar en la necesidad de una intervención que fortalezca. a. La actividad minera se entrelaza con la exarcerbación de las violencias de género en el marco del

conflicto armado en el país. La convergencia de estas violencias incrementa la espiral de la que se ejerce sobre las mujeres y plantea una prioridad de atención e intervención. Así, en las zonas donde en la actualidad se hace más aguda la explotación de los bienes naturales por parte de las

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grandes empresas mineras se tienen múltiples antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, amenazas y estigmatizaciones. Un factor a destacar en esta crítica situación violencia es que la presencia minera viene acompañada de bases militares y aumento de vigilancia de agentes de seguridad privada, que hace mucho más vulnerables la seguridad de las mujeres y por el aumento de la violencia sexual.

b. La presencia de la actividad de las grandes empresas mineras que intensifica la criminalización y estigmatización de la organización social y de la protesta cívica, ha incidido particularmente en la desarticulación de las organizaciones de mujeres.

c. Se ha presentado una mayor afectación de la salud de las mujeres y niñas en las distintas comunidades, presentándose mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y de enfermedades derivadas de la actividad minera extractiva y por las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de abortos, malformaciones, cánceres, embarazo en adolescentes, entre otras.

d. Las mujeres destacan que en estos entornos mineros se ha acentuado la demanda de servicios sexuales principalmente por parte de funcionarios y obreros de la industria minera. Adicionalmente, aparecen situaciones críticas que afectan principalmente a las mujeres tales como de servidumbres, trata de personas, migración de mujeres (prepago), estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución.

e. La presencia de las empresas mineras incide en el cambio de roles productivos de las mujeres: de mujeres campesinas han pasado a ser mujeres trabajadoras en las minas, principalmente en las áreas de servicios generales, aseo y alimentación, vinculadas en trabajos altamente precarizados: bajos salarios, ausencia de seguridad social, inestabilidad laboral e intensificación laboral, entre otras.

f. En territorios de minería ancestral se han desplazado a comunidades que realizan pequeña minería o minería artesanal despojándoles de sus medios de vida. Las mujeres ligadas a la actividad barequera y guachera han perdido la autonomía y han visto deteriorada sus condiciones de vida y trabajo, han sido desplazadas de sus sitios de trabajo y pueden acceder al barequeo solo cuando las explotaciones ilegales las autorizan. Además, los diversos actores armados que controlan estos territorios empadronan a las comunidades como un recurso de intimidación a su actividad de generación de ingresos y como un medio de presión para obligarlos a dejar estas actividades. Así, las grandes empresas mineras en asocio con actores armados han estado violando sus derechos fundamentales.

g. El incremento de la violencia en los territorios tiene un grave impacto en la vida de las mujeres, sus maridos son asesinados y ellas son amenazadas para que vendan su tierra a los mineros. En gran parte esta situación ha traído como una de sus consecuencias el incremento del madresolterismo y del madresolismo, tal como ha sido destacado por las mujeres.

h. Las mujeres denuncian que han entrado a operar tácticas alternas por parte de las empresas mediante las cuales se ha desarrollado procesos de cooptación de los líderes y las lideresas sociales, como la principal vía para neutralizar el proceso de interlocución con las comunidades. En el caso particular de las mujeres, a través de estrategias, programas y discursos en la que se vende una ilusión de mejoramiento de vida.

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Capítulo 4. RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL Y CONFLICTOS 4.1. Dinámicas de reconfiguración territorial El modelo productivo que se ha venido aplicando en Colombia, basado en la explotación minera y de hidrocarburos, y en la agroindustria agroexportadora es uno de los fenómenos que dan cuenta de nuevas dinámicas de reconfiguración territorial del país. En las zonas rurales, la población campesina, indígena y afrocolombiana llevan la peor parte, todo esto como resultado de la expropiación y el desplazamiento, asociado al conflicto interno, al fortalecimiento de poderes regionales -paramilitares- a la presencia directa de empresas transnacionales, a la ejecución de mega-proyectos y también a la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del campo. La explotación minera está basada en una legislación bastante laxa, y en la mayoría de los casos pasa por encima de planes de ordenamiento territorial y de legislación ambiental del país. Así, una primera tensión es la que se ha producido entre modelo económico y el desarrollo humano sostenible. (Velázquez, 2010: p.21) La dinámica de reprimarización de la economía tiene como componentes centrales la ampliación de los mercados por el capital, el ordenamiento territorial, la expropiación, la privatización y el control territorial. Las concesiones a los grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles y las industrias extractivas minero-energéticas no solo son económicas, sino que aparecen como ordenadores políticos de lo territorial. Esto es evidente en varias funciones típicamente estatales: las funciones de policía que se entregan a las empresas madereras y minero-energéticas, las cuales cumplen mediante ejércitos privados, que no solo “protegen la propiedad” sino que reprimen comportamientos considerados peligrosos; las funciones de control y protección del medioambiente, explícitamente otorgadas a los ingenieros forestales de las plantaciones en la recientemente aprobada y declarada inconstitucional Ley General Forestal, y que no solo implican una privatización del papel indelegable del Estado sino una forma de convertir en agente de control al que debe ser controlado. Una tercera modalidad es la creación expropiación y desposesión directa de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera agrícola. En el aspecto territorial, significa entregarle a las transnacionales y a los empresarios colombianos, y en muchas regiones bajo la protección de la fuerza pública y muchas veces con el apoyo de paramilitares y de los grupos armados guerrilleros, la explotación de la diversidad biológica, el agua, el paisaje, los minerales, los recursos energéticos, la silvicultura, los biocombustibles y los cultivos tropicales. La ampliación de la frontera agrícola se prevé en más de 45% para los próximos diez años, lo que significa que va a estar acompañada de la expulsión de más población campesina. El reordenamiento territorial gira entonces alrededor de la expulsión de campesinos, indígenas y población afrocolombiana que favorecerá a la hacienda ganadera, los grandes cultivos para biocombustibles, la minería extensiva e intensiva, y los macro-proyectos de desarrollo forzado sobre la base de la militarización y los enclaves de agroindustria de exportación (ciudades-región, cluster28

28 Con la modalidad de cluster se otorgan licencias para todo tipo de intervención en grandes territorios, de manera que una empresa petrolera con una sola licencia –además de explorar y explotar hidrocarburos– puede construir carreteras y otras obras de infraestructura sin que esté obligada a estudios especiales adicionales.

, encadenamientos productivos. (Sarmiento, 2010: p.5). En el Segundo Encuentro Regional Petrolero en Yopal (Casanare) los participantes destacaron que “con la entrada de las empresas petroleras y mineras en todos los departamentos, se presentan además consecuencias como la militarización del territorio, la entrada de grupos paramilitares, masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos,

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detenciones y amenazas; lo cual ha llevado a desplazamientos de comunidades enteras”(Foro Regional Petrolero, Yopal (Casanare), 9-11 de noviembre de 2011). Las características de los contextos regionales nos permiten analizar de manera diferenciada las formas de de inserción de las multinacionales en los territorios y los conflictos que se derivan a partir de las forma que utilizan para la exploración y explotación del recurso minero; de igual manera, es importante analizar al Estado en el papel de regulador y fiscalizador, a las autoridades locales y regionales y sus formas de articulación a estas dinámicas económicas que cuentan con el aval del Estado por un lado, unos sectores sociales y políticos y agencias de cooperación que se oponen y denuncian en forma permanente a los impactos que se están generando con esta forma de economía. Al respecto señalaremos algunos: Primero, la tierra ha sido el corazón del enfrentamiento agrario y consideramos que hay una relación directa entre la explotación minera y el problema agrario en Colombia: con relación a la población, el despojo de tierras en las últimas dos décadas particularmente, ha alcanzado una magnitud que oscila entre las 6.65 millones de hectáreas de tierra según la Comisión de Seguimiento a la política Pública sobre desplazamiento forzado. Las actividades de las empresas mineras están provocando un mayor desplazamiento de personas en Colombia. Campesinos, indígenas y afrocolombianos son expulsados de sus tierras para fomentar la explotación de nuevos yacimientos de minerales; se comienza a desplazar al poblador de la región, se presiona la venta de las tierras que se utilizarán en la mina y en las zonas de amortiguación con procesos basados fundamentalmente en el uso de la violencia. (Ramírez, 2007). Segundo, el gobierno, a diferencia del anterior que justificaba la usurpación de su propiedad a millones de campesinos, asume la necesidad de regresar una parte de tales propiedades a sus verdaderos dueños, y de presentar interna y externamente la imagen de un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, así como no hay garantías para que los desplazados y despojados regresen a sus tierras, tampoco se ofrece una política que les permita explotarla. El proyecto puede favorecer otra concentración de tierra, y su uso para los megaproyectos mineros o agrícolas que están en los planes de las multinacionales y los grandes inversionistas criollos, viejos o “emergentes”. (Gutiérrez, 2011: p.2). La anterior situación preocupa bastante, máxime en un contexto de explotación de las actividades mineras, donde buena parte del territorio nacional o bien está destinado a esta actividad, o bien se proyecta para hacerlo. La garantía de derechos de propiedad facilita las transacciones sobre las tierras, pero no protege los territorios (Mantilla Quijano, 2011: p.3). Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se ha dado a la tarea de legalización de las tierras adquiridas violentamente por los narcotraficantes y paramilitares. Esto lo hicieron primero, mediante la aparición de escrituras privadas, como hicieron en Jiguamiandó, (Chocó) donde validaron escrituras previas de empresarios de palma; en este caso una resolución del Incoder tituló tierras que ya estaban tituladas a comunidades afro en el bajo Atrato. Tienen lugar también los actos de corrupción; algunos líderes ya están negociando con las multinacionales y con los interesados en las tierras (CECOIN, 2008: p.33). Si bien en el Estatuto de Desarrollo Rural, se define los límites de la frontera agrícola, establece el uso actual y potencial del suelo, y ordena las zonas geográficas de acuerdo con características biofísicas, condiciones económicas, sociales y de infraestructura, desmonta la función de control que sobre la materia tenía el Ministerio del Ambiente y establece con claridad que el principio de ordenamiento del territorio en áreas rurales será el favorecimiento de las áreas de desarrollo empresarial (CECOIN, p.34-35).

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Tercero, uno de los más grandes impactos de esta industria en Colombia es la violación a derechos humanos. La “política de seguridad democrática”, del gobierno anterior, dirigió los recursos del Plan Colombia y Plan Patriota a proteger la infraestructura del Harken Energy donde la familia del presidente Bush tiene grandes inversiones (Sur de Bolívar, Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo), a la Oxy donde Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos tiene una posición accionaría dominante, donde operan la B.P-Amoco de capital Inglés y de Estados Unidos; la ayuda militar de Gran Bretaña se dirigió a zonas donde operan sus compañías Angloamerican, BHP Billiton, B.P.-Amoco; la de Israel a zonas de producción carbonífera de donde sale este mineral que alimenta la industria energética de ese país y la de España a “respaldar” las inversiones de Repsol-YPF en el Arauca. (Ramírez, 2007). Cuarto, los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral que se extrae. Sin embargo, en todos los casos se trata de una actividad que no es sustentable porque explota un recurso no renovable mediante procesamientos destructivos o contaminantes. La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie le cabe la menor duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye una depredación. La minería, junto con la explotación de petróleo, amenaza el 30% de las últimas extensiones de bosques primarios en el mundo. La deforestación no solo afecta el hábitat de cientos de especies (muchas llevadas a la extinción), también afecta el mantenimiento del flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. Productos químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de procesamiento tales como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos terminan en el sistema de drenaje. La alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos muy graves que afectan a los ecosistemas cercanos, de manera especialmente agravada a los bosques y a las personas. El modelo de desarrollo minero-energético en Colombia ha pasado por grandes transformaciones. El gran interrogante que surge es ¿Cuál es el impacto político y económico de la minería en la economía colombiana? En el campo legal, las multinacionales, han intervenido en la adecuación de leyes a sus intereses. Primero fue el proyecto de ley de Código de Minas de 1996, y luego, la ley 685 de 2001, con la participación de sectores político y económicos del país. Cada vez más, el manejo del medio ambiente queda en manos de las multinacionales, pues ellas determinan si se adicionan o no cambios en todo el proceso de exploración, explotación y cierre de la mina. (Ramirez, 2011). La industria minera está apenas en ciernes. Para el año 2010, el Instituto de Geología y Minería Colombiano (Ingeominas), estimaba que la superficie total explorada ascendía a 1,69 millones de hectáreas. Se supone que Colombia, ofrece los índices de seguridad por una parte, y por otra, el precio del oro en el último mes (noviembre 2011) superó el récord de los 1.800 dólares la onza troy. Esta situación ha generado lo que se ha denominado la fiebre del oro. Se espera que empiece entonces la etapa de explotación del metal con cuatro megaproyectos en ciernes en Santander, Caldas, Tolima y Vaupés. Los cinco emprendimientos de las multinacionales AngloGold Ashanti en Tolima, Eco Oro (antes GreyStar) y EBX (MPX Colombia) que adquirió Ventana Gold en Santander, Cosigo en Vaupés y Gran Colombia Gold-Medoro Resources en Caldas, son indispensables para cumplir su meta de aumentar la producción de oro de las 53 toneladas anuales de hoy a 72 en 2014. Este logro contribuirá a hacer reales los optimistas cálculos que, según la investigación 'La fiebre minera se apoderó a Colombia', de Ciperchile.cl, proyectan aumentar las exportaciones del sector minero-energético colombiano de 21.000 millones de dólares en 2010 a 54.000 millones en 2021. Todos los proyectos están en lugares ambientalmente estratégicos, como páramos o bosques. De ahí que la pregunta clave que tendrán que responder las autoridades es si sus beneficios económicos compensarán el daño ambiental. Además, todavía no hay una respuesta sobre cómo se manejarán esos

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megaproyectos con las comunidades de mineros tradicionales, pueblos indígenas y afrodescendientes de donde se desarrollan. (Revista Semana, 2011). 4.2 Dimensión territorial del conflicto, la economía y la construcción institucional Todo un cuerpo de literatura se ha desarrollado en torno a lo que se ha denominado la economía política de los recursos naturales que ha tratado de desentrañar por qué algunos países que han basado su crecimiento en la explotación intensiva de recursos naturales parece que han podido emprender una senda de desarrollo equitativo acompañado de políticas sociales y redistributivas exitosas y el fortalecimiento de la democracia (Indonesia, Chile, Botsuana y Malasia), y otros más bien muestran una tendencia negativa hacia el aumento de las desigualdades y conflictos sociales, el deterioro de la democracia e, incluso, la manifestación o recrudecimiento de guerras civiles. Aunque todavía no se ha esclarecido de manera concluyente la forma en que la explotación de recursos naturales y el crecimiento económico en el que se traduce tiene impactos positivos o negativos para el desarrollo y en el conflicto armado, la hipótesis más plausible es aquella que indica que se trata de un problema institucional e histórico. Es decir, que los resultados positivos o negativos que pueda tener la explotación de recursos naturales están relacionados con la calidad y el tipo de instituciones políticas, sociales y económicas particulares en que tiene lugar. En el caso colombiano, la interacción entre las grandes explotaciones de recursos naturales y la dinámica del conflicto armado revela cambios importantes que se deben tener en cuenta y que pueden contribuir al esclarecimiento de las distintas formas en que uno y otro interactúan. En efecto, las explotaciones a gran escala de recursos naturales como los enclaves mineros y petroleros en muchas regiones y localidades del país re-estructuraron el conflicto armado y sus manifestaciones violentas, toda vez que ha significado no solo una avidez de rentas de los grupos armados de distinto signo al pretender capturar recursos como las regalías para su financiamiento, sino también porque han generado un entorno favorable a nivel subnacional para que estos grupos adelanten labores de regulación social y política en un contexto donde la institucionalidad local presenta fallas. En este sentido, la emergencia de los espacios locales en los que confluyen un multiplicidad de actores con intereses políticos y económicos diversos, se han configurado como un lugar en el que los grupos armados cumplen distintas funciones: dirimen disputas, garantizan el cumplimiento de los arreglos sociales, se insertan en pactos encaminados al desfalco del erario público, eliminan la protesta social, etc. Durante los dos mandatos del gobierno Uribe se consolidó la economía extractiva y agroindustrial como una alternativa al desarrollo. El nuevo gobierno, los gremios y las multinacionales se han aglutinado alrededor de este discurso, y si bien esta opción puede sumar puntos del PIB nacional, no sin debates y discusiones sobre el tema, a nivel regional, comunidades de campesinos, afro-descendientes e indígenas temen la llegada del “desarrollo”. Sobre todo cuando la concertación no pasa de ser un requisito puramente formal que no logra crear confianza y legitimidad frente a las comunidades en donde se ejecutan los grandes proyectos extractivos. Además, la débil legislación colombiana frente al tema. El impulso del gobierno Santos para apuntalar la economía extractiva en Colombia ha venido acompañada de la descalificación de la minería ilegal, no sólo por ser insegura y carecer de cualquier normativa laboral, medioambiental, entre otras, sino también porque de ella se financian los actores armados. Si bien, los actores ilegales usufructúan rentas de la minería, así como lo hacían durante mucho tiempo de la extorsión a las multinacionales petroleras, lo cierto es que en muchas regiones la

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pequeña minería es el medio de subsistencia de miles de campesinos, de tal manera que generalizar el problema de la pequeña minería es construir todo un discurso que prepare el escenario para la gran minería. Con respecto a la captura de este tipo de rentas por parte de los actores armados, cabe anotar que no se trata de un fenómeno nuevo. Una de las banderas del ELN ha sido la defensa de los recursos naturales y con esa consigna se financiaron durante décadas. De tal manera que la captura de rentas por parte de los actores armados hace parte no sólo de un problema económico, sino también a su vez, de un problema político. Pretender desligar el uno del otro conlleva el craso error de caer en una lectura moral de los fenómenos sociales. 4.3 Luchas sociales en Colombia relacionadas con actividades extractivas de oro y carbón, 2000-2011 La tendencia de la movilización social en Colombia se incrementa como resultado de la creciente inversión extranjera para la extracción minera. Si comparamos el cuadro de IED y el cuadro de luchas sociales podemos afirmar que, en la medida que crece la inversión extranjera aumenta la movilización social. Las luchas sociales expresan de igual manera la relación que existe con el sector minero-energético: las luchas en defensa de los territorios étnicos y en contra de la presencia de multinacionales y protagonizadas tanto por indígenas y afros, como por un amplio espectro de sectores sociales, solidarios con sus causas; los trabajadores asalariados de empresas nacionales y multinacionales dedicadas a la extracción, seguidos por mineros artesanales que tras la expedición del Código Minero ha sido blanco de persecuciones y criminalización; se destacan las movilizaciones por motivos ambientales referidos al manejo y destrucción de recursos naturales, a la contaminación, riesgos y desastres ocasionados por actividades de explotación minera. En la base de datos de luchas sociales de la institución encontramos, para el período señalado, 104 luchas sociales asociadas a actividades mineras de carbón y oro, cuya trayectoria se muestra en la gráfica 6.

Gráfica 6.

Fuente: Base de Datos de luchas sociales, Sistema de información General, SIG, CINEP/PPP

A lo largo del período se presentaron 52 luchas vinculadas a la extracción de carbón, 42 relacionadas con la del oro y 10 en las que los manifestantes se expresaron contra los proyectos de las multinacionales.

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En 2002 no se registraron luchas sociales relacionadas con estas actividades extractivas pero, a partir de 2006 –un año después del inicio del crecimiento inusitado del sector minero–, aumenta el número de protestas, llegando a su máximo pico en 2010, cuando las exportaciones del país crecieron 21% respecto al año anterior, el 59% de ellas correspondió al sector minero, y dentro de éste, las exportaciones de petróleo representaron el 70.24% y las de carbón el 25.63%. Dentro del sector de minas y canteras, los subsectores con mayor crecimiento en el 2010 fueron petróleo crudo, con un 17.6%; gas natural, con 6.4%; carbón, con el 2.2%; minerales metálicos con el 1.8% y los no metálicos con el 1.6%.29

Salvo en los años 2000 y 2002, durante el periodo observado se registraron protestas relacionadas con la actividad extractiva de carbón, que presentan un incremento sostenido entre 2006 y 2009 y en 2010, su número es idéntico al de 2009, pero es superado por el número de acciones colectivas relacionadas con extracción de oro.

De 2008 a 2011 se han presentado protestas en contra de la megaminería asociadas a la defensa de territorios étnicos, en contra de la presencia de multinacionales en ellos, y protagonizadas tanto por indígenas y afros, como por un amplio espectro de sectores sociales, solidarios con sus causas. Los protagonistas de estas luchas han sido mayoritariamente trabajadores asalariados de empresas nacionales y multinacionales dedicadas a la extracción, seguidos por mineros artesanales que tras la expedición del Código Minero ha sido blanco de persecuciones y criminalización. Los grupos étnicos han venido reclamando desde la década de los 90, el respeto a sus territorios colectivos y a su cultura, arrasados por la exploración y explotación minera, que ha desconocido el mandato legal de la consulta previa en la mayoría de casos, y por la construcción de megaobras de infraestructura requeridas para el transporte y embarque de la producción de este sector. Los pobladores urbanos también han expresado pública y colectivamente su voz de protesta en contra de la megaminería y, por último, campesinos desposeídos por proyectos mineros han participado en las protestas en su contra, en proporciones que se muestran en la gráfica 7.

Gráfica 7

En la distribución de los motivos de las protestas a las que nos referimos (expresadas en la siguiente gráfica) sobresalen los incumplimientos de pactos: retenciones salariales, violaciones de normas laborales (seguridad social, seguridad industrial), violaciones a la consulta previa e incumplimiento

29 Velásquez, Héctor, “La minería en Colombia: una locomotora sin vagones para el trabajo decente”, en www.ens.org.co.

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de pactos previos. En segundo lugar, destacan los motivos ambientales referidos al manejo y destrucción de recursos naturales, a la contaminación, riesgos y desastres ocasionados por actividades de explotación minera. En tercer lugar, están las movilizaciones y huelgas protagonizadas por asalariados del sector de minas y canteras, por pliegos laborales no dirimidos en mesas de negociación con los empresarios. Las protestas motivadas por la violación de derechos las encabezan aquellas que exigen el derecho a la vida, la integridad y la libertad, seguidas por las que reclaman el respeto a los derechos étnicos e interculturales y los derechos económicos y sociales, particularmente el derecho a un trabajo digno y el derecho a sindicalizarse.

Gráfica 8. Motivos de protesta

La mitad de las protestas registradas en el periodo han tenido como adversario a empresas privadas, sean éstas nacionales o multinacionales, seguidas por el ejecutivo nacional y sus diversas instancias, y por los gobiernos municipales, en muchas ocasiones, ejecutores directos de políticas públicas y órdenes judiciales que afectan a sectores sociales de su jurisdicción. La distribución porcentual de los adversarios se muestra en la gráfica 8.

Gráfica 9. Distribución porcentual de adversarios

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Las luchas que estamos analizando se concentran en municipios donde se llevan a cabo estas dos actividades extractivas pero algunas han tenido lugar en puntos geográficos que, sin ser productores, son afectados por actividades complementarias, tales como, el transporte o embarque (particularmente de carbón por la estela de contaminación que dejan) o en capitales departamentales donde se han realizado manifestaciones de protesta en el marco de foros, audiencias públicas y congresos cuya temática ha girado en torno a los problemas derivados de tales actividades. En la gráfica 9 se muestra la participación departamental en las luchas alrededor del oro, el carbón o contra megaminería:

Gráfica 10. Participación porcentual por departamento en las luchas contra la minería

4.3.1 Algunos casos de luchas sociales relevantes En relación con las luchas sociales, resaltaremos algunos casos asociados a la explotación del oro y otros relacionados con la explotación del carbón (véanse anexos) . En el departamento de Antioquia se registró la mitad de las luchas vinculadas a la extracción de oro en el país, que se presentaron en los municipios de Segovia, Remedios, Guadalupe, Anorí, Amalfi; Zaragoza, Caucasia; Nechí, El Bagre y, desde enero de 2009, en Murindó, en límites con Chocó. En el municipio de Amagá se concentran las protestas vinculadas al carbón. Las protestas ocurridas en Segovia merecen atención dado que en este municipio se concentró el 28% del total de luchas alrededor de la minería aurífera y el adversario tanto de empleados como de mineros ilegales y artesanales fue, hasta 2010, la empresa Frontino Gold Mines. Luego sería la Medoro Resources y la Zandor Capital, una de sus filiales en Colombia. Los siguientes casos se refieren a la extracción de carbón30

30 “Colombia ocupa el quinto lugar entre los países exportadores de carbón y posee la segunda mayor reserva de carbón en Latinoamérica” (Julio Villarreal Navarro, citado por Héctor Velásquez, op. cit.).

en Amagá (Antioquia), Cesar y La Guajira: El primero, se relaciona con la falta de seguridad industrial que caracteriza buena parte de la actividad minera de carbón en el país. El 16 de junio de 2010 se produjo una explosión por

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acumulación de gas metano en un socavón de la mina San Fernando31

El segundo caso, las luchas sociales relacionadas con la extracción del carbón en el departamento del Cesar ascienden a 23 en el periodo de estudio, ocurrieron en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril y Valledupar, y fueron protagonizadas por asalariados activos y jubilados de empresas formales, en contra de la Drummond, Carbones La Jagua de Ibirico

, en Amagá, que dejó 73 muertos y recordó que el 14 de julio de 1977 hubo otra, en las minas El Silencio y Villa diana, propiedad de Industria Hullera S.A, que dejó un saldo de 140 muertos (El Espectador, 17 de junio de 2010). Tal vez, los dos accidentes laborales en minas colombianas con el mayor número de muertos. Mientras se realizaban labores de rescate de los cuerpos sin vida, los directivos de Carbones San Fernando S.A afirmaron que la mina contaba con las condiciones de seguridad y de higiene minera, que los niveles de gases estaban dentro de los rangos normales permitidos, y que durante el último semestre habían tenido tres visitas de inspección de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, y el 9 de junio, Ingeominas realizó la última revisión. Si esta tragedia ocurrió en una mina que cumplía con las condiciones de seguridad laboral de ley, qué podría acaecer en la mayoría de minas de extracción de carbón de socavón que carecen de ellas. Un informe de la revista Semana de junio de 2011 aseguró que entre enero y mayo de este año ya iban 62 mineros muertos en accidentes de trabajo en pequeñas minas (“A todo vapor”, en Semana.com. 25 de junio de 2011). Esta explosión del socavón de San Fernando también sacó a la luz el drama que viven los mineros de la cuenca del río Sinifaná (que abarca los municipios de Amagá, Titiribí, Fredonia, Angelópolis, Heliconia y Valencia, donde se calcula que hay unas 250 pequeñas minas sin título legal que producen, el 70% del carbón de la cuenca y constituyen la mayor fuente de empleo de la región.

32, Consorcio Minero La Francia, Consorcio Minero del Cesar, Caves GHL (empresa contratada por la Drummond para dar alimentación a sus trabajadores), Ferrocarriles del Norte (transporta carbón de la Drummond, desde La Loma al puerto de embarque de Ciénaga, Magdalena) y contra grupos paramilitares. Los motivos de las protestas fueron pliegos no dirimidos por las empresas (que contemplaban, además de alza de salarios, vinculación indefinida directa y no a través de CTA, procedimientos de sanciones, salud ocupacional,33

31 Este no fue el primer accidente en la misma mina: el 14 de junio de 2006, se presentó una explosión que dejo un muerto y 29 heridos. El 11 de noviembre de 2008, otra explosión hizo que la mina San Fernando se llenara de agua. Hubo cinco mineros muertos aplastados por el agua, el lodo y las piedras. El 2 de abril de 2009, cinco mineros quedaron atrapados por un derrumbe en la mina El Silencio y fueron rescatados con vida. Otros accidentes fatales en minas de carbón: el 1° de septiembre de 2005, tres mineros murieron por asfixia, al inhalar monóxido de carbono, en una mina de la vereda La Florida, Amagá, en límites con Angelópolis. El 6 de agosto de 2009, en Fredonia, nueve personas fallecieron por una explosión en la mina El Bloque. El hecho enlutó también a Amagá, donde residían varias víctimas (El Colombiano.com, 19 de julio de 2010).

seguridad industrial, jornada de ocho horas e inversión social de la empresa en la región); demandas de estabilidad laboral (contra despidos de

32 Vendida a mediados del periodo a la trasnacional suiza Glencore A G, que ya había comprado Carbones del Caribe y también era dueña de explotaciones en Cerrejón, La Guajira. 33 En octubre de 2010, la Asociación de enfermos y despedidos de la empresa transnacional Drummond Ltda (ASOTREDP), realizó una protesta frente al Ministerio de la Protección Social en Bogotá, por la grave situación de salud por la que atraviesan 320 trabajadores que laboran en la mina en el Cesar y 240 del puerto en Ciénaga, Magdalena, todos ellos con enfermedades profesionales, debido a la actividad que desarrollan en los frentes de trabajo, en los cuales no hay la protección adecuada para evitar esta catástrofe en la salud, pese a que las comunicaciones de la empresa manifiestan que allí reina una total asistencia y prevención en la salud de los trabajadores. Además, fueron despedidos 150 trabajadores enfermos en la mina, 85 en el puerto y en accidentes de trabajo han fallecido 16 trabajadores en 15 años de la explotación minera de esta empresa (www.usofrenteobrero.org, 14 de octubre de 2010).

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trabajadores, particularmente directivos sindicales en épocas previas o posteriores a la negociación de pliegos); accidentes de trabajo por falta de seguridad industrial, contra cierre de empresas y despido de todo el personal sin haber sido indemnizados ni pagadas sus acreencias (caso de Consorcio Minero del Cesar, operadora de la canadiense Coalcorp, en agosto de 2009). La International Labor Rights Fund, junto con United Steel Workers Union demandó a Drummond, Coca Cola y Occidental Petroleum, por nexos con los paramilitares y por usarlos para intimidar y asesinar a los líderes sindicales (Voz, 4 de junio de 2001). Este caso da indicios de la relación entre multinacionales y paramilitarismo en Colombia.34

El tercer caso, en el departamento de Magdalena se registraron 12 luchas sociales. En su mayoría estuvieron relacionadas con la contaminación de las playas que causa el transporte del mineral hacia el puerto de embarque de Ciénaga (propiedad de la Drummond) que fueron protagonizadas por trabajadores y sus familiares, empleados hoteleros amenazados por el cierre de sus fuentes de empleo y pescadores que denunciaban la mortandad de peces por falta de oxígeno a causa de la capa de polvillo de carbón que caía a diario sobre zonas de pesca. En febrero de 2009, hubo una huelga en Compass Group Proveemos, una CTA constituida por mujeres que dan alimentación a 1.500 trabajadores de Drummond en el puerto de embarque Ciénaga, en protesta por la precarización de su labor, acoso laboral y sexual, más de 20 despidos, y la negativa de negociar descuento de cuotas sindicales. Las mujeres fueron apoyadas por Sinaltrainal. Durante 2004, la población del corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, animados por lo que consideraban como una oportunidad para salir de la desocupación y el atraso de la región (argumento esgrimido por las emergentes elites regionales), se manifestó para apoyar el proyecto de la Sociedad Portuaria para construir un puerto multipropósito para la exportación de carbón y otros minerales, en pleno Parque Natural Isla de Salamanca, protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Convención Ramsar), ubicado en tierras que antes habían pertenecido a los desplazados de Sitio Nuevo y, en ese momento, un proyecto que carecía de plan de mitigación ambiental.

El cuarto caso, en el departamento de La Guajira donde está la mina de Cerrejón, una inmensa mina a cielo abierto de carbón, se registró 9 luchas relacionadas con la extracción de este mineral. El principal adversario de estas protestas fue Carbones El Cerrejón,35

34 Sobre relaciones del paramilitarismo y la extracción de carbón en algunos municipios de Cesar, ver el anexo “Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario... ¿O Minero? Una ola de terror antecedió al nuevo auge de la minería en el Cesar”, al final de este artículo.

y dos de ellas lo hicieron en contra de grupos armados irregulares. 3 luchas fueron protagonizadas por indígenas y el resto por los trabajadores de la mina que demandaron, a través de pliegos petitorios, alza en los salarios, pensión especial anticipada a los trabajadores por el alto riesgo de su actividad, atención a enfermedades profesionales, entrega de medicinas, rehabilitación a incapacitados por parte de la ARP del Instituto de Seguros Sociales, auxilio convencional a enfermos especiales, incentivos para la educación de los

35 Hasta fines del siglo XX la empresa funcionó como International Corporation (Intercor), bajo contrato con Carbocol (empresa industrial y comercial del Estado que funciona como sociedad anónima). En noviembre de 2002, el gobierno vendió sus acciones a Cerrejón Norte, propiedad de un consorcio angloamericano que tiene asiento en el Reino Unido y República Sudafricana, de la BHP Billiton (Reino Unido y Australia) y de Glencore International, dueños también de las minas de Cerrejón Sur. Luego de que Carbocol vendiera sus acciones a empresas privadas, en 2002 la norteamericana Intercor procedió a vender las suyas a la Anglo American Billinton y a la suiza Glencore. En 2011, la empresa Carbones El Cerrejón pertenece a BHP Billiton (angloaustraliana), Anglo America (anglosurafricana) y Xtrata (subsidiaria de la suiza Glencore).

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hijos de los trabajadores, debido a la precaria cobertura, tanto de enseña secundaria como de universitaria en el departamento de La Guajira, mejoras en las condiciones laborales de contratistas y garantías socioambientales a comunidades asentadas alrededor mina. Esta historia reciente de Carbones El Cerrejón y sus trabajadores también tiene manchas de sangre caídas en décadas anteriores. 4.4 El boom minero frente a la política de tierras: articulación del extractivismo Una de las dificultades que encuentra la ‘locomotora minera’ para su pleno desarrollo es la claridad sobre los derechos de la propiedad de la tierra en Colombia. Tal como ha sido señalado por diferentes instancias, la informalidad de la estructura de tenencia de la tierra en Colombia puede considerarse como un problema para garantizar la seguridad jurídica de las iniciativas que quieran desarrollarse sobre ella. Esta situación ha sido ratificada por el reciente informe del PNUD en el cual se analiza la preocupante situación de desactualización de los sistemas de información sobre los predios rurales en Colombia, según los datos del IGAC: “de los predios registrados en todo el país en el año 2009, el 52,8% estaban actualizados, el 44,3% desactualizados y el 2,9% no tenían formación catastral”.36

Este es un problema estructural del sistema de tenencia de la tierra en Colombia. La informalidad genera un problema de seguridad jurídica de los derechos sobre las tierras, no solo para los campesinos y demás pobladores rurales, sino también de los grandes inversionistas en proyectos que necesitan tener claridad sobre estos derechos. En este punto pueden observarse aspectos de articulación entre la política de extracción minera y la política agraria y de tierras en Colombia. La primera necesita que la segunda clarifique y formalice los títulos y los derechos de propiedad sobre las tierras con el propósito de que las inversiones que se generen no se vean afectadas por la inseguridad jurídica en el sistema de tenencia de la tierra.

De esta forma, en la política de tierras hay que tener en cuenta dos iniciativas que tendrían que ser analizadas a la luz del modelo de extractivismo minero. La primera, la ya aprobada ley de víctimas y de restitución de tierras, y la segunda, el proyecto de ley de tierras y de desarrollo rural, cuyo contenido aún no ha sido publicado de forma íntegra por el Gobierno, pero se ha podido conocer en la medida en que han circulado en las organizaciones indígenas y afrocolombianas, instituciones académicas y centros de investigación algunos documentos, en el marco del proceso de preparación de la consulta previa que se adelanta con estas instancias. En cuanto a la ley de víctimas y de restitución de tierras hay que preguntarse por los alcances reales de la misma en cuanto a la promoción de la economía campesina y la restitución material de las tierras. Ciertas figuras y disposiciones que contiene esta norma, como los contratos de uso o la protección de derechos a terceros de buena fe, pueden derivar en un proceso de formalización de los procesos de concentración y despojo de tierras, que tenga en cuenta el pago de la indemnización y de la reparación económica a las víctimas. Este escenario, que sería el menos favorable para la garantía de los derechos de las víctimas, implicaría que la restitución de tierras se configura en un proceso formal, que facilita la clarificación y formalización de los derechos de propiedad de los predios rurales en Colombia, y que reduce los costos de transacción del mercado de tierras. La consecuencia de este escenario es que no se produciría una transformación de la estructura concentrada de la tenencia de la tierra en Colombia y no ofrecerían alternativas para la dignificación de los campesinos y sus modos de vida.

36 PNUD Colombia, Colombia rural: razones para la esperanza. Informe de Desarrollo Humano 2011, p. 194.

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De igual forma, las posibilidades reales de la restitución de tierras frente a los alcances de la política minera del actual gobierno podrían ser limitados. Si bien se pueden restituir derechos sobre el suelo, el Estado ha reservado para sí la propiedad del subsuelo y la posibilidad de concesionar su explotación a quien considere conveniente. De esta forma pueden resultar incompatibles los propósitos de la restitución material de tierras con las amplias concesiones mineras que el Estado ha otorgado en los últimos años, y que planea continuar otorgando para impulsar el extractivismo minero. La relación parece mucho más clara en lo relativo a la proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. Las propuestas del gobierno en este punto facilitan la articulación de un proyecto de economía extractiva en el sector agrícola, con el proyecto de economía extractiva en el sector minero, comprendiendo al extractivismo como un modelo de explotación en el cual prima la extracción de recursos naturales no renovables.37

En este sentido, en la propuesta de política rural del Gobierno existen figuras como el derecho real de superficie que desintegra los diferentes componentes y características del derecho de propiedad. De esta forma, así como el Estado se reserva para sí la propiedad del subsuelo, independientemente de quien sea el propietario, poseedor o usuario de las tierras; el derecho de superficie permite configurar a favor de un tercero un derecho de uso de los suelos, independientemente de quien sea el propietario de las tierras.

El derecho real de superficie puede facilitar el acceso a grandes extensiones de tierra para el desarrollo de proyectos agroindustriales, tal como ha sucedido en el Cercado Brasileño. El ministro de Agricultura ha señalado que este es el modelo a seguir en la Orinoquía, en el cual la producción agroindustrial se ha logrado encadenar con la participación de los campesinos y campesinas. Sin embargo, aunque el modelo del Cercado es un éxito en materia de crecimiento económico y comercial, ya que convirtió a Brasil en el segundo exportador más grande de soya y uno de los más grandes productores de azúcar, está lejos de cumplir el propósito de la desconcentración de las tierras. Además, en tiempos de la crisis energética, cualquier modelo agrícola que esté sustentado en el alto consumo de combustibles fósiles está destinado al fracaso. De tal forma, las regiones que no son altas para la explotación minera, entre ellas particularmente la altillanura, serán destinadas al extractivismo agrícola y viceversa. El marco normativo a partir del cual se configura la política de tierras brinda elementos que permiten comprobar esta tendencia. Bien sea minero, agrícola o forestal, se consolida para Colombia una nueva versión, esta vez moderna, del modelo extractivista. 4.5 Política de seguridad y violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en relación con el sector minero-energético El gobierno Santos ha lanzado públicamente su “política integral de seguridad y defensa para la prosperidad” (PISDP). Con ello se busca hacer realidad la política de seguridad de esta administración que tiene como propósito la detención definitiva del reloj de la violencia en Colombia y la neutralización oportuna de cualquier amenaza que emerja en el ámbito nacional, de forma tal que se puedan alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2011a:12).

37 Alayza A. y Gudynas, E., Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en Perú, Lima, CLAES – RedGE, 2011.

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En este marco perdura un alto gasto destinado a seguridad y defensa muy similar al promedio de los últimos 8 años (3.64% del PIB). Para 2010, el recurso destinado fue 3.7 % y para 2011, 3.5%. Mantiene prácticamente el pie de fuerza alcanzado durante la administración Uribe Vélez (Ministerio de Defensa Nacional, 2011b: 65) y se busca reforzar la capacidad militar de la Fuerza Pública. Es decir, la apuesta en materia de seguridad, por ahora, mantiene la misma línea de su antecesor de cara a alcanzar la “Prosperidad Democrática”. Ahora bien, no obstante el descenso en los niveles de violencia y conflicto armado entre 2002 y 2006 (ver Anexos: Gráfico 1), la seguridad es un tema no resuelto cuando se constatan los niveles de homicidios, de confrontación bélica (en particular por las FARC) y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en particular por los “nuevos” paramilitares). Es decir, surgen una serie de preguntas sobre los distintos actores y factores de violencia, cuya continuidad suscita interrogantes en torno a la real eficacia de la estrategia implementada. De acuerdo con los estudios de ODECOFI, los nuevos escenarios de confrontación se caracterizan por el repliegue de las FARC hacia zonas periféricas de retaguardia como en el sur del Tolima, el norte del Cauca, y, más recientemente en las economías cocaleras del andén pacífico, retornando a la lógica de la guerra de guerrillas, y centrado en realizar ataques indiscriminados contra la infraestructura y la población civil. Por otra parte, a reconfiguración del fenómeno paramilitar; la amplia desmovilización promovida por la administración Uribe entre 2003 y 2006 no garantizó el desmonte de las estructuras de poder económico y político subyacentes al paramilitarismo. Por tanto, lo que se generó al culminar el proceso de desmovilización ha sido el inicio de una nueva fase paramilitar, que está mostrando un preocupante incremento en su responsabilidad en las infracciones que tiene como víctimas los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierras, líderes sociales de distintos sectores. Las acciones tanto de la insurgencia como los paramilitares en esta nueva fase y su funcionamiento depende de la situación de cada región o localidad, relacionado con el negocio del narcotráfico haciendo que los grupos se recompongan en forma aleatoria y hagan alianzas según los intereses y situaciones de cada región (González, F. 2011: 9). Podemos afirmar que esta situación aplica para explicar la relación que hay entre violación de derechos humanos y el modelo de extracción sustentado en el sector minero-energético y, como ocurre con las luchas sociales, hay una relación directa entre el incremento de la inversión extranjera y la violación de derechos humanos y DIH. Como resultado de la política de seguridad se estima que el 88% de las violaciones a los derechos humanos ocurren en el 34% de los municipios colombianos que tienen industria minero-energética, 87 de cada 100 desplazados forzados proviene de estas zonas. A continuación presentamos un cuadro resumen sobre casos de violación de violencia política e infracciones a los derechos humanos y al DIH (véase anexo 3) que tuvieron lugar en el período 2001-2011:

Cuadro 6: Violación de derechos humanos y DIH, 2000-2011 Fecha Departamento/

Municipio Presunto

Responsable Violencia político social y violaciones a DDHH y DIH

Sept. 13/2001

Caldas/ Marmato

Sin información

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Asesinato por Persecución Política

Junio 1/2004

Antioquia/ Segovia

Policía

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Detención Arbitraria por Persecución Política

59

Diciembre 13/2004

Bolívar/ Santa Rosa del Sur

Paramilitares VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo Amenazado por Persecución Política Colectivo Desplazado forzado por Persecución Política POBLACION MINERA

Febrero 16/2005

La Guajira/ Riohacha

FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH Bienes Civiles

Abril 29/2006

Cesar/ El Paso

Policía

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo Amenazado por Persecución Política SINTRAMIENERGETICA FUNTRAENERGETICA

Marzo 22/2008

Guajira/ Riohacha

Estado colombiano

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Ejecución Extrajudicial por Persecución Política Tortura por Persecución Política Homicidio Intencional Persona Protegida Colectivo Amenazado por Persecución Política SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBON, SINTRACARBON

Agosto 22/2008

Cauca/ Suárez

Policía

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo Amenazado por Persecución Política Colectivo Amenazado MINEROS ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ FAMILIARES DE LOS MINEROS ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ

Enero 21/2009

Antioquia/ Murindó

Ejército VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo Amenazado por Persecución Política Infracción contra el Medio Ambiente Bienes Indispensables para la supervivencia de la Población COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE

Julio 14/2010

Atlántico/ Barranquilla

Sin Información

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Herido por Persecución Política

Mayo 31/2011

Huila/ Campoalegre

Sin información

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Amenaza por Persecución Política Colectivo Amenazado por Persecución Política POBLADORES SEBORUCO Y EL RINCON

60

Junio 8/2011

Risaralda/ Dosquebradas

Sin Información

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Asesinato por Persecución Política

Junio 19/2011

Bolívar/ Barranco de Loba

Paramilitares VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Ejecución Extrajudicial por Persecución Política Homicidio Intencional Persona Protegida Colectivo Desplazado por Persecución Política.

4.6 Caracterización de conflictos 4.6.1 En la exploración Es inevitable, dadas las características de la intervención empresarial y las deficiencias que presentan los organismos de control ambiental en el país, que los impactos ambientales y sociales en la etapa de exploración se traduzcan muy rápidamente en situaciones de conflicto entre las empresas contratistas y la población del área de influencia. Tal vez el impacto con mayor potencial de conflicto es aquel que se genera alrededor de la afectación de las fuentes hídricas, sean estas superficiales o subterráneas y/o la contaminación producto de residuos sólidos peligrosos. En este tipo de conflicto intervienen como actores, la comunidad afectada directamente, la empresa minera y la autoridad ambiental a quien corresponde definir las solicitudes de concesiones de aguas, regular y vigilar el uso e intervención de acuíferos. En la medida en que en estos casos se afectan intereses colectivos y que las autoridades ambientales reaccionan con extremada lentitud a los reclamos de la comunidad, este tipo de conflictos suelen derivar en acciones de hecho como la destrucción de infraestructura y equipos, bloqueos de vías etc., lo cual en forma recurrente conduce a enfrentamientos de la comunidad, con la fuerza pública. Se trata de conflictos “multipartes” (Galtung, 2001), que en su mayoría podrían ser “transformados” o resueltos por la vía del diálogo estructurado. Los conflictos que afectan de forma individual y diferenciada a los integrantes de la comunidad por las actividades exploratorias, a pesar de que no se expresan de forma colectiva, como son las recurrentes reclamaciones de campesinos por daños a la propiedad o generación de residuos ordinarios y basuras en los predios en los cuales se efectúan los trabajos, etc., contribuyen a la generación de un clima de rechazo y hostilidad por parte de la comunidad frente a las actividades de la empresa. Lograr una solución y /o compensación adecuada para el afectado individualmente, resulta mucho más difícil que en aquellos casos en los cuales existe una exigencia colectiva. La generación de empleo o el incremento de la demanda por bienes y servicios, no logran “equilibrar” ese malestar colectivo, ya que la incidencia de estos factores en la etapa de exploración no alcanza a ser significativa. Por el contrario, las prácticas de adjudicación de los pocos y precarios empleos que demandan los contratistas, generan conflictos internos en la comunidad, o de esta con poblaciones migrantes que llegan con experiencia de otros enclaves extractivos y compiten por el empleo. 4.6.2. En la explotación

A diferencia de la etapa de exploración, las actividades de explotación minera de oro y carbón, como se puede deducir de sus múltiples y complejos impactos ambientales, económicos y sociales, generan

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un escenario de conflictividad socio-ambiental de alta complejidad, caracterizado por una multiplicidad de actores (“multipartes”) y en muchos casos conforman y/o evolucionan a los llamados “Meta-conflictos” (Galtung), es decir conflictos cuya “transformación” ya no depende únicamente de los actores directamente involucrados. Nos referiremos aquí a los conflictos específicos que consideramos de mayor relevancia:

a. Las explotaciones de oro y carbón en su modalidad de “cielo abierto”: Pueden implicar por diversas razones el “Reasentamiento involuntario” de la población de veredas, corregimientos y en algunos casos municipios completos. Estos procesos, a pesar de tratarse de un tipo de intervención que incide de forma determinante en el presente y futuro de toda una comunidad, en el país no están reglamentados por ley alguna y su ejecución y financiación es delegada por el Ministerio del Medio Ambiente a las empresas mineras. A falta de una legislación clara que garantice los derechos de las comunidades a reasentar, el ministerio invoca las normativas de las CFI38

En el caso de que el reasentamiento no corresponda a una necesidad de las empresas mineras, suele ocurrir que este proceso se prolonga indefinidamente (en algunos casos esta situación se ha prolongado durante casi 10 años), lo que implica que se suspenden las acciones y proyectos por parte de los municipios, a la vez que se incrementa significativamente el flujo de inmigrantes con fines especulativos. En este escenario se deteriora enormemente la calidad de vida de la comunidad y se agudizan todo tipo de conflictos internos.

(Banco Mundial), que además de ser muy generales, no son vinculantes. Un estado débil y no en pocas oportunidades representado por funcionarios cooptados por empresas multinacionales delega a la lógica del “profit” de las empresas multinacionales el destino de familias y tejidos sociales completos que han desaparecido sin figurar siquiera en las estadísticas de las entidades defensoras de derechos humanos. El caso de la población de Tabaco en la Guajira, que fue desalojado de su hábitat en forma violenta, ilustra con claridad estos procesos. “A Tabaco se lo fumaron”, es el decir de la gente.

b. Los conflictos por el territorio: Es común que en las zonas de influencia donde se llevan a cabo o se pretenden desarrollar este tipo de proyectos, habiten comunidades indígenas y afro-descendientes que se ven afectadas por los impactos de todo orden sobre su hábitat y el conjunto de sus relaciones sociales. Con la firma del convenio 169 de la OIT, Colombia se compromete a exigir la realización de una “consulta previa, libre e informada” a las comunidades afectadas en su territorio, como uno de los requisitos para otorgar la licencia ambiental que permite desarrollar la actividad de explotación minera. De acuerdo a la norma, corresponde al Ministerio del Interior coordinar estas consultas, pero en la medida en que la legislación en este caso también es imprecisa (No se define con claridad, como y a quién se debe consultar y tampoco se precisa que ocurre en el caso de que el resultado de la misma sea contrario al proyecto), este requisito se ignora o es adelantado a su conveniencia por las empresas lo cual genera conflictos adicionales, al conflicto por el territorio de cuya existencia depende la supervivencia étnica y cultural de las comunidades afro-descendientes e indígenas.

c. Los conflictos por la tierra y la propiedad inmobiliaria. Una vez se difunde en la región la existencia del proyecto de exploración y/o explotación minera se produce, por efectos especulativos, un incremento importante de los precios de la tierra y los bienes inmobiliarios en la zona de influencia del proyecto. Muy rápidamente se inician procesos conflictivos por el acceso a la propiedad, que se agravan en aquellos lugares donde existen relaciones de

38 Manual para la preparación de un plan de Reasentamiento. CFI. 2002

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propiedad de hecho o tierras comunales etc. Es recurrente el fenómeno de enfrentamientos violentos por la tierra y la propiedad inmobiliaria en general en el entorno de estos proyectos, que se suman y actúan de forma sinérgica con las otras fuentes de conflicto.

d. Competencia con la pequeña y mediana minería informal. La posibilidad de la iniciación de un proyecto de gran minería (Carbón: >800.000 Ton. de mineral, Oro: > 2.000.000 Ton. de material removido/año) cuestiona la existencia de la pequeña y mediana minería y con ello el conjunto de relaciones económicas y sociales construidas en su entorno. En el caso específico del oro estos proyectos aglutinan en su contra un conjunto de otros actores (pequeños y medianos propietarios o poseedores de minas, sus trabajadores, sus proveedores de explosivos, insumos y herramientas, transportadores y comercializadores del mineral) que ven en peligro la continuidad de su actividad económica, que en muchas oportunidades no cumple con las exigencias legales en términos ambientales y laborales. Este escenario se complica aún más si se tiene en cuenta que la minería informal recurre al comercio de explosivos artesanales y/o adquiridos de forma ilícita y que además es un sector que permite, a través de la comercialización del oro, el lavado de dineros procedentes del narcotráfico.

e. Conflictos por el acceso a fuentes de empleo. La forma de operar de las empresas mineras a través de empresas contratistas para diferentes labores permite condiciones para que se genere un tráfico de empleos no calificados, ejercido por intermediarios cercanos a las instancias de decisión en estas empresas. No es extraño encontrar situaciones en el entorno de las grandes explotaciones de oro y carbón, donde para acceder a un empleo de salario mínimo, el trabajador debe pagar un determinado % de su ingreso a un tercero, por el hecho de haberle tramitado su vinculación.

f. Conflictos derivados de los impactos ambientales. Las explotaciones catalogadas de gran minería en oro y carbón generan una serie de impactos ambientales que en términos generales excluyen la posibilidad de la presencia de asentamientos humanos en su entorno. Sin embargo, en la práctica y como consecuencia de la débil capacidad de los organismos encargados hacer cumplir la normatividad ambiental y del interés por permanecer cerca de las fuentes de empleo e ingresos, hoy en día existen asentamientos humanos que permanecen expuestos a formas de contaminación severa, poniendo en lato riesgo la salud de las personas. Los mayores riesgos ambientales en estas explotaciones estarían dados por la exposición de la población al material particulado en el carbón y la contaminación originada en la utilización y manejo del cianuro y/o mercurio en el oro. Son recurrentes los reclamos y denuncias de las comunidades relacionados con la aparición de diferentes tipos de enfermedades sobre todo en niños y ancianos, que sumados al desvío de ríos, la construcción y apertura de carreteras, el tránsito de vehículos de gran tamaño, o la contaminación de las aguas, etc., generan permanentes tensiones y conflictos relacionados con el deterioro progresivo del ecosistema. En muy pocos casos las comunidades involucradas cuentan con informaciones y conocimientos adecuados para evaluar la magnitud de los impactos y /o, la capacidad de gestión para exigir ante las autoridades ambientales la protección que les corresponde.

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4.7 Respuestas de las organizaciones 4.7.1 Minería artesanal vs. Minería ilegal. La minería ancestral es parte de la historia de muchos pueblos en Colombia. En el caso de Chocó ha existido una minería artesanal o de subsistencia, ligada a otras formas de vida: agricultura, pesca, recolección. La minería ancestral hace parte constitutiva de la cultura de estos pueblos, es parte de lo que constituye su identidad como pueblos; formas de generación de ingresos que han permanecido a través de los siglos como una tradición productiva de alto valor simbólico en estas comunidades. En la actualidad, dado el auge del precio del oro, se impone una minería ilegal en los territorios ganando dimensiones inimaginables. En Chocó, este tipo de explotaciones se desarrolla sin ningún control y sin importar dónde se ubican: áreas protegidas, selvas, territorios étnicos, ocasionando daños irreparables en el territorio. Su carácter clandestino hace aún más complejo el conflicto. De esta manera, las comunidades afrocolombianas ven amenazados sus territorios particularmente, las mujeres barequeras han sido despojadas de sus medios de vida y han perdido su autonomía. Esta situación resulta altamente riesgosa en estas comunidades donde por tradición las mujeres representan el eje de autoridad sobre el cual gira la vida familiar y son quienes permanecen en sus hogares para garantizar la reproducción social en el día a día, dado el alto ausentismo de la figura masculina. En este conflicto tanto los/las mineros artesanales como el conjunto de la población se oponen a la entrada de las grandes empresas y defienden sus territorios y su cultura. Este tipo de conflicto está presente en estos territorios. 4.7.2 Pequeña minería vs. gran minería. Cientos de poblados colombianos han construido su cultura en torno a la minería, y esta cultura aún pervive en varios territorios. Ahora, dado el auge de la gran minería y con políticas nacionales que han privilegiado la megaminería estos poblados y mineros/as se ven amenazados y se encuentran en un alto riesgo de ser desplazados y desaparecer del horizonte productivo. En este contexto, el impulso a la megaminería por parte del Estado ha venido acompañado de una campaña para crear una identificación entre minería artesanal y minería ilegal, y entre minería ilegal y guerrilla; en el fondo, se busca estigmatizar a los pequeños mineros y justificar la militarización de las zonas mineras. De esta manera, los pequeños mineros ven amenazada sus formas de vida. Este conflicto está presente en muchos territorios, allí tanto mineros como poblaciones se oponen a la entrada de las grandes empresas. Los casos más emblemáticos son Marmato (Caldas) y La Toma en Cauca. 4.7.3 Conflictos étnicos: empresas mineras asentadas en territorios colectivos (indígenas y negros). Un significativo número de proyectos mineros se han establecido en territorios de comunidades indígenas y/o indígenas colombianas. En estos casos la defensa del territorio se hace mucho más compleja ya que se trata de la usurpación de un bien de propiedad colectiva que se rige por derechos ancestrales que se rigen por una jurisdicción especial contemplada por la Constitución colombiana. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos estos derechos colectivos no han sido respetados y su violación ha sido la norma de operar de las empresas mineras. Las comunidades negras e indígenas han estado expuestas a la manipulación y violación de sus derechos territoriales. No se han llevado a cabo los procesos de consulta previa y se ha obviado el proceso de consentimiento informado al que tienen derecho estas comunidades. En este contexto, las grandes

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afectaciones de la megaminería están afectando territorios sagrados, la destrucción también es una destrucción con la madre sagrada, con lo espiritual. Romper con esa cosmovisión. Hablar con la madre tierra (campesinas, afro, indígenas). 4.7.4 Megaminería que desaparece los pueblos. Caso Cerrejón en la Guajira. Alrededor de tres décadas de explotación minera, ha significado el despojo del territorio de los pueblos Wayúu y afrocolombianos en La Guajira. Diversos pueblos han sido desaparecidos mientras la mina avanza, sin ningún tipo de respeto por el patrimonio, la cultura ni la naturaleza. El territorio ha sufrido una profunda transformación y amenaza con ser destruido totalmente con la ampliación del proyecto minero. 4.7.5 Rol de las mujeres en los procesos sociales frente a la actividad minera En todas las regiones se reconoce una activa y significativa participación de las mujeres en los procesos sociales adelantados por las comunidades en defensa de su territorio. Esta participación se ha distinguido por el alto compromiso de las mujeres con las luchas, una importante iniciativa, han permanecido en el territorio, han ido un paso adelante. Por este conjunto de atributos las mujeres se consideran con mayor firmeza para la defensa del territorio. Por ejemplo, en La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, departamento de Cauca, por ejemplo, una joven afrocolombiana ha liderado las acciones legales y de defensa del territorio, consiguiendo que la Corte Constitucional sacará una sentencia pidiendo la suspensión de las licencias mineras otorgadas fraudulentamente sin realizarse el proceso de consulta previa; en Chocó, la mujeres de las organizaciones afrocolombianas han venido enfrentando los conflictos y construyendo estrategias para defender su territorio, mientras en Marmato, la presencia de las mujeres es vital en la confluencia social que se ha levantado en este municipio para detener del desplazamiento del casco urbano. No obstante, de otro lado se reconoce que esta significativa participación en los procesos sociales no se corresponde con la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión ni en la toma de decisiones. En este mismo sentido, las mujeres reconocen que la vocería política aún está más centrada en la figura masculina y ellas están más relegadas a los espacios logísticos y operativos. Así mismo, las mujeres manifestaron que ellas representan una figura de protección en la confrontación con la fuerza pública y en algunos casos aparecen como un cinturón de protección para resguardar la vida de los hombres y el resto de la comunidad. Este imaginario de protección contrasta con la agresión y criminalización de la lucha en los territorios que ha incluido a las mujeres. De allí que sea necesario subrayar aquellos factores que condicionan la participación de las mujeres tanto para tener un lugar más protagónico en los procesos como para profundizar en la identificación de los impactos más directos y específicos que la actividad minera tiene sobre sus vidas. Especialmente, con el objetivo de avanzar en la incorporación de una perspectiva de derechos en la lucha contra la afectación de la minería. Entre los factores señalados como condicionantes estaría los siguientes: - El hecho de que no se considere los impactos de la minería en la vida de las mujeres desde una perspectiva de la vulneración de derechos tanto en el ámbito individual como colectivos. Desde esta perspectiva se ampliaría el marco de interlocución con el Estado en la exigibilidad de derechos y el ejercicio de una ciudadanía social, económica y ambiental con criterios de obligatoriedad.

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- La ausencia de esta problemática en la formulación de políticas públicas, que ha invisibilizado la situación y profundiza el desconocimiento de los derechos de las mujeres. - La ausencia de una estrategia organizativa y de lucha que incluya un enfoque de género - Se requiere de disponer de una mayor base técnica y de soporte de las evidencias. - La ausencia de alianzas estratégicas: sociales, políticas y temáticas para articular las luchas en la defensa del territorio.

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Capítulo 5: REFLEXIONES FINALES Este capítulo busca recoger elementos claves desarrollados en el presente documento y otros que invitan a una mayor y más profunda reflexión. En esta mirada global sobre lo que ocurre con el fenómeno minero y energético, y que el texto expone con detalle, se reconocen los impactos sociales, ambientales, políticos y técnicos, pero también quedan muchas preguntas y planteamientos sobre el futuro inmediato y a mediano y largo plazo de lo que este proceso significará para el país, para sus regiones y en especial para las comunidades agrarias que se vean impactadas por este fenómeno. Entre otros elementos el equipo que trabajó el documento destaca los siguientes puntos: • Para el escenario global, la competencia por inversiones mineras no es a nivel regional sino global y por lo tanto están trabajando para mantener la Inversión Extranjera Directa, IED, en este sector y en Colombia se recurre a la minería como la principal fuente de ingresos. Se impulsa una política minero energética en el país para alcanzar este objetivo, que además se corresponde con un propósito generalizado para Latinoamérica. Así lo exige el contexto mundial: se están buscando nuevas fuentes de recursos primarios, dada la perspectiva del agotamiento de las que existían y las demandas del mercado internacional. Se persigue, además, conseguirlos a bajo costo, de modo que al encontrarlas y, bajo esas condiciones, se pueda reactivar una economía mundial que está en crisis por la alta concentración de la riqueza, la baja rentabilidad, el estancamiento de las inversiones y el cada vez más deteriorado bienestar de las sociedades del primer mundo. • Visto así, lo que ocurre con la minería hace parte de un fenómeno estructural del capitalismo, no coyuntural, lo que hace tan necesaria y válida la incidencia en este aspecto; así como el debate, la propuesta de alternativas en torno al papel que se está asignando a estos países y las repercusiones que tiene ese orden económico internacional concebido por los países del primer mundo. Uno de los aspectos que facilitan el establecimiento políticas que promueven la minería en los países no industrializados, sin que éstos tengan mayor intervención en las decisiones, es la debilidad institucional. Por supuesto, hay desenvolvimientos diferenciados que es útil examinar en el sentido de la fuerza y/o autonomía ganada en algunos de ellos. En el caso de Colombia, las instituciones están plegadas a los intereses de las grandes empresas y de los planteamientos globales. En eso consiste la debilidad institucional. • Actualmente, el carbón y el oro son los bienes más importantes para la explotación minera en el país. La incursión de grandes empresas y proyectos en procura de explotarlos está cambiando estructuralmente la economía colombiana y produciendo grandes impactos ambientales, sociales y políticos. Esto ocurre, como se acaba de señalar, en medio de grandes debilidades institucionales del Estado, pero también de un conflicto armado de 50 años de exitencia. • Dicho de otra manera, a un conflicto persistente y antiguo se agregan nuevas conflictividades, desencadenadas, en la problemática que estamos observando. Eso permite entender las especificidades de Colombia con respecto a otros países (por ejemplo, Chile, Brasil y Perú), en los que, si bien hay conflictos similares, tienen una complejidad distinta a la de aquí. Es decir: en Colombia se superponen las zonas históricas de alto conflicto armado y violencia por la tierra (su propiedad, su uso), con las de desplazamiento forzado, las de protesta social, las zonas de producción cocaleras, con las zonas o regiones solicitadas o en explotación minera, en especial, como se mencionó, las que tienen en el subsuelo oro y carbón. • Existe entre esas situaciones una relación directa de causalidad, y de coincidencia de intereses, que obedece a una tendencia sistemática y estructural del comportamiento de los problemas de la tierra. Nuevamente, se producen reconfiguraciones de los territorios, poderes de facto, dominio de

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clases económicas emergentes en las decisiones territoriales. • Al respecto, quedan preguntas urgentes por resolver: ¿cuál es hoy la relación de la minería con el conflicto y los actores armados ilegales? ¿Cómo se puede interpretar sobre la base de los elementos históricos de conflictividad, la inversión del Estado en seguridad en los territorios mineros? ¿Cómo los actores entran a resolver estos conflictos? • La historia de muchos países africanos y asiáticos y la de América Latina muestra que no necesariamente hay una relación directamente proporcional entre la alta rentabilidad de una economía basada en la explotación de recursos naturales primarios como la minería del carbón y el oro (minero-energéticos) y el bienestar de una sociedad, y un desarrollo humano integral. En nuestro caso, desde la Colonia hasta hoy, en nuestro territorio colombiano se han realizado importantes explotaciones de oro, plata, platino, bauxita, hierro, aluminio, el cobre, plomo, níquel, estaño, zinc y carbón, sin que eso muestre que ha sido una oportunidad de desarrollo económico y social de las regiones y del pais. • La ampliación de la gran minería legal hace que la minería ancestral se convierta, en términos económicos, en una actividad cada vez menos rentable para quienes la ejercen. Esta condición se agrega a la de baja rentabilidad económica y ambiental que siempre ha tenido esta minería tradicional. Pero además el impacto de esta gran minería en los territorios ancestrales hace que el tejido social, cultural y las condiciones ambientales se agregue al deterioro económico. Así, poco a poco se van empobreciendo las poblaciones que han vivido por muchos años de ella. Eso tiene íntima relación con las relaciones asimétricas que se establecen, en términos de los mercados, entre la gran minería y la minería ancestral. Esas asimetrías son ya de por sí favorables a las grandes empresas. Por eso, la competencia desigual contiene condiciones de exclusión y segregación social que han llegado a expresarse en la criminalización, la judicialización y la presión violenta contra las comunidades mineras artesanales implicadas. • El renovado desarrollo minero actualiza los históricos problemas agrarios, de la tierra y del desarrollo rural que no se han resuelto en el país. Colombia ha sufrido y se mantiene como un país impactado negativamente en su historia por tres “tsunamis”: el de la concentración, propiedad y uso de la tierra; el de la producción, transformación y tráfico de la cocaína y, ahora, el de la minería. Los tres tsunamis, en la actualidad, se dan al mismo tiempo con todo su peso y perversidad. • La explotación minera a gran escala genera para las poblaciones de localidades y regiones donde se desarrolla, cambios en el tejido social y en los roles de los hombres y las mujeres. Los hombres, antes propietarios y agricultores, campesinos, pescadores o mineros artesanales, se convierten en obreros de empresa, muchas veces con sus derechos conculcados. Las mujeres, antes agricultoras y cuidadoras del campo, quedan sin ningún espacio productivo, excluidas de una labor económica; la minería las desplaza y las relega a oficios marginales y pobremente remunerados. Los impactos por la llegada e instalación de grandes proyectos mineros se relacionan con la prostitución, los embarazos en adolescentes, el madresolterismo, el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto con su deterioro social, personal, cultural, emocional, etc. • Los impactos ecológicos y ambientales de la minería son nefastos, tanto de la gran minería como de la pequeña e ilegal. En muchos casos no hay ni controles, ni tecnologías apropiadas, ni decisiones rigurosas de política creativamente desarrolladas. Los impactos ambientales pueden generar tales niveles de insostenibilidad que rompen la capacidad de carga (resiliencia) de ecosistemas estratégicos como los páramos, productores de agua; las selvas, con su diversidad; las cuencas y los equilibrios hídricos y las zonas de amortiguamiento como los valles.

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En esa situación tiene gran responsabilidad la debilidad de la institucionalidad ambiental y de las organizaciones sociales, igual que la inexistencia de veedurías ciudadanas que generen cambios importantes. Influyen de manera importante las dificultades para que las poblaciones participen en los espacios de definición y decisión sobre los proyectos mineros y extractivos en general y la información imprecisa, confusa y, algunas veces, hasta engañosa de las empresas mineras y extractivas. • Un reto político y ético por excelencia, además de tecnológico, es establecer una minería responsable. Es un desafío para todos los actores que tienen las grandes responsabilidades en las decisiones sobre la minería. No obstante, en este aspecto existe la pregunta de si puede haber una minería que tenga la capacidad de evitar efectos devastadores, y en ese sentido ser responsable; ¿es posible este tipo de intervenciones económicas? Por el momento, la minería se concibe frente a la opinión pública del país como un gran negocio, como un camino hacia la prosperidad democrática, como la locomotora mayor, teniendo como principal objetivo, el crecimiento económico, la rentabilidad y ganancia de las transnacionales mineras más fuertes del mundo en muchos casos a costa del bienestar general de la mayoría de la población de una región o de un país entero; la historia nos muestra casos concretos. • El país carece de un escenario jurídico claro que responda a la demanda de solicitudes para desarrollar proyectos mineros en consecuencia con los principios constitucionales; entre los temas por resolver están: legislación minera, reglamentación del proceso de consulta previa, delimitación de páramos, titularidad a la minería ancestral, resolución jurídica de proyectos que se encuentran en el denominado 'régimen de transición' para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales (aquellos que empezaron antes de crearse el Sistema Nacional Ambiental, SINA). Estos elementos los encontramos claves para priorizarlos en un ejercicio de incidencia pública nacional e internacional sobre el fenómeno minero y energético; igualmente, son básicos para comprometer a los diversos actores públicos y de la sociedad civil en lo que significa el desarrollo de un país basado en la reprimarización de la economía y en los costos sociales, ambientales y políticos del país. Capítulo 6: RECOMENDACIONES Frente a este complejo panorama, y como resultado del mapeo, es importante identificar algunas recomendaciones que permitan a CORDAID realizar una intervención integral que no solo retome las políticas que como agencia ha definido en el Programa de Transformación de Conflictos, sino sobre todo que obedezca a la complejidad enunciada en este documento. Las recomendaciones se deben considerar algunos elementos que contextualicen, justifiquen y le den soporte a las estrategias y acciones que se proponen:

• En primer lugar, se debe tener en cuenta que toda acción debe ser planteada en el horizonte de un modelo de desarrollo que busque la sostenibilidad humana y del territorio, en medio de la explotación minera, los problemas por la propiedad y uso de la tierra, el uso de recursos como el agua y las implicaciones que esto ha tenido en el conflicto armado y social de Colombia. Por ello, es indispensable tener en cuenta los procesos en marcha que adelantan actualmente las comunidades y organizaciones en sus diferentes desarrollos.

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• En segundo lugar, en el tema del impacto de la minería, especialmente de la extracción de oro y carbón, es importante considerar los conflictos diferenciados que se han señalado tanto desde el ámbito local, regional y nacional, generados por la exploración y explotación del sector minero-energético, cuya dinámica económica y política no se determina solamente por la política pública nacional sino por las necesidades de crecimiento y rentabilidad de la economía mundial. En este sentido, se sugiere un enfoque diferencial que considere los impactos de la minería en la vida de las mujeres, los niños y niñas y las comunidades étnicas, desde una perspectiva de la vulneración de derechos tanto en el ámbito individual como colectivo. Desde esta perspectiva, se ampliaría el marco de interlocución con el Estado en la exigibilidad de derechos y el ejercicio de una ciudadanía social, económica y ambiental con criterios de obligatoriedad.

• En tercer lugar, cualquier acción que se proponga debe partir de reconocer la política nacional minero-energética del país. Pero más allá del análisis sobre la normatividad se debe tener en cuenta el papel tanto político como económico del Estado. A partir del año 2000 se ha orientado la normatividad hacia la “confianza inversionista” de capitales privados, nacionales y extranjeros, lo que llevado a generar ajustes en la estructura institucional y a reforzar algunos límites ambientales de la industria extractiva. Por otra parte, se ha venido transformando el rol del Estado, más que agente regulador, productor y administrador de los recursos existentes, el papel del Estado se ha reducido a fiscalizar y controlar. Existe, de otra parte, el reconocimiento de derechos ambientales y de las explotaciones mineras étnicas desde la década del 90 pero que han tenido grandes dificultades en la última década para lograr su efectiva garantía en materia jurídica, económica y social.

• En cuarto lugar, se debe tener en cuenta que el actual gobierno de Juan Manuel Santos, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “Prosperidad para todos, 2010-2014, reconoce que la economía colombiana continúa dependiendo de la extracción de bienes primarios y que la industria nacional es débil. La estructura productiva continúa su proceso de reprimarización. Por eso, una de las grandes preguntas para el gobierno es; ¿cómo tratar de encontrar mecanismos que permitan la coordinación de la “locomotora minero-energética” con la “locomotora del desarrollo rural? Pues los títulos mineros otorgados definen una distribución de los usos del suelo que riñen con las prioridades agrícolas y ambientales.

• En quinto lugar, es importante tener en cuenta que el PND destaca la centralidad del desarrollo regional para el país. Considera que la planeación y por tanto el desarrollo debe realizarse con criterios regionales. “En el largo plazo, se espera que el enfoque regional se convierta en una práctica permanente de la planificación y de formulación de los presupuestos públicos en el país. De tal manera que: i) La formulación y distribución del presupuesto incorpore criterios regionales. ii) Exista una institucionalidad fortalecida para el diseño e implementación de políticas regionales diferenciadas. iii) Las estrategias de desarrollo regional conduzcan a acelerar la convergencia regional en la calidad de vida de la población y en las condiciones de desarrollo local y regional. iv) Ampliar la conectividad y comunicación local y regional para reducir las distancias económicas y sociales y mejorar la movilidad intra e interregional. v) Se consolide un sistema urbano regional, articulado mediante una red de corredores y áreas de desarrollo territorial”(DNP 2010, p. 44). Por ello, se recomienda tener presentes las diferencias regionales que marcan las dinámicas y los impactos de la extracción minera en Colombia.

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La propuesta de regionalización es interesante para ordenar proyectos, y también es muy valiosa la forma como se plantea la relación entre la dinámica del campo y de las ciudades. La invitación es a construir una propuesta de regionalización asociada a la explotación minera; lo que significa que el campo no se entiende sin la dinámica de las ciudades y que la calidad de la vida urbana no es posible sin la protección de las cuencas, los bosques y, en general, del medio ambiente. Por eso se debe insistir en cómo es posible relacionar de manera efectiva la locomotora minera con la locomotora agrícola y la dinámica de la vida urbana, si queremos tener un desarrollo integral, incluyente, democrático y en paz.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la estrategia de intervención para aportar en la trasformación de conflictos en zonas de extracción minera, podrían girar en torno a:

1. Acciones de investigación y seguimiento del contexto nacional del sector. Se necesita producir una información que ayude a la investigación de manera rigurosa sobre diferentes aspectos del desarrollo minero-energético y su relación con los problemas del desarrollo económico y social del país. Análisis complejos y fundamentados con datos empíricos que ayuden a establecer comprensiones que vayan más allá de los “lugares comunes” y generen propuestas o alternativas que ayuden establecer salidas viables, realistas e incluyentes. Uno de los temas necesarios para realizar análisis social y económico tiene relación con los programas enmarcados dentro de la denominada “Responsabilidad Social Empresarial- RSE” que hoy día adelantan en el país las empresas mineras, con el fin de evaluar su pertinencia. La lectura permanente al contexto minero energético será siempre útil dado que es un sector dinámico que tiene en perspectiva una expansión importante y que es necesario hacerle seguimiento. Se podría seleccionar el seguimiento a estudios de caso, que alimenten análisis comparativos de los impactos y las experiencias de resistencia. En este sentido, vemos importante un mayor acercamiento para ver la viabilidad de la aplicación de la iniciativa EITI en Colombia y los requerimientos, especialmente en cuanto a información. Igualmente y con respecto a las empresas mineras, queda abierto un horizonte de investigación y de trabajo muy amplio en cuanto al origen de sus capitales, la ubicación de sus filiales en otros países de América Latina, las estrategias de penetración utilizadas por las empresas mineras en los diferentes territorios y las formas de neutralizar y/cooptar a líderes y lideresas, formas de inserción en las comunidades locales en otros lugares del mundo, procesos de resistencia que otros pueblos están adelantando para la defensa de sus territorios y recursos naturales y patrimonio intangible, así como los planes y proyectos de explotación a futuro que estas empresas tienen previsto implementar. Una sistematización adecuada de esta información, permitiría fortalecer la acción política de defensa por parte de las comunidades.

2. Generación de capacidades y apoyo a procesos organizativos Es importante continuar empoderando y generando capacidades en las personas y organizaciones sociales, en especial indígenas, campesinos y afrodescendientes, con el fin de que las negociaciones entre ellas, la empresa privada y Estado sean más simétricas y se logren gestionar y construir alternativas incluyentes, justas y viables para las comunidades y la sociedad en general.

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Son varios los temas que resultan relevantes en el desarrollo de capacidades, entre ellos, se pueden identificar: aspectos normativos y de procedimiento sobre consulta previa y obligaciones de las empresas tanto en sus países de origen como en Colombia y las asumidas “voluntariamente” mediante la adhesión a medidas de RS;, mecanismos de defensa de las comunidades frente a la intervención extractiva; metodologías para el tratamiento alternativo de conflictos (técnicas de tramitación y análisis de conflicto); estrategias de incidencia y negociación. Además, es fundamental fortalecer la capacidad de veeduría y gestión de las organizaciones sociales frente al desarrollo de proyectos mineros. “Especializar técnicamente” el accionar de las ONG en las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros es importante en tanto facilitaría el apoyo a las comunidades y poblaciones para afrontar los conflictos y la interacción con las empresas y las entidades gubernamentales.

3. Empoderamiento e incidencia frente a: 3.1 Formulación de política pública.

• Establecer mecanismos que posibiliten la concertación entre los diversos actores implicados, y no solo a favor de la clase económica y políticamente fuerte.

• Establecer regulaciones a las empresas extractivas enmarcada en los intereses nacionales: sociales, ambientales y económicos (en esa prioridad).

• Establecer una política medioambiental más rigurosa, integral, sistémica y con un alto sentido de la responsabilidad y sostenibilidad de los patrimonios naturales para las generaciones presentes y futuras. Las políticas de desarrollo rural, la normatividad forestal, sobre contaminación, aguas y la misma ley de Victimas y restitución de tierras, se deben armonizar con las leyes sobre la exploración, la explotación y comercialización minera. 3.2 Ámbito jurídico. El país no cuenta con un escenario jurídico claro que responda de manera efectiva a la demanda de solicitudes para desarrollar proyectos mineros, por lo cual se requiere de acciones de incidencia que contribuyan a resolver temas como:

• Actualización del Código de Minas (la propuesta de ajuste se cayó durante este año por vicios de procedimiento)

• Reglamentación del proceso de consulta previa • Definición de la denominada “línea de páramo” o delimitación geográfica y topográfica de

dicho ecosistema. Este además hace parte de un ejercicio pendiente entre los Ministerios de Ambiente y Ministerio de Minas relacionado con la interrelación entre los usos de suelo (minero y de protección y/o reserva ambiental), con el fin de evitar conflictos innecesarios con el otorgamiento de concesiones mineras en áreas de protección y/o exclusión ambiental.

• Resolver jurídicamente de una vez por todas la situación de muchos proyectos que aún se encuentran en el denominado “régimen de transición” para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales (aquello que iniciaron antes de la conformación del Sistema Nacional Ambiental –SINA-), pues esto ha conducido a un inevitable incumplimiento por parte de los concesionarios mineros y, a la inexistencia de control por parte de las autoridades ambientales.

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• Definir la titularidad de áreas que ocupan comunidades desde hace al menos un siglo, que aún hoy día no cuentan con títulos de propiedad y, están ubicadas dentro de áreas otorgadas en concesiones mineras.

4. Promoción de alianzas Pensar en acciones de previsión, prevención de riesgos, control y recuperación implica fortalecer sistemas de información, hacer análisis, revisar la legislación, debatir las propuestas de desarrollo humano y sostenible regionales y nacional, creación de una institucionalidad que enfrente el futuro minero que es la tendencia de la globalización y del país en particular. Para ello, la promoción y fortalecimiento de alianzas a distintos niveles, en el ámbito interno nacional y a nivel internacional especialmente con América Latina, es un elemento crucial. La trasformación de conflictos implica además de los escenarios nacionales de incidencia, un trabajo de la comunidad internacional y por ello los escenarios de incidencia en el nivel internacional son claves. Ellos deben estar alimentados por información y análisis sólidos y bien argumentados. Esta acción debe tener a su vez una estrategia homóloga en el contexto nacional que impacte los contextos locales.

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